MÉXICO, D.F: Por primera vez en esta Legislatura, PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información consensuada con organizaciones no gubernamentales, que incorpora a los sindicatos y a los partidos como nuevos sujetos obligados, así como avances en materia de protección de datos personales.
La ampliación de los sujetos obligados propone que sean también órganos autónomos, sindicatos y “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.
La iniciativa –que no surgió del Pacto por México– prevé también reducir de 12 a siete años el tiempo de reserva de información; establece un mecanismo más claro para el procedimiento de clasificar información como “reservada o confidencial”, e incorpora la figura del caso de denunciantes que hayan trabajado en las estructuras de gobierno, sin criminalizar a los informantes.
Este es un efecto inmediato del caso de Edward Snowden, el exconsultor de las agencias de seguridad nacional estadunidenses, que detonó un escándalo internacional al filtrar información clasificada.
La senadora del PRI, Arely Gómez, al presentar la iniciativa, explicó que fue el resultado de un trabajo de dos meses, con “un mecanismo innovador en el contexto de la agenda de parlamento abierto” y que incluye la instalación de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que será el espacio de colaboración entre todos los organismos garantes, la Auditoría Superior de la Federación, el Inegi y el Archivo General de la Nación (AGN).
“A través de este sistema se homologarán procedimientos, criterios y lineamientos para que todos los mexicanos, sin distinción, tengamos acceso a la información pública y prevalezcan los principios de máxima publicidad, transparencia y eficacia”, afirmó Gómez González.
Otro de los avances más importantes, coincidentes con las posiciones de los partidos y las ONG, es la inclusión de la “prueba del daño” que deberán realizar todas las dependencias, al clasificar la información, y la “prueba del interés público” que deberán realizar los institutos de acceso a la información.
La iniciativa fue respaldada por los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Zoé Robledo y Angélica de la Peña, del PRD; Pablo Escudero, del PVEM; Marcela Torres y Laura Rojas, del PAN, así como 17 expertos que realizaron comentarios y dieron elementos valiosos, incluyendo a las excomisionadas del IFAI, Jacqueline Peschard, y María Marván, así como Mauricio Merino, Sergio López Ayón, Miguel Pulido y Arturo Alcalde, entre otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Este 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto cumplió dos años al frente del gobierno, pero enfrenta una crisis propia o peor del quinto año de su sexenio. En las calles, en las redes, en los conciliábulos empresariales eso se menciona. Los únicos que no lo escuchan son los habitantes de Los Pinos.
La campaña de promoción habla de sus 11 “grandes reformas”, casi todas de índole legislativo; pero ignoran los errores y la reiteración de los mismos que se han cometido en este primer tercio del sexenio. El autoengaño y la soberbia dominan en el equipo de quien se siente aún “salvador de México”.
Al estilo de su discurso del pasado 27 de noviembre, sin retórica, pero con datos, estos son los 10 errores más graves de sus dos años:
- El engaño económico. En dos años consecutivos, el gobierno de Peña Nieto no cumplió con el mínimo de su propuesta de crecimiento económico. En 2013, Hacienda pronosticó un crecimiento de 3.5% que quedó en un mediocre 1.4%. Para 2014 nos anunciaron un incremento de 3.9% que quedará, según todos los pronósticos, entre 1.5 y 1.9%, si bien nos va. Es decir, un crecimiento inferior a 50% de lo pronosticado en ambos años.
- Reforma fiscal recesiva. El gobierno de Peña Nieto sobrevendió una reforma fiscal que resultó ser recesiva, pues inhibió la inversión de los pequeños y medianos empresarios. La llamada “reforma Videgaray” tuvo un efecto nocivo. En 2013 el ingreso disponible de las personas –hogares y empresas– venía bajando, pero en 2014 se derrumbó. Se desplomó por esta reforma y por el incremento de impuestos y de inflación, según analizó el economista Jonathan Heath, en entrevista con Carlos Acosta en la edición reciente de Proceso (1987).
- No hay multimillonarias inversiones en telecomunicaciones. En julio de 2013, la SCT presumió que se esperaban 700 mil millones de pesos de inversiones en el sexenio en el sector, el cual registra tasas de dos dígitos de crecimiento en el país. Esas inversiones, a dos años, no han llegado. Ni siquiera se han concretado los proyectos de banda ancha (en la banda 700 Mhz) ni en la red troncal que se iba a construir este año en la infraestructura de la CFE.
- La corrupción es un “fenómeno cultural”. Peña Nieto afirmó en aquella malograda entrevista con los periodistas de la serie Conversaciones a Fondo, en agosto de este año, que la corrupción es un “fenómeno de índole cultural”. El menosprecio del peñismo a este cáncer social ha generado una gran indignación. El escándalo de la llamada Casa Blanca y las sospechas e indicios de tráfico de influencias con el consorcio HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, demostraron que el Grupo Atlacomulco menosprecia el combate a la corrupción porque la consideran parte del modelo de gobierno. Es la única de las “grandes reformas” anunciadas el 2 de diciembre en el Pacto por México que se encuentra atorada.
- La crisis de Iguala-Tlatlaya. Peña Nieto tardó diez días en mencionar el caso de los 43 jóvenes normalistas secuestrados y presuntamente ejecutados en Guerrero. Minimizó y quiso ocultar la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Y ahora, el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha generado las movilizaciones nacionales e internacionales más importantes que se recuerden contra un presidente. Apenas el 27 de noviembre, Peña Nieto presentó un “decálogo” que no resuelve nada de forma inmediata frente a esta crisis. Al contrario, la agrava.
- La criminalización de la protesta social. Desde su gobierno en el Estado de México, Peña Nieto demostró que no le gusta y no respeta la protesta social. La represión en Atenco fue una muestra de esto. El 1 de diciembre su gobierno inició con detenciones arbitrarias, justificadas por el “vandalismo” de presuntos anarquistas. A esta jornada le siguió la criminalización de las protestas de los maestros de la CNTE durante buena parte del 2013. Ahora, frente a la crisis de Ayotzinapa, vuelven a reproducir el mismo guión de infiltrar a los movimientos con provocadores y generar miedo y persecusión contra los disidentes. Lejos de aminorar, la protesta social ha crecido.
- Carencia de una estrategia distinta de combate al crimen organizado. El “decálogo” del pasado 27 de noviembre demostró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, militares y políticos. Propuso lo mismo que se rechazó durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsa una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios. Su receta es el eje de su fracaso: alentar un mayor presidencialismo discrecional e invasivo de los otros poderes.
- Fracasó la reforma educativa. Sobrevendida como una reforma educativa, en realidad, las modificaciones de 2013 fueron una incompleta reforma laboral en el sector educativo para privilegiar un modelo de privatización de la evaluación de los profesores. A un año de distancia, las resistencias estatales y sindicales crecieron. No se concretó ninguno de los avances que se prometieron. La persecución contra las Escuelas Normales Rurales explica, en buena medida, la expansión también de la protesta por Ayotzinapa.
- Dependencia extrema a Televisa. Fiel a su origen y a su “modelo” de negocios y de ascenso al poder presidencial, Peña Nieto ha demostrado en dos años de gobierno que no entiende las nuevas formas de comunicación digital y deliberativa, y ha reforzado los privilegios y la dependencia hacia Grupo Televisa, empresa que se ha convertido en su parapeto, en su propagandista, pero también en su principal déficit de comunicación. El tele-candidato se derrumba a la hora de gobernar porque, una vez más, se demostró que mercadotecnia no es lo mismo que comunicación política.
- Equipo de gobierno fracturado. Uno de los principales errores de diseño de su gobierno fue formar un gabinete de “cuotas y cuates” que ha sido altamente ineficaz. Los incentivos de la división entre los secretarios y subsecretarios, y entre los distintos secretarios (basta observar la guerra soterrada entre Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong), han crecido. En la medida que crece la percepción pública de la debilidad de Peña Nieto, también se incrementan las fracturas en su equipo de gobierno. Basta observar la reciente encuesta del periódico Reforma. Prácticamente todos sus secretarios de Estado están reprobados frente a la opinión pública. Y eso no es el resultado de un complot sino de un autoboicot.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una lista con los nombres de 25 acaldes y exalcaldes de Guerrero presuntamente ligados con el crimen organizado.
El listado incluye al detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También aparecen Armando Ríos Piter, exedil de Iguala y actual senador por el PRD; Lázaro Mazón, exsecretario de Salud de Iguala y frustrado candidato al gobierno de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Socorro Sofío, titular de Desarrollo Rural de Guerrero y el actual diputado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.
En conferencia de prensa, Ortega Sánchez explicó que la lista se integró a partir de señalamientos y hechos recogidos en un estudio llamado Guerrero: atrapado en el círculo de la violencia, que también fue presentado ante la PGR.
En la lista figuran priistas, perredistas y panistas. Además de los ya mencionados están, del PRI: César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula; Salomón Majul González, de Taxco; Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo; Francisco García González, de Chilapa; Ignacio Basilio García, del municipio de Eduardo Neri; Norberto Figueroa Almazo, de Huitzuco; Erick Fernández Ballesteros, de Zihuatanejo de Azueta.
Así como Eucelio Gonzalez Rodríguez, Antonio Navarrete Cortés, Taurino Vázquez Vázquez y Alejandro Contreras Velazco.
Del PRD están en la lista Efraín Peña Damacio, de Apaxtla; Gustavo Abarca Alcalá, de Tixtla; Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, de Leonardo Bravo; Mario Alberto Chávez Carbajal, de Eliodoro Castillo; Severo Espirito Valenzo, de Mochitán; Feliciano Álvarez Mecino, de Cuetzala del Progreso; Jesús Valladares Salgado, de Teloloapan.
Crecencio Reyes Torres, Eleuterio Aranda Salgado, Rey Ilario Serrano, Javier Adame Montealban y Juan Carlos Medino González.
Del PAN sólo aparece Antonio Galarza Zabaleta, del municipio de Tepecoacuilco.
Además de los mencionados en la lista Ortega Sánchez solicitó revisar “cuidadosamente” a potenciales candidatos a gobernador, porque –dijo– también existen señalamientos en su contra que los vincula en algún momento con posibles hechos ilícitos.
“El gobierno del presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala”, acusó el activista quien además criticó que el presidente tampoco considere el saqueo impuesto a la sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos, “hecho muy similar al de Tamaulipas”.
“En Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y contundente que la de Michoacán, que erradique la colisión de la clase política con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal”, reclamó presidente del CCSPJP.
Ortega Sánchez señaló que toca a la PGR verificar si los señalamientos en contra de alcaldes son ciertos o no pues ellos son el Ministerio Público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Raúl Zibechi, activista y pensador uruguayo, declara, que no hay un camino claro en México, que hay que renunciar a cambiar el sistema político y construir espacios alternativos -con mucho cuidado- con la claridad de que estamos rodeados y nos están observando.
Asegura que “hay un nuevo orden mundial en tránsito y la violencia es la vía para mantener el orden y remodelar a la sociedad mundial que ha producido movimientos populares”. “México está situado en un lugar clave, la violencia es en este punto, un fenómeno estructural, no un error, una exageración o una desviación… se utiliza la masacre y la violencia como forma de disciplinamiento.”
Ante el cuestionamiento sobre cómo detener el escenario actual dijo que “la violencia sólo se va a detener con un levantamiento popular de la sociedad mexicana que derrote el modelo impuesto; el miedo no hay que negarlo, hay que socializarlo, hablarlo, colectivizarlo. A partir de esto podemos ver que ese miedo es superable a través de lo colectivo. Las madres de Plaza de Mayo son el ejemplo de esto, recorrieron juzgados y cuarteles y se dieron cuenta que el problema de una era el de todas. Fue crucial el apoyo que todas se brindaron entre ellas.”
Sobre el tema reciente de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa envió toda su solidaridad a las familias y dijo que “la desaparición es una cuestión perversa pero nunca una casualidad. Busca desmovilizar y paralizar, es una crueldad inaudita. Buscan matar paralizando a la gente a través del terror. Sólo moviéndonos podremos encontrar fisuras en el sistema, solos llorando en casa no las hallaremos, sólo si nos movemos hay posibilidad. No vamos a poder derrotar este sistema de muerte en 2 días pero sí podemos ponernos en movimiento.”
ENTREVISTA:
FUENTE: MÁS DE 131/ http://masde131.com/2014/10/zibechi30/
AUTOR: REDACCIÓN/ JUAN MANUEL OROZCO.
La Cámara aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución Política en materia de derecho a la movilidad universal.
Los diputados desempolvaron ayer una iniciativa del 24 de septiembre de 2013, la cual, algunos legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano calificaron como una “ley antimarchas”… ¿Por qué?
Según el diputado perredista, Fernando Belaunzarán, las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, en materia de derecho a la movilidad universal -aprobados el martes en San Lázaro, con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención-, “alguien (los) pudiera interpretar o sobreinterpretar”.
“Imagínense que estando el país como está, con la gente en las calles, se pudiera entender que esta reforma puede limitar el derecho a la manifestación. Eso es echarle leña a la hoguera, echarle leña al fuego… la propuesta que les quiero hacer es que lo digamos explícitamente, que establezca que esto es sin menoscabo del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión…
“Hay quien dice: es que ya está en la Constitución. Bueno, cuál es el problema de hacerlo de manera más explícita, para evitar, insisto, malos entendidos en un momento por demás delicado.No mandemos señales equívocas, sería una forma –me parece– irresponsable de actuar en este momento, poder mandar una señal equivocada.
“Si nadie quiere dar ningún pretexto para que se coarte la libertad de manifestación, pues establezcamos y quitemos. Si alguien dice: es que éstos son fantasmas que se están creando. Conjuremos los fantasmas y pongámoslo explícitamente… No queremos ahondarla crisis y si se quiere ahondar la crisis es mandar un mensaje equivocado y que se empiece a difundir que lo que se quiere es coartar la libertad de manifestación y entonces sí, que arda Troya”, expuso en tribuna el perredista.
Quien propuso las reformas, el panista Marcos Aguilar, rechazó que éstas se contrapongan a la libre manifestación.
“Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación. La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público.
“No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal”, argumentó el diputado del PAN.
¿Qué dice el texto?
La reforma reconoce en el Artículo 11 de la Constitución el derecho a la “movilidad universal”, atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En el Artículo 73 se indica que el Congreso deberá expedir una ley secundaria sobre movilidad universal, y en artículos transitorios se prevé que ésta deberá estar lista en 180 días.
En tanto, las legislaturas de los congresos locales tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus leyes de acuerdo a la reforma constitucional y a la ley general, a partir de que ésta entre en vigor.
“Quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación, por tanto el Estado buscará mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”, dice el dictamen aprobado y enviado al Senado.
¿Ley antimarchas, sí o no?
En este momento, no hay legislación alguna que prohíba la libre manifestación o una marcha en el país.
Al contrario, el artículo sexto constitucional indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público (…)”.
Sin embargo, en los últimos años han existido intentos legislativos por regular marchas, alegando que la libertad de tránsito -también en la Constitución- constituye una especie de límite al ejercicio del derecho a manifestarse Esto último, cuando la libertad de tránsito se afecta con las manifestaciones que obstruyen la vía pública (los bloqueos y plantones, por ejemplo).
Más sobre el debate ayer en Cámara de Diputados
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) destacó que la reforma reviste una gran importancia ya que pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal.
Este derecho, dijo, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes, a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro.
Afirmó que la inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras.
Por su parte, las diputadas Aleida Alavez Ruiz (PRD) y Zuleyma Huidobro González (MC) presentaron, por separado, una moción suspensiva bajo el argumento de que la actual situación que vive el país no es conveniente para discutir esta reforma en el Congreso.
Aleida Alavez mencionó que la adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales vulneran el artículo 1o constitucional en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos.
La reforma al artículo 11, dijo, permitirá al Estado controlar, en una ley general, el derecho a la movilidad, es decir, “a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos”.
En el caso del artículo 73, opinó, permitiría al Congreso de la Unión a tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre tránsito.
“No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles”, concluyó.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) advirtió que bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían, podrían ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación de los ciudadanos.
“Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero de no ejercer nuestros derechos constitucionales, los actos reclamados podrían quedar opacados y en la impunidad”, consideró.
Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que esta ley, “en apariencia progresista e innovadora” en la coyuntura político-social que vive el país, puede utilizarse “como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política”.
Añadió que el dictamen es “políticamente inoportuno” por la situación del país, el cual vive “intensas movilizaciones sociales, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica”.
Opinó que si la preocupación es la movilidad urbana, nada impide que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, procurar la utilización ecológica del transporte público, se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y se privilegie el transporte público.
El PRI no fijó una postura oficial sobre estas reformas.
El dictamen fue enviado al Senado de la República y ahí será discutido nuevamente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades competentes deben aclarar “plenamente” la compra de la llamada “Casa Blanca” por su bien, el de su esposa y el de su familia, aseguró el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.
“Es un asunto que no ha quedado claro a criterio de la mayoría de los mexicanos. Como abogado no puedo juzgar la juricidad de lo que ahí se ha dado; sencillamente, creo que el gobierno federal y las partes involucradas pueden y deben dar explicaciones y justificaciones que el pueblo merece”, dijo en entrevista luego de participar en un acto público.
Con las reservas del caso al no tener el expediente a la mano, el exdirigente nacional del PAN agregó:
“Si se trata de operaciones que puedan ser sospechosas o atípicas, el gobierno, el presidente de la República lo debe aclarar plenamente. Si él considera que ya lo hizo, es su decisión. Yo como ciudadano creo que sigue flotando en la sociedad una inconformidad manifiesta por lo que ahí ha sucedido”.
Aunque insistió en no mezclar su perfil de abogado –“no tengo nada que recriminar mientras yo no conozca un expediente objetivo, jurídico de lo que pasó”, dijo–, sostuvo que “tampoco podemos quedar con que aquí no sucedió nada. Ojalá que todo se transparente para bien de él, de su esposa, de su familia y de México”.
El exsenador y diputado panista asistió al Tercer Informe de Actividades de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Mossa.
Al término del acto, se refirió en entrevista al desempeño del mandatario federal a dos años de gestión.
“Juzgar dos años de gobierno no es sencillo, creo que se han hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal”, comentó.
En el primer aspecto, destacó las “grandes reformas que se han hecho por el presidente de la República y por el Congreso de la Unión a través de las cuales México se abre a un mundo moderno, competitivo, que no podemos perder ni podemos dejar pasar”.
Sobre “lo malo”, criticó que el gabinete de trabajo de Peña Nieto “se trata de un equipo de gobierno muy cerrado, muy pequeño que no está abierto a opiniones de personas de gran calidad, hombres y mujeres de este país, que mucho pueden aportar, precisamente para rectificar actitudes y comportamientos”.
Y puso como ejemplo la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro que, aunque no dio nombres, le correspondió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
“Es algo que resulta todavía hoy inexplicable: Cómo se cancela un contrato en donde han participado compañías internacionales y que los ojos del mundo están diciendo qué es México, qué sucede aquí”.
Sobre la renuncia al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, su contendiente presidencial en 1994, Diego Fernández de Cevallos, se limitó a decir: “Me parece respetable y dolorosa. Y punto”.
“Defensores cubren a vándalos”
Sobre los hechos violentos registrados en las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el panista destacó el “gran esfuerzo” del Gobierno del Distrito Federal.
“Están haciendo ya un enorme esfuerzo, pero dentro de la complejidad que se da en un ambiente donde a veces pseudo organizaciones defensoras de derechos humanos cubren y protegen a los vándalos para que no trabaje la policía”, aseguró.
El llamado ‘Jefe’ Diego” pidió distinguir entre manifestaciones y vandalismo. “Me parece un doble crimen que después de lo sucedido en Tlatlaya, en Iguala y muchas partes del país, ahora las protestas se perviertan por unos cuantos que vienen a generar violencia, a generar barbarie”.
Sin excusa ni pretexto, agregó, se deben preservar todos los derechos de los ciudadanos, “entre ellos, el que nadie sea agredido injustamente por la policía, pero tampoco por los vándalos”.
Acto seguido, se lanzó a defender a los policías:
“Es infame, insoportable y no debe continuar, que en este país, en esta ciudad, en todo el territorio nacional hay unos seres humanos que no tienen derechos humanos: Los policías, los que se supone que están para preservar el orden y ayudarnos a que sean resguardados nuestros derechos a la vida, a la seguridad personal, a nuestro patrimonio, cuando intervienen y son masacrados, nadie dice nada. No hay defensores de derechos humanos de la policía y, peor aún, cuando hacen su trabajo, en algunas ocasiones son perseguidos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
MÉXICO, D.F: En protesta por las detenciones “arbitrarias” de tres estudiantes durante la marcha del 1 de diciembre, la Asamblea General Politécnica (AGP) suspendió el diálogo con el gobierno federal, condicionando su reanudación a que éstos sean puestos en libertad.
Al amanecer de lo que pretendía ser la última mesa de negociación antes de levantar el paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes fijaron su posición en un comunicado:
“Ayer, en el marco de la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuerza pública agredió físicamente a nuestros integrantes y detuvo arbitrariamente a tres de nuestros compañeros. Como ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012, el pueblo mexicano vive un estado de terror entre los que salimos a protestar.
“Este clima de intolerancia y de repudio hacia los jóvenes no podemos permitirlo. Hoy más que nunca es necesario salir a las calles, con organización y demandando nuestro derecho a la libre manifestación.
“Nuestro país pasa por un grave periodo de crisis. La ola de violencia que actualmente aqueja a la nación, producto de un estado fallido, incapaz de garantizar la paz social, ha despertado al pueblo que dormía mansamente. Es por ello que los estudiantes del IPN exigimos: alto a la criminalización de la protesta social, la liberación inmediata y absolución de cualquier cargo a Demián Reyes Lara (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), Oscar Espinoza Trigueros (CCH Oriente) y Ariel Flores Pérez (Vocacional 9 del IPN)”, acusados de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y portación de objetos aptos para agredir.
Continuó el comunicado: “La comunidad politécnica se pronuncia en contra de continuar el diálogo hasta que se cumpla lo dicho anteriormente. No continuaremos con los trabajos hasta que nuestros compañeros estén presentes en el auditorio.
“Manifestamos nuestro rechazo a la política represiva del Estado y a la violencia generada por los cuerpos policiacos y militares en el territorio nacional”, leyó el estudiante Octavio Juárez.
Atónitos los representantes del gobierno federal, el subsecretario de educación superior, Fernando Serrano, intentó establecer el orden del día.
César López, politécnico, tomó la palabra: “Si en algún momento ustedes dijeron que era triste ver una escuela con las aulas vacías, es más triste ver estudiantes tras las rejas, a menores de edad golpeados, y por tal motivo queremos que ustedes se pronuncien a favor de la liberación de nuestros compañeros, sin cargos. Aprovechamos la interlocución directa con la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se giren instrucciones”, pidió, asegurando que los estudiantes permanecerían en sesión permanente hasta que sus compañeros fueran liberados.
Intervino Alejandro Osuna, representante de Segob en la mesa de diálogo, para aclarar: “El caso de los tres compañeros detenidos corresponde al fuero común, no al fuero federal. Estaríamos en la mejor disposición de facilitar al grupo de abogados de la SEP y la Segob para ver el asunto jurídico, pero yo no puedo comprometerme a algo que no estoy jurídicamente facultado a hacer. La Policía Federal no participó de los acontecimientos de ayer”, puntualizó el funcionario.
Los jóvenes solicitaron a su nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht, que se pronunciara, y éste lo hizo.
“Estamos para atender las necesidades de estos alumnos, pero yo no tendría facultades para simplemente decir que liberen a estos compañeros. Podemos acompañarlos y ver que se respeten sus derechos. Y en caso de que puedan adquirir su libertad, que la adquieran. Esa es la posición del IPN a través de la dirección general”, dijo Fernández Fassnacht, desatando la inconformidad entre la AGP.
Pedro Cruz reprochó al director: “No han tocado a tres, nos han tocado a todos. Usted tiene que estar del lado de la comunidad. ¡Que se vaya el director si no puede con el cargo! Ustedes rompieron el acuerdo de no represión. No es delito ser estudiantes”. Las palabras de Cruz desataron la efervescencia en el auditorio Alejo Peralta.
Alejandro Osuna le contestó: “Esta es una mesa de diálogo, no un evento político. La Segob va a servir de interlocutor. Hemos girado instrucciones para que en este mismo momento se traslade el cuerpo jurídico a la agencia del Ministerio Público para analizar a detalle esta situación. Pero habría que reflexionar: cuando hablamos de no represalias no hablamos de inmunidad. De una vez que quede claro: el hecho de ser alumno de cualquier institución, como el hecho de ser servidor público, no lo hace inmune de no violentar la ley”, replicó el funcionario, quien aseguró que “muchas veces” los detenidos dicen ser estudiantes sin estar realmente matriculados.
Ante los señalamientos, Fernández Fassnacht volvió a pedir la palabra: “Hemos hecho el compromiso de que no habría represalias por parte de las autoridades del IPN hacia el movimiento y eso es algo que vamos a cubrir cabalmente. Yo les puedo garantizar que va a prevalecer el estado de derecho en el IPN, pero lo que no se puede, de ninguna manera, es que ustedes me planteen que porque estamos hablando de estudiantes del Politécnico, fuera del instituto, tengo que creer ciegamente en lo que ustedes u otros dicen. Eso no puede ser. Eso suena un poco autoritario. Yo veré que se respeten el debido proceso y los derechos humanos de estos compañeros, que salgan libres si así procede. A eso me comprometo. Para bien o para mal tiene que prevalecer el estado de derecho. Estarán los abogados del Politécnico pendientes de ellos”, dijo el director del IPN.
Samantha López reiteró que sería imposible celebrar el triunfo del IPN mientras sus compañeros estén presos: “El IPN no sólo está preocupado. Estamos indignados. Son funcionarios públicos y se deben a la comunidad. Es triste ver que en México manifestarse es un delito, no un derecho humano. No podemos festejar ni continuar nada si no estamos todos”.
La decisión de los jóvenes llevó a los funcionarios a pedir un receso para valorar la situación de los detenidos. Cerca de las seis de la tarde, sin previo aviso a sus interlocutores, dejaron las instalaciones del IPN para dirigirse a la Segob, donde consultarían el caso.
Más tarde, en un comunicado de prensa, la SEP calificó a la AGP de “intransigente” al condicionar la continuación del diálogo a la liberación de los tres estudiantes, y los acusó de romper las reglas de “no hacer manifestaciones o pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo (…). Se han apartado de las condiciones de orden y seguridad que habían garantizado”, concluye el documento.
Mientras tanto, los representantes de la AGP esperan sentados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
MÉXICO, D.F: Las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demandarán al gobierno por tortura.
Además, exigen la renuncia de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.
En conferencia, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila –dos de los 11 detenidos aquella noche– y Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.
Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.
David Peña, uno de sus defensores, anunció que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.
La abogada Karla Michel, otra de las defensoras, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.
Además, los abogados informaron que pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.
Fueron más detenidos
Maxwell y López –igual que las otras nueve personas detenidas–salieron de los penales de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz y de Nayarit el sábado pasado, luego de nueve días de reclusión. Fueron acusados por policías federales de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, pero el juez 17 de Distrito determinó que había falta de pruebas para dictarles el auto de formal prisión.
Este martes, ambos aseguraron que aquella noche hubo más detenidos en el Zócalo capitalino a manos de los granaderos locales y federales.
Doctorante en Letras de la UNAM, Lawrence recordó que los granaderos lo detuvieron cuando amarraba su bicicleta, cerca del edificio del Monte de Piedad. Según su relato, escuchó a un policía decir “a él, agárrenlo”. Luego le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.
Mientras era llevado a través de la plancha hacia Palacio Nacional, recibió más golpes y amenazas de cuatro uniformados. Al llegar a un camión, dijo, había más de 11 detenidos.
“Había un chavo a mi derecha, deliraba y vomitaba. Otro estaba inconsciente. No eran parte de los 11”, dijo.
Estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF, Juan Daniel dijo que fue golpeado por más de 30 policías y coincidió en que cuando lo llevaron al camión había más de 11 personas adentro.
“Éramos como 15. Los otros cuatro no se podían levantar por su propio pie”, recordó el joven de 18 años. “Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República me hiciera algo”, dijo López.
Estas versiones coinciden con el reporte inicial que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien esa noche informó que eran 15 personas las detenidas tras los hechos violentos.
Coinciden también con lo que el Comité Cerezo declaró a Apro en días pasados, en el sentido de que hubo otras cuatro personas detenidas, pero que estaban tan golpeadas que los policías ya no las llevaron a la SEIDO, para evitar acusaciones de tortura.
La abogada Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que debido a que carecen de documentación al respecto, solicitaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Desde la noche de la detención y antes de que fueran trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pedimos visitadores y les dijimos que había más de 11 detenidos”, detalló.
Además de la CNDH, pidieron información en hospitales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y la Policía Federal.
“Documentamos que hubo una persona tirada en (la calle) Corregidora, la Policía Federal la dejó por las lesiones que tenía y ya hay una queja ante la CNDH”, agregó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El organismo aseguró que es reprobable cuando la sociedad y la autoridad se enfrentan en este tipo de movilizaciones.
Durante la marcha del #1DMX, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con la comisión del DF, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública y prevenir abusos por parte de los policías contra los manifestantes, informó el organismo.
En un comunicado, la CNDH explicó que los visitadores formaron una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañaron hasta el metro para su total retiro.
Además, otro grupo de visitadores fue a la delegación a la cual los policías llevaron a los detenidos, con el fin de verificar su estado de salud y situación jurídica.
La CNDH dice que los grupos de visitadores se constituyeron en los distintos lugares desde donde saldrían los contingentes, con el objetivo de acompañarlos y verificar que la manifestación se desarrollara en forma pacífica.
“En el desarrollo de la marcha, algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes”, informó la CNDH.
“Los enfrentamientos de grupos de la sociedad civil contra autoridades y representantes del orden público son señales de alarma que nos advierten sobre el surgimiento de expresiones sociales de carácter agresivo que, si no se atienden con eficiencia, pueden llevarnos a situaciones de desgobierno”, dice la CNDH, quien retiera que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado.
La CNDH condenó las expresiones violentas que se han presentado durante las manifestaciones, ya que ponen en entredicho las bases del Estado de Derecho.
Para la CNDH, las conductas registradas el 1 de diciembre y el 20 de noviembre, en las que hubo destrozos y ataques contra servidores públicos, representa una situación grave, ya que en los dos casos se resalta la impunidad por no poder castigar a los agresores y no poder sancionar a la autoridad.
”La CNDH reprueba cualquier manifestación de violencia, sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos a la libre manifestación”, indicó la instancia.
La institución ha iniciado una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos y una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento, ya que dos personas resultaron heridas por los ataques de servidores públicos.
Miles de personas participaron este lunes 1 de diciembre en una protesta masiva en el centro del Distrito Federal, en la que condenaron la manera de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto.
La manifestación fue convocada para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos meses y en reclamo por la situación de violencia en el país y, durante la misma, la mayoría de las consignas fue de rechazo contra el mandatario federal.
La manifestación se desarrolló de manera pacífica pero, al terminar el mitin, un grupo de personas con el rostro cubierto hizo destrozos en diversos comercios en la Zona Rosa de la capital mexicana, rompiendo vidrios y puertas y arrojando proyectiles incendiados.
Los actos vandálicos ocasionaron que cientos de policías capitalinos iniciaran un operativo en el lugar, rodeando y buscando aislar a los autores de los mismos; sin embargo, organizaciones civiles como el Colectivo Marabunta denunciaron que la policía encapsuló a manifestantes que protestaban pacíficamente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
El Proyecto de Egresos de la Federación contempla 883 millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, sin embargo, el gobierno capitalino gastará otros 300 millones de pesos para dicha reparación.
El Proyecto de Egresos de la Federación contempla 883 millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, sin embargo, el gobierno capitalino gastará otros 300 millones de pesos para dicha reparación.
Milenio reporta que el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador, dijo que el gobierno capitalino cubrirá gastos de la empresa francesa Systra –encargada de la rehabilitación de la Línea 12- por 62.7 millones de pesos.
Además, el gobierno del DF ha gastado 27 millones de pesos para pagar a la empresa francesa TSO, la cual realizó estudios para identificar los materiales empleados en la construcción de la Línea 12.
También el GDF ha invertido unos 208 millones de pesos en la contratación de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que tuvieron que emplearse después del cierre de las estaciones de la “línea dorada” el pasado 12 de marzo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Ofendidos porque los llamaron “pendejos y ladrones”, diputados del PRI reclamaron “eliminar” del diario de debates esos señalamientos y, en cambio, exigieron “seriedad” en la discusión sobre la creación de la comisión especial para indagar la licitación del tren México-Querétaro
Luego de que el PRI intentó acabar con las exigencias de la oposición para indagar la presunta venta de la mansión de Sierra Gorda 150, propiedad de Angélica Rivera, y su relación con el constructor consentido del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la creación de una comisión especial, el diputado Manuel Huerta, del PT, soltó a los priistas desde tribuna:
“Es un error lo que están haciendo, creando esta comisión y más poniéndole plazo de tres meses, pues en las calles la gente está desbordada, no van a poder ocultar las cosas… hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo corrupto”, fustigó.
Y añadió que esta comisión no es más que “una tapadera”; enseguida pidió a los priistas que no olviden que “no es una paloma, es una gaviota”, en alusión al apodo que recibe Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
Manuel Añorve, vicecoordinador priista, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles, que retirara del diario de debates los señalamientos de Manuel Huerta, quien solicitó que se dejaran; de lo contrario, acusó, se le estaría coartando su libertad de expresión.
Otro diputado priista y quien en las últimas sesiones se ha asumido como un defensor a ultranza de Peña Nieto es el legislador por Michoacán, Salvador Romero, quien exigió “seriedad” en el debate.
La legisladora priista por el Estado de México, Cristina González Cruz, dijo que cuando se acaban los argumentos empieza “el bajo nivel del debate y ello refleja a quien dice esas palabras”.
En tanto, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, advirtió que aunque no se constituyó la comisión Casa Blanca, “vamos a participar para ir jalando la hebra”.
En el caso del empresario Hinojosa Cantú, abundó, hay tráfico de influencias, corrupción, contratismo y los priistas “quieren esconder la realidad sobre actos de corrupción, pero no lo van a lograr”, advirtió Mejía Berdeja.
La comisión especial para el tren rápido estará integrada por ocho diputados –dos del PRI y uno por cada partido– y se espera que la presida el PAN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del magisterio disidente, normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon esta mañana sobre el carril norte-sur de la autopista Del Sol para conmemorar el 40 aniversario de la muerte del líder guerrillero Lucio Cabañas, egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Además, hicieron un llamado a la sociedad para que siga protestando en todo el país con el fin de exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos a manos de la Policía Municipal de Iguala hace más de dos meses, y aseguraron que seguirán marchando pese al “cansancio” del gobierno federal.
Durante un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo local, los manifestantes reprocharon la criminal indolencia gubernamental frente al caso Ayotzinapa y lanzaron consignas contra el Ejército.
También reprobaron la “sospechosa actitud” de los soldados del 27 Batallón de Iguala, acusados de permitir la masacre y desaparición de los normalistas, deportistas y civiles a manos de policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Por aproximadamente media hora los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la autopista Del Sol y acusaron a los militares de ser comparsa del narcotráfico y políticos coludidos con la delincuencia organizada.
Los padres de los normalistas desaparecidos reprocharon la actitud de los elementos del Ejército porque en lugar de intervenir para frenar la barbarie, “permanecieron escondidos en su cuartel y salieron sólo para agredir a los normalistas que sobrevivieron a la campaña de exterminio realizada por autoridades y delincuentes”, apuntaron.
De igual manera, criticaron la actitud “omisa e indolente” de las autoridades federales frente a la narcopolítica que –aseguraron– ha sumido a Guerrero en la ingobernabilidad, violencia e impunidad.
Tras dejar la autopista, la marcha avanzó hacia el sur de esta capital, donde estudiantes y docentes lanzaron piedras contra el Congreso local, cuyas instalaciones fueron quemadas el pasado 12 de noviembre por integrantes del magisterio disidente.
Poco después el contingente arribó a la sede del Poder Ejecutivo, que minutos antes fue desalojado de manera abrupta.
Los padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron un mitin alrededor de las 2 de la tarde en la explanada del edificio gubernamental, que también fue incendiado por los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que exigen la presentación con vida de sus compañeros.
El vocero de los familiares de las víctimas, Felipe de la Cruz, pidió una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones provocadas, pero también comprensión.
Enseguida, un integrante de la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa expresó: “Lamentamos afectar la estabilidad de la ciudadanía, pero el gobierno no hace nada por buscar a nuestros compañeros. Se trata de vidas humanas y no podemos ser indiferentes”.
Añadió: “Los normalistas de Ayotzinapa pueden resignarse a la reducción de la matrícula y el presupuesto público para financiar el internado de este plantel de nivel superior, pero nunca dejar que nuestros compañeros sigan desaparecidos”.
Luego hizo un llamado a las organizaciones sociales que se han solidarizado con el movimiento para que enfoquen su demanda en la presentación con vida de los normalistas.
No es tarea fácil, dijo, porque el gobernador interino Rogelio Ortega ha empezado a repartir dinero para dividir el movimiento.
El dirigente estudiantil hizo esa declaración a raíz de las reuniones que ha sostenido el dirigente de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Reyes Ramos, con autoridades federales y estatales, con el objetivo de exhibir la división en la estructura del magisterio disidente.
Otro padre de un normalista desaparecido pidió la solidaridad de la sociedad, porque ellos, advirtió, no van a descansar hasta encontrar a sus hijos. Expresó que si es necesario salir a las calles diariamente, así lo harán, pese al “cansancio” de las autoridades federales.
En respuesta se escuchó el grito: “No están solos, no están solos”.
Y aquéllos remataron: “Si 43 familias van a pasar una Navidad sin sus hijos, el gobierno no va a festejar nada este mes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
BERLÍN: Durante el 2011 la empresa productora de armas Heckler & Koch suministró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera indebida material para la fabricación del fusil de asalto FX-05 Xiuhcóatl.
La irregularidad reside en el hecho de que desde enero de ese mismo año la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de exportaciones (Bafa, por sus siglas en alemán) del gobierno germano determinó que el gigante de la industria armamentista no podía comerciar con México en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra y en el que la fiscalía de Stuttgart investiga la posible responsabilidad del fabricante de armas en la violación de los lineamientos que prohíben exportar armas a regiones en situación de guerra civil o donde se violan los derechos humanos.
Tal es el caso de los estados mexicanos de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, en donde ya ha quedado documentada la presencia ilegal del fusil G-36, de manufactura alemana.
Lo anterior se desprende de la información publicada por el Tageszeitung TAZ y firmada por el especialista en el tema de armas, Wolf-Dieter Vogel, y que tiene como fuente la respuesta oficial de la misma Secretaría de la Defensa Nacional a una solicitud de información presentada por el diario alemán.
De acuerdo con la respuesta de la Sedena con número de folio 700188214 y a la que Apro tuvo acceso, en los años 2006, 2009 y 2011 la empresa Heckler y Koch GMBH fue la proveedora del gobierno mexicano en el suministro de tubos de acero utilizados para la producción del fusil FX-05.
Fue en enero de 2011 cuando la Bafa determinó que la empresa alemana no podría desahogar solicitudes de compra con México, en una determinación que incluía, de acuerdo con el TAZ, “armas, municiones, materiales de armamento y materiales para la producción de éste”.
De acuerdo con la información suministrada por la propia Sedena, durante el 2014 una de las dos proveedoras de tubos de acero del gobierno mexicano fue la empresa DRM Aceros Internacional S.A. de C.V. Dicha empresa mexicana recibiría el suministro de acero con los que construye los tubos –con los que a su vez la Sedena fabrica el fusil FX-05– de parte de otra compañía alemana: Deutsche Edelstahlwerke. Tal vínculo fue confirmado al TAZ por una vocera del propio consorcio alemán.
La venta de acero está dentro de la legalidad y no requiere ninguna autorización especial a pesar de que de esa venta se desprenda que el material es utilizado para la elaboración de armas, señaló la Bafa a TAZ y el gobierno federal también así lo confirmó a una solicitud expresa hecha por el diputado federal del Partido Verde Alemán Hans-Christian Ströbele.
“En el caso de la segunda empresa alemana (Deutsche Adelstahlwerke) no hablamos de ninguna ilegalidad al vender el acero a la empresa mexicana que a su vez vende las piezas de acero a la Sedena, pero sí de la inmoralidad que representa que no se controle ni regule la venta de material, en este caso el acero, que será usado para producir armas”, comentó a Apro Vogel.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
MÉXICO, D.F: El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informó que tienen identificado a un grupo de 80 personas que participó activamente en los disturbios de ayer tras la manifestación encabezada por familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
En diversas entrevistas con medios de comunicación electrónicos, el funcionario capitalino dijo también que los tres detenidos “están plenamente identificados y grabados en actitud violenta y causando destrozos en comercios”. Agregó que se tienen fotografías y videos de los hechos y que les aseguraron 14 cohetones, dos bombas molotov y dos tubos.
Serrano Cortés dijo a Milenio Televisión que los detenidos continúan declarando ante el Ministerio Público y que en el curso del día serían consignados.
Los violentos, agregó, “son los autonombrados anarquistas. Participan en estas manifestaciones un promedio de 80 sujetos con el rostro cubierto, se colocan máscaras de Anonymous, pasamontañas, paliacates”.
“Es evidente que cuando se presentan estos grupos con el rostro cubierto, obviamente van con una intención de delinquir”, subrayó.
Añadió que los encapuchados están “adiestrados” y saben qué decir cuando son detenidos para tratar de aparentar que fueron aprehendidos de forma arbitraria.
En Grupo Fórmula, el secretario de Gobierno explicó que un grupo de 80 encapuchados avanzó por la calle de Florencia y atacó diversos establecimientos comerciales. El GDF informó en un comunicado que fueron siete bancos y cuatro tiendas de conveniencia.
Las autoridades del GDF, continuó, acordaron con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revisar a unos 200 manifestantes para que ingresaran a la estación del Metro Hidalgo.
Ya adentro, siguió, “personal del sistema de transporte los revisa y se encontró una cantidad importante de explosivos, petardos y bombas molotov”.
A Grupo Imagen, el funcionario local comentó que el GDF no tiene ninguna denuncia presentada por ciudadanos y que los cuerpos de atención médica no les reportaron lesionados.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que la manifestación de ayer por la tarde-noche había “entre 7 mil y 7 mil 500 personas y todos iban en paz”.
Desgraciadamente, agregó, “un grupo –de 50 ó 60 personas– que no tiene que ver con la manifestación, da muestra otra vez de que se requiere utilizar las instituciones en su última expresión. Lo que menos queremos es utilizar la fuerza, pero bueno, cuando hay que proteger, como hubo que proteger y además todos los demás establecimientos y las personas, hay que hacerlo”.
Sobre los detenidos, comentó que la Procuraduría General de Justicia del DF se encontraba tomando las declaraciones preparatorias de los jóvenes.
Los detenidos
Según la página web “Viento de Libertad”, el Comité Cerezo identificó a los tres detenidos: Damián Reyes Lara, de 21 años, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue golpeado.
Óscar Espinoza Trigueros, de 18 años, estudiante de quinto semestre en el CCH Oriente de la UNAM. “Antes de la detención fue golpeado en el rostro por un granadero, el golpe fue propinado con el escudo”, según el Comité Cerezo. Su aprehensión fue en el Ángel de la Independencia.
Debido a las heridas que tenía fue llevado al Hospital General La Villa y regresado al MP. Su padre denunció que “no le dieron ningún documento médico sobre la situación de su hijo en el hospital y tampoco en el MP pudo ver ya a su hijo y refiere que está golpeado”.
Ariel Flores López, de 18 años, estudiante de la Vocacional 9 del IPN. El Comité difundió un video en el que, en el minuto 1:27 –según la indicación– “se puede ver su detención, cabe resaltar que no estaba atacando a nadie, ni ultrajando a granadero alguno y mucho menos portando objeto alguno apto para agredir”.
De acuerdo con el Comité Cerezo, los tres jóvenes fueron acusados de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir y trasladados al Ministerio Público GAM 4.
Esta tarde, decenas de estudiantes del IPN realizaron una marcha de Zacatenco hacia la Coordinación Territorial GAM-4 en demanda de la liberación de los tres estudiantes detenidos ayer durante manifestaciones.
Previo a la manifestación, realizaron un mitin en la Plaza Roja, donde los padres de los capturados, así como un estudiante de la Voca 9, hablaron sobre los hechos.
Carlos Rodríguez, del Cecyt 9, denunció que su compañero Ariel Flores López, fue encapsulado, golpeado y detenido cuando intervino para rescatar a un menor de unos 15 años que era golpeado por cuatro granaderos.
Valla, para evitar daños: CNDH
Sobre la valla humana que realizaron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a un grupo de personas encapsuladas por los granaderos, luego de que terminó el mitin en el Ángel de la Independencia, el organismo explicó su actuar.
En un comunicado detalló que conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con su homóloga del Distrito Federal, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública.
El personal estuvo en los distintos lugares de donde salieron los contingentes para acompañarlos y verificar que la marcha fuera pacífica.
Sin embargo, en el transcurso “algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes”.
Por ello, agregó, “y ante la actuación de los cuerpos policiales para contener a un grupo de manifestantes y utilizar dispositivos de gas contra personas en forma discrecional, la CNDH formó una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañó en su salida del lugar hasta su total retiro”.
Además, otro grupo de visitadores fue a la delegación Gustavo A. Madero, a donde los policías llevaron a las personas detenidas, para verificar el estado de salud y situación jurídica de éstas.
Y subrayó que: “La intervención y acompañamiento brindados por este Organismo autónomo fue para prevenir abusos por parte de elementos policiales contra los manifestantes antes mencionados, y se reitera que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado”.
Luego, reprobó “enérgicamente” los hechos violentos y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar los agravios y a que no haya impunidad.
“Esta Comisión Nacional reprueba cualquier manifestación de violencia, sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos a la libre manifestación, de protesta y de expresión, que deben llevarse a cabo sin más limitación que el respeto a la ley, por lo que llama nuevamente a las autoridades del Estado mexicano, en especial a los cuerpos de seguridad, para que ajusten su actuación a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La CNDH informó que inició una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos. Agregó que una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
