MÉXICO, D.F: En protesta por las detenciones “arbitrarias” de tres estudiantes durante la marcha del 1 de diciembre, la Asamblea General Politécnica (AGP) suspendió el diálogo con el gobierno federal, condicionando su reanudación a que éstos sean puestos en libertad.
Al amanecer de lo que pretendía ser la última mesa de negociación antes de levantar el paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes fijaron su posición en un comunicado:
“Ayer, en el marco de la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuerza pública agredió físicamente a nuestros integrantes y detuvo arbitrariamente a tres de nuestros compañeros. Como ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012, el pueblo mexicano vive un estado de terror entre los que salimos a protestar.
“Este clima de intolerancia y de repudio hacia los jóvenes no podemos permitirlo. Hoy más que nunca es necesario salir a las calles, con organización y demandando nuestro derecho a la libre manifestación.
“Nuestro país pasa por un grave periodo de crisis. La ola de violencia que actualmente aqueja a la nación, producto de un estado fallido, incapaz de garantizar la paz social, ha despertado al pueblo que dormía mansamente. Es por ello que los estudiantes del IPN exigimos: alto a la criminalización de la protesta social, la liberación inmediata y absolución de cualquier cargo a Demián Reyes Lara (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), Oscar Espinoza Trigueros (CCH Oriente) y Ariel Flores Pérez (Vocacional 9 del IPN)”, acusados de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y portación de objetos aptos para agredir.
Continuó el comunicado: “La comunidad politécnica se pronuncia en contra de continuar el diálogo hasta que se cumpla lo dicho anteriormente. No continuaremos con los trabajos hasta que nuestros compañeros estén presentes en el auditorio.
“Manifestamos nuestro rechazo a la política represiva del Estado y a la violencia generada por los cuerpos policiacos y militares en el territorio nacional”, leyó el estudiante Octavio Juárez.
Atónitos los representantes del gobierno federal, el subsecretario de educación superior, Fernando Serrano, intentó establecer el orden del día.
César López, politécnico, tomó la palabra: “Si en algún momento ustedes dijeron que era triste ver una escuela con las aulas vacías, es más triste ver estudiantes tras las rejas, a menores de edad golpeados, y por tal motivo queremos que ustedes se pronuncien a favor de la liberación de nuestros compañeros, sin cargos. Aprovechamos la interlocución directa con la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se giren instrucciones”, pidió, asegurando que los estudiantes permanecerían en sesión permanente hasta que sus compañeros fueran liberados.
Intervino Alejandro Osuna, representante de Segob en la mesa de diálogo, para aclarar: “El caso de los tres compañeros detenidos corresponde al fuero común, no al fuero federal. Estaríamos en la mejor disposición de facilitar al grupo de abogados de la SEP y la Segob para ver el asunto jurídico, pero yo no puedo comprometerme a algo que no estoy jurídicamente facultado a hacer. La Policía Federal no participó de los acontecimientos de ayer”, puntualizó el funcionario.
Los jóvenes solicitaron a su nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht, que se pronunciara, y éste lo hizo.
“Estamos para atender las necesidades de estos alumnos, pero yo no tendría facultades para simplemente decir que liberen a estos compañeros. Podemos acompañarlos y ver que se respeten sus derechos. Y en caso de que puedan adquirir su libertad, que la adquieran. Esa es la posición del IPN a través de la dirección general”, dijo Fernández Fassnacht, desatando la inconformidad entre la AGP.
Pedro Cruz reprochó al director: “No han tocado a tres, nos han tocado a todos. Usted tiene que estar del lado de la comunidad. ¡Que se vaya el director si no puede con el cargo! Ustedes rompieron el acuerdo de no represión. No es delito ser estudiantes”. Las palabras de Cruz desataron la efervescencia en el auditorio Alejo Peralta.
Alejandro Osuna le contestó: “Esta es una mesa de diálogo, no un evento político. La Segob va a servir de interlocutor. Hemos girado instrucciones para que en este mismo momento se traslade el cuerpo jurídico a la agencia del Ministerio Público para analizar a detalle esta situación. Pero habría que reflexionar: cuando hablamos de no represalias no hablamos de inmunidad. De una vez que quede claro: el hecho de ser alumno de cualquier institución, como el hecho de ser servidor público, no lo hace inmune de no violentar la ley”, replicó el funcionario, quien aseguró que “muchas veces” los detenidos dicen ser estudiantes sin estar realmente matriculados.
Ante los señalamientos, Fernández Fassnacht volvió a pedir la palabra: “Hemos hecho el compromiso de que no habría represalias por parte de las autoridades del IPN hacia el movimiento y eso es algo que vamos a cubrir cabalmente. Yo les puedo garantizar que va a prevalecer el estado de derecho en el IPN, pero lo que no se puede, de ninguna manera, es que ustedes me planteen que porque estamos hablando de estudiantes del Politécnico, fuera del instituto, tengo que creer ciegamente en lo que ustedes u otros dicen. Eso no puede ser. Eso suena un poco autoritario. Yo veré que se respeten el debido proceso y los derechos humanos de estos compañeros, que salgan libres si así procede. A eso me comprometo. Para bien o para mal tiene que prevalecer el estado de derecho. Estarán los abogados del Politécnico pendientes de ellos”, dijo el director del IPN.
Samantha López reiteró que sería imposible celebrar el triunfo del IPN mientras sus compañeros estén presos: “El IPN no sólo está preocupado. Estamos indignados. Son funcionarios públicos y se deben a la comunidad. Es triste ver que en México manifestarse es un delito, no un derecho humano. No podemos festejar ni continuar nada si no estamos todos”.
La decisión de los jóvenes llevó a los funcionarios a pedir un receso para valorar la situación de los detenidos. Cerca de las seis de la tarde, sin previo aviso a sus interlocutores, dejaron las instalaciones del IPN para dirigirse a la Segob, donde consultarían el caso.
Más tarde, en un comunicado de prensa, la SEP calificó a la AGP de “intransigente” al condicionar la continuación del diálogo a la liberación de los tres estudiantes, y los acusó de romper las reglas de “no hacer manifestaciones o pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo (…). Se han apartado de las condiciones de orden y seguridad que habían garantizado”, concluye el documento.
Mientras tanto, los representantes de la AGP esperan sentados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
MÉXICO, D.F: Las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demandarán al gobierno por tortura.
Además, exigen la renuncia de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.
En conferencia, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila –dos de los 11 detenidos aquella noche– y Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.
Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.
David Peña, uno de sus defensores, anunció que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.
La abogada Karla Michel, otra de las defensoras, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.
Además, los abogados informaron que pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.
Fueron más detenidos
Maxwell y López –igual que las otras nueve personas detenidas–salieron de los penales de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz y de Nayarit el sábado pasado, luego de nueve días de reclusión. Fueron acusados por policías federales de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, pero el juez 17 de Distrito determinó que había falta de pruebas para dictarles el auto de formal prisión.
Este martes, ambos aseguraron que aquella noche hubo más detenidos en el Zócalo capitalino a manos de los granaderos locales y federales.
Doctorante en Letras de la UNAM, Lawrence recordó que los granaderos lo detuvieron cuando amarraba su bicicleta, cerca del edificio del Monte de Piedad. Según su relato, escuchó a un policía decir “a él, agárrenlo”. Luego le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.
Mientras era llevado a través de la plancha hacia Palacio Nacional, recibió más golpes y amenazas de cuatro uniformados. Al llegar a un camión, dijo, había más de 11 detenidos.
“Había un chavo a mi derecha, deliraba y vomitaba. Otro estaba inconsciente. No eran parte de los 11”, dijo.
Estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF, Juan Daniel dijo que fue golpeado por más de 30 policías y coincidió en que cuando lo llevaron al camión había más de 11 personas adentro.
“Éramos como 15. Los otros cuatro no se podían levantar por su propio pie”, recordó el joven de 18 años. “Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República me hiciera algo”, dijo López.
Estas versiones coinciden con el reporte inicial que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien esa noche informó que eran 15 personas las detenidas tras los hechos violentos.
Coinciden también con lo que el Comité Cerezo declaró a Apro en días pasados, en el sentido de que hubo otras cuatro personas detenidas, pero que estaban tan golpeadas que los policías ya no las llevaron a la SEIDO, para evitar acusaciones de tortura.
La abogada Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que debido a que carecen de documentación al respecto, solicitaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Desde la noche de la detención y antes de que fueran trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pedimos visitadores y les dijimos que había más de 11 detenidos”, detalló.
Además de la CNDH, pidieron información en hospitales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y la Policía Federal.
“Documentamos que hubo una persona tirada en (la calle) Corregidora, la Policía Federal la dejó por las lesiones que tenía y ya hay una queja ante la CNDH”, agregó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El organismo aseguró que es reprobable cuando la sociedad y la autoridad se enfrentan en este tipo de movilizaciones.
Durante la marcha del #1DMX, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con la comisión del DF, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública y prevenir abusos por parte de los policías contra los manifestantes, informó el organismo.
En un comunicado, la CNDH explicó que los visitadores formaron una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañaron hasta el metro para su total retiro.
Además, otro grupo de visitadores fue a la delegación a la cual los policías llevaron a los detenidos, con el fin de verificar su estado de salud y situación jurídica.
La CNDH dice que los grupos de visitadores se constituyeron en los distintos lugares desde donde saldrían los contingentes, con el objetivo de acompañarlos y verificar que la manifestación se desarrollara en forma pacífica.
“En el desarrollo de la marcha, algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes”, informó la CNDH.
“Los enfrentamientos de grupos de la sociedad civil contra autoridades y representantes del orden público son señales de alarma que nos advierten sobre el surgimiento de expresiones sociales de carácter agresivo que, si no se atienden con eficiencia, pueden llevarnos a situaciones de desgobierno”, dice la CNDH, quien retiera que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado.
La CNDH condenó las expresiones violentas que se han presentado durante las manifestaciones, ya que ponen en entredicho las bases del Estado de Derecho.
Para la CNDH, las conductas registradas el 1 de diciembre y el 20 de noviembre, en las que hubo destrozos y ataques contra servidores públicos, representa una situación grave, ya que en los dos casos se resalta la impunidad por no poder castigar a los agresores y no poder sancionar a la autoridad.
”La CNDH reprueba cualquier manifestación de violencia, sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos a la libre manifestación”, indicó la instancia.
La institución ha iniciado una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos y una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento, ya que dos personas resultaron heridas por los ataques de servidores públicos.
Miles de personas participaron este lunes 1 de diciembre en una protesta masiva en el centro del Distrito Federal, en la que condenaron la manera de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto.
La manifestación fue convocada para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos meses y en reclamo por la situación de violencia en el país y, durante la misma, la mayoría de las consignas fue de rechazo contra el mandatario federal.
La manifestación se desarrolló de manera pacífica pero, al terminar el mitin, un grupo de personas con el rostro cubierto hizo destrozos en diversos comercios en la Zona Rosa de la capital mexicana, rompiendo vidrios y puertas y arrojando proyectiles incendiados.
Los actos vandálicos ocasionaron que cientos de policías capitalinos iniciaran un operativo en el lugar, rodeando y buscando aislar a los autores de los mismos; sin embargo, organizaciones civiles como el Colectivo Marabunta denunciaron que la policía encapsuló a manifestantes que protestaban pacíficamente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
El Proyecto de Egresos de la Federación contempla 883 millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, sin embargo, el gobierno capitalino gastará otros 300 millones de pesos para dicha reparación.
El Proyecto de Egresos de la Federación contempla 883 millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, sin embargo, el gobierno capitalino gastará otros 300 millones de pesos para dicha reparación.
Milenio reporta que el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador, dijo que el gobierno capitalino cubrirá gastos de la empresa francesa Systra –encargada de la rehabilitación de la Línea 12- por 62.7 millones de pesos.
Además, el gobierno del DF ha gastado 27 millones de pesos para pagar a la empresa francesa TSO, la cual realizó estudios para identificar los materiales empleados en la construcción de la Línea 12.
También el GDF ha invertido unos 208 millones de pesos en la contratación de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que tuvieron que emplearse después del cierre de las estaciones de la “línea dorada” el pasado 12 de marzo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Ofendidos porque los llamaron “pendejos y ladrones”, diputados del PRI reclamaron “eliminar” del diario de debates esos señalamientos y, en cambio, exigieron “seriedad” en la discusión sobre la creación de la comisión especial para indagar la licitación del tren México-Querétaro
Luego de que el PRI intentó acabar con las exigencias de la oposición para indagar la presunta venta de la mansión de Sierra Gorda 150, propiedad de Angélica Rivera, y su relación con el constructor consentido del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la creación de una comisión especial, el diputado Manuel Huerta, del PT, soltó a los priistas desde tribuna:
“Es un error lo que están haciendo, creando esta comisión y más poniéndole plazo de tres meses, pues en las calles la gente está desbordada, no van a poder ocultar las cosas… hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo corrupto”, fustigó.
Y añadió que esta comisión no es más que “una tapadera”; enseguida pidió a los priistas que no olviden que “no es una paloma, es una gaviota”, en alusión al apodo que recibe Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
Manuel Añorve, vicecoordinador priista, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles, que retirara del diario de debates los señalamientos de Manuel Huerta, quien solicitó que se dejaran; de lo contrario, acusó, se le estaría coartando su libertad de expresión.
Otro diputado priista y quien en las últimas sesiones se ha asumido como un defensor a ultranza de Peña Nieto es el legislador por Michoacán, Salvador Romero, quien exigió “seriedad” en el debate.
La legisladora priista por el Estado de México, Cristina González Cruz, dijo que cuando se acaban los argumentos empieza “el bajo nivel del debate y ello refleja a quien dice esas palabras”.
En tanto, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, advirtió que aunque no se constituyó la comisión Casa Blanca, “vamos a participar para ir jalando la hebra”.
En el caso del empresario Hinojosa Cantú, abundó, hay tráfico de influencias, corrupción, contratismo y los priistas “quieren esconder la realidad sobre actos de corrupción, pero no lo van a lograr”, advirtió Mejía Berdeja.
La comisión especial para el tren rápido estará integrada por ocho diputados –dos del PRI y uno por cada partido– y se espera que la presida el PAN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del magisterio disidente, normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon esta mañana sobre el carril norte-sur de la autopista Del Sol para conmemorar el 40 aniversario de la muerte del líder guerrillero Lucio Cabañas, egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Además, hicieron un llamado a la sociedad para que siga protestando en todo el país con el fin de exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos a manos de la Policía Municipal de Iguala hace más de dos meses, y aseguraron que seguirán marchando pese al “cansancio” del gobierno federal.
Durante un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo local, los manifestantes reprocharon la criminal indolencia gubernamental frente al caso Ayotzinapa y lanzaron consignas contra el Ejército.
También reprobaron la “sospechosa actitud” de los soldados del 27 Batallón de Iguala, acusados de permitir la masacre y desaparición de los normalistas, deportistas y civiles a manos de policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Por aproximadamente media hora los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la autopista Del Sol y acusaron a los militares de ser comparsa del narcotráfico y políticos coludidos con la delincuencia organizada.
Los padres de los normalistas desaparecidos reprocharon la actitud de los elementos del Ejército porque en lugar de intervenir para frenar la barbarie, “permanecieron escondidos en su cuartel y salieron sólo para agredir a los normalistas que sobrevivieron a la campaña de exterminio realizada por autoridades y delincuentes”, apuntaron.
De igual manera, criticaron la actitud “omisa e indolente” de las autoridades federales frente a la narcopolítica que –aseguraron– ha sumido a Guerrero en la ingobernabilidad, violencia e impunidad.
Tras dejar la autopista, la marcha avanzó hacia el sur de esta capital, donde estudiantes y docentes lanzaron piedras contra el Congreso local, cuyas instalaciones fueron quemadas el pasado 12 de noviembre por integrantes del magisterio disidente.
Poco después el contingente arribó a la sede del Poder Ejecutivo, que minutos antes fue desalojado de manera abrupta.
Los padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron un mitin alrededor de las 2 de la tarde en la explanada del edificio gubernamental, que también fue incendiado por los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que exigen la presentación con vida de sus compañeros.
El vocero de los familiares de las víctimas, Felipe de la Cruz, pidió una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones provocadas, pero también comprensión.
Enseguida, un integrante de la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa expresó: “Lamentamos afectar la estabilidad de la ciudadanía, pero el gobierno no hace nada por buscar a nuestros compañeros. Se trata de vidas humanas y no podemos ser indiferentes”.
Añadió: “Los normalistas de Ayotzinapa pueden resignarse a la reducción de la matrícula y el presupuesto público para financiar el internado de este plantel de nivel superior, pero nunca dejar que nuestros compañeros sigan desaparecidos”.
Luego hizo un llamado a las organizaciones sociales que se han solidarizado con el movimiento para que enfoquen su demanda en la presentación con vida de los normalistas.
No es tarea fácil, dijo, porque el gobernador interino Rogelio Ortega ha empezado a repartir dinero para dividir el movimiento.
El dirigente estudiantil hizo esa declaración a raíz de las reuniones que ha sostenido el dirigente de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Reyes Ramos, con autoridades federales y estatales, con el objetivo de exhibir la división en la estructura del magisterio disidente.
Otro padre de un normalista desaparecido pidió la solidaridad de la sociedad, porque ellos, advirtió, no van a descansar hasta encontrar a sus hijos. Expresó que si es necesario salir a las calles diariamente, así lo harán, pese al “cansancio” de las autoridades federales.
En respuesta se escuchó el grito: “No están solos, no están solos”.
Y aquéllos remataron: “Si 43 familias van a pasar una Navidad sin sus hijos, el gobierno no va a festejar nada este mes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
BERLÍN: Durante el 2011 la empresa productora de armas Heckler & Koch suministró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera indebida material para la fabricación del fusil de asalto FX-05 Xiuhcóatl.
La irregularidad reside en el hecho de que desde enero de ese mismo año la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de exportaciones (Bafa, por sus siglas en alemán) del gobierno germano determinó que el gigante de la industria armamentista no podía comerciar con México en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra y en el que la fiscalía de Stuttgart investiga la posible responsabilidad del fabricante de armas en la violación de los lineamientos que prohíben exportar armas a regiones en situación de guerra civil o donde se violan los derechos humanos.
Tal es el caso de los estados mexicanos de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, en donde ya ha quedado documentada la presencia ilegal del fusil G-36, de manufactura alemana.
Lo anterior se desprende de la información publicada por el Tageszeitung TAZ y firmada por el especialista en el tema de armas, Wolf-Dieter Vogel, y que tiene como fuente la respuesta oficial de la misma Secretaría de la Defensa Nacional a una solicitud de información presentada por el diario alemán.
De acuerdo con la respuesta de la Sedena con número de folio 700188214 y a la que Apro tuvo acceso, en los años 2006, 2009 y 2011 la empresa Heckler y Koch GMBH fue la proveedora del gobierno mexicano en el suministro de tubos de acero utilizados para la producción del fusil FX-05.
Fue en enero de 2011 cuando la Bafa determinó que la empresa alemana no podría desahogar solicitudes de compra con México, en una determinación que incluía, de acuerdo con el TAZ, “armas, municiones, materiales de armamento y materiales para la producción de éste”.
De acuerdo con la información suministrada por la propia Sedena, durante el 2014 una de las dos proveedoras de tubos de acero del gobierno mexicano fue la empresa DRM Aceros Internacional S.A. de C.V. Dicha empresa mexicana recibiría el suministro de acero con los que construye los tubos –con los que a su vez la Sedena fabrica el fusil FX-05– de parte de otra compañía alemana: Deutsche Edelstahlwerke. Tal vínculo fue confirmado al TAZ por una vocera del propio consorcio alemán.
La venta de acero está dentro de la legalidad y no requiere ninguna autorización especial a pesar de que de esa venta se desprenda que el material es utilizado para la elaboración de armas, señaló la Bafa a TAZ y el gobierno federal también así lo confirmó a una solicitud expresa hecha por el diputado federal del Partido Verde Alemán Hans-Christian Ströbele.
“En el caso de la segunda empresa alemana (Deutsche Adelstahlwerke) no hablamos de ninguna ilegalidad al vender el acero a la empresa mexicana que a su vez vende las piezas de acero a la Sedena, pero sí de la inmoralidad que representa que no se controle ni regule la venta de material, en este caso el acero, que será usado para producir armas”, comentó a Apro Vogel.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
MÉXICO, D.F: El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informó que tienen identificado a un grupo de 80 personas que participó activamente en los disturbios de ayer tras la manifestación encabezada por familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
En diversas entrevistas con medios de comunicación electrónicos, el funcionario capitalino dijo también que los tres detenidos “están plenamente identificados y grabados en actitud violenta y causando destrozos en comercios”. Agregó que se tienen fotografías y videos de los hechos y que les aseguraron 14 cohetones, dos bombas molotov y dos tubos.
Serrano Cortés dijo a Milenio Televisión que los detenidos continúan declarando ante el Ministerio Público y que en el curso del día serían consignados.
Los violentos, agregó, “son los autonombrados anarquistas. Participan en estas manifestaciones un promedio de 80 sujetos con el rostro cubierto, se colocan máscaras de Anonymous, pasamontañas, paliacates”.
“Es evidente que cuando se presentan estos grupos con el rostro cubierto, obviamente van con una intención de delinquir”, subrayó.
Añadió que los encapuchados están “adiestrados” y saben qué decir cuando son detenidos para tratar de aparentar que fueron aprehendidos de forma arbitraria.
En Grupo Fórmula, el secretario de Gobierno explicó que un grupo de 80 encapuchados avanzó por la calle de Florencia y atacó diversos establecimientos comerciales. El GDF informó en un comunicado que fueron siete bancos y cuatro tiendas de conveniencia.
Las autoridades del GDF, continuó, acordaron con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revisar a unos 200 manifestantes para que ingresaran a la estación del Metro Hidalgo.
Ya adentro, siguió, “personal del sistema de transporte los revisa y se encontró una cantidad importante de explosivos, petardos y bombas molotov”.
A Grupo Imagen, el funcionario local comentó que el GDF no tiene ninguna denuncia presentada por ciudadanos y que los cuerpos de atención médica no les reportaron lesionados.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que la manifestación de ayer por la tarde-noche había “entre 7 mil y 7 mil 500 personas y todos iban en paz”.
Desgraciadamente, agregó, “un grupo –de 50 ó 60 personas– que no tiene que ver con la manifestación, da muestra otra vez de que se requiere utilizar las instituciones en su última expresión. Lo que menos queremos es utilizar la fuerza, pero bueno, cuando hay que proteger, como hubo que proteger y además todos los demás establecimientos y las personas, hay que hacerlo”.
Sobre los detenidos, comentó que la Procuraduría General de Justicia del DF se encontraba tomando las declaraciones preparatorias de los jóvenes.
Los detenidos
Según la página web “Viento de Libertad”, el Comité Cerezo identificó a los tres detenidos: Damián Reyes Lara, de 21 años, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue golpeado.
Óscar Espinoza Trigueros, de 18 años, estudiante de quinto semestre en el CCH Oriente de la UNAM. “Antes de la detención fue golpeado en el rostro por un granadero, el golpe fue propinado con el escudo”, según el Comité Cerezo. Su aprehensión fue en el Ángel de la Independencia.
Debido a las heridas que tenía fue llevado al Hospital General La Villa y regresado al MP. Su padre denunció que “no le dieron ningún documento médico sobre la situación de su hijo en el hospital y tampoco en el MP pudo ver ya a su hijo y refiere que está golpeado”.
Ariel Flores López, de 18 años, estudiante de la Vocacional 9 del IPN. El Comité difundió un video en el que, en el minuto 1:27 –según la indicación– “se puede ver su detención, cabe resaltar que no estaba atacando a nadie, ni ultrajando a granadero alguno y mucho menos portando objeto alguno apto para agredir”.
De acuerdo con el Comité Cerezo, los tres jóvenes fueron acusados de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir y trasladados al Ministerio Público GAM 4.
Esta tarde, decenas de estudiantes del IPN realizaron una marcha de Zacatenco hacia la Coordinación Territorial GAM-4 en demanda de la liberación de los tres estudiantes detenidos ayer durante manifestaciones.
Previo a la manifestación, realizaron un mitin en la Plaza Roja, donde los padres de los capturados, así como un estudiante de la Voca 9, hablaron sobre los hechos.
Carlos Rodríguez, del Cecyt 9, denunció que su compañero Ariel Flores López, fue encapsulado, golpeado y detenido cuando intervino para rescatar a un menor de unos 15 años que era golpeado por cuatro granaderos.
Valla, para evitar daños: CNDH
Sobre la valla humana que realizaron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a un grupo de personas encapsuladas por los granaderos, luego de que terminó el mitin en el Ángel de la Independencia, el organismo explicó su actuar.
En un comunicado detalló que conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con su homóloga del Distrito Federal, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública.
El personal estuvo en los distintos lugares de donde salieron los contingentes para acompañarlos y verificar que la marcha fuera pacífica.
Sin embargo, en el transcurso “algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes”.
Por ello, agregó, “y ante la actuación de los cuerpos policiales para contener a un grupo de manifestantes y utilizar dispositivos de gas contra personas en forma discrecional, la CNDH formó una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañó en su salida del lugar hasta su total retiro”.
Además, otro grupo de visitadores fue a la delegación Gustavo A. Madero, a donde los policías llevaron a las personas detenidas, para verificar el estado de salud y situación jurídica de éstas.
Y subrayó que: “La intervención y acompañamiento brindados por este Organismo autónomo fue para prevenir abusos por parte de elementos policiales contra los manifestantes antes mencionados, y se reitera que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado”.
Luego, reprobó “enérgicamente” los hechos violentos y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar los agravios y a que no haya impunidad.
“Esta Comisión Nacional reprueba cualquier manifestación de violencia, sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos a la libre manifestación, de protesta y de expresión, que deben llevarse a cabo sin más limitación que el respeto a la ley, por lo que llama nuevamente a las autoridades del Estado mexicano, en especial a los cuerpos de seguridad, para que ajusten su actuación a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La CNDH informó que inició una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos. Agregó que una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
ACONCHI, Son: Unas 150 personas mantienen tomado desde el pasado viernes 28 el palacio municipal de esta ciudad, en protesta por los escasos apoyos recibidos tras la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Los inconformes cerraron las puertas del inmueble con cadenas y lo cercaron con pancartas.
La protesta se da a cuatro días de que se cumplan cuatro meses del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados y sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
A pesar de que las autoridades federales ya levantaron la emergencia, a la fecha continúan las deficiencias en el abasto de agua potable, la población no ha recibido apoyos económicos y sigue sin reactivarse con éxito la economía regional.
Es más, los habitantes de esa comunidad se niegan a consumir agua de los 34 pozos supuestamente rehabilitados por temor a sufrir los efectos de la contaminación al estar ubicados a 500 metros de los márgenes de la cuenca sonorense.
El alcalde Pedro Armando Lugo informó que el cierre de la sede municipal obligó a su gabinete a continuar con sus actividades diarias sobre las banquetas y calles aledañas al edificio.
“De cierta manera los entiendo y los apoyo porque desde que se presentó la contingencia la entrega de apoyos no ha sido equitativa, situación que no entienden los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora”, puntualizó el edil ribereño.
Las demandas de los residentes de Aconchi son similares a las que expusieron los alcaldes de los siete municipios en una carta enviada el 11 de noviembre al presidente Enrique Peña Nieto, misma que no ha sido contestada.
Al inicio de esta semana, Grupo México lanzó una campaña de amplia cobertura en radios estatales para convencer a los sonorenses que los ríos expuestos a los desechos mineros se encuentran limpios, no obstante que el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, aseguró la remediación de ambas cuencas tardaría al menos 10 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO.)
En el directorio electrónico no aparece su nombre, sino el de la empresa UNIT 304 OTO, INC, que fue creada para fungir como dueña legal de la unidad.
En su mensaje videograbado para explicar cómo adquirió la propiedad de la residencia de Sierra Gorda 150, Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, anunció que también es dueña de un departamento en Miami.
“Para evitar cualquier especulación, hago público que además soy propietaria desde el 2005 de un departamento en Miami, ciudad en la que viví durante un año con mis hijas”, dijo el 18 de noviembre.
El departamento en Miami de Rivera está en “Ocean Tower One”. A primera vista, no es posible saber que la primera dama de México es la residente del condominio, pues en el directorio electrónico no aparece su nombre, sino el de la empresa UNIT 304 OTO, INC, que fue creada para fungir como dueña legal de la unidad.
“Mario”, de la oficina administrativa, y “Wilfredo”, el portero del edificio, corroboraron que Rivera es dueña de un condominio, pero dijeron no poder divulgar el número debido a la política de privacidad de la empresa.
Pese a que Rivera es completamente dueña del departamento, toda vez que liquidó por adelantado el préstamos hipotecario que adquirió para comprarlo, Peña Nieto omitió incluir la propiedad en la declaración patrimonial que divulgó este mes, como dispone la Secretaría de la Función Pública.
HUÉSPED FRECUENTE
En los documentos notariales de incorporación de UNIT 304 OTO, INC, Angélica Rivera aparece como la única dueña y directora de la compañía. De hecho, su departamento inspira el nombre de la empresa: OTO son iniciales de Ocean Tower One.
Construido en 2002, el departamento cuenta con tres recámaras, 4 baños y dos balcones, uno de ellos con vista al Océano Atlántico. Con techos de casi tres metros de altura, el condominio tiene una extensión de 286.51 metros cuadrados. En noviembre de 2013, Rivera contrató a la compañía Quality Tile and Marble Contractor Inc. para cambiar el piso de mosaico a mármol.
Con 111 unidades de lujo cada una, Ocean Tower One, y su gemela Ocean Tower Two, están ubicadas en una amplia comunidad residencial cerrada que cuenta con spas, piscinas, canchas de tenis y acceso directo a la playa para uso exclusivo de los residentes. La política del edificio no permite tener animales.
En los documentos se estipula que el condominio es la “segunda casa” de Angélica Rivera, lo que quiere decir que no es su residencia principal, sino que la usa temporalmente, para vacaciones o fines de semana.
En junio de 2012, el diario Reforma informó que Peña Nieto admitió viajar con frecuencia a Miami, pero negó tener propiedades en esa ciudad, aunque reveló que su esposa sí era dueña de un departamento en el que el hoy presidente se hospedó. El sitio de internet “Peña Vuela” dio a conocer que entre 2010 y febrero de 2012, el entonces candidato presidencial realizó 31 viajes a Miami en jets privados, incluidos de la empresa Eolo Plus del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Higa.
La propiedad de Rivera está en Key Biscayne, una isla que pertenece al condado de Miami-Dade en Florida, famosa por sus opulentas residencias y condominios de lujo, mayoritariamente propiedad de cubanos, colombianos y venezolanos acaudalados.
De acuerdo al último censo, 60% de los 12,344 residentes de Key Biscayne son hispanoparlantes, 30% habla inglés, y el resto portugués, francés e italiano. Entre los residentes famosos pasados y presentes de la isla destacan Richard Nixon, Andy García, Bratt Pitt y Mary Joe Fernández.
CERCA DE AZCÁRRAGA
El departamento de Rivera está ubicado a unos 20 kilómetros de los inmuebles –un departamento y una lujosa mansión frente al mar– de Emilio Azcárraga Jean en Miami Beach. Desde su matrimonio con la estadounidense Sharon Fastlicht Kurian en 2004, el dueño de Televisa hizo de Miami su guarida.
Actualmente, Azcárraga es uno los hombres más influyentes entre la comunidad latinoamericana de la famosa ciudad. Está estrechamente conectado con ejecutivos clave en Univisión, la cadena hispana con el rating más alto en EU que tiene sus cuarteles en Miami. Televisa es dueña de 5 % de las acciones de Univisión, y es proveedora de la mayor parte de su contenido, incluidas sus pegajosas telenovelas.
No fue posible precisar si Rivera compró el departamento con asistencia financiera de Televisa, o si Azcárraga le facilitó el tramite a través de su vasta red de amistades y subordinados en Miami.
PRÉSTAMO MILLONARIO
UNIT 304 OTO, INC., fue incorporada formalmente ante la División de Corporaciones de Florida el 16 de junio de 2005. Dos semanas antes, el 26 de mayo de 2005, Rivera adquirió el departamento por 1 millón 775 mil dólares a Ulysses Vasconcellos Diniz, un banquero brasileño, y su esposa Lais Sagnori Vasconsellos Diniz. Técnicamente la compra venta la realizó UNIT 304 OTO, INC, previa autorización por escrito de Rivera.
Hoy por hoy, la empresa de bienes raíces Zillow estima su precio de mercado en 3 millones 262 mil 032 de dólares.
Rivera paga anualmente impuestos sobre la propiedad que han ido en ascenso desde 2005, cuando pagó 22 mil 017 dólares. En 2013, pagó $29,703.82 dólares, y este año tiene un saldo pendiente de $33,481.00.
De acuerdo con documentos notariales registrados ante el condado de Miami-Dade, Rivera financió el condominio con un préstamo hipotecario de 1 millón 327 mil 500 dólares, a 30 años, con una tasa de interés fija del 5.6 % en los primeros 5 años. Además de llevar su firma y las de dos notarios públicos, Rivera inicializó cada una de las 27 páginas del contrato hipotecario con las letras ARC (Angélica Rivera Castro).
En 2005, cuando compró el departamento, aún estaba casada con José Alberto “El Güero” Castro Alva, productor de Telenovelas de Televisa. Según dijo Rivera a la revista Quién, se divorciaron por lo civil el mismo día que contrajeron matrimonio religioso (14 años después de la boda civil) debido a un pleito. En 2009, la unión religiosa fue anulada por la Iglesia Católica por petición de Rivera.
El préstamo hipotecario le fue otorgado por la sucursal del Banco Espirito Santo el 30 de junio de 2005. En los documentos del préstamo aparece la firma de Angélica Rivera, quien es identificada como única directora de UNIT 304 OTO, Inc.
El referido banco es propiedad de Espirito Santo Group, un holding registrado en Luxemburgo, fundado por el millonario portugués Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, a quien el Financial Times llamó el banquero más poderoso de Portugal.
En julio de este año, Salgado fue detenido en Portugal como parte de una investigación sobre presunta evasión de impuestos y lavado de dinero. Tras ser interrogado por un juez en la corte central de investigaciones criminales de Lisboa, y luego de pagar una cuantiosa fianza, Salgado quedó en libertad.
El mismo mes, Espirito Santo, el banco portugués más grande en términos de activos, presentó un recurso de “protección contra acreedores”, lo que equivale a una declaración de bancarrota.
LIQUIDACIÓN ADELANTADA
La relación de Angélica Rivera con la cuestionada institución de Salgado, cuyos turbios manejos han sido tema en el Financial Times, concluyó el 12 de enero de 2011, fecha en que la ex actriz liquidó con 24 años de anticipación, el préstamo hipotecario de $1,327,500 a 30 años que contrajo en 2005.
La liquidación por adelantado del préstamo se dio exactamente 46 días después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto, el 27 de noviembre de 2010, y luego de que Rivera declaró ingresos anuales de $10 millones de dólares, luego de haber recibido una indemnización de 88,631,000 pesos de Televisa por servicios prestados durante 25 años y por un presunto contrato de exclusividad.
PRIMERA DAMA EMPRESARIA
Bajos los reglamentos corporativos, UNIT 304 OTO, INC. está obligada a presentar informes anuales sobre sus actividades, lo cual hace puntualmente. Según la consultora crediticia Dun & Bradstreet, UNIT 304 OTO, INC. registra ingresos estimados de $140,000 dólares y emplea a dos personas.
El número de registro (expediente) de UNIT 304 OTO, INC en Florida es P05000086829, y su número de “identificación de empleador federal” (FEI), 203038414. El FEI permite a las empresas contratar trabajadores.
Si bien UNIT 304 OTO Inc. fue fundada para comprar el departamento de Rivera, bajo los estatus de incorporación la primera dama está autorizada legalmente a contratar personal y realizar actividades comerciales y financieras en EU.
En aras de privilegiar la transparencia, cuando Peña Nieto asumió la presidencia, Rivera pudo haber desintegrado la empresa y puesto las escrituras del departamento directamente a su nombre, pero no lo hizo.
La ventaja de que una empresa sea dueña de un inmueble es privacidad, y evitar ser personalmente responsable de accidentes o incumplimiento de pagos relacionado a la propiedad.
La presentación del informe anual de la empresa corre a cargo de la firma Corporate Maintenance Services LLC, la cual fue contratada por Rivera para que se hiciera cargo de los aspectos administrativos y jurídicos relacionados a UNIT 304 OTO, INC.
En 2007, además de Angélica Rivera, quien en los informes anuales aparece como presidente de la empresa, ésta reportó una adición en la dirección, el abogado Nicholas Stanham, directivo de Corporate Maintenance Services LLC. Sin embargo, en el informe anual de 2009 Stanham ya no está. Stanham asesoró a Rivera durante la incorporación de UNIT 304 OTO, INC. en 2005 y desde entonces es su representante legal en Miami.
Stanham se especializa en bienes raíces y estructuración de corporaciones de “clientes no residentes con altos ingresos“.
El padre de Stanham, Peter Stanham, quien fue cónsul de Uruguay en Miami, fue condenado a 9 años de cárcel en 2006 por fraude bancario. Stanham, de 78 años, estuvo implicado en un esquema para aumentar de manera fraudulenta el valor de una empresa colateral que utilizaron para obtener créditos con el Espirito Santo Bank, la misma institución que extendió el crédito hipotecario a Rivera para la compra de su departamento en Ocean Tower One.
VÍDEO:
Rivera Certificate of Corporation Resolution Bueno:
Rivera Deed Bueno:
Rivera Floor Plan Bueno:
Rivera Mortgage 27 Pages BUENO:
Rivera Notice of Commencement (Replace Flooring):
Angelica Rivera Empresa Miami:
Rivera Satisfaction of Mortgage:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las detenciones en las manifestaciones son arbitrarias, no están respetando derechos humanos y merecen la renuncia del secretario de Seguridad Pública del DF, comentó el abogado David Peña.
Algunos de los detenidos el 20 de noviembre pasado, en el Distrito Federal, tras disturbios en el Zócalo capitalino -donde un grupo de encapuchados se enfrentó a la policía capitalina y la federal-, narraron este martes diferentes abusos por parte de los elementos policiacos.
David Peña, abogado de los detenidos, presentó algunos videos que fueron parte de las pruebas que presentó para que liberaran a los detenidos, ya que con ellos comprobó que ellos se habían manifestado pacíficamente.
El estudiante Juan Daniel López dijo que tras su detención lo metieron a Palacio Nacional, donde lo golpearon policías, formados en “fila india”. El joven contó que ”entre 30 y 40 granaderos” lo agredieron físicamente.
“Esto era un caso político. Nosotros no hicimos nada Y si el gobierno se encaprichaba nos dejaban ahí 20 años”, consideró Juan, liberado el sábado pasado, tras estar preso en un penal de máxima seguridad en Veracruz.
“Me trataron de ligar con grupos anarquistas y cuestionaban por qué iba a CU. Si es un lugar público”, mencionó.
A su vez, Laurence Maxwell -originario de Chile- expuso que un granadero dijo el día de su detención: “A él, agárrenlo a él”, por lo que lo aprehendieron, lo golpearon y amenazaron.
“Me han preguntado por qué yo estaba ahí siendo extranjero.Y es porque el problema de los normalistas trascendió fronteras”, refirió sobre su participación en la manifestación pacífica.
“El proceso fue totalmente irregular, anómalo, lleno de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
“A todos nos detuvieron en diferentes lugares, tenemos perfiles diferentes pero según ellos pertenecemos a un mismo grupo”, agregó Laurence.
“Yo viví en un país con dictadura y nunca me había tocado vivir algo como esto”, aseveró.
La abogada Karla Salas señaló que una de las pruebas contra los 11, fueron los testimonios de 5 policías federales, pese a que fueron detenidos por policías del DF.
Los abogados de los 11 anunciaron que exigirán la reparación de daños a los detenidos.
El grupo de defensores aseguró que existe un grupo “perteneciente al gobierno” que se “infiltra” en los movimientos para obtener información.
“El mensaje es claro para el Secretario de Seguridad Pública, decirle que la actuación de los cuerpos de seguridad es arbitraria, con uso excesivo de la violencia, no están respetando los derechos humanos y esto merece su renuncia y la revisión de la actuación de las fuerzas de seguridad pública en el DF”, dijo el abogado David Peña
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Inicia la Comisión queja de oficio por los hechos del #1DMx y reprueba la intromisión de vándalos que ensombrecen el derecho de manifestación.
La CNDH inició una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad durante los actos de violencia posteriores a la marcha pacífica de este lunes en la ciudad de México.
Una vez recabadas las evidencias del caso, se emitirá un pronunciamiento, añadió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado.
Lamentó que el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación se vea ensombrecido por algunos grupos que incitan a la violencia y generan disturbios, como ocurrió en la marcha del lunes.
El ejercicio de los derechos a la libre manifestación, de protesta y de expresión deben llevarse a cabo sin más limitación que el respeto a la ley, enfatizó.
Por ello, reiteró su llamado a las autoridades del Estado mexicano, en especial a los cuerpos de seguridad, para que ajusten su actuación a lo dispuesto por la Constitución Política.
Expuso que igual de graves son las conductas mediante las que se causan destrozos y se ataca a los representantes de las fuerzas del orden, como la falta de protocolos o de su aplicación por los cuerpos de seguridad para actuar ante multitudes y cumplir con su responsabilidad de proporcionar paz y tranquilidad a los mexicanos.
Respecto a los hechos de la víspera en el marco de la movilización del 1 de diciembre en la ciudad de México, refirió que se integró un grupo de 80 visitadores adjuntos con su homóloga del Distrito Federal para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública.
Dicho personal se constituyó en los distintos lugares de donde saldrían los contingentes de personas para brindarles acompañamiento y verificar que la manifestación se desarrollara en forma pacífica.
De igual forma, el organismo dictó medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de los participantes.
Comentó que en el desarrollo de la marcha algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y al parecer fueron quienes cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos, con lo que pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes.
El organismo defensor reprobó enérgicamente esos hechos y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar tales agravios, así como a que no haya impunidad.
Indicó que ante la actuación de los cuerpos policiales para contener a algunos manifestantes, la CNDH formó una valla para evitar daños, sobre todo a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañó en su salida del lugar hasta su total retiro.
En paralelo, otro grupo de visitadores se trasladó a la delegación a la que los policías llevaron a las personas detenidas, con el fin de verificar su estado de salud y situación jurídica.
Subrayó que la intervención y el acompañamiento brindados por los visitadores fue para prevenir abusos contra los detenidos, y externó que quien haya cometido algún delito debe ser investigado y sancionado.
FUENTE. ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fernando Macías Cué presentó su renuncia como vocero oficial del Gobierno del DF. Todo indica que el quiebre se dio por el manejo de la información durante la hospitalización de Miguel Ángel Mancera.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sacó de su gabinete a Fernando Macías Cué, su vocero oficial.
La versión institucional fue que el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal presentó su renuncia al ejecutivo local como decisión personal.
Sin embargo, como ocurre con ese tipo de salidas intempestivas, los rumores comenzaron a señalar un quiebre en la relación del vocero y Mancera a partir del mal manejo de medios durante la crisis de salud en la que fue operado a corazón abierto.
Fernando Macías Cue, quien por muchos años fue el vocero de Elba Esther Gordillo Morales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llegó rodeado de polémica al GDF con Miguel Ángel Mancera.
En días pasados, cuando se presentó la crisis de salud de Mancera, el papel de Fernando Macías fue clave.
Desde el hospital… poco qué decir
Aquel viernes a finales de octubre, cuando Mancera Espinosa ingresó al hospital ABC para someterse a una cirugía programada, metió a Fernando Macías y su equipo en un túnel sin salida.
Primero porque la noticia se dio a conocer desde la cuenta de Twitter de un periodista y no de la oficina de Comunicación Social del GDF.
Para cuando el equipo de comunicación del Gobierno capitalino reaccionó, el breve comunicado que emitió ese día dejó más dudas que certezas:
“Miguel Ángel Mancera Espinosa fue sometido a una intervención quirúrgica programada. Su médico tratante le informó de un problema de arritmia y sugirió que se efectuara un procedimiento de diagnóstico terapéutico para resolver el problema”, comunicó el GDF.
La tarde-noche del 31 de octubre fue crucial y Fernando Macías debió ser un personaje clave para el manejo de la crisis. Pero la falta de precisión en la información, generó más dudas que certezas.
Lo que sucedió en el quirófano sacudió a todo el equipo, pero en especial evidenció a Fernando Macías, encargado de qué decir y qué no decir en ese momento.
Los dobles mensajes confundían más. Por un lado se decía que la operación fue exitosa y luego, casi al mismo tiempo, se daba cuenta de que el jefe de Gobierno estuvo al borde de la muerte.
El procedimiento se complicó, y debido a que Mancera corría riesgo, había que avisar al presidente Enrique Peña Nieto, quien envió al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Ante tal crisis. Un grupo de reporteros que se apostó en las inmediaciones del Hospital ABC de Observatorio fue la única “fuente” que soltaba a cuentagotas información de lo que estaba ocurriendo:.
Dieron cuenta de la llegada de Osorio Chong, la visita de un grupo de médico militares, los funcionarios más cercanos que se veían entrar y salir.
Factores externos agitan proceso
En ese grupo compacto de quienes entraban y salían del hospital, además de los secretarios, Héctor Serrano, de Gobierno; Armando Ahued, de Salud, y de los hermanos Julio y Luis Serna, se vio a un Fernando Macías que no comunicaba y que dejó que las redes sociales cultivaran la especulación respecto a lo que ocurría o había ocurrido con Mancera.
Aunado a ese momento crítico que vivió Mancera, hoy considerada la mayor crisis de este gabinete, otros factores ajenos a la salud del Ejecutivo local acentuaban los apuros por los que pasaba el GDF.
Cuatro días después de la operación a corazón abierto, la pareja más buscada de México en ese momento, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, fue capturada en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, bastión político del PRD.
Y por si fuera poco, en medio de la efervescencia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, agentes de la Procuraduría de Justicia del DF (PGJDF) realizaron disparos en Ciudad Universitaria, agitando a la comunidad. El caos en todo su esplendor.
Con esos antecedentes a cuestas, Fernando Macías fue separado de su cargo de vocero del GDF.
El vocero que llega
Desde que llegó a la vocería del Gobierno del DF se dijo que Macías Cué fue una imposición. La mayoría asumía que René Hernández, quien acompañó a Mancera durante la campaña, sería quien llegaría a ese cargo.
Súbitamente René Hernández dejó el equipo de campaña y Mancera declaró en ese entonces que “fue una etapa que terminó”. Aunque al mismo tiempo entreabrió la posibilidad de que en el futuro se reincorporara al equipo.
Por eso, luego de que se anunció la renuncia de Fernando Macías como vocero del GDF, el nombre de René Hernández surgió de inmediato.
Él ayudó a Mancera a sobrellevar los casos más difíciles al frente de la Procuraduría de Justicia del DF, como los secuestros de Fernando Martí y Antonio Equihua.
Así como subió, el rumor bajó tras ventilarse las diferencias irreconciliables entre René Hernández y los hermanos Julio y Luis Serna, amigos cercanísimos del jefe de Gobierno, asesor y secretario particular, respectivamente.
También se manejó el nombre de Evangelina Hernández Duarte, hoy vocera del Instituto Electoral del Distrito Federal y una de las funcionarias de todas las confianzas del jefe de Gobierno.
Y el de Manuel Moreno Domínguez, quien ya sabe lo que es estar al frente de áreas de comunicación social.
Ya en el arranque de esta semana comenzó a cobrar fuerza el nombre del tabasqueño Carlos Salomón Cámara, el publirrelacionista que ha sido reconocido en el exterior por el manejo de crisis.
Sobre todo porque desde adentro, secretarios del gabinete de Mancera y colaboradores reconocen que hay una crisis que urge resolver en el arranque del tercer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El que se defina tiene un gran reto al frente de un gobierno que deambula entre conseguir la reforma política para el Distrito Federal, una propuesta para aumentar el salario mínimos a los capitalinos y otra para prevenir y eliminar las desapariciones forzadas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
