Los claroscuros de Los Ramones

Los detalles del contrato de Sempra en este proyecto permanecen en calidad de reservados.  El IFAI respondió que esto se debe a que  difundir las especificaciones sería un riesgo para su realización.

La inauguración de la primera fase del gasoducto Los Ramones puesta en marcha ayer por el presidente Enrique Peña Nieto coloca una piedra más sobre la opacidad del proyecto.

La participación de Sempra Energy en la construcción y administración del gasoducto se escapa al alcance de la publicidad de contratos por el IFAI, a Compranet y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

El proyecto se maneja como construido por “un privado” y Pemex Internacional.

Los avances sobre la primera fase -que se presentaron ante el Consejo de Administración de Pemex el 16 de enero del año pasado y podrían dar luz sobre su adjudicación a un consorcio que integra Sempra Energy- fueron reservados durante los próximos 12 años. 

La causa, explicó la paraestatal en la respuesta a una solicitud de información, fue que “difundir las especificaciones del mismo significaría aumentar el riesgo de su realización, así como el de la estabilidad financiera y económica del organismo y de las sociedades mercantiles involucradas en su planeación, desarrollo y ejecución”.

Los contratos para el transporte de gas en Ramones I y Ramones Norte, que beneficiarán al consorcio Sempra-Pemex Gas durante los próximos 25 años, también están reservados. 

Su difusión, dijo Pemex, “podría resultar útil para un competidor y pudiera afectar sus intereses, al darse a conocer las condiciones en las que este proyecto es desarrollado”.

Esta falta de información siembra dudas sobre los alcances de una resolución emitida en 2009 por la Comisión Federal de Competencia Económica. 

El documento, aprobado entonces con los votos en contra de José Agustín Navarro y Miguel Flores Bernés, podría ser el camino para que Sempra se quede con la administración total de Gasoductos de Chihuahua, el consorcio que manejará el gasoducto de Los Ramones. 

Las redes del gasoducto

La primera piedra en la construcción de Los Ramones se puso el 28 de marzo pasado. Nueve meses antes, el 27 de junio de 2013, el director general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat entregó una autorización de tiempo indefinido para operar la primera fase del gasoducto.

La autorización se dio a la compañía Gasoductos del Noreste, una filial de Gasoductos de Chihuahua, que integran al 50 por ciento Sempra y Pemex Gas.

En mayo de este año, TAG Pipelines -otra compañía conformada fuera de México- recibió la autorización para operar la fase II Norte del gasoducto.

Reporte Indigo publicó el 9 de julio de este año, que esta empresa fue constituida el 2 de marzo de 2012 por MGI Supply Ltd. y MGI Enterprises Ltd., sociedades offshore creadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Estas compañías aportaron 686 millones de pesos de capital social para la creación de TAG Pipelines, recursos provenientes de sus flujos y operaciones que realiza PGPB en el mercado mundial del gas natural.

A diferencia de la primera, la autorización para TAG fue firmada por 31 años. 

Los contratos

Los contratos para el transporte de gas en Ramones I y Ramones Norte, que beneficiarán al consorcio Sempra-Pemex Gas durante los próximos 25 años, también están reservados

Gasoductos de Chihuahua es copropiedad de Sempra y Pemex Gas. Operan conjuntamente:
Gasoducto San Fernando
Gasoducto Samalayuca
Ducto de Gas LP TDF
Estación Gloria a Dios
Terminal de Gas LP en Gdl.

En construcción...

El Etanoducto
Los Ramones I 
Los Ramones Norte

Crédito extranjero

En octubre del año pasado, Pemex anunció que Los Ramones II se dividiría en dos segmentos llamados Ramones Norte y Sur. 

Era una forma de adjudicar directamente un concurso que había sido declarado como desierto diez días antes. 

Los 440 kilómetros de Los Ramones Norte inician en Ramones, Nuevo León e irán hasta San Luis Potosí. 

Debe inaugurarse en diciembre del próximo año y será construido por TAG Norte, nuevamente constituida con un 50 por ciento de participación de Pemex Gas y otra mitad de acciones de Gasoductos de Chihuahua, donde está Sempra.

La inauguración de la primera fase coincide con el primer aniversario de la contratación de un crédito por 475 millones de dólares a un plazo de 13 años que suscribió en diciembre del año pasado Gasoductos de Chihuahua con Bancomer,  Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mitzuho Bank y Norddeutsche Landesbank. 

La sociedad comenzó a disponer del dinero durante este año. 

En julio pasado, una subsidiaria de Gasoductos de Chihuahua firmó otro contrato con Pemex Gas para el transporte de gas natural por este ducto. Será por los próximos 25 años.

Tag Norte también tiene un contrato para transporte en Ramones Norte por 25 años, firmado en marzo pasado. Comenzarán a correr a partir de que se inaugure esa segunda parte, en diciembre del próximo año. 

‘El resultado de la reforma energética’

Ayer, Enrique Peña Nieto inauguró la primera fase del sistema de transporte de gas natural por ducto Los Ramones, la mayor obra de infraestructura de transporte en México en los últimos 40 años.

En el evento, realizado en la nueva estación de compresión Los Ramones, Nuevo León, el mandatario señaló que este sistema será pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad energética de México. 


Afirmó que esta magna obra es resultado de la reforma energética, como respuesta al reto de satisfacer la demanda de gas natural, lo que permitirá atraer inversiones productivas, generar empleos e impulsar la competitividad del país, al contar con un combustible más económico y menos contaminante, además de detonar el crecimiento de distintas zonas del país.

Los Ramones permitirá la importación de hasta 2.1 billones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que representa casi un tercio del consumo total actual a nivel nacional, a fin de satisfacer la creciente demanda del combustible, principalmente en la zona centro-occidente del país.


En su intervención, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, resaltó que Los Ramones eS uno de los proyectos energéticos más ambiciosos y de mayor visión en la historia de México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se cae la mesa de negociación

La mesa de diálogo del IPN quedó nuevamente suspendida luego de que los estudiantes condicionaron el acuerdo a la liberación de tres detenidos durante una marcha.

Acusando intransigencia por parte de la representación estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, las autoridades abandonaros las negociaciones en Zacatenco y estas volvieron a quedar en suspenso. 

Para firmar los ocho acuerdos alcanzados y continuar el diálogo, los estudiantes exigieron al Gobierno la liberación de tres detenidos por presuntos actos vandálicos, quienes fueron arrestados este lunes en Paseo de la Reforma al término de la marcha por Ayotzinapa. 

Por ello, los funcionarios federales participantes solicitaron media hora de receso para analizar la postura de los representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), pero no regresaron a la mesa y se retiraron sin anunciarlo.

En un comunicado posterior al encuentro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que al inicio de los trabajos, la representación gubernamental ratificó su disposición al diálogo y a la suscripción de acuerdos para reanudar labores inmediatamente.

Postura ‘inflexible’

El informe de la SEP señaló que la representación gubernamental manifestó entender la preocupación de los estudiantes y ofreció la asesoría jurídica necesaria, pero pidió que no se entorpeciera la firma de los acuerdos ya logrados. 


 A pregunta expresa de si la posición de los representantes de la asamblea politécnica era no continuar el diálogo si no estaban liberados y presentes los detenidos, los estudiantes mantuvieron su postura inflexible, menciona el comunicado. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

“Protestas sociales no se solucionan con órdenes de aprehensión”: rector de la UPAEP

Ante la ola de detenciones que la policía ha realizado en las últimas protestas, el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, señaló que “girar órdenes de aprehensión en contra de los líderes sociales y de algunas autoridades auxiliares del Estado de Puebla, no es la vía para la solución de los conflictos existentes”, ya que la inconformidad proviene de las políticas impositivas del gobierno de Moreno Valle.

Además, explicó que en las sociedades democráticas debe haber espacio para las manifestaciones públicas ordenadas, pues la voz ciudadanas debe ser escuchada por las instancias correspondientes.

Desde la perspectiva del académico, el ejercicio de la ley no puede ser reclamado por nadie para sí mismo, por capricho, pues la sociedad actual exige el apego a la legalidad. Lo que implica no reprimir las manifestaciones.

Sobre la orden de aprehensión contra “Simitrio”, líder de vendedores ambulantes de la organización 28 de Octubre y su familia, el rector comentó que se debe apostar a la institucionalidad, al respeto al estado de derecho y los derechos humanos.


Baños Ardavín apuntó que si se comete algún exceso en la vida pública, los integrantes de la sociedad deben armonizarlos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Si los anarquistas no son del gobierno, sí son útiles a su estrategia de restar visibilidad a protestas: ONG

Desde el 1 de diciembre de 2012, fecha en que Enrique Peña Nieto tomó posesión del Ejecutivo Federal, a las manifestaciones se sumó un grupo de jóvenes con una característica en común: el rostro cubierto.

Identificados como “anarquistas”, estos colectivos tienen un patrón que se inserta en un ciclo sin fin: violencia, represión policiaca y detenciones arbitrarias, por lo que Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que su forma de actuar revela que no operan de forma circunstancial y, en cambio, buscan desviar la atención pública de las manifestaciones.

Sin importar si se trata de anarquistas auténticos o infiltrados, estos grupos aprovechan las fallas de la policía para realizar actos menores muy mediáticos, que apartan la atención de las movilizaciones pacíficas.

Cortez aclaró que “aun si estos grupos de anarquistas no son infiltrados del gobierno, sus actos terminan siendo muy útiles a la estrategia del gobierno de restar visibilidad a las protestas. Para algunos medios, se nota más unos vidrios rotos que el reclamo de los ciudadanos”.

Aunque no aseguró nada sobre los vínculos entre el gobierno y los anarquistas, tampoco descartó que haya vínculos. “Conociendo las prácticas de la clase política, es probable que infiltraran marchas para generar descrédito”, aclaró.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.

Tiempos de negociación

Para conseguir el voto aprobatorio a la iniciativa de crear un Mando Único, el Gobierno Federal se ve orillado a pactar con el PAN y el PRD.

En medio de la peor crisis de su Gobierno y a unos meses del proceso electoral federal intermedio, el presidente Enrique Peña Nieto se ve obligado a negociar con el PAN y el PRD el voto para la iniciativa de crear el Mando Único.

Peña Nieto ya enfrentó este mismo escenario en 2013, cuando se negociaba la reforma energética y la reforma hacendaria.

En ese año, apesar de la existencia del Pacto por México, el PAN condicionó su voto aprobatorio a la reforma energética a cambio de la aprobación de la reforma político electoral.

Por su parte, el PRD pidió la creación de un fondo dentro del Presupuesto de Egresos, que diera más recursos a la capital del país para el 2014, a cambio de su voto en la reforma hacendaria.

Ahora, la moneda de cambio con el PAN será la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados. Además, la posibilidad de que Acción Nacional pueda llevar mano en el nombramiento del Zar Anticorrupción, que deberá realizarse en el Senado.

La negociación llega también en tiempos electorales, a seis meses de que el país salga a las urnas a elegir a los nuevos 500 diputados federales y en 17 entidades haya elecciones locales, nueve de ellas para elegir a un nuevo gobernador.

Para su análisis, la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo fue enviada al Senado y turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos Segunda y Puntos Constitucionales. Cada una de ellas, presidida por senadores de diferentes partidos políticos.

En la Comisión de Justicia preside Roberto Gil Zuarth, senador por el PAN, quien ya ha dejado ver que aunque la intención de los priistas y el Gobierno Federal es que esta iniciativa quede aprobada antes de concluir el actual periodo de sesiones, es probable que no transite tan fácil si no se da algo a cambio.

“Va a depender de la voluntad política de las partes. Si el gobierno y su partido entienden que la única posibilidad de equilibrio y de consenso es aprobar su iniciativa tal y como la mandaron, vamos a tener muy pocos márgenes de entendimiento; pero si hay apertura para discutir y analizar otras propuestas que están en el Congreso, habremos de encontrar márgenes de consenso de manera más clara”, advirtió Gil.

El panista puso sobre la mesa las iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción y otras con las de desaparición forzada, de tortura o el fortalecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuentran “durmiendo el sueño de los justos” en comisiones presididas por el PRI.

“Si hay voluntad política para construir un paquete integral de reformas que fortalezcan la seguridad y el Estado de Derecho, Acción Nacional va a concurrir. Hay propuesta, hay ideas, hay iniciativas; lo que falta es voluntad política para concretarlas”, sentenció Gil Zuarth.

La negociación a varios frentes

Con el PRD, la negociación podría ser más complicada.

La crisis interna que vive el partido del sol azteca, pone al Ejecutivo en la disyuntiva de con quién negociar, pues la existencia de “varios PRD” puede dificultar el trato con el sector que pueda garantizar un voto aprobatorio.

Una parte de la negociación cayó en manos de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidida por el perredista Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales opositores a Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD y quien ya sugiriera que será complicado pasar en fast track la iniciativa presidencial.

Encinas advirtió que las reformas propuestas por el Ejecutivo podrían tener un uso político por la discrecionalidad con la que se podría tratar, por ejemplo, la disolución de los ayuntamientos.

“Bastará la presunción, el hecho de que exista un indicio para que el fiscal general, a través del secretario de Gobierno, le solicite al Senado de la República la disolución del ayuntamiento.

“No hay autoridad jurídica, no hay un debido proceso y la discrecionalidad con la que se pude aplicar esta medida, sin lugar a dudas tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político”, consideró Encinas.

A esta discrecionalidad se suma la imposibilidad que tendrán los ayuntamientos de presentar una controversia constitucional contra la medida; es decir, no podrán defenderse.

Tanto el PAN como el PRD coinciden en que se debe combatir la infiltración del crimen organizado no solo en los municipios, sino en todos los niveles de gobierno.


Y aunque el PRI y el Ejecutivo pretenden que se avalen estos cambios antes de que finalice el 2014, si sus opositores mantienen su postura y no se logra una negociación con ambas partes, esta reforma podría aprobarse hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Iguales, pero diferentes

Las propuesta de Enrique Peña Nieto y la que hizo Felipe Calderón hace cuatro años para crear un Mando Único policial tienen como objetivo final sanear a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, hay una diferencia clave: Con Calderón la iniciativa era selectiva, con Peña Nieto es obligatoria.

El lunes, Enrique Peña Nieto envió al Congreso la propuesta de reforma a la Constitución que permitirá contar con 32 policías estatales únicas.

La intención es crear mecanismos que permitan revisar a gobiernos municipales cuando haya sospechas de que esté involucrado el crimen organizado.

Peña Nieto reconoció que lo ocurrido en Iguala exhibió las vulnerabilidades de los gobiernos municipales.

“México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido”, dijo.

Hace más de cuatro años, el 7 de octubre de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa similar.

“Es necesario dar un golpe de timón en el modelo de organización policial que permita el Estado mexicano garantizar la seguridad pública en todo el país”, señaló en ese entonces el panista. 

La iniciativa se quedó en comisiones del Senado, ni siquiera los senadores panistas estuvieron de acuerdo.

Los principales argumentos en contra fue que la propuesta quería darle todo el poder al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Enrique Peña Nieto

> El Mando Único Estatal será obligatorio para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.

> La intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado deberá ser resultado de un proceso en el que participen los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y estatales.

> No incluye policías metropolitanas ni reacción inmediata.

Felipe Calderón

> Contemplaba solo a los municipios con cuerpos policiacos débiles o penetrados por el crimen organizado y que se retirara en función de la profesionalización de los policías municipales.

> La Secretaría de Seguridad Pública –entonces a cargo de Genaro García Luna– tendría la facultad de intervenir un municipio, sin mediar procedimiento entre los Poderes de la Unión.

> Proponía la creación de policías metropolitanas y del concepto “reacción inmediata”, para lo cual eliminaba la frontera entre los fueros federal y común.

Coincidencias

> La homologación de los ingresos
> Los criterios de profesionalización de los policías

> La homologación de los protocolos de actuación y operación

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Un gobernador sin capacidad, como Miguel Alonso en Zacatecas, ya debería haber renunciado: PT

La dirigente petista en la entidad, Geovanna Bañuelos sostuvo que la renuncia de Alonso es el sueño de todos los zacatecanos. Preocupa que las propias autoridades anuncien la llegada de grupos criminales a la entidad, adujo. No podemos tener un gobernador de puros eventos sociales, cuando la inseguridad está cada vez peor, sentenció.

El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, debió renunciar durante el primer año de su administración, ya que ha demostrado que no tiene la capacidad para hacer frente a la problemática que exige cada sector en el estado, sostuvo Geovanna Bañuelos, Comisionada Política del Partido del Trabajo (PT) en dicha entidad.

Al enfatizar que la renuncia de Alonso Reyes es el sueño de todos los zacatecanos, reconoció que se trata de un proceso político y legal muy largo que tiene que desahogarse en la Legislatura local: “volvemos a lo mismo, de unos a otros se lavan la cara y con la mayoría de diputados priistas es casi imposible”.

Agregó que Miguel Alonso debe solicitar la renuncia de sus funcionarios, principalmente los encargados del área de seguridad, quienes han demostrado no tener la capacidad de enfrentar la grave problemática de inseguridad que priva en el estado.

Lo anterior, luego de mencionar que, tan sólo en octubre y noviembre pasados, se registraron 36 homicidios y durante la semana pasada hubo asesinatos, enfrentamientos, balaceras y ejecuciones en diferentes municipios y preocupa que las propias autoridades anuncien la llegada de grupos criminales a territorio estatal.

“Exigimos medidas para contener la inseguridad, pues los zacatecanos no pueden estar tan expuestos ante sicarios, extorsionadores y secuestradores; la ciudadanía está cansada de que se atente contra su persona, integridad y patrimonio”.

La petista solicitó que se hagan públicos los resultados de los exámenes de control y confianza del procurador, el secretario de Seguridad Pública y de todos los mandos superiores quienes, en caso de no haberlos aprobado, deben ser despedidos, como lo hicieron con los más de mil elementos policiacos que no aprobaron dichas evaluaciones.


Considera que el problema es que no se tiene una estrategia eficaz ni a los funcionarios capaces de enfrentar el grave problema de inseguridad, así es que “no podemos tener a un gobernador que siga cortando listones, coronando reinas, asistiendo a eventos sociales y que siga promocionando que vivimos en un estado seguro, cuando en dicha materia estamos cada vez peor”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Martha Villagrana.

Sindicatos y partidos, sujetos obligados en nueva Ley de Transparencia

MÉXICO, D.F: Por primera vez en esta Legislatura, PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información consensuada con organizaciones no gubernamentales, que incorpora a los sindicatos y a los partidos como nuevos sujetos obligados, así como avances en materia de protección de datos personales.

La ampliación de los sujetos obligados propone que sean también órganos autónomos, sindicatos y “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.

La iniciativa –que no surgió del Pacto por México– prevé también reducir de 12 a siete años el tiempo de reserva de información; establece un mecanismo más claro para el procedimiento de clasificar información como “reservada o confidencial”, e incorpora la figura del caso de denunciantes que hayan trabajado en las estructuras de gobierno, sin criminalizar a los informantes.

Este es un efecto inmediato del caso de Edward Snowden, el exconsultor de las agencias de seguridad nacional estadunidenses, que detonó un escándalo internacional al filtrar información clasificada.

La senadora del PRI, Arely Gómez, al presentar la iniciativa, explicó que fue el resultado de un trabajo de dos meses, con “un mecanismo innovador en el contexto de la agenda de parlamento abierto” y que incluye la instalación de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que será el espacio de colaboración entre todos los organismos garantes, la Auditoría Superior de la Federación, el Inegi y el Archivo General de la Nación (AGN).

“A través de este sistema se homologarán procedimientos, criterios y lineamientos para que todos los mexicanos, sin distinción, tengamos acceso a la información pública y prevalezcan los principios de máxima publicidad, transparencia y eficacia”, afirmó Gómez González.

Otro de los avances más importantes, coincidentes con las posiciones de los partidos y las ONG, es la inclusión de la “prueba del daño” que deberán realizar todas las dependencias, al clasificar la información, y la “prueba del interés público” que deberán realizar los institutos de acceso a la información.


La iniciativa fue respaldada por los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Zoé Robledo y Angélica de la Peña, del PRD; Pablo Escudero, del PVEM; Marcela Torres y Laura Rojas, del PAN, así como 17 expertos que realizaron comentarios y dieron elementos valiosos, incluyendo a las excomisionadas del IFAI, Jacqueline Peschard, y María Marván, así como Mauricio Merino, Sergio López Ayón, Miguel Pulido y Arturo Alcalde, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Dos años, diez errores de EPN

MÉXICO, D.F: Este 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto cumplió dos años al frente del gobierno, pero enfrenta una crisis propia o peor del quinto año de su sexenio. En las calles, en las redes, en los conciliábulos empresariales eso se menciona. Los únicos que no lo escuchan son los habitantes de Los Pinos.

La campaña de promoción habla de sus 11 “grandes reformas”, casi todas de índole legislativo; pero ignoran los errores y la reiteración de los mismos que se han cometido en este primer tercio del sexenio. El autoengaño y la soberbia dominan en el equipo de quien se siente aún “salvador de México”.

Al estilo de su discurso del pasado 27 de noviembre, sin retórica, pero con datos, estos son los 10 errores más graves de sus dos años:

1. El engaño económico. En dos años consecutivos, el gobierno de Peña Nieto no cumplió con el mínimo de su propuesta de crecimiento económico. En 2013, Hacienda pronosticó un crecimiento de 3.5% que quedó en un mediocre 1.4%. Para 2014 nos anunciaron un incremento de 3.9% que quedará, según todos los pronósticos, entre 1.5 y 1.9%, si bien nos va. Es decir, un crecimiento inferior a 50% de lo pronosticado en ambos años.
2. Reforma fiscal recesiva. El gobierno de Peña Nieto sobrevendió una reforma fiscal que resultó ser recesiva, pues inhibió la inversión de los pequeños y medianos empresarios. La llamada “reforma Videgaray” tuvo un efecto nocivo. En 2013 el ingreso disponible de las personas –hogares y empresas– venía bajando, pero en 2014 se derrumbó. Se desplomó por esta reforma y por el incremento de impuestos y de inflación, según analizó el economista Jonathan Heath, en entrevista con Carlos Acosta en la edición reciente de Proceso (1987).
3. No hay multimillonarias inversiones en telecomunicaciones. En julio de 2013, la SCT presumió que se esperaban 700 mil millones de pesos de inversiones en el sexenio en el sector, el cual registra tasas de dos dígitos de crecimiento en el país. Esas inversiones, a dos años, no han llegado. Ni siquiera se han concretado los proyectos de banda ancha (en la banda 700 Mhz) ni en la red troncal que se iba a construir este año en la infraestructura de la CFE.
4. La corrupción es un “fenómeno cultural”. Peña Nieto afirmó en aquella malograda entrevista con los periodistas de la serie Conversaciones a Fondo, en agosto de este año, que la corrupción es un “fenómeno de índole cultural”. El menosprecio del peñismo a este cáncer social ha generado una gran indignación. El escándalo de la llamada Casa Blanca y las sospechas e indicios de tráfico de influencias con el consorcio HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, demostraron que el Grupo Atlacomulco menosprecia el combate a la corrupción porque la consideran parte del modelo de gobierno. Es la única de las “grandes reformas” anunciadas el 2 de diciembre en el Pacto por México que se encuentra atorada.
5. La crisis de Iguala-Tlatlaya. Peña Nieto tardó diez días en mencionar el caso de los 43 jóvenes normalistas secuestrados y presuntamente ejecutados en Guerrero. Minimizó y quiso ocultar la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Y ahora, el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha generado las movilizaciones nacionales e internacionales más importantes que se recuerden contra un presidente. Apenas el 27 de noviembre, Peña Nieto presentó un “decálogo” que no resuelve nada de forma inmediata frente a esta crisis. Al contrario, la agrava.
6. La criminalización de la protesta social. Desde su gobierno en el Estado de México, Peña Nieto demostró que no le gusta y no respeta la protesta social. La represión en Atenco fue una muestra de esto. El 1 de diciembre su gobierno inició con detenciones arbitrarias, justificadas por el “vandalismo” de presuntos anarquistas. A esta jornada le siguió la criminalización de las protestas de los maestros de la CNTE durante buena parte del 2013. Ahora, frente a la crisis de Ayotzinapa, vuelven a reproducir el mismo guión de infiltrar a los movimientos con provocadores y generar miedo y persecusión contra los disidentes. Lejos de aminorar, la protesta social ha crecido.
7. Carencia de una estrategia distinta de combate al crimen organizado. El “decálogo” del pasado 27 de noviembre demostró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, militares y políticos. Propuso lo mismo que se rechazó durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsa una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios. Su receta es el eje de su fracaso: alentar un mayor presidencialismo discrecional e invasivo de los otros poderes.
8. Fracasó la reforma educativa. Sobrevendida como una reforma educativa, en realidad, las modificaciones de 2013 fueron una incompleta reforma laboral en el sector educativo para privilegiar un modelo de privatización de la evaluación de los profesores. A un año de distancia, las resistencias estatales y sindicales crecieron. No se concretó ninguno de los avances que se prometieron. La persecución contra las Escuelas Normales Rurales explica, en buena medida, la expansión también de la protesta por Ayotzinapa.
9. Dependencia extrema a Televisa. Fiel a su origen y a su “modelo” de negocios y de ascenso al poder presidencial, Peña Nieto ha demostrado en dos años de gobierno que no entiende las nuevas formas de comunicación digital y deliberativa, y ha reforzado los privilegios y la dependencia hacia Grupo Televisa, empresa que se ha convertido en su parapeto, en su propagandista, pero también en su principal déficit de comunicación. El tele-candidato se derrumba a la hora de gobernar porque, una vez más, se demostró que mercadotecnia no es lo mismo que comunicación política.
10. Equipo de gobierno fracturado. Uno de los principales errores de diseño de su gobierno fue formar un gabinete de “cuotas y cuates” que ha sido altamente ineficaz. Los incentivos de la división entre los secretarios y subsecretarios, y entre los distintos secretarios (basta observar la guerra soterrada entre Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong), han crecido. En la medida que crece la percepción pública de la debilidad de Peña Nieto, también se incrementan las fracturas en su equipo de gobierno. Basta observar la reciente encuesta del periódico Reforma. Prácticamente todos sus secretarios de Estado están reprobados frente a la opinión pública. Y eso no es el resultado de un complot sino de un autoboicot.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)

Entregan a la PGR lista de 25 narcoalcaldes de Guerrero

MÉXICO, D.F: José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una lista con los nombres de 25 acaldes y exalcaldes de Guerrero presuntamente ligados con el crimen organizado.

El listado incluye al detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También aparecen Armando Ríos Piter, exedil de Iguala y actual senador por el PRD; Lázaro Mazón, exsecretario de Salud de Iguala y frustrado candidato al gobierno de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Socorro Sofío, titular de Desarrollo Rural de Guerrero y el actual diputado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.

En conferencia de prensa, Ortega Sánchez explicó que la lista se integró a partir de señalamientos y hechos recogidos en un estudio llamado Guerrero: atrapado en el círculo de la violencia, que también fue presentado ante la PGR.

En la lista figuran priistas, perredistas y panistas. Además de los ya mencionados están, del PRI: César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula; Salomón Majul González, de Taxco; Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo; Francisco García González, de Chilapa; Ignacio Basilio García, del municipio de Eduardo Neri; Norberto Figueroa Almazo, de Huitzuco; Erick Fernández Ballesteros, de  Zihuatanejo de Azueta.

Así como  Eucelio Gonzalez Rodríguez, Antonio Navarrete Cortés, Taurino Vázquez Vázquez y Alejandro Contreras Velazco.

Del PRD están en la lista Efraín Peña Damacio, de Apaxtla; Gustavo Abarca Alcalá, de Tixtla; Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, de Leonardo Bravo; Mario Alberto Chávez Carbajal, de Eliodoro Castillo; Severo Espirito Valenzo, de Mochitán; Feliciano Álvarez Mecino, de Cuetzala del Progreso; Jesús Valladares Salgado, de Teloloapan.

Crecencio Reyes Torres, Eleuterio Aranda Salgado, Rey Ilario Serrano, Javier Adame Montealban y Juan Carlos Medino González.

Del PAN sólo aparece Antonio Galarza Zabaleta, del municipio de Tepecoacuilco.

Además de los mencionados en la lista Ortega Sánchez solicitó revisar “cuidadosamente” a potenciales candidatos a gobernador, porque –dijo– también existen señalamientos en su contra que los vincula en algún momento con posibles hechos ilícitos.

“El gobierno del presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala”, acusó el activista quien además criticó que el presidente tampoco considere el saqueo impuesto a la sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos, “hecho muy similar al de Tamaulipas”.

“En Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y contundente que la de Michoacán, que erradique la colisión de la clase política con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal”, reclamó presidente del CCSPJP.


Ortega Sánchez señaló que toca a la PGR verificar si los señalamientos en contra de alcaldes son ciertos o no pues ellos son el Ministerio Público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

RAÚL ZIBECHI: “LA VIOLENCIA SÓLO SE VA A DETENER CON UN LEVANTAMIENTO POPULAR”

Raúl Zibechi, activista y pensador uruguayo, declara, que no hay un camino claro en México, que hay que renunciar a cambiar el sistema político y construir espacios alternativos -con mucho cuidado- con la claridad de que estamos rodeados y nos están observando.

Asegura que “hay un nuevo orden mundial en tránsito y la violencia es la vía para mantener el orden y remodelar a la sociedad mundial que ha producido movimientos populares”. “México está situado en un lugar clave, la violencia es en este punto, un fenómeno estructural, no un error, una exageración o una desviación… se utiliza la masacre y la violencia como forma de disciplinamiento.”

Ante el cuestionamiento sobre cómo detener el escenario actual dijo que “la violencia sólo se va a detener con un levantamiento popular de la sociedad mexicana que derrote el modelo impuesto; el miedo no hay que negarlo, hay que socializarlo, hablarlo, colectivizarlo. A partir de esto podemos ver que ese miedo es superable a través de lo colectivo. Las madres de Plaza de Mayo son el ejemplo de esto, recorrieron juzgados y cuarteles y se dieron cuenta que el problema de una era el de todas. Fue crucial el apoyo que todas se brindaron entre ellas.”


Sobre el tema reciente de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa envió toda su solidaridad a las familias y dijo que “la desaparición es una cuestión perversa pero nunca una casualidad. Busca desmovilizar y paralizar, es una crueldad inaudita. Buscan matar paralizando a la gente a través del terror.  Sólo moviéndonos podremos encontrar fisuras en el sistema, solos llorando en casa no las hallaremos, sólo si nos movemos hay posibilidad. No vamos a poder derrotar este sistema de muerte en 2 días pero sí podemos ponernos en movimiento.”

ENTREVISTA:



FUENTE: MÁS DE 131/ http://masde131.com/2014/10/zibechi30/
AUTOR: REDACCIÓN/ JUAN MANUEL OROZCO.

¿Ley antimarchas? Puntos clave de lo aprobado por diputados

La Cámara aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución Política en materia de derecho a la movilidad universal.

Los diputados desempolvaron ayer una iniciativa del 24 de septiembre de 2013, la cual, algunos legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano calificaron como una “ley antimarchas”… ¿Por qué?
Según el diputado perredista, Fernando Belaunzarán, las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, en materia de derecho a la movilidad universal -aprobados el martes en San Lázaro,  con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención-, “alguien (los) pudiera interpretar o sobreinterpretar”.

“Imagínense que estando el país como está, con la gente en las calles, se pudiera entender que esta reforma puede limitar el derecho a la manifestación. Eso es echarle leña a la hoguera, echarle leña al fuego… la propuesta que les quiero hacer es que lo digamos explícitamente, que establezca que esto es sin menoscabo del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión…

“Hay quien dice: es que ya está en la Constitución. Bueno, cuál es el problema de hacerlo de manera más explícita, para evitar, insisto, malos entendidos en un momento por demás delicado.No mandemos señales equívocas, sería una forma –me parece– irresponsable de actuar en este momento, poder mandar una señal equivocada.

“Si nadie quiere dar ningún pretexto para que se coarte la libertad de manifestación, pues establezcamos y quitemos. Si alguien dice: es que éstos son fantasmas que se están creando. Conjuremos los fantasmas y pongámoslo explícitamente… No queremos ahondarla crisis y si se quiere ahondar la crisis es mandar un mensaje equivocado y que se empiece a difundir que lo que se quiere es coartar la libertad de manifestación y entonces sí, que arda Troya”, expuso en tribuna el perredista.

Quien propuso las reformas, el panista Marcos Aguilar, rechazó que éstas se contrapongan a la libre manifestación.

“Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación. La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público.

“No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal”, argumentó el diputado del PAN.

¿Qué dice el texto?
La reforma reconoce en el Artículo 11 de la Constitución el derecho a la “movilidad universal”, atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

En el Artículo 73 se indica que el Congreso deberá expedir una ley secundaria sobre movilidad universal, y en artículos transitorios se prevé que ésta deberá estar lista en 180 días.

En tanto, las legislaturas de los congresos locales tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus leyes de acuerdo a la reforma constitucional y a la ley general, a partir de que ésta entre en vigor.

“Quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación, por tanto el Estado buscará mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”, dice el dictamen aprobado y enviado al Senado.

¿Ley antimarchas, sí o no?
En este momento, no hay legislación alguna que prohíba la libre manifestación o una marcha en el país.

Al contrario, el artículo sexto constitucional indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público (…)”.

Sin embargo, en los últimos años han existido intentos legislativos por regular marchas, alegando que la libertad de tránsito -también en la Constitución- constituye una especie de límite al ejercicio del derecho a manifestarse Esto último, cuando la libertad de tránsito se afecta con las manifestaciones que obstruyen la vía pública (los bloqueos y plantones, por ejemplo).

Más sobre el debate ayer en Cámara de Diputados
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) destacó que la reforma reviste una gran importancia ya que pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal.

Este derecho, dijo, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes, a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro.

Afirmó que la inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras.

Por su parte, las diputadas Aleida Alavez Ruiz (PRD) y Zuleyma Huidobro González (MC) presentaron, por separado, una moción suspensiva bajo el argumento de que la actual situación que vive el país no es conveniente para discutir esta reforma en el Congreso.

Aleida Alavez mencionó que la adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales vulneran el artículo 1o constitucional en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos.

La reforma al artículo 11, dijo, permitirá al Estado controlar, en una ley general, el derecho a la movilidad, es decir, “a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos”.

En el caso del artículo 73, opinó, permitiría al Congreso de la Unión a tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre tránsito.

“No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles”, concluyó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) advirtió que bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían, podrían ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación de los ciudadanos.

“Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero de no ejercer nuestros derechos constitucionales, los actos reclamados podrían quedar opacados y en la impunidad”, consideró.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que esta ley, “en apariencia progresista e innovadora” en la coyuntura político-social que vive el país, puede utilizarse “como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política”.

Añadió que el dictamen es “políticamente inoportuno” por la situación del país, el cual vive “intensas movilizaciones sociales, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica”.

Opinó que si la preocupación es la movilidad urbana, nada impide que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, procurar la utilización ecológica del transporte público, se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y se privilegie el transporte público.

El PRI no fijó una postura oficial sobre estas reformas.


El dictamen fue enviado al Senado de la República y ahí será discutido nuevamente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peña debe aclarar escándalo de la ‘Casa Blanca’: Jefe Diego

MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades competentes deben aclarar “plenamente” la compra de la llamada “Casa Blanca” por su bien, el de su esposa y el de su familia, aseguró el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.

“Es un asunto que no ha quedado claro a criterio de la mayoría de los mexicanos. Como abogado no puedo juzgar la juricidad de lo que ahí se ha dado; sencillamente, creo que el gobierno federal y las partes involucradas pueden y deben dar explicaciones y justificaciones que el pueblo merece”, dijo en entrevista luego de participar en un acto público.

Con las reservas del caso al no tener el expediente a la mano, el exdirigente nacional del PAN agregó:

“Si se trata de operaciones que puedan ser sospechosas o atípicas, el gobierno, el presidente de la República lo debe aclarar plenamente. Si él considera que ya lo hizo, es su decisión. Yo como ciudadano creo que sigue flotando en la sociedad una inconformidad manifiesta por lo que ahí ha sucedido”.

Aunque insistió en no mezclar su perfil de abogado –“no tengo nada que recriminar mientras yo no conozca un expediente objetivo, jurídico de lo que pasó”, dijo–, sostuvo que “tampoco podemos quedar con que aquí no sucedió nada. Ojalá que todo se transparente para bien de él, de su esposa, de su familia y de México”.

El exsenador y diputado panista asistió al Tercer Informe de Actividades de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Mossa.

Al término del acto, se refirió en entrevista al desempeño del mandatario federal a dos años de gestión.

“Juzgar dos años de gobierno no es sencillo, creo que se han hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal”, comentó.

En el primer aspecto, destacó las “grandes reformas que se han hecho por el presidente de la República y por el Congreso de la Unión a través de las cuales México se abre a un mundo moderno, competitivo, que no podemos perder ni podemos dejar pasar”.

Sobre “lo malo”, criticó que el gabinete de trabajo de Peña Nieto “se trata de un equipo de gobierno muy cerrado, muy  pequeño que no está abierto a opiniones de personas de gran calidad, hombres y mujeres de este país, que mucho pueden aportar, precisamente para rectificar actitudes y comportamientos”.

Y puso como ejemplo la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro que, aunque no dio nombres, le correspondió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

“Es algo que resulta todavía hoy inexplicable: Cómo se cancela un contrato en donde han participado compañías internacionales y que los ojos del mundo están diciendo qué es México, qué sucede aquí”.

Sobre la renuncia al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, su contendiente presidencial en 1994, Diego Fernández de Cevallos, se limitó a decir: “Me parece respetable y dolorosa. Y punto”.

“Defensores cubren a vándalos”

Sobre los hechos violentos registrados en las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el panista destacó el “gran esfuerzo” del Gobierno del Distrito Federal.

“Están haciendo ya un enorme esfuerzo, pero dentro de la complejidad que se da en un ambiente donde a veces pseudo organizaciones defensoras de derechos humanos cubren y protegen a los vándalos para que no trabaje la policía”, aseguró.

El llamado ‘Jefe’ Diego” pidió distinguir entre manifestaciones y vandalismo. “Me parece un doble crimen que después de lo sucedido en Tlatlaya, en Iguala y muchas partes del país, ahora las protestas se perviertan por unos cuantos que vienen a generar violencia, a generar barbarie”.

Sin excusa ni pretexto, agregó, se deben preservar todos los derechos de los ciudadanos, “entre ellos, el que nadie sea agredido injustamente por la policía, pero tampoco por los vándalos”.

Acto seguido, se lanzó a defender a los policías:


“Es infame, insoportable y no debe continuar, que en este país, en esta ciudad, en todo el territorio nacional hay unos seres humanos que no tienen derechos humanos: Los policías, los que se supone que están para preservar el orden y ayudarnos a que sean resguardados nuestros derechos a la vida, a la seguridad personal, a nuestro patrimonio, cuando intervienen y son masacrados, nadie dice nada. No hay defensores de derechos humanos de la policía y, peor aún, cuando hacen su trabajo, en algunas ocasiones son perseguidos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Ahora politécnicos condicionan diálogo a liberación de estudiantes detenidos

MÉXICO, D.F: En protesta por las detenciones “arbitrarias” de tres estudiantes durante la marcha del 1 de diciembre, la Asamblea General Politécnica (AGP) suspendió el diálogo con el gobierno federal, condicionando su reanudación a que éstos sean puestos en libertad.

Al amanecer de lo que pretendía ser la última mesa de negociación antes de levantar el paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes fijaron su posición en un comunicado:

“Ayer, en el marco de la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuerza pública agredió físicamente a nuestros integrantes y detuvo arbitrariamente a tres de nuestros compañeros. Como ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012, el pueblo mexicano vive un estado de terror entre los que salimos a protestar.

“Este clima de intolerancia y de repudio hacia los jóvenes no podemos permitirlo. Hoy más que nunca es necesario salir a las calles, con organización y demandando nuestro derecho a la libre manifestación.

“Nuestro país pasa por un grave periodo de crisis. La ola de violencia que actualmente aqueja a la nación, producto de un estado fallido, incapaz de garantizar la paz social, ha despertado al pueblo que dormía mansamente. Es por ello que los estudiantes del IPN exigimos: alto a la criminalización de la protesta social, la liberación inmediata y absolución de cualquier cargo a Demián Reyes Lara (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), Oscar Espinoza Trigueros (CCH Oriente) y Ariel Flores Pérez (Vocacional 9 del IPN)”, acusados de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y portación de objetos aptos para agredir.

Continuó el comunicado: “La comunidad politécnica se pronuncia en contra de continuar el diálogo hasta que se cumpla lo dicho anteriormente. No continuaremos con los trabajos hasta que nuestros compañeros estén presentes en el auditorio.

“Manifestamos nuestro rechazo a la política represiva del Estado y a la violencia generada por los cuerpos policiacos y militares en el territorio nacional”, leyó el estudiante Octavio Juárez.

Atónitos los representantes del gobierno federal, el subsecretario de educación superior, Fernando Serrano, intentó establecer el orden del día.

César López, politécnico, tomó la palabra: “Si en algún momento ustedes dijeron que era triste ver una escuela con las aulas vacías, es más triste ver estudiantes tras las rejas, a menores de edad golpeados, y por tal motivo queremos que ustedes se pronuncien a favor de la liberación de nuestros compañeros, sin cargos. Aprovechamos la interlocución directa con la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se giren instrucciones”, pidió, asegurando que los estudiantes permanecerían en sesión permanente hasta que sus compañeros fueran liberados.

Intervino Alejandro Osuna, representante de Segob en la mesa de diálogo, para aclarar: “El caso de los tres compañeros detenidos corresponde al fuero común, no al fuero federal. Estaríamos en la mejor disposición de facilitar al grupo de abogados de la SEP y la Segob para ver el asunto jurídico, pero yo no puedo comprometerme a algo que no estoy jurídicamente facultado a hacer. La Policía Federal no participó de los acontecimientos de ayer”, puntualizó el funcionario.

Los jóvenes solicitaron a su nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht, que se pronunciara, y éste lo hizo.

“Estamos para atender las necesidades de estos alumnos, pero yo no tendría facultades para simplemente decir que liberen a estos compañeros. Podemos acompañarlos y ver que se respeten sus derechos. Y en caso de que puedan adquirir su libertad, que la adquieran. Esa es la posición del IPN a través de la dirección general”, dijo Fernández Fassnacht, desatando la inconformidad entre la AGP.

Pedro Cruz reprochó al director: “No han tocado a tres, nos han tocado a todos. Usted tiene que estar del lado de la comunidad. ¡Que se vaya el director si no puede con el cargo! Ustedes rompieron el acuerdo de no represión. No es delito ser estudiantes”. Las palabras de Cruz desataron la efervescencia en el auditorio Alejo Peralta.

Alejandro Osuna le contestó: “Esta es una mesa de diálogo, no un evento político. La Segob va a servir de interlocutor. Hemos girado instrucciones para que en este mismo momento se traslade el cuerpo jurídico a la agencia del Ministerio Público para analizar a detalle esta situación. Pero habría que reflexionar: cuando hablamos de no represalias no hablamos de inmunidad. De una vez que quede claro: el hecho de ser alumno de cualquier institución, como el hecho de ser servidor público, no lo hace inmune de no violentar la ley”, replicó el funcionario, quien aseguró que “muchas veces” los detenidos dicen ser estudiantes sin estar realmente matriculados.

Ante los señalamientos, Fernández Fassnacht volvió a pedir la palabra: “Hemos hecho el compromiso de que no habría represalias por parte de las autoridades del IPN hacia el movimiento y eso es algo que vamos a cubrir cabalmente. Yo les puedo garantizar que va a prevalecer el estado de derecho en el IPN, pero lo que no se puede, de ninguna manera, es que ustedes me planteen que porque estamos hablando de estudiantes del Politécnico, fuera del instituto, tengo que creer ciegamente en lo que ustedes u otros dicen. Eso no puede ser. Eso suena un poco autoritario. Yo veré que se respeten el debido proceso y los derechos humanos de estos compañeros, que salgan libres si así procede. A eso me comprometo. Para bien o para mal tiene que prevalecer el estado de derecho. Estarán los abogados del Politécnico pendientes de ellos”, dijo el director del IPN.

Samantha López reiteró que sería imposible celebrar el triunfo del IPN mientras sus compañeros estén presos: “El IPN no sólo está preocupado. Estamos indignados. Son funcionarios públicos y se deben a la comunidad. Es triste ver que en México manifestarse es un delito, no un derecho humano. No podemos festejar ni continuar nada si no estamos todos”.

La decisión de los jóvenes llevó a los funcionarios a pedir un receso para valorar la situación de los detenidos. Cerca de las seis de la tarde, sin previo aviso a sus interlocutores, dejaron las instalaciones del IPN para dirigirse a la Segob, donde consultarían el caso.

Más tarde, en un comunicado de prensa, la SEP calificó a la AGP de “intransigente” al condicionar la continuación del diálogo a la liberación de los tres estudiantes, y los acusó de romper las reglas de “no hacer manifestaciones o pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo (…). Se han apartado de las condiciones de orden y seguridad que habían garantizado”, concluye el documento.


Mientras tanto, los representantes de la AGP esperan sentados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Detenidos del #20NovMx demandarán al gobierno por tortura

MÉXICO, D.F: Las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demandarán al gobierno por tortura.

Además, exigen la renuncia de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.

En conferencia, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila –dos de los 11 detenidos aquella noche– y Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.

David Peña, uno de sus defensores, anunció que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.

La abogada Karla Michel, otra de las defensoras, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.

Además, los abogados informaron que pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.

Fueron más detenidos

Maxwell y López –igual que las otras nueve personas detenidas–salieron de los penales de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz y de Nayarit el sábado pasado, luego de nueve días de reclusión. Fueron acusados por policías federales de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, pero el juez 17 de Distrito determinó que había falta de pruebas para dictarles el auto de formal prisión.

Este martes, ambos aseguraron que aquella noche hubo más detenidos en el Zócalo capitalino a manos de los granaderos locales y federales.

Doctorante en Letras de la UNAM, Lawrence recordó que los granaderos lo detuvieron cuando amarraba su bicicleta, cerca del edificio del Monte de Piedad. Según su relato, escuchó a un policía decir “a él, agárrenlo”. Luego le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.

Mientras era llevado a través de la plancha hacia Palacio Nacional, recibió más golpes y amenazas de cuatro uniformados. Al llegar a un camión, dijo, había más de 11 detenidos.

“Había un chavo a mi derecha, deliraba y vomitaba. Otro estaba inconsciente. No eran parte de los 11”, dijo.

Estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF, Juan Daniel dijo que fue golpeado por más de 30 policías y coincidió en que cuando lo llevaron al camión había más de 11 personas adentro.

“Éramos como 15. Los otros cuatro no se podían levantar por su propio pie”, recordó el joven de 18 años. “Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República me hiciera algo”, dijo López.

Estas versiones coinciden con el reporte inicial que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien esa noche informó que eran 15 personas las detenidas tras los hechos violentos.

Coinciden también con lo que el Comité Cerezo declaró a Apro en días pasados, en el sentido de que hubo otras cuatro personas detenidas, pero que estaban tan golpeadas que los policías ya no las llevaron a la SEIDO, para evitar acusaciones de tortura.

La abogada Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que debido a que carecen de documentación al respecto, solicitaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Desde la noche de la detención y antes de que fueran trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pedimos visitadores y les dijimos que había más de 11 detenidos”, detalló.

Además de la CNDH, pidieron información en hospitales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y la Policía Federal.


“Documentamos que hubo una persona tirada en (la calle) Corregidora, la Policía Federal la dejó por las lesiones que tenía y ya hay una queja ante la CNDH”, agregó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.