Reaparece en público Angélica Rivera tras escándalo de la “Casa Blanca”

MÉXICO D.F: Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, reapareció hoy en la ceremonia de promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos.

La primera dama no había dado la cara en público desde que dio su versión –videograbada– sobre el escándalo de su mansión de las Lomas de Chapultepec.

Rivera lució un elegante traje sastre negro y repartió sonrisas a diestra y siniestra desde el presídium, cobijada por su Peña Nieto.

Aprobada el pasado 6 de noviembre en el Senado, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en el artículo 45 que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.

Asimismo que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deberán coordinarse para garantizar que este sector reciba una educación y asesoría sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas.

La legislación prevé un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia.

También precisa que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.


Y obliga a las autoridades correspondientes a diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Durante búsqueda de normalistas han sido hallados 55 cadáveres y 50 fosas

IGUALA, Gro: En la búsqueda conjunta de nuevas fosas en las inmediaciones de Iguala, la organización ciudadana UPOEG y la PGR han encontrado más de 50 fosas y exhumado 17 restos humanos en menos de una semana.

La noticia de los nuevos hallazgos ha atraído a familias de 375 personas desaparecidas que han denunciado sus casos ante las autoridades y aportaron muestras genéticas para que sean contrastadas con las osamentas.

Con estos nuevos restos recuperados suman 55 los cadáveres exhumados en Iguala y sus alrededores a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; antes de estos 17 encontrados en los últimos seis días, la PGR había extraído 38 de otras 10 fosas.

Las recientes exhumaciones de los 17 se hicieron en los puntos que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) había dejado marcados cuando encabezó la búsqueda ciudadana de los que han sido llamados “los otros desaparecidos”, aquellos que salieron a relucir a raíz de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando otras familias de la zona se atrevieron a denunciar los casos de sus propios desaparecidos, que se habían mantenido ocultos.

Aunque la PGR había señalado en octubre, a través de un comunicado, que la Upoeg mentía sobre sus hallazgos y la acusó de anunciar “las mismas” fosas que la autoridad ya había descubierto, desde el miércoles pasado –debido a la presión ciudadana que comenzó a llevar picos y pilas a los cerros— peritos de la procuraduría trabajan con la organización para exhumar los restos de los nuevos sitios.

En este trabajo conjunto recién estrenado los hallazgos han sido los siguientes:

En las inmediaciones de Lomas de Zapatero –donde PGR ya había exhumado cadáveres en octubre— han sido hallados otros diez restos.

En La Laguna, un terreno lodoso donde hubo un cuerpo de agua, por el poniente de Iguala, fueron exhumados otros seis; uno de ellos estaba momificado.

El pasado lunes, en un maizal fue extraído otro cuerpo que se presume podría ser de una mujer porque se encontró un brasier entre la tierra removida, según la información que Proceso pudo reconstruir.

Este martes peritos de la PGR supervisados por familias mantenían una excavación en Cocula –el municipio donde la PGR afirma que los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados–, en un punto donde el coordinador de los grupos de búsqueda de la UPOEG, Miguel Ángel Jiménez, estima que hay por lo menos tres cadáveres visibles.

Los 17 cuerpos desenterrados desde el miércoles hasta el lunes fueron llevados por unidades móviles de la PGR al Distrito Federal.

Uno de los cuerpos exhumados podría ser el del joven originario de Teloloapan, Boni Enrique Antúnez Soto. Según informó el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, el joven tenía 30 años cuando desapareció y desde el año pasado estaba reportado como desaparecido.

El domingo pasado fue localizada su credencial de elector en las inmediaciones de una parcela de maíz ubicada cerca del predio La Joya, al poniente de Iguala.

Con la recuperación de los nuevos cuerpos ubicados en las fosas identificadas por la UPOEG se podrá confirmar también si alguno pertenece a quien en vida era el taxista que había sido migrante Luis Felipe Parra.

Sus familiares sospechan que estaba enterrado en una fosa después de que reconocieron sus pertenencias a través de unas fotos que la Upoeg publicó en Facebook donde se mostraban objetos encontrados.

Parra tiene un hijo adolescente en Houston, de donde había sido deportado y una hermana en Iguala que acudió con los policías comunitarios de la organización a poner su denuncia.

Eliana García, la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, dijo ayer que eran 16 los restos encontrados conjuntamente y 375 los casos denunciados desde que la PGR hizo presencia en Iguala, como antes había informado la Policía Federal. Con el nuevo hallazgo en el maizal, sin embargo, suman 17 los cuerpos extraídos.

Según un funcionario que ha presenciado las excavaciones y que fue consultado sobre los nuevos hallazgos, la mayoría de los restos extraídos tendría entre 5 a 10 años de haber sido enterrados, “eran calaveras”. Algunos de la zona de La Laguna posiblemente habían sido enterrados en épocas más recientes (“como de un año y medio hacia atrás”) y uno de ellos estaba momificado.

Personas que han participado en las búsquedas han quedado sorprendidas porque en esos terrenos existen decenas de fosas cavadas –hoyos profundos perfectamente trazados para albergar cuerpos–, que estaban rodeadas por tierra y piedras removidas.

“O alguien excavó antes para sacar restos o eran fosas listas para usarse y que aún no se usaban”, confió a esta reportera un funcionario que trabaja en PGR.

En una fotografía tomada durante esos rastreos se observa una superficie con varias de esas tumbas, unas enseguida de otras, en un terreno cuya superficie quedó como queso gruyere, lleno de cráteres, de hoyos, de receptáculos planeados para más cuerpos.

Según el coordinador de búsquedas de la UPOEG, desde que iniciaron los rastreos ciudadanos encabezados por los familiares y los policías comunitarios han encontrado al menos 50 fosas; muchas vacías.

Los datos sobre los hallazgos surgieron a partir de entrevistas realizadas a funcionarios y comunitarios que este martes estaban en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, donde desde el 11 de noviembre –a partir de un aviso en el diario– el párroco comenzó a recibir familias con personas desaparecidas quienes llegaron con la intención de informar de su caso a la Upoeg y al grupo Ciencia Forense Ciudadana.

La idea era que las familias comenzaran sus propias búsquedas y su propio banco genético –sin ayuda de la autoridad que durante años las ha desairado. De esa reunión surgió una agrupación nueva que se bautizó como Comité de Familias de Víctimas de Desaparición Forzada que salió a campo abierto a ubicar posibles entierros clandestinos.

A partir del día 18 de noviembre personal de la PGR, especialmente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de la Unidad Especializada de Búsqueda de Desaparecidos llegó a recoger las denuncias de las familias sobre los seres queridos desaparecidos y ofrecer las pruebas genéticas.

Un grupo de familias se negó a brindar su testimonio y sus muestras por desconfianza de las autoridades, y están a la espera de los forenses prometidos por el grupo independiente Ciencia Forense Ciudadana, por lo que los casos podrían ser más de 375.

Desde el miércoles 26 de noviembre PGR realiza las exhumaciones en las fosas ubicadas por los ciudadanos. Sin embargo, la procuraduría estatal también ha realizado exhumaciones, a escondidas de los ciudadanos.

“Se supone que teníamos acuerdo desde la semana pasada con la PGR de que ellos se iban a hacer cargo de las exhumaciones. Pero el lunes nos dimos cuenta de que la procuraduría estatal se había metido a hacer exhumaciones donde la UPOEG señaló, y sin decir nada. Cuando nos dimos cuenta tenían dos restos. No sabemos si antes habían sacado otros. Nosotros sólo confiamos en PGR, no queremos a los estatales”, expresó Citlali Miranda a nombre del Comité de Familiares.

(Cabe recordar que la procuraduría estatal exhumó a las prisas, a escondidas y de manera poco profesional –pues revolvió huesos de distintas osamentas– los primeros 28 cadáveres de quienes se presumía eran los normalistas, ubicados en un lugar conocido como Pueblo Viejo; y no permitió el acceso a PGR y al equipo argentino de antropología forense que tiene la representación de las familias, tampoco entregó evidencia fotográfica, según denunció la organización Tlachinollan).

Hasta la mañana de este martes, transcurridas ya tres semanas desde que el párroco Óscar Mauricio Prudenciano González convocó a los ciudadanos, no han dejado de acudir nuevas familias para denunciar desapariciones. Ayer todavía llegaron nuevos.

Los primeros que se presentaron provenían de Iguala y Cocula, pero conforme ha pasado el tiempo y el rumor de las nuevas fosas se expande, han comenzado a llegar personas de todo el estado de Guerrero y del vecino estado de Morelos, así como de Chiapas, Puebla y Oaxaca.

En la reunión de esta mañana entre familiares de víctimas –quienes portaban camisetas negras con la leyenda “Hijo, mientras no te entierre te seguiré buscando”–, Upoeg y autoridades, la encargada de la oficina de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, se comprometió ante las familias, las cuales expresaron temor de sufrir represalia, que pediría a la Comisión Nacional de Seguridad que brinde protección durante los restos y las exhumaciones.

“Vamos a trabajar con ustedes hasta que lleguemos a las últimas fosas, hasta rescatar al último”, prometió la funcionaria mientras los padres y madres presentes le pedían a gritos que no los defraudara.

La representante de la Comisión Ciudadana Forense, también madre con un hijo desaparecido, Julia Alonso, advirtió a las familias que tomaran con reservas las promesas de la PGR porque en su caso, como en el de miles de otras familias con miembros que están desaparecidos, no ha cumplido sus promesas.

Bitácora de hallazgos

Según un recuento realizado por esta reportera, desde el 26 de septiembre cuando ocurrió la detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, por parte de policías municipales de Iguala y de Cocula, las búsquedas han llevado al constante descubrimiento de fosas ocupadas por otros cuerpos que no son los de los buscados.

El 4 de octubre la procuraduría de Guerrero informó del hallazgo de seis fosas (“una vacía”) que contenían 28 cuerpos en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala. Estos habían sido calcinados.

El 10 de octubre la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido calcinados. Después se negó toda información.

(Mientras tanto, el 14 de octubre los policías comunitarios habían informado del hallazgo de otras cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros ubican como Las Parotas. En ese entonces se desconocía el número de restos.
El 15 anunciaron del hallazgo de otras seis fosas, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, ubicado por Las Parotas, donde habían encontrado esa misma semana. No se sabía si tenían restos.)

El 22 de octubre la PGR se trasladó a “Pueblo Viejo”, al mismo punto donde se habían localizado las seis primeras fosas por parte de la procuraduría de Guerrero, y con el apoyo de georadares, a menos de un metro de las primeras seis fosas, encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.

El 25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR envió un comunicado en el que establecía que hasta ese momento había hallado 11 fosas y que sólo 10 de estas tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos “eran las mismas” que el gobierno había destapado antes.

De los 38 cuerpos exhumados en las primeras fosas admitidas por la PGR entre octubre y noviembre –antes de que comenzara a trabajar con UPOEG fue identificada
a familia (un papá con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a un velorio son los otros desaparecidos que han sido hallados en las fosas de Iguala, durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.

Se trataba del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz, detenidos por la policía de Iguala. Hasta la semana antepasada los restos no habían sido entregados a sus familias y permanecían en el Semefo de Chilpancingo.

Según información de la prensa local, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que fue detenido declaró que en una de las primeras fosas de Pueblo Viejo también estaría el jefe de la policía de Iguala, comandante Ramiro Ocampo Pineda, desaparecido el 10 de mayo de 2013.

El 7 de noviembre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que en el basurero del municipio de Cocula, paraje conocido como El Hoyo del Papayo, los 43 estudiantes habían sido asesinados, calcinados y fragmentados, y sus restos esparcidos en el río San Juan.

En la vera de ese río –dijo el procurador– habría otro punto de incineración de cuerpos usado por el mismo grupo criminal con anterioridad, que iba a ser localizado.


El 30 de octubre se anunció el hallazgo de 13 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y uno en Eduardo Neri (Zumpango), ambos cercanos a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Estas no estaban relacionadas con la búsqueda de los estudiantes. Uno de los cuerpo encontrados en Ocotitlán era el del misionero africano John Ssenyondo. Esas fosas no fueron descubiertas en la búsqueda de los 43 estudiantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Reportan la desaparición de seis personas en Coahuila

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila (PGJE) investiga la desaparición de seis personas, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 29 de noviembre.

De acuerdo con la denuncia de Guadalupe Ortiz, ese día dos de sus hijas, su nuera y tres nietos salieron de Allende hacia el municipio de Morelos, para asistir a una fiesta y desde entonces no supieron más de ellos.

La PGJE pidió el apoyo de la población para continuar con las pesquisas que logren la ubicación de la familia desaparecida, que supuestamente viajaba en una camioneta Suburban cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el estado de Coahuila se encuentra entre las cinco entidades con mayor número de desaparecidos, con un total de mil 428 averiguaciones previas del fuero común al pasado 24 de noviembre.

En primer lugar se encuentra Tamaulipas, con 5 mil 293 casos, seguido de Jalisco, con 2 mil 139; Estado de México, mil 730; Coahuila, mil 428, y Sonora, con mil 393.

Las otras entidades en la lista del RNPED son: Baja California, con mil 157; Chihuahua, mil 145; Nuevo León, mil 138, y Guanajuato, con mil 88.

El resto de los estados presentan casos por debajo de las 986 personas, siendo Nayarit el que tiene el menor número: 12.

A nivel nacional la mayoría de las personas que no han sido localizadas figuran entre 20 y 39 años de edad, y en algunos casos se ha señalado a las autoridades de seguridad estatal y municipal como las principales autoras de las desapariciones.

En relación al número de averiguaciones previas del fuero federal sobre las personas que no han sido localizadas este año, Coahuila también se ubica entre los cinco primeros lugares.


En ese sentido, Tamaulipas reporta 87 casos, seguido de Guerrero con 56, Veracruz con 48, Distrito Federal con 22 y Coahuila con 18.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Murió Vicente Leñero, periodista, escritor y fundador de ‘Proceso’

El periodista Vicente Leñero, fundador de la Revista Proceso, murió este miércoles 3 de diciembre, a sus 81 años. Así lo confirmó el reportero de ese medio, Álvaro Delgado.

Vicente Leñero, fundador de la revista Proceso, murió este miércoles.

Era considerado uno de los autores más importantes del medio siglo XX mexicano.

Fue un polifacético autor que lo mismo ha abordado con éxito la novela, el teatro, la crónica, el cuento y el guión cinematográfico, además de ser maestro de varias generaciones de periodistas.

Ha escrito en total 20 guiones de cine, una decena de novelas, 14 otras de teatro y tres compilaciones de cuentos, lo que ha decir de sus colegas lo convierte en un escritor profesional.

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933.

De acuerdo con sus biógrafos, se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1959, con el grado de ingeniero civil, pero Leñero pronto se refugió en la escritura. 

Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Su primera novela fue “La polvareda” que le publicó Editorial Jus; luego vendría “La voz adolorida” (1961), el monólogo de un enfermo mental en torno a la vida, con el que muestra el realismo psicológico de sus primeros escritos.

En 1963 vinieron “Los albañiles”, que le valió el Premio Biblioteca Breve. El trabajo narra la historia de un velador en una construcción.

Poco después Leñero empezó a escribir guiones teatrales, adaptando “Los albañiles”, en 1970; “La carpa”, en 1971, y “Los hijos de Sánchez”, de Oscar Lewis, en 1972.

Se dice que influyó en el inicio del género documental del teatro en México, y dos de sus trabajos notables son “Pueblo rechazado” y “El juicio”.

En los años 80, Leñero publicó con éxito varios libros documentales, como “La gota de agua” y “Asesinato”.

Leñero también incursionó en otros géneros. Fue guionista de la película “El crimen del padre Amaro” (2002), una de las películas mexicanas más exitosas; y como periodista ha publicado para el diario Excélsior y en las revistas Claudia y Proceso.

Su paso de Excélsior a Proceso, éste último medio lo relata así: “En 1976, Vicente Leñero condenó el llamado golpe a Excélsior asestado por el gobierno de Echeverría contra la dirección de Excélsior que, con Julio Scherer García al frente, había iniciado un periodismo crítico de enorme rigor. El 8 de julio de ese año Leñero fue uno de los más de 200 miembros de la cooperativa Excélsior que respaldó a Scherer, quien de inmediato se alistó para responder al régimen con una nueva publicación: la revista Proceso”.

En la revista, su entrevista con el subcomandante Marcos alcanzó difusión internacional en 1994.


Por toda su incansable trayectoria, recibirá un homenaje este jueves en Bellas Artes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia

Debido a su muerte, el presidente Enrique Peña Nieto deberá presentar al Senado una terna de aspirantes a la SCJN, para relevarlo.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, falleció este miércoles 3 de diciembre, a los 73 años de edad.

Previamente, había enfrentado serios problemas de salud (desde 2012), relacionados con hepatitis C e insuficiencia renal.

Valls, originario de Chiapas, era integrante de la Segunda Sala de la Corte.

El 6 de octubre pasado, el pleno de la Corte concedió licencia por un mes al ministro Sergio Valls Hernández, quien la solicitó “para estar en posibilidad de dedicarme de tiempo completo a mi tratamiento médico”.

En la solicitud que entregó al ministro presidente Juan Silva Meza, Valls Hernández indicó que la requirió “con la finalidad de contribuir a generar certidumbre en el funcionamiento del pleno, de la Segunda Sala, así como en la resolución de asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Guiado por mi sentido de responsabilidad, he solicitado al ministro presidente y al pleno, por su conducto viéndome favorecido, licencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 98, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norma las licencias de ministros por un mes”, subrayó.

“Agradezco las muestras de apoyo para mi pronta recuperación”, subrayó el ministro Valls en su petición de licencia de octubre pasado.

Valls Hernández, quien asumió el cargo de ministro en el 2004, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 20 de mayo de 1941, era abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se recibió con mención honorífica, el 29 de agosto de 1964.

También realizó estudios de especialización en impuestos, inversión extranjera, Ley Federal del Trabajo, Ley de Amparo y Ley del Seguro Social. Cursó el Diplomado en Historia Contemporánea de México en la Universidad Iberoamericana.

De igual manera, fue director de Asuntos Jurídicos y de Legislación de la desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, jefe del Departamento Legal del Infonavit y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Además, se desempeñó como director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, consejero del Consejo de la Judicatura Federal y diputado federal por el IX Distrito Electoral de Chiapas.

El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a la familia del ministro:

Expreso mi más sentido pésame a los familiares, colegas y amigos del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) diciembre 3, 2014

FUENTE: ARISTEGUI NOTICAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Mancera y Policía Federal, culpables por no actuar contra encapuchados: Procentrhico

(2 de diciembre, 2014).- El gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera y la Policía Federal son los únicos culpables de que los encapuchados hayan atacado diversos establecimientos de la Ciudad de México y realizaran actos vandálicos, pues no realizaron las detenciones necesarias, así lo denunció el titular de asociación civil Procentrhico, Guillermo Gazal

Por medio de un comunicado, el líder empresario tildó de “vergonzante” el actuar de los cuerpos policiacos locales y federales, pues ayer, al margen de la pletórica marcha pacífica para exigir la renuncia de Peña Nieto y justicia por el caso Ayotzinapa, un grupos de esbozados fue captado incluso en escenas para televisión mientras destrozaban comercios y dañaban mobiliario de la ciudad, mientras los uniformados sólo los veían.

Gazal indicó que es responsabilidad del titular Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Jesús Almeida el saber la diferencia entre los protocolos para preservar el orden público en las movilizaciones y el actuar de los policías cuando hay crímenes flagrantes.

“Todos los capitalinos sabemos que las marchas se llevan a cabo con orden, pero que en determinadas zonas los anarcos causan desmanes. ¿Será muy difícil que además de detectar la presencia de estos delincuentes, al momento de causar los destrozos que todos vimos ayer por televisión, se les detenga?”, cuestionó el empresario quien además calificó como un error querer aprehenderlos posteriormente, pues se producen detenciones arbitrarias.

“Los ciudadanos queremos que nuestra policía actúe en el momento, que tenga capacidad de respuesta y sea eficiente, para que después no salgan libres estos vándalos”, manifestó Gazal en el comunicado para luego indicar que se contaba con el tiempo necesario para detener a los encapuchados, pues mientras los periodistas pudieron registrar los hechos violentos, la policía no actuó.


Por último, en el texto difundido por Procentrhico, el presidente de dicha organización refiere que tanto el gobierno capitalino como el Federal deben ser conscientes de que si no actúan contra dichos grupos violentos, éstos terminaran por “secuestrar” a la población, pues seguirán actuando con total impunidad.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Presidente del PAN critica iniciativa en seguridad de Peña; la califica de imprecisa y limitada

(2 de diciembre, 2014).- Contrario a la postura que asumieron durante el Pacto por México, Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la iniciativa de reforma en seguridad presentada por Peña Nieto la semana pasada, cuenta con múltiples riesgos además de resultar imprecisa y limitada.

“Los mecanismos expuestos en dicha iniciativa en materia de infiltración, Mando Único y competencias de las autoridades, deja abierta la puerta a intervenciones discrecionales y autoritarias”, expresó el político blanquiazul.

Por medio de un comunicado, Anaya expuso que la propuesta de Peña “atenta contra el federalismo, al no plantear con suficiente claridad los supuestos, la temporalidad y las condiciones en que está justificada la intervención de la Federación, así como las acciones que deben emprenderse para fortalecer a los municipios, a fin de prevenir la infiltración del crimen organizado”.

“No hay espacio para improvisar. Tenemos que estar seguros de que las reformas mejoren la situación de México “, sentenció el panista, quien además solicitó a los grupos parlamentarios de su partido y a las fundaciones adjuntas, realizar un análisis profundo para posteriormente presentar propuestas serias en la próxima discusión que sostendrán en el Congreso.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.

Es funcionario del GDF quien participó en los disturbios del #1DMX

Según queda evidenciado en un video captado por Animal Político, un funcionario fue capturado en flagrancia por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, quienes inmediatamente después lo pusieron en libertad, al constatar que se trataba de un "compañero", como ellos mismos lo identificaron.

Tal como revelan los videos captados durante los disturbios callejeros del pasado lunes 1 de diciembre, distintos policías capitalinos vestidos de civil participaron en las agresiones contra granaderos y manifestantes que se suscitaron en Paseo de la Reforma, al concluir la protesta pacífica por la quinta Jornada Global por Ayotzinapa.

Según queda evidenciado en un video captado por Animal Político, uno de estos policías de civil fue capturado en flagrancia por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, quienes inmediatamente después lo pusieron en libertad, al constatar que se trataba de un “compañero”, como ellos mismos lo identifican.

Sin embargo, al mediodía de este miércoles 3 de diciembre, el director general de Concertación Política y Atención Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, Israel de Rosas Gazano, precisó que no se trata de un policía capitalino sino que la persona identificada en el video es Israel Rodríguez Montalbán, subdirector de Gestión Social de esa Dirección.

“La Dirección General de Concertación Política informa a usted que la persona que muestran en el primer video que acompaña la nota, responde al nombre de Israel Rodríguez Montalbán, quien se desempeña como Subdirector de Gestión Social de esta Dirección“, precisó la Dirección en un comunicado.

En el video, captado a las 20:25 horas del pasado lunes 1 de diciembre, puede apreciarse que entre los agresores que participan en los desmanes ante el Senado de la República está un hombre de chamarra de cuero negra y pantalón de mezclilla, quien lanza un tubo metálico hacia donde granaderos y manifestantes se jalonean, luego de lo cual es aprehendido por dos policías uniformados que, tras inmovilizarlo, lo reducen a golpes. Sin embargo, algunos segundos después, otros granaderos que presencian el arresto gritan “¡espérense, es compañero!”, por lo que los agentes que lo acababan de detener cesan los golpes y lo ayudan a incorporarse.

El video también muestra cómo este hombre, maltrecho por los golpes recibidos, es auxiliado por los granaderos para alejarse de la reyerta, hasta llegar al camellón de Paseo de la Reforma, donde otros funcionarios que participaban en el operativo policiaco (también vestidos de civil) se acercan para ayudarlo, momento en el que pudo ser consultado por Animal Político sobre su identidad.

–¿Usted es policía? –se le cuestiona.

–No –responde, aún sosteniéndose en los dos granaderos que lo asisten–, soy un ciudadano normal.

–Pero aquí acaban de decir que es “compañero” –se le insiste–, lo acaban de decir hace un momento…

Cuestionamiento ante el cual, el sujeto, exaltado, respondió con un “¡déjame en paz, pendejo!” Inmediatamente después, otros granaderos forman valla en torno a este hombre para resguardarlo y, empujando al reportero con sus escudos, ordenaron: “Ya vete de aquí”.

Luego, a las 20:27 horas, es decir, dos minutos después de ser detenido por participar en los disturbios, este hombre, siempre cobijado por la policía capitalina, se aleja del lugar sin que nadie se lo impida.

En respuesta, De Rosas Gazano explicó que “Rodríguez Montalbán fue golpeado por un grupo de encapuchados de los autodenominados anarquistas, por lo que oportunamente levantó la denuncia.

“Cabe señalar que el compañero fue rescatado por oficiales de la SSP-DF cuando se percataron que era víctima de una agresión”, explicó en una carta enviada a Animal Político.


Detalló que personal de su Dirección acompaña todas las marchas que ocurren en la ciudad, “por lo que es muy común que compañeros nuestros se encuentren en este tipo de manifestaciones, ya que precisamente su función es concertar con los diversos grupos que se manifiestan a fin de encontrar opciones que afecten lo menos posible la movilidad de la ciudad”.

  Es funcionario del GDF quien participó en los disturbios del #1DMX (videos)

VÍDEOS:





La respuesta de la Dirección General de Concertación Política llegó después de que Animal Político se pusiera en contacto con Octavio Campos, del equipo de atención a prensa de la policía capitalina, para conocer la postura de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Durante la entrevista, Campos negó que agentes sin uniforme ni identificación oficial se inmiscuyeran en las reyertas callejeras del lunes.

Sin embargo, la presunta participación de policías vestidos de civil y sin identificación oficial en los disturbios del lunes pasado quedó también registrada en un video captado por el colectivo periodístico Regeneración Radio, el cual muestra cómo un sujeto obeso, vestido igualmente con pantalón de mezclilla y chamarra oscura –atada a la cintura–, patea a un joven al que granaderos de la SSP mantienen sometido en el suelo.


Tal como muestra el video de Regeneración Radio (en el segundo 0:53), este sujeto golpea al detenido mientras le grita “vete a la verga, güey, hijo de tu puta madre”, siempre con la anuencia de los policías de la SSP, los cuales esperan hasta que deja de patearlo, para tender un cerco en torno al detenido.

Durante los disturbios del lunes, las autoridades capitalinas arrestaron a tres jóvenes a los cuales imputó los delitos de “ataques a la paz pública” (delito del fuero común, equivalente al terrorismo en el fuero federal), así como “portación de objetos aptos para agredir” y “ultrajes a la autoridad”, a diferencia de los policías vestidos de civil que participaron en los mismos desmanes, a los cuales la autoridad no sólo permitió realizar libremente distintas agresiones contra manifestantes y granaderos, sino que, incluso, pusieron en libertad a uno de ellos cuando fue detenido en flagrancia.

GDF ignoró a Derechos Humanos

La presencia de policías vestidos de civil durante la manifestación del 1 de diciembre se realizó a pesar de que, un día antes, la Comisión de Derechos Humanos del DF había exigido a las autoridades capitalinas que “los elementos de las fuerzas del orden” estuvieran “debidamente uniformados e identificados“, lo cual no ocurrió.

Además, las autoridades capitalinas tampoco cumplieron la demanda de la CDHDF de habilitar “rutas de salida que garanticen la integridad de las personas en caso de contingencia o eventualidad, evitando cualquier medida o acción policial que genere espacios confinados” y, por el contrario, al final de la manifestación, los granaderos cercaron frente al Senado a un grupo de alrededor de 200 participantes en la protesta, a los cuales impidió abandonar la zona por más de una hora. De hecho, para que estos manifestantes fueran liberados por la policía tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual debió negociar con el gobierno capitalino no sólo que se permitiera partir a las personas cercadas, sino también que se les permitiera el acceso a las instalaciones del Metro, lo cual inicialmente les había sido negado.

Por último, el Gobierno del DF tampoco acató la exigencia de “asegurar el acceso inmediato a los servicios de urgencias y primeros auxilios” para quienes así lo requirieran, ya que las personas que resultaron heridas durante la intervención policiaca frente al Senado no sólo no fueron atendidas, sino que cuando el colectivo de paramédicos Marabunta intentó prestarles auxilio, los policías los encapsularon junto con el resto de los manifestantes.

Infiltración policiaca, práctica reiterada

La infiltración de policías vestidos de civil en protestas ciudadanas fue reconocida por autoridades capitalinas desde octubre de 2013, cuando agentes judiciales sin identificación oficial arrestaron a distintos jóvenes, durante la marcha con la que el año pasado se conmemoró la Matanza de Tlatelolco, y los entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública para su procesamiento formal.

En ese momento, el procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, admitió que agentes de la PGJDF se habían infiltrado en las protestas para realizar detenciones, siempre en coordinación con la SSDF. “Efectivamente, la Policía de Investigación está informalmente vestida de civil –dijo en octubre de 2013 el funcionario– (…) En todos los operativos hay una extraordinaria colaboración entre la SSPDF y la PGJDF, por lo que, normalmente, en todos los actos masivos donde haya un grupo importante de personas hay elementos de las dos (corporaciones)”.


La participación de policías vestidos de civil fue nuevamente constatada el 1 de diciembre de 2013, cuando personas sin uniforme ni identificación oficial capturaron a distintos manifestantes que pretendían protestar frente a Televisa.



En ese momento, de hecho, Animal Político no sólo pudo captar en video el momento en que estos civiles capturaban a jóvenes a los que luego entregaban a agentes de la SSP, sino que, incluso, pudo ser captado el instante en que un funcionario capitalino que coordinaba el operativo le sembró un pasamontañas a uno de los detenidos.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Los claroscuros de Los Ramones

Los detalles del contrato de Sempra en este proyecto permanecen en calidad de reservados.  El IFAI respondió que esto se debe a que  difundir las especificaciones sería un riesgo para su realización.

La inauguración de la primera fase del gasoducto Los Ramones puesta en marcha ayer por el presidente Enrique Peña Nieto coloca una piedra más sobre la opacidad del proyecto.

La participación de Sempra Energy en la construcción y administración del gasoducto se escapa al alcance de la publicidad de contratos por el IFAI, a Compranet y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

El proyecto se maneja como construido por “un privado” y Pemex Internacional.

Los avances sobre la primera fase -que se presentaron ante el Consejo de Administración de Pemex el 16 de enero del año pasado y podrían dar luz sobre su adjudicación a un consorcio que integra Sempra Energy- fueron reservados durante los próximos 12 años. 

La causa, explicó la paraestatal en la respuesta a una solicitud de información, fue que “difundir las especificaciones del mismo significaría aumentar el riesgo de su realización, así como el de la estabilidad financiera y económica del organismo y de las sociedades mercantiles involucradas en su planeación, desarrollo y ejecución”.

Los contratos para el transporte de gas en Ramones I y Ramones Norte, que beneficiarán al consorcio Sempra-Pemex Gas durante los próximos 25 años, también están reservados. 

Su difusión, dijo Pemex, “podría resultar útil para un competidor y pudiera afectar sus intereses, al darse a conocer las condiciones en las que este proyecto es desarrollado”.

Esta falta de información siembra dudas sobre los alcances de una resolución emitida en 2009 por la Comisión Federal de Competencia Económica. 

El documento, aprobado entonces con los votos en contra de José Agustín Navarro y Miguel Flores Bernés, podría ser el camino para que Sempra se quede con la administración total de Gasoductos de Chihuahua, el consorcio que manejará el gasoducto de Los Ramones. 

Las redes del gasoducto

La primera piedra en la construcción de Los Ramones se puso el 28 de marzo pasado. Nueve meses antes, el 27 de junio de 2013, el director general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat entregó una autorización de tiempo indefinido para operar la primera fase del gasoducto.

La autorización se dio a la compañía Gasoductos del Noreste, una filial de Gasoductos de Chihuahua, que integran al 50 por ciento Sempra y Pemex Gas.

En mayo de este año, TAG Pipelines -otra compañía conformada fuera de México- recibió la autorización para operar la fase II Norte del gasoducto.

Reporte Indigo publicó el 9 de julio de este año, que esta empresa fue constituida el 2 de marzo de 2012 por MGI Supply Ltd. y MGI Enterprises Ltd., sociedades offshore creadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Estas compañías aportaron 686 millones de pesos de capital social para la creación de TAG Pipelines, recursos provenientes de sus flujos y operaciones que realiza PGPB en el mercado mundial del gas natural.

A diferencia de la primera, la autorización para TAG fue firmada por 31 años. 

Los contratos

Los contratos para el transporte de gas en Ramones I y Ramones Norte, que beneficiarán al consorcio Sempra-Pemex Gas durante los próximos 25 años, también están reservados

Gasoductos de Chihuahua es copropiedad de Sempra y Pemex Gas. Operan conjuntamente:
Gasoducto San Fernando
Gasoducto Samalayuca
Ducto de Gas LP TDF
Estación Gloria a Dios
Terminal de Gas LP en Gdl.

En construcción...

El Etanoducto
Los Ramones I 
Los Ramones Norte

Crédito extranjero

En octubre del año pasado, Pemex anunció que Los Ramones II se dividiría en dos segmentos llamados Ramones Norte y Sur. 

Era una forma de adjudicar directamente un concurso que había sido declarado como desierto diez días antes. 

Los 440 kilómetros de Los Ramones Norte inician en Ramones, Nuevo León e irán hasta San Luis Potosí. 

Debe inaugurarse en diciembre del próximo año y será construido por TAG Norte, nuevamente constituida con un 50 por ciento de participación de Pemex Gas y otra mitad de acciones de Gasoductos de Chihuahua, donde está Sempra.

La inauguración de la primera fase coincide con el primer aniversario de la contratación de un crédito por 475 millones de dólares a un plazo de 13 años que suscribió en diciembre del año pasado Gasoductos de Chihuahua con Bancomer,  Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mitzuho Bank y Norddeutsche Landesbank. 

La sociedad comenzó a disponer del dinero durante este año. 

En julio pasado, una subsidiaria de Gasoductos de Chihuahua firmó otro contrato con Pemex Gas para el transporte de gas natural por este ducto. Será por los próximos 25 años.

Tag Norte también tiene un contrato para transporte en Ramones Norte por 25 años, firmado en marzo pasado. Comenzarán a correr a partir de que se inaugure esa segunda parte, en diciembre del próximo año. 

‘El resultado de la reforma energética’

Ayer, Enrique Peña Nieto inauguró la primera fase del sistema de transporte de gas natural por ducto Los Ramones, la mayor obra de infraestructura de transporte en México en los últimos 40 años.

En el evento, realizado en la nueva estación de compresión Los Ramones, Nuevo León, el mandatario señaló que este sistema será pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad energética de México. 


Afirmó que esta magna obra es resultado de la reforma energética, como respuesta al reto de satisfacer la demanda de gas natural, lo que permitirá atraer inversiones productivas, generar empleos e impulsar la competitividad del país, al contar con un combustible más económico y menos contaminante, además de detonar el crecimiento de distintas zonas del país.

Los Ramones permitirá la importación de hasta 2.1 billones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que representa casi un tercio del consumo total actual a nivel nacional, a fin de satisfacer la creciente demanda del combustible, principalmente en la zona centro-occidente del país.


En su intervención, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, resaltó que Los Ramones eS uno de los proyectos energéticos más ambiciosos y de mayor visión en la historia de México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se cae la mesa de negociación

La mesa de diálogo del IPN quedó nuevamente suspendida luego de que los estudiantes condicionaron el acuerdo a la liberación de tres detenidos durante una marcha.

Acusando intransigencia por parte de la representación estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, las autoridades abandonaros las negociaciones en Zacatenco y estas volvieron a quedar en suspenso. 

Para firmar los ocho acuerdos alcanzados y continuar el diálogo, los estudiantes exigieron al Gobierno la liberación de tres detenidos por presuntos actos vandálicos, quienes fueron arrestados este lunes en Paseo de la Reforma al término de la marcha por Ayotzinapa. 

Por ello, los funcionarios federales participantes solicitaron media hora de receso para analizar la postura de los representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), pero no regresaron a la mesa y se retiraron sin anunciarlo.

En un comunicado posterior al encuentro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que al inicio de los trabajos, la representación gubernamental ratificó su disposición al diálogo y a la suscripción de acuerdos para reanudar labores inmediatamente.

Postura ‘inflexible’

El informe de la SEP señaló que la representación gubernamental manifestó entender la preocupación de los estudiantes y ofreció la asesoría jurídica necesaria, pero pidió que no se entorpeciera la firma de los acuerdos ya logrados. 


 A pregunta expresa de si la posición de los representantes de la asamblea politécnica era no continuar el diálogo si no estaban liberados y presentes los detenidos, los estudiantes mantuvieron su postura inflexible, menciona el comunicado. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

“Protestas sociales no se solucionan con órdenes de aprehensión”: rector de la UPAEP

Ante la ola de detenciones que la policía ha realizado en las últimas protestas, el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, señaló que “girar órdenes de aprehensión en contra de los líderes sociales y de algunas autoridades auxiliares del Estado de Puebla, no es la vía para la solución de los conflictos existentes”, ya que la inconformidad proviene de las políticas impositivas del gobierno de Moreno Valle.

Además, explicó que en las sociedades democráticas debe haber espacio para las manifestaciones públicas ordenadas, pues la voz ciudadanas debe ser escuchada por las instancias correspondientes.

Desde la perspectiva del académico, el ejercicio de la ley no puede ser reclamado por nadie para sí mismo, por capricho, pues la sociedad actual exige el apego a la legalidad. Lo que implica no reprimir las manifestaciones.

Sobre la orden de aprehensión contra “Simitrio”, líder de vendedores ambulantes de la organización 28 de Octubre y su familia, el rector comentó que se debe apostar a la institucionalidad, al respeto al estado de derecho y los derechos humanos.


Baños Ardavín apuntó que si se comete algún exceso en la vida pública, los integrantes de la sociedad deben armonizarlos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Si los anarquistas no son del gobierno, sí son útiles a su estrategia de restar visibilidad a protestas: ONG

Desde el 1 de diciembre de 2012, fecha en que Enrique Peña Nieto tomó posesión del Ejecutivo Federal, a las manifestaciones se sumó un grupo de jóvenes con una característica en común: el rostro cubierto.

Identificados como “anarquistas”, estos colectivos tienen un patrón que se inserta en un ciclo sin fin: violencia, represión policiaca y detenciones arbitrarias, por lo que Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que su forma de actuar revela que no operan de forma circunstancial y, en cambio, buscan desviar la atención pública de las manifestaciones.

Sin importar si se trata de anarquistas auténticos o infiltrados, estos grupos aprovechan las fallas de la policía para realizar actos menores muy mediáticos, que apartan la atención de las movilizaciones pacíficas.

Cortez aclaró que “aun si estos grupos de anarquistas no son infiltrados del gobierno, sus actos terminan siendo muy útiles a la estrategia del gobierno de restar visibilidad a las protestas. Para algunos medios, se nota más unos vidrios rotos que el reclamo de los ciudadanos”.

Aunque no aseguró nada sobre los vínculos entre el gobierno y los anarquistas, tampoco descartó que haya vínculos. “Conociendo las prácticas de la clase política, es probable que infiltraran marchas para generar descrédito”, aclaró.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.

Tiempos de negociación

Para conseguir el voto aprobatorio a la iniciativa de crear un Mando Único, el Gobierno Federal se ve orillado a pactar con el PAN y el PRD.

En medio de la peor crisis de su Gobierno y a unos meses del proceso electoral federal intermedio, el presidente Enrique Peña Nieto se ve obligado a negociar con el PAN y el PRD el voto para la iniciativa de crear el Mando Único.

Peña Nieto ya enfrentó este mismo escenario en 2013, cuando se negociaba la reforma energética y la reforma hacendaria.

En ese año, apesar de la existencia del Pacto por México, el PAN condicionó su voto aprobatorio a la reforma energética a cambio de la aprobación de la reforma político electoral.

Por su parte, el PRD pidió la creación de un fondo dentro del Presupuesto de Egresos, que diera más recursos a la capital del país para el 2014, a cambio de su voto en la reforma hacendaria.

Ahora, la moneda de cambio con el PAN será la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados. Además, la posibilidad de que Acción Nacional pueda llevar mano en el nombramiento del Zar Anticorrupción, que deberá realizarse en el Senado.

La negociación llega también en tiempos electorales, a seis meses de que el país salga a las urnas a elegir a los nuevos 500 diputados federales y en 17 entidades haya elecciones locales, nueve de ellas para elegir a un nuevo gobernador.

Para su análisis, la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo fue enviada al Senado y turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos Segunda y Puntos Constitucionales. Cada una de ellas, presidida por senadores de diferentes partidos políticos.

En la Comisión de Justicia preside Roberto Gil Zuarth, senador por el PAN, quien ya ha dejado ver que aunque la intención de los priistas y el Gobierno Federal es que esta iniciativa quede aprobada antes de concluir el actual periodo de sesiones, es probable que no transite tan fácil si no se da algo a cambio.

“Va a depender de la voluntad política de las partes. Si el gobierno y su partido entienden que la única posibilidad de equilibrio y de consenso es aprobar su iniciativa tal y como la mandaron, vamos a tener muy pocos márgenes de entendimiento; pero si hay apertura para discutir y analizar otras propuestas que están en el Congreso, habremos de encontrar márgenes de consenso de manera más clara”, advirtió Gil.

El panista puso sobre la mesa las iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción y otras con las de desaparición forzada, de tortura o el fortalecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuentran “durmiendo el sueño de los justos” en comisiones presididas por el PRI.

“Si hay voluntad política para construir un paquete integral de reformas que fortalezcan la seguridad y el Estado de Derecho, Acción Nacional va a concurrir. Hay propuesta, hay ideas, hay iniciativas; lo que falta es voluntad política para concretarlas”, sentenció Gil Zuarth.

La negociación a varios frentes

Con el PRD, la negociación podría ser más complicada.

La crisis interna que vive el partido del sol azteca, pone al Ejecutivo en la disyuntiva de con quién negociar, pues la existencia de “varios PRD” puede dificultar el trato con el sector que pueda garantizar un voto aprobatorio.

Una parte de la negociación cayó en manos de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidida por el perredista Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales opositores a Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD y quien ya sugiriera que será complicado pasar en fast track la iniciativa presidencial.

Encinas advirtió que las reformas propuestas por el Ejecutivo podrían tener un uso político por la discrecionalidad con la que se podría tratar, por ejemplo, la disolución de los ayuntamientos.

“Bastará la presunción, el hecho de que exista un indicio para que el fiscal general, a través del secretario de Gobierno, le solicite al Senado de la República la disolución del ayuntamiento.

“No hay autoridad jurídica, no hay un debido proceso y la discrecionalidad con la que se pude aplicar esta medida, sin lugar a dudas tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político”, consideró Encinas.

A esta discrecionalidad se suma la imposibilidad que tendrán los ayuntamientos de presentar una controversia constitucional contra la medida; es decir, no podrán defenderse.

Tanto el PAN como el PRD coinciden en que se debe combatir la infiltración del crimen organizado no solo en los municipios, sino en todos los niveles de gobierno.


Y aunque el PRI y el Ejecutivo pretenden que se avalen estos cambios antes de que finalice el 2014, si sus opositores mantienen su postura y no se logra una negociación con ambas partes, esta reforma podría aprobarse hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Iguales, pero diferentes

Las propuesta de Enrique Peña Nieto y la que hizo Felipe Calderón hace cuatro años para crear un Mando Único policial tienen como objetivo final sanear a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, hay una diferencia clave: Con Calderón la iniciativa era selectiva, con Peña Nieto es obligatoria.

El lunes, Enrique Peña Nieto envió al Congreso la propuesta de reforma a la Constitución que permitirá contar con 32 policías estatales únicas.

La intención es crear mecanismos que permitan revisar a gobiernos municipales cuando haya sospechas de que esté involucrado el crimen organizado.

Peña Nieto reconoció que lo ocurrido en Iguala exhibió las vulnerabilidades de los gobiernos municipales.

“México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido”, dijo.

Hace más de cuatro años, el 7 de octubre de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa similar.

“Es necesario dar un golpe de timón en el modelo de organización policial que permita el Estado mexicano garantizar la seguridad pública en todo el país”, señaló en ese entonces el panista. 

La iniciativa se quedó en comisiones del Senado, ni siquiera los senadores panistas estuvieron de acuerdo.

Los principales argumentos en contra fue que la propuesta quería darle todo el poder al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Enrique Peña Nieto

> El Mando Único Estatal será obligatorio para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.

> La intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado deberá ser resultado de un proceso en el que participen los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y estatales.

> No incluye policías metropolitanas ni reacción inmediata.

Felipe Calderón

> Contemplaba solo a los municipios con cuerpos policiacos débiles o penetrados por el crimen organizado y que se retirara en función de la profesionalización de los policías municipales.

> La Secretaría de Seguridad Pública –entonces a cargo de Genaro García Luna– tendría la facultad de intervenir un municipio, sin mediar procedimiento entre los Poderes de la Unión.

> Proponía la creación de policías metropolitanas y del concepto “reacción inmediata”, para lo cual eliminaba la frontera entre los fueros federal y común.

Coincidencias

> La homologación de los ingresos
> Los criterios de profesionalización de los policías

> La homologación de los protocolos de actuación y operación

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Un gobernador sin capacidad, como Miguel Alonso en Zacatecas, ya debería haber renunciado: PT

La dirigente petista en la entidad, Geovanna Bañuelos sostuvo que la renuncia de Alonso es el sueño de todos los zacatecanos. Preocupa que las propias autoridades anuncien la llegada de grupos criminales a la entidad, adujo. No podemos tener un gobernador de puros eventos sociales, cuando la inseguridad está cada vez peor, sentenció.

El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, debió renunciar durante el primer año de su administración, ya que ha demostrado que no tiene la capacidad para hacer frente a la problemática que exige cada sector en el estado, sostuvo Geovanna Bañuelos, Comisionada Política del Partido del Trabajo (PT) en dicha entidad.

Al enfatizar que la renuncia de Alonso Reyes es el sueño de todos los zacatecanos, reconoció que se trata de un proceso político y legal muy largo que tiene que desahogarse en la Legislatura local: “volvemos a lo mismo, de unos a otros se lavan la cara y con la mayoría de diputados priistas es casi imposible”.

Agregó que Miguel Alonso debe solicitar la renuncia de sus funcionarios, principalmente los encargados del área de seguridad, quienes han demostrado no tener la capacidad de enfrentar la grave problemática de inseguridad que priva en el estado.

Lo anterior, luego de mencionar que, tan sólo en octubre y noviembre pasados, se registraron 36 homicidios y durante la semana pasada hubo asesinatos, enfrentamientos, balaceras y ejecuciones en diferentes municipios y preocupa que las propias autoridades anuncien la llegada de grupos criminales a territorio estatal.

“Exigimos medidas para contener la inseguridad, pues los zacatecanos no pueden estar tan expuestos ante sicarios, extorsionadores y secuestradores; la ciudadanía está cansada de que se atente contra su persona, integridad y patrimonio”.

La petista solicitó que se hagan públicos los resultados de los exámenes de control y confianza del procurador, el secretario de Seguridad Pública y de todos los mandos superiores quienes, en caso de no haberlos aprobado, deben ser despedidos, como lo hicieron con los más de mil elementos policiacos que no aprobaron dichas evaluaciones.


Considera que el problema es que no se tiene una estrategia eficaz ni a los funcionarios capaces de enfrentar el grave problema de inseguridad, así es que “no podemos tener a un gobernador que siga cortando listones, coronando reinas, asistiendo a eventos sociales y que siga promocionando que vivimos en un estado seguro, cuando en dicha materia estamos cada vez peor”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Martha Villagrana.

Sindicatos y partidos, sujetos obligados en nueva Ley de Transparencia

MÉXICO, D.F: Por primera vez en esta Legislatura, PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron en el Senado una iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información consensuada con organizaciones no gubernamentales, que incorpora a los sindicatos y a los partidos como nuevos sujetos obligados, así como avances en materia de protección de datos personales.

La ampliación de los sujetos obligados propone que sean también órganos autónomos, sindicatos y “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.

La iniciativa –que no surgió del Pacto por México– prevé también reducir de 12 a siete años el tiempo de reserva de información; establece un mecanismo más claro para el procedimiento de clasificar información como “reservada o confidencial”, e incorpora la figura del caso de denunciantes que hayan trabajado en las estructuras de gobierno, sin criminalizar a los informantes.

Este es un efecto inmediato del caso de Edward Snowden, el exconsultor de las agencias de seguridad nacional estadunidenses, que detonó un escándalo internacional al filtrar información clasificada.

La senadora del PRI, Arely Gómez, al presentar la iniciativa, explicó que fue el resultado de un trabajo de dos meses, con “un mecanismo innovador en el contexto de la agenda de parlamento abierto” y que incluye la instalación de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que será el espacio de colaboración entre todos los organismos garantes, la Auditoría Superior de la Federación, el Inegi y el Archivo General de la Nación (AGN).

“A través de este sistema se homologarán procedimientos, criterios y lineamientos para que todos los mexicanos, sin distinción, tengamos acceso a la información pública y prevalezcan los principios de máxima publicidad, transparencia y eficacia”, afirmó Gómez González.

Otro de los avances más importantes, coincidentes con las posiciones de los partidos y las ONG, es la inclusión de la “prueba del daño” que deberán realizar todas las dependencias, al clasificar la información, y la “prueba del interés público” que deberán realizar los institutos de acceso a la información.


La iniciativa fue respaldada por los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Zoé Robledo y Angélica de la Peña, del PRD; Pablo Escudero, del PVEM; Marcela Torres y Laura Rojas, del PAN, así como 17 expertos que realizaron comentarios y dieron elementos valiosos, incluyendo a las excomisionadas del IFAI, Jacqueline Peschard, y María Marván, así como Mauricio Merino, Sergio López Ayón, Miguel Pulido y Arturo Alcalde, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.