Organizaciones civiles anunciarán hoy nuevos obstáculos y detalles irregulares de la licitación y del presupuesto contra el proyecto que plantea el gobierno estatal.
La batalla emprendida por asociaciones civiles en contra de la realización del proyecto Monterrey VI sigue creciendo.
Los organismos civiles anunciaron que darán a conocer nuevos signos de corrupción en el polémico proyecto que el gobierno de Nuevo León licitó a través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Hoy las organizaciones civiles difundirán la documentación que refuerza su postura en contra de la obra, contratada por medio de una Asociación Público-Privada.
Ayer aplazaron para hoy una conferencia de prensa programada como parte del ultimátum que lanzaron al gobierno estatal para que publique la información a detalle del proyecto.
Los organismos ciudadanos aseguran que tienen en su poder nuevas pruebas, que no sólo sostienen sus afirmaciones, además evidencian actos de corrupción.
El representante de Rescatemos Nuevo León, Malaquías Aguirre, explicó que cuentan con nuevos documentos que los obligó a posponer la reunión de ayer, para analizarla a detalle.
“Se pospone para mañana, a la misma hora, el motivo es que recibimos información muy importante, información que nos fortalece como proyecto que traemos.
“En el trabajo que hemos estado haciendo de demostrar cabalmente que el Proyecto Monterrey VI no tiene un sustento bueno, que hay opciones mucho mejores, mucho más económicas, y que por todos lados vemos situaciones de mucha corrupción en este proyecto que debemos detener”.
El plazo del ultimátum inicial de las organizaciones civiles se cumplió ayer, y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer el martes un expediente del caso, pero los activistas aseguran que no están conformes con lo informado.
Ahora, dicen, tienen en sus manos nuevas evidencias que refuerzan sus argumentos de rechazar el proyecto.
Los grupos que han dado a conocer su rechazo para la realización del acueducto, encontraron que éste traerá agua a esta zona del país, que no es necesaria y a un gran costo para la población.
Monterrey VI promete traer a Nuevo León, 6 mil millones de metros cúbicos de agua durante los próximos 30 años.
Pero si a dicha cantidad se le resta el consumo de la ciudadanía, que es de mil millones de metros cúbicos.
Además de otros mil millones que serán utilizados en la industria, restarán cuatro mil millones de metros cúbicos.
¿Para qué será destinada el agua excedente? ¿Y quién pagará por ella?
Analistas piensan que será destinada al fracking para la extracción del gas shale en la zona norte del estado.
Es decir, durante 27 años la población de Nuevo León pagará la obra y la operación de Monterrey VI en su recibo de agua, mientras que grandes consorcios la utilizarán para hacer negocios millonarios.
El proyecto de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), consta de un acueducto de 372 kilómetros de largo, de 84 pulgadas de diámetro, que pretende traer un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, con seis estaciones de bombeo.
El agua será traída de la cuenca del Río Pánuco hasta el municipio de Linares, de donde se interconectará con el acueducto entre la presa Cerro Prieto y Monterrey, y de ahí, hasta la Planta Potabilizadora de San Roque.
Hasta hoy, la zona metropolitana recibe 11 mil 750 litros por segundo, equivalentes a 1.75 metros cúbicos.
Y hasta hace pocos meses las autoridades de Agua y Drenaje declaraban que era una cantidad suficiente para que la entidad tenga agua las 24 horas, durante 15 años.
Pero según la información más reciente de Agua y Drenaje, todo cambió repentinamente.
Ahora resulta que el líquido que guardan nuestras presas sólo alcanza para tres años y se debe invertir en el acueducto que vendrá desde el Río Pánuco.
Reporte Indigo publicó ayer que según la opinión de especialistas que apoyan a las organizaciones civiles en el estudio del proyecto, el excedente de agua que llegará a Nuevo León es innecesario.
En 30 años llegarán 6 mil millones de metros cúbicos de agua del Río Pánuco.
Que si son multiplicados por los 8 pesos que Agua y Drenaje va a pagar por la obra, da un total de 48 mil millones de pesos que el consorcio de cinco empresas que construirá y operará el proyecto recibirá.
Y como de los 6 mil millones de metros cúbicos la población sólo requiere de mil y la industria otros mil, estarían sobrando 4 mil millones de metros cúbicos de agua.
Cantidad del líquido que de todas maneras tendrá que ser consumida, pero ni la población, ni las empresas conectadas a la red la requieren.
Así que este superávit de líquido sería destinado para la extracción del gas shale.
Porque el fracking o fractura hidráulica es utilizada en el material rocoso para la extracción del gas shale en el norte del estado.
Y es que en esta técnica, durante la perforación de las rocas, se inyecta agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para después extraer el gas.
Para fracturar cada pozo son necesarios entre 9 y 29 millones de litros de agua.
Este “secreto”, que Reporte Indigo hizo público ayer, es uno de los motivos por el que Agua y Drenaje no transparentó desde un principio la información que las asociaciones civiles le exigen.
El equipo que determinó que traer el agua desde el Río Pánuco es lo más “conveniente”, descartó otros proyectos más económicos y cercanos.
Las organizaciones civiles han denunciado además, favoritismo para la concesión del contrato y la falta de transparencia en la inversión y en el objetivo final del proyecto.
Y es que la construcción y operación de Monterrey VI fue concedida a un consorcio de cinco empresas, entre las que se encuentra Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
El Grupo Higa, es el mismo al que le concedieron el contrato para la construcción del tren rápido México-Querétaro, cancelado hace dos semanas.
Y es que Hinojosa Cantú, compadre del presidente Enrique Peña Nieto, es el mismo que edificó la Casa Blanca de 7 millones de dólares de la esposa de la primera dama, Angélica Rivera.
Por otro lado, el costo de Monterrey VI ha sido sumamente debatido por sus constantes modificaciones.
El gobierno estatal inicialmente dio a conocer que sería de 14 mil 161 millones, 976 mil pesos, más IVA.
Posteriormente que sería de 17 mil millones, después 18 mil, a lo que sumado el costo de mantenimiento y la operación, subió a 47 mil millones.
Y el pasado martes, Agua y Drenaje publicó documentación que señala una cifra de más de 38 mil millones des pesos.
Es decir, ni siquiera existe una sola versión oficial sobre el costo del proyecto.
Los representantes de las organizaciones ciudadanas mostrarán hoy la información que, aseguran, revelará corrupción detrás de Monterrey VI.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F: A contracorriente del sentimiento nacional e internacional, el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama arropó hoy al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Luego de admitir que la indagatoria de ese caso representa un “duro reto”, la vocera dijo que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.
“Tenemos una muy importante relación con México. Creemos que el gobierno mexicano, en este caso particular, ha actuado rápidamente para investigarlo de manera integral. Sin embargo es un duro reto y seguiremos trabajando con ellos en eso”, destacó.
Harf reaccionó así en la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado a pregunta sobre si Estados Unidos estaba revisando el tema de derechos humanos con México.
La vocera diplomática dijo que el Departamento de Estado envió al Congreso el reporte periódico de la situación de los derechos humanos en México el pasado 19 de septiembre y que “no existen planes de revisarlo”.
El reporte que se elabora cada dos años forma parte de las condiciones fijadas por el legislativo estadunidense en el marco de la ayuda a México bajo la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.
Harf recordó que el Departamento de Estado condenó en su momento la desaparición de los 43 estudiantes y continuó pidiendo al gobierno mexicano investigar rápida e integralmente el crimen, así como llevar a los culpables a la justicia “como ya lo ha estado haciendo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El titular de la Segob visitó el municipio que encendió las alarmas en el país. Ahí, firmó un compromiso para buscar evitar que una tragedia similar se repita.
Si hace casi 200 años el plan en Iguala era lograr la independencia, ahora el objetivo es la seguridad.
Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong pisó Iguala a 68 días de la tragedia de los 43 estudiantes normalistas.
Lo hizo para presentar el Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente, que es parte de las acciones que Enrique Peña Nieto presentó el jueves 27 de noviembre con el objetivo de reforzar la seguridad.
Inicialmente, ese plan sería presentado por el Ejecutivo. El martes 2 de diciembre fuentes de Los Pinos anunciaron que Peña Nieto viajaría a Iguala; horas después informaron que viajaría a Guerrero, pero sin definir el municipio, y una hora más tarde, la visita al estado se canceló.
Desde Iguala, el titular de la Segob subrayó que el propósito del Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente es fortalecer el Estado de Derecho en zonas donde la integridad de la familias está siendo vulnerada.
Insistió en que la disposición de los gobernadores de los estados que implementarán esta estrategia es fundamental, pues se trabajará de manera coordinada con el Gobierno Federal para completar el objetivo.
“Entendemos claramente que ninguna estrategia será suficiente si no contamos con el respaldo decidido de la sociedad”, indicó.
Para cuando Osorio Chong llegó a Iguala, el municipio estaba estrenando secretario de Seguridad Pública.
Horas antes del arribo del funcionario federal, Jorge Berrios Flores tomó protesta en sustitución de Felipe Flores Velázquez, quien está prófugo después del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.
Todos tienen miedo
Dos semanas después de que policías municipales de Iguala atacaron a estudiantes de Ayotzinapa, poco más de 300 uniformados fueron trasladados a Tlaxcala, para ser sometidos pruebas de control de confianza.
Carlos Díaz García – encargado interino de la seguridad en el municipio en ese entonces– informó que los municipales tomarían un curso de capacitación durante 45 días.
El 18 de octubre, familiares de los policías municipales denunciaron a La Jornada que los uniformados han sido investigados y maltratados.
Diez días después, 70 policías regresaron de Tlaxcala. En esa ocasión, los uniformados dijeron estar temerosos por las acciones que la Federación está tomando en contra de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
“Todos somos culpables, todos somos los malos. Aquí quieren acabar con todos nosotros, eso es el temor de nosotros”, indicó Graciela Salgado para el diario Pueblo Guerrero.
Pero no solo ellos tienen miedo. Los 45 día de acuartelamiento están por cumplirse y ayer, familiares de desaparecidos en Iguala exigieron a las autoridades garantías de seguridad ante el inminente regreso de los uniformados al municipio.
“Si ellos regresan estamos muertos, nos van a asesinar uno por uno”, dijo el padre de uno de los desaparecidos.
Operativo en Tierra Caliente
> Se implementará en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
>Busca asegurar la tranquilidad de las familias y el cumplimiento de la ley en cada municipio
>Se ampliará la presencia de las Fuerzas Federales, con especial énfasis en las zonas de alta criminalidad.
>Las Fuerzas Federales asumirán el control absoluto de las tareas de seguridad en Acapulco.
>La Secretaría de la Defensa Nacional tomará el mando y la coordinación del operativo donde participan además la Marina, Policía Federal, PGR y CISEN.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
IGUALA, Gro: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno no buscará en bases militares a los 43 normalistas desaparecidos, porque “sabemos que ahí no están” y señaló que es “absurdo” suponerlo.
Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.
Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.
Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.
Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.
A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).
Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.
“No llovió en Cocula”.
En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:
–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.
Sospecha hacia el 27 batallón.
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.
Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:
1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.
2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.
3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.
4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.
5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).
6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.
Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.
En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.
El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D. F: El PRD expresó su rechazo a “cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en México, y pidió al Senado no avalar el dictamen de reformas constitucionales en materia de movilidad que ayer aprobaron diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
El dictamen se sacó de la “congeladora” legislativa justo un día después de la manifestación del 1 de diciembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Tras ello, el PRD emitió un pronunciamiento en el que expresó “su absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en el país y consideró que las modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución Mexicana podrían abrir esa ruta.
Destacó que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza pretenden facilitar la censura y la represión hacia cualquier manifestación en las calles, un derecho que los mexicanos han conquistado a lo largo de años de lucha por el respeto a las libertades de tránsito y de expresión y por un país más democrático.
“El PRD considera que dicho dictamen es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática, pues sus promotores pretenden convertirlo en un atentado contra las libertades políticas, como se evidencia en la potestad que se le daría al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, y para regularlas mediante una ley general”, subrayó.
Contrario a ello, propuso respeto absoluto para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan con seguridad su derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, “para lo cual pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional”.
Además, pidió adelantar el nombramiento del fiscal general de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones, y que se priorice la búsqueda con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
También que la Cámara de Senadores frene la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación, pues de no hacerlo, apuntó, “estará contribuyendo a que la República entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias”.
Agregó: “Hemos dicho que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, en especial el juvenil, no se resolverá con mano dura. Este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientes protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Dividida entre sí, envuelta en el ambiente de crisis política y social que se vive en México, recortada a 10 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará seguramente el relevo más polarizado que ha vivido en su historia.
Como nunca antes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegan divididos y confrontados a la elección del nuevo presidente del máximo tribunal del país.
El proceso de sucesión del actual presidente, el ministro Juan N. Silva Meza, ha provocado dentro de la Corte un ambiente de enfrentamiento que asegura la celebración de la elección más reñida en la historia de la SCJN.
Esta semana comenzó la contienda por la presidencia del Alto Tribunal. Mañana viernes la Corte - históricamente cerrada en este proceso- revelará los nombres de los ministros que pretenden llevar el liderazgo del Poder Judicial de la Federación durante los próximos 4 años.
Hasta el momento se han manejado extraoficialmente el nombre de 6 ministros que buscarán contender por la presidencia de la SCJN, cargo que incluye la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.
La lista de aspirantes es encabezada por los ministros Luis María Águilar Morales, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, los tres con una amplia trayectoria dentro del sistema judicial mexicano.
Hasta hoy todos los presidentes de la SCJN han surgido de la carrera judicial. Hasta hoy los ministros que llegaron por sus méritos académicos, litigio o políticos nunca han llegado a encabezar la cúpula de la Corte.
Eso hasta hoy.
Este año –por la división que enfrenta el bloque judicial- se presenta la oportunidad para que un ministro que no pertenezca a esa estirpe llegue a presidir el máximo tribunal en el país.
Se trata de una oportunidad única. Es la apuesta que tienen los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Mañana viernes se confirmará quién de ellos –si es uno o son los seis- los que contendrá por la presidencia de la Corte.
El ministro Silva Meza, actual presidente de la SCJN, no ha dado señales de quién será su delfín en la contienda.
Lo que sí se sabe con certeza es que tanto Silva Meza como Olga Sánchez Cordero –ministros decanos - se oponen al proyecto que encabeza Margarita Luna Ramos.
La sucesión en la SCJN es la oportunidad para que el grupo de Luna Ramos –que encabeza Alejandro Luna Ramos, actual presidente del Tribunal Federal Electoral- se haga del control de la Corte con su hermana, la ministra Luna Ramos.
En este bloque estaba el ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien ayer falleció a consecuencia de una enfermedad crónica que lo había mantenido lejos del pleno.
Dividida entre sí, envuelta en el ambiente de crisis política y social que se vive en México, recortada a 10 ministros, la Suprema Corte enfrentará seguramente el relevo más polarizado que ha vivido en su historia.
Los retos que enfrenta la Corte son muchos, pero principalmente el convertirse en México en el organismo garante del respeto de los derechos humanos y de la impartición de justicia.
La SCJN enfrenta también un desafío clave: la depuración del Consejo de la Judicatura Federal, salpicado en los últimos años por los escándalos de corrupción que han protagonizado jueces y magistrados federales.
¿Un presidente progresista que siga la línea que dejará Silva Meza? ¿Un presidente conservador que regrese a la Corte su papel discreto en la vida de los mexicanos?
Son preguntas claves que el próximo 2 de enero se podrán contestar en el pleno de la Corte.
Una elección cortesana
La elección del nuevo presidente de la SCJN es un asunto nacional, pero es un tema que le compete exclusivamente a los 10 ministros (tras el fallecimiento del ministro Valls Hernández) que conforman el pleno.
Esta semana los ministros interesados en sustituir a Silva Meza registrarán sus intenciones y presentarán un programa de trabajo al resto de sus compañeros.
La elección se llevará a cabo el próximo 2 de enero, en sesión pública solemne, que será presidida por Silva Meza como ministro decano.
La votación se hará por cédula de votación y será secreta.
El nuevo presidente de la Corte necesita –de acuerdo al reglamento interno- cuando menos 6 votos para ser elegido presidente de la SCJN.
Si no alcanza los votos requeridos en la primera votación, se realizará una segunda vuelta donde contendrán los dos ministros que consiguieron el mayor número de votos.
El reglamento interno de la SCJN establece que se realizarán las rondas de votación necesarias hasta que haya un ministro que consiga los 6 votos.
Hace cuatro años Silva Meza, el actual presidente, ganó la contienda con 10 votos a su favor contra uno que obtuvo su contrincante Margarina Luna Ramos.
En la carrera por la sucesión hay que descartar a Silva Meza –no existe posibilidad de reelección- y a la ministra Olga Sánchez que el próximo año se retira después de 20 años en la Corte.
Tampoco se incluye al ministro José Ramón Cossío, quien hace cuatro años declinó contender por la presidencia alegando que el cargo le quita la posibilidad de continuar con su trabajo constitucional.
Los candidatos para el trono
El ministro Luis María Aguilar Morales es el principal candidato a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un ministro de perfil conservador, de poca confrontación y de estilo moderado.
Fue designado ministro de la Corte en el 2009, a propuesta del Senado mexicano. Conoce como ninguno las entrañas del Poder Judicial de la Federación. Su carrera judicial la comenzó en 1968 como taquimecanógrafo. Ha ocupado –antes de ser nombrado ministro- prácticamente todos los cargos: secretario, juez, magistrado y oficial mayor de la SCJN.
Es precisamante su conocimiento de la estructura judicial mexicana la que pone a Águilar Morales en ventaja sobre el resto de los aspirantes.
Hasta hace unos años se le consideraba afín a Silva Meza, pero hoy fuentes judiciales aseguran que están distanciados.
La ministra Margarita Luna Ramos es una de las aspirantes más fuertes en la contienda presidencial. Su nombramiento marcaría un hito: sería la primera mujer en presidir la Corte.
Luna Ramos fue designada ministra en el 2004, a propuesta del entonces presidente Vicente Fox.
Su antigüedad en la Corte, su carrera judicial y el tema del género son los aspectos que favorecen a Luna Ramos.
Pero su candidatura tiene un problema: es hermana del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.
Que los Luna Ramos controlen el Trife y la SCJN al mismo tiempo es un tema que hacia el interior del Poder Judicial de la Federación es algo inaceptable.
Reporte Indigo ha documentado la red de contactos y familiares que tiene el clan Luna Ramos en el Poder Judicial, Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia.
Luna Ramos se juega todo por el todo. Esta será la última oportunidad que tendrá para llegar a la presidencia antes de que concluya su periodo como ministra en el 2019.
El sorpresivo interés que ha mostrado últimamente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por participar en la carrera por la sucesión presidencial en la Corte divide el bloque de los ministros con carrera judicial.
Esta semana llamó la atención que Pardo Rebolledo haya sido designado como orador principal en la sesión solemne con la que se recibió a las dos nuevas magistradas del Consejo de la Judicatura Federal.
Pardo Rebolledo habló de los retos que enfrenta el sistema judicial en la situación de crisis que se vive en el país. Abordó el tema de los derechos humanos, de la justicia y de la autonomía del Poder Judicial.
“Los gritos que exigen justicia resuenan con fuerza en los oídos de nosotros los jueces”, aseguró Pardo Rebolledo en su intervención.
Fue un discurso que tuvo olor a destape.
Pardo Rebolledo tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial, pero en la Corte como ministro apenas cumple cuatro años.
Fue nombrado el 10 de febrero de 2011, una situación que lo pone en desventaja con el resto de los aspirantes con más tiempo en el pleno.
Se le ha vinculado con el grupo de abogados encabezados por el panista Diego Fernández de Ceballos, relación que Pardo Rebolledo ha desmentido de manera pública.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es otro de los aspirantes a la presidencia. Es considerado la cabeza del ala liberal y progresista de la Corte.
Se desempeñó como abogado constitucionalista privado durante 25 años hasta el 2009 que fue designado ministro de la Corte, a propuesta del presidente Felipe Calderón.
Se le considera cercano al PAN, pero se mueve con independencia.
Zaldívar estuvo a cargo de la investigación por la tragedia Guardería ABC, en la que determinó que existía responsabilidad de funcionarios federales en la muerte de los niños.
Su dictamen fue rechazado por el pleno de la Corte.
El ministro José Fernando Franco González Salas es otros de los aspirantes al cargo de presidente. Su cercanía con Los Pinos lo pone en la carrera por la sucesión, pero también le resta a sus posibilidades.
Su voto podría marcar la diferencia entre los diferentes grupos que disputan el control de la Corte.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –exdirector del SAT durante el calderonismo- ha manifestado internamente su intención de participar en la contienda. Su breve trayectoria en la SCJN –fue nombrado ministro hace dos años- le resta posibilidades por lo que se espera que decline en los próximos días.
El próximo 2 de enero se espera una elección reñida y competida. Los ministros se irán de vacaciones en la segunda semana de diciembre y regresarán en el 2015 para la elección.
Hace dos semanas la división interna que existe en el seno de la SCJN se hizo notoria en la designación de la magistrada Rosa Elena González Tirado como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
Los ministros necesitaron 8 rondas de votación –algo nunca antes visto en el pleno- para nombrar a González Tirado.
Esa elección es un anticipo de lo que ocurrirá el próximo 2 de enero en la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los aspirantes
> Luis María Aguilar Morales
Es el principal candidato a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De perfil conservador, poca confrontación y estilo moderado.
Ha ocupado –antes de ser nombrado ministro- prácticamente todos los cargos: secretario, juez, magistrado y oficial mayor de la SCJN.
> Margarita Luna Ramos
Es una de las aspirantes más fuertes en la contienda presidencial.
Su nombramiento marcaría un hito: sería la primera mujer en presidir la Corte.
Pero su candidatura tiene un problema: es hermana del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.
> Jorge Mario Pardo Rebolledo
Es quien divide el bloque de los ministros con carrera judicial.
Tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial, pero en la Corte como ministro apenas cumple cuatro años.
> Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Es considerado la cabeza del ala liberal y progresista de la Corte.
Se desempeñó como abogado constitucionalista privado durante 25 años hasta el 2009 que fue designado ministro de la Corte, a propuesta del presidente Felipe Calderón.
Se le considera cercano al PAN, pero se mueve con independencia.
> José Fernando Franco González Salas
Su cercanía con Los Pinos lo pone en la carrera por la sucesión, pero también le resta a sus posibilidades.
Su voto podría marcar la diferencia entre los diferentes grupos que disputan el control de la Corte.
> Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Su breve trayectoria en la SCJN –fue nombrado ministro hace dos años- le resta posibilidades por lo que se espera que decline en los próximos días.
Los retos
1. Convertirse en México en el organismo garante del respeto de los derechos humanos y de la impartición de justicia.
2. La depuración del Consejo de la Judicatura Federal, salpicado en los últimos años por los escándalos de corrupción que han protagonizado jueces y magistrados federales.
El proceso
1. Los ministros interesados en sustituir a Silva Meza registran sus intenciones.
2. Presentan un programa de trabajo al resto de sus compañeros.
3. La elección se hará por cédula de votación y será secreta.
4. El nuevo presidente de la Corte necesita cuando menos 6 votos para ser elegido.
5. Si no alcanza los votos requeridos en la primera votación, se realizará una segunda vuelta donde contendrán los dos ministros que consiguieron el mayor número de votos.
6. El reglamento interno de la SCJN establece que se realizarán las rondas de votación necesarias hasta que haya un ministro que consiga los 6 votos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
No sólo se encargó de construir la "casa blanca". También remodeló el hangar presidencial, construirá un acueducto en Monterrey, participa en proyectos de autopistas, iba a construir el tren México-Querétaro y planea construir el nuevo aeropuerto.
El empresario que construyó la “casa blanca” de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, obtuvo importantes contratos públicos desde que éste asumió el poder hace dos años, los cuales ahora enfrentan un creciente escrutinio de legisladores de la oposición e inversionistas extranjeros, reporta hoy el diario The Wall Street Journal en una nota titulada “Crece el escrutinio de los lazos entre Peña Nieto y empresario inmobiliario”.
El diario estadounidense señala que el empresario Juan Armando Hinojosa -propietario del Grupo Higa- “está en el centro de un escándalo político que está sacudiendo el gobierno de Peña Nieto conforme surgen interrogantes sobre la relación entre ellos y si hubo favoritismo en la concesión de contratos que valen cientos de millones de dólares”.
Antes del 2012, indica el rotativo, Hinojosa obtuvo contratos cuando Peña era gobernador del Estado de México. Su vínculo más reciente con el gobierno federal es que Grupo Higa formó parte del consorcio ganador que construiría el tren de alta velocidad México-Querétaro; sin embargo, el presidente Peña canceló el contrato el mes pasado, luego de que fuera cuestionado el proceso de licitación.
The Wall Street Journal apunta más “lazos”:
Grupo Higa consiguió un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir el acueducto más extenso de América Latina, llamado Monterrey VI.
Asimismo, Higa se encargará de un proyecto de 460 millones de dólares para un nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla.
Otros contratos poco conocidos que ganaron filiales de Grupo Higa incluyen varios proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados.
Otra de sus empresas forma parte de un grupo que planea presentarse a licitación para construir un nuevo aeropuerto en la capital.
El periódico de EU menciona que Hinojosa no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con el gobierno ni sobre la revocación del contrato del tren.
Sin embargo, apunta que la oficina del presidente negó favoritismo. “Las adquisiciones que celebra el Gobierno de la República se basan en una normativa pública que busca garantizar procesos competitivos, equitativos y transparentes para todos los participantes,” afirmó la Presidencia en respuesta a consultas de The Wall Street Journal.
Y recuerda que cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, entre 2005 y 2010, unidades de Grupo Higa participaron en la construcción de hospitales, autopistas y una prisión.
A fines de 2007, Peña Nieto asistió a la boda del hijo de Hinojosa, Juan Armando Hinojosa García. Cuando el hijo falleció en un accidente de helicóptero en 2012, Peña Nieto y su esposa fueron al funeral. El vocero de Peña Nieto dijo que “a lo largo de su carrera, (él) ha entablado relaciones cordiales y de respeto con múltiples actores políticos, sociales y empresariales. Este es uno de esos casos”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Con tres semanas de retraso, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó este miércoles una ley de protección para la infancia, la única prioridad reformadora que tenía su gobierno hasta el 1 de septiembre pasado, cuando envió al Senado de la República la iniciativa preferente, pues para él ya había concluido el ciclo de reformas de su administración.
Iniciado el nuevo proceso de reformas, anunciado apenas el pasado 27 de noviembre, en medio de la crisis por la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y los escándalos de su gobierno, Peña Nieto refrendó hoy su compromiso con los derechos humanos.
“Se trata de fortalecer el Estado de Derecho en todo el país para sentar las bases de un mejor futuro. Los mexicanos sabemos que el progreso y la paz social sólo son posibles con respeto al Estado de Derecho”, expuso.
En la residencia oficial de Los Pinos, ante representantes de la sociedad civil, legisladores e integrantes de su gabinete, el mandatario destacó diferentes aspectos de la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Mencionó que el nuevo ordenamiento reconoce un nuevo catálogo de derechos, entre los que destacó la igualdad, salud, educación, acceso a la tecnología y participación, además de que, apuntó, establece un marco de protección para los niños migrantes indocumentados.
De acuerdo con Peña, con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se fortalecen las instituciones del Estado, también la Procuraduría de Protección a la Infancia, y finalmente se regulan los centros de asistencia.
Con el nuevo instrumento, que calificó de vanguardia, el mexiquense aseguró que se genera una coordinación interinstitucional entre órdenes de gobierno y poderes de la Unión, que contarán con mayores recursos por ley.
“El respeto a los derechos humanos, a la ley y a las instituciones son los instrumentos con que cuenta nuestra democracia para seguir creciendo y consolidándose”, remató.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Sin agotar los tiempos legales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó ante un juez de Delitos No Graves del Reclusorio Preventivo Norte a los tres jóvenes que fueron detenidos por su presunta participación en los hechos violentos del pasado 1 de diciembre tras la marcha estudiantil para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En un comunicado, la dependencia informó que, a través de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas ordenó el traslado de los estudiantes como probables responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir.
No obstante, detalló que como se trata de delitos considerados no graves, los detenidos cuentan con beneficios de ley para seguir el proceso en libertad.
La consignación se realizó alrededor de las 02:40 horas de este miércoles.
Demián Reyes Lara, de 18 años, y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Óscar Espinoza Trigueros, de 18, y alumno del CCH Oriente, y Ariel Flores Pérez, de 18, y de la Vocacional 9, del IPN, fueron llevados al área de Ingresos del penal.
Miguel Méndez, abogado de los acusados, informó que hoy por la madrugada la autoridad les fijó una fianza de 18 mil 600 pesos a cada uno para poder enfrentar el juicio en libertad.
No obstante, hacia las nueve de la mañana, cuando empezaba a realizar los trámites para el pago, se enteró de que los jóvenes fueron llevados al reclusorio minutos después de fijada la fianza.
Según el abogado, este hecho es “ilegal”, pues aún no se cumplían las 48 horas para determinar la situación legal de sus clientes, sino hasta las 23:00 horas de este miércoles.
Hacia las 21:00 horas, el juez 23 de Delitos No Graves fijó una fianza de 106 mil 476 pesos a cada uno de los jóvenes acusados para enfrentar el proceso en libertad.
Sus familiares y abogados informaron que solicitarían el apoyo de una afianzadora para cubrir 15% del total de la fianza y, con ello, lograr la salida de los jóvenes en las próximas horas.
Piden granaderos identificados
Sobre los hechos violentos del lunes pasado, el portal Change.org publicó una solicitud de firmas para que los granaderos que resguarden la seguridad en las manifestaciones “porten un número de identificación único e intransferible, legible a simple vista y a la distancia, en la parte delantera y posterior del uniforme, en el casco, en ambas botas, en el escudo y en el tolete, con el objetivo de facilitar su identificación”.
El argumento de dicha petición es que en las recientes marchas en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ha habido un gran número de policías, pero que no hay manera alguna de identificarlos individualmente”.
Tal situación, dice el texto, “esto es muy peligroso puesto que les permite cometer abusos con impunidad al refugiarse en el anonimato”.
La crítica continúa: “Hemos visto a policías granaderos y antimotines agredir con lujo de violencia y con total impunidad a grupos de personas que se manifiestan pacíficamente incluyendo a familias y menores de edad. A pesar de los múltiples videos y testimonios que evidencian el empleo injustificado y desmedido de fuerza por parte de la policía en manifestaciones pacíficas, no existen sanción ni penal ni administrativa para éstos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Números y significado
Al concluir el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), y teniendo como marco una inesperada y severa crisis política, han aparecido números que dicen mucho sobre la naturaleza del bienio.
Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados aparecida en octubre, es decir, antes de que la tragedia de Iguala agudizara la actual crisis política, muestra que apenas 11% de los ciudadanos aceptó tener mucha confianza en el presidente de la República; otro 21% le concedió algo de la misma. En contraste, 33% declaró que ya era poca su confianza en el personaje y, finalmente, 32% de plano aseguró no tenerle ninguna. En consecuencia, si se toman como punto de referencia las elecciones de 2012, donde EPN recibió el voto de 38.15% de quienes acudieron a las urnas, el conjunto de ciudadanos que aún confían en el ahora jefe del Ejecutivo es 16% menor al que votó por él hace dos años. La mayoría –dos tercios– ve a EPN con mucha o total desconfianza.
Ahora bien, EPN y los suyos pueden optar por otras cifras, por ese número 11 que consideran simboliza el lado brillante de su bienio: el conjunto de “reformas estructurales” que en algún futuro modernizarán a México. Las 11 reformas son, en realidad, 10: energética, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, educativa, electoral, la del amparo, el código de procedimientos penales y transparencia; la laboral, que generalmente se incluye en el grupo, en realidad tuvo lugar al concluir el sexenio anterior.
Blitzkrieg y petróleo
La ofensiva legislativa relámpago de EPN y su partido contra el status quo se presentó como una gran victoria política, sobre todo por el contraste con la impotencia que en este campo mostró el PAN durante los 12 años que tuvo el control de la Presidencia.
Vistas con detenimiento, las 11 reformas mencionadas no fueron el parteaguas que el gobierno dijo que eran, salvo en un caso: el de los hidrocarburos. Y es que el cambio del artículo 27 constitucional para permitir el acceso del capital privado nacional e internacional a todos los campos de la industria del petróleo y el gas fue el golpe decisivo del neoliberalismo en contra del último gran pilar del nacionalismo forjado por la Revolución Mexicana que aún permanecía en pie.
Años antes, el gobierno panista de Felipe Calderón había intentado un ataque lateral a la herencia constitucional cardenista pero fracasó. Y es que Calderón se propuso abrir la explotación de los depósitos de petróleo en aguas profundas al capital privado extranjero prometiendo encontrar “un tesoro”, mas no logró el apoyo de la oposición priista. En contraste, EPN diseñó una estrategia que de entrada implicó contar con la anuencia y la colaboración activa e incluso entusiasta de la oposición panista y perredista. Fue de este modo que en tan sólo 20 meses EPN levantó el marco legal de un proyecto sexenal que debería permitir a su gobierno una gran libertad en la asignación de recursos y oportunidades al sector privado, en particular a empresarios cercanos a él y al grupo que controla al gobierno federal.
El corazón del proyecto
La estrategia legislativa que llevó a lograr las “reformas estructurales” se diseñó a partir del llamado “Pacto por México”. Este documento de 95 puntos, dado a conocer al día siguiente de la toma de posesión, se convirtió en el corazón político de la primera etapa del sexenio. Fue un gran acuerdo cupular entre el presidente y su partido, por un lado, y por el otro los presidentes de los dos grandes partidos que, formalmente, constituían la oposición de derecha e izquierda: el PAN, que tras dos sexenios en la Presidencia apenas obtuvo en 2012 el 25.4% de los votos, y el PRD, entonces la segunda fuerza política (31.5% de los sufragios), pero que para entonces ya estaba en una situación difícil, pues su candidato presidencial y gran movilizador del voto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo había abandonado para fundar otro –Morena– que, inevitablemente, a partir de 2015 competiría con el PRD por el espacio izquierdo del espectro político nacional.
De todos los cambios propuestos en el Pacto por México, el más importante –el corazón del corazón– era el que se concentraba en los puntos o compromisos del 54 al 60, y que implicaron la reforma al artículo 27 constitucional en materia de hidrocarburos. Sin rechazar el principio de que los depósitos petroleros son propiedad de la nación, la reforma hizo de Pemex –símbolo del nacionalismo económico– una empresa petrolera más, una que deberá competir con otras pues se eliminó la restricción que desde 1960 impedía la firma de contratos con particulares para la extracción de hidrocarburos; también se abrió la petroquímica básica –hasta ese momento un monopolio del Estado– a la inversión privada, lo mismo que el transporte y la comercialización de los combustibles. Como corolario, el mercado eléctrico también se abrió al capital privado nacional o externo.
El aplauso externo
Las medidas anteriores, y en una actitud que recordó lo sucedido con Carlos Salinas, los gobiernos y los medios de comunicación internacionales se mostraron entusiasmados hasta el extremo por el retorno del PRI neoliberal al poder. Además, este retorno se hizo sin la sombra del burdo fraude electoral de 1988 (la compra e inducción de votos en 2012 se consideró peccata minuta, parte de los usos y costumbres del país y practicada por todos los contendientes). La revista Time del 24 de febrero de 2014 incluso dio su portada a EPN y lo presentó como el “salvador de México”.
La caída y prisión de la poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue interpretada por esos mismos observadores externos no como el castigo a una antigua priista convertida en un obstáculo para devolver al SNTE su carácter de instrumento priista, sino como lo que no fue: el inicio de un ataque a fondo de un mal endémico: la corrupción. La captura en febrero de 2014 del poderoso e internacionalmente famoso narcotraficante de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán volvió a producir el aplauso externo, pese a que la actividad de los cárteles del narcotráfico no disminuyó en nada.
Finalmente, mientras el PAN, los círculos empresariales y el exterior loaban la “valentía” de EPN para poner fin a la última herencia cardenista –la actividad petrolera como monopolio estatal–, la mayoría de los mexicanos mantuvo una opinión contraria. Una encuesta del instituto Pew de Estados Unidos, publicada a inicios de 2014, mostró que la apertura de la industria petrolera al capital privado extranjero era reprobada por la mayoría de los mexicanos (57% contra 34%).
Y, sin embargo, la economía no
se mueve
Las “reformas estructurales”, se dijo dentro y fuera del país, habían creado el “Mexican moment”. En los círculos empresariales se aceptó la tesis que sostenía que la ortodoxia económica traería como consecuencia un repunte de la economía mexicana y que, por fin, el país se reencontraría con la generación de empleo, la disminución de la pobreza y con todo lo que se asocia al crecimiento económico. Sin embargo, al concluir 2014, la promesa del crecimiento se mantenía como eso, como una promesa, mientras que la realidad insistía en mantener mediocre el incremento del PIB.
Al inicio de 2014, los pronósticos de la tasa de crecimiento del PIB –ligados a los vaivenes de la economía estadunidense– fueron modestamente optimistas: 3.4% se dijo en febrero en el Banco de México, pero al correr del año las expectativas fueron disminuyendo hasta quedar en vaticinios absolutamente mediocres: entre 2.1% y 2.6%. En noviembre de 2014 una encuesta señaló que, en relación con el año anterior, 40% de los mexicanos consideraba que su situación económica permanecía estancada, pero 48% aseguró que había empeorado (Excélsior, 24 de noviembre). Por otro lado, la Cepal hizo notar que mientras en la mayoría de los países latinoamericanos la pobreza y la indigencia iban a la baja, en México ocurría exactamente lo contrario, aquí iban al alza (“Panorama social de América Latina, 2013”).
Fue en este marco de insuficiencia económica para la mayoría pero de casi euforia para la minoría que estalló la crisis de inconformidad política masiva al final del segundo año de gobierno de EPN.
La crisis
El detonador de las protestas masivas contra el gobierno en general y contra EPN en particular se localiza en una ciudad de 140 mil habitantes –Iguala– en Guerrero, el estado con los peores índices de marginación. El asesinato de seis personas y el secuestro y paradero desconocido de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por la policía municipal en complicidad con el crimen organizado –los Guerreros Unidos– la noche del 26 de septiembre, no obstante la presencia del 27 Batallón de Infantería en la ciudad, detonó una reacción de gran indignación que hechos más monstruosos en el pasado no habían logrado, como la desaparición en un solo día de 300 personas en Allende, Coahuila, a manos de Los Zetas en 2011.
Que el crimen involucrara la subordinación del cuerpo de policía y de toda la estructura municipal de Iguala y Cocula al crimen organizado, que la acción exhibiera un grado inaudito de crueldad –desollar y sacar los ojos de una de las jóvenes víctimas– y que el gobierno federal no lograra dar con los secuestrados, hizo que lo acontecido en Guerrero fuera la proverbial gota que derramó un vaso lleno de agravios en contra de la sociedad mexicana.
La tragedia de Iguala, a la que le había precedido la de Tlatlaya, donde el Ejército ejecutó a sus prisioneros y a la que después se le agregaría un caso concreto de tráfico de influencias a nivel presidencial –la mansión de lujo extremo que un contratista del gobierno del Estado de México, el tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, construyó para la esposa de EPN–, desembocó en movilizaciones en todo el país y en el extranjero, que demandaron no sólo el esclarecimiento del crimen contra los estudiantes, sino incluso la renuncia de EPN. Esas movilizaciones y protestas buscaron y buscan hacer evidente el hartazgo de un buen número de ciudadanos con una estructura de gobierno corrupta hasta la médula y a todos los niveles, que es ineficiente, refractaria a la rendición de cuentas y asociada en numerosos puntos con un crimen organizado que tiene más cabezas que la Hidra de Lerna. Se trata de un reclamo masivo ante la incapacidad de resolver el problema del estancamiento económico, el rechazo a la desnacionalización del aparato productivo, a la reproducción de una estructura social donde una familia posee la segunda mayor fortuna del mundo mientras que la mitad de la población es clasificada como pobre y, finalmente, el disgusto frente a una política sostenida por acuerdos entre partidos que no representan otros intereses que los de ellos mismos.
¿Recuperar la iniciativa?
Tras quedar pasmado por semanas ante la crisis que se le vino encima, y después de transcurrir dos meses sin poder o sin querer encontrar a los estudiantes desaparecidos, pero descubriendo cada vez más fosas clandestinas con cadáveres que no se buscaban, EPN decidió asumir como propio uno de los lemas de las movilizaciones en su contra –“Todos somos Ayotzinapa”–, y el 27 de noviembre propuso un plan de 10 puntos para enfrentar no la raíz de la crisis sino sus manifestaciones más inmediatas. Se trató de un claro intento por arrebatar la iniciativa política de manos de los padres y compañeros de los estudiantes desaparecidos, de los jóvenes estudiantes que forman el grueso de las marchas en las calles. La iniciativa con sus 10 puntos puede ser vista como una edición de bolsillo del “Pacto por México” para combatir la inseguridad y el crimen organizado, reformar las policías estatales y reafirmar las declaraciones contra la corrupción y la pobreza. El punto más llamativo de la propuesta es un proyecto de ley que permitirá al gobierno federal desaparecer ayuntamientos ahí donde el crimen se haya apoderado de la autoridad local, lo que viene bien con el esfuerzo de EPN de recuperar algo del presidencialismo del pasado.
Hasta ahora, la respuesta de EPN y su gobierno a la crisis se antoja pequeña en relación a las dimensiones de ésta, donde lo que se cuestiona de manera masiva ya no es sólo al presidente y a su gobierno sino al régimen mismo. Está aún por verse si EPN realmente puede recuperar el liderazgo real del proceso político, pues si bien él y los suyos tienen el control de las instituciones formales, la legitimidad la tienen quienes los cuestionan.
La crisis que afronta EPN al final de su primer tercio es, finalmente, no sólo una crisis de su gobierno, sino de todo un régimen, resultado de una transición que se inició en 1997 y que a estas alturas pareciera agotada y fallida.
Lo sucedido en Iguala ha servido para hacer evidente a una parte sustantiva de la sociedad mexicana, en particular a los jóvenes, que el problema de fondo es que en el siglo XXI se logró modificar pero no acabar con el régimen autoritario creado por el PRI y el presidencialismo en el siglo pasado.
La cuestión importante al concluir 2014 no es tanto cómo enfrentará EPN lo que resta de su sexenio, sino cómo la sociedad mexicana puede aprovechar esta coyuntura crítica –la movilización y el hartazgo– para dar forma a un proyecto alternativo al que hoy existe, uno efectivamente nacional y para el siglo XXI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LORENZO MEYER.
