XALAPA, Ver: El alcalde panista de Córdoba, Tomas Ríos Bernal, giró una circular dirigida a directores, coordinadores y empleados municipales a asistir por “obligatoriedad” a la “tradicional peregrinación municipal” en honor a la Virgen de Guadalupe en el santuario ubicado en el barrio La Estación.
Reproducido de forma viral en redes sociales, el documento está firmado por el director de Recursos Humanos, Octavio Martínez, y especifica que la “obligatoriedad” de asistencia incluye el “inicio” y “conclusión” de la peregrinación para mostrar el fervor guadalupano.
El memorándum fue emitido el pasado 28 de noviembre para asistir el próximo 9 de diciembre a las 13:45 horas al acto religioso. Además, advierte que habrá personal de Recursos Humanos “verificando” la asistencia y permanencia de los empleados municipales en el recorrido.
Con el número de oficio DRH/29/2014, la administración municipal advierte que quien desobedezca los lineamientos para la peregrinación se atendrá a los “efectos administrativos procedentes”.
La orden de Tomas Ríos Bernal no es la primera que provoca un escándalo en el ayuntamiento veracruzano.
A principios de año el alcalde panista giró una circular en la que “prohibió” a los trabajadores asistir al palacio municipal sin un uniforme en tonalidades azules. El oficio exigía la vestimenta con prendas “adecuadas” durante el único día autorizado para no vestir uniforme.
Empleadas municipales interpretaron la medida como una prohibición al uso de minifaldas, ropa ajustada o blusas escotadas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Para el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, el actual régimen corrupto “se cae a pedazos” por el descrédito de la “mafia en el poder” que gobierna al país.
“Y prueba de ello es que a los dueños de Televisa se les hizo fácil hacer una telenovela e imponer a Enrique Peña Nieto, pero ahora que ya se convirtió en una tragicomedia, ni siquiera ofrecen disculpas al pueblo”, comentó en su segundo día de gira por la Ciudad de México.
El tabasqueño criticó que la mafia del poder, incluyendo Televisa, creyó que con hacer publicidad para “inflar” a un personaje podrían acrecentar sus privilegios. Consideró que armaron una telenovela con Peña Nieto como protagonista, pero resultó no sólo ser corrupto “sino un reverendo inútil”.
En su discurso en la explanada de la delegación Tláhuac, López Obrador comentó que los potentados no previeron que Peña Nieto no estaba preparado ni para ser gobernador del Estado de México, pero aun así lo impusieron ejerciendo unas prácticas de manipulación muy perversas.
Luego celebró que en la actualidad la ciudadanía ya no se crea los trucos de los gobernantes y esté despertando.
“Si se concientiza a más personas para el 2018 o antes, se contará con el apoyo de más ciudadanos, y a la mafia del poder no le servirá ninguna trampa, ningún fraude y se logrará la transformación del país”, indicó.
Acompañado por Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, López Obrador manifestó sentirse bien por la participación de los jóvenes en las manifestaciones, “porque eso es algo excepcional, ya hay relevo generacional”.
En otro tema, hizo un llamado a las autoridades capitalinas para que resuelvan el problema de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo-Metro y vuelva a dar atención a los habitantes de la Ciudad de México.
Por la noche, en su cuenta de Twitter, López Obrador escribió: “Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Vicente Leñero. Sus méritos como periodista y escritor siempre serán valorados”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Por violaciones de procedimiento, el pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) revocó la resolución del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sobre el caso del expresidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Desde abril pasado, el llamado Príncipe de la Basura fue acusado por el PRD-DF ante el IEDF por usar el dinero y las instalaciones del PRI local para la operación de una supuesta red de prostitución, luego de la difusión de un reportaje en MVS Radio.
Sin embargo, el 25 de agosto los consejeros anteriores del IEDF lo exoneraron bajo el argumento de que no era “administrativamente responsable”.
Este miércoles, el presidente del TEDF, Armando Hernández Cruz, consideró que dicha resolución tuvo una violación del procedimiento por lo que en la sesión de hoy, el pleno votó por unanimidad su revocación.
Según el magistrado local, el IEDF resolvió parcialmente la petición contra Gutiérrez de la Torre, ya que hizo dos procedimientos distintos a partir de la misma queja cuando debió haber entregado una sola resolución completa.
En entrevista posterior, explicó que en el trámite procesal, la Comisión de Fiscalización del IEDF dio vista a la Comisión de Asociaciones Políticas, lo que motivó el ejercicio de dos procedimientos distintos a partir de una sola queja.
Hernández Cruz detalló que la sentencia votada hoy tiene el propósito de que el IEDF emita una sola resolución completa sobre el planteamiento original de la queja del PRD-DF. Aclaró que no existe un plazo fijo para ello.
“Es innecesario el estudio de los restantes conceptos de agravio y de los argumentos de los terceros interesados, dado el sentido del proyecto”, agregó.
El pasado 11 de noviembre, el nuevo consejo general del IEDF determinó reabrir la investigación contra el exdirigente del PRI local y que sea analizado desde la Comisión de Asociaciones Políticas con diligencias “más exhaustivas” para investigar particularmente la posible violación a los derechos humanos de las mujeres involucradas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 3 de diciembre: “El Gobierno Federal pretende establecer una narrativa oficial de la masacre [de los 43 normalistas en Iguala] y una verdad jurídica con el fin de evadir su negligencia y responsabilidad en los hechos. Se trata de ocultar que fue un crimen de Estado y un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, su explicación está llena de omisiones, inconsistencias y contradicciones”. Estas son las conclusiones del reportaje del diario londinense The Guardian, firmado por Luis Hernández Navarro.
El diario destaca que el pasado 23 de septiembre, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió por parte de la Appeal of Conscience Foundation (Fundación por un Llamado a la Consciencia) el Premio Estadista Mundial 2014 (World Statesman Award) por el liderazgo que ha demostrado al tomar “difíciles decisiones que buscan impulsar a su nación y su pueblo, y por ser un actor en la responsabilidad global comprometida al desarrollo económico y social”.
Tres días después, puntualiza, su Gobierno entró en la crisis más profunda y más dramática de toda administración mexicana desde 1968.
“En las semanas posteriores, en las aulas, en las calles y en las redes sociales, millones de ciudadanos enojados, especialmente los jóvenes, han estado exigiendo la renuncia de Peña Nieto. El Gobierno Federal ha llegado a la deriva. Su estrategia parece ser la de ganar tiempo, esperando a que el descontento desaparezca y un milagro aparezca”.
De acuerdo con el periodista, hay varios hechos relacionados que explican “la masacre”. Primero: en México los normalistas de las zonas rurales son estigmatizados porque su compromiso con la reforma social desagrada a las élites económicas y políticas.
Este estigma unido a la impunidad generalizada del estado de Guerrero, donde muchos activistas han sido asesinados o han desaparecido, la presencia de bandas de narcos en disputa y la existencia de un “narcoestado” que controla la política, explican, según The Guardian, que casos como el de Iguala puedan suceder.
“La incapacidad del Gobierno para resolver el caso y la forma en que algunos políticos han sido protegidos, ha despertado una ola de cólera en todo el país. La agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa fue la gota final para el pueblo”.
The Guardian afirma que la buena imagen del Presidente está rota, “todos los esfuerzos de sus socios por sacarle a flote han fracasado”.
El autor narra la historia de Guerrero, convertido en uno de los estados más afectados por el narcotráfico, y el origen de las escuelas normalistas. “La normal de Ayotzinapa, fundada en 1926, es uno de los últimos reductos de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, que sigue predicando una reforma agraria radical y una educación gratuita y laica para todas las personas”.
“Las escuelas de capacitación rural son uno de los pocos caminos abiertos a los jóvenes en el México rural para ascender socialmente. (…) Ellos ven las escuelas normales como una herencia viva de la Revolución Mexicana a la que no quieren renunciar”.
El texto del diario inglés menciona la turbulenta situación de las protestas en Guerrero. “El fuego que devora edificios públicos y vehículos expresa la creciente furia de más y más jóvenes en Guerrero. Es el termómetro de una insurgencia cívica y popular que se extiende a través de sus municipios y sectores, la evidencia de una ira que se radicaliza más cada día que pasa.
Por último el diario valora la respuesta de las autoridades como desastrosa, errónea, incapaz, barata y brutal:
“La estrategia del gobierno para hacer frente a la crisis ha sido desastrosa. Cada paso erróneo adoptado por las autoridades les acerca al abismo. Incapaces de comprender la naturaleza de la insurgencia cívica, han recurrido a la política barata y a maniobras brutales. Una y otra vez, en manifestaciones por todo el país, las multitudes exigen la renuncia del presidente. La insurgencia cívica y popular ha entrado en una nueva etapa. Y no se puede ignorar”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-12-2014/1184656
Ciudad de México, 3 de diciembre: Entre 2013 y abril de 2014 se registraron 82 casos de ataques a defensoras y defensores del derecho a la tierra, que involucraron amenazas, agresiones físicas, intimidaciones, hostigamientos judiciales y hasta asesinatos, denunció el abogado Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Del total de agresiones, poco más de la tercera parte (29 casos) ocurrieron en los primeros cuatro meses de este año.
La cifra, además, duplica a la registrada por Cemda en el periodo 2011-2012, cuando documentó 41 ataques, a partir de revisiones hemerográficas y de los casos que conoce.
Las amenazas fueron la principal forma de agresión, pero también ocurrieron agresiones físicas, intimidaciones, 13 casos de criminalización, seis ataques a comunidades enteras y 14 a organizaciones que apoyan las luchas de los defensores y cuatro asesinatos.
De los 82 casos de agresiones referidos, 35 ocurrieron en Oaxaca, muchos de ellos relacionados con la instalación de parques eólicos. Otros estados donde la organización detectó varios casos son Puebla, Estado de México y Morelos.
Además de los proyectos eólicos, el Cemda también registró ataques en casos relacionados con proyectos mineros, hidráulicos o carreteros.
Los datos fueron referidos por Cerami durante la presentación del informe anual 2014 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa internacional para protección de defensoras y defensores de derechos humanos.
El informe titulado “No tenemos miedo”. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado refiere a su vez datos que muestran un panorama similar de agresiones a nivel mundial: entre enero de 2011 y agosto pasado se registraron 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones civiles; 63 casos de vulneraciones contra la integridad física de 122 defensoras y defensores; y 43 asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 casos de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañados de detenciones arbitrarias.
Tanto a nivel mundial como en el caso de México una constante es que los principales responsables de las agresiones son agentes del Estado.
De acuerdo con el Observatorio, muy frecuentemente los agresores son policías, militares, agentes de seguridad privada, pero entre los responsables también se encuentran actores no estatales, como los empleados de las empresas, paramilitares o secuaces contratados por las empresas, los empresarios o los políticos para atacar, golpear o hasta asesinar a miembros y líderes de las comunidades que se oponen a los desalojos.
El objetivo es acallar a los opositores que podrían frenar un proyecto de inversión.
En el caso mexicano, el Cemda documentó que de los 82 ataques, 37 fueron perpetrados por agentes del Estado; del resto, no se pudo identificar a los agresores, puntualizó Cerami.
El informe del Observatorio señala que el 95 por ciento de las agresiones a defensores de la tierra queda impune.
PATRÓN DE AGRESIONES
Los defensores del derecho a la tierra incluyen a quienes se han visto afectados directamente por las prácticas o políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra, líderes de comunidades rurales o pueblos indígenas, campesinos, profesionales que no se ven directamente afectados pero que trabajan con quienes buscan el respeto al derecho a la tierra, miembros de organizaciones no gubernamentales, abogados, periodistas y en ocasiones incluso las propias autoridades o miembros del sector privado.
Se trata de un sector que frecuentemente se enfrenta a amenazas y dificultades que lo hacen especialmente vulnerable, señala el informe del Observatorio, debido a que “los derechos que reivindican pueden competir con intereses económicos que defienden tanto los Estados como las empresas y otras partes interesadas muy influyentes”.
Esta vulnerabilidad aumenta cuando trabajan en zonas remotas -lo que suele ser común-, hay corrupción generalizada, la aplicación de la ley es débil, es común la impunidad y los defensores no tienen herramientas para comunicarse con los organismos que podrían proporcionarles protección.
Las particularidades étnicas, sociales y de género de los defensores también son factores que pueden incrementar su vulnerabilidad, asienta el documento.
El Observatorio resalta el hecho de que los asuntos medioambientales a menudo están íntimamente ligados a la lucha por el derecho a la tierra, además del vínculo que la tierra tiene con la vida cotidiana de las personas. Al respecto, destaca que casi la mitad de la población mundial vive en áreas rurales, por lo que dependen directamente de la tierra para su subsistencia diaria, ya sea por la agricultura, el pastoreo para el ganado, la caza, la recolección o la pesca.
Adicionalmente, para muchos pueblos –especialmente los indígenas– existen vínculos culturales y espirituales ligados a ciertos territorios.
El Informe documentó casos paradigmáticos de agresiones a defensores del derecho a la tierra en varios países. A decir de Axel García, coordinador del área de Protección de Derechos Humanos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), los casos documentados retratan patrones contra los defensores que se repiten en todo el mundo: amenazas, ataques físicos, malos tratos, asesinatos, desapariciones forzadas, acusaciones infundadas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y hostigamiento judicial.
García refirió que los organismos judiciales de los países donde ocurren las agresiones se caracterizan por la falta de independencia, de medios o de pericia.
Asimismo, el informe da cuenta de que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de defensores del derecho a la tierra son frecuentes en América Latina y Asia. En el caso de América Latina, predominan Colombia, Guatemala, Honduras y México.
De hecho, entre los casos paradigmáticos que documenta el informe sobre asesinatos se incluye el de Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), quien fue asesinado el 21de julio de 2013.
La organización a la que pertenecía se oponía a la construcción de parques eólicos en Oaxaca por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa.
Un mes después del asesinato de Regalado Jiménez, el 25 de agosto un grupo de hombres armados, sospechosos de trabajar para la empresa, atacó y amenazó de muerte a varios miembros de la APPJ, cuando éstos visitaban la zona en la que se construía el parque eólico Bií Hioxho a fin de evaluar los daños que causaría la construcción del proyecto, de acuerdo con el informe.
MEGAPROYECTOS Y CONSULTAS
El Observatorio plantea que “el reciente aumento global de la demanda de tierra para los proyectos de inversión, de desarrollo y de conservación explica el aumento de las presiones sobre la tierra para proyectos y contratos económicos a gran escala”.
Eso incluye proyectos agroindustriales, industrias extractivas, el aumento de áreas protegidas, infraestructura a gran escala, proyectos de urbanización y turismo, y arrendamientos de tierra especulativos, que tienen como objeto la posterior venta de la tierra para obtener beneficios.
En el caso de México, Mecia y Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), coincidieron en que el auge del desarrollo de los llamados megaproyectos –que incluyen minas, caminos y proyectos hidráulicos– ha repercutido en el panorama de agresiones a defensores del derecho a la tierra. Asimismo, consideraron que la llamada reforma energética tendrá un impacto al respecto, toda vez que los cambios en la legislación prevén favorecer el uso y explotación de recursos en el subsuelo para proyectos de desarrollo.
Cerami explicó que el auge de los megaproyectos en América Latina en muchos casos han significado el despojo a las comunidades, lo que ha derivado en conflictos y el rechazo a las nuevas obras. Una consecuencia de esos conflictos es la criminalización de quienes se oponen a los proyectos por la defensa de la tierra y su territorio, abundó el abogado.
Ante ello, señaló la utilidad de la consulta previa a las comunidades, prevista en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cerami dijo que respetar la participación de las comunidades donde se desarrollan proyectos podría ser una vía para reducir conflictos sociales por la tierra. El problema es que las consultas no se están implementando de forma adecuada, puntualizó, pues si bien algunas se han puesto en marcha, éstas sólo quedan en un asunto formal pero carente de sustancia.
Yasser Caballero, integrante del Área de Justicia Trasnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló al respecto que cuando los defensores del derecho a la tierra han manifestado su opinión sobre los megaproyectos, han sido víctimas de amenazas al término de las consultas o posteriormente en sus domicilios.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SANCHÉZ.
MÉXICO, D.F: Pese a la caída del precio del petróleo en las últimas semanas, el cual ya se cotiza en 61 dólares por barril, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que México cuenta con “diversos mecanismos de protección” para afrontar la volatilidad en los mercados financieros.
Luego de presentar las acciones de apoyo a la industria textil, el encargado de la política fiscal del país señaló que México cuenta con la cobertura del precio del petróleo para el próximo año, la ampliación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 70 mil millones de dólares y un tipo de cambio flexible.
No obstante, las afectaciones de la baja en el precio del crudo a nivel internacional, influyen en el tipo de cambio –que hasta hoy mantiene al peso en más de 14 unidades por dólar–, y cortan una racha de cinco caídas consecutivas en las que acumuló una pérdida de 3.4%, derivado de datos económicos mixtos en Estados Unidos y de la zona euro, así como de un repunte del precio internacional del petróleo.
El titular de la SHCP reconoció que “todos estos factores permiten que México tenga mejores perspectivas que otras economías. Esto no quiere decir que no vamos a sentir la volatilidad que se presenta en los mercados internacionales, la hemos sentido en los últimos días”.
Videgaray aprovechó para presumir la aprobación de las “reformas estructurales” que, aseguró, contribuyen a preparar al país ante este tipo de escenarios internacionales.
“La prioridad para la autoridad es que tengamos un mercado con amplia liquidez y permita absorber choques de los últimos días originados en el exterior, a través de la fluctuación del tipo de cambio. El mercado cambiario está funcionando con una amplia liquidez, con orden y ese seguirá siendo nuestra política”, explicó.
El gobierno mexicano contrató un seguro de coberturas petroleras con un costo de 770 millones de dólares con el objetivo de proteger los ingresos derivados de este combustible no renovable, que sostienen a la tercera parte de las finanzas públicas.
Medidas de apoyo a la industria textil
Luis Videgaray anunció también medidas para proteger a la industria textil del contrabando y la subvaluación de mercancía al establecer el Padrón Sectorial para la Importación Textil y del Vestido, ya que no se podrán importar textiles y vestido si no están inscritos en el nuevo padrón.
Además, anunció la creación del Aviso Automático anticipado para importaciones de textiles y del vestido, con lo que la autoridad podrá verificar con anticipación la mercancía que se importa.
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tendrá un programa de Fiscalización continua a importadores de operaciones subvaluadas y sus clientes. Aunado a lo anterior, se realizará el desdoblamiento de fracciones arancelarias a 10 dígitos para textil y vestido.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que en los últimos 20 años, la industria ha perdido 10 mil millones de pesos de valor en su producto generado.
El funcionario señaló que el principal factor fue la entrada de China al sistema del comercio internacional, así como al de Vietnam al mercado internacional.
“Eso nos desplazó en nichos de mercado que habían sido abiertos por el Tratado de Libre Comercio; pero al mismo tiempo también en el territorio nacional estuvimos viendo el doloso impacto de las famosas prácticas de contrabando técnico, la subvaluación, la subfacturación, la triangulación y la clasificación arancelaria dolosa”, precisó.
No sólo eso, el titular de la SE dijo que a ello se suma un impacto en productividad, donde la industria perdió un 26% de su productividad aproximadamente en 20 años, representando hoy 34% de la productividad promedio de la industria manufacturera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
MÉXICO, D.F: Las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se trasladaron hoy a por lo menos 43 ciudades de Estados Unidos, donde decenas de personas exigieron al presidente Barack Obama la cancelación a México del financiamiento de la Iniciativa Mérida.
El movimiento argumentó que la ayuda multimillonaria que brinda Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, también conocido como “Plan México”, se está financiando a una fuerza que viola los derechos humanos.
En una convocatoria sin precedentes, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes y organizaciones religiosas participaron en una acción denominada #USTired2 (Nosotros también estamos cansados) y salieron a las calles para manifestarse en plazas, o frente a edificios públicos con velas encendidas, carteles y consignas.
La misma escena se repitió a lo largo de este miércoles en: Albuquerque, Nuevo México; Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Baltimore; Bellingham, Washington; Berkeley, California; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Columbia, South Carolina; Dallas- Fort Worth, Texas; Detroit, Michigan.
En El Paso, Texas; Fayetville, Arkansas; Ferguson, Missouri; Fresno, California; Gainesville, Florida; Greenville, North Carolina; Harrisonburg, Virginia; Hoover, Alabama; Houston, Texas; Jackson, Mississippi; Los Angeles, California.
También en Madison, Wisconsin; Miami, Florida; Minneapolis, Minnesota; New York; Olympia, Washington; Salt Lake City, Utah; San Antonio, Texas; San Fernando, California; San Francisco, California; San Jose, California; San Marcos, California; Santa Ana, California; Santa Cruz, California; Seattle, Washington.
Así como en St. Louis, Missouri; Tucson, Arizona; Washington DC; Woodburn, Oregon; Yakima, Washington y Yellow Springs, Ohio.
“43 Cities, 43 students, One goal: Stop the us governments deadly ‘Plan México’”, (43 ciudades, 43 estudiantes, un objetivo: Alto a nuestros gobiernos mortal Plan México), fue el llamado que hicieron los activistas a través de las redes sociales.
En cada uno de los 43 puntos se pidió por uno de los normalistas desaparecidos.
La movilización contrastó con la postura asumida hoy por el gobierno de Barack Obama que, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, arropó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje, Harf aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.
Roberto Lovato, organizador del #USTired2, dijo en entrevista con CNN Español, que tras los hechos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, un grupo de mexicanos decidió protestar para solicitar al gobierno estadunidense cortar los recursos destinados a instituciones de seguridad mexicanas para combatir el narcotráfico.
“En Estados Unidos somos millones que al igual que miles de mexicanos, decimos ‘Ya me cansé’, sólo que en inglés, estamos cansados del apoyo que da el gobierno estadounidense a fuerzas de seguridad en México que han torturado, desaparecido y matado a miles de personas”, manifestó el también periodista y activista.
El objetivo de #UStired2, abundó, es promover la paz como una alternativa a una “fallida y catastrófica guerra contra las drogas que ha dejado más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos en México”.
A través de un video difundo en días previos a la jornada cívica, dos de los normalistas que sobrevivieron a los hechos del pasado 26 de septiembre, en el que invitan a la gente a participar en el #USTired2, señalaron:
“El tema que nos tiene en este momento preocupados como estudiantes junto con los padres de familia y mucha de la sociedad mexicana es que estamos luchando por 43 compañeros que se llevó la Policía Municipal de Iguala. No estamos jugando nosotros, es un problema serio”.
“(…) Invitamos a que sigan apoyándonos; al apoyarnos a nosotros están apoyando a todo un país que ya está harto”, convocó uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Los organizadores del movimiento señalaron que con el #USTired2 también buscan que Estados Unidos “deje de ser un observador pasivo” frente a la tragedia de México.
“Estamos haciendo esto por la desaparición de los estudiantes (de México), pero más que nada estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pare de financiar al gobierno mexicano.
“Es un esfuerzo comunitario de mexicanos residentes en Estados Unidos que queremos que nuestro dinero de impuestos no financie al gobierno mexicano, que es corrupto”, dijo Karla de Anda, una de las organizadoras de la protesta en Miami quien nació en México y vive en Estados Unidos desde hace 14 años.
Los activistas filmaron sus protestas y los videos de ellas serán transmitidas en una pantalla gigante frente a la embajada de Estados Unidos en México, según explicó De Anda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro: Luego de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada hace más de dos meses en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia, el gobierno federal admitió que en la región de la Tierra Caliente existen territorios completos controlados por la delincuencia.
Es por ello que anunció la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, México y Morelos.
También se informó que elementos de la Policía Federal División Gendarmería asumirán el control de las labores de seguridad en el puerto de Acapulco, donde policías y agentes de tránsito municipal mantienen un paro de labores desde abril de este año.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que de esta manera pretenden revertir los efectos de la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en la región de Tierra Caliente, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda transitar libremente por las vías de comunicación de esta zona.
Osorio Chong dijo que para el puerto de Acapulco la Gendarmería desplegará acciones enfocadas en mantener este balneario como “el polo de desarrollo y fuente de ingresos” para el estado de Guerrero.
Lo anterior, durante un acto oficial realizado en la cima del cerro del Tehuehue, donde se encuentra el asta, sitio emblemático de la ciudad de Iguala conocida también como “La cuna de la bandera”.
No obstante, el evento se caracterizó por la ausencia de alcaldes de la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad, así como del presidente del Congreso guerrerense, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, todos ellos señalados por sus presuntos nexos con el narco.
Sobre este tema, Osorio Chong dijo que el gobierno federal está investigando a los políticos guerrerenses donde “tienen elementos para investigar”, aunque advirtió que se actuará cuando se tengan los datos suficientes para detener, consignar y procesar.
“No vamos a llevar una acción donde no tengamos elementos suficientes. La PGR va a seguir adelante con las investigaciones y, donde estemos seguros de que no se va a caer un proceso, donde un alcalde detenido salga en libertad por falta de elementos, entraremos en un proceso serio y transparente”, ofreció el funcionario federal entrevistado sobre el tema de la narcopolítica que desató una crisis de vacío de autoridad e ingobernabilidad en la entidad tras el caso Ayotzinapa.
Ello a pesar de que desde diciembre pasado el gobierno federal tiene abierta una investigación en contra de más de una decena de ediles y políticos que han sido exhibidos públicamente por sus presuntos nexos con el narco, pero a la fecha sólo ha sido detenido el exalcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, en abril de este año, y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez , luego de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzoniapa.
El lugar donde se realizó el acto oficial prácticamente fue sitiado por policías federales y soldados, no obstante en el acceso principal una veintena de habitantes de Iguala se manifestó portando pancartas para exigir al gobierno federal que no reintegre a los policías municipales, pues éstos fueron acusados de participar no sólo en la campaña de exterminio de normalistas de Ayotzinapa, sino también en la desaparición de decenas de personas en este lugar considerado como un cementerio clandestino por el número de fosas encontradas durante la búsqueda de estudiantes.
Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo especial en la región de Tierra Caliente abarca 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado México y Morelos.
Las fuerzas federales se van a desplegar en 22 municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de Michoacán donde operan varias bandas delincuenciales que han exhibido “la debilidad institucional”, admitió.
Rubido García explicó que luego de la masacre de Iguala, 16 de los 22 municipios guerrerenses anunciados ya estaban bajo control de las fuerzas federales, es decir, sólo seis fueron incorporados al operativo federal.
El funcionario federal también destacó que la llegada de la Gendarmería al puerto de Acapulco pretende establecer condiciones de seguridad permanente y, de manera particular, en la temporada vacacional de diciembre.
En el operativo especial en la Tierra Caliente participarán al menos 2 mil agentes federales y la coordinación de la estrategia federal recae en el Ejército, indicó Rubido.
En Guerrero, los municipios bajo control de la Federación están ubicados en las regiones Tierra Caliente y Zona Norte: Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Argelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuellar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.
Del Estado de México son Tlatlaya; Tejupilco, Amatepec, Ixtapan de la Sal; Tonatico, Zultepec, Zacualpan y Zumpahuacán.
De Michoacán: Huetamo y San Lucas.
Finalmente, de Morelos: Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán y Tetecala.
En el acto oficial estuvieron los gobernadores de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien en su discurso volvió a ofrecer diálogo al movimiento conformado por padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y organizaciones sociales, entre ellas el magisterio disidente.
“Lo que hoy vivimos en Guerrero es una crisis social y política, por eso yo ofrezco diálogo, diálogo y diálogo, así como flexibilidad y tolerancia al extremo”, expresó el mandatario interino que se ha caracterizado por la falta de operación política para destrabar el conflicto que tiene paralizados ayuntamientos y oficinas de gobierno estatal.
De manera paralela, en Chilpancingo integrantes del magisterio disidente volvieron a salir a las calles para irrumpir nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo, donde desalojaron el edificio y quemaron los bustos de los exgobernadores en la entrada principal del inmueble.
Los manifestantes advirtieron que no permitirán que burócratas y autoridades estatales laboren en este inmueble que alberga la estructura administrativa del gobierno de Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Organizaciones civiles anunciarán hoy nuevos obstáculos y detalles irregulares de la licitación y del presupuesto contra el proyecto que plantea el gobierno estatal.
La batalla emprendida por asociaciones civiles en contra de la realización del proyecto Monterrey VI sigue creciendo.
Los organismos civiles anunciaron que darán a conocer nuevos signos de corrupción en el polémico proyecto que el gobierno de Nuevo León licitó a través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Hoy las organizaciones civiles difundirán la documentación que refuerza su postura en contra de la obra, contratada por medio de una Asociación Público-Privada.
Ayer aplazaron para hoy una conferencia de prensa programada como parte del ultimátum que lanzaron al gobierno estatal para que publique la información a detalle del proyecto.
Los organismos ciudadanos aseguran que tienen en su poder nuevas pruebas, que no sólo sostienen sus afirmaciones, además evidencian actos de corrupción.
El representante de Rescatemos Nuevo León, Malaquías Aguirre, explicó que cuentan con nuevos documentos que los obligó a posponer la reunión de ayer, para analizarla a detalle.
“Se pospone para mañana, a la misma hora, el motivo es que recibimos información muy importante, información que nos fortalece como proyecto que traemos.
“En el trabajo que hemos estado haciendo de demostrar cabalmente que el Proyecto Monterrey VI no tiene un sustento bueno, que hay opciones mucho mejores, mucho más económicas, y que por todos lados vemos situaciones de mucha corrupción en este proyecto que debemos detener”.
El plazo del ultimátum inicial de las organizaciones civiles se cumplió ayer, y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer el martes un expediente del caso, pero los activistas aseguran que no están conformes con lo informado.
Ahora, dicen, tienen en sus manos nuevas evidencias que refuerzan sus argumentos de rechazar el proyecto.
Los grupos que han dado a conocer su rechazo para la realización del acueducto, encontraron que éste traerá agua a esta zona del país, que no es necesaria y a un gran costo para la población.
Monterrey VI promete traer a Nuevo León, 6 mil millones de metros cúbicos de agua durante los próximos 30 años.
Pero si a dicha cantidad se le resta el consumo de la ciudadanía, que es de mil millones de metros cúbicos.
Además de otros mil millones que serán utilizados en la industria, restarán cuatro mil millones de metros cúbicos.
¿Para qué será destinada el agua excedente? ¿Y quién pagará por ella?
Analistas piensan que será destinada al fracking para la extracción del gas shale en la zona norte del estado.
Es decir, durante 27 años la población de Nuevo León pagará la obra y la operación de Monterrey VI en su recibo de agua, mientras que grandes consorcios la utilizarán para hacer negocios millonarios.
El proyecto de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), consta de un acueducto de 372 kilómetros de largo, de 84 pulgadas de diámetro, que pretende traer un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, con seis estaciones de bombeo.
El agua será traída de la cuenca del Río Pánuco hasta el municipio de Linares, de donde se interconectará con el acueducto entre la presa Cerro Prieto y Monterrey, y de ahí, hasta la Planta Potabilizadora de San Roque.
Hasta hoy, la zona metropolitana recibe 11 mil 750 litros por segundo, equivalentes a 1.75 metros cúbicos.
Y hasta hace pocos meses las autoridades de Agua y Drenaje declaraban que era una cantidad suficiente para que la entidad tenga agua las 24 horas, durante 15 años.
Pero según la información más reciente de Agua y Drenaje, todo cambió repentinamente.
Ahora resulta que el líquido que guardan nuestras presas sólo alcanza para tres años y se debe invertir en el acueducto que vendrá desde el Río Pánuco.
Reporte Indigo publicó ayer que según la opinión de especialistas que apoyan a las organizaciones civiles en el estudio del proyecto, el excedente de agua que llegará a Nuevo León es innecesario.
En 30 años llegarán 6 mil millones de metros cúbicos de agua del Río Pánuco.
Que si son multiplicados por los 8 pesos que Agua y Drenaje va a pagar por la obra, da un total de 48 mil millones de pesos que el consorcio de cinco empresas que construirá y operará el proyecto recibirá.
Y como de los 6 mil millones de metros cúbicos la población sólo requiere de mil y la industria otros mil, estarían sobrando 4 mil millones de metros cúbicos de agua.
Cantidad del líquido que de todas maneras tendrá que ser consumida, pero ni la población, ni las empresas conectadas a la red la requieren.
Así que este superávit de líquido sería destinado para la extracción del gas shale.
Porque el fracking o fractura hidráulica es utilizada en el material rocoso para la extracción del gas shale en el norte del estado.
Y es que en esta técnica, durante la perforación de las rocas, se inyecta agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para después extraer el gas.
Para fracturar cada pozo son necesarios entre 9 y 29 millones de litros de agua.
Este “secreto”, que Reporte Indigo hizo público ayer, es uno de los motivos por el que Agua y Drenaje no transparentó desde un principio la información que las asociaciones civiles le exigen.
El equipo que determinó que traer el agua desde el Río Pánuco es lo más “conveniente”, descartó otros proyectos más económicos y cercanos.
Las organizaciones civiles han denunciado además, favoritismo para la concesión del contrato y la falta de transparencia en la inversión y en el objetivo final del proyecto.
Y es que la construcción y operación de Monterrey VI fue concedida a un consorcio de cinco empresas, entre las que se encuentra Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
El Grupo Higa, es el mismo al que le concedieron el contrato para la construcción del tren rápido México-Querétaro, cancelado hace dos semanas.
Y es que Hinojosa Cantú, compadre del presidente Enrique Peña Nieto, es el mismo que edificó la Casa Blanca de 7 millones de dólares de la esposa de la primera dama, Angélica Rivera.
Por otro lado, el costo de Monterrey VI ha sido sumamente debatido por sus constantes modificaciones.
El gobierno estatal inicialmente dio a conocer que sería de 14 mil 161 millones, 976 mil pesos, más IVA.
Posteriormente que sería de 17 mil millones, después 18 mil, a lo que sumado el costo de mantenimiento y la operación, subió a 47 mil millones.
Y el pasado martes, Agua y Drenaje publicó documentación que señala una cifra de más de 38 mil millones des pesos.
Es decir, ni siquiera existe una sola versión oficial sobre el costo del proyecto.
Los representantes de las organizaciones ciudadanas mostrarán hoy la información que, aseguran, revelará corrupción detrás de Monterrey VI.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F: A contracorriente del sentimiento nacional e internacional, el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama arropó hoy al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Luego de admitir que la indagatoria de ese caso representa un “duro reto”, la vocera dijo que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.
“Tenemos una muy importante relación con México. Creemos que el gobierno mexicano, en este caso particular, ha actuado rápidamente para investigarlo de manera integral. Sin embargo es un duro reto y seguiremos trabajando con ellos en eso”, destacó.
Harf reaccionó así en la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado a pregunta sobre si Estados Unidos estaba revisando el tema de derechos humanos con México.
La vocera diplomática dijo que el Departamento de Estado envió al Congreso el reporte periódico de la situación de los derechos humanos en México el pasado 19 de septiembre y que “no existen planes de revisarlo”.
El reporte que se elabora cada dos años forma parte de las condiciones fijadas por el legislativo estadunidense en el marco de la ayuda a México bajo la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.
Harf recordó que el Departamento de Estado condenó en su momento la desaparición de los 43 estudiantes y continuó pidiendo al gobierno mexicano investigar rápida e integralmente el crimen, así como llevar a los culpables a la justicia “como ya lo ha estado haciendo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El titular de la Segob visitó el municipio que encendió las alarmas en el país. Ahí, firmó un compromiso para buscar evitar que una tragedia similar se repita.
Si hace casi 200 años el plan en Iguala era lograr la independencia, ahora el objetivo es la seguridad.
Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong pisó Iguala a 68 días de la tragedia de los 43 estudiantes normalistas.
Lo hizo para presentar el Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente, que es parte de las acciones que Enrique Peña Nieto presentó el jueves 27 de noviembre con el objetivo de reforzar la seguridad.
Inicialmente, ese plan sería presentado por el Ejecutivo. El martes 2 de diciembre fuentes de Los Pinos anunciaron que Peña Nieto viajaría a Iguala; horas después informaron que viajaría a Guerrero, pero sin definir el municipio, y una hora más tarde, la visita al estado se canceló.
Desde Iguala, el titular de la Segob subrayó que el propósito del Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente es fortalecer el Estado de Derecho en zonas donde la integridad de la familias está siendo vulnerada.
Insistió en que la disposición de los gobernadores de los estados que implementarán esta estrategia es fundamental, pues se trabajará de manera coordinada con el Gobierno Federal para completar el objetivo.
“Entendemos claramente que ninguna estrategia será suficiente si no contamos con el respaldo decidido de la sociedad”, indicó.
Para cuando Osorio Chong llegó a Iguala, el municipio estaba estrenando secretario de Seguridad Pública.
Horas antes del arribo del funcionario federal, Jorge Berrios Flores tomó protesta en sustitución de Felipe Flores Velázquez, quien está prófugo después del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.
Todos tienen miedo
Dos semanas después de que policías municipales de Iguala atacaron a estudiantes de Ayotzinapa, poco más de 300 uniformados fueron trasladados a Tlaxcala, para ser sometidos pruebas de control de confianza.
Carlos Díaz García – encargado interino de la seguridad en el municipio en ese entonces– informó que los municipales tomarían un curso de capacitación durante 45 días.
El 18 de octubre, familiares de los policías municipales denunciaron a La Jornada que los uniformados han sido investigados y maltratados.
Diez días después, 70 policías regresaron de Tlaxcala. En esa ocasión, los uniformados dijeron estar temerosos por las acciones que la Federación está tomando en contra de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
“Todos somos culpables, todos somos los malos. Aquí quieren acabar con todos nosotros, eso es el temor de nosotros”, indicó Graciela Salgado para el diario Pueblo Guerrero.
Pero no solo ellos tienen miedo. Los 45 día de acuartelamiento están por cumplirse y ayer, familiares de desaparecidos en Iguala exigieron a las autoridades garantías de seguridad ante el inminente regreso de los uniformados al municipio.
“Si ellos regresan estamos muertos, nos van a asesinar uno por uno”, dijo el padre de uno de los desaparecidos.
Operativo en Tierra Caliente
> Se implementará en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
>Busca asegurar la tranquilidad de las familias y el cumplimiento de la ley en cada municipio
>Se ampliará la presencia de las Fuerzas Federales, con especial énfasis en las zonas de alta criminalidad.
>Las Fuerzas Federales asumirán el control absoluto de las tareas de seguridad en Acapulco.
>La Secretaría de la Defensa Nacional tomará el mando y la coordinación del operativo donde participan además la Marina, Policía Federal, PGR y CISEN.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
IGUALA, Gro: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno no buscará en bases militares a los 43 normalistas desaparecidos, porque “sabemos que ahí no están” y señaló que es “absurdo” suponerlo.
Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.
Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.
Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.
Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.
A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).
Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.
“No llovió en Cocula”.
En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:
–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.
Sospecha hacia el 27 batallón.
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.
Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:
1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.
2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.
3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.
4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.
5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).
6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.
Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.
En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.
El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D. F: El PRD expresó su rechazo a “cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en México, y pidió al Senado no avalar el dictamen de reformas constitucionales en materia de movilidad que ayer aprobaron diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
El dictamen se sacó de la “congeladora” legislativa justo un día después de la manifestación del 1 de diciembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Tras ello, el PRD emitió un pronunciamiento en el que expresó “su absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en el país y consideró que las modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución Mexicana podrían abrir esa ruta.
Destacó que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza pretenden facilitar la censura y la represión hacia cualquier manifestación en las calles, un derecho que los mexicanos han conquistado a lo largo de años de lucha por el respeto a las libertades de tránsito y de expresión y por un país más democrático.
“El PRD considera que dicho dictamen es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática, pues sus promotores pretenden convertirlo en un atentado contra las libertades políticas, como se evidencia en la potestad que se le daría al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, y para regularlas mediante una ley general”, subrayó.
Contrario a ello, propuso respeto absoluto para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan con seguridad su derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, “para lo cual pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional”.
Además, pidió adelantar el nombramiento del fiscal general de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones, y que se priorice la búsqueda con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
También que la Cámara de Senadores frene la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación, pues de no hacerlo, apuntó, “estará contribuyendo a que la República entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias”.
Agregó: “Hemos dicho que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, en especial el juvenil, no se resolverá con mano dura. Este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientes protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
