En entrevista con Giro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el funcionario mencionó que directivos de escuelas y padres de familia le pidieron cerrar las escuelas debido a que la violencia ponía en riesgo a los alumnos.
Martínez della Roca refirió que no tiene la certeza de que las clases reinicien en enero próximo: “Mira si es necesario incluso contrato empresas privadas, como tú sabes la policía en Guerrero está muy metida en el crimen organizado, están metidos grupos que traen por consecuencia una alteración muy fuerte, como hay tantos intereses en juego no tengo un interlocutor con quien sentarme a negociar, porque son muchos interlocutores con diferentes intereses”.
Aparte, el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en La Montaña baja, Félix de Jesús Jiménez, informó que diez mil estudiantes de nivel básico se quedaron sin clases por la inseguridad.
En una nota informativa publicada en el diario El Sur, el funcionario estatal informó que en el municipio han cerrado 110 escuelas, “de todos los niveles educativos y todas en la zona rural, por la falta de condiciones para garantizar la seguridad de los profesores”.
Explicó que del 2 de diciembre a la fecha comenzó a recibir actas de acuerdo firmadas por autoridades locales, padres de familia y maestros para suspender clases en las escuelas porque simplemente “no existen garantías de seguridad para laborar”.
La mayoría de los centros educativos abandonados están ubicados en los poblados de Xiloxuchican, Mexcalcingo, Santa Catarina, Ayahualulco y Tlamixtlahuacan, comunidades colindantes con el municipio de Quechultenango, donde actualmente mantienen una confrontación dos grupos criminales que operan impunemente en la zona bajo el manto protector de autoridades de los tres niveles.
Las bandas que disputan las zonas de producción, acopio y trasiego de droga en la Montaña baja son Los Rojos, que tienen su bastión en Chilapa y dirige un sujeto identificado como Zenén Nava Sánchez, así como Los Ardillos, grupo afincado en Quechultenango y que encabezan los hermanos del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, de acuerdo con reportes oficiales del gobierno federal.
La narcoviolencia en Chilapa afecta directamente a 10 mil 245 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de todos los sistemas en la región que se han quedado sin clases, indicó el funcionario de la SEG.
Dijo que también se han suspendido las rutas del transporte público en esta franja de la entidad, situación que también obligó a los docentes a dejar de laborar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.