APATZINGÁN, Mich: Grupos de autodefensa reactivaron hoy sus acciones en Michoacán con bloqueos carreteros en este municipio, en Múgica y Uruapan, entre otros.
Según el diario Primera Plana, debido a conflictos con la Policía federal, la Fuerza Rural de Apatzingán rompió relaciones con los gobiernos federal y estatal y con el comisionado Alfredo Castillo.
Además, quemaron las credenciales que los acreditan como integrantes de la FR y retiraron las calcomanías de la corporación a todos sus vehículos.
“Han resurgido las autodefensas en todo Michoacán”, fue el grito que anunció el regreso de las policías comunitarias que, desde hoy, retomaron las camisetas blancas.
Además, quemaron las credenciales que los acreditan como integrantes de la FR y retiraron las calcomanías de la corporación a todos sus vehículos.
“Han resurgido las autodefensas en todo Michoacán”, fue el grito que anunció el regreso de las policías comunitarias que, desde hoy, retomaron las camisetas blancas.
La oficina de prensa del comisionado Alfredo Castillo, a cargo de José Emiliano Montiel, confirmó los hechos y explicó que los bloqueos en Uruapan y Apatzingán los realizan en su mayoría “autodefensas que exigen coordinación con las autoridades para la detención de delincuentes”.
En estos momentos está suspendido el tránsito vehicular en puntos como la salida a Nueva Italia, Bachilleres, el Aeropuerto “Pablo L. Sidar” y la brecha a Los Cuiniques, además de que se han suspendido corridas de autobuses.
El cierre de estas vías de comunicación afecta a las mismas fuerzas federales que no pueden entrar ni salir de la región, aunque de un momento a otro podría permitirse el paso solamente a los ciudadanos, sobre todo a aquéllos que circulan por emergencias médicas.
En Ziracuaretiro, autodefensas informan a los automovilistas en las casetas de peaje de San Ángel Zurumucapio y Taretan, donde atravesaron pipas y camiones para bloquear las carreteras.
El resurgimiento de las autodefensas en municipios como Apatzingán, Los Reyes, entre otros, se da siete meses después de que, mediante decreto oficial, se anunció la creación de la Policía Estatal Fuerza Rural en Michoacán.
Los líderes de autodefensas habían advertido que trataron de dialogar con el comandante regional de la Policía Estatal pero que fueron atendidos “de una mala manera” y que incluso que les habían faltado al respeto con palabras altisonantes.
Indicaron que ya están cansados de las injusticias cometidas por elementos de la Policía Federal, quienes cometen abuso de autoridad y la población acude a la Fuerza Rural para denunciarlos.
El movimiento tiene como fin establecer una mesa de diálogo con el gobierno, para así exigirles el pago de sueldo, equipamiento de la Policía y la entrega de patrullas para llegar a un acuerdo y restablecer la llamada Fuerza Rural, de lo contrario seguirán siendo autodefensas, dijo el Comandante Halcón 1.
En reiteradas ocasiones el comisionado Alfredo Castillo y el presidente Enrique Peña Nieto habían echado las campanas al vuelo al asegurar que en Michoacán ya habían sido aniquilados Los Caballeros Templarios y otras bandas del crimen organizado, lo cual, según uno de los comandantes de autodefensas, fue sólo un acto mediático de ambos funcionarios.
Autodefensas intensifican bloqueos en carreteras de Michoacán
URUAPAN, Mich: Las Fuerzas Rurales y exautodefensas intensificaron este mediodía sus acciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Salvador Jarra Guerrero, al cerrar cuando menos 15 importantes carreteras que conducen a Morelia, Uruapan, Múgica, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán, Zamora, Los Reyes, Tocumbo, Periban, La Piedad, Taretan, Ziracuaretiro, Ario de Rosales, Pátzcuaro, La Huacana y otras poblaciones intermedias, donde hay miles de vehículos varados.
Durante un recorrido se constató que había que caminar hasta seis kilómetros de filas de carros.
“Estos bloqueos, incluyendo el de Apatzingán, se deben a que el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal y el gobierno del estado están apoyando a Los Templarios. Ayer tuvimos un agarre con ellos y los federales nos bloquearon al taparnos la carretera, mientras otros compañeros se enfrentaban a los Templarios”, dijo el comandante Estrella.
Agregó que lo que buscan es que el gobierno les haga caso, “si no nos van a apoyar, que no nos estorben”.
Por su parte, el comandante Góndola envió un mensaje a Peña Nieto y al comisionado Castillo:
“Ya no va a haber fuerzas rurales en Michoacán porque no nos han apoyado, ni siquiera con uniformes, armas, dinero, no nos han pagado ni un cinco mientras nosotros arriesgamos la vida”.
Acto seguido, desprendió una calcomanía a una unidad que decía “Fuerza Rural”.
En Apatzingán, integrantes de Fuerzas Rurales quitaron todos los logotipo a sus vehículos, quemaron sus credenciales y bloquearon las salidas a Coalcomán, Tepalcatepec, Cuatro Caminos, Lázaro Cárdenas y se sumaron más de 300 elementos.
“Y no nos vamos a quitar hasta que se solucione esto, oiga que venga la Policía Federal, el Ejército para dialogar con ellos, queremos que se les pague a los que están registrados, queremos buenas armas y combatir juntos, como al principio, gobierno y autodefensas al crimen organizado, sólo que las fuerzas federales se paran el ‘cuello’ cuando nosotros somos los que hemos agarrados a los Templarios y se los entregamos en charola de plata, y luego los sueltan por una lana”, dijo otro comandante que se cubría media cara con una mascarilla negra.
“Nos apoyan niños, jóvenes, mujeres, ancianos, estudiantes porque ven que sí combatimos a los delincuentes, pero (las autoridades) no nos dejan”.
A las 19:00 horas continuaban los bloqueos en las carreteras y la autopista Siglo XXI. Ninguna autoridad se había presentado a dialogar.
Los autodefensas portaban armas de grueso calibre y mantas con la leyenda ¡ya basta presidente!, con fotos de La Tuta y El Cenizo, señalando: “Señor Presidente, detenga estos monstros (sic) que están matando civiles, inocentes y fuerzas rurales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
(14 de diciembre, 2014).- Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco, condenó la declaración del normalista Omar García sobre los bloqueos carreteros.
En días anteriores el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que si los bloqueos continuaban se recurría al uso de la fuerza. En res puesta, Omar García, vocero de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que continuarían las protestas pese a las amenazas.
La postura de normalista fue criticada por el arzobispo, quien hizo un llamado a los normalistas para que reflexionen sobre el “grave daño” que se está causando a los derechos de “mucha gente”.
El prelado católico también opinó sobre las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, quien aseguró que en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa hubo omisiones del Estado. “Debe tener evidencias de lo que está señalando”, advirtió.
En ese sentido recalcó que lo más importante es reconstruir al país “sin todo lo que se está señalando”.
En el parque de la Reina, con motivo de la celebración por el día de Santa Lucía, el arzobispo mencionó:“Así como ellos tienen razón para poder manifestar sus inconformidades y descontentos, es importante que se den cuenta del grave daño que están haciendo a la sociedad, y cómo están provocando y favoreciendo que mucha gente esté dañada en sus derechos”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
El partido del PRD exigió que los secretarios expliquen la presunta participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas.
El PRD a través de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados llamará a comparecer al secretario de la Defensa, al General Salvador Cienfuegos, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que expliquen o en su caso deslinden de la presunta participación de elementos del Ejército y de la Policía Federal en el ataque contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Esto luego de que según un informe obtenido por la revista Proceso, desde las 17:59 horas de aquel domingo de septiembre, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo estaba rastreando a los normalistas que partían de Ayotzinapa hacia Iguala. Y se informa que el C4 está bajo el control de la policía estatal pero que hay un radio operador del Ejército, de la Policía Federal, de la policía estatal y de la policía municipal, y que se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. De tal suerte que se presume que los tres niveles de gobierno estaban informados de la agresión desde un inicio.
El dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, René Bejarano, indicó que de confirmarse estos hechos estaríamos frente a un grave crimen de Estado, por lo que urgió a los funcionarios federales a dejar de ocultar información y a revelar todo lo que saben.
"Es muy importante que se aclare esto porque de ser cierto se trataría, como se ha acusado, de un crimen de Estado y no de una acción municipal solamente. Vamos a demandar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados que comparezca el Secretario de la Defensa, el General Cienfuegos, y que también que se vuelva a llamar al Secretario de Gobernación, para que informe del conocimiento que tenga de los hechos, y los informe que el Cisen al respecto conoce", precisó.
De igual forma, Bejarano Martínez señaló que le insistirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que intervenga de llenos en esta investigación y que en los próximos días demandarán que se anticipe el nombramiento del Fiscal General de la República en sustitución del Procurador, para que ante la falta de credibilidad de la PGR, sea la nueva Fiscalía la que se encargue de todas las indagatorias del caso Ayotzinapa.
"Vamos a insistir en que la Comisión de Derechos Humanos investigue el caso y que también se adelanté el nombramiento del Fiscal General Autónomo que se prevé para que no sea la Procuraduría la que siga llevando las indagatorias sino una fiscalía diferente porque a todas luces no hay confianza en lo que se está señalando, porque la PRG conoció desde mucho tiempo atrás que se estaban cometiendo muchos delitos y ahora vemos que pudieran estar ocultando la participación de algunos elementos gubernamentales en estos hechos".
Finalmente, el perredista advirtió que si el gobierno federal incurrió en ocultamiento de información y falsificación de la realidad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, podría ser sujeto a severas imputaciones legales.
"Él es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Ejército de las fuerzas armadas, de la policía, el responsable en última instancia de los mandos que eventualmente pudieron actuar así. Pero si se trata de eso podríamos estar en presencia de un grave problema de ocultamiento de información, de falsificación de la realidad y eso generaría imputaciones legales. No es la primera vez que el Estado mexicano pretende ocultar la verdad, así lo hizo en el 68. Y podríamos estar en presencia de algo similar a lo que pasó en Aguas Blancas o en el Charco, ahí mismo en Guerrero en otros tiempos", alertó.
FUENTE: NOTICIAS MVS.
AUTOR: Ana Paola Lara Paz
MÉXICO, D.F: Para ilustrar la virtud cíclica de los acontecimientos y su repetición arquetípica –el “eterno retorno” del cual escribió Mircea Eliade–, los antiguos egipcios, griegos y hasta las tribus nórdicas emplearon la imagen del uróboro, un reptil que muerde su propia cola con el afán de engullirla.
El mismo día en que en México y el mundo nos horrorizamos con los sucesos en Iguala, Guerrero, atribuidos directamente a funcionarios policiales, autoridades municipales y otros participantes, que derivaron en la muerte de seis personas, heridas de otras 20 y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, yo publiqué en el diario Reforma un texto que se refería al “torrente de noticias que a nivel nacional e internacional han convertido el nombre de Tlatlaya en el epicentro de serios debates y urgentes decisiones”. El insaciable uróboro no ayuna en México.
Escribo estas líneas convencido de la creciente y acelerada permutabilidad de los hechos, lugares y gente, turbado por los nombres emblemáticos que se suceden y reemplazan: Iguala/Ayotzinapa, Tlatlaya, Discoteca Heaven, casino Royale, San Fernando, Guardería ABC, discoteca New’s Divine… y la lista de gravísimos casos empieza a erigirse como un tzompantli. No debemos doblegarnos a adorarlo a la fuerza ni resignarnos a convivir a su sombra en aroma de flores de cempasúchil.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se dirigió a la nación diciendo que “(…) en la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional (…) a raíz de la tragedia de Iguala (…) una sociedad hoy alza su voz para decir: Ya basta (…) (y) tod(o)as coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así. Y tienen razón. Después de Iguala, México debe cambiar”. Se trata de palabras tan arraigadas al contexto que es deber de todo/as tomarlas con suma atención.
Y quienes hoy prestan atención son quienes desde hace mucho tiempo advirtieron y desentrañaron la perversa naturaleza del uróboro y su implacable afán de cebarse de violencia, muerte, corrupción e impunidad. Así lo reconoce incluso el presidente: se trata de “personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del mundo; (con) expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; (de) miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como (de) opiniones de articulistas y columnistas”.
El eje del combate y la respuesta a la tragedia de Iguala (nombre intercambiable) se movió fuera de las institucionalidades y se asienta en calles, plazas, aulas, gremios, cristalizando voces de diferentes, sucesivos y convergentes procesos, para encontrar con vida a los 43 normalistas y para dar también con el paradero de, por ejemplo, José Antonio Robles Fernández o cualquiera de los que engrosan la lista oficial de “personas no localizadas”; y por supuesto para desentrañar las autorías materiales e intelectuales de los asesinatos de Regina Martínez, Marisela Escobedo; y sin duda para acoger con respeto y dignidad a toda víctima y ser querido que busca justicia por casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, conductas puestas de manera preponderante, sin ir muy lejos, en la mira de la agenda legislativa propuesta por el presidente.
Entender cabalmente este traslado de los espacios al ámbito de las manifestaciones implica aceptar que el ejercicio vigoroso del derecho a la libertad de reunión pacífica “sirve de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos”, y para las autoridades “debe presuponerse que las reuniones públicas serán lícitas y pacíficas”, como señala el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, (A/HRC/20/27).
Es por esa razón que la ONU-DH que encabezo en México, además de monitorear y documentar los hechos violentos de Iguala y muchos otros casos en los que emitimos posición pública, observó de manera presencial las marchas y manifestaciones del 20 de noviembre y 1 de diciembre que culminaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en las cuales vastos sectores invocaron y ejercieron su derecho legítimo a expresar su solidaridad con las víctimas y familiares afectados, así como sus exigencias a las autoridades mexicanas.
Sin dejar de tomar nota de los hechos aislados de violencia ocurridos a continuación de ambas exitosas convocatorias, y ciertamente rechazando las prácticas violentas que atentan contra el derecho a la libertad de reunión pacífica, resulta meridianamente claro que las autoridades requieren hacer esfuerzos redoblados y continuos para evitar un uso de la fuerza desproporcionado y no ajustado a los principios de racionalidad. Por nuestra parte, al estar en contacto con autoridades, OSC, abogado/as y defensore/as que se hacen cargo de las personas detenidas, incluso visitando a algunas de ellas en Tepic, Nayarit, recibimos las denuncias sobre los malos tratos recibidos y sobre las dificultades recurrentes para acceder a un/a abogado/a de su elección y para que esto/as puedan tener acceso a los expedientes.
En momentos en los que baja ostensiblemente la confianza ciudadana hacia las autoridades e instituciones y ello se expresa en las calles, es urgente que las autoridades sean capaces de distinguir el uróboro y, como en el Canto para matar una culebra que aprendimos a entonar con Inti-Illimani, vean sus ojos de vidrio sin dejarse hipnotizar: la tarea es fortalecer el derecho a la libertad de reunión pacífica y la protesta social; el deber de las autoridades es, pues, asegurar un contexto respetuoso y pacífico en el que la ciudadanía pueda expresar su indignación, sin temor de vulneraciones a su integridad o cualquier otro tipo de represalia.
Para que “después de Iguala, México cambie”, toca entender que la ciudadanía –ciertamente lastimada, erizada y bravía pues reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición– no es la culebra.
*Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: En julio de 2002, el diputado federal del PRI, Jorge Chávez Presa, exigió que se investigara el presunto desvío del erario federal a la fundación de la entonces primera dama, Marta Sahagún.
Se argumentó que la Cámara de Diputados no podía investigar a particulares, pero el priista logró el apoyo de todas las fracciones opositoras al gobierno panista, y la Auditoría Superior de la Federación indagó pero, curiosamente, nada encontró durante ese año.
En 2005, Vicente Fox llegó a su penúltimo año de gobierno y el escándalo ya había pasado de la esposa a sus hijastros, sobre todo Manuel Bribiesca Sahagún. Se le acusaba de tráfico de influencias, de gestionar contratos de obra a empresas particulares a cambio de jugosas comisiones o “moches”.
La Cámara de Diputados se resistía a indagar con el argumento de que la ley le impide hurgar en la vida y negocios de particulares. Pero hábiles, los priistas finalmente encontraron la fórmula para hacerlo sin violentar la ley. Eso ocurrió en 2005, curiosamente en la bancada encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El resquicio legal encontrado fue el artículo 93 de la Constitución, que permite a los diputados crear comisiones investigadoras para indagar el “funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
Para crearla esas instancias de revisión, la Carta Magna exige un mínimo de 125 firmas que la respalden. El PRI logró las firmas y el 21 de junio de 2005 se creó el ente con un título kilométrico: “Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV”.
Hoy, la oposición al PRI juega con sus mismas armas. Luego de varios rechazos a crear una comisión especial para indagar el escándalo de la “Casa Blanca”, el PT se escudó en el mismo artículo 93 constitucional y pidió una “comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma”.
La “Casa Blanca” de Sierra Leona en las Lomas de Chapultepec, de Angélica Rivera, tuvo un costo aproximado de 86 millones de pesos, pero no lo pagó con crédito bancario, pues para ello pidió un crédito al amigo de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.
El amigo y empresario consentido del régimen priista, Hinojosa Cantú, accedió con gusto, le vendió el terreno a “La Gaviota” y ahí la primera dama construyó su mansión.
El escándalo lo detonó la revelación que hizo del caso el portal Aristegui Noticias, pero en San Lázaro los priistas se mantuvieron inamovibles en su rechazo a crear una “comisión especial”.
Y justo el mismo día en que el PT, a través del diputado Manuel Huerta, decidió jugar con las mismas armas del PRI de 2005 y pidió una “comisión investigadora”, el diario estadunidense The Wall Street Journal hizo otra revelación: el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró otra casita al constructor y amigo favorito del priista Peña Nieto.
En lugar del Distrito Federal, Videgaray escogió el bello municipio mexiquense de Malinalco. Ahí le compró a Hinojosa Cantú una casa de 7.5 millones de pesos en octubre de 2012, pagadera a ocho años pero liquidada en enero del año que está por terminar.
El modus operandi empleado por Luis Videgaray fue el mismo que el de Angélica Rivera: comprarle a Hinojosa Cantú la casa y pedirle al mismo tiempo un crédito en lugar de financiarse a través de la banca privada.
El escándalo parece imparable. El descontento de la gente en las calles se acrecienta y los partidos de oposición, en especial el PAN, ven en la decisión del diputado petista Manuel Huerta la oportunidad de cobrarle al PRI la afrenta de investigar al alguien de la familia presidencial en tiempos del foxismo. Por ello, el PAN le dio a Huerta 60 firmas para que sumara las 195 requeridas para la creación de la comisión especial.
Hoy la Cámara de Diputados, sobre todo el PRI y sus satélites del PVEM y Panal, no tienen forma de escabullirse, y por ello deberán crear la comisión investigadora; el problema será si los organismos descentralizados entregan la información, que por ley deberán dar a los legisladores.
Y mientras la comisión investigadora se echa a andar, los lectores esperan que otro medio de información ofrezca nuevos datos como, por ejemplo, que otro u otros miembros del gabinete peñista hayan “aprendido el caminito” y acudiesen al benévolo Hinojosa Cantú para que les financie una casita en cómodas mensualidades.
No olvidemos que Hinojosa Cantú siempre ha buscado hacer más llevadera la vida a los peñistas como, por ejemplo, la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que nace en el aeropuerto de Toluca y pasa por la casita de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, en el Estado de México. Una carretera que por cierto viola derechos agrarios de los propietarios de los terrenos por donde pasará esa vía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: La empresa Bienes Raíces H&G, la que le vendió la casa en el Club de Golf al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibió este año un subsidio en el pago de Predial por parte del gobierno priista de Malinalco, Estado de México.
Según publica este domingo el diario Reforma, dicho beneficio aparece en un documento denominado “Montos pagados por ayudas y subsidios” del gobierno municipal de Malinalco, encabezado por el priista Vidal Pérez.
En el detalle de los beneficios fiscales del primer trimestre de 2014 a diversas personas y empresas, aparece Bienes Raíces H&G, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa, que vendió al titular de Hacienda una casa de 850 metros cuadrados en el Club de Golf Malinalco, con un valor de 7.5 millones de pesos.
En el apartado “Subsidios por carga fiscal de dicha relación, la empresa de Hinojosa aparece dos veces con el RFC BRH070906, aunque no se detalla el monto del subsidio con el que fue beneficiada.
La alcaldía de Malinalco destaca que el monto global del subsidio por pagos a personas y empresas fue de un millón 230 mil pesos, y la mayoría de los beneficiados son personas físicas del sector social
Además de Bienes Raíces H&G, otras inmobiliarias aparecen como beneficiarias.
El pasado jueves 11 el diario The Wall Street Journal (WSJ) reveló que Videgaray Caso compró una casa en el fraccionamiento-club de golf en Malinalco, a una razón social vinculada con Grupo Higa.
El rotativo estadunidense, especializado en economía y negocios, dio a conocer en su edición digital que la propiedad fue vendida por Bienes Raíces H&G, otra razón social del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú, es propietario de Grupo Higa, un corporativo de empresas dedicadas en su mayoría a la proveeduría gubernamental y contratos de obra que atrajo la atención a partir de la revelación de que fue con la razón social Ingeniería Inmobiliaria del Centro que se construyó la casa de la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, en el exclusivo sector Lomas de Chapultepec.
De acuerdo a la información difundida por el WSJ, la operación de Videgaray con Bienes Raíces H&G ascendió a 532 mil dólares (unos 7 millones de pesos) y se concretó a través de un financiamiento por 18 años de la empresa de Hinojosa Cantú y no de alguna institución crediticia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
(11 de diciembre, 2014).- En las próximas elecciones federales donde se renovarán la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) no formará una alianza con el de la Revolución Democrática (PRD) tal como lo aseguró su presidente, Ricardo Anaya.
Durante una conferencia de prensa, el líder blanquiazul argumentó que planean forman una alianza con un partido que junto al PRI, dieron paso a una reforma que calificó de “tóxica” como la fiscal, la cual acusó de ser la culpable de la crisis económica que se vive.
Anaya recordó que resultados de encuestas recientes, muestran una mayor confianza de la población para con el PAN, en comparación con el tricolor y el sol azteca.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Rocío Pérez, líder del movimiento ciudadano de resistencia en San Miguel Canoa reporta la llegada de granadores y elementos de la policía.
Los uniformados ya rodearon el edificio de la Presidencia Auxiliar, el cual se encuentra tomado desde la destitución de Raúl Pérez, para evitar que se imponga a un suplente.
Los pobladores, quienes se encuentran al interior de la Presidencia acusan que la policía porta armas similares a las que se utilizaron en la represión a Chalchihuapan, donde resultó muerto el menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los jefes de las Fuerzas Armadas de México están muy activos. Pero no en las funciones que le son propias, de la defensa del país, sino en la escena pública como actores políticos, defendiendo la opacidad castrense y al servicio de una facción política.
El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y el secretario de la Marina, Armada de México, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, han desplegado su autoridad castrense para defender a su alicaído comandante en jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
Perdida la batalla de la opinión pública a sólo dos años del gobierno de su comandante, el general Cienfuegos y el almirante Soberón están decididos a irrumpir en la escena política. No es que se hayan colocado en una posición deliberante de la autoridad civil. Más bien, se han asumido como parte de un grupo político y no como profesionales de la seguridad del país, su territorio y sus ciudadanos.
El general Cienfuegos y el almirante Soberón se han dedicado a dar titulares a la prensa, justificando lo indefendible y, en consecuencia, echando más leña al fuego.
El 10 de noviembre pasado, el jefe del Ejército fue a Monterrey a decir que él y a sus hombres no están “amedrentados por juicios injustos… erróneos… malintencionados que la institución armada nacional no se merece”.
Así respondió el divisionario a la exigencia, nacional e internacional, de que se esclarezca y castigue a los efectivos del 102 Batallón de Infantería responsables de la ejecución sumaria de un grupo de presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado.
Ese hecho, que el Ejército pretendió ocultar con el argumento de que los civiles fueron “abatidos en un enfrenamiento”, fue minimizado por el propio general Cienfuegos el lunes 8, cuando dijo que el peor hecho ocurrido en México este año que termina fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Para el jefe del Ejército, si hubo graves violaciones a los derechos humanos en México en 2014, no fueron sus hombres los responsables, sino los policías municipales de Iguala y Cocula, evadiendo además las interrogantes que hay por las omisiones del 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala, la noche de la desaparición de los normalistas.
El almirante Soberón fue más allá este miércoles 10, cuando aseguró que los padres de los normalistas están manipulados por grupos políticos, desestimando la autenticidad de su dolor, reclamo e indignación.
A quienes acusó de manipularles, que no precisó por su nombre, les reprochó no reconocer “el profesionalismo” del gobierno federal en la búsqueda de los estudiantes, en particular del Ejército, la Marina, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Al salir en defensa de las instituciones que encabezan, que nunca han estado sometidas a una verdadera rendición de cuentas, el general Cienfuegos y el almirante Soberón velan al mismo tiempo por su comandante en jefe.
Parecería natural. Pero en el contexto de exigencia social de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos en México, sus discursos van más allá. El mensaje para la sociedad es que no están dispuestos a la rendición de cuentas. Por eso llamó la atención su presencia, inédita, este jueves 11, en el cuarto y último informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.
Con un comandante en jefe extraviado, los jefes militares asumen funciones propias del secretario de Gobernación, quien como encargado de la seguridad interior tiene que dar la cara a la sociedad. Pero Miguel Ángel Osorio Chong prácticamente ha estado desaparecido desde los hechos de Iguala.
Los llamados a la unidad que el general Cienfuegos ha reclamado insistentemente en sus recientes intervenciones públicas estarían más bien dirigidos al propio gabinete de Peña Nieto.
Pareciera que la Presidencia de la República ha decidido que los jefes militares salgan al rescate del presidente ante la ausencia casi total del gabinete en la crisis política y humanitaria del país.
El protagonismo de los militares está anulado en una democracia, que los acota en sus funciones y presencia pública, puesto que son los primeros y últimos defensores de la integridad física de un Estado.
La salida de los militares ya no sólo de sus cuarteles, sino a arropar al presidente y a su gobierno ante el clima de inestabilidad en el país, puede ser también que la cúpula militar ha aceptado implícitamente que éstos no son tiempos de paz y han empezado a actuar en consecuencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: A lo largo de mis artículos no he dejado de insistir en que el Estado moderno entró en una crisis terminal. Quisiera, en estos momentos en que se hace cada vez más necesaria su transformación, ahondar en el tema.
La imaginación poética ha creado a lo largo del tiempo monstruos que, compuestos de otros seres, no parecen, dice Borges, “pronosticar nada bueno”. Baste citar al monstrum horrendum, ingens que, “numeroso de plumas, ojos, lenguas y oídos”, personifica a la Fama en la Eneida, o a la Fiera Arconte que, en la Visión de Tundale, guarda en la curva de su vientre perros, osos, leones, lobos y víboras que atormentan a los réprobos.
La imagen que aparece en el frontispicio de la primera edición del Leviatán de Hobbes (1651) –la gran metáfora del Estado moderno– pertenece a esa estirpe. En ella se ve a un extraño rey, de rostro hierático, armado con un báculo y una espada, cuyo cuerpo está hecho de miles de hombres.
La diferencia con los monstruos que lo anteceden es que éste no es una idea abstracta, es real y ha producido violencias terribles.
Su génesis es compleja y no hay espacio para narrarla. Baste decir que después de la caída de esa otra monstruosidad que se llamó el Imperio Romano la sociedad se ordenó en un conjunto de células llamadas feudos: unidades policéntricas que formaban, dice Roberto Ochoa en Muerte al Leviatán, “un complejo de señoríos independientes entre sí tanto política como económicamente”. La corrupción de esas células derivó en una progresiva racionalización de la gestión del poder que condujo al gigantismo social y político y, en consecuencia, a la estructura del Estado centralizado y unitario de las monarquías absolutas y, luego, del Estado liberal y sus variantes comunistas y fascistas.
En este sentido, habría que decir que el Estado moderno comenzó a existir a partir de una concentración monopólica del poder.
Lejos de ver en ello una perversión de la vida común y de equilibrios entre poderes, Hobbes vio una necesidad. Bajo una petición de principio (“el hombre es el lobo del hombre” –el propio Rousseau, quien creía en la bondad natural del hombre, terminó por sucumbir a él–), Hobbes justificó su existencia. Para dicho autor, el estado de naturaleza es un estado de perpetua guerra entre los hombres, y con el fin de instaurar la paz es necesario que todos se sometan a un poder mayor que al inculcar el temor por el uso legítimo de la fuerza obligue a los seres humanos a pactar entre sí.
Visto desde la abstracción y desde nosotros, que no conocemos más que ese sistema de gobierno, la tesis parece tener sentido e indicar que la crisis del Estado en México es sólo el producto de una pérdida de legitimidad. Sin embargo, visto desde la experiencia de la realidad y de otras formas de gobierno –pienso en los caracoles zapatistas–, su violencia ha sido espantosa. En el fondo, la paz del Leviatán ha sido la del terror, la violencia, el miedo, el despojo, el arrasamiento de culturas y de formas de economías vernáculas en función del poder.
Hoy, en México, el Leviatán ha enfermado de gravedad y se desmorona. Su monstruoso cuerpo comienza a fracturarse en muchas formas de violencia. Una de las causas de ello está en la morfología social de Leopold Kohr, continuación de la morfología biológica de Thompson y Haldane. Según ellos, las plantas y los animales guardan una relación proporcional entre tamaño y forma. Si un ratón, por ejemplo, cuyo cuerpo flexible y sostenido por delgadas patas, creciera ‘n’ veces su tamaño, terminaría por quebrarse. Algo semejante, pero en sentido inverso, le sucedería a un elefante.
Lo mismo acontece, dice Kohr, en las sociedades. Cuando una sociedad aumenta desproporcionadamente su tamaño y rebasa su umbral crítico es inevitable que la violencia surja: “Si las estrellas –escribe– se desintegran (…) es porque la materia (se expande) más allá de las barreras dispuestas para cada acumulación. Su masa ha llegado a ser demasiado grande (…) Si el cuerpo de un pueblo enferma (de) agresión, brutalidad, colectivismo o idiotez masiva (…) es porque los seres humanos han sido soldados en unidades sobreconcentradas, tales como sindicatos, cárteles o grandes poderes”. Más allá de cierto punto crítico, la masa que conforma el cuerpo del Leviatán se vuelve tan espontáneamente vil que “adicionalmente al incremento cuantitativo de fechorías individuales (… ) comienza a producir un quantum” de violencia tan incontrolable como terrible. El Leviatán borra a tal grado las fronteras de lo humano que crea un espacio neutro donde la violencia, que forma parte de su razón de ser, se desborda.
Contra ello, las partes sanas de la sociedad mexicana buscan las autonomías. Lugares donde la proporción vuelve a ser posible. Contra el desdoblamiento ambicioso de la violencia del Leviatán, el reconocimiento humilde de nuestra proporción humana, cuyas relaciones de hospitalidad, solidaridad, vida común y cuidado del entorno ponen un coto a la violencia desenfrenada del crecimiento sin límite del poder, de la economía y del crimen.
No estoy idealizando esos mundos. Digo que en ellos la violencia y el crimen existen en proporciones controlables. Quizá un mundo de autonomías confederadas, a partir de un nuevo Constituyente, sea una posible solución al desmoronamiento del Leviatán y su atroz violencia.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, y boicotear las elecciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: La aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen sobre el Sistema Nacional Anticorrupción “se atoró” en San Lázaro entre mutuas acusaciones de PAN, PRI y PRD.
Por separado, el PAN acusó al PRI de “simular” e imponer un dictamen que no impide la corrupción, por lo que rechazó la propuesta; en tanto el PRI sostuvo que el documento tiene “altas coincidencias” con el PAN y acusó a éste de “radical” y faltar a su palabra, además de sostener que el PRD está dispuesto a votarlo.
Mientras, el PRD “pasó la factura al PRI” al asegurar que es el “papá” del texto final con el cual el sol azteca no está de acuerdo.
El lunes de esta semana, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, circuló entre los legisladores un documento con la pretensión de que se aprobara el miércoles en comisiones, y ese mismo día o a más tardar este jueves 11, se avalara en el pleno, sin embargo, el texto fue impugnado por el PAN, lo que generó acusaciones entre los dirigentes de los grupos parlamentarios.
A mediodía del jueves, el coordinador del PAN, José Isabel Trejo Reyes, llamó a conferencia de prensa para decir que “la mesa de trabajo está prácticamente suspendida”.
Luego sostuvo que el documento fue elaborado “en las oficinas de la Presidencia de la República”, donde se suprimió completamente la propuesta del PAN.
El lunes 3 de noviembre, el PAN presentó su iniciativa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción, y el 27 del mismo mes Peña Nieto se comprometió –en cadena nacional– a impulsar dicho sistema, pero el lunes 8 apareció un documento que no contenía la parte central de la propuesta panista.
En la conferencia el panista Fernando Rodríguez Doval, encargado de las negociaciones en este tema, explicó que su partido propuso un comité en donde estarían diversos organismos, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que cuando se comprobaran actos de corrupción de parte de un funcionario público, se procedería a la confiscación de sus bienes, en una especie de “extinción de dominio”.
“En este predictamen que nosotros desconocemos y que no aceptamos, se empodera a un Consejo Nacional para la Integridad Pública, encabezado por el presidente de la República y por los gobernadores, lo cual nos parece francamente una simulación”.
Además, denunció, “no se fortalece en lo más mínimo a la ASF, que a nosotros nos parecía la parte medular del Sistema Nacional Anticorrupción para que pudiera tener más facultades para investigar los hechos de corrupción y para auditar en tiempo real, es decir, antes, durante y después el ejercicio de los recursos públicos. Y no se consideran los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito como susceptibles de la extinción de dominio”, reclamó Rodríguez Doval.
También destacó que el documento, al que calificó de “predictamen”, mantiene con las mismas facultades a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no se ratifica su nombramiento por el Senado, como propuso el PAN.
“Como pueden ver, este predictamen que el PRI-gobierno quiere sacar adelante es una simulación, es completamente inaceptable para el PAN, y por eso celebramos que las 32 asociaciones civiles con las que trabajamos nuestra propuesta se hayan manifestado en contra”, aclaró.
A los minutos de ofrecida la conferencia de Acción Nacional, el PRI convocó a otra encabezada por el vicecoordinador Héctor Gutiérrez de la Garza, quien estuvo acompañado por 16 legisladores de su partido.
“El PAN ha faltado una vez más a su palabra, con sorpresas de última hora… Retamos para que en este omento el PAN regrese a la mesa y votemos el dictamen.
“Ya basta de evasivas, ya basta de jugar a la política, porque lo único en lo que está pensando el PAN es en las elecciones de 2015, y no en cómo debemos responderle a la ciudadanía que nos exige transparencia”, acusó Gutiérrez de la Garza.
El priista dijo que los partidos se dieron un tiempo para revisar el documento final (al que el PRI considera “dictamen”, y no “predictamen” como califican los panistas), “y su respuesta ha sido que ni una coma de diferencia a la iniciativa presentado por ellos (se le mueva)”.
Y fustigó: “Esas son posiciones radicales que buscan simple y sencillamente acabar con el acuerdo. El PAN ha faltado una vez más a su palabra… Lo manifestado por el PAN no son más que evasivas a la transparencia”.
Gutiérrez de la Garza aseguró que el documento “recoge no sólo las propuestas del PAN, sino también las de otros grupos parlamentaros”.
Incluso, aseguró el priista, el PRD ya les informó que está dispuesto a votar y respaldar en sus términos la propuesta.
En el dictamen presentado, argumentó Gutiérrez de la Garza, “hay altas coincidencias con el PAN. Para nosotros, como cuando se ponen en la orilla de un río y dicen, ‘ni una coma se modifica a la iniciativa’, es una actitud de cerrazón que lo único que busca es romper cualquier acuerdo”, sentenció.
Al encabezar la Comisión de Puntos Constitucionales, el PRD salió a defender a su presidente y desmentir al PRI.
Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, subió de inmediato al pódium de las conferencias y aclaró que Julio César Moreno, como presidente de la comisión, sólo circuló el texto y el secretario técnico redactó el documento, “pero el contenido es del PRI”.
Luego rechazó que su partido avale el documento; incluso, advirtió que el PRD tiene dos puntos que son irreductibles: que en el comité no participé el Ejecutivo federal ni los gobernadores y que se considere la extinción de dominio.
“Porque si queremos combatir a los funcionarios que le meten la mano al erario, pues que existan penas que inhiban que el que meta la mano se la van a mochar. Debe darse un embargo precautorio de sus bienes”, sentenció Raya, quien recordó que él formó parte de la comisión investigadora de la corrupción en Conasupo.
Si no se elimina la participación del presidente de la República, de los gobernadores y no se confiscan los bienes, entonces todo “es una burla”, advirtió el perredista.
Por las diferencias que hay entre PRI y PAN-PRD, es casi imposible que al aval al Sistema Nacional Anticorrupción ocurra antes de que concluya el año.
“No hay condiciones para dictaminar y necesitamos tiempo para discutirlo”, dijo Miguel Alonso Raya para añadir que “lo que se está presentando como predictamen no es serio, no es un órgano anticorrupción”.
Y concluyó el perredista: si la táctica del PRI era hacer una simulación del Sistema Anticorrupción, “se les cayó el telón”.
Al término de la sesión, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que su partido está dispuesto a debatir el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción “pero en el salón de plenos, no allá afuera (en la sala de conferencias)”.
La Cámara de Diputados cerrará el periodo ordinario el lunes 15, y se espera que sea hasta el próximo mes de enero cuando reinicie la discusión sobre la creación del organismo anticorrupción.
Por lo pronto hoy, diputados de los principales partidos se dedicaron a acusarse y con ello a truncar en lo inmediato la aprobación del nuevo sistema anticorrupción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Los recientes casos de asesinato de una estudiante y un abogado, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Ajusco, levantan alerta sobre la inseguridad de esa zona del DF que conecta con el Estado de México y Morelos, y que permite a grupos delictivos esconderse y huir.
En medio del blindaje policiaco desplegado por autoridades del Distrito Federal y del Estado de México, Álvaro Sánchez Mirus, abogado presuntamente retirado del Ejército Mexicano, fue decapitado en su casa del Ajusco.
El crimen del abogado, junto con el secuestro y asesinato de la estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anayeli Bautista Tecpa, son la forma más violenta de exhibir al procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien hace un mes soltó la desafortunada declaración de que el Ajusco no era un foco rojo de inseguridad en la ciudad.
Maribel Sánchez López, hija del abogado, acudió al Ajusco en busca de su padre luego de que éste no le contestara las llamadas telefónicas.
Al llegar al domicilio ubicado en la carretera Picacho-Ajusco 16+700, en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, lo encontró muerto.
El crimen del abogado fue sanguinario. Lo decapitaron y, por si fuera poco, sus agresores le cortaron también el brazo izquierdo.
Autoridades policiacas cercanas al caso dieron a conocer que el abogado había presentado tres denuncias por la inseguridad que aqueja esa zona montañosa del Distrito Federal, dos por robo y una por narcomenudeo. Se presume fue un escarmiento.
Zona histórica… de plagios
Pese a los hechos de las últimas semanas y meses, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantienen su postura de que la inseguridad en el Ajusco es sólo un tema de percepción, así lo dijo hace dos días el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Óscar Montes de Oca.
El Ajusco está que arde. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, explica que en el Ajusco ocurren secuestros y homicidios de manera permanente.
Es una zona histórica de plagios, subrayó la activista, quien dio a conocer que la situación de abandono policiaco, falta de vigilancia y la nula señal de telefonía, es propicia para que grupos dedicados al robo, extorsión y secuestro operen con impunidad en la parte alta de la capital.
Miranda de Wallace destaca que el Ajusco forma parte de un corredor del secuestro, pues se localiza en un punto clave del Distrito Federal que conecta con el Estado de México y con Morelos; éste último ha padecido históricamente el delito de plagio.
Esta posición geográfica estratégica permite que los secuestradores huyan con las víctimas a otros municipios aledaños cuando son localizados por la autoridades.
“Taparse los ojos y los oídos no resuelve el problema”, sentenció la activista, quien a través de Alto al Secuestro ha documentado diversos casos donde las víctimas son mantenidas en cautiverio en esta zona montañosa.
Los Camacho y el pueblo que los encubre
La zona del Ajusco está dominada por un grupo de secuestradores altamente organizado conocido como “Los Camacho”.
La banda comenzó con los hermanos Peralta Camacho, a quienes las autoridades ubican como parte del clan Camacho dedicado al secuestro, y que se caracterizan por la extrema violencia con la que trata a sus víctimas y amenaza a los familiares de éstas para presionar el cobro de rescates.
El clan Camacho, que a decir de la presidenta de Alto al Secuestro, ya no está compuesto por familiares, sino por todo un pueblo que los protege y los encubre ante las autoridades, utiliza la complejidad del bosque del Ajusco para esconder a sus víctimas, y también para mantener ellos mismos sus escondites.
En los pueblos de San Nicolás y Santo Tomás “Los Camacho” son temidos por la población, debido a las balaceras que han protagonizado en la zona con otros pobladores o con algunas autoridades.
Pese a que ya fueron detenidos algunos de sus integrantes, los secuestradores vinculados con el grupo de “Los Camacho” siguen operando ahí y mantienen bajo amenaza a gran parte de los habitantes de esos apartados lugares. Quien denuncia, se muere.
Por eso, cuando el abogado Álvaro Sánchez Mirus apareció decapitado y sin un brazo, fue inevitable la pregunta: ¿a quién denunció por robo y narcomenudeo? Esa es la línea de investigación que hoy sigue la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Apenas hace un mes, en torno al secuestro de un grupo de atletas en el Ajusco, el procurador declaró que no había antecedentes similares en esa zona.
“Cuando tenemos focos rojos en algún punto de la ciudad nosotros hacemos las investigaciones que sean necesarias cuando conocemos de los temas. En esa zona no teníamos ningún tema similar a éste, no hay modus operandi como suceden las cosas, no teníamos registrados ninguno aquí en la Ciudad de México”, dijo Rodolfo Ríos.
“Rudy”, como le llaman al procurador capitalino los abogados cercanos al grupo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luce desencanchado.
El secuestro de los atletas y de otros empresarios que terminaron asesinados en manos de sus plagiarios, el reciente crimen de la estudiante de la UNAM, y ahora el abogado decapitado, son motivos suficientes para evaluar el desempeño del procurador y de su equipo.
Porque al grupo compacto que rodea al jefe de Gobierno ya les quedó claro el mensaje de que no basta ser amigo de Mancera para mantenerse en el cargo.
En el tercer año de gobierno urge dar resultado… sino que le pregunten a Jesús Rodríguez Almeida, exjefe de Seguridad Pública del DF, quien fue expulsado del gabinete hace algunos días.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El Municipio de Guadalupe adelantó la homologación de su Reglamento de Tránsito con la nueva Ley Antialcohol del Estado. Pero no tiene personal calificado, ni definición de figuras jurídicas para cumplir con la legislación.
El Municipio de Guadalupe se adelantó en homologar su reglamento de Tránsito con la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y está pagando las consecuencias.
Y es que al aprobar sin un previo análisis jurídico y sin someter a consulta la nueva ley, ese Municipio es vulnerable a cualquier amparo porque no puede aplicar su propio Reglamento de Tránsito.
Ya están en ejercicio de ley sus nuevas reglas, pero carece de conceptos y figuras establecidas en él.
Por ejemplo, no sabe a qué se refiere con trabajo comunitario y no ha definido legalmente el término “voluntaria intoxicación”.
Tampoco tiene personal capacitado y certificado para cumplir con la disposición de “rehabilitar” al conductor ebrio, o de “concientizarlo” sobre manejar bajo la influencia del alcohol.
El alcalde de Guadalupe, César Garza, reconoció que actualmente no están aplicando la sanción de trabajo comunitario establecida en la nueva ley y en su reglamento de Tránsito recientemente homologado.
“Ahorita se está privilegiando con sólo la detención del vehículo y multa económica.
“Y no estamos aplicando los trabajos comunitarios”, dijo el munícipe, aunque en la ley se establece que una sanción puede ser conmutada con una labor en beneficio de la comunidad.
En la ley, los ayuntamientos están obligados a impartir programas para la prevención en el uso del alcohol, pero en Guadalupe aún están en la etapa de preparar el esquema para hacerlo.
“Son programas que se deben establecer, y que aún no están establecidos, son programas que se deben manejar a través de la dependencia, como prevención del delito y el propio departamento de psicología del DIF”, aseguró Garza.
Una investigación de Reporte Indigo indica que Guadalupe es el único municipio que ha publicado en el Periódico Oficial la homologación de su Reglamento de Tránsito con la nueva Ley para la Prevención y el Combate al Alcohol del Estado, pero con varios huecos jurídicos.
Primero, ni siquiera convocó a una consulta ciudadana.
El gobierno de César Garza también utiliza la terminología ambigua en su Artículo 40 Bis.
“La conducción de un vehículo automotor en estado de Voluntaria Intoxicación, que afecte la capacidad de manejo...”, dice.
El significado de la palabra intoxicación es: “Reacción fisiológica causada por un veneno, o por la acción de una sustancia tóxica o en mal estado; el tóxico puede introducirse oralmente o a través de los pulmones o la piel”.
Otra de las nuevas disposiciones es que, al solicitar la licencia de conducir, los automovilistas deberán sujetarse a un curso de manejo, en el que se les proyectarán videos que podrían ser traumáticos: De accidentes viales.
Al ser cuestionado César Garza sobre dónde y cómo se aplicaran estas nuevas medidas, como los programas de trabajo comunitario, la concientización a los infractores y dónde se llevaran a cabo las pruebas de manejo, el alcalde dijo que aún no lo tienen definido.
“Mira, a través del área de Prevención del Delito estamos preparando un programa de pláticas y conferencias en menores infractores, para las personas que conducen en estado de ebriedad”, informó.
“Las personas que conducen en estado de ebriedad y que tengan cierto nivel de cultura que les permita dirigirse a las demás personas, que paguen con trabajo comunitario de compartir su experiencia, de cómo la mala influencia de conducir alcoholizado puede traer graves consecuencias”, añadió el alcalde.
Por lo pronto, el dinero que se recabe de las multas por conducir en estado de ebriedad, no será destinado a los programas de sensibilización de las personas en el consumo del alcohol, como lo refiere la ley.
Y en Guadalupe no tienen el esquema, ni el personal adecuado, para poder “sensibilizar” a los conductores alcoholizados como lo dice la ley.
Aunque la legislación indica que lo recaudado sería destinado a estos proyectos, para evitar el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas.
César Garza reconoce que hay aún lagunas en la homologación del reglamento y en la ley, por lo que se tendrán que analizar y corregir los errores.
Municipio regio abre a consulta Ley Antialcohol
Por Félix Córdova
El Ayuntamiento de Monterrey anunció ayer la apertura de una consulta pública para la homologación de sus reglamentos con la nueva Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol.
El plazo que marcó el Congreso de Nuevo León para que los municipios homologuen sus reglamentos, es hasta el día 26 del presente mes, previo a una consulta ciudadana.
Fue por ello que también ayer el Cabildo regio, que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes, aprobó por unanimidad iniciar este procedimiento.
La consulta pública durará siete días naturales después de que la aprobación que dio el Cabildo sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Los interesados en participar con su propuesta deberán de acudir a la Oficina del Ayuntamiento, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, o bien, por Internet, en el portal municipal.
El horario disponible será de 8:00 hasta las 16:00 horas.
El dictamen para proceder a consulta ciudadana fue previamente avalado por la Comisión de Gobernación y Reglamentación.
El regidor Hans Carlín Balboa explicó que las reformas de dicha ley incluyen diferentes medidas contra quienes conducen en estado de ebriedad, o que utilizan el celular detrás del volante, mientras el auto está en movimiento.
“Derivadas a esas reformas y a esas leyes, esta Comisión tiene a bien presentar esta propuesta para la consulta del Reglamento de Vialidad y Tránsito”, dijo.
El dictamen de la consulta pública fue secundada por la Síndica Segunda Irasema Arriaga.
“Hay que dejar claro que esto es un mandato que tenemos qué cumplir. La ley, como tal, fue aprobada hace unos meses en el Congreso del Estado. De hecho somos el tercer municipio que pondrá a consulta este reglamento”, comentó.
“Este es un mandato que nos imponen a los 51 municipios. Sí hay una fecha límite; sin embargo, como lo hemos hecho con todos nuestros reglamentos, la Comisión procede a hacer un profundo análisis de la reforma que hace el Congreso. Y esto es para empatarla”.
Cabe destacar que las nuevas sanciones no aplicarán a quienes hablen por teléfono mientras manejan, siempre y cuando utilicen el manos libres.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
MÉXICO, D.F: Nada contiene al elevado precio del dólar que hoy se vendió en ventanillas hasta los 15.02 pesos ante la caída de los precios del petróleo, el nerviosismo de los inversionistas por una posible alza en la tasa de interés y la incertidumbre de la economía mundial.
Aún más, esta situación no se había visto desde la pasada crisis financiera del 2009 cuando la economía mexicana se desplomó más de 6%.
De esta forma, el peso sufrió una nueva caída ante el billete verde: el dólar en su paridad interbancaria con la moneda mexicana concluyó la jornada en 14.7358 pesos por unidad, de acuerdo al Banco de México.
Como consecuencia, el banco central activó su mecanismo para intervenir en el mercado cambiario y subastó este jueves 200 millones de dólares (mdd) para proveer liquidez y detener el desplome del peso mexicano, que lleva más de una semana en plena depreciación.
Esta acción del banco central tuvo efecto luego de que el billete verde rebasó los 14.7358 pesos. Este nivel significó una depreciación mayor a 1.5% desde los 14.5181 pesos del tipo de cambio FIX que determinó la autoridad monetaria en la sesión del pasado miércoles.
La moneda nacional no pasa por el mejor momento.
En lo que va de esta semana, el peso acumuló un retroceso de 2.8%, mientras que este jueves fue de 1.5%, respecto a la jornada anterior.
De hecho, fue la divisa emergente más débil durante este día. De acuerdo con los analistas de BBVA Bancomer, desde octubre acumuló una pérdida de 9%. Desde entonces, el peso mexicano es la tercera divisa emergente con peor desempeño, sólo detrás del peso colombiano y el rublo.
Uno de los factores del alza del dólar ante el peso es la caída del precio del petróleo y de la mezcla mexicana de exportación que disminuyó más de 8% durante esta semana y hoy se ubica en niveles inferiores a 55 dólares por barril.
Y también la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue arrasada por la situación económica internacional y la incertidumbre: En el mercado accionario, el IPC registró una caída semanal de 5.5% en comparación con el Índice del Standard and Poor´s S&P500 que cayó 1.9%.
La negativa de los países árabes para reducir su producción de petróleo, así como la baja en las expectativas de crecimiento económico en el mundo y una probable alza de la tasa de interés en Estados Unidos seguirán afectando los mercados financieros, según los analistas.
En México, mañana se sabrá el efecto de la intervención del Banxico en el mercado cambiario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
