Tras la decepcionante administración priista de Andrés Granier, los tabasqueños pensaron que un cambio de colores les vendría bien. No fue así. Arturo Núñez, el primer mandato del PRD en Tabasco no ha sido mejor. Inseguridad, derroche y corrupción marcan su gobierno.
Llegó hace dos años a la gubernatura de Tabasco, generando altas expectativas y esperanzas entre los tabasqueños, pero el perredista Arturo Núñez ha sucumbido como gobernador de este estado del sureste mexicano.
La gestión de Núñez no ha estado a la altura del reto histórico que representó en el 2012 la llegada del primer gobierno de izquierda al poder del estado natal de Andrés Manuel López Obrador, líder opositor en México.
Núñez tomó protesta hace dos años como gobernador en un ambiente de esperanza y de ilusión por parte de los habitantes de este estado cansados y hartos del saqueo que hubo en el sexenio del priista Andrés Granier, actualmente preso en la Ciudad de México acusado de desvío de recursos.
Pero hoy, dos años después de la llegada del PRD a Tabasco, lo que existe entre los tabasqueños es un arraigado sentimiento de decepción por el desempeño de Núñez como mandatario y el de sus colaboradores.
La inseguridad es el principal problema que enfrenta Tabasco, sin embargo la opacidad, las promesas incumplidas, el derroche de recursos y la corrupción es lo que está marcando a la administración que encabeza el también exsenador del PRD.
“El de Arturo Núñez es un gobierno fallido, que mató la esperanza y asesinó la ilusión de los tabasqueños”, opina Mario Llergo, abogado priista que encabeza la voz opositora en Tabasco.
Corrupción, el sello de la casa
Los primeros dos años de este gobierno de Tabasco han sido marcados por escándalos de corrupción, denuncias de opacidad y por la falta de rendición de cuentas a la sociedad.
Las acusaciones de desvío de recursos le han salpicado incluso a la familia del mandatario estatal.
Fue precisamente Mario Llergo –hoy uno de los aspirantes en el PRI a la alcaldía de Villahermosa- quien denunció este año que el DIF de Tabasco, que preside la esposa del gobernador, benefició con un contrato a una empresa vinculada con el director jurídico de este organismo.
La administración de Núñez primero descartó irregularidades en la licitación, pero luego aceptó la ilegalidad en la adjudicación de este contrato por 20 millones de pesos para suministrar desayunos escolares al DIF.
Núñez desaprovechó la oportunidad de mandar un mensaje contundente en el combate a la corrupción en su gobierno. Sin embargo, la Contraloría estatal solo suspendió por 30 días del cargo a Sergio Eduardo Pulido Pérez.
Este funcionario es un amigo cercano de Munir Chalela, esposo de Martha Núñez, hija del gobernador perredista.
En redes sociales circulan fotos del funcionario acusado de beneficiar a una empresa familiar en el DIF celebrando en un bar con el yerno de Núñez.
Otro contrato polémico fue el otorgado por el gobierno de Tabasco a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd, para la adquisición de 445 mil 200 placas vehiculares.
El contrato de 94 millones de pesos fue adjudicado- sin licitación pública - a esta empresa extranjera que en su historial cuenta haber sido inhabilitada en el 2011 por la SCT por manufacturar placas sin tener registro en México.
Fue la Secretaría de Administración –y no la Tesorería estatal de Tabasco- la que entregó este contrato millonario por la vía de la adjudicación directa.
Este tema fue manejado por el titular de esta dependencia, Amet Ramos Troconis, quien ha sido relacionado familiarmente con la esposa del gobernador del estado.
“Lo que a Andrés Granier y a su equipo le llevó tres años en volverse opaco, en vislumbrar el saqueo, a esta administración le costó 6 meses. Rapidito le agarraron el hilito”, señala José Manuel Arias Rodríguez, coordinador de la Asociación Ecológica Santo Tomás.
“Hoy en Tabasco hay una corrupción institucionalizada en todas las áreas y una gran decepción”.
Hay un dato más que exhibe la escasa voluntad del gobernador perredista para rendir cuentas y combatir la corrupción.
En el 2013, en su primer año de gobierno, Núñez hizo pública su declaración patrimonial con la que entraba a gobernar él y su familia.
Este año los tabasqueños ya no pudieron conocer el informe de bienes de su gobernador que lo clasificó como una información reservada.
El cambio que nunca llegó
Hace un mes el gobernador de Tabasco rindió su Segundo Informe de Gobierno, un documento que estuvo solo unos días en la página de Internet del Gobierno de Tabasco y después fue retirado.
Núñez –un político que comenzó su carrera en el PRI hasta ser subsecretario de Gobernación– entregó el informe al Congreso en el que reportó cuentas alegres que no corresponden a la realidad de Tabasco.
El mandatario tabasqueño, por ejemplo, no habló del subejercicio de mil 189 millones de pesos que existía hasta el tercer trimestre de este año.
De acuerdo al presupuesto estatal de Tabasco, se tenía programado gastarse hasta el mes de septiembre 21 mil 629 millones de pesos.
En su informe, Núñez acepta que solo ha ejercido la cantidad de 20 mil 439 millones de pesos e intenta esconder el subejercicio etiquetando esos recursos no gastados como dinero “disponible respecto al programado”.
El gobernador no ha podido avanzar con su programa estrella de desarrollo social, Corazón Amigo, destinado para ayudar a personas con discapacidad en Tabasco.
Cuando anunció la creación de este programa, a principios de año, Núñez aseguró que se invertirían 365 millones de pesos, algo que no ha cumplido.
De acuerdo a los informes trimestrales del gobierno de Tabasco, la inversión en Corazón Amigo no supera los 100 millones de pesos.
En contraste con la reducción de recursos en el área de desarrollo social, el gasto en comunicación social del gobierno de Tabasco se ha duplicado con Núñez este año.
El presupuesto de Egresos aprobado para el 2014 contemplaba una partida de 162 millones de pesos para la Coordinación de Comunicación Social que encabeza quien fuera la senadora suplente de Núñez, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita.
El Ejecutivo ha autorizado una ampliación a 309 millones de pesos para intentar mejorar su imagen entre los habitantes de Tabasco.
“No ha habido ningún cambio”, asegura Candelaria Lázaro Lázaro, dirigente de la asociación Ixiktak, que se dedica en Tabasco a la protección de mujeres indígenas.
“Lo que sí habido con Núñez es muchísimo gasto y se supone que iba a ser un gobierno con austeridad”.
No ha habido ningún cambio. Lo que sí habido con Núñez es muchísimo gasto y se supone que iba a ser un gobierno con austeridad”
‘Se cuidan hasta de sus sombras’
Tabasco, como en el resto de México, solo se denuncia 1 de cada 10 secuestros que ocurren realmente.
“En Tabasco la gente se cuida hasta de su propia sombra”, dice la activista Candelaria Lázaro Lázaro, recién reconocida con el Premio Estatal de Derechos Humanos en Tabasco.
“Con Núñez la ciudad se ha ido desmoronándose en todos los ámbitos: social, político, en salud, pero principalmente en justicia y seguridad. Estamos llegando al caos”.
El número de homicidios dolosos en Tabasco, durante la era Núñez, también ha registrado un alza en comparación a los años anteriores.
De enero a octubre se habían registrado 142 muertes violentas faltando dos meses por concluir, una cifra que supera lo registrado en todo el año pasado.
La semana pasada el exprocurador de Tabasco, Roberto Vidal Méndez, recriminó que la administración de Núñez carezca de un programa de seguridad.
Tabasco hoy enfrenta una ola de asaltos de alto impacto, más vinculados con la delincuencia organizada que con la común.
El robo de cajeros automáticos y de clientes de bancos ya forman parte de la cotidianidad en la capital de Villahermosa y en los municipios aledaños.
El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Audomaro Martínez Zapata, un general cercano a López Obrador, sigue en el cargo pese a los malos resultados que ha rendido en sus dos años como jefe policiaco.
También los indicadores económicos en Tabasco, bajo la gestión del primer gobernador del PRD, son adversos: fue el estado que registró la caída más alta de su Producto Interno Bruto con el descenso de 1.9 por ciento.
Es además uno de los estados que presenta una de las tasas mayor de desempleo con un 6.3 por ciento, de acuerdo a estadísticas del Inegi.
AMLO se deslinda de Arturo Núñez
Hasta Andrés Manuel López Obrador, el principal promotor que tuvo Arturo Núñez para su candidatura y campaña en el 2012, ha comenzado a deslindarse del mandatario.
En su más reciente visita a Tabasco, en una entrevista en una estación de radio, López Obrador le reprochó a Núñez su subordinación a la Federación y su falta de aplomo para exigir más recursos federales para la entidad.
“En Tabasco hace falta que se apliquen las tres C: Corazón, cabeza y carácter”, soltó López Obrador.
Este distanciamiento entre López Obrador y Núñez se reflejará más cuando en los próximos días se dé una desbandada de militantes y figuras del PRD de Tabasco a Morena, el nuevo partido político de Andrés Manuel.
El mandatario de Tabasco no tiene tampoco el control político del PRD, que está en manos del diputado federal Juan Manuel Fócil Pérez.
Hace dos meses, en la elección interna por la dirigencia estatal del Sol Azteca, Fócil Pérez arrasó 3 a 1 en la votación a Agustín Silva Vidal, jefe de asesores de Núñez.
El gabinete que Núñez conformó para gobernar Tabasco es una suerte de club de amigos y de reparto de posiciones al PRI, PRD y hasta el PAN.
En el “el gobierno del cambio” hay expriistas ligados en su momento con el exgobernador de Tabasco, el priista Roberto Madrazo, rival histórico de Andrés Manuel López Obrador.
No solo eso. Fueron priistas que participaron en 1995 en el desalojo violento de la Plaza de Armas de Tabasco tomada por perredistas para protestar por un supuesto fraude en la elección a la gubernatura donde compitió López Obrador.
Como jefe del Congreso de Tabasco estaba el hoy secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, quien encabezó - con garrote en mano- el desalojo de los perredistas de Plaza de Armas para que Madrazo pudiera entrar al Palacio de Gobierno.
También refugiado por Núñez está Manuel Felipe Ordóñez Galán, hoy secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, quien encabezó el movimiento contra perredistas hace 20 años como líder de los constructores en el estado.
El gabinete improvisado
Hay improvisaciones delicadas en el equipo del gobernador como la de Juan Antonio Filigrana Castro, un abogado amigo del mandatario, que comenzó el sexenio como director del Instituto de Vivienda y que hoy se desempeña –sin ser doctor- como secretario de Salud de Tabasco.
El gabinete que conformó Núñez vive confrontado entre sí. Hay dos grupos que viven en constante pugna: el que encabeza el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, y el que lidera Amet Ramos Troconis, secretario de Administración y cercano a la esposa del gobernador, Martha Lilia López.
En Tabasco se asegura que Ramos Troconis es el operador de confianza de Núñez y que por eso está a cargo de las compras y tratos con los contratistas de gobierno.
Hay otro rumor que circula con mucha insistencia en el medio político de Tabasco: la influencia que tiene Martha Lilia López Aguilera, esposa de Arturo Núñez, en las decisiones del gobierno que encabeza su marido.
“Ella es la que manda”, asegura un colaborador del gobernador de Tabasco.
“Está en todos los eventos del gobernador”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAAR CEPEDA.
En el estado hay tres visiones. Una, la de Hipólito Mora, quien asegura que todo es un “desmadre” y amenaza con retomar las armas. Otra, la del gobernador Salvador Jara, quien tacha esas declaraciones de falsas y de mal gusto. Y una más, la de Alfredo Castillo, quien sostiene que el estado está bien. Lo que es un hecho es que en Michoacán el fuego no está apagado.
La semana pasada, Hipólito Mora soltó una declaración que cayó como bomba.
“Michoacán es un desmadre (…) estamos peor que el 24 de febrero”.
La fecha de la que Hipólito habla tiene que ver con ese día del 2013 cuando se crearon las autodefensas. El antes autodefensa y ahora comandante de la Fuerza Rural Estatal de Michoacán dejó entrever la posibilidad de que los grupos armados retomen el movimiento.
Sus palabras tuvieron la respuesta inmediata del comisionado federal, Alfredo Castillo, quien señaló que “Hipólito no puede hablar de Michoacán cuando no sale de una comunidad de 5 mil habitantes”.
Castillo se refiere a La Ruana, lugar de origen del comandante rural y en donde, de acuerdo al comisionado, se mantiene una confrontación de liderazgos entre los autodefensas.
“Lo que está pasando ahorita y lo que estamos viviendo es que se están peleando ellos el liderazgo”, reviró el funcionario federal.
En una entrevista para El Universal, Castillo habló de una situación en Michoacán muy diferente a la que percibe Hipólito.
“Creo que dejaron de existir la movilización de grupos armados y la toma de comunidades y municipios. Que volvieron a abrir los negocios sin tener que pagar derecho de piso. Que 106 municipios del PRI, PAN y PRD acordaron la puesta en marcha de un mando unificado. Que los principales líderes del grupo delictivo fueron abatidos y otros encarcelados. Que se recuperaron espacios que estaban tomados por la delincuencia. Que hubo una reducción pronunciada en la incidencia delictiva: que los indicadores están por debajo de los de 2012 y 2013 en los delitos de alto impacto. Que el secuestro se desplomó”.
Sin embargo, el comandante rural ve un estado complemente distinto.
“Se puede transitar por todos los pueblos con lanzagranadas, calibre 50, cuernos de chivo, todo tipo de armamento (…) desgraciadamente no hay alguien que lo pueda parar“, denunció el exautodefensas.
Hipólito agregó que los sicarios se iban cuando estaba el Ejército y después regresaban, pero ahora caminan ya libremente a pesar de la presencia de las Fuerzas Federales.
El comandante rural incluso vaticinó que si las cosas no cambian en Michoacán, podrían presentarse casos como el de Iguala.
Pero el mismo día que Hipólito hizo esas declaraciones, el gobernador Salvador Jara Guerrero, anunciaba en conferencia de prensa que Michoacán será el primer estado en concretar el plan federal de Mando Único Policiaco.
El mandatario aseguró que las Mesas de Seguridad en los municipios más importantes del estado serían implementadas cuando antes.
“La seguridad ya no es un asunto del estado únicamente sino también de los ciudadanos”, refirió Jara.
En esa misma conferencia, el procurador José Martín Godoy adelantó que en 60 días la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) será reestructurada, y dijo que se harán cambios sustanciales.
Uno de esos primeros cambios fue Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien dejó el cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, para encabezar el Órganos Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad.
Incorrectas y de mal gusto
Para el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, las declaraciones de Hipólito Mora de “el estado vale madres”, no solo son de mal gusto, sino incorrectas.
“Me parece que se equivoca, lo que dice es una amenaza aparentemente”, indicó el mandatario.
Jara Guerrero evitó la polémica, pero señaló que los señalamientos del exautodefensa de La Ruana se podrían ser tomados como una amenaza de mal gusto.
Cambio de guardia
En tres años, Michoacán ha tenido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a cinco secretarios y tres gobernadores.
> Fausto Vallejo Figueroa
Gobernador del Estado
Marzo 2012
Elías Álvarez
Estuvo poco más de un año al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. La dejó debido a que recibió la invitación por parte del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, para sumarse a las filas de la subsecretaría de Seguridad Pública Federal.
Febrero 2013
Leopoldo Hernández Bedoy
Asumió la responsabilidad justo después del surgimiento de los grupos de autodefensa en la Tierra Caliente. Bastaron cuatro meses para que el Coronel fuera removido del cargo tras una decisión conjunta del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Gobierno del Estado.
> Jesús Reyna
Gobernador interino de Michoacán
Mayo 2013
Alberto Reyes Vaca
El General de División se comprometió a fortalecer la seguridad para todos los michoacanos y cambiar la percepción que se tiene de los policías. Dijo que unos de las metas es mantener el orden y la paz pública en el estado y municipios.
Enero 2014
Carlos Hugo Castellanos Becerra
Arribó a la entidad como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instancias federales y estatales.
> Salvador Jara Guerrero
Gobernador sustituto de Michoacán
Diciembre 2014
Javier Ocampo García
Es designado el nuevo encargado para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, funcionario estuvo al frente de la Comisión Coordinadora del Transporte y también es allegado a Alfredo Castillo.J
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: Adán Cortés, el mexicano que protestó por el caso Ayotzinapa durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, fue expulsado de Noruega esta mañana y obligado a dirigirse a Alemania.
Dag Holmen, abogado del joven, informó esta mañana que las autoridades noruegas consideraron que el caso de su cliente carece “absolutamente de fundamentos”.
Cortés fue obligado a abordar un vuelo con destino a Fráncfort, Alemania, donde hará conexión para viajar a México.
Holmen consideró que la decisión es “jurídicamente errónea” y lamentó que su cliente no haya sido escuchado por las autoridades noruegas.
El pasado miércoles, el joven subió al estrado donde se celebraba la entrega del Premio Nobel de la Paz cuando la adolescente paquistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, posaban con la medalla y el diploma del galardón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, precisó que siete agentes y 14 civiles resultaron heridos en los hechos violentos ocurridos ayer en Chilpancingo, Guerrero.
Tres de los uniformados a hospitales de Chilpancingo, tres fueron trasladados al Distrito Federal y uno de ellos fue intervenido por traumatismo craneoencefálico.
Responsabilizó a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero de atacar a los agentes de la Policía Federal.
En entrevistas concedidas por separado a Grupo Fórmula y Noticieros Televisa, Galindo dijo que los profesores portaban petardos, cohetones y armas blancas.
Ayer, normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente fueron agredidos por cinco elementos de la Policía Federal quienes vestidos de civil y en estado de ebriedad retiraron unas vallas metálicas que fueron colocadas en las vialidades al norte de esta capital para organizar un encuentro artístico musical denominado “Una luz en la oscuridad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: RECEPCIÓN.
La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.
MÉXICO, D.F: Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.
Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.
Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).
Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente.
Audiovideos captados por testigos del ataque a normalistas de Ayotzinapa:
Un informe inédito del gobierno de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.
Según el documento, a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
La delegada de la Sedesol en la entidad, Claudia Brígida Navarrete, se presentó ante los miles de beneficiarios de los programas sociales de la dependencia formados hoy en esta capital para entregar los televisores para la transición digital y les pidió “mover a Guanajuato junto nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto”.
En su arenga política, ayudada por una auxiliar que sostenía un megáfono, frente a cientos de adultos mayores que esperaban su turno para recibir su televisor, la funcionaria federal “les recordó” que en el sexenio de Peña Nieto se implementó a través de Sedesol el programa de seguro para jefas de familia, se amplió el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años y se lanzó la Cruzada contra el Hambre.
De acuerdo con información del semanario Proceso, Navarrete recorrió las numerosas filas de sillas donde aguardaban turno los beneficiarios de los programas, en la Unidad Deportiva “Juan José Torres Landa” de esta capital, y al principio les explicó cómo se usaría el aparato de televisión.
Sin embargo, enseguida habló así a las personas que desde las comunidades y colonias del municipio aguardaban:
“Entonces, queremos pues agradecerles nuevamente su presencia, pedirles que como parte de la familia Sedesol nos ayuden aquí en nuestro estado y en este bonito y hermoso municipio a seguir moviendo a México de manera positiva, junto con nuestro presidente de la República, el licenciado presidente Enrique Peña Nieto”.
Luego, la delegada mencionó “los hechos violentos que están ocurriendo en otras partes del país”, para luego insistir en que, en el caso de Guanajuato, necesita el respaldo social “para mover positivamente al estado y a este bonito y hermoso municipio”.
“Queremos que ustedes nos ayuden”, les reiteró.
Según Navarrete, poco a poco irán aterrizando las reformas en los distintos rubros, aprobadas en los primeros años del sexenio de Peña Nieto.
Y luego les recordó a los presentes:
“Como ustedes saben, antes no había Tarjeta Sin Hambre, entró la Tarjeta sin Hambre; antes no había seguro de vida para jefas de familia, ahora tenemos seguro para jefas de familia; antes solamente los adultos de más de 70 años eran beneficiados, ahora de más de 65”.
Y aseguró que después de haber asumido la delegación de Sedesol con un padrón de cien mil adultos mayores beneficiados con los apoyos federales, “el presidente de la República nos dio la orden de sumarle otros 140 mil adultos más” a dicho padrón.
Finalmente, Claudia Navarrete insistió en dirigirse a los beneficiarios como “la familia Sedesol”.
En el estado de Guanajuato se entregarán en total cerca de 530 mil televisores, de los cuales en León se repartieron ya poco más de 91 mil. El segundo municipio donde más aparatos se entregarán es Irapuato, con casi 49 mil.
Hace unas semanas, la delegada Navarrete fue denunciada por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional ante la PGR, tras divulgarse una grabación en la que presuntamente ordena apoyar con despensas al diputado local priista Gerardo Zavala Procell, precandidato a la presidencia municipal de Irapuato.
Por este audio, el PAN pidió la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, a fin de aclarar si la funcionaria incurrió en algún ilícito.
El pasado 13 de diciembre, cientos de familias beneficiadas con el programa de entrega de televisores digitales llegaron desde las 5 de la mañana, llegaron la deportiva Torres Landa , para hacer fila y recibir la televisión digital que entrega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En este primer día de entrega llegaron más de 3 mil beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social, llegaron con su credencial de elector y un comprobante de domicilio.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ZONA FRANCA.
(14 de diciembre, 2014).- Luego de que el diario The Wall Street Journal publicara información sobre la casa adquirida por el Secretario de Hacienda en el Club de Golf de Malinalco, el priista Arturo Zamora dijo que la explicación brindada por Luis Videgaray fue satisfactoria, pues aclara que la compra se realizó cuando no era servidor público.
En contraste, el senador panista Javier Corral señaló a la figura presidencial como “trastocada en términos políticos y éticos”, ya que ahora la duda sobre los vínculos con el Grupo Higa no sólo recaen sobre la esposa del presidente, sino de su colaborador más cercano.
En ese mismo sentido, las fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados advirtieron sobre la red de complicidad existente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el empresario Juan Armando Hinojosa.
En opinión de los legisladores, ese vínculo da la razón a quienes se oponen a que el Ejecutivo encabece el órgano Anticorrupción. “Es inverosímil la actuación caritativa del empresario, que otorga casas a plazos”.
Miguel Alonso Raya y Roberto López Suárez, del PRD reiteraron que el conflicto con Grupo Higa es una muestra más de que el nuevo órgano anticorrupción debe ser autónomo, sólo de esa forma se garantizará el castigo para quienes incurran en excesos durante su gestión.
López Suárez recordó el episodio vivido con el empresario Carlos Ahumada y señaló: “Hinojosa es el Ahumada del PRI, con favores obtuvo ventajas de los funcionarios del tricolor que gobernaron en el estado de México durante la pasada administración”.
Para Miguel Alonso Raya la prioridad es garantizar que quienes dirijan el órgano anticorrupción no sean los mismos que serán fiscalizados.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Ejidatarios aseguran que 320 son de su propiedad; exigen revertir el proceso de nacionalización. Increíble la rapidez con que se hizo; miles peregrinamos años para obtener una certificación de tierrras, dicen.
San Luis Potosí, SLP. En sólo tres meses, la Iglesia católica de San Luis Potosí gestionó y obtuvo del gobierno federal la nacionalización de más de 700 hectáreas donde se ubica el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Desierto, en la comunidad Guadalupe Victoria, municipio de Mexquitic de Carmona, colindante con la capital del estado, denunciaron representantes de más de 200 comuneros que se ampararon contra dicha decisión.
Con la declaratoria, sin embargo, se invadieron 320 hectáreas propiedad de los comuneros, quienes han asistido a audiencias ante autoridades judiciales federales donde se ventila el proceso jurídico, a fin de revertir esta decisión o que al menos no les afecte en sus posesiones. Temen también el desarrollo de fraccionamientos residenciales en la zona.
El entonces apoderado jurídico de la arquidiócesis Eduardo Córdova Bautista, inició las gestiones en diciembre de 2012, que fructificaron el 4 de marzo de 2013, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó la notificación mediante la cual se daba a conocer el inicio del procedimiento para emitir la declaratoria administrativa por la que se formalice la nacionalización del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Desierto, avenida del Desierto sin número, comunidad Capulines, estado de San Luis Potosí, uno de los comprendidos por el artículo 17 transitorio de la Constitución mexicana, el cual se encuentra abierto a culto público desde antes de las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992.”
En la edición del 23 de mayo del mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria por la que se formalizaba la nacionalización del inmueble religioso. Allí se señala que tiene superficie de 7 millones 68 mil 583.4706 metros cuadrados y luego de especificar sus colindancias, habiendo sido dado de alta ante la Secretaría de Gobernación como inmueble considerado propiedad de la nación.
Córdova Bautista –quien se encuentra prófugo por las acusaciones de pederastia en su contra– logró incluso que el gobierno federal aceptara que dicho santuario fuera valuado en 13 mil 740 millones 361 mil 459 pesos. Sin embargo, no dio vista del proceso a los más de 200 comuneros ni a las entre 500 y mil familias de los municipios de Mexquitic y San Luis Potosí, quienes también se sienten afectados por esta decisión.
Ni las autoridades de ambos municipios ni el propio gobierno del estado estuvieron enterados, afirmaron habitantes que acudieron ante ellas para reclamar esta situación.
El inspector municipal Gerónimo Tovar Fernández explicó que a principios de diciembre de 2013 el párroco del pueblo, Jorge Aguilar, les informó: Estábamos cobrando los derechos de piso de quienes acuden a las festividades religiosas anuales a la virgen de Guadalupe el año pasado, cuando el padre Aguilar, muy molesto, nos reclamó por qué cobrábamos a los comerciantes que acudían a vender productos, a lo que le respondimos que teníamos el permiso de la dirección de comercio del ayuntamiento de Mexquitic y no lo hacíamos por nuestra cuenta.
Aguilar les respondió que ese terreno ya era de la Iglesia. Los habitantes le comentaron que tenía que hablar con el comisariado para informarle del proceso de nacionalización, a lo que éste les contestó que él no tenía por qué hablar con él, que para eso estaba la cabeza, en referencia a los trámites legales que efectuaba Córdova Bautista.
Promueven amparos
Alfonso Quistian Tovar es propietario del predio El Guilanche, dentro del área afectada por la nacionalización. En diciembre de 2013 inició un juicio de amparo a fin de que no se le prive de su posesión. Incorporó un avalúo en el que tasa su predio en 13 mil 740 millones 361 mil 459 pesos.
Dijo que con fecha 9 de enero de 2014 la justicia federal le concedió el amparo 1471/2013-I a fin de evitar que fuera afectado en sus propiedades. “Incluso tuve que depositar una fianza por 15 mil pesos, según el billete N416261 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC para que surtiera efecto la suspensión provisional concedida por el juzgado segundo de distrito, con sede en esta capital.
Luis Sánchez Quistián, otro habitante, comentó: Es increíble cómo se autorizó, y sobre todo la rapidez del proceso, pues miles de campesinos en todo el país tenemos que peregrinar años y años para obtener una certificación de tierras o una autorización de nuestros derechos ejidales y aquí el clero logró todo en unos cuantos meses.
El comunero Gerónimo Tovar Fernández comentó: Queremos que se revierta o desconozca la nacionalización pues los verdaderos dueños de esas tierras somos nosotros y nuestras familias, quieres por muchísimos años hemos vivido aquí y no se vale que de la noche a la mañana la Iglesia sea la dueña, además queremos que el padre Jorge Aguilar ya no vuelva por aquí.
Según el historiador potosino Rafael Montejano y Aguiñaga, el santuario alberga la imagen de la virgen de Guadalupe más antigua después de la del cerro del Tepeyac, en la ciudad de México, y fue el único centro de culto religioso que permaneció abierto durante la Revolución.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Vicente Juárez.
Con la contratación de un hermano, primos, yerno y sobrinos, el llamado "Jefe Apolo" incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
Diez familiares del actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Luis Rosales Gamboa, están contratados en distintos puestos de dirección en la dependencia, con lo cual, incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo, según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales –que rige a los funcionarios capitalinos–.
Rosales Gamboa, conocido como “Jefe Apolo”, es titular de la Subsecretaría de Operación Policial, la más importante en la Secretaría, encargada prácticamente de todos los agrupamientos policiales y operativos realizados en la Ciudad de México.
En conjunto, los familiares del subsecretario (hermano, yerno, cuatro primos y cuatro sobrinos) reciben un sueldo mensual de 463 mil 812 pesos; los salarios por laborar en el área que Rosales dirige desde 2012, van de 23 mil pesos y hasta 94 mil pesos .
La legislación Federal, establece que los servidores públicos deben “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción (…) de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar (…) o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refieren”.
Pero el “Jefe Apolo” sí interviene en el nombramiento de los cargos, pues entre las facultades como subsecretario está “proponer al Secretario la permanencia, adscripción o remoción de los mandos de las unidades que se encuentren bajo su adscripción”, según se explica en el reglamento interior de la dependencia.
En el directorio de personal de estructura de la SSP DF aparecen 10 de sus familiares, nueve de ellos en la subdirección de operación y, por tanto, son sus subordinado, pues el artículo 17 del ordenamiento interno establece que “las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas policiales se adscribirán a la Subsecretaría que determine el reglamento interior”.
Entre los más cercanos está su hermano, Felipe Rosales Gamboa, director Ejecutivo Regional de Policía de Proximidad en la delegación Venustiano Carranza, perteneciente a la Subsecretaría de Operación Policial, con un salario mensual de 76 mil 743 pesos.
Además, una de las cinco Direcciones Generales de Policía de Proximidad es ocupada por el yerno de Rosales, Edgar Bautista Ángeles, quien percibe 94 mil 610 pesos mensuales por hacerse cargo de la zona Centro.
En su currículum se informa que tiene estudios de bachillerato, aunque la descripción del puesto advierte que la escolaridad solicitada es de “licenciatura, maestría o equivalente en experiencia laboral” y el área del conocimiento requerida es “Administración pública, Economía, Derecho o Ciencias Políticas”.
En el portal de transparencia se asienta que para obtener dicho puesto, se requieren cinco años de experiencia, pero de acuerdo con su currículum, Bautista Ángeles ha tenido cargos dentro de la SSP DF a partir de 2010, como director de área de la 35 Unidad de Protección Ciudadana Narvarte-Álamos; en 2012 dirigió la misma unidad correspondiente a “Nápoles”; en 2013 pasó a la “Cuauhtémoc” y desde abril de 2013 a la fecha ocupa una dirección general.
Solo el primo de Rosales, Francisco Javier Alcocer Rosales, trabaja en una unidad distinta, pues es subdirector de Operación vial Zona 2, dependiente de la Subsecretaría de Control de Tránsito, área que fue encabezada por “El Jefe Apolo” en 2011.
Animal Político solicitó al área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal un posicionamiento respecto a la relación familiar del “Jefe Apolo” y sus subordinados. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que prefiere omitir su nombre por miedo a represalias, asegura a Animal Político que el “nepotismo” ha sido una práctica constante por parte del subsecretario.
Algunos de los puestos de dirección están reservados para familiares y amigos y sus nombramientos son por “dedazo”, mientras que el resto de los aspirantes que “no tienen amigos poderosos”, no consiguen ascender, advierten las fuentes.
Los subalternos tienen miedo de denunciar este tipo de anomalías pues afirman que Rosales Gamboa tiene poder e influencia dentro de la SSP DF, toda vez que como subsecretario es responsable de prácticamente todos los agrupamientos de la policía y su permanencia en la dependencia por 42 años le ha dejado buenas relaciones con otros funcionarios.
Además, nada ni nadie ha podido restarle injerencia en la Secretaría, ni siquiera los señalamientos de organismos de Derechos Humanos que lo ubicaron como responsable de los fallidos operativos del News Divine, por el cual murieron 12 personas, y del 1 de diciembre de 2012, en el que hubo 102 detenidos de manera arbitraria.
¿Qué dice la ley?
En el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales , en la fracción XI, se advierte que los funcionarios deberán “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios”.
Esto también incluye los casos donde “pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios”.
De no cumplir con la ley, los servidores públicos incurrirán en una falta administrativa que, como lo indica el artículo 13, podría derivar en sanciones como: “amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; destitución del puesto; sanción económica; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público”.
La legislación prevé que ante la denuncia por presunto incumplimiento o violación de ordenamientos, el caso debe ser analizado por la contraloría interna de la dependencia para realizar la investigación y aplicar las sanciones correspondientes o deslindar responsabilidades.
Por el momento, el “Jefe Apolo”, percibe una remuneración mensual de 98 mil 801 pesos, y como subsecretario, es el encargado de suplir al secretario de Seguridad Pública ante alguna ausencia, como lo establece la Ley Orgánica de la SSP DF. Por ello, luego de la renuncia de Jesús Rodríguez Almeida el pasado cinco de diciembre, Rosales Gamboa ocupa el máximo cargo de la Secretaría de manera interina.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2014/12/el-jefe-de-la-policia-del-df-contrata-10-familiares-en-puestos-directivos/
APATZINGÁN, Mich: Grupos de autodefensa reactivaron hoy sus acciones en Michoacán con bloqueos carreteros en este municipio, en Múgica y Uruapan, entre otros.
Según el diario Primera Plana, debido a conflictos con la Policía federal, la Fuerza Rural de Apatzingán rompió relaciones con los gobiernos federal y estatal y con el comisionado Alfredo Castillo.
Además, quemaron las credenciales que los acreditan como integrantes de la FR y retiraron las calcomanías de la corporación a todos sus vehículos.
“Han resurgido las autodefensas en todo Michoacán”, fue el grito que anunció el regreso de las policías comunitarias que, desde hoy, retomaron las camisetas blancas.
Además, quemaron las credenciales que los acreditan como integrantes de la FR y retiraron las calcomanías de la corporación a todos sus vehículos.
“Han resurgido las autodefensas en todo Michoacán”, fue el grito que anunció el regreso de las policías comunitarias que, desde hoy, retomaron las camisetas blancas.
La oficina de prensa del comisionado Alfredo Castillo, a cargo de José Emiliano Montiel, confirmó los hechos y explicó que los bloqueos en Uruapan y Apatzingán los realizan en su mayoría “autodefensas que exigen coordinación con las autoridades para la detención de delincuentes”.
En estos momentos está suspendido el tránsito vehicular en puntos como la salida a Nueva Italia, Bachilleres, el Aeropuerto “Pablo L. Sidar” y la brecha a Los Cuiniques, además de que se han suspendido corridas de autobuses.
El cierre de estas vías de comunicación afecta a las mismas fuerzas federales que no pueden entrar ni salir de la región, aunque de un momento a otro podría permitirse el paso solamente a los ciudadanos, sobre todo a aquéllos que circulan por emergencias médicas.
En Ziracuaretiro, autodefensas informan a los automovilistas en las casetas de peaje de San Ángel Zurumucapio y Taretan, donde atravesaron pipas y camiones para bloquear las carreteras.
El resurgimiento de las autodefensas en municipios como Apatzingán, Los Reyes, entre otros, se da siete meses después de que, mediante decreto oficial, se anunció la creación de la Policía Estatal Fuerza Rural en Michoacán.
Los líderes de autodefensas habían advertido que trataron de dialogar con el comandante regional de la Policía Estatal pero que fueron atendidos “de una mala manera” y que incluso que les habían faltado al respeto con palabras altisonantes.
Indicaron que ya están cansados de las injusticias cometidas por elementos de la Policía Federal, quienes cometen abuso de autoridad y la población acude a la Fuerza Rural para denunciarlos.
El movimiento tiene como fin establecer una mesa de diálogo con el gobierno, para así exigirles el pago de sueldo, equipamiento de la Policía y la entrega de patrullas para llegar a un acuerdo y restablecer la llamada Fuerza Rural, de lo contrario seguirán siendo autodefensas, dijo el Comandante Halcón 1.
En reiteradas ocasiones el comisionado Alfredo Castillo y el presidente Enrique Peña Nieto habían echado las campanas al vuelo al asegurar que en Michoacán ya habían sido aniquilados Los Caballeros Templarios y otras bandas del crimen organizado, lo cual, según uno de los comandantes de autodefensas, fue sólo un acto mediático de ambos funcionarios.
Autodefensas intensifican bloqueos en carreteras de Michoacán
URUAPAN, Mich: Las Fuerzas Rurales y exautodefensas intensificaron este mediodía sus acciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Salvador Jarra Guerrero, al cerrar cuando menos 15 importantes carreteras que conducen a Morelia, Uruapan, Múgica, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán, Zamora, Los Reyes, Tocumbo, Periban, La Piedad, Taretan, Ziracuaretiro, Ario de Rosales, Pátzcuaro, La Huacana y otras poblaciones intermedias, donde hay miles de vehículos varados.
Durante un recorrido se constató que había que caminar hasta seis kilómetros de filas de carros.
“Estos bloqueos, incluyendo el de Apatzingán, se deben a que el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal y el gobierno del estado están apoyando a Los Templarios. Ayer tuvimos un agarre con ellos y los federales nos bloquearon al taparnos la carretera, mientras otros compañeros se enfrentaban a los Templarios”, dijo el comandante Estrella.
Agregó que lo que buscan es que el gobierno les haga caso, “si no nos van a apoyar, que no nos estorben”.
Por su parte, el comandante Góndola envió un mensaje a Peña Nieto y al comisionado Castillo:
“Ya no va a haber fuerzas rurales en Michoacán porque no nos han apoyado, ni siquiera con uniformes, armas, dinero, no nos han pagado ni un cinco mientras nosotros arriesgamos la vida”.
Acto seguido, desprendió una calcomanía a una unidad que decía “Fuerza Rural”.
En Apatzingán, integrantes de Fuerzas Rurales quitaron todos los logotipo a sus vehículos, quemaron sus credenciales y bloquearon las salidas a Coalcomán, Tepalcatepec, Cuatro Caminos, Lázaro Cárdenas y se sumaron más de 300 elementos.
“Y no nos vamos a quitar hasta que se solucione esto, oiga que venga la Policía Federal, el Ejército para dialogar con ellos, queremos que se les pague a los que están registrados, queremos buenas armas y combatir juntos, como al principio, gobierno y autodefensas al crimen organizado, sólo que las fuerzas federales se paran el ‘cuello’ cuando nosotros somos los que hemos agarrados a los Templarios y se los entregamos en charola de plata, y luego los sueltan por una lana”, dijo otro comandante que se cubría media cara con una mascarilla negra.
“Nos apoyan niños, jóvenes, mujeres, ancianos, estudiantes porque ven que sí combatimos a los delincuentes, pero (las autoridades) no nos dejan”.
A las 19:00 horas continuaban los bloqueos en las carreteras y la autopista Siglo XXI. Ninguna autoridad se había presentado a dialogar.
Los autodefensas portaban armas de grueso calibre y mantas con la leyenda ¡ya basta presidente!, con fotos de La Tuta y El Cenizo, señalando: “Señor Presidente, detenga estos monstros (sic) que están matando civiles, inocentes y fuerzas rurales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
(14 de diciembre, 2014).- Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco, condenó la declaración del normalista Omar García sobre los bloqueos carreteros.
En días anteriores el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que si los bloqueos continuaban se recurría al uso de la fuerza. En res puesta, Omar García, vocero de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que continuarían las protestas pese a las amenazas.
La postura de normalista fue criticada por el arzobispo, quien hizo un llamado a los normalistas para que reflexionen sobre el “grave daño” que se está causando a los derechos de “mucha gente”.
El prelado católico también opinó sobre las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, quien aseguró que en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa hubo omisiones del Estado. “Debe tener evidencias de lo que está señalando”, advirtió.
En ese sentido recalcó que lo más importante es reconstruir al país “sin todo lo que se está señalando”.
En el parque de la Reina, con motivo de la celebración por el día de Santa Lucía, el arzobispo mencionó:“Así como ellos tienen razón para poder manifestar sus inconformidades y descontentos, es importante que se den cuenta del grave daño que están haciendo a la sociedad, y cómo están provocando y favoreciendo que mucha gente esté dañada en sus derechos”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
El partido del PRD exigió que los secretarios expliquen la presunta participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas.
El PRD a través de sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados llamará a comparecer al secretario de la Defensa, al General Salvador Cienfuegos, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que expliquen o en su caso deslinden de la presunta participación de elementos del Ejército y de la Policía Federal en el ataque contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Esto luego de que según un informe obtenido por la revista Proceso, desde las 17:59 horas de aquel domingo de septiembre, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo estaba rastreando a los normalistas que partían de Ayotzinapa hacia Iguala. Y se informa que el C4 está bajo el control de la policía estatal pero que hay un radio operador del Ejército, de la Policía Federal, de la policía estatal y de la policía municipal, y que se tienen fotografías que demuestran que en el lugar trabajan conjuntamente los tres niveles de gobierno. De tal suerte que se presume que los tres niveles de gobierno estaban informados de la agresión desde un inicio.
El dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, René Bejarano, indicó que de confirmarse estos hechos estaríamos frente a un grave crimen de Estado, por lo que urgió a los funcionarios federales a dejar de ocultar información y a revelar todo lo que saben.
"Es muy importante que se aclare esto porque de ser cierto se trataría, como se ha acusado, de un crimen de Estado y no de una acción municipal solamente. Vamos a demandar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados que comparezca el Secretario de la Defensa, el General Cienfuegos, y que también que se vuelva a llamar al Secretario de Gobernación, para que informe del conocimiento que tenga de los hechos, y los informe que el Cisen al respecto conoce", precisó.
De igual forma, Bejarano Martínez señaló que le insistirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que intervenga de llenos en esta investigación y que en los próximos días demandarán que se anticipe el nombramiento del Fiscal General de la República en sustitución del Procurador, para que ante la falta de credibilidad de la PGR, sea la nueva Fiscalía la que se encargue de todas las indagatorias del caso Ayotzinapa.
"Vamos a insistir en que la Comisión de Derechos Humanos investigue el caso y que también se adelanté el nombramiento del Fiscal General Autónomo que se prevé para que no sea la Procuraduría la que siga llevando las indagatorias sino una fiscalía diferente porque a todas luces no hay confianza en lo que se está señalando, porque la PRG conoció desde mucho tiempo atrás que se estaban cometiendo muchos delitos y ahora vemos que pudieran estar ocultando la participación de algunos elementos gubernamentales en estos hechos".
Finalmente, el perredista advirtió que si el gobierno federal incurrió en ocultamiento de información y falsificación de la realidad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, podría ser sujeto a severas imputaciones legales.
"Él es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Ejército de las fuerzas armadas, de la policía, el responsable en última instancia de los mandos que eventualmente pudieron actuar así. Pero si se trata de eso podríamos estar en presencia de un grave problema de ocultamiento de información, de falsificación de la realidad y eso generaría imputaciones legales. No es la primera vez que el Estado mexicano pretende ocultar la verdad, así lo hizo en el 68. Y podríamos estar en presencia de algo similar a lo que pasó en Aguas Blancas o en el Charco, ahí mismo en Guerrero en otros tiempos", alertó.
FUENTE: NOTICIAS MVS.
AUTOR: Ana Paola Lara Paz
MÉXICO, D.F: Para ilustrar la virtud cíclica de los acontecimientos y su repetición arquetípica –el “eterno retorno” del cual escribió Mircea Eliade–, los antiguos egipcios, griegos y hasta las tribus nórdicas emplearon la imagen del uróboro, un reptil que muerde su propia cola con el afán de engullirla.
El mismo día en que en México y el mundo nos horrorizamos con los sucesos en Iguala, Guerrero, atribuidos directamente a funcionarios policiales, autoridades municipales y otros participantes, que derivaron en la muerte de seis personas, heridas de otras 20 y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, yo publiqué en el diario Reforma un texto que se refería al “torrente de noticias que a nivel nacional e internacional han convertido el nombre de Tlatlaya en el epicentro de serios debates y urgentes decisiones”. El insaciable uróboro no ayuna en México.
Escribo estas líneas convencido de la creciente y acelerada permutabilidad de los hechos, lugares y gente, turbado por los nombres emblemáticos que se suceden y reemplazan: Iguala/Ayotzinapa, Tlatlaya, Discoteca Heaven, casino Royale, San Fernando, Guardería ABC, discoteca New’s Divine… y la lista de gravísimos casos empieza a erigirse como un tzompantli. No debemos doblegarnos a adorarlo a la fuerza ni resignarnos a convivir a su sombra en aroma de flores de cempasúchil.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se dirigió a la nación diciendo que “(…) en la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional (…) a raíz de la tragedia de Iguala (…) una sociedad hoy alza su voz para decir: Ya basta (…) (y) tod(o)as coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así. Y tienen razón. Después de Iguala, México debe cambiar”. Se trata de palabras tan arraigadas al contexto que es deber de todo/as tomarlas con suma atención.
Y quienes hoy prestan atención son quienes desde hace mucho tiempo advirtieron y desentrañaron la perversa naturaleza del uróboro y su implacable afán de cebarse de violencia, muerte, corrupción e impunidad. Así lo reconoce incluso el presidente: se trata de “personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del mundo; (con) expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; (de) miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como (de) opiniones de articulistas y columnistas”.
El eje del combate y la respuesta a la tragedia de Iguala (nombre intercambiable) se movió fuera de las institucionalidades y se asienta en calles, plazas, aulas, gremios, cristalizando voces de diferentes, sucesivos y convergentes procesos, para encontrar con vida a los 43 normalistas y para dar también con el paradero de, por ejemplo, José Antonio Robles Fernández o cualquiera de los que engrosan la lista oficial de “personas no localizadas”; y por supuesto para desentrañar las autorías materiales e intelectuales de los asesinatos de Regina Martínez, Marisela Escobedo; y sin duda para acoger con respeto y dignidad a toda víctima y ser querido que busca justicia por casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, conductas puestas de manera preponderante, sin ir muy lejos, en la mira de la agenda legislativa propuesta por el presidente.
Entender cabalmente este traslado de los espacios al ámbito de las manifestaciones implica aceptar que el ejercicio vigoroso del derecho a la libertad de reunión pacífica “sirve de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos”, y para las autoridades “debe presuponerse que las reuniones públicas serán lícitas y pacíficas”, como señala el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, (A/HRC/20/27).
Es por esa razón que la ONU-DH que encabezo en México, además de monitorear y documentar los hechos violentos de Iguala y muchos otros casos en los que emitimos posición pública, observó de manera presencial las marchas y manifestaciones del 20 de noviembre y 1 de diciembre que culminaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en las cuales vastos sectores invocaron y ejercieron su derecho legítimo a expresar su solidaridad con las víctimas y familiares afectados, así como sus exigencias a las autoridades mexicanas.
Sin dejar de tomar nota de los hechos aislados de violencia ocurridos a continuación de ambas exitosas convocatorias, y ciertamente rechazando las prácticas violentas que atentan contra el derecho a la libertad de reunión pacífica, resulta meridianamente claro que las autoridades requieren hacer esfuerzos redoblados y continuos para evitar un uso de la fuerza desproporcionado y no ajustado a los principios de racionalidad. Por nuestra parte, al estar en contacto con autoridades, OSC, abogado/as y defensore/as que se hacen cargo de las personas detenidas, incluso visitando a algunas de ellas en Tepic, Nayarit, recibimos las denuncias sobre los malos tratos recibidos y sobre las dificultades recurrentes para acceder a un/a abogado/a de su elección y para que esto/as puedan tener acceso a los expedientes.
En momentos en los que baja ostensiblemente la confianza ciudadana hacia las autoridades e instituciones y ello se expresa en las calles, es urgente que las autoridades sean capaces de distinguir el uróboro y, como en el Canto para matar una culebra que aprendimos a entonar con Inti-Illimani, vean sus ojos de vidrio sin dejarse hipnotizar: la tarea es fortalecer el derecho a la libertad de reunión pacífica y la protesta social; el deber de las autoridades es, pues, asegurar un contexto respetuoso y pacífico en el que la ciudadanía pueda expresar su indignación, sin temor de vulneraciones a su integridad o cualquier otro tipo de represalia.
Para que “después de Iguala, México cambie”, toca entender que la ciudadanía –ciertamente lastimada, erizada y bravía pues reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición– no es la culebra.
*Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: En julio de 2002, el diputado federal del PRI, Jorge Chávez Presa, exigió que se investigara el presunto desvío del erario federal a la fundación de la entonces primera dama, Marta Sahagún.
Se argumentó que la Cámara de Diputados no podía investigar a particulares, pero el priista logró el apoyo de todas las fracciones opositoras al gobierno panista, y la Auditoría Superior de la Federación indagó pero, curiosamente, nada encontró durante ese año.
En 2005, Vicente Fox llegó a su penúltimo año de gobierno y el escándalo ya había pasado de la esposa a sus hijastros, sobre todo Manuel Bribiesca Sahagún. Se le acusaba de tráfico de influencias, de gestionar contratos de obra a empresas particulares a cambio de jugosas comisiones o “moches”.
La Cámara de Diputados se resistía a indagar con el argumento de que la ley le impide hurgar en la vida y negocios de particulares. Pero hábiles, los priistas finalmente encontraron la fórmula para hacerlo sin violentar la ley. Eso ocurrió en 2005, curiosamente en la bancada encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El resquicio legal encontrado fue el artículo 93 de la Constitución, que permite a los diputados crear comisiones investigadoras para indagar el “funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
Para crearla esas instancias de revisión, la Carta Magna exige un mínimo de 125 firmas que la respalden. El PRI logró las firmas y el 21 de junio de 2005 se creó el ente con un título kilométrico: “Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV”.
Hoy, la oposición al PRI juega con sus mismas armas. Luego de varios rechazos a crear una comisión especial para indagar el escándalo de la “Casa Blanca”, el PT se escudó en el mismo artículo 93 constitucional y pidió una “comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma”.
La “Casa Blanca” de Sierra Leona en las Lomas de Chapultepec, de Angélica Rivera, tuvo un costo aproximado de 86 millones de pesos, pero no lo pagó con crédito bancario, pues para ello pidió un crédito al amigo de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.
El amigo y empresario consentido del régimen priista, Hinojosa Cantú, accedió con gusto, le vendió el terreno a “La Gaviota” y ahí la primera dama construyó su mansión.
El escándalo lo detonó la revelación que hizo del caso el portal Aristegui Noticias, pero en San Lázaro los priistas se mantuvieron inamovibles en su rechazo a crear una “comisión especial”.
Y justo el mismo día en que el PT, a través del diputado Manuel Huerta, decidió jugar con las mismas armas del PRI de 2005 y pidió una “comisión investigadora”, el diario estadunidense The Wall Street Journal hizo otra revelación: el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró otra casita al constructor y amigo favorito del priista Peña Nieto.
En lugar del Distrito Federal, Videgaray escogió el bello municipio mexiquense de Malinalco. Ahí le compró a Hinojosa Cantú una casa de 7.5 millones de pesos en octubre de 2012, pagadera a ocho años pero liquidada en enero del año que está por terminar.
El modus operandi empleado por Luis Videgaray fue el mismo que el de Angélica Rivera: comprarle a Hinojosa Cantú la casa y pedirle al mismo tiempo un crédito en lugar de financiarse a través de la banca privada.
El escándalo parece imparable. El descontento de la gente en las calles se acrecienta y los partidos de oposición, en especial el PAN, ven en la decisión del diputado petista Manuel Huerta la oportunidad de cobrarle al PRI la afrenta de investigar al alguien de la familia presidencial en tiempos del foxismo. Por ello, el PAN le dio a Huerta 60 firmas para que sumara las 195 requeridas para la creación de la comisión especial.
Hoy la Cámara de Diputados, sobre todo el PRI y sus satélites del PVEM y Panal, no tienen forma de escabullirse, y por ello deberán crear la comisión investigadora; el problema será si los organismos descentralizados entregan la información, que por ley deberán dar a los legisladores.
Y mientras la comisión investigadora se echa a andar, los lectores esperan que otro medio de información ofrezca nuevos datos como, por ejemplo, que otro u otros miembros del gabinete peñista hayan “aprendido el caminito” y acudiesen al benévolo Hinojosa Cantú para que les financie una casita en cómodas mensualidades.
No olvidemos que Hinojosa Cantú siempre ha buscado hacer más llevadera la vida a los peñistas como, por ejemplo, la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que nace en el aeropuerto de Toluca y pasa por la casita de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, en el Estado de México. Una carretera que por cierto viola derechos agrarios de los propietarios de los terrenos por donde pasará esa vía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: La empresa Bienes Raíces H&G, la que le vendió la casa en el Club de Golf al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibió este año un subsidio en el pago de Predial por parte del gobierno priista de Malinalco, Estado de México.
Según publica este domingo el diario Reforma, dicho beneficio aparece en un documento denominado “Montos pagados por ayudas y subsidios” del gobierno municipal de Malinalco, encabezado por el priista Vidal Pérez.
En el detalle de los beneficios fiscales del primer trimestre de 2014 a diversas personas y empresas, aparece Bienes Raíces H&G, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa, que vendió al titular de Hacienda una casa de 850 metros cuadrados en el Club de Golf Malinalco, con un valor de 7.5 millones de pesos.
En el apartado “Subsidios por carga fiscal de dicha relación, la empresa de Hinojosa aparece dos veces con el RFC BRH070906, aunque no se detalla el monto del subsidio con el que fue beneficiada.
La alcaldía de Malinalco destaca que el monto global del subsidio por pagos a personas y empresas fue de un millón 230 mil pesos, y la mayoría de los beneficiados son personas físicas del sector social
Además de Bienes Raíces H&G, otras inmobiliarias aparecen como beneficiarias.
El pasado jueves 11 el diario The Wall Street Journal (WSJ) reveló que Videgaray Caso compró una casa en el fraccionamiento-club de golf en Malinalco, a una razón social vinculada con Grupo Higa.
El rotativo estadunidense, especializado en economía y negocios, dio a conocer en su edición digital que la propiedad fue vendida por Bienes Raíces H&G, otra razón social del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú, es propietario de Grupo Higa, un corporativo de empresas dedicadas en su mayoría a la proveeduría gubernamental y contratos de obra que atrajo la atención a partir de la revelación de que fue con la razón social Ingeniería Inmobiliaria del Centro que se construyó la casa de la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, en el exclusivo sector Lomas de Chapultepec.
De acuerdo a la información difundida por el WSJ, la operación de Videgaray con Bienes Raíces H&G ascendió a 532 mil dólares (unos 7 millones de pesos) y se concretó a través de un financiamiento por 18 años de la empresa de Hinojosa Cantú y no de alguna institución crediticia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
(11 de diciembre, 2014).- En las próximas elecciones federales donde se renovarán la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) no formará una alianza con el de la Revolución Democrática (PRD) tal como lo aseguró su presidente, Ricardo Anaya.
Durante una conferencia de prensa, el líder blanquiazul argumentó que planean forman una alianza con un partido que junto al PRI, dieron paso a una reforma que calificó de “tóxica” como la fiscal, la cual acusó de ser la culpable de la crisis económica que se vive.
Anaya recordó que resultados de encuestas recientes, muestran una mayor confianza de la población para con el PAN, en comparación con el tricolor y el sol azteca.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Rocío Pérez, líder del movimiento ciudadano de resistencia en San Miguel Canoa reporta la llegada de granadores y elementos de la policía.
Los uniformados ya rodearon el edificio de la Presidencia Auxiliar, el cual se encuentra tomado desde la destitución de Raúl Pérez, para evitar que se imponga a un suplente.
Los pobladores, quienes se encuentran al interior de la Presidencia acusan que la policía porta armas similares a las que se utilizaron en la represión a Chalchihuapan, donde resultó muerto el menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
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