MÉXICO, D.F: El comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, se quejó de que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) actuaron con saña contra las agentes de esa corporación durante los incidentes registrados ayer en Chilpancingo, Guerrero.
Además, aseguró que la PF actuó con apego a los derechos humanos, pese a las versiones que indican que los uniformados fueron los que detonaron la violencia.
“Creo que actuamos muy bien, apegados a derechos humanos, e insisto que el dato característico con el que concluye esta confrontación fue el dialogo y terminó la confrontación”, manifestó en entrevista con Primero Noticias.
Sobre las agresiones que sufrieron los agentes, Galindo aseguró que los maestros de la CETEG actuaron con saña y eso, dijo, refleja una “animadversión fuerte contra los compañeros”.
“Es el extremo. Es dañar por dañar, con una saña que no entendemos. Insisto: deben ser personas que ni siquiera estén preocupadas por las manifestaciones […]. En las camionetas en que se transportaban este tipo de personas traían petardos, cohetones, armas blancas. Y el azote, el maltrato de este tipo, habla de que ya no es sola una agresión ordinaria, sino que hay un grado de animadversión fuerte contra los compañeros”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.
Según Galindo, la PF ha respetado “las manifestaciones de maestros y de alumnos, con su derecho a la manifestación legítimo, y nos toca y nos corresponde ser respetuosos, pero siempre hay algún grupo que se emboza, se cubren la cara, los que usan armas blancas”.
Aseguró que por los hechos violentos de ayer fueron detenidas tres personas, “pero no acreditamos que estuvieran participando o que hubieran lesionado a alguien y fueron puestas en libertad”.
De acuerdo con Galindo, en los hechos de ayer resultaron heridos siete policías federales y “entiendo que de maestros, manifestantes, tenemos 14 personas lesionadas por aquella parte”.
Sobre el estado de salud de los mandos policiacos, mencionó que “los siete compañeros tuvieron que ser ingresados a centros hospitalarios, en primera instancia en Chilpancingo, y ante la gravedad de tres tomamos la decisión de traerlos a una intervención a hospitales en la ciudad de México”.
Explicó que el policía federal que fue intervenido quirúrgicamente ayer por un traumatismo craneoencefálico se encuentra grave y los otros dos mandos policiacos fueron trasladados a hospitales para suturar lesiones profundas en la espalda.
Al menos dos uniformados más, dijo, presentaban lesiones parecidas a latigazos, y que uno de los mandos policiacos tenía entre 14 y 16 de estas heridas en la espalda.
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, también se pronunció sobre los hechos registrados ayer en Chilpancingo y dijo que a nadie conviene la violencia ni la confrontación, “pues sólo dañan y tensan más el ambiente social y, en consecuencia, enturbian el ánimo para la búsqueda de soluciones y de la conciliación”.
Ortega solicitó a las autoridades federales una “ágil y clara investigación” para deslindar responsabilidades, y exhortó a los ciudadanos que participan en las movilizaciones “a evitar la beligerancia y la violencia que han marcado diversos acontecimientos en los que descargan su ira contra personas e instituciones”.
Además, advirtió a los líderes del movimiento que su gobierno será respetuoso de la libertad de manifestación, sin ánimo de recurrir a la fuerza para disuadir y contener las expresiones de descontento.
En un desplegado difundido en diarios nacionales, el gobernador de Guerrero reiteró la invitación a familiares de las víctimas de la Normal de Ayotzinapa “para el diálogo y el acuerdo con el gobierno del estado a fin de buscar soluciones”.
Remató: “La tolerancia, el diálogo, la concordia y la búsqueda de reconciliación son las líneas del gobierno del estado, y en éstas mantendrá todos sus esfuerzos y capacidades”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 15 de diciembre de 2014
Juez ordena liberar a dos mujeres presas por caso Tlatlaya
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó el sobreseimiento del proceso penal porque el agente del Ministerio Público presentó conclusiones no acusatorias en favor de las dos mujeres.
Un juez federal ordenó la inmediata liberación de dos mujeres que fueron detenidas por el Ejército mexicano en junio pasado, durante los hechos ocurridos en en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas perdieron la vida.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Lo anterior, en virtud de que durante la audiencia final, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia”, indica una nota informativa dada a conocer este lunes 15 de diciembre.
Actualmente, ambas mujeres se encuentran en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, por lo que el Juzgado le giró la orden “a la autoridad penitenciaria y exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en turno, a efecto de que sean puestas en libertad”.
De acuerdo con el juez federal, ambas mujeres estuvieron presentes en los hechos ocurridos en junio pasado, en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.
En noviembre pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que las dos mujeres son inocentes, puesto que no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.
Dijo que, de acuerdo con una investigación realizada por la CNDH, las dos mujeres fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Hasta ahora, siete soldados del Ejército mexicano cuentan con auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, encubrimiento y abuso de autoridad, debido a que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
Nota informativa:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un juez federal ordenó la inmediata liberación de dos mujeres que fueron detenidas por el Ejército mexicano en junio pasado, durante los hechos ocurridos en en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas perdieron la vida.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Lo anterior, en virtud de que durante la audiencia final, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia”, indica una nota informativa dada a conocer este lunes 15 de diciembre.
Actualmente, ambas mujeres se encuentran en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, por lo que el Juzgado le giró la orden “a la autoridad penitenciaria y exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en turno, a efecto de que sean puestas en libertad”.
De acuerdo con el juez federal, ambas mujeres estuvieron presentes en los hechos ocurridos en junio pasado, en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.
En noviembre pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que las dos mujeres son inocentes, puesto que no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.
Dijo que, de acuerdo con una investigación realizada por la CNDH, las dos mujeres fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Hasta ahora, siete soldados del Ejército mexicano cuentan con auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, encubrimiento y abuso de autoridad, debido a que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
Nota informativa:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Acusan que el DIF se desentiende de los jóvenes del albergue de Mamá Rosa
Esta es la historia de Adriana y su hija Sofía, que padece Síndrome de Down. Después de que las autoridades clausuraron el albergue de Rosa Verduzco, no recibiero apoyo del DIF.
Solo tiene un año y nueve meses y está luchando por sobrevivir. Sofía, como la llamaremos, nació en el albergue La Gran Familia –que dirigía Rosa Verduzco– y tiene Síndrome de Down. Cerca de la mitad de los niños con estas características tienen defectos congénitos en el corazón,m pero Sofía nunca recibió una atención médica adecuada ni la rehabilitación que se le debería dar.
Cuando el pasado 15 de julio la PGR desarticuló el internado de Verduzco, más conocida como Mamá Rosa, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la custodia de las 536 personas que allí vivían. La mamá de Sofía, Adriana, fue reubicada con la bebé y su otra hija de seis años en una casa hogar para madres.
Adriana, de 29 años, no aguantó un nuevo encierro y decidió irse. Se refugió en Zamora con un antiguo compañero del internado que ya estaba fuera antes del operativo. Pero seguía en shock. Adriana había sido abandonada en el albergue a los 8 años y llevaba 21 años allí dentro. Quería hacerse cargo de su vida pero le faltaban las herramientas necesarias. Su bebé empezó a tener problemas respiratorios. Y la llevó al DIF estatal de Michoacán. En el DIF le diagnosticaron una cardiopatía y la internaron en una casa cuna. De tratamiento recibía un medicamento con las mismas sustancias que la viagra. A Adriana no le dieron apoyo ni acompañamiento.
“El estado está rebasado, no han podido atender a las víctimas”, explica Areli Rojas, directora de Y quién habla por mi?, fundación que atiende a menores víctimas del delito y que se integró en una mesa interinstitucional con el gobierno y otras organizaciones para dar seguimiento al caso de La Gran Familia. En ella participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Sistema DIF y organizaciones de la sociedad civil que atienden a infancia.
“El DIF no ha cumplido, sus albergues están a reventar y no tiene la capacidad de atender a tantos niños. A los que tenían familias les reubicó pero no les da seguimiento, y de los discapacitados se despreocupó. La CEAV solo actúa en horario de oficina, como si las víctimas tuvieran horario. Todo es atención de la sociedad civil y de funcionarios particulares que se implicaron fuera de su mandato”, critica Rojas.
Rojas descubrió la situación de Adriana y sus hijas a través de una de estas funcionarias y se le acercó. Gracias al apoyo de otras organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad como Katia D’Artigues, pudo ubicar a Adriana con sus dos hijas en la Casa de la Mamá Soltera –que manejan religiosas en el Distrito Federal– y darle una revisión médica adecuada a Sofía. Cuando Sofía llegó al hospital pensaban que se iba a morir. Presentaba una cardiopatía congénita a la que se le había sumado una infección en el hígado y en las vías urinarias dado el tratamiento inadecuado para su corta edad. Lleva un mes ingresada en el Instituto Nacional de Pediatría. “Si se les llega a morir la bebé hubiera sido responsabilidad del Estado”, señala Rojas.
Esta activista no entiende porqué la CEAV no hizo estudios para diagnosticar a Sofía, ni porqué no aplican la ley de víctimas. Los internos de La Gran Familia entran en calidad de víctimas como establece la Ley General de Víctimas y por tanto requieren la restitución y reparación del daño, así como medidas especiales de apoyo físico y psicológico de seguimiento que asegure la no repetición. Esta misma legislación supone, por ejemplo, que cualquier víctima puede acceder a servicios de salud gratuitos, pero aún así Rojas tuvo que presionar a la CEAV para que lo tramitase. El patrón se repite con otros casos.
Mariamar Estrada, directora de Ayuda y Solidaridad coincide con Rojas: “No hubo apoyo gubernamental, ni del DIF, ni de la Junta de asistencia privada, al menos con los cerca de 60 que llegaron al Distrito Federal. Por ejemplo si el niño es del Zamora, el DIF del DF no lo puede recibir, no puede ser así de fracturado”, espeta.
Ayuda y Solidaridad participó al inicio del operativo en el diagnóstico de los niños. Atendieron a 150 niños en el internado. Después les asignaron 47 niños que trasladaron al DF. Otra decena, abandonados a su suerte, fueron llegando por su propio pie. Ayuda y Solidaridad es un albergue para chicas de la calle donde viven 98 mujeres. Ahora además viven otras 4 chicas procedentes de la Gran Familia. Tres son adolescentes, la cuarta tiene 19 años y una pequeña discapacidad.
El DIF no se hace cargo de mayores de edad, aún y cuando presenten alguna discapacidad. “Cumpliendo 18 están metidos en un problema más grave. Y si es adulto y discapacitado de cualquier tipo más difícil todavía, no hay nada, no hay planeado nada en México para ellos”, denuncia Estrada. Es sábado y va a haber una comida de navidad para reagrupar lúdicamente al medio centenar de ex hijos de Mamá Rosa que están en el Distrito Federal.
Cristina irrumpe en el despacho. Le trae una fragancia a Mariamar para darle las gracias. Se funden en abrazos. Estrada chulea lo bien que luce Cristina, que no se llama así. Pasó 9 años en la Gran Familia, junto a su hermano gemelo. Cuando salieron su padre los reclamó pero al regresar a la casa familiar también regresó la violencia. A las semanas se escapó. Regresó a Ayuda y Solidaridad donde la habían remitido mientras se tramitaba la petición de su padre. Dos meses después, Cristina trabaja de mesera en una cafetería de Tlalpan, a pocas cuadras de su residencia con las Hermanas Trinitarias. En enero regresa a retomar su preparatoria. Tiene 19 años y muchas ganas de salir adelante.
“Se trata de eso, de darles herramientas para salir adelante. No solo que no vuelvan a vivir condiciones como las de donde los sacamos, sino de enseñarles a pescar. Pero no hay un proyecto gubernamental para eso, no hay nada”, concluye Estrada. Mientras Areli Rojas, de ¿Y quién habla por mi?, exige que se cree y que, en el caso de Sofía, al menos se le de seguimiento cuando salga del hospital, y se le ponga una cuidadora para que Adriana pueda trabajar y hacerse cargo de su otra hija, de seis años.
La Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, asume que se está fallando con las obligaciones del Estado. “No es un asunto de humanidad sino de restitución de los derechos de los menores y adultos que allí se encontraban. Hay que darles seguimiento”, considera Juárez quién reconoce que su propia Comisión descuidó el tema ante la discusión sobre la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
Solo tiene un año y nueve meses y está luchando por sobrevivir. Sofía, como la llamaremos, nació en el albergue La Gran Familia –que dirigía Rosa Verduzco– y tiene Síndrome de Down. Cerca de la mitad de los niños con estas características tienen defectos congénitos en el corazón,m pero Sofía nunca recibió una atención médica adecuada ni la rehabilitación que se le debería dar.
Cuando el pasado 15 de julio la PGR desarticuló el internado de Verduzco, más conocida como Mamá Rosa, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la custodia de las 536 personas que allí vivían. La mamá de Sofía, Adriana, fue reubicada con la bebé y su otra hija de seis años en una casa hogar para madres.
Adriana, de 29 años, no aguantó un nuevo encierro y decidió irse. Se refugió en Zamora con un antiguo compañero del internado que ya estaba fuera antes del operativo. Pero seguía en shock. Adriana había sido abandonada en el albergue a los 8 años y llevaba 21 años allí dentro. Quería hacerse cargo de su vida pero le faltaban las herramientas necesarias. Su bebé empezó a tener problemas respiratorios. Y la llevó al DIF estatal de Michoacán. En el DIF le diagnosticaron una cardiopatía y la internaron en una casa cuna. De tratamiento recibía un medicamento con las mismas sustancias que la viagra. A Adriana no le dieron apoyo ni acompañamiento.
“El estado está rebasado, no han podido atender a las víctimas”, explica Areli Rojas, directora de Y quién habla por mi?, fundación que atiende a menores víctimas del delito y que se integró en una mesa interinstitucional con el gobierno y otras organizaciones para dar seguimiento al caso de La Gran Familia. En ella participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Sistema DIF y organizaciones de la sociedad civil que atienden a infancia.
“El DIF no ha cumplido, sus albergues están a reventar y no tiene la capacidad de atender a tantos niños. A los que tenían familias les reubicó pero no les da seguimiento, y de los discapacitados se despreocupó. La CEAV solo actúa en horario de oficina, como si las víctimas tuvieran horario. Todo es atención de la sociedad civil y de funcionarios particulares que se implicaron fuera de su mandato”, critica Rojas.
Rojas descubrió la situación de Adriana y sus hijas a través de una de estas funcionarias y se le acercó. Gracias al apoyo de otras organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad como Katia D’Artigues, pudo ubicar a Adriana con sus dos hijas en la Casa de la Mamá Soltera –que manejan religiosas en el Distrito Federal– y darle una revisión médica adecuada a Sofía. Cuando Sofía llegó al hospital pensaban que se iba a morir. Presentaba una cardiopatía congénita a la que se le había sumado una infección en el hígado y en las vías urinarias dado el tratamiento inadecuado para su corta edad. Lleva un mes ingresada en el Instituto Nacional de Pediatría. “Si se les llega a morir la bebé hubiera sido responsabilidad del Estado”, señala Rojas.
Esta activista no entiende porqué la CEAV no hizo estudios para diagnosticar a Sofía, ni porqué no aplican la ley de víctimas. Los internos de La Gran Familia entran en calidad de víctimas como establece la Ley General de Víctimas y por tanto requieren la restitución y reparación del daño, así como medidas especiales de apoyo físico y psicológico de seguimiento que asegure la no repetición. Esta misma legislación supone, por ejemplo, que cualquier víctima puede acceder a servicios de salud gratuitos, pero aún así Rojas tuvo que presionar a la CEAV para que lo tramitase. El patrón se repite con otros casos.
Mariamar Estrada, directora de Ayuda y Solidaridad coincide con Rojas: “No hubo apoyo gubernamental, ni del DIF, ni de la Junta de asistencia privada, al menos con los cerca de 60 que llegaron al Distrito Federal. Por ejemplo si el niño es del Zamora, el DIF del DF no lo puede recibir, no puede ser así de fracturado”, espeta.
Ayuda y Solidaridad participó al inicio del operativo en el diagnóstico de los niños. Atendieron a 150 niños en el internado. Después les asignaron 47 niños que trasladaron al DF. Otra decena, abandonados a su suerte, fueron llegando por su propio pie. Ayuda y Solidaridad es un albergue para chicas de la calle donde viven 98 mujeres. Ahora además viven otras 4 chicas procedentes de la Gran Familia. Tres son adolescentes, la cuarta tiene 19 años y una pequeña discapacidad.
El DIF no se hace cargo de mayores de edad, aún y cuando presenten alguna discapacidad. “Cumpliendo 18 están metidos en un problema más grave. Y si es adulto y discapacitado de cualquier tipo más difícil todavía, no hay nada, no hay planeado nada en México para ellos”, denuncia Estrada. Es sábado y va a haber una comida de navidad para reagrupar lúdicamente al medio centenar de ex hijos de Mamá Rosa que están en el Distrito Federal.
Cristina irrumpe en el despacho. Le trae una fragancia a Mariamar para darle las gracias. Se funden en abrazos. Estrada chulea lo bien que luce Cristina, que no se llama así. Pasó 9 años en la Gran Familia, junto a su hermano gemelo. Cuando salieron su padre los reclamó pero al regresar a la casa familiar también regresó la violencia. A las semanas se escapó. Regresó a Ayuda y Solidaridad donde la habían remitido mientras se tramitaba la petición de su padre. Dos meses después, Cristina trabaja de mesera en una cafetería de Tlalpan, a pocas cuadras de su residencia con las Hermanas Trinitarias. En enero regresa a retomar su preparatoria. Tiene 19 años y muchas ganas de salir adelante.
“Se trata de eso, de darles herramientas para salir adelante. No solo que no vuelvan a vivir condiciones como las de donde los sacamos, sino de enseñarles a pescar. Pero no hay un proyecto gubernamental para eso, no hay nada”, concluye Estrada. Mientras Areli Rojas, de ¿Y quién habla por mi?, exige que se cree y que, en el caso de Sofía, al menos se le de seguimiento cuando salga del hospital, y se le ponga una cuidadora para que Adriana pueda trabajar y hacerse cargo de su otra hija, de seis años.
La Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, asume que se está fallando con las obligaciones del Estado. “No es un asunto de humanidad sino de restitución de los derechos de los menores y adultos que allí se encontraban. Hay que darles seguimiento”, considera Juárez quién reconoce que su propia Comisión descuidó el tema ante la discusión sobre la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
Caso Iguala “nubla” acciones en materia de seguridad: Campa
El subsecretario destacó que mientras en 2012 se registraron casi 22 mil homicidios, este año la cifra se redujo a aproximadamente 15 mil.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, afirmó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero -donde atacaron y desaparecieron a estudiantes- nublaron los resultados “incuestionables” del gobierno federal en materia de seguridad.
El funcionario destacó una reducción de los delitos dolosos en el país, al pasar de 22 mil, en 2012, a 15 mil al cierre del año.
Agregó que además trabajan en otras variables que tienen que ver con las comunidades, para dar cuenta de los avances. “Hoy tenemos información precisa que nos permite comparar comportamientos nacionales con los de las demarcaciones y estamos trabajando para presentar el específico en cada polígono”, comentó.
Campa Cifrián consideró fundamental lo que se está haciendo, inclusive en muchos casos donde era difícil que la policía entrara, se comenzó un programa de acciones y para que resulte se necesita incluso la reconciliación de las autoridades policíacas con las comunidades.
Precisó que en el portal de transparencia se tendrá la información del 100 por ciento de las acciones del programa, como convenios y anexos técnicos con los estados, las acciones y los calendarios mensuales día por día de lo que se está haciendo.
Comentó que se publicará el 100 por ciento de los contratos que sustentan las acciones que se llevan a cabo y que se financian con recursos públicos.
En las demarcaciones donde trabajan con el programa, dijo que “hemos encontrado en todos los casos colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como un importante reconocimiento y aceptación de las comunidades para construir este esquema de seguridad corresponsable”.
Agregó que se incorporarán municipios como Iguala, Cocula y algunos otros de Tierra Caliente de Guerrero.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, afirmó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero -donde atacaron y desaparecieron a estudiantes- nublaron los resultados “incuestionables” del gobierno federal en materia de seguridad.
El funcionario destacó una reducción de los delitos dolosos en el país, al pasar de 22 mil, en 2012, a 15 mil al cierre del año.
Agregó que además trabajan en otras variables que tienen que ver con las comunidades, para dar cuenta de los avances. “Hoy tenemos información precisa que nos permite comparar comportamientos nacionales con los de las demarcaciones y estamos trabajando para presentar el específico en cada polígono”, comentó.
Campa Cifrián consideró fundamental lo que se está haciendo, inclusive en muchos casos donde era difícil que la policía entrara, se comenzó un programa de acciones y para que resulte se necesita incluso la reconciliación de las autoridades policíacas con las comunidades.
Precisó que en el portal de transparencia se tendrá la información del 100 por ciento de las acciones del programa, como convenios y anexos técnicos con los estados, las acciones y los calendarios mensuales día por día de lo que se está haciendo.
Comentó que se publicará el 100 por ciento de los contratos que sustentan las acciones que se llevan a cabo y que se financian con recursos públicos.
En las demarcaciones donde trabajan con el programa, dijo que “hemos encontrado en todos los casos colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como un importante reconocimiento y aceptación de las comunidades para construir este esquema de seguridad corresponsable”.
Agregó que se incorporarán municipios como Iguala, Cocula y algunos otros de Tierra Caliente de Guerrero.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La descomposición en Guerrero se remonta a los últimos 40 años
El historiador analizó el reportaje de la revista 'Proceso' en el que señala que fuerzas federales intervinieron en el ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
La descomposición social y política del estado de Guerrero comienza desde finales de los 60, y en los años 70, cuando el Ejército comienza a eliminar y torturar personas, según estableció un informe de la Comisión de la Verdad, indicó el historiador Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de Noticias MVS, expuso que las torturas a las que se les sometía en el pasado, corresponden a lo ahora posiblemente ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, con su asesinato y calcinación.
“Lo que estamos encontrándonos tiene historia, no sale de repente”, indicó.
También los métodos de las fuerzas armadas tienen sus antecedentes, señaló.
Hay un informe de un general en el que se reconoce que en aquellos años se trataba de resolver por la vía militar un problema social.
En aquel entonces, “hay una decisión de que sea la institución armada la que resuelva el problema porque otras no pueden”, explicó.
En Guerrero hay que echar vistazo a los últimos 40 años, pues están impregnados por lo que está sucediendo ahora, consideró.
El ataque y la desaparición de estudiantes “ya había pasado y quién sabe cuántas ocasiones más”.
El contexto histórico de Guerrero es realmente deplorable y no se puede volver a intentar resolver el problema como lo intentó el Ejército, sostuvo.
En cuanto al reportaje publicado en Proceso, Meyer dijo que no le queda claro que el gobierno federal y local hayan usado la fuerza en ese extremo.
“¿Qué es lo que ellos consideraban que estaba en peligro?”, preguntó. Es absurdo un uso de la fuerza como el que se presume fue al que recurrieron.
“¿En qué los ponían en peligro los estudiantes?”, cuestionó.
Las normales, aceptó, son focos de resistencia y crítica, pero”debe de haber una razón poderosísima que no me imagino cuál es”.
No obstante, “hay que considerar la estupidez” como argumento para atacar y desaparecer a estudiantes, agregó.
Refirió que el reportaje deja claro que la Policía Federal sabía del movimiento de los estudiantes el 26 de septiembre, pues los estaban monitoreando.
“El Estado por más inepto que sea, tiene otras formas de neutralizar a alguien”, comentó.
“Lo que ahora debería centrar nuestra atención es porqué la brutalidad de la acción”, planteó.
“¿De verdad son tan peligrosos para el Estado?”, insistió.
Si hay una razón, debe ser el Estado quien lo explique, o sería considerado como una estupidez increíble que fuerzas federales hayan participado en el ataque y desaparición de normalistas.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La descomposición social y política del estado de Guerrero comienza desde finales de los 60, y en los años 70, cuando el Ejército comienza a eliminar y torturar personas, según estableció un informe de la Comisión de la Verdad, indicó el historiador Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de Noticias MVS, expuso que las torturas a las que se les sometía en el pasado, corresponden a lo ahora posiblemente ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, con su asesinato y calcinación.
“Lo que estamos encontrándonos tiene historia, no sale de repente”, indicó.
También los métodos de las fuerzas armadas tienen sus antecedentes, señaló.
Hay un informe de un general en el que se reconoce que en aquellos años se trataba de resolver por la vía militar un problema social.
En aquel entonces, “hay una decisión de que sea la institución armada la que resuelva el problema porque otras no pueden”, explicó.
En Guerrero hay que echar vistazo a los últimos 40 años, pues están impregnados por lo que está sucediendo ahora, consideró.
El ataque y la desaparición de estudiantes “ya había pasado y quién sabe cuántas ocasiones más”.
El contexto histórico de Guerrero es realmente deplorable y no se puede volver a intentar resolver el problema como lo intentó el Ejército, sostuvo.
En cuanto al reportaje publicado en Proceso, Meyer dijo que no le queda claro que el gobierno federal y local hayan usado la fuerza en ese extremo.
“¿Qué es lo que ellos consideraban que estaba en peligro?”, preguntó. Es absurdo un uso de la fuerza como el que se presume fue al que recurrieron.
“¿En qué los ponían en peligro los estudiantes?”, cuestionó.
Las normales, aceptó, son focos de resistencia y crítica, pero”debe de haber una razón poderosísima que no me imagino cuál es”.
No obstante, “hay que considerar la estupidez” como argumento para atacar y desaparecer a estudiantes, agregó.
Refirió que el reportaje deja claro que la Policía Federal sabía del movimiento de los estudiantes el 26 de septiembre, pues los estaban monitoreando.
“El Estado por más inepto que sea, tiene otras formas de neutralizar a alguien”, comentó.
“Lo que ahora debería centrar nuestra atención es porqué la brutalidad de la acción”, planteó.
“¿De verdad son tan peligrosos para el Estado?”, insistió.
Si hay una razón, debe ser el Estado quien lo explique, o sería considerado como una estupidez increíble que fuerzas federales hayan participado en el ataque y desaparición de normalistas.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ayotzinapa y las mansiones muestran menosprecio del gobierno a la sociedad
Los dos casos referidos son "un golpe muy fuerte a la ya vapuleada credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto".
El académico Sergio Aguayo aseguró que es notable la descomposición en el país, por lo que cambió el ambiente que había hace apenas 3 meses, antes del ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
En la Mesa Política de MVS, señaló que el caso de los 43 normalistas, y de las casas de Angélica Rivera y de Luis Videgaray -que calificó como “mansiones del peñanietismo”-, muestran esa actitud de menosprecio a la sociedad.
Asimismo, señaló que persiste la actitud de querer ignorar las evidencias, como en el caso de los estudiantes, en el que la federación actuó 10 días después.
Lamentó que en el gobierno siguen comportándose como los hechos se pudieran ocultar, “hay un patrón clarísimo”; pero ahora no pueden callar, tienen que responder.
“Las reacciones en ambos casos) son primero el silencio, luego vienen las excusas inverosímiles y finalmente cogerse de hombros con actitud cínica”, aseveró.
Los dos casos referidos son “un golpe muy fuerte a la ya vapuleada credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto“, consideró el académico.
Recordó que ya las reformas aprobadas en el Congreso, impulsadas por el gobierno de Peña, se hicieron sobre un país con cimientos endebles.
Empero, “no sabíamos qué tan endebles eran”.
Ahora hay una reacción en cadena provocada por acontecimientos de Ayotzinapa, la cual toca partes del Estado que ni siquiera nos imaginábamos.
Sobre el reportaje de la revista ‘Proceso’, indicó que hasta ahora la tesis era muy clara: había 2 funcionarios (el alcalde de Iguala y su esposa) muy malos, diabólicos, tolerados por una fracción de un partido en descomposición.
Lo que ahora se nos dice le da un vuelco a la historia oficial y, de ser cierto, no fueron solamente policías municipales quienes entregaron a estudiantes sino hubo participación directa de fuerzas federales.
De confirmarse la versión, “estamos ante un escenario sobrecogedor porque independientemente de que se castigue a los culpables, estaríamos ante un encubrimiento deliberado por las máximas autoridades de este país, el procurador general de la República el Presidente”.
Por ello, consideró que existe la posibilidad inquietante de encubrimiento y complicidad del aparato federal, pues sobre el reportaje publicado esta semana en el semanario -que habla de una intervención de policías federales y el Ejército en el ataque y desaparición de normalistas-, no ha habido ningún desmentido.
“Debería haber una reacción inmediato que es falso, que no es cierto, lo que quieran decir”, mencionó el académico.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El académico Sergio Aguayo aseguró que es notable la descomposición en el país, por lo que cambió el ambiente que había hace apenas 3 meses, antes del ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
En la Mesa Política de MVS, señaló que el caso de los 43 normalistas, y de las casas de Angélica Rivera y de Luis Videgaray -que calificó como “mansiones del peñanietismo”-, muestran esa actitud de menosprecio a la sociedad.
Asimismo, señaló que persiste la actitud de querer ignorar las evidencias, como en el caso de los estudiantes, en el que la federación actuó 10 días después.
Lamentó que en el gobierno siguen comportándose como los hechos se pudieran ocultar, “hay un patrón clarísimo”; pero ahora no pueden callar, tienen que responder.
“Las reacciones en ambos casos) son primero el silencio, luego vienen las excusas inverosímiles y finalmente cogerse de hombros con actitud cínica”, aseveró.
Los dos casos referidos son “un golpe muy fuerte a la ya vapuleada credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto“, consideró el académico.
Recordó que ya las reformas aprobadas en el Congreso, impulsadas por el gobierno de Peña, se hicieron sobre un país con cimientos endebles.
Empero, “no sabíamos qué tan endebles eran”.
Ahora hay una reacción en cadena provocada por acontecimientos de Ayotzinapa, la cual toca partes del Estado que ni siquiera nos imaginábamos.
Sobre el reportaje de la revista ‘Proceso’, indicó que hasta ahora la tesis era muy clara: había 2 funcionarios (el alcalde de Iguala y su esposa) muy malos, diabólicos, tolerados por una fracción de un partido en descomposición.
Lo que ahora se nos dice le da un vuelco a la historia oficial y, de ser cierto, no fueron solamente policías municipales quienes entregaron a estudiantes sino hubo participación directa de fuerzas federales.
De confirmarse la versión, “estamos ante un escenario sobrecogedor porque independientemente de que se castigue a los culpables, estaríamos ante un encubrimiento deliberado por las máximas autoridades de este país, el procurador general de la República el Presidente”.
Por ello, consideró que existe la posibilidad inquietante de encubrimiento y complicidad del aparato federal, pues sobre el reportaje publicado esta semana en el semanario -que habla de una intervención de policías federales y el Ejército en el ataque y desaparición de normalistas-, no ha habido ningún desmentido.
“Debería haber una reacción inmediato que es falso, que no es cierto, lo que quieran decir”, mencionó el académico.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Periodistas narran que fueron retenidos más de cuatro horas en Tlapa, Guerrero
Los periodistas dijeron que profesores de la Ceteg les exigieron disculparse por el evento que estaban realizando.
Al menos 100 periodistas fueron retenidos el sábado pasado por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes los obligaron a cancelar una ceremonia y comida organizada para entregar un premio de periodismo en Tlapa, Guerrero, el cual se convoca cada año.
“Convocamos la comida a las 2 de la tarde (…) como a las 3:30 –de la tarde– llegaron un grupo de embozados armados con palos, en dos camionetas, a interrumpir el evento, exigirnos que lo canceláramos“, dijo este lunes 15 de diciembre el periodista Miguel Ángel Mata a Ciro Gómez Leyva, en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula.
Miguel Ángel Mata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero, detalló: “nos llevaron, nos pasearon por las calles de Tlapa (…) nos empujaron, humillaron, nos golpearon, nos encerraron posteriormente en la sala de cabildos; ahí erigieron un jurado popular”.
El periodista agregó que mañana martes tendrán reunión los siete delegados en Chilpancingo, donde decidirán denunciar secuestro. “Creo que se configura el delito, nos liberaron a cambio una cantidad de dinero”, dijo.
Fernando Santamaría Cruz, director general del diario el Faro de la Costa Chica, dijo “si bien es cierto se han cometido errores por parte de la actuación de ellos (autoridades), este error está derivando en que ahora ya no están actuando para nada, están dejando al pueblo en estado de indefensión, con el ánimo de no volverse a equivocar están permitiendo que esta gente haga lo que se le antoja“.
Los comunicadores participaban en la ceremonia del Club de Periodistas de Guerrero, quienes estaban reunidos para reconocer a dos periodistas de las 7 regiones del estado ubicado al sur de México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Al menos 100 periodistas fueron retenidos el sábado pasado por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes los obligaron a cancelar una ceremonia y comida organizada para entregar un premio de periodismo en Tlapa, Guerrero, el cual se convoca cada año.
“Convocamos la comida a las 2 de la tarde (…) como a las 3:30 –de la tarde– llegaron un grupo de embozados armados con palos, en dos camionetas, a interrumpir el evento, exigirnos que lo canceláramos“, dijo este lunes 15 de diciembre el periodista Miguel Ángel Mata a Ciro Gómez Leyva, en entrevista radiofónica para Grupo Fórmula.
Miguel Ángel Mata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero, detalló: “nos llevaron, nos pasearon por las calles de Tlapa (…) nos empujaron, humillaron, nos golpearon, nos encerraron posteriormente en la sala de cabildos; ahí erigieron un jurado popular”.
El periodista agregó que mañana martes tendrán reunión los siete delegados en Chilpancingo, donde decidirán denunciar secuestro. “Creo que se configura el delito, nos liberaron a cambio una cantidad de dinero”, dijo.
Fernando Santamaría Cruz, director general del diario el Faro de la Costa Chica, dijo “si bien es cierto se han cometido errores por parte de la actuación de ellos (autoridades), este error está derivando en que ahora ya no están actuando para nada, están dejando al pueblo en estado de indefensión, con el ánimo de no volverse a equivocar están permitiendo que esta gente haga lo que se le antoja“.
Los comunicadores participaban en la ceremonia del Club de Periodistas de Guerrero, quienes estaban reunidos para reconocer a dos periodistas de las 7 regiones del estado ubicado al sur de México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La PGR pide 20 días más de arraigo para la esposa del exalcalde de Iguala
El hecho ocurre el mismo día que vence el arraigo de 40 días que un juez federal ordenó luego de que fue detenida.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez ampliar 20 días el periodo de arraigo de María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, reportó este lunes 15 de diciembre el diario Reforma.
Ángeles Pineda permanece arraigada desde hace 40 días, debido a que la PGR no ha logrado obtener una orden de aprehensión en su contra.
Funcionarios de la procuraduría detallaron al diario Milenio que la ampliación del arraigo permitirá terminar de integrar el expediente contra Pineda Villa, quien –junto con su esposo– supuestamente ordenó el ataque que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado.
Abarca se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La pareja fue detenida el 4 de noviembre pasado en Iztapalapa. La captura ocurrió tras un mes de búsqueda y en una operación en la que las autoridades dijeron que no se disparó un solo tiro y que, por el momento, culminó con el reinado de terror de una pareja que manejaba una población del estado sureño de Guerrero como un feudo del narcotráfico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez ampliar 20 días el periodo de arraigo de María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, reportó este lunes 15 de diciembre el diario Reforma.
Ángeles Pineda permanece arraigada desde hace 40 días, debido a que la PGR no ha logrado obtener una orden de aprehensión en su contra.
Funcionarios de la procuraduría detallaron al diario Milenio que la ampliación del arraigo permitirá terminar de integrar el expediente contra Pineda Villa, quien –junto con su esposo– supuestamente ordenó el ataque que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado.
Abarca se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La pareja fue detenida el 4 de noviembre pasado en Iztapalapa. La captura ocurrió tras un mes de búsqueda y en una operación en la que las autoridades dijeron que no se disparó un solo tiro y que, por el momento, culminó con el reinado de terror de una pareja que manejaba una población del estado sureño de Guerrero como un feudo del narcotráfico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Policía en México nos pone nerviosos, en lugar de dar confianza
Los cuerpos policiacos son una institución que nadie quiere tocar porque sirven como instrumento de control político, indicó.
La politóloga Denise Dresser lamentó que en México las policías provoquen nerviosismo en la ciudadanía, en lugar de brindar confianza.
En la Mesa Política de Noticias MVS, habló sobre el reportaje de Proceso, que señala que la Policía Federal estuvo involucrada en el ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
“Es un vuelco a la historia oficial”, comentó. Y es que el procurador Jesús Murillo Karam había dicho que no fue un crimen de Estado porque no participaron fuerzas federales, sin embargo, a través de la PF sí lo habría hecho.
Recordó que la confianza en la policía cayó 10 puntos porcentuales según recientes encuestas.
Se trata de la policía que nos lleva a estar nerviosos por ser detenidos o, en el otro extremo, asesinados y convertirnos en el número 44.
Por ello, consideró que resulta insuficiente el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y corrupción, porque no encara la crisis que abarca a la policía en el país.
Un cambio con los ojos bien cerrados es un ejemplo más de la ocurrencia política, señaló.
El presidente no responde a qué tipo de policía queremos, aunque ya sabemos cuál no, que es evidentemente la policía de Iguala.
La coyuntura devela una institución que nadie quiere tocar porque sirve como instrumento de control político, indicó Dresser.
La doctora expuso que los cuerpos policiacos son usados en México por los gobernadores o presidentes municipales, para seguir torturando, extorsionando o arrestando conforme a sus intereses.
Son estos cuerpos quienes se vuelven cada vez más odiados en vez de que se les respete. Por ello urgió reformar a la policía, comenzando por responder la pregunta: ¿qué policía queremos?
Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, la doctora le hizo algunas preguntas a la PGR:
“¿Cómo va a poder afirmar de ahora en adelante que no fue el Estado en (el caso) Ayotzinapa, cuando hubo involucramiento de la Policía Federal y el Ejército?”.
“¿Por qué el procurador se congratuló de que el Ejército no se había involucrado, ahora resulta que el Ejército sí estaba involucrado y del lado de la Policía Federal?”.
“Parecería que como en el caso de Tlatlaya, el Ejército participa en un asesinato de civiles, ¿bajo el mando de quién?”.
Todo esto, el gobierno necesita aclararlo y con urgencia, subrayó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
La politóloga Denise Dresser lamentó que en México las policías provoquen nerviosismo en la ciudadanía, en lugar de brindar confianza.
En la Mesa Política de Noticias MVS, habló sobre el reportaje de Proceso, que señala que la Policía Federal estuvo involucrada en el ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
“Es un vuelco a la historia oficial”, comentó. Y es que el procurador Jesús Murillo Karam había dicho que no fue un crimen de Estado porque no participaron fuerzas federales, sin embargo, a través de la PF sí lo habría hecho.
Recordó que la confianza en la policía cayó 10 puntos porcentuales según recientes encuestas.
Se trata de la policía que nos lleva a estar nerviosos por ser detenidos o, en el otro extremo, asesinados y convertirnos en el número 44.
Por ello, consideró que resulta insuficiente el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y corrupción, porque no encara la crisis que abarca a la policía en el país.
Un cambio con los ojos bien cerrados es un ejemplo más de la ocurrencia política, señaló.
El presidente no responde a qué tipo de policía queremos, aunque ya sabemos cuál no, que es evidentemente la policía de Iguala.
La coyuntura devela una institución que nadie quiere tocar porque sirve como instrumento de control político, indicó Dresser.
La doctora expuso que los cuerpos policiacos son usados en México por los gobernadores o presidentes municipales, para seguir torturando, extorsionando o arrestando conforme a sus intereses.
Son estos cuerpos quienes se vuelven cada vez más odiados en vez de que se les respete. Por ello urgió reformar a la policía, comenzando por responder la pregunta: ¿qué policía queremos?
Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, la doctora le hizo algunas preguntas a la PGR:
“¿Cómo va a poder afirmar de ahora en adelante que no fue el Estado en (el caso) Ayotzinapa, cuando hubo involucramiento de la Policía Federal y el Ejército?”.
“¿Por qué el procurador se congratuló de que el Ejército no se había involucrado, ahora resulta que el Ejército sí estaba involucrado y del lado de la Policía Federal?”.
“Parecería que como en el caso de Tlatlaya, el Ejército participa en un asesinato de civiles, ¿bajo el mando de quién?”.
Todo esto, el gobierno necesita aclararlo y con urgencia, subrayó.
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Caso Iguala: federales involucrados y tortura a testigos.- Anabel Hernández
La PGR le indicó que continuaban la investigación, por lo que no respondió sobre la participación de fuerzas federales en el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa.
El fin de semana, la revista Proceso publicó un reportaje que tituló “Iguala: la historia no oficial”, el cual revela que “fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal”.
Al respecto, una de sus autoras, la periodista Anabel Hernández, señaló las contradicciones que existen entre la PGR y los testimonios de los detenidos, así como de estudiantes que presenciaron los hechos.
Refirió que los normalistas vieron que el ataque provino de dos tipos de policías. Los primeros, los municipales. Y los segundos, con equipo de camuflaje, rodilleras, pasamontañas, subidos a camionetas con metrallas instaladas.
Expuso que en Ayotzinapa, los estudiantes le dieron acceso a videos que muestran parte del ataque la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Además, indicó que hubo tortura contra los principales testigos de la PGR, quienes acusaron a José Luis Abarca como el autor intelectual de los hechos.
“Cuando fueron llevados a declarar (los testigos) van lesionados, y hacen la denuncia después de peritaje médico”, comentó.
La investigación duró por lo menos 2 meses, con el objetivo de corroborar testimonios que señalaban la participación federal en los hechos.
Uno de los puntos clave, apuntó, es el monitoreo de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la Policía Federal sabía de su llegada a Iguala.
Sobre lo publicado, Hernández comentó que hizo diferentes preguntas a la PGR, quien sí les dio una respuesta: que todo formaba parte de una investigación.
La periodista preguntó a la dependencia si sabía de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos; si están investigando al capitán del batallón 27, uno de los militares que operó esa noche en las calles de Iguala; así como de qué forma operó la Policía Federal en Iguala, aquella noche.
“La PGR nos contestó que lo que estábamos preguntando formaba parte de una investigación… es decir, no negaron participación militar y de Policía Federal”, acotó.
“Dijeron que como están bajo investigación no pueden decir más sobre el tema”, añadió.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El fin de semana, la revista Proceso publicó un reportaje que tituló “Iguala: la historia no oficial”, el cual revela que “fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal”.
Al respecto, una de sus autoras, la periodista Anabel Hernández, señaló las contradicciones que existen entre la PGR y los testimonios de los detenidos, así como de estudiantes que presenciaron los hechos.
Refirió que los normalistas vieron que el ataque provino de dos tipos de policías. Los primeros, los municipales. Y los segundos, con equipo de camuflaje, rodilleras, pasamontañas, subidos a camionetas con metrallas instaladas.
Expuso que en Ayotzinapa, los estudiantes le dieron acceso a videos que muestran parte del ataque la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Además, indicó que hubo tortura contra los principales testigos de la PGR, quienes acusaron a José Luis Abarca como el autor intelectual de los hechos.
“Cuando fueron llevados a declarar (los testigos) van lesionados, y hacen la denuncia después de peritaje médico”, comentó.
La investigación duró por lo menos 2 meses, con el objetivo de corroborar testimonios que señalaban la participación federal en los hechos.
Uno de los puntos clave, apuntó, es el monitoreo de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la Policía Federal sabía de su llegada a Iguala.
Sobre lo publicado, Hernández comentó que hizo diferentes preguntas a la PGR, quien sí les dio una respuesta: que todo formaba parte de una investigación.
La periodista preguntó a la dependencia si sabía de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos; si están investigando al capitán del batallón 27, uno de los militares que operó esa noche en las calles de Iguala; así como de qué forma operó la Policía Federal en Iguala, aquella noche.
“La PGR nos contestó que lo que estábamos preguntando formaba parte de una investigación… es decir, no negaron participación militar y de Policía Federal”, acotó.
“Dijeron que como están bajo investigación no pueden decir más sobre el tema”, añadió.
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Pobladores que bloquean la Autopista del Sol por fraude de empresa la liberan parcialmente
El grupo de manifestantes que mantenía bloqueada la Autopista del Sol para exigir una audiencia con autoridades estatales por un fraude de una empresa veracruzana, liberó esta tarde un carril de cada sentido luego de llegar a un acuerdo con el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.
Al lugar, arribaron elementos de la Policía Federal, quienes se encargaron de negociar la audiencia con el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas de Guerrero.
El comandante que dirige al grupo de policías dialogó con los manifestantes para pedirles que despejen la vía y tras llegar a un acuerdo vía telefónica con el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pobladores liberaron un carril de cada sentido.
Luego de una hora de negociación, el Mandatario estatal se comprometió a trabajar para que se les entregue el dinero defraudado.
Antes, en entrevista para Grupo Fórmula, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, señaló que de no retirarse los inconformes la policía los desalojaría del lugar.
“Me parece aquí lo importante es, no dejar pasar y no dejarlos ahí que se eternicen son que haya una acción de la policía, hoy estamos dialogando, yo personalmente estoy hablando con estos líderes porque efectivamente los ciudadanos, los que están verdaderamente afectados, los que están atorados en el tráfico no tiene por qué saber quiénes son o quienes no son.
“Lo que hoy diría es, estamos atendiendo el diálogo, estamos ahí, y si no se retiran, los vamos a retirar”, declaró Galindo en entrevista.
Alrededor de 200 defraudados demandaron que las autoridades resolvieran su petición de recuperar ahorros que entregaron a la empresa Productos Amor.
El bloqueo ocurrió a la altura del kilómetro 272 de la autopista, debido a que la firma los defraudó hace algunos años y hasta la fecha no han recibido ninguna devolución. Los manifestantes exigen un pago de 60 millones de pesos.
El cierre de la autopista comenzó a las 11:30 horas, lo que provocó la aglomeración de vehículos con dirección a Acapulco, así como al Distrito Federal.
Desde agosto, cientos de personas protestan por el supuesto fraude de la empresa con sede en Boca del Río, Veracruz. Su dueño, Teódulo Espinoza, ya fue denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa.
En tanto, el sacerdote de Hueycantenango, Armando Lagunas Román, es investigado por recibir comisiones del 10 por ciento de los ahorros de las personas que convencía de invertir en la empresa que comenzó a operar en Guerrero en 2004.
La empresa se desvaneció y los afectados comenzaron un movimiento encaminado recuperar los recursos perdidos.
El Gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero ofreció pagar 100 millones, pero solamente les otorgó 40, por eso los afectados bloquean la carretera para recuperar los 60 millones faltantes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2014/1193845.
Manifestantes liberan parcialmente ambos sentidos de la Autopista del Sol
Un carril de cada sentido fue liberado después de que los manifestantes se comunicaron vía telefónica con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega.
Pese a las advertencias de las autoridades federales acerca de que no permitirán bloqueos en la Autopista del Sol —que conecta el centro de México con el puerto turístico de Acapulco—, habitantes de 10 municipios de la región de la montaña de Guerrero bloquean de manera parcial ambos sentidos de la autopista este lunes 15 de diciembre, a sólo unos días que que inicien las vacaciones desenvainas.
Los manifestantes exigen una audiencia con las autoridades de Guerrero para que les ayuden a recuperar sus ahorros, los cuales le entregaron a la empresa Productos Amor, con sede en Veracruz, la cual los defraudó por varios miles de pesos hace años y hasta ahora no les han devuelto su dinero, por lo que los afectados acordaron realizar el bloqueo
Luego de más de tres horas de bloqueo, alrededor de 200 policías federales llegaron al lugar para dialogar con los manifestantes y pedirles que despejen la vía.
Después de ponerse en contacto vía telefónica con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, los manifestantes decidieron liberar un carril de cada sentido, puesto que el mandatario estatal les prometió trabajar para que se les entregue el dinero defraudado.
Además Caminos y Puentes Federales informó a través de Twitter que los manifestantes se retiraron de la caseta de cobro de Palo Blanco.
Uno de los líderes de los manifestantes Leocadio Vázquez explicó que desde hace 7 años, los pobladores aportaron sus ahorros con la promesa de que recibirían ganancias por la inversión del dinero, sin embargo esto no ocurrió. Señaló que ahora que el gobierno federal, a través de la Secretaria de Hacienda, destinó recursos para indemnizar a los defraudados, el apoyo en Guerrero ha sido incompleto.
Esta manifestación ocurre un día después de que 21 personas resultaran heridas tras un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y profesores y normalistas en Chilpancingo, la capital de Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Al lugar, arribaron elementos de la Policía Federal, quienes se encargaron de negociar la audiencia con el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas de Guerrero.
El comandante que dirige al grupo de policías dialogó con los manifestantes para pedirles que despejen la vía y tras llegar a un acuerdo vía telefónica con el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pobladores liberaron un carril de cada sentido.
Luego de una hora de negociación, el Mandatario estatal se comprometió a trabajar para que se les entregue el dinero defraudado.
Antes, en entrevista para Grupo Fórmula, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, señaló que de no retirarse los inconformes la policía los desalojaría del lugar.
“Me parece aquí lo importante es, no dejar pasar y no dejarlos ahí que se eternicen son que haya una acción de la policía, hoy estamos dialogando, yo personalmente estoy hablando con estos líderes porque efectivamente los ciudadanos, los que están verdaderamente afectados, los que están atorados en el tráfico no tiene por qué saber quiénes son o quienes no son.
“Lo que hoy diría es, estamos atendiendo el diálogo, estamos ahí, y si no se retiran, los vamos a retirar”, declaró Galindo en entrevista.
Alrededor de 200 defraudados demandaron que las autoridades resolvieran su petición de recuperar ahorros que entregaron a la empresa Productos Amor.
El bloqueo ocurrió a la altura del kilómetro 272 de la autopista, debido a que la firma los defraudó hace algunos años y hasta la fecha no han recibido ninguna devolución. Los manifestantes exigen un pago de 60 millones de pesos.
El cierre de la autopista comenzó a las 11:30 horas, lo que provocó la aglomeración de vehículos con dirección a Acapulco, así como al Distrito Federal.
Desde agosto, cientos de personas protestan por el supuesto fraude de la empresa con sede en Boca del Río, Veracruz. Su dueño, Teódulo Espinoza, ya fue denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa.
En tanto, el sacerdote de Hueycantenango, Armando Lagunas Román, es investigado por recibir comisiones del 10 por ciento de los ahorros de las personas que convencía de invertir en la empresa que comenzó a operar en Guerrero en 2004.
La empresa se desvaneció y los afectados comenzaron un movimiento encaminado recuperar los recursos perdidos.
El Gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero ofreció pagar 100 millones, pero solamente les otorgó 40, por eso los afectados bloquean la carretera para recuperar los 60 millones faltantes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2014/1193845.
Manifestantes liberan parcialmente ambos sentidos de la Autopista del Sol
Un carril de cada sentido fue liberado después de que los manifestantes se comunicaron vía telefónica con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega.
Pese a las advertencias de las autoridades federales acerca de que no permitirán bloqueos en la Autopista del Sol —que conecta el centro de México con el puerto turístico de Acapulco—, habitantes de 10 municipios de la región de la montaña de Guerrero bloquean de manera parcial ambos sentidos de la autopista este lunes 15 de diciembre, a sólo unos días que que inicien las vacaciones desenvainas.
Los manifestantes exigen una audiencia con las autoridades de Guerrero para que les ayuden a recuperar sus ahorros, los cuales le entregaron a la empresa Productos Amor, con sede en Veracruz, la cual los defraudó por varios miles de pesos hace años y hasta ahora no les han devuelto su dinero, por lo que los afectados acordaron realizar el bloqueo
Luego de más de tres horas de bloqueo, alrededor de 200 policías federales llegaron al lugar para dialogar con los manifestantes y pedirles que despejen la vía.
Después de ponerse en contacto vía telefónica con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, los manifestantes decidieron liberar un carril de cada sentido, puesto que el mandatario estatal les prometió trabajar para que se les entregue el dinero defraudado.
Además Caminos y Puentes Federales informó a través de Twitter que los manifestantes se retiraron de la caseta de cobro de Palo Blanco.
Uno de los líderes de los manifestantes Leocadio Vázquez explicó que desde hace 7 años, los pobladores aportaron sus ahorros con la promesa de que recibirían ganancias por la inversión del dinero, sin embargo esto no ocurrió. Señaló que ahora que el gobierno federal, a través de la Secretaria de Hacienda, destinó recursos para indemnizar a los defraudados, el apoyo en Guerrero ha sido incompleto.
Esta manifestación ocurre un día después de que 21 personas resultaran heridas tras un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y profesores y normalistas en Chilpancingo, la capital de Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La violenta supremacía del narco en Jalisco
Un informe de la Fiscalía General del Estado atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación la autoría de 6 de cada 10 de las ‘ejecuciones’ ocurridas desde el 2007. Esta concentración de la violencia se disparó en los últimos años: en 2014 se le responsabiliza a este grupo de más del 90 por ciento de los homicidios del crimen organizado en la entidad.
Cada vez son más comunes las referencias que hacen las autoridades del Gobierno de Jalisco, e incluso un reconocimiento expreso, sobre la consolidación de una organización criminal en el estado cuya expansión y fortalecimiento la habrían llevado a alcanzar un estatus hegemónico.
El 27 de noviembre pasado, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien ya antes había abordado ante la opinión pública la prominencia del Cártel Jalisco Nueva Generación ( ) en el estado, dijo:
“Como lo hice desde un principio de la administración, el pedir el apoyo al Gobierno Federal, el haber señalado que también en Jalisco hay una célula criminal, una organización criminal fuerte que nos ha generado muchos problemas de inseguridad, desde los anteriores gobiernos, desde el anterior gobierno hasta el mío, por ser una causa de foco rojo”.
En este sentido, los hallazgos que ha obtenido la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la investigación de los homicidios dolosos, y particularmente los que presentan características propias del crimen organizado o “ejecuciones”, coinciden con la perspectiva del gobernador.
Reporte Indigo obtuvo a través de un recurso de revisión, un informe de la FGE que detalla cuantitativamente cuáles son las organizaciones criminales más violentas en Jalisco, y la frecuencia con la que han utilizado el asesinato para imponerse en la pugna por las rutas de trasiego, zonas de mercado y la coacción de sus rivales.
El documento analiza solo una parte de todos los homicidios dolosos en los que se presume la mano del crimen organizado, pero permite llegar a conclusiones claras sobre este panorama a nivel estatal.
Concentra la información generada del 2007 al 2014 (agosto), y profundiza sobre 426 homicidios dolosos clasificados como de autoría del crimen organizado en Jalisco. Los resultados son reveladores.
Seis de cada 10 de estos homicidios dolosos en este lapso fueron atribuidos por la FGE al Nueva Generación, o lo que es lo mismo, el 57 por ciento de esos crímenes (243).
Después del CJNG están otras tres organizaciones criminales que destacan también en la información oficial, ya que tienen en su haber decenas de “ejecuciones”.
La Resistencia, con 63 asesinatos, acumula el 15 por ciento de los homicidios analizados; La Corona, con 53, abarca el 12 por ciento; el Cártel del Milenio o de Los Valencia (incluye una categoría para la alianza Milenio-Zetas), con 49, aglutina el 11 por ciento.
En el 2011, el tablero de la violencia en Jalisco se reconfiguró con la irrupción del CJNG, de acuerdo con la Fiscalía.
Ese año, el grupo delictivo cometió 66 homicidios y desde entonces ha estado a la cabeza como el cártel más violento, con una variación importante, pues un año antes, en 2010, solo sumó 12 “ejecuciones”; en 2009 apenas tuvo un par, y ninguna entre 2007 y 2008, ya que todavía no existía.
La información difundida por las autoridades es que tanto el CJNG como La Resistencia son escisiones surgidas del cártel de Los Valencia o Milenio, gestadas desde fines del 2009, pero conformadas ya en 2010.
Es a partir de 2011, por tanto, que la FGE (antes Procuraduría) imputa la mayor cantidad de los homicidios dolosos con señales de “ejecución” al CJNG. Así sucedió en el 2012, con 49 de estos delitos. Volvió a ocurrir en el 2013, con 67; y así se mantiene hasta hoy, con 47 en este 2014.
En proporción, las cifras de la Fiscalía arrojan que en 2011 la mitad de las “ejecuciones” fueron atribuidas a ese grupo delictivo (46 por ciento); en 2012 fueron tres de cada cuatro (el 76 por ciento); en 2013 más de la mitad (el 61 por ciento) y en lo que va del 2014 prácticamente en su totalidad: el 94 por ciento.
Poder total
En un lustro, la hegemonía del CJNG se ha consolidado. Ya desde 2011, Stratfor, la agencia estadounidense especializada en temas de seguridad, advertía de la expansión de este grupo.
“El CJNG ha participado activamente en Jalisco, y alguno de sus subgrupos, conocido como Matezetas o asesinos de Zetas, afirma que ejecutó la matanza de decenas de presuntos Zetas en Boca del Río, en el estado Veracruz.
“Parece que el CJNG está evolucionando de una organización regional, en un escuadrón de la muerte con alcance regional”, plasmó Stratfor en su reporte titulado CJNG: ¿amenaza regional con alcance nacional?
El 18 de septiembre pasado, Sandoval Díaz destacó que ya hay detenidos de este cartel.
“Lo hemos señalado, hay presencia de este Cártel Nueva Generación en el estado, efectivamente, pero hoy hay detenidos, hoy hay cabezas de este cártel detenidos”, dijo el gobernador.
El grupo ha sido señalado también por encabezar las actividades de robo de hidrocarburo y síntesis de metanfetaminas en Jalisco, lo que evidencia su crecimiento, complejidad organizacional y capacidad de logística.
El 25 de agosto del 2012 desplegó de golpe, pero de forma coordinada, 22 narcobloqueos que colapsaron la capital de Jalisco.
Luego de que Jalisco fuera calificado por el presidente Enrique Peña como uno de los cuatro estados con “mayor urgencia de atención” en materia de seguridad, el vocero del Estado, Gonzalo Sánchez, hizo un planteamiento de respuesta muy revelador, en una columna para el diario Milenio.
“A inicios de 2013 la situación de nuestra entidad respecto a la descomposición en el estado vecino de Michoacán y el efecto involuntario del combate a células criminales que vino a fortalecer colateralmente a un grupo delictivo principal, colocaba a la administración próxima (ésta) a entrar en funciones, ante un problema mayúsculo”.
“Que Jalisco esté en esa lista, considerando que en su territorio opera uno de los grupos delictivos más poderosos del país, resultaría hasta lógico. Lo destacado es que, no obstante esta situación, la entidad se mantiene en calma (…) no estamos fuera de peligro, pero existen avances”, dijo Sánchez.
Pactos y fracturas
Luego del CJNG, la Fiscalía estatal señala al grupo delictivo de La Resistencia –por el nivel de violencia que ha ejercido en Jalisco–, con el 15 por ciento de los homicidios abordados en el informe; la proporción podría ser mayor por el pacto que mantuvo con Los Zetas.
Está la posibilidad latente de que decenas de las “ejecuciones” en las que participó esta organización hayan sido registradas por la FGE junto con otras de las nomenclaturas que utiliza en el documento: la de Milenio por sí solo y la de su alianza con Los Zetas.
A La Resistencia, las autoridades le imputan dos de los hechos violentos más significativos en Jalisco y, probablemente, el despertar de su sociedad a la espiral cruenta que envolvía –y envuelve– ya al país: los 26 cuerpos de los Arcos del Milenio en 2011 y los 18 en la Carretera a Chapala en 2012.
Recién ocurridas ambas masacres, se indicó que detrás de ellas se encontraba la alianza Milenio-Zetas, posteriormente esta referencia de “Milenio” se iría sustituyendo gradual y más claramente por la de La Resistencia, aunque en esencia se trataba de lo mismo.
Para entenderlo, ayuda a tener en cuenta que en septiembre de 2012, cuando la Policía Federal detuvo a Ramiro Pozos, apodado “El Molca”, líder y fundador de La Resistencia, y éste declaró que se había fracturado el cártel del Milenio (o Los Valencia), hubo una disputa temporal entre su grupo y el CJNG, por el nombre.
De esta forma, los 39 homicidios que la FGE clasificó en 2011 y 2012 como de la autoría de Milenio o Milenio-Zetas, podrían sumarse a los de La Resistencia, lo que haría subir el conteo para esta fórmula, a 102 asesinatos, con una proporción del 24 por ciento del total de los analizados, una cuarta parte.
Solo La Resistencia tuvo 31 “ejecuciones” en 2011, luego cayó en 2012 con seis; en 2013 cometió tres y ninguna en 2014. La FGE usa en su informe una nomenclatura específica para Los Zetas, que coloca en quinto lugar –junto a Los Aliados– por sus homicidios, con cinco.
El 27 de enero de 2014, la Procuraduría General de la República informó de la detención de Adrián Salamanca, a quien identificó como jefe de Los Zetas en Jalisco, pero también como mando de La Resistencia, cuya zona de operación se señaló en Chapala.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Cada vez son más comunes las referencias que hacen las autoridades del Gobierno de Jalisco, e incluso un reconocimiento expreso, sobre la consolidación de una organización criminal en el estado cuya expansión y fortalecimiento la habrían llevado a alcanzar un estatus hegemónico.
El 27 de noviembre pasado, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien ya antes había abordado ante la opinión pública la prominencia del Cártel Jalisco Nueva Generación ( ) en el estado, dijo:
“Como lo hice desde un principio de la administración, el pedir el apoyo al Gobierno Federal, el haber señalado que también en Jalisco hay una célula criminal, una organización criminal fuerte que nos ha generado muchos problemas de inseguridad, desde los anteriores gobiernos, desde el anterior gobierno hasta el mío, por ser una causa de foco rojo”.
En este sentido, los hallazgos que ha obtenido la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la investigación de los homicidios dolosos, y particularmente los que presentan características propias del crimen organizado o “ejecuciones”, coinciden con la perspectiva del gobernador.
Reporte Indigo obtuvo a través de un recurso de revisión, un informe de la FGE que detalla cuantitativamente cuáles son las organizaciones criminales más violentas en Jalisco, y la frecuencia con la que han utilizado el asesinato para imponerse en la pugna por las rutas de trasiego, zonas de mercado y la coacción de sus rivales.
El documento analiza solo una parte de todos los homicidios dolosos en los que se presume la mano del crimen organizado, pero permite llegar a conclusiones claras sobre este panorama a nivel estatal.
Concentra la información generada del 2007 al 2014 (agosto), y profundiza sobre 426 homicidios dolosos clasificados como de autoría del crimen organizado en Jalisco. Los resultados son reveladores.
Seis de cada 10 de estos homicidios dolosos en este lapso fueron atribuidos por la FGE al Nueva Generación, o lo que es lo mismo, el 57 por ciento de esos crímenes (243).
Después del CJNG están otras tres organizaciones criminales que destacan también en la información oficial, ya que tienen en su haber decenas de “ejecuciones”.
La Resistencia, con 63 asesinatos, acumula el 15 por ciento de los homicidios analizados; La Corona, con 53, abarca el 12 por ciento; el Cártel del Milenio o de Los Valencia (incluye una categoría para la alianza Milenio-Zetas), con 49, aglutina el 11 por ciento.
En el 2011, el tablero de la violencia en Jalisco se reconfiguró con la irrupción del CJNG, de acuerdo con la Fiscalía.
Ese año, el grupo delictivo cometió 66 homicidios y desde entonces ha estado a la cabeza como el cártel más violento, con una variación importante, pues un año antes, en 2010, solo sumó 12 “ejecuciones”; en 2009 apenas tuvo un par, y ninguna entre 2007 y 2008, ya que todavía no existía.
La información difundida por las autoridades es que tanto el CJNG como La Resistencia son escisiones surgidas del cártel de Los Valencia o Milenio, gestadas desde fines del 2009, pero conformadas ya en 2010.
Es a partir de 2011, por tanto, que la FGE (antes Procuraduría) imputa la mayor cantidad de los homicidios dolosos con señales de “ejecución” al CJNG. Así sucedió en el 2012, con 49 de estos delitos. Volvió a ocurrir en el 2013, con 67; y así se mantiene hasta hoy, con 47 en este 2014.
En proporción, las cifras de la Fiscalía arrojan que en 2011 la mitad de las “ejecuciones” fueron atribuidas a ese grupo delictivo (46 por ciento); en 2012 fueron tres de cada cuatro (el 76 por ciento); en 2013 más de la mitad (el 61 por ciento) y en lo que va del 2014 prácticamente en su totalidad: el 94 por ciento.
Poder total
En un lustro, la hegemonía del CJNG se ha consolidado. Ya desde 2011, Stratfor, la agencia estadounidense especializada en temas de seguridad, advertía de la expansión de este grupo.
“El CJNG ha participado activamente en Jalisco, y alguno de sus subgrupos, conocido como Matezetas o asesinos de Zetas, afirma que ejecutó la matanza de decenas de presuntos Zetas en Boca del Río, en el estado Veracruz.
“Parece que el CJNG está evolucionando de una organización regional, en un escuadrón de la muerte con alcance regional”, plasmó Stratfor en su reporte titulado CJNG: ¿amenaza regional con alcance nacional?
El 18 de septiembre pasado, Sandoval Díaz destacó que ya hay detenidos de este cartel.
“Lo hemos señalado, hay presencia de este Cártel Nueva Generación en el estado, efectivamente, pero hoy hay detenidos, hoy hay cabezas de este cártel detenidos”, dijo el gobernador.
El grupo ha sido señalado también por encabezar las actividades de robo de hidrocarburo y síntesis de metanfetaminas en Jalisco, lo que evidencia su crecimiento, complejidad organizacional y capacidad de logística.
El 25 de agosto del 2012 desplegó de golpe, pero de forma coordinada, 22 narcobloqueos que colapsaron la capital de Jalisco.
Luego de que Jalisco fuera calificado por el presidente Enrique Peña como uno de los cuatro estados con “mayor urgencia de atención” en materia de seguridad, el vocero del Estado, Gonzalo Sánchez, hizo un planteamiento de respuesta muy revelador, en una columna para el diario Milenio.
“A inicios de 2013 la situación de nuestra entidad respecto a la descomposición en el estado vecino de Michoacán y el efecto involuntario del combate a células criminales que vino a fortalecer colateralmente a un grupo delictivo principal, colocaba a la administración próxima (ésta) a entrar en funciones, ante un problema mayúsculo”.
“Que Jalisco esté en esa lista, considerando que en su territorio opera uno de los grupos delictivos más poderosos del país, resultaría hasta lógico. Lo destacado es que, no obstante esta situación, la entidad se mantiene en calma (…) no estamos fuera de peligro, pero existen avances”, dijo Sánchez.
Pactos y fracturas
Luego del CJNG, la Fiscalía estatal señala al grupo delictivo de La Resistencia –por el nivel de violencia que ha ejercido en Jalisco–, con el 15 por ciento de los homicidios abordados en el informe; la proporción podría ser mayor por el pacto que mantuvo con Los Zetas.
Está la posibilidad latente de que decenas de las “ejecuciones” en las que participó esta organización hayan sido registradas por la FGE junto con otras de las nomenclaturas que utiliza en el documento: la de Milenio por sí solo y la de su alianza con Los Zetas.
A La Resistencia, las autoridades le imputan dos de los hechos violentos más significativos en Jalisco y, probablemente, el despertar de su sociedad a la espiral cruenta que envolvía –y envuelve– ya al país: los 26 cuerpos de los Arcos del Milenio en 2011 y los 18 en la Carretera a Chapala en 2012.
Recién ocurridas ambas masacres, se indicó que detrás de ellas se encontraba la alianza Milenio-Zetas, posteriormente esta referencia de “Milenio” se iría sustituyendo gradual y más claramente por la de La Resistencia, aunque en esencia se trataba de lo mismo.
Para entenderlo, ayuda a tener en cuenta que en septiembre de 2012, cuando la Policía Federal detuvo a Ramiro Pozos, apodado “El Molca”, líder y fundador de La Resistencia, y éste declaró que se había fracturado el cártel del Milenio (o Los Valencia), hubo una disputa temporal entre su grupo y el CJNG, por el nombre.
De esta forma, los 39 homicidios que la FGE clasificó en 2011 y 2012 como de la autoría de Milenio o Milenio-Zetas, podrían sumarse a los de La Resistencia, lo que haría subir el conteo para esta fórmula, a 102 asesinatos, con una proporción del 24 por ciento del total de los analizados, una cuarta parte.
Solo La Resistencia tuvo 31 “ejecuciones” en 2011, luego cayó en 2012 con seis; en 2013 cometió tres y ninguna en 2014. La FGE usa en su informe una nomenclatura específica para Los Zetas, que coloca en quinto lugar –junto a Los Aliados– por sus homicidios, con cinco.
El 27 de enero de 2014, la Procuraduría General de la República informó de la detención de Adrián Salamanca, a quien identificó como jefe de Los Zetas en Jalisco, pero también como mando de La Resistencia, cuya zona de operación se señaló en Chapala.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Tan jovencitos y tan mañosos
El futuro de la clase política es desalentador. El director y sus compañeros del Instituto de la Juventud Regia, del Municipio de Monterrey, viajan de placer con proveedores y con dinero del erario.
Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez en su faceta de servidor público, junto a jóvenes de Monterrey.
El director del Instituto de la Juventud de Monterrey, Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, hace viajes de placer a costa de los recursos municipales.
Acompañado de personal de la dependencia que dirige, y de un proveedor del Instituto, el joven político viajó a disfrutar de las playas de Puerto Vallarta en noviembre del 2013.
Y luego, en diciembre, pidió a la dependencia que le reembolsaran los gastos.
Junto a Armendáriz Sánchez trabaja como coordinador administrativo, Jesús Salvador Quintanilla Rodríguez, y el hermano de éste, Braulio de Jesús Quintanilla Rodríguez, como jefe de Vinculación Empresarial.
Ambos hermanos son amigos de Ricardo Torres, quien es socio de la empresa Infinity Towers Group S. A. de C.V.
Infinity Towers se dedica a la elaboración e impresión de playeras y es proveedora del Instituto de la Juventud Regia, según consta en la relación de pagos a proveedores de bienes y servicios de diciembre de 2013.
La empresa propiedad de Ricardo Torres, solicitó el 23 de diciembre de ese año el pago de 95 mil 769 pesos con 60 centavos, por la venta de sudaderas para el macro desfile navideño.
Un mes antes, Alejandro Armendáriz, Jesús Quintanilla, Braulio Quintanilla y Ricardo Torres, hicieron un viaje a Puerto Vallarta para asistir a la despedida de soltero de un amigo, en días laborales.
Fotografías en poder de Reporte Indigo revelan que los tres funcionarios, junto a su amigo, el proveedor de la dependencia que dirigen, se divirtieron en días hábiles y consumieron bebidas embriagantes.
Según consta en la relación de pagos a proveedores de bienes y servicios del mes de diciembre de 2013, de la Coordinación Administrativa del Instituto, el día 5 de ese mes se ordenó el pago para Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, por la cantidad de 9 mil 656 pesos y 64 centavos, en el cheque número 3824, por la “Reposición de Gastos Viaje”.
El mismo día, Jesús Salvador Quintanilla Rodríguez recibió el cheque 3822, con la cantidad de mil 809 pesos con 91 centavos, por concepto de “Reposición de gastos”, y a Carlos Alfonso Santoe González le fue aprobado el cheque 3823, por la cantidad de 919 pesos, por concepto de “Reposición de Gastos Viaje”.
En las imágenes, los jóvenes funcionarios aparecen divirtiéndose en la alberca de un hotel, también en lo que parece ser la proa de un barco, en un antro y en un restaurante.
A pesar de la evidente relajación de los funcionarios y relación de amiguismo con uno de los proveedores del Instituto, el director de la Juventud Regia critica esas mismas conductas en su cuenta Facebook, donde acusa a otros funcionarios estatales de hacer lo mismo.
Pero en la dependencia que él dirige trabaja un promedio de 40 personas, cuando en el listado de su nómina sólo aparecen 26.
Según informes de empleados de otras dependencias, los 14 restantes están registrados en la nómina de otras direcciones y secretarías, pero prestan sus servicios en el Instituto de la Juventud Regia.
La mayoría de estos jóvenes servidores públicos son amigos o parientes de alguien que tiene un puesto en la administración municipal de Monterrey.
Jesús Quintanilla, el Coordinador Administrativo, es hermano del Jefe de Vinculación Empresarial de la misma dependencia, Braulio Quintanilla.
Paloma del Carmen Gutiérrez Hernández es promotora y sobrina de la regidora María del Consuelo Hernández Becerra.
María Elena de la Cerda López es novia del Coordinador Administrativo de Juventud Regia y es Jefa de Comunicación.
Ingrid Montserrat Chávez Bustos también ostenta el puesto de Jefa de Comunicación, a pesar de que ingresó en enero de este año, pero es amiga personal de Alejandro Armendáriz.
Este grupo de funcionarios contratados para atender las demandas y necesidades de los jóvenes de Monterrey ha creado una red de nepotismo, compadrazgo y favoritismo.
Y su juventud no ha sido impedimento para emplear las viejas prácticas de corrupción y favoritismo.
Son los juniors políticos, con las mismas y viejas mañas que sus maestros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez en su faceta de servidor público, junto a jóvenes de Monterrey.
El director del Instituto de la Juventud de Monterrey, Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, hace viajes de placer a costa de los recursos municipales.
Acompañado de personal de la dependencia que dirige, y de un proveedor del Instituto, el joven político viajó a disfrutar de las playas de Puerto Vallarta en noviembre del 2013.
Y luego, en diciembre, pidió a la dependencia que le reembolsaran los gastos.
Junto a Armendáriz Sánchez trabaja como coordinador administrativo, Jesús Salvador Quintanilla Rodríguez, y el hermano de éste, Braulio de Jesús Quintanilla Rodríguez, como jefe de Vinculación Empresarial.
Ambos hermanos son amigos de Ricardo Torres, quien es socio de la empresa Infinity Towers Group S. A. de C.V.
Infinity Towers se dedica a la elaboración e impresión de playeras y es proveedora del Instituto de la Juventud Regia, según consta en la relación de pagos a proveedores de bienes y servicios de diciembre de 2013.
La empresa propiedad de Ricardo Torres, solicitó el 23 de diciembre de ese año el pago de 95 mil 769 pesos con 60 centavos, por la venta de sudaderas para el macro desfile navideño.
Un mes antes, Alejandro Armendáriz, Jesús Quintanilla, Braulio Quintanilla y Ricardo Torres, hicieron un viaje a Puerto Vallarta para asistir a la despedida de soltero de un amigo, en días laborales.
Fotografías en poder de Reporte Indigo revelan que los tres funcionarios, junto a su amigo, el proveedor de la dependencia que dirigen, se divirtieron en días hábiles y consumieron bebidas embriagantes.
Según consta en la relación de pagos a proveedores de bienes y servicios del mes de diciembre de 2013, de la Coordinación Administrativa del Instituto, el día 5 de ese mes se ordenó el pago para Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, por la cantidad de 9 mil 656 pesos y 64 centavos, en el cheque número 3824, por la “Reposición de Gastos Viaje”.
El mismo día, Jesús Salvador Quintanilla Rodríguez recibió el cheque 3822, con la cantidad de mil 809 pesos con 91 centavos, por concepto de “Reposición de gastos”, y a Carlos Alfonso Santoe González le fue aprobado el cheque 3823, por la cantidad de 919 pesos, por concepto de “Reposición de Gastos Viaje”.
En las imágenes, los jóvenes funcionarios aparecen divirtiéndose en la alberca de un hotel, también en lo que parece ser la proa de un barco, en un antro y en un restaurante.
A pesar de la evidente relajación de los funcionarios y relación de amiguismo con uno de los proveedores del Instituto, el director de la Juventud Regia critica esas mismas conductas en su cuenta Facebook, donde acusa a otros funcionarios estatales de hacer lo mismo.
Pero en la dependencia que él dirige trabaja un promedio de 40 personas, cuando en el listado de su nómina sólo aparecen 26.
Según informes de empleados de otras dependencias, los 14 restantes están registrados en la nómina de otras direcciones y secretarías, pero prestan sus servicios en el Instituto de la Juventud Regia.
La mayoría de estos jóvenes servidores públicos son amigos o parientes de alguien que tiene un puesto en la administración municipal de Monterrey.
Jesús Quintanilla, el Coordinador Administrativo, es hermano del Jefe de Vinculación Empresarial de la misma dependencia, Braulio Quintanilla.
Paloma del Carmen Gutiérrez Hernández es promotora y sobrina de la regidora María del Consuelo Hernández Becerra.
María Elena de la Cerda López es novia del Coordinador Administrativo de Juventud Regia y es Jefa de Comunicación.
Ingrid Montserrat Chávez Bustos también ostenta el puesto de Jefa de Comunicación, a pesar de que ingresó en enero de este año, pero es amiga personal de Alejandro Armendáriz.
Este grupo de funcionarios contratados para atender las demandas y necesidades de los jóvenes de Monterrey ha creado una red de nepotismo, compadrazgo y favoritismo.
Y su juventud no ha sido impedimento para emplear las viejas prácticas de corrupción y favoritismo.
Son los juniors políticos, con las mismas y viejas mañas que sus maestros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones
MÉXICO, D.F: Las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han dejado al descubierto que los municipios de Iguala, Cocula y Taxco forman un corredor donde la desaparición de personas se ha convertido en una epidemia, sea por los secuestros extorsivos y las levas de jóvenes perpetrados por grupos delincuenciales, así como por las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas públicas.
Por ese corredor pasa la mayoría de la goma de opio que baja de los municipios serranos de Guerrero e inunda de heroína el mercado estadunidense.
La zona se ha convertido en un germinadero de fosas clandestinas que desde el hallazgo de 55 cadáveres adentro de una mina de Taxco, en 2010, debió haber puesto en alerta a las autoridades.
La polémica noticia difundida hace tres semanas por la televisora France 24 sobre el presunto secuestro masivo de 30 estudiantes en julio de 2013 en una secundaria de Cocula –material que fue retirado de la red por el mismo medio europeo al no considerarlo suficientemente fundamentado– reavivó el interés por los plagios de ese tipo que se han registrado en los citados municipios desde antes del perpetrado contra los 43 normalistas.
César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula –el municipio donde supuestamente fueron asesinados los normalistas–, informa a Proceso que desde el 1 de octubre de 2012, cuando tomó posesión, ha enfrentado diversas crisis por la falta de seguridad. Apenas llevaba dos meses en el cargo y ya habían asesinado a su director de Seguridad Municipal, mientras que hombres armados a bordo de camionetas se paseaban por la localidad. Semanas después, dos de los policías que lo escoltaban resultaron heridos en un atentado contra él.
En marzo de 2013, en una misma jornada, 14 personas fueron secuestradas. Cuestionado sobre cuántas regresaron, contestó: “Desafortunadamente por el temor de que no regresen, muchos no denuncian y no tenemos conocimiento. Sabemos que por unos pidieron rescate, y a quienes dieron los liberaron”. Según el diario El Sur, sólo cinco regresaron.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTEJE ESPECIAL)
Angélica Rivera es, en sí misma, un conflicto de interés de Peña Nieto
Al margen de la increíble historia del financiamiento del Grupo Higa para la adquisición de la residencia de Sierra Gorda por parte de Angélica Rivera, el video en el cual ésta explica cómo adquirió sus inmuebles tiene un dato, uno más, que debe destacarse: Afirma que en 2008 Televisa le entregó para su “uso y gozo” la casa de Paseo de las Palmas 1325, pero resulta que ese año la televisora era una de las proveedoras de servicios del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto y la actriz era parte de un convenio de publicidad en la administración de quien pronto sería su esposo. En su momento la información fue divulgada por el Instituto Federal Electoral, pero pasó prácticamente inadvertida.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El domingo 7 Enrique Peña Nieto inauguró el Tercer Foro de Comunicación en Boca del Río, Veracruz, con un halago inusual a Televisa, la empresa que convocó y organizó el encuentro entre medios afines y mandatarios reunidos en la XXIV Cumbre Iberoamericana y un tuteo al presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, molesto aún por los malos resultados del Teletón del día anterior.
“Emilio (Azcárraga) lo entenderá y quienes están aquí como miembros de Televisa, algunos pueden pensar que es equivocado hacer reconocimiento a esta gran empresa mexicana, pero el presidente de la República quiere expresar que para los mexicanos es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana, que proyectan a nuestro país, no sólo en el mundo de habla hispana, sino en el mundo entero”, afirmó Peña Nieto.
“Son un medio que proyecta a México en el mundo y eso, a los mexicanos, nos enorgullece. Por eso mi gratitud y reconocimiento por la organización de este Tercer Encuentro de la Comunicación”, remató el primer mandatario, leyendo un discurso que preparó el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.
A quien quisiera escucharlo, Nuño presumió que este halago era también un acuse de recibo o un “ramo de rosas” del gobierno a la empresa Televisa.
Por su parte Azcárraga Jean respondió en su discurso con quejas por las presiones de “algunos esquemas normativos o políticos públicos orientados a frenar a los medios, movidos por el ánimo de restringir la actuación y el desarrollo de las empresas de comunicación a fin de promover agendas de interés público contrarias a la competencia, el desarrollo económico y sobre todo a la libertad de expresión”.
La molestia entre Televisa y Peña Nieto se agudizó antes del acto en Boca del Río. Durante la transmisión estelar del Teletón 2014, el comediante Eugenio Derbez se burló del escándalo reciente de la Casa Blanca.
“No tendría que comentar esto, pero hace un año dejé de ser empleado de Televisa y sin embargo hoy regresé porque me enteré de lo que pagaban”, afirmó Derbez, en uno de sus chistes de la noche. El comediante se siguió de largo para defender al Teletón, que este año vivió una de sus peores crisis de imagen.
La crisis se gestó meses antes del escándalo de la Casa Blanca, pero se mezcló en la transmisión del maratón destinado a recaudar fondos para discapacitados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El domingo 7 Enrique Peña Nieto inauguró el Tercer Foro de Comunicación en Boca del Río, Veracruz, con un halago inusual a Televisa, la empresa que convocó y organizó el encuentro entre medios afines y mandatarios reunidos en la XXIV Cumbre Iberoamericana y un tuteo al presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, molesto aún por los malos resultados del Teletón del día anterior.
“Emilio (Azcárraga) lo entenderá y quienes están aquí como miembros de Televisa, algunos pueden pensar que es equivocado hacer reconocimiento a esta gran empresa mexicana, pero el presidente de la República quiere expresar que para los mexicanos es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana, que proyectan a nuestro país, no sólo en el mundo de habla hispana, sino en el mundo entero”, afirmó Peña Nieto.
“Son un medio que proyecta a México en el mundo y eso, a los mexicanos, nos enorgullece. Por eso mi gratitud y reconocimiento por la organización de este Tercer Encuentro de la Comunicación”, remató el primer mandatario, leyendo un discurso que preparó el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.
A quien quisiera escucharlo, Nuño presumió que este halago era también un acuse de recibo o un “ramo de rosas” del gobierno a la empresa Televisa.
Por su parte Azcárraga Jean respondió en su discurso con quejas por las presiones de “algunos esquemas normativos o políticos públicos orientados a frenar a los medios, movidos por el ánimo de restringir la actuación y el desarrollo de las empresas de comunicación a fin de promover agendas de interés público contrarias a la competencia, el desarrollo económico y sobre todo a la libertad de expresión”.
La molestia entre Televisa y Peña Nieto se agudizó antes del acto en Boca del Río. Durante la transmisión estelar del Teletón 2014, el comediante Eugenio Derbez se burló del escándalo reciente de la Casa Blanca.
“No tendría que comentar esto, pero hace un año dejé de ser empleado de Televisa y sin embargo hoy regresé porque me enteré de lo que pagaban”, afirmó Derbez, en uno de sus chistes de la noche. El comediante se siguió de largo para defender al Teletón, que este año vivió una de sus peores crisis de imagen.
La crisis se gestó meses antes del escándalo de la Casa Blanca, pero se mezcló en la transmisión del maratón destinado a recaudar fondos para discapacitados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL)
Intento de soborno de la Segob para “superar” Ayotzinapa
Al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se desmorona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el caso Ayotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditado por las sospechas de corrupción que lo envuelven, abandona prácticas innobles, como la petición del mandatario de “superar” la tragedia. De ahí también el intento de la subsecretaria de Gobernación Lía Limón de sacar la chequera y repartir dinero entre los familiares de las víctimas, estrategia a la que antes recurrió infructuosamente el gobernador sustituto de Guerrero. Los padres de los normalistas dejan muy claro que no quieren dinero. Quieren a sus hijos vivos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A poco más de dos meses del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.
“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, en entrevista con Proceso.
Los esfuerzos del gobierno federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.
En la última quincena de noviembre la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.
Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en San José de Costa Rica el 21 de noviembre.
En ambos actos la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la Coidh tocaron el tema mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL)
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