martes, 16 de diciembre de 2014

La seguridad puede esperar

El Congreso federal cerró ayer su periodo legislativo. No hubo tiempo para aprobar las iniciativas que el presidente envió, en calidad de urgencia, a las Cámaras en materia de seguridad.

La oposición en el Senado frenó la iniciativa de reformas en materia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto por considerar que, si se aprueba como fue enviada, la situación del país terminaría en “una catástrofe”.

Tanto el PAN como el PRD en la Cámara Alta cerraron la posibilidad de que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la iniciativa presidencial, pues consideran que su pase automático solo podría empeorar el clima de violencia que persiste en el país.

El error del Gobierno federal, según los congresistas, fue no consultar con las otras fuerzas políticas sobre las coincidencias de sus planteamientos para “amarrar” así los apoyos a su iniciativa.

Peña Nieto simplemente envió su propuesta sin saber el grado de resistencia que enfrentaría en el Congreso. Eso marcó el fin de la iniciativa.

Legisladores del PAN y el PRD cercanos a la negociación aseguraron que no permitirán “bajo ninguna circunstancia” que sea aprobado el modelo de intervención en los ayuntamientos ni la existencia de una policía única en los estados.

Ambas medidas, consideraron, nulificarían de facto a los municipios y darían mayor poder a los gobernadores, además de volver más frágiles a los cuerpos policiacos de México.

Sin acuerdos

Roberto Gil Zuarth, senador por el PAN, descartó que vaya a realizarse un análisis rápido de estas reformas para poder ser tratadas en un periodo extraordinario en lo que queda de diciembre o en enero, fecha en que el “Concentrar todas las funciones en una sola corporación y eliminar a las policías municipales es totalmente contraproducente (…) desaparecer a las policías municipales de un plumazo y empoderar tanto a los cuerpos estatales terminaría en una catástrofe”, sentenció Gil Zuarth.

Alejandro Encinas, senador por el PRD, sostuvo que aunque el modelo municipalista actual ha fracasado, no se requiere de una intervención sino de un apuntalamiento de los ayuntamientos para que puedan realizar sus labores de forma eficiente.

El cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión dejó en el tintero otros pendientes que, en su momento, fueron considerados de suma importancia por la coyuntura que se vive en el país.


Entre estos está el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, así como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Se enfrentan ...las versiones

La Policía Federal dice que fueron atacados con saña y manifestantes aseguran que ellos fueron agredidos sin motivo. Las versiones de los enfrentamientos del domingo en Chilpancingo difieren mientras diversas ONG condenan los hechos.

Mientras más de 20 organizaciones de derechos humanos publicaron un comunicado que condena lo que llaman “brutalidad  policiaca”, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró ayer en entrevistas en radio que los elementos a su cargo asignados en Guerrero fueron atacados con saña por manifestantes y maestros de la Ceteg. 

Los hechos violentos en Chilpancingo  se efectuaron en tres episodios, durante siete horas, y resultaron en 22 heridos, dos graves, pertenecientes a las fuerzas policiacas federales.  

Mientras las versiones antagónicas alegan agresión de ambas partes en conflicto, las  organizaciones de Derechos Humanos publicaron un comunicado que reprueba los hechos en el municipio guerrerense: 

“Condenamos enérgicamente la brutalidad policiaca de la que fueron objeto estudiantes, padres de familia de los normalistas desaparecidos, maestros y periodistas, expresamos nuestra solidaridad con ellos, y exigimos a las autoridades competentes  investigar los hechos y sancionar a los responsables”.

También pidieron el “cese la estigmatización y represión en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, padres de familia de los 42 estudiantes desaparecidos y de los 4 cuatro estudiantes asesinados, organizaciones acompañantes y representantes legales”.

Además exigen atención médica a los heridos y “garantizar condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y las acciones de solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y de toda la comunidad estudiantil”.

En los hechos del domingo un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tendría a un mitin de protesta al norte de Chilpancingo programado a las 11:00 horas. 

Ese día se realizaría un concierto de Rock, por lo que los normalistas se reunieron desde las 2 de la madrugada para montar el escenario, ubicado frente al hotel Puerta del Sol, en donde se hospedan agentes de la Policía Federal. 

Según declaraciones de los dirigentes de las organizaciones participantes, la reunión tranquila fue interrumpida ante la agresión con golpes, pedradas y gases lacrimógenos de un grupo de policías federales supuestamente ebrios. Un vocero de la Policía aseguró que ninguno de los elementos que participaron en el enfrentamiento dio positivo en la prueba de alcohol. 

Sobre los manifestantes, quienes según Galindo iniciaron la agresión, dijo ayer en entrevista con Adela Micha en Grupo Imagen: “En las camionetas en que se transportaban este tipo de personas traían petardos, cohetones, armas blancas, y el azote, el maltrato de este tipo, habla de que ya no es sola una agresión ordinaria, sino que hay un grado de animadversión fuerte contra los compañeros”. 

Según versiones de los manifestantes la primera agresión fue a las 5 de la mañana y luego siguieron dos más que se hicieron grandes por un contingente de 250 maestros afiliados a la Ceteg que acudieron a dar apoyo a los estudiantes. 

Durante los enfrentamientos los afiliados a la Ceteg incendiaron tres camionetas y volcaron otros cuatro vehículos 

Los manifestantes reconocieron 14 heridos, y a Policía Federal denunció que afiliados as la Ceteg detuvieron a tres federales que trasladaron a la Normal de Ayotzinapa para más tarde entregarlos en la cárcel municipal de Tixtla.

Mientras, las ONG aseguran que las agresiones fueron hechas de forma premeditada frente a la indignación social que aún se expresa en Guerrero.

Cronología
> 2:00 horas 
Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa empezaron a montar el escenario para un concierto como parte de la protesta organizada por los 43 desaparecidos en un lugar del norte de Chilpancingo conocido como “El Caballito”. 

> 5:00 horas 
Primer enfrentamiento 
Según los manifestantes, un grupo de policías federales, supuestamente fuera de su hora de servicio y en estado de ebriedad, agredieron a los estudiantes. La Policía Federal asegura que ellos fueron agredidos por los manifestantes cuando llegaban a su hotel. La Policía Federal informó que ninguna de sus elementos dio positivo en la prueba de alcohol. 

> 14:00 horas 
Segundo enfrentamiento
Miembros de la Ceteg que permanecen en plantón desde el 8 de octubre tuvieron conocimiento de los hechos y se trasladaron a apoyar a los estudiantes, según declararon. Llegan 250 maestros que se enfrentaron a uniformados con piedras en el exterior de una clínica del Issste. La policía respondió con golpes ante una agresión “con saña”, según el Comisionado de la Policía Federal. Los manifestantes  prendieron fuego a tres vehículos. 

> 16:00 horas 
Tercer enfrentamiento
Los maestros de la Ceteg, estudiantes de la UNAM que asistían a la protesta y concierto y normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron por tercera ocasión contra las fuerzas policíacas. Contingentes de la Ceteg incendiaron otras tres camionetas y dañaron una ambulancia de la PF. Tres policías federales fueron capturados y llevados a la Normal de Ayotzinapa para ser entregados más tarde a la cárcel municipal de Tixtla. El concierto se realizó en este municipio. 

Saldo de la batalla 

Resultaron 22 heridos entre ellos 14 maestros, padres y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes la UNAM y dos periodistas, uno corresponsal de AP y otro independiente. La Policía Federal reportó a  ocho elementos heridos, uno de gravedad con derrame cerebral, por lo que sería intervenido en México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: NORMA GARZA.

Padrastro "asesinó" a la enfermera que apareció desollada: PGJ


MÉXICO, D.F: Erika Kassandra Bravo Caro, la joven enfermera que fue hallada muerta y con el rostro desollado en Uruapan el 6 de diciembre, fue asesinada por su padrastro, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

El sujeto, quien ya fue detenido, es Daniel Murillo Sáenz, de 42 años, quien “confesó haberla golpeado en reiteradas ocasiones y provocarle diversas lesiones en el cuerpo”, detalló el procurador José Emilio Godoy Castro.

Según las investigaciones, el sujeto mató a Kassandra luego de intentar abusar sexualmente de ella. Además, amigos de la víctima declararon que la joven les contó que su padrastro ya la había violado cuando tenía 15 años.

Peso continúa depreciándose frente al dólar y la BMV registra caída del 1.25%

MÉXICO, D.F: El dólar continúa al alza, con un precio de venta de 15.14 pesos en sucursales bancarias.

Con ello, el peso suma cinco jornadas consecutivas de depreciación frente al dólar, sumando una caída del 3.3 por ciento.

En tanto, el euro se vende en 18.80 pesos.

Al mismo tiempo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra una caída de 1.25 por ciento, situándose en debajo del techo de las 40 mil unidades.


Esto significa que la BMV se desplomó a mínimos desde junio de 2013.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Avala Peña como mando de la SSPDF a inexperto en seguridad y cuerpos policiacos

MÉXICO, D.F: Hiram Almeida será el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), luego de que el presidente Enrique Peña Nieto lo avaló a propuesta del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Hasta antes del nombramiento, Almeida Estrada se desempeñaba como contralor general del GDF, cargo que asumió al inicio de la administración mancerista.

La experiencia de este abogado de 48 años de edad en asuntos de seguridad y de cuerpos policiacos es casi nula, ya que sólo se ha desempeñado como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF y fiscal en las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán, así como docente en diversas universidades.

La Presidencia de la República informó que, con base en los términos del artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno sometió a la consideración del presidente el nombramiento de Almeida Estrada.

“En atención a que la persona propuesta cumple con los requisitos legales, y toda vez que al titular del Ejecutivo federal le corresponde el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal, ha firmado el nombramiento respectivo”, se informó esta noche en un comunicado emitido en la residencia oficial de Los Pinos.

Hiram Almeida es licenciado en Derecho por la UNAM. Fue director titular jurídico del ISSSTE en Morelos, subdirector técnico normativo y administrativo de los Servicios de Salud Pública del DF, asesor de la Secretaría de Salud local en materia de regulación sanitaria, abogado en la Contraloría Interna de la PGR, secretario técnico en la SCT y asesor técnico de la Dirección de Política Económica de la SRE.

Según su semblanza curricular, se ha desempeñado como investigador analista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Legislativas de la Cámara de Diputados; ha realizado cursos y estudios profesionales en Filosofía en Derecho, Derecho Parlamentario Iberoamericano, Derecho de Familia, Criminalística en Derecho Penal, Ciencias Penales y Ciencia Política, entre otros.

Al frente de la Contraloría General del DF, Hiram Almeida fue el encargado de encabezar la investigación sobre los responsables de las fallas de la Línea 12 del Metro y de ordenar la inhabilitación de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, entre otros 33 funcionarios sancionados.

Almeida Estrada sustituirá a Jesús Rodríguez Almeida, quien el viernes 5 presentó su renuncia a la SSPDF luego de las severas críticas que recibió sobre la actuación violenta y violatoria de derechos humanos de la policía capitalina –en particular el cuerpo de granaderos–, en las recientes manifestaciones realizadas en la Ciudad de México en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marta Lamas llama a no olvidar el caso de Nestora Salgado

(15 de diciembre, 2014).- La doctora en antropología, Marta Lamas, hizo un llamado para no olvidar el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado, quien fue detenida en agosto del 2013 en un operativo militar y trasladada al penal de Nayarit.

“Yo no puedo venir a Guerrero sin dejar de recordarles que todavía Nestora Salgado sigue en la cárcel”, dijo la mañana del sábado durante la última ponencia del diplomado Historia y Cultura Política José Revueltas: Vida y Obra de un Mexicano Excepcional.

 La activista social y escritora acotó que Salgado “es una policía comunitaria que fue detenida hace más de un año por fuerzas federales porque intentó justamente poner orden… y ha sido detenida injustamente y yo soy parte de un comité que lucha por la liberación de Nestora”.

Cabe resaltar, Lamas forma parte del Comité de Mujeres #Nestoralibre, el cual se formó en agosto pasado con el fin de exigir su liberación; entre las integrantes se encuentran la actriz Regina Orozco y las escritoras Carmen Boullosa y Elena Poniatowska.


El diplomado mencionado fue organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero, en colaboración con la Secretaría de Cultura.

FUENTE: REVOLUCIÇÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Una nueva hoguera ‘enciende’ el caso

El hallazgo de posibles restos humanos calcinados en un paraje cercano al basurero de Cocula, confirmaría lo dicho por Andrés Eloy Martínez, quien puso en duda la versión de la PGR.


A pesar de que la PGR dio por buena la información de tres detenidos que aseguraron haber quemado los cuerpos de los 43 normalistas en un basurero de Cocula, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) siguió buscando pistas.

Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder de la organización, informó la semana pasada que encontraron huesos calcinados en lo que aparentemente fue una hoguera, a unos 10 kilómetros de ese basurero.

Ayer, personal de la PGR acudió al lugar, conocido como la Barranca de la Carnicería, para verificar el hallazgo.

El dirigente de la UPOEG sostuvo que desde hace tiempo tenía información de que en los días de la desaparición de los normalistas salía humo no del basurero de Cocula, sino de otro paraje ubicado cerca.

Este nuevo hallazgo podría sustentar las declaraciones hechas hace unos días por el diputado federal del PRD, Andrés Eloy Martínez.

El funcionario, quien también es un astrónomo aficionado, señaló como resultado de una investigación personal tuvo acceso a los archivos de varios satélites de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y descubrió que no existían registros sobre el incendio en Cocula.

“La PGR narra que el incendio duró más de 12 horas, algunas crónicas dicen que hasta 16 horas, y esto debió ser visto por alguno de los satélites especializados en la detección de incendios (…) y no ocurrió así, no hay registro de un incendio en esa zona”, expuso el congresista en entrevista.

El legislador perredista -que se sumó hace unos días a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)-, adelantó que en los próximos días presentará en la Cámara de Diputados un exhorto para que la PGR abra una nueva línea de investigación tomando esta información de satélites de la NASA.

El 7 de noviembre pasado, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron ejecutados y quemados en el basurero al aire libre de Cocula, por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

De acuerdo a las declaraciones ministeriales de tres miembros de esa banda, los cuerpos de los jóvenes fueron lanzados al basurero y les prendieron fuego por más de 12 horas, desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 14:00 o 15:00 horas aproximadamente, avivando el fuego con madera, llantas, diésel y plástico.

Según la versión preliminar de la PGR, luego del incendio los miembros de Guerreros Unidos deshicieron los restos de los normalistas y los colocaron en bolsas de plástico; algunos de ellos fueron arrojados al río San Juan, contiguo al basurero.

A partir de esa noticia, Martínez comenzó una pesquisa en los archivos de satélites especializados en detección de incendios de la NASA para buscar indicios sobre el fuego de aquella noche. No encontró ninguno. Al menos, no en Cocula.

En su investigación, el diputado buscó el archivo de los incendios detectados la madrugada del 26 de septiembre en el estado de Guerrero por el satélite Terra, cuyo sensor “Modis” permite realizar escaneos detallados de la superficie terrestre. Nada.

Al revisar los incendios detectados el 27 de septiembre en la entidad, Martínez encontró que se registró uno en las coordenadas 17°35’49.2”N 99°10’44.4”W, que corresponden a un parque o terreno en el centro del municipio de Chilapa, a unos 150 kilómetros al sur de Cocula.

La imagen del satélite donde se observa este incendio corresponde a las 12:20 del mediodía. A esa hora, según la versión de la PGR, el fuego seguía ardiendo en Cocula.

“Hay una inconsistencia ahí, nosotros pensamos que algo está pasando ahí, no sabemos si están inventado esta versión; sabemos que hay duras críticas en ese sentido, pero yo creo que la PGR está obligada a darnos una explicación de por qué no aparecen evidencias de satélites especializados en incendios, desde el espacio, de que se quemó algo ahí en Cocula”, criticó Martínez.

¿Qué papel juega Chilapa?

Chilapa es uno de los municipios más violentos de Guerrero. El 30 de noviembre pasado fueron encontrados cinco cadáveres calcinados dentro de una camioneta. Unos días antes habían sido encontrados 11 cuerpos decapitados y semicalcinados.

Este municipio está enclavado en la zona de la Montaña de Guerrero y desde hace unos meses se ha vivido ahí una ola de violencia y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y autoridades.

Ahí en Chilapa, según el congresista Andrés Eloy Martínez, se encuentra asentado un destacamento militar temporal.

El diputado realizó una segunda búsqueda, esta vez en los archivos del satélite NOAA, y encontró otros cinco incendios en Guerrero ocurridos el 27 de septiembre.

Cuatro de ellos se encuentran ubicados al sur de la población de Huitzuco, a unos 30 kilómetros al sureste de Iguala.

Estos incendios se registraron en una zona despoblada, pero en el mapa satelital se observan algunos caminos rurales.

Finalmente, Martínez detectó un sexto incendio el 27 de septiembre en la frontera de Guerrero con el estado de Oaxaca.

El satélite NOAA está especializado en proporcionar imágenes de las condiciones climáticas en el planeta, aunque también tiene otros atributos, entre los que se encuentran la detección de incendios.

Mars One


Andrés Eloy Martínez es astrónomo aficionado. Hace unos meses, se inscribió en el proyecto Mars One que pretende enviar una primer colonia de seres humanos a Marte. El legislador pasó a la segunda fase y continúa en las eliminatorias para realizar el viaje.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Se atora en el Senado reforma política del DF; se discutirá hasta febrero

MÉXICO, D.F: Por falta de consenso, la reforma política del Distrito Federal se quedó otra vez en la “congeladora” del Senado de la República.

Cuando todo indicaba que este lunes, en la última sesión del periodo ordinario, pasaría el proyecto que se viene gestando desde la administración capitalina pasada, la división de opiniones entre los partidos frenó la iniciativa.

Así, los legisladores deberán retomar la discusión hasta febrero próximo, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Entre los principales puntos de desacuerdo en la sesión de este lunes estuvo la integración de una o dos asambleas: la Ordinaria y la Constituyente. Esta última se encargaría de redactar la Constitución de la Ciudad de México y sólo duraría tres meses en funciones.

Las negociaciones se extendieron durante todo el día. Los legisladores del PAN y PRD manifestaron su acuerdo para que pasara así el dictamen a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PRI se mostró renuente al pedir que sólo fuera una asamblea.

Ayer, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que estaba atorado en el Senado desde hace un año.

El dictamen fue elaborado por la Comisión del Distrito Federal y se aprobó poco antes de la medianoche sin discusión, aunque con cinco cambios y el acuerdo de votarlo en la sesión de este lunes, la última de este periodo ordinario.

La discusión por los cambios se alargó por el tema del alcance de las alcaldías –en vez de delegaciones políticas— y la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México.

Sobre este último, se aprobó que se vote la integración de dos asambleas: La ordinaria, que trabajará de manera ordinaria durante los próximos tres años hasta el 2018.

La segunda integrará un Congreso Constituyente que se elegirá en comicios extraordinarios en 2016, durará sólo tres meses y se encargará de redactar la Carta Magna de la Ciudad de México, que sustituirá al Estatuto de Gobierno del DF y convertirá a la ciudad en una nueva entidad.

Los integrantes de dicho Constituyente serán elegidos y podrán presentar iniciativas sobre la Constitución capitalina, facultad que también tendrá el jefe de gobierno local.

Según el dictamen aprobado, los senadores introdujeron el artículo 16 transitorio que da derecho a las alcaldías a acceder a recursos y ramos federales de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. También tendrían concejos integrados por entre 10 y 15 concejales electos mediante voto libre y directo y fungirán como contrapeso del alcalde.

También adicionó un transitorio al artículo 122 constitucional que incluyó las facultades que hoy tienen las delegaciones políticas para que se transmitan a los nuevos municipios.

Incluso, se aprobó que los grupos parlamentarios con mayor representación política tengan acceso a los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México para que se “democratice” la integración del gobierno de la misma y que las presidencias de sus órganos sean rotatorias.

El dictamen aprobado quedó en primera lectura para discutirse este lunes en el pleno y, de haberse ratificado, pasaría a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los legisladores remitió la propuesta de nuevo a la congeladora del Senado.

Regularán deuda de estados y municipios

Antes, los senadores aprobaron por 85 votos a favor y 13 en contra la nueva ley con la que se pretende regular las deudas de estados y municipios.

Durante el debate, legisladores de PAN y PRD criticaron la reforma al considerar que es insuficiente, ya que las disposiciones no podrán frenar la contratación de créditos, evitar excesos o malos manejos ni garantizar la fiscalización.

En contraste, senadores del PRI y algunos panistas defendieron el dictamen al sostener que es un primer paso para colocar la lupa sobre la adquisición de deuda.

CDHDF pide respetar estándares

Previo a que el dictamen se quedara atorado en el Senado, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió un pronunciamiento en el que destacó que la creación, tanto de la Asamblea Constituyente como de la propia Constitución de la Ciudad de México, deben gozar “de plena concordancia con los más altos estándares en derechos humanos conocidos en la materia”.

En un comunicado, destacó la necesidad de ratificar la Constitución de la Ciudad de México por medio de un referéndum, para garantizar “el derecho a la participación más amplia posible de la ciudadanía y se refuerce el proceso cumplimentando lo marcado por los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la participación en asuntos públicos”.


La segunda medida necesaria, agregó la CDHDF, es incorporar “de forma explícita el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como la jurisprudencia dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las obligaciones de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Murillo Karam rechaza que la Policía Federal haya participado en ataque contra normalistas

MÉXICO, D.F: El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, negó que la Policía Federal esté involucrada en la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43, como publicó la revista Proceso en su edición 1989.

“No es cierto, absolutamente, no es cierto que la Policía Federal haya intervenido, hay muchas aseveraciones que no tienen sustento alguno” refutó el funcionario en entrevista con MVS Noticias.

El semanario Proceso publicó que la noche del 26 de septiembre la Policía Federal orquestó el ataque contra los normalistas, en complicidad con el Ejército.

En respuesta, Murillo Karam reviró: “No, al Ejército lo acusaron primero de que no se quiso meter y ahora ya lo quieren acusar que se metió”.


El funcionario aseguró que algunas personas “tienen interés” en que el caso no sea resuelto; a la vez, defendió que la PGR ha emprendido “una investigación muy profunda, muy grande y con muchas evidencias”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tribunal absuelve a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito

MÉXICO, D.F: El Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito, al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó que su fortuna provenga del erario.

La apelación 180/2013 fue resuelta el viernes pasado y este día será notificada tanto a Raúl Salinas de Gortari como a la PGR.

El periódico “Reforma” publica este martes que el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue absuelto de forma definitiva e inapelable de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos.

La PGR presumía que dicho capital provenía de la denominada “partida secreta” de la presidencia, de la que fueron desviados 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994.

En marzo pasado, el titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ordenó devolver a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, alrededor de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias que se mantenían congeladas desde hace 18 años.


Raúl Salinas de Gortari ocupó cuatro cargos durante los sexenios de Miguel de la Madrid y su hermano Carlos: en Conasupo fue gerente general de Diconsa; director general de Imconsa, y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo. De 1990 a 1992, durante el sexenio de su hermano Carlos, fue Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Programa Nacional Solidaridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

lunes, 15 de diciembre de 2014

Cárcel a despachos que intimiden a deudores: diputados

La Cámara de Diputados avaló con 338 sufragios a favor y 18 en 
contra, penas de cuatro años de cárcel y multas de hasta 300 mil pesos a los despachos que utilicen la intimidación y la violencia como manera de cobrar deudas mercantiles.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con reformas al Código Penal Federal, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó clasificar como delito el que los despachos realicen cobranzas extrajudiciales, con uso de violencia o intimidación, y establecieron sanciones que van de uno y hasta cuatro años de prisión y multas de 50 mil a hasta 300 mil pesos.

En un dictamen -aprobado con 338 votos a favor y sólo 18 en contra- los legisladores reformaron el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, a propuesta de la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Campeche.


El documento -que fue turnado al Senado para su ratificación- precisa que por "cobranza extrajudicial ilegal se entiende como el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos".

Dicho delito se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, indica. También señala que si como parte de la cobranza extrajudicial ilegal "se utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad". 

Plantea que, si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señaladas en el Código Penal Federal.

El dictamen señala que no se considerará como intimidación ilícita informar de las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

Explica que, "muchas veces, los despachos de cobranza incurren en medios ilícitos e ilegítimos como el engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación para el cobro de saldos vencidos, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho".

Asimismo, dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".


“Para que la protección constitucional surta efectos en los hechos, la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito mediante la existencia de un tipo penal respecto del cual se aplique la sanción respectiva por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible”, se precisa.

FUENTE: EL FINANCIERO.
AUTOR: VÍCTOR CHÁVEZ.

El informe del Ajusco (14 Diciembre 2014)

Mientras residentes denuncian la inseguridad y violencia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se basa en un informe interno para asegurar que las cifras de delitos de alto impacto han disminuido en esa zona este año, en comparación al 2013.

El reporte se titula “Tlalpan, delitos de alto impacto social”, contiene estadística pura de la incidencia delictiva en esta delegación y uno de sus apartados sostiene que en el Ajusco, lejos de incrementarse, los ilícitos han disminuido en esta zona integrada por los pueblos de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.

Luego de que las últimas semanas el Ajusco está en el ojo del huracán por casos de secuestro, homicidio e incluso la decapitación de un abogado, las dependencias encargadas de impartición de justicia en el Distrito Federal están contra la pared. 

A escasas horas de que la Policía Federal, la del Estado de México y del Distrito Federal inicien oficialmente el operativo en esta región de la zona sur de la capital, las versiones respecto a lo que ahí ocurre se contraponen: ciudadanos denuncian que el Ajusco está infestado de secuestradores y ladrones, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sostiene que de acuerdo a sus cifras, los delitos ahí van a la baja.

Pese a la polémica que despiertan esa aseveraciones, la PGJDF mantiene firme su postura de que la coordinación territorial TLP-2 (a la que pertenece el Ajusco) muestra una reducción del 5.7 por ciento; específicamente en el Ajusco (los pueblos de San Miguel y Santo Tomás) los delitos de alto impacto han disminuido en 15.16 por ciento en el 2014 respecto al 2013.

De acuerdo con el documento que posee Reporte Índigo, en ese lapso, el homicidio doloso bajó 21.9 por ciento; robo a transeúnte 29 por ciento; robo a casa habitación 63.6 por ciento; a transportista 87.9.

El robo con violencia a negocio bajó 63 por ciento; lesiones por arma de fuego 45.4, y el secuestro disminuyó 50 por ciento.

Pese a los números oficiales, el caso de los siete atletas y un asistente secuestrados el jueves 30 de octubre cuando realizaban una práctica en bicicleta en caminos del Ajusco reactivó la alerta roja de que en la zona operan bandas dedicadas al plagio.

Desde ese día, 30 de octubre de 2014, previo a la operación a corazón abierto a la que se sometió el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que puso en crisis al gobierno central, el tema de la inseguridad en la parte alta del Ajusco no ha parado.

A dicho evento se sumó el crimen de una estudiante con excelencia de la Facultad de Química de la UNAM, Anayeli Bautista Tecpa, y del abogado retirado del Ejército Mexicano, Álvaro Ezequiel Sánchez, quien fue decapitado en su domicilio. El tema del Ajusco se incendió.

En medio del escándalo, la PGJDF mantiene su postura a partir de las cifras oficiales del Ministerio Público, de que no es tal la alarma en materia de secuestros y homicidios.

Respecto al delito de secuestro, la Procuraduría capitalina reporta que en el 2013 se registraron en toda la delegación Tlalpan seis casos de plagio, mientras que en este año que está a punto de terminar tan sólo tres, lo que a la luz de las cifras frías arroja una disminución del 50 por ciento.

Sin embargo, cabe precisar que se trata de casos de secuestros reportados y atendidos por la PGJDF y no se tiene un cruce de los plagios que fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), como el caso de la estudiante de la UNAM, cuyo cuerpo fue localizado en la zona boscosa del Ajusco.

En materia de cifras, por frío que suene, el secuestro de Anayeli Bautisca Tecpa contabilizó en el ámbito federal y el homicidio para el Distrito Federal. De ahí lo cuestionable de las estadísticas.

El plagio a nivel nacional reporta un crecimiento en promedio anual del 23 por ciento; en contraparte, en el Distrito Federal se registra una tasa promedio de menos 7 por ciento al mes de octubre de 2014, reporta a su favor la Procuraduría capitalina.

Homicidio, otro factor

En materia de homicidio, avala el informe de la PGJDF, el homicidio doloso representa una disminución en 2013 con respecto al 2012 de 3.59 por ciento. Para el periodo de enero a noviembre del 2014 con relación al 2013, la merma es de 2.24 por ciento.

De manera histórica, el promedio diario de averiguaciones previas que se inician en la capital por homicidio doloso es de dos casos al día. 


En este rubro, las cinco delegaciones que concentran la cifra roja en materia de homicidios son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En la lista no aparece la delegación Tlalpan (Ajusco) como uno de los factores de riesgo a tomarse en cuenta.

Señalan a talamontes

Pese al “no pasa nada” de la Procuraduría capitalina, este miércoles arranca el operativo conjunto entre autoridades del Estado de México, Policía Federal y el Distrito Federal.

La semana pasada, elementos de la Policía de Investigación (PDI) fueron enviados a la zona para iniciar líneas de trabajo.

Encontraron que gran parte de los problemas los ocasionan grupos de talamontes provenientes del Estado de México, que se internan en la zona. 

Dichas bandas mantienen un pleito por 80 hectáreas de tierras de las que no se tiene definición si corresponden al DF o al Estado de México.

Según esta versión, estos grupos se encargan de sembrar el terror en los pueblos del Ajusco a fin de distraer la atención de lo que ocurre en las partes más altas, de donde bajan toneladas de madera cortada de manera ilegal.


Mientras esto ocurre, el jefe de Gobierno informó que en las próximas horas se instalaría un puesto de auxilio a la altura del kilómetro 22 de la carretera Picacho-Ajusco que conecta al DF con el Estado de México.

Otro operativo, más policías para la parte alta del DF mientras baja la marea roja que tiene al Ajusco en el centro de los reflectores.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Normalistas de Oaxaca repudian agresión de la PF en Chilpancingo

OAXACA, Oax: Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) bloquearon la carretera 190, precisamente en el Cerro del Fortín, en repudio al enfrentamiento que se registró la víspera entre elementos de la Policía Federal (PF) y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Cerca de la una de la tarde los normalistas bloquearon el Cerro del Fortín, precisamente en el crucero que forman la avenida Venus y Crespo con la calzada Niños Héroes, mientras que los maestros de la Sección 22 del sector de Valles Centrales realizaron su relevo en el plantón que mantiene el magisterio desde hace cinco meses en demanda de la aprobación de la ley estatal de educación.

Previo a ello, los inconformes retuvieron cuatro autobuses del transporte público y un camión de la empresa Bimbo, unidades que utilizaron para realizar el bloqueo carretero.

Tanto profesores como normalistas condenaron la agresión policiaca registrada el domingo 14 en Chilpancingo, al tiempo que exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Los normalistas, quienes cumplieron más de dos meses en paro indefinido, también bloquearon algunas calles del centro histórico, acción que generó caos vial.


Mientras que los maestros de la región de Valles Centrales, al relevar a los profesores de la Sierra y Mixteca, ampliaron el plantón a otras calles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

El renacer del SME

MÉXICO, D.F: El pasado 14 de diciembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cumplió 100 años de existencia, y está a punto de iniciar una nueva etapa: negocian con la Secretaría de Gobernación la posibilidad de operar las 34 plantas de generación de electricidad que tenía la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), incluidas sus fábricas y talleres.

En entrevista con Apro, Martín Esparza, secretario general del SME, hace un recuento de la lucha que han mantenido desde el 11 de octubre de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC a la fecha.

“Creo que lo hemos logrado. Contamos con una toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, fue entregada el 2 de octubre de este año. Logramos que en este proceso de la lucha liberaran a 12 compañeros que teníamos en la cárcel.

“Avanzamos en el reconocimiento de la antigüedad de 996 trabajadores que tenían 23 o más años para obtener su pensión vitalicia y hoy estamos en la mesa de negociación con Gobernación para alcanzar un acuerdo que permita reinsertar laboralmente a los trabajadores”, apuntó.

Esparza comenta que la generación de energía eléctrica dejó der ser una función estratégica con la aprobación de la reforma y de sus leyes secundarias, igual que la distribución y la comercialización.

El gobierno, dice, creó un organismo a través del Centro Nacional de Control de Energía para la Red Nacional de Transmisión y los trabajadores serían empleados de confianza sin derecho a prestaciones laborales.

Esa es, subraya, la nueva cultura laboral de este país.

Y ante ese escenario, prosigue, creemos que podemos alcanzar una negociación parcial.

–¿En qué consiste esa negociación?, se le pregunta.

–Tiene que ver con una combinación de empresas público-privadas. Capital social que es del SME. Decimos que las 34 plantas de generación de Luz y Fuerza podemos recuperarlas mediante una empresa de generación eléctrica, que pueda ser operada por los trabajadores.

Martín Esparza recuerda que 15 mil electricistas no aceptaron la liquidación y se mantienen en lucha después de cinco años.

“Todas las fábricas y talleres son áreas de oportunidades para abastecer el mercado nacional e internacional de productos y servicios. En este esquema que nos plantean (las autoridades) de una cooperativa se puedan incorporar actividades como la distribución, transmisión y comercialización. Si bien se van las van a concesionar a empresas privadas, podemos pujar por una concesión a partir de que tenemos un Registro Nacional de Industria”, dice.

Con ello, sostiene, el SME puede firmar con estas empresas contratos colectivos de trabajo en cualquier parte del país y con cualquier empresa del ramo. En este caso, compartió el nombre del europeo Consorcio Fénix, como una de las empresas con las que podrían llegar a un acuerdo.

El dirigente del SME confió en que antes de su asamblea por su primer centenario de vida puedan concretar la constitución de un esquema de empresa de generación eléctrica, incluida Necaxa, y con cooperativas en fábricas y talleres.

A la distancia, Esparza tiene claro que, con la extinción de LyFC, el gobierno “buscó acabar con las conquistas históricas de los trabajadores.

Es más, asegura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha sabido manejar a la extinta compañía, en parte por las corruptelas. Puso como ejemplo la zona centro del Distrito Federal, donde invirtieron mil 200 millones de pesos para cambiar la red eléctrica, pero aclara que es disfuncional.

“Tenían presupuestada una inversión de 300 millones de pesos en la red subterránea del Centro Histórico, pero tuvieron que invertirle mil 200 millones”.

Sobre lo que viene, el líder sindical cuenta que la Secretaría de Gobernación les presentó un esquema que evaluaron con la asamblea general y esperan próximas reuniones para alcanzar acuerdos concretos. La siguiente asamblea es el próximo miércoles 17

La extinción

El 11 de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC. El procedimiento no fue el adecuado: debió iniciarse con una mesa de negociación entre el gobierno y el sindicato sobre la decisión de liquidar; luego, terminar las relaciones laborales y comenzar el proceso de liquidación. Posteriormente, publicar el decreto y, en caso de que los trabajadores no estuvieran de acuerdo, resguardar las instalaciones.

Pero se hizo todo en orden inverso: en primer lugar, la policía intervino las instalaciones; luego, el gobierno publicó el decreto de extinción y comenzó a liquidar a los sindicalizados y a negociar con el SME, y, finalmente, dio por terminada la relación laboral con éste.

Por eso, el sindicato comenzó a desplegar acciones de resistencia, a las que se sumaron decenas de organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el PRD, campesinos, maestros, estudiantes y obreros.

El origen del conflicto

Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del SME en 2009– estuvo la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro (LFC), para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.

El plan se fraguó en julio de 1999: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.

En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.

Desde el 2000, el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: 2003, 2005 y 2007. Finalmente, el 16 de mayo de 2008 comenzaron los trabajos para la instalación de la red, pero el SME lo impidió.

El 30 de junio de 2009 el entonces director de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Jorge Gutiérrez Vera, y Esparza, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones. Presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LyFC cuenta con capacidad para operar la red.

El documento proponía un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.

En ese entonces, Esparza comentó que la utilización de este sistema con la infraestructura de LyFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LyFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.

Sin embargo, afirmó, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. (Proceso 1719).

El saldo de la extinción

Martín Esparza afirma que en los últimos cinco años muchos de los trabajadores liquidados han sufrido una merma en su calidad de vida y la de sus familias, unos porque han tenido que laborar en el sector informal y otros porque han enfermado. También tienen registros de extrabajadores con depresión y seis suicidios.

“A partir de que te quitan el único patrimonio que tienes, que es tu trabajo, con un nivel de vida que te permitía si no vivir holgadamente, sí con estabilidad”, dice.

Incluso cuenta que tras la extinción los trabajadores fueron “boletinados”. Cuando buscaban emplearse en otra empresa y ésta veía que se trataba de un extrabajador de LyFC lo descartaban.

“Ha sido una lucha de más de cinco años muy difícil. No enfrentamos a una empresa, sino a un gobierno. A un gobierno que no obedece a los intereses de los trabajadores ni de los mexicanos, que está obsesionado con acabar con los derechos humanos fundamentales de los electricistas, mineros, pilotos y sobrecargos de Mexicana, de todo mundo”.


En la actualidad, dice, todos los mexicanos tenemos al mismo enemigo: Una clase política gobernante que no tiene cultura y que obedece a los intereses de las multinacionales. Un escenario similar al de hace cien años, cuando nació el SME.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Oportunidad para la oposición

MÉXICO, D.F: Desde el inicio de la crisis de inseguridad detonada en diciembre de 2006, la receta ha sido exactamente la misma: concentración de atribuciones en las autoridades federales y uso de la fuerza pública; lo único que se modificó, con el cambio de sexenio y la alternancia en el Ejecutivo federal, fue el alcance de las iniciativas y la capacidad de sacarlas adelante.

Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto entienden que la creciente violencia e inseguridad es la manifestación más estrujante y cruel de la crisis del Estado mexicano, no su causa, y, por lo tanto, las soluciones a la misma no pueden concentrarse en el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, pues los eventuales avances (como sucede con la depuración de las policías municipales y estatales) son insuficientes y endebles.

A pesar de que la incidencia delictiva mantiene una tendencia alcista desde diciembre de 2006, como lo reconoce la misma iniciativa presidencial, cada vez que un evento especialmente grotesco y estrujante sacude a la opinión pública se recurre al mismo ritual: envío masivo de fuerzas federales a la entidad afectada, revisión de la legislación en la materia y presencia física intensiva del presidente y los miembros de su gabinete o, al menos, de estos últimos. Así ocurrió en Ciudad Juárez, tras la masacre de Villas de Salvárcar; en Monterrey, luego del incendio del casino Royale; en Michoacán, tras el surgimiento de las autodefensas; y, ahora, en Guerrero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aunque en el discurso se reconoce la necesidad de una intervención integral que permita reconstruir el tejido social y se anuncian cuantiosos recursos públicos para atender las más urgentes necesidades, los esfuerzos se centran en las fuerzas de seguridad, incluyendo desde luego el envío de elementos del Ejército y la Marina para realizar funciones policiacas. En ocasiones la incidencia delictiva muestra algunas señales positivas; en otras, no. Pero lo que es invariable es que de inmediato la violencia se exacerba en algún otro lugar, y los índices delictivos mantienen su tendencia alcista invariable.

La iniciativa de reforma constitucional que anunció el presidente el 27 de noviembre y que envió al Senado el 1 de diciembre va exactamente en la misma dirección: desaparición de las policías municipales; redistribución de las competencias en materia penal (nuevo eufemismo utilizado para continuar con el proceso de concentración de atribuciones en el gobierno federal), y hasta la posibilidad de desaparecer ayuntamientos y asumir directamente sus funciones por parte del gobierno federal (haciendo a un lado incluso a los gobiernos estatales).

Aunque los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión ya se comprometieron a trabajar intensamente para dictaminar y votar la iniciativa en el presente periodo de sesiones, lo cierto es que no parece muy claro que se pueda cumplir con dicho propósito, dado que las voces que se oponen a las medidas anunciadas son múltiples y todo indica que también determinantes para obstaculizar la aprobación de una reforma constitucional.

Ante la profundización de la crisis y las evidencias de su gran responsabilidad personal (por la clara violación de diversas disposiciones legales en materia de transparencia y responsabilidades administrativas, por lo menos), el presidente Enrique Peña Nieto decidió variar sustancialmente su forma de operar: En lugar de buscar el consenso previo, optó por presentar la iniciativa, presentarla como de su única autoría y buscar, una vez que se hizo pública, los votos necesarios para conseguir su aprobación en el Congreso de la Unión.

En el mismo acto en el que pronunció su mensaje se escucharon reacciones adversas a sus planteamientos y, una vez que se conoció el proyecto de reforma constitucional, las críticas crecieron. La oposición a la desaparición de las policías municipales y de los ayuntamientos ha sido casi unánime tanto de los actores políticos como de la sociedad civil. Sin embargo, todo parece indicar que el presidente y su equipo persisten en su intención.

Como se ha documentado ampliamente en Proceso (1968 y 1969), otra de las prácticas comunes para obtener los votos necesarios en el Congreso ha sido la compra de voluntades a través del otorgamiento de subvenciones ordinarias, extraordinarias y especiales, lo que permite a diputados y senadores más que duplicar sus ingresos. También ha sido evidente, aunque está menos documentado, el intercambio de favores con las cúpulas directivas de los principales partidos políticos de oposición, particularmente PAN y PRD.

Si el PRI y el presidente quieren lograr la aprobación de la reforma constitucional en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre, seguramente tendrán que pagar un costo más alto que en el pasado, entre otras razones por la oposición que despertó, por la severidad de la crisis y por la necesidad que tiene el gobierno de concretar sus propuestas mediáticas.

Por méritos propios la iniciativa carece de viabilidad, en la medida en que muchas de sus propuestas no tienen suficiente sustento (más allá de algún ejemplo de aplicación en algún país europeo, cuyas características son totalmente diferentes a las nuestras) e intenta solucionar sólo una de las manifestaciones de la profunda crisis en la que se encuentra sumido el Estado mexicano.

En estas condiciones, seguramente el gobierno de Peña Nieto estará dispuesto a pagar cualquier costo. Hoy la oposición tiene la palabra, pero lamentablemente ellos también son corresponsables de la grave crisis del Estado mexicano, en la medida en que han visto su apoyo electoral como una oportunidad de consolidar sus privilegios, prerrogativas y financiamiento.


El momento es crucial y determinante para el futuro político de México. Los legisladores y dirigentes de los partidos políticos de oposición tienen la posibilidad de asumir su responsabilidad histórica y obligar al gobierno a una auténtica reforma de Estado, que bien podría concretarse aprovechando la elección del próximo año para elegir a un Congreso Constituyente que revise integralmente la Constitución; o aprovecharse de su momento para seguir incrementando sus rendimientos económicos y partidistas, aunque esto los condene a su desaparición en un futuro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Retornan actividades en escuelas del área médico-biológicas del IPN

México, DF. Esta mañana alrededor de 12 mil de estudiantes de las escuelas del área médico-biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como 4 mil docentes y trabajadores administrativos retornaron a las actividades luego del paro de labores mantenido por el movimiento estudiantil.

Los alumnos de las escuelas Nacional de Medicina y Homeopatía y Superior de Medicina, ubicadas en las zonas Ticomán y Zacatenco, respectivamente, así como del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, regresaron a las aulas este lunes.

Asimismo, antes del mediodía de este lunes se hizo la entrega-recepción de las instalaciones de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. El acta fue suscrita por la directora del plantel Angela Ediberta González Juárez, maestra en Ciencias, quien realizó el primer recorrido por las instalaciones junto con los integrantes del consejo técnico consultivo escolar.

En esta primera revisión no se reportó ningún incidente y los salones se encontraban sellados. Esta escuela se encuentra ubicada dentro de la unidad del casco de Santo Tomás.

Todavía a las 19 horas, las autoridades del IPN y sus abogados esperaban que las escuelas Superior de Comercio y Administración, ubicadas en el Casco de Santo Tomás y en Tepepan fueran entregadas por la representación estudiantil.

Se prevé que esto ocurra en el transcurso de las próximas horas, según informaron en el IPN.

La entrega formal de las instalaciones la harían representantes estudiantiles de cada uno de los planteles, a un abogado designado por el Instituto, tras lo cual se realizaría un recorrido por las unidades.

Con estas dos que todavía están pendientes se llegaría a la totalidad de las 41 escuelas que estuvieron en paro por más de nueve semanas.

En tanto, los alumnos que hoy reiniciaron labores llegaron ataviados con sus batas blancas con escudos del IPN. Aseguraron sentirse "raros" tras 76 días de inactividad.

Señalaron que el retorno será "pesado" debido a la acumulación de materias y trabajos para ponerse al día. Sin embargo, apuntaron que el paro fue necesario para alcanzar los objetivos y demandas del movimiento.

El resto de las escuelas del IPN regresarán a clases del ciclo escolar que se vio interrumpido por el paro de labores el próximo 7 de enero.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Emir Olivares Alonso y José Antonio Román.

Reciben en México a Adán Cortés, expulsado de Noruega

México, DF. Familiares y simpatizantes de Adán Cortés recibieron en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al joven mexicano expulsado este lunes de Noruega tras manifestarse por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Al llegar a la ciudad de México, poco antes de las 20 horas, Adán Cortés señaló que "Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso".

Entre los presentes para recibir a Adán Cortés se encontraban sus padres y su hermano. Asimismo, jóvenes que llegaron con pancartas de apoyo al universitario con leyendas como la etiqueta #YaMeCansé y "El peor crimen es el silencio".

Adán Cortés padre y Mónica Salas, madre del joven manifestante universitario, dijeron que su hijo "levantó la cara por mucha gente" de México y sólo desean verlo y abrazarlo.

"Ha sido muy claro con sus declaraciones, siempre lo dijo, lo importante no somos nosotros, es el país", aseguró su papá.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: César Arellano García

Ayotzinapa ‘visibilizó’ alza en agresiones a mujeres activistas: ONG

MÉXICO, D.F: Activistas denunciaron un incremento de la violencia hacia mujeres defensoras de derechos humanos durante la administración de Enrique Peña Nieto, situación que ha sido visibilizada a partir de las movilizaciones de apoyo a familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En el marco de la presentación del reporte “Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en la República Mexicana”, Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM),  destacó que el caso Ayotzinapa “puso más al descubierto la situación de represión de las defensoras y las periodistas al momento de realizar su trabajo”.

García Quintanilla puntualizó que además del aumento de las agresiones, la administración de Peña Nieto se distingue por “obstaculizar las investigaciones de los casos registrados con anterioridad, pues se criminaliza con mayor énfasis a las mujeres, no se atienden como se debería las recomendaciones de protección ni las medidas provisionales o cautelares, dejando a las activistas y periodistas en la indefensión”.

Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos-México (RNDDHM), sostuvo que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el panista Felipe Calderón, puso en mayor riesgo a las mujeres que se encargan de defender a víctimas de abusos.

“El incremento de la violencia es tal magnitud, que es la explicación por la que surge la Red, lo cual no significa que las agresiones no hayan existido antes, pero ahora la labor de las defensoras no es sólo de acompañamiento a las víctimas, sino que también somos objeto de agresión sobre todo de agentes del Estado”.

Ávila destacó que los casos de mayor violencia contra las mujeres que trabajan con víctimas y en defensa de las comunidades se registran en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Veracruz y, recientemente, en el Distrito Federal, donde “hay preocupación por la agresiones y la criminalización de la protesta social”.

Paloma Estrada Muñoz, de la CIDHM, detalló que el informe de la violencia que sufren las mujeres defensoras incluye casos registrados en los últimos 14 años, en los que se reportaron 34 feminicidios, de los que ocho ocurrieron en Guerrero, siete en Chihuahua y cinco en la Ciudad de México.

Escobar Muñoz apuntó que, según encuestas aplicadas a defensoras en 13 estados del país, la principal fuente de agresión “la identifican como el Estado mexicano, seguido de cacicazgos, narcotráfico y paramilitarismo”.

Luego de señalar que las mujeres defensoras desarrollan su trabajo en ambientes de violencia en la comunidad e intrafamiliar, la activista apuntó que de las 66 acciones cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a personas en 16 entidades del país, “29 de las medidas son la protección de 87 mujeres”, 40 de ellas radicadas en Chihuahua, 14 en Chiapas y 10 en Oaxaca.

La investigadora señaló que 49% de las defensoras encuestadas admitió haber sufrido algún tipo de violencia, con 39.4% violencia psicológica; 27.5% difamación, 23.3% hostigamiento y 22.1% amenazas.

En el caso de las activistas que declararon haber sufrido intimidación gubernamental, en 16.3% registró persecución; 12.8% intimidación caciquil, 7% identificó a poderes fácticos, 5.8% a grupos de poder económico y 4.7% hostigamiento laboral.

Cabe destacar que 1.2% denunció el secuestro, tortura, desaparición forzada y desaparición forzada de un familiar.

El reporte presenta 17 recomendaciones, tres de ellas dirigidas a organizaciones, a la sociedad y a medios de comunicación, y el resto al Estado mexicano, destacando la primera en la que se exige a éste “agotar las investigaciones de las agresiones contra defensoras, que se mantienen en la impunidad”.


El informe, explicó la defensora, contó con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y el respaldo del Fondo Noruego de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.