El PRI detiene la aprobación de la ley anticorrupción en el Congreso

Serás hasta el próximo año cuando los legisladores mexicanos continúen con la discusión de las propuestas del presidente Peña Nieto sobre corrupción y seguridad.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el 27 de noviembre pasado 10 propuestas para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en México, una de ellas fue su respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, el periodo ordinario de sesiones terminó ayer sin su aprobación en el Congreso.

Los diputados no lograron acuerdo debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptó dar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones en “tiempo real”, de acuerdo con el diario Reforma.

En cuanto a las facultades de la ASF, “ahí todavía no hemos encontrado un consenso, pero, bueno, seguimos trabajando para encontrarlo”, dijo Fernando Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN). Agregó que si en los próximos días se concreta la redacción de un dictamen, se podría convocar a un periodo extraordinario para enero o bien, llevar la discusión a febrero de 2015, cuando inicia el siguiente periodo ordinario.

Aunque la propuesta del PAN planteaba que el órgano de fiscalización pudiera hacer revisiones durante y después del ejercicio fiscal –lo cual fue exigido por organizaciones civiles–, los diputados priistas argumentaron que dar esa facultad a la ASF implicaría tener “paralizado” al gobierno federal, por estar permanentemente fiscalizado, detalló Reforma.

El legislador Rodríguez Doval explicó que el Sistema Anticorrupción la forman un conjunto de dependencias, de instancias que se coordinan entre sí para prevenir, combatir y erradicar y sancionar la corrupción. “No necesitan que haya un órgano que las gobierne. No necesitan que esté el Presidente de la República tirándoles líneas de cómo tiene que ser la lucha anticorrupción, por eso nosotros no estamos de acuerdo en que existe ningún órgano de gobierno”, dijo.

Durante la discusión, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Miguel Alonso Raya, agregó: “del decálogo de Peña Nieto, la mayor parte, lo que tiene que ver con anticorrupción y lo de seguridad pública, no saldrá en este periodo”.

A su vez, el diputado priista Héctor Ramírez dijo que “el grupo parlamentario del PRI estuvo en el tema anticorrupción se emitiese en el periodo ordinario, nunca pensamos irnos más allá de él, lamentablemente no hubo los acercamientos debidos al final”.

Seguridad y corrupción, hasta febrero en el Senado 

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó diferir hasta el periodo ordinario que iniciará el 1 de febrero, el análisis y la eventual aprobación del paquete de reformas enviadas por el presidente sobre seguridad y combate a la corrupción.

Los coordinadores de las fracciones priista, perredista y panista anunciaron que el Senado abrirá en enero audiencias públicas con el fin de debatir esas reformas, para lo cual serán invitados funcionarios federales, especialistas en esa materia y representantes de la sociedad.

En rueda de prensa destacaron que los temas que se empezarán a procesar legislativamente a partir de febrero son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo modelo policial y la Ley Reglamentaria de la Fiscalía General, así como cambios en materia de procuración de justicia federal y local.

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, dio lectura al acuerdo que además señala se posterga para febrero la eventual aprobación de los cambios en el sistema de competencias en materias penal, de desaparición forzada y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Otros temas serán la “intervención federal el casos de crisis y seguridad por infiltración del crimen organizado, incluyendo blindaje de las instituciones políticas y los procesos electorales”.

Barbosa Huerta aseguró que el acuerdo de las fracciones políticas es que al inicio del periodo de sesiones, se presenten al pleno los dictámenes correspondientes a la brevedad posible.

Aunque manifestó su confianza en que la reforma política del Distrito Federal sea aprobada este lunes, reconoció que hay temas por resolver como si habrá una o dos Asambleas Legislativas para el tema de redacción de la Constitución para la capital, así como las atribuciones para las delegaciones políticas o nuevos ayuntamientos.

Aún hay posibilidades de que también en las próximas horas sea avalado el tema del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade), pero descartó algún acuerdo sobre el nuevo fiscal anticorrupción.

El líder de los panistas en San Lázaro, Jorge Luis Preciado, coincidió en que no se llegó a un acuerdo en ese tema debido a que el PRI en la Cámara de Diputados no legisló en la materia, por lo que no tendría facultades para un combate verdadero en ese tema.

Preciado Rodríguez destacó que el Partido Acción Nacional (PAN) comparte la preocupación del Ejecutivo federal en materia de seguridad.

“Las iniciativas del presidente de la República permiten caminar en la ruta de mejor impartición de justicia, pero por el tiempo no se lograron los consensos; pero ello no quita la posibilidad de avanzar en el tema del Mando Único”, entre otros rubros, añadió.


A nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón confió en que la reforma del Distrito Federal pueda aprobarse en esta misma sesión; “haremos esfuerzos para que salga”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jóvenes increpan al Gobernador de Chiapas; piden libertad a presos políticos

Ciudad de México, 15 de diciembre: El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, fue increpado por un grupo de jóvenes que le pidieron liberar a supuestos presos políticos en esa entidad.

“Libertad a los presos políticos de Chiapas”, gritaron los jóvenes mientras que el Gobernador se tomaba fotos con un grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre la calle Donceles, al término de la ceremonia en que el Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez al escritor Eraclio Zepeda.

“Ya los escuchamos”, respondió el mandatario estatal a los jóvenes que desde la ventana de un edificio contiguo a la antigua sede del Senado de la República le gritaban al unísono: “libertad para los presos políticos de Chiapas”.

El Gobernador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) levantó la mirada para responder a los jóvenes: “Con mucho gusto vamos a revisar de qué casos específicos se trata”.

En la sesión, el líder del Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, entregó la presea y un diploma a Zepeda Ramos, en reconocimiento a su trayectoria y “a los servicios que prestó a la Patria y a la humanidad”.

Al acto asistieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

También acudieron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Faschnat, entre otros invitados especiales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2014/1193885.

Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH

El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.

En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que  desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.

El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.

Se trataba  de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.

A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo  pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.

Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.

Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.

Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316,  la CNDH dice lo siguiente:

“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.

Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar.  Ahí continuaron los interrogatorios.

Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.

Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.

Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:

“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara.  Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.

La CNDH  concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.

El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno  o dos disparos a la altura del pecho.

El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.

Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado  21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.

“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.

No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.

Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.

Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveres fueron movidos  de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.

En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.

También destaca, por ejemplo,  que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.

La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.

Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.

Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.

“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”

De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.

VÍDEO:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS

AUTOR: REDACCIÓN.

Cita The Guardian a Proceso: “El gobierno federal supo en tiempo real del ataque a estudiantes”

MONTERREY, NL: El diario inglés The Guardian cita en su página de internet este martes el reportaje principal de la revista Proceso que revela que fuerzas federales participaron en el ataque contra normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.

En la nota publicada hoy con la firma de Jo Tuckman, ubicada en la Ciudad de México, se precisa que la información basada en documentos confidenciales desató el enojo público ante la insistencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de asegurar que las fuerzas federales no tienen responsabilidad por los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Hasta ahora, 79 personas han sido detenidas por el presunto homicidio masivo y todos están relacionados con una red de corrupción que involucra políticos y policías locales, así como miembros del cartel de la droga Guerreros Unidos, dice el reporte.

Padres de los estudiantes desaparecidos alegan de manera permanente que la policía debió saber lo que ocurrió durante el ataque y les reprochan su omisión al no defender a los normalistas procedentes de la comunidad de Ayotzinapa.

En su número 1989, Proceso publica el reportaje titulado “La otra noche de Iguala”, en el que los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher revelan, de acuerdo con documentos y testimonios presenciales, que la Policía Federal atacó a los normalistas, en complicidad con el Ejército.

The Guardian señala que los documentos publicados por Proceso dan cuenta detallada de los registros que llevó el centro de comando denominado C4 de los movimientos de los estudiantes, desde que dejaron la escuela en Tixtla y su travesía de dos horas a Iguala.

Según el semanario, el C4 informó al comando de la Policía Federal establecido en Iguala de la llegada de los jóvenes a la central de autobuses a las 9:22. Unos 20 minutos después, el C4 reportó del tiroteo, lo que desencadenaría la racha de violencia que duró horas.

De acuerdo con el reporte del diario británico, la periodista Hernández dijo a MVS Noticias: “Cuando vemos que el gobierno federal y estatal seguía am los estudiantes desde que dejaron la escuela en Ayotzinapa, se vuelve difícil pensar que todo lo demás que ocurrió fue un accidente”.

Según la nota de The Guardian, Enrique Galindo, comandante de la PF dijo que no hay evidencia que señale que los agentes participaron en los eventos del 26 de septiembre.

Los señalamientos de Proceso ocurren después de que un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México asegurara que es imposible que los cuerpos de los normalistas hayan sido calcinados de la forma en que lo describió el gobierno federal.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Por segundo día consecutivo, bloqueo en la Autopista del Sol en ambos sentidos

Manifestantes cerraron la vía a la altura de boulevard Chilpancingo, en el Parador Marques.

Un día después de que el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que no se permitirán bloqueos en la Autopista del Sol –que comunica el centro del país con el puerto turístico de Acapulco– , manifestantes cerraron esta vía en ambos sentidos, a la altura de la entrada a Chilpancingo, la capital de Guerrero.

“Blvd.. Chilpancingo, Parador Marques, presencia de manifestantes. Cierre a la circulación en ambos sentidos. Tramo no operado por @CAPUFE”, tuiteó Caminos y Puentes Federales esta martes 16 de diciembre.


El diario mexicano Milenio informó que el bloqueo es realizado por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes denuncian que cinco profesores se han negado a evaluarlos por participar en las protestas para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, tras un ataque policial en Iguala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Desde 2005, el gobierno evaluó y aprobó anualmente las condiciones del albergue de “Mamá Rosa”

A través del Programa de Coinversión Social, Rosa Verduzco recibió recursos federales y estatales porque, según los reportes, su albergue cumplía con lo necesario para mejorar la vida de grupos vulnerables.

El albergue de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, fue evaluado anualmente por el gobierno federal entre 2005 y 2013 para garantizar que en éste se impulsaran proyectos para mejorar la vida de grupos vulnerables.
A través del programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) el gobierno federal evaluó al albergue y le entregó recursos para diferentes proyectos que tenían el objetivo de dar una vida de “mayor confort” a los habitantes de la Gran Familia y que “pudieran ingresar de manera integral a la vida social de la que fueron excluidos”.

En ninguna de las evaluaciones realizadas en esos años —durante las gestiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— el albergue obtuvo una calificación reprobatoria y más bien se consideró que en la Gran Familia se contribuía a “mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y al cumplimiento de las metas del milenio”, así como a “evitar la discriminación y la exclusión”.

El 15 de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) ingresó al albergue en el que vivían 438 niños y 158 adultos y detuvieron a Rosa Verduzco y a sus colaboradores por ser presuntos responsables de malos tratos, abuso sexual y privación de la libertad.


Tras el operativo —que incluyó la participación del Ejército— las imágenes que muestran las condiciones insalubres en las que vivían los habitantes de la Gran Familia dieron la vuelta al mundo.

Actualmente, seis de los ocho colaboradores de “Mamá Rosa” están presos y enfrentan cargos de secuestro y trata de personas. Y aunque la PGR declaró en julio de 2014 que no podía imputar cargos a Rosa Verduzco por padecer un trastorno senil, un año antes el Indesol consideró que tenía la capacidad de coordinar un proyecto para “incrementar y garantizar una mejor calidad de vida” de los habitantes de la Gran Familia.

Los recursos que “Mamá Rosa” recibió del programa de Coinversión Social como representante legal de la Gran Familia ascienden a un millón 182 mil 286 pesos de parte del gobierno federal y 193 mil 344 del gobierno de Michoacán.

Y para acceder a éstos, el albergue se sometió a evaluaciones previo a la entrega de los recursos y a otras más tras el ejercicio de éstos, pues Rosa Verduzco cada año presentó un reporte sobre cómo el gasto cumplió con su función de mejorar la vida de los habitantes de la Gran Familia.

La calificación promedio que obtuvo en el periodo 2005-2013 previo a la entrega de recursos fue de 82.2 puntos, en un máximo de 100 y cuando el mínimo para recibir el dinero es de 70.

Pero en el puntaje posterior, tras el ejercicio del monto, la calificación promedio de la Gran Familia ante Indesol es de 98.16 puntos, en una escala del 0 al 100.


Los proyectos que año a año presentó Rosa Verduzco para participar en este programa —que se caracteriza porque con recursos federales y estatales se complementa la inversión que hace una Asociación Civil en beneficio de grupos vulnerables— tenían como objetivo “ingresar de manera integral a la vida social” a los habitantes del albergue.

En 2007, por ejemplo, se presentó el proyecto, “Renovando las condiciones de vida en la Gran Familia” cuya descripción y objetivos cita “equipar los dormitorios, el comedor comunitario y las aulas destinadas para la realización de diversas tareas con la finalidad de que 549 miembros de la Gran Familia tengan un descanso placentero, mayor confort para que puedan desenvolver sus actividades diarias con mayor entusiasmo, promover y reforzar su dignidad, lo que les permitirá ingresar de manera integral a la vida social de la cuál fueron excluidos”.

Indesol decidió que el proyecto y la Asociación Civil —la Gran Familia— cumplían con las condiciones para mejorar la calidad de vida de los grupos que atendía y autorizó la entrega de 120 mil pesos de recursos federales y el gobierno de Michoacán entregó otros 30 mil.

El último año que el albergue de Rosa Verduzco fue evaluado y participó en el programa de Coinversión Social fue 2013, cuando recibió 160 mil pesos del gobierno federal para “Mejorar los bienes y servicios de los integrantes de la Gran Familia, con la finalidad de incrementar y garantizar una mejor calidad de vida, la cuál redundará en el mejoramiento de los índices educativos, artísticos y musicales que se ofrecen a 429 niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de la vulnerabilidad social”.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregados tras una solicitud de información pública, fuera del programa de Coinversión Social en 2014 se autorizaron 500 mil pesos para la construcción de dos aulas en el albergue, de los cuáles, hasta el ingreso de PGR, se había entregado el 50%.


Por su parte, la Secretaría de Educación Pública indicó que en los últimos quince años no realizó “donaciones, entregas ni presupuesto asignado como parte del algún programa federal en el que haya estado inscrita la casa hogar La Gran Familia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVA.

Ante Peña Nieto, el senador Robledo pide a funcionarios transparentar bienes

El poder -dijo el senador perredista- no es patrimonio personal de los políticos, ni licencia de impunidad, ni patente de privilegios; habló durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Eraclio Zepeda.

La entrega de la medalla Belisario Domínguez, nombrada así por el prócer chiapaneco asesinado por no callarse ante Victoriano Huerta, fue el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto escuchara la solicitud, indirecta, de transparentar sus bienes.

El solicitante fue el senador chiapaneco Zoé Robledo, quien demandó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno presentar una declaración patrimonial en versión pública y una declaración de los impuestos pagados en los últimos cinco años.

(En una entrevista efectuada en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Edgardo Buscaglia señaló, a propósito del probable conflicto de interés en el caso de la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec: Un paso adelante sería “determinar toda la red patrimonial del presidente Peña Nieto; de él, familiares y asociados… en los últimos 10 años”).

-El poder no es patrimonio personal de los políticos, ni licencia de impunidad, ni patente de privilegios, dijo el senador Robledo tras de aludir a un cuento del escritor Eraclio Zepeda, quien recibió este año la medalla Belisario Domínguez.

“Empecemos ya, porque si no lo hacemos, abrimos la posibilidad de que las libertades sigan tutelando la impunidad y que la democracia se prostituya en el altar de las ganancias“, dijo, provocando los aplausos de las bancadas del PAN y PRD, y algunos del Presidente.

“Es hora de ponerle fin al fuero. Empecemos en nuestra casa, empecemos por los legisladores“, señaló.

El perredista hizo un llamado a sanear los mecanismos de acceso al poder para que no se haga política con dinero ni dinero con la política.


Robledo sostuvo que no puede haber democracia sin partidos políticos, pero no puede haber partidos sin la confianza ciudadana, sin representación efectiva y sin rendición de cuentas.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Rivera acreditó el pago de 130 millones de pesos o nos vamos a quedar en su dicho?”

Luis Manuel Pérez de Acha, abogado fiscalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, y Darío Ramírez, director de la asociación Artículo 19, pidieron al SAT que confirme si es verdadera la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos, hecha pública por Angélica Rivera.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió una solicitud para que confirme si es verdadera la información fiscal que hizo pública la esposa Angélica Rivera, la cual señala que en 2010 recibió un pago -por parte de Televisa- de 130 millones de pesos, expuso Luis Manuel Pérez de Acha, abogado de Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM, uno de los solicitantes.

En Noticias MVS primera emisión, indicó que con ello busca “reabrir el tema que la Presidencia señaló que se trataba de un caso cerrado”.

Apuntó que el asunto central es que el SAT confirme si Rivera acreditó esos 130 millones, “¿o nos vamos a quedar en su mero dicho?”, preguntó de Acha, en referencia al video en el que la esposa de Peña explicó cómo adquirió la llamada “casa blanca”.

No podemos hablar que es un caso cerrado, sostuvo el abogado. Su esposo es funcionario público, por lo que la protección de datos personales no comprende este caso, aseguró.

Luis Manuel Pérez de Acha dijo que aún hay sospechas de tráfico de influencias y corrupción en la compra de la “casa blanca”, por lo que urgió al SAT a que se transparente el tema.

“No estamos pidiendo al SAT información de la señora Angélica Rivera, ella subió a internet su declaración de impuestos de 2010, no me puedes decir que es secreto lo que ahora es público… generó suspicacia que haya recibido 130 millones de pesos, por un contrato de exclusividad, (incluso) hubo escarnio en redes sobre cómo era posible que se le hubiera pagado esa cantidad, esa sospecha la traducimos al campo legal, fiscal, de los impuestos”, expuso. 

“Si ella recibió un pago de 130 millones de pesos, la empresa que los pagó tuvo que realizar retención de 13 millones de pesos, 10 por ciento de honorarios pagados… (hasta ahora) no muestra constancias de retención”, mencionó.

“¿Acreditó esos 130 millones o nos vamos a quedar en su mero dicho?, ese es el punto neurálgico, se escudó en ese pago para justificar el origen lícito de su riqueza”, sostuvo.

Lo único que piden al SAT es que diga si es correcto o no lo dicho por la señora, acotó.


El abogado refirió que “definitivamente no cuadra… que sea verdadero el pago de 130 millones”. Y señaló que Rivera puede demostrar que sí hubo tal pago, si muestra las constancias de retención por parte de la empresa.

VÍDEO:



Comunicado de Prensa Solicitud SAT AR Final1:

  Comunicado de Prensa Solicitud SAT AR Final1

Declaración 2010 AR:

  Declaración 2010 AR

Petición SAT Con Sello:

  Petición SAT Con Sello

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Auditor de la Federación explica porqué no investiga compra de la “casa blanca”

La Auditoría Superior de la Federación no cuenta con la competencia para fiscalizar la adquisición de la llamada "casa blanca", pues es una operación comercial "entre particulares", señala.

El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, explicó los motivos por los que no puede investigar la compra de la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera.

En una carta dirigida a la periodista Carmen Aristegui, el funcionario precisa que la Auditoría Superior de la Federación se encarga de revisar la aplicación de los recursos públicos federales, por lo que “operaciones comerciales entre particulares no forman parte de nuestro ámbito de actuación”.

Portal estableció que ”mi opinión personal no puede orientar mis decisiones como funcionario público; éstas deben circunscribirse a lo que indica la ley…”.


La semana pasada, el auditor comentó que “hasta ahorita el tema de casa blanca es un asunto de particulares, quien le compró y quien le vendió, la señora no es servidora público, aunque maneja recursos, eh, pero en fin.Una vez que nosotros pudiéramos tener facultades para hacerlo, quizá pudiéramos revisar, quizá, el procedimiento de licitación para lo del tren y el conflicto de interés que se liga. Lo de la casa no salieron recursos públicos”.

Aristegui by Aristegui Noticias:

  Aristegui

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El ‘edén’ de Núñez

El actual gobernador perredista prometió acabar con los excesos de su antecesor Andrés Granier en la residencia oficial. Pero hoy en la Quinta Grijalva el séquito de empleados que atienden a la pareja sigue siendo excesivo y costoso.

Durante el mandato en Tabasco del priista Andrés Granier, la Quinta Grijalva fue el símbolo de la corrupción que imperó en su gobierno.

Ahora que el estado está en manos del perredista Arturo Núñez, la residencia sigue siendo un lugar en el que se despilfarran los recursos de Tabasco sin rendir cuentas a nadie.

Los gastos relacionados con la residencia oficial del gobierno de Tabasco en el sexenio de Granier, formaron parte de la acusación que de desvío de recursos públicos que tiene hoy encarcelado al exmandatario priista.

La administración de Granier gastó miles de pesos en velas aromáticas, banquetes, vinos, toallas y regalos, según documentó la asociación ecológica Santo Tomás.

En su momento se presentaron comprobantes por los cuales el gobierno de Tabasco pagó 100 pesos por un kilo de cebollas.

El mantenimiento de la Quinta Grijalva – que contaba con un zoológico de animales exóticos- rondaba por los 30 mil pesos diarios.

Con la llegada de Núñez al gobierno de Tabasco hace dos años se esperaba que estos excesos terminaran.

El primer militante del PRD en llegar al gobierno hizo un compromiso público para reducir los gastos referentes a la Quinta Grijalva.

“Definitivamente no necesitamos un séquito como el que se tenía antes. Se tendrá nada más lo necesario”, aseguró.

Fue entonces que el mandatario perredista ordenó llevar a cabo una reducción del personal que estaba asignado a la Quinta Grijalva.

En el primer año de su mandato, el personal que laboró en la mansión –de acuerdo a una información solicitada por transparencia– ascendió a 62 personas entre guardias, servidumbre y limpieza.

Con esa decisión, Núñez se desmarcaba de su antecesor el polémico Granier.

Pero este año inexplicablemente el personal que trabaja en la Quinta Grijalva se duplicó para pasar a 123 empleados, de acuerdo a la información que proporcionó la administración de Núñez.

En la residencia oficial del gobierno de Tabasco reside solamente el actual mandatario y su esposa Martha Lilia López Aguilera.

Los 123 empleados que tienen a su servicio no es muy diferente a los 150 que tuvo el priista Granier.

El séquito de la Quinta Grijalva regresó.

Opacidad en torno a la Quinta

¿Cuánto cuesta con Núñez el mantenimiento de la mansión oficial?

No se sabe.

Los gastos que implica la operación de la Quinta Grijalva, bajo la gestión del perredista Alfredo Núñez, no se pueden saber por la opacidad con la que el gobierno de Tabasco maneja esta información.

La Secretaría de Administración del estado contestó de manera incompleta dos solicitudes de información que requerían los gastos erogados por la administración de Núñez por la operación de la Quinta Grijalva.

La petición informativa solicitaba copias de los comprobantes fiscales que amparan el uso de la Quinta Grijalva durante los primeros dos años de Núñez.

La Secretaría de Administración, a cargo de Amet Ramos Troconis, un funcionario cercano a Núñez, solo entregó copias de los recibos de luz y agua que se pagaron por la Quinta Grijalva durante el año 2013.

La respuesta por los gastos requeridos en el 2014 solo incluyó el pago de los recibos por el suministro de energía eléctrica.

“Parece un gobernador muy eléctrico o muy corriente”, bromea José Manuel Arias, coordinador de la asociación Santo Tomás, que interpuso la solicitud de información sobre los gastos de la Quinta Grijalva.

Reporte Indigo publicó ayer que el gobierno del perredista Arturo Núñez ha sucumbido tras dos años de gestión por los escándalos de corrupción y la ola de inseguridad que azota esta entidad del sureste mexicano.

Falla el reto histórico

La gestión de Arturo Núñez no ha estado a la altura del reto histórico que representó en el 2012 la llegada del primer gobierno de izquierda al poder del estado natal de Andrés Manuel López Obrador, líder opositor en México.

Núñez tomó protesta hace dos años como gobernador en un ambiente de esperanza y de ilusión por parte de los habitantes de este estado cansados y hartos del saqueo que hubo en el sexenio del priista Andrés Granier, actualmente preso en la Ciudad de México acusado de desvío de recursos.

Pero hoy, dos años después de la llegada del PRD a Tabasco, lo que existe entre los tabasqueños es un arraigado sentimiento de decepción por el desempeño de Núñez como mandatario y el de sus colaboradores.

Casos como el de la Quinta Grijalva es un ejemplo.

Pero también la entrega de apoyos sociales que lleva a cabo el gobierno de Tabasco se lleva a cabo con sesgo político y partidista.

El Gobierno de Tabasco no entrega recursos a organizaciones de la sociedad civil, a excepción de las que son promovidas por sus amigos y aliados políticos.

En el 2015 -que será año electoral en Tabasco- la asociación civil Pobladores A.C. recibirá un donativo de 60 millones de pesos de parte del gobierno de Tabasco para la construcción de vivienda para personas que viven en marginación.

Un apoyo que no sería polémico si no fuera porque esta organización está vinculada con la diputada local del PRD y aspirante a la alcaldía de Macuspana, Verónica Castillo Reyes.

Gracias a sus gestiones, la legisladora perredista logró que la administración de Núñez incrementará el próximo año la partida de 12 millones de pesos que recibió este año para la construcción de viviendas en zonas marginales de Tabasco.

Con 60 millones de pesos, el plan para el 2015 es ampliar la entrega de apoyos para la construcción de vivienda de 3 a 14 municipios de Tabasco.


Los apoyos para la construcción de vivienda entregados a la asociación de la legisladora perredista se entregaron a pesar de que en Tabasco opera un Instituto para la Vivienda que se dedica a la construcción de casas.

Este año el gobierno de Tabasco firmó un convenio con esta asociación civil para canalizar estos recursos que son de partidas federales.

Los recursos son canalizados a través del programa Casa Amiga, que maneja la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco para entregar los subsidios federales en materia de vivienda.

“La Secretaría donará recursos hasta por un monto de 12 millones quinientos mil pesos a la asociación con el objetivo de llevar a cabo las 420 acciones, con una aportación de $29,762 por acción en los municipios de Tacotalpa, Jonuta y Centla, establecidos en el anexo de ejecución técnica”, señala el contrato del cual Reporte Indigo tiene una copia.

En el convenio se fija un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para la aplicación de los recursos y para el cumplimiento del contrato.

Pobladores A.C. se presenta como una organización civil interesada en promover el desarrollo comunitario para la construcción de viviendas.

El convenio no está firmado por la diputada del PRD, Castillo Reyes, sino por Cristina Virginia Almazán Villalobos, quien en el documento aparece como representante legal de la organización desde el 27 de julio de 2012.

Sin embargo, la legisladora del Sol Azteca no tiene reparo en respaldar públicamente esta organización y ostentarse como representante en el estado de Tabasco.

Según el currículum de la legisladora, disponible en la página del Congreso, Castillo Reyes fue coordinadora de Pobladores A.C. entre el 2009 y 2011.

Por parte del Gobierno de Tabasco el convenio está firmado por la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza María Virginia Campero Calderón Gutiérrez.

Tabasco –a diferencia de otras entidades del país- no tiene una ley que regule la entrega de apoyos económicos a organizaciones no gubernamentales.

También carece de convocatorias públicas para que las Ongs presenten sus proyectos.

“Con Núñez queda demostrado que solo hay recursos para los amigos”, reclama Arias Rodríguez. “Imagínate esa señora (la diputada local del PRD) caminando entregando casas en pleno año electoral”.


En Tabasco no hay un fundamento legal para la entrega de recursos públicos a terceros, reclama el activista.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Pagan fiesta con el erario

La voz de la asistente administrativa del Instituto de la Juventud de Monterrey, pidiendo sea inflada una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos en botellas de alcohol, deja en evidencia el desvío del dinero público por parte de la dependencia.

Las nuevas generaciones de funcionarios públicos dicen venir con muchos bríos, pero en el Instituto de la Juventud de Monterrey, es para aplicar arcaicas y habituales prácticas de corrupción.

Una grabación en poder de Reporte Indigo prueba a una empleada de la dependencia, pidiendo inflar y alterar la descripción de una factura, para comprobar los gastos de un evento y la compra de botellas de whisky.

“Entonces igual, lo que puedes hacer es que pongas que era una animadora, más aparte el grupo y el sonido; para que más o menos, igual y para que te dé, tipo, son 28 (mil) y el IVA, pues va, o algo así ¿no?, son 30 (mil) más el IVA.

“Pues la factura se supone que había sido para lo de tomar, de que las botellas de whisky y así, lo que era, el descorche, me supongo que eso se los debieron de haber cobrado ahí, un DJ (disc jockey) y un grupo”, dice la voz de Eileen Michelle Ríos Torres en el audio, quien se desempeña como asistente administrativo de el Instituto de la Juventud Regia.

Aparentemente la conversación telefónica es de ella con algún proveedor, a quien está solicitando una factura para poder comprobar la cantidad de 30 mil pesos del erario municipal.

El monto fue gastado en un evento en el Hotel Ancira, localizado en el centro de Monterrey y al que asistieron los miembros de la dependencia, sin un motivo oficial aparente.

Eileen Michelle, a quien sus compañeros la conocen sólo como “Michelle”, pedía a su interlocutor, agregar en la descripción de la factura, que en la fiesta contaron la presencia de un comediante.

Según las leyes de transparencia, los gobiernos de todos los niveles están obligados a que, junto con la justificación de gastos, sean agregadas fotografías.

Es decir, si un municipio compra cobertores para donar a la población, éstos deben ser fotografiados, y las imágenes agregadas a los recibos del gasto.

Este grupo de jóvenes no hizo lo propio y Michelle solicitó que en la factura se reportara que se contrató el servicio de sonido e iluminación, y que acudió una animadora, quien en realidad es una compañera que en la fiesta, se levantó a cantar. 

Describe a la supuesta animadora como Fabiola y que también labora en el Ayuntamiento de Monterrey.

Que sería utilizada una fotografía con su imagen, porque era la única con la que contaban.

“Sí, ponle sonido, iluminación, este, la comediante Faby y el grupo. Aplica, sí, al cabo que de todos modos, este, no se le ve la cara muy bien que digamos.

“Pues de hecho sale en la foto cantando con el grupo, pero no sé si la podamos aplicar como tal, al cabo que de todos modos Fabiola está aquí, pero no se le ve su cara así bien, bien, bien. 

“¿Estás de acuerdo?, pero nada más es una foto y la puedes poner como que ella es la animadora ¿va? y sí jala, este.

“Pero si nos piden más fotos, pero no hay nada de fotos, nada. Nada más está ésa, porque Fabiola la subió porque estaba cantando y hay otra en donde sale Héctor y Fabiola Cantando, que dice Paloma que la tiene, pero yo ya las busqué, ya las buscamos y no están”, detalla el audio con la voz de la asistente de la Coordinación Administrativa. 

También pedía que se señalara la presencia de un DJ, que ella misma admite no haber visto.

“Solamente tenemos una foto de ese grupo, porque las comidas estaban dentro del Ancira, el DJ, yo no me acuerdo de haber visto ningún DJ y se supone que era para amenizar”.

Pretendiendo robustecer más la falsificación, consideró aparentar un evento de premiación “Pero igual y si tú puedes meterle, de que hubo premia... no, premiación no, porque necesitamos tener así como que, algo que avale eso”.

Cuando la Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, tomó protesta de los secretarios de su gobierno, anunció un plan anticorrupción para terminar con la impunidad.

Dijo que de presentarse un caso de corrupción, el funcionario que incurra en alguna ilegalidad, saldría de su administración.

La grabación denota que el departamento de administración del Instituto, buscaba a toda costa justificar el gasto de los 30 mil pesos en botellas de whisky y en la realización de una fiesta particular.

Se cuidaron de no tomar fotografías para no dejar evidencia del desvío de recursos.

Pero la pretensión de no querer dejar evidencias de dicha reunión, llevada a cabo con el gasto público, metió en aprietos a la joven administradora, al necesitar de dichas pruebas para justificar el egreso.

“De que se vea ahí a alguien platicando, pues estaría también súper bien, porque la verdad nadie, nadie de los nadie, tomó fotos, ya pregunté por todo el instituto y ya lo único que tenemos es eso”.

El hecho de que la fiesta se haya llevado a cabo en el Hotel Ancira, limitó a la joven para mentir en la contratación de servicios “En un Ancira, claro que no te van a dejar que metas algo que es Lounge ni nada, porque se supone que ellos cuentan con todo eso”.

La conversación concluyó en que la persona que le expediría la factura, simularía que el evento duró todo el día y que la animadora prestó sus servicios durante varias horas, para ajustar la cantidad de 30 mil pesos que pretendía demostrar.

Dentro del Instituto existe una red de jóvenes que practican el nepotismo, compadrazgo y favoritismo.

Dice gastar dinero de su bolsa en viaje

Por Félix Córdova

El director del Instituto de la Juventud Regia negó haber viajado con dinero del erario a las playas de Puerto Vallarta.

Al buscar a Alejandro Armendáriz, éste negó los hechos.


“Yo estuve en una reunión nacional convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional en Morelia”, dijo.

Reporte Indigo dio a conocer que el director y empleados del Instituto de la Juventud Regia, viajaron a una fiesta en Puerto Vallarta con recursos municipales.

El joven funcionario argumentó que tras su viaje a Morelia, se trasladó con sus propios recursos a Puerto Vallarta.

Alejandro Armendáriz aseguró que en el Instituto no se permiten los compadrazgos, pese a las diferentes relaciones que hay en el órgano.

Que personal del Instituto de la Juventud de Monterrey haga uso de dinero público para realizar viajes personales, ayer no fue tema de prioridad para el PAN estatal.

El desvío de recursos públicos del personal del Instituto de la Juventud de Monterrey, no fue un tema de importancia para el PAN estatal.

Desde las primeras horas de ayer, se solicitó la opinión del dirigente del albiazul en Nuevo León, José Alfredo Pérez Bernal,  pero prefirió no emitir declaraciones.

Para conocer la postura acerca de que los empleados del ayuntamiento panista, presidido por Margarita Arrellanes, utilicen el dinero del pueblo para divertirse, se pidió hablar con Pérez Bernal.

A las 10:13 horas, su enlace de comunicación, Tere Durán prometió que sería concedida una entrevista en el transcurso del día, sin especificar la hora.

El representante del PAN fue buscado nuevamente a las 12:32, pero se justificó diciendo que se encontraba en junta.

Se desconoce si Acción Nacional aplicó alguna sanción a los jóvenes funcionarios de Monterrey, quienes son militantes de ese partido.

Alejandro Armendáriz viajó acompañado por personal de la dependencia, para asistir a una despedida de soltero, como quedó demostrado en diversas fotografías publicadas por este medio.

En este órgano también se practica el compadrazgo. Jesús Quintanilla, Coordinador Administrativo, es hermano del Jefe de Vinculación Empresarial de la misma dependencia, Braulio Quintanilla.

Paloma del Carmen Gutiérrez, se desempeña como promotora y es sobrina de la regidora María del Consuelo Hernández Becerra.


Otra vínculo en el Instituto de la Juventud Regia, es la relación de noviazgo entre María Elena de la Cerda López, Jefa de Comunicación y el Coordinador Administrativo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.

Diputados exigen que Sedena y PGR aclaren participación de militares en ataque a normalistas

MÉXICO, D.F: Diputados federales exigieron la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, para que aclaren la participación de militares y de elementos de la Policía Federal (PF) en el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, como reveló el semanario  Proceso en el número que está en circulación (1989).

Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y José Luis Muñoz, ambos del PRD, entregaron a la presidencia y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la petición, en la que también demandan la comparecencia del titular de la PF, Enrique Galindo Ceballos.

Los legisladores también solicitaron que se haga pública toda la información sobre los hechos registrados el 26 de septiembre pasado, con “el fin de aclarar verdadera y puntualmente a la población mexicana lo acontecido y las investigaciones realizadas en torno a tales hechos”.

Alavez Ruiz y Muñoz Soria dijeron que la información revelada por la revista Proceso “pone en entredicho la versión oficial” que dio el procurador Murillo Karam, en el sentido de que fueron policías municipales de Iguala y Cocula los que atacaron y entregaron a los 43 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos integrantes se encargaron presuntamente de asesinarlos, quemarlos y triturar sus restos y esparcirlos en el río.

Los diputados detallaron que “a través del reportaje ‘La verdadera noche de Iguala’, de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, y basado en testimonios, audios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales”, el semanario evidencia “que la agresión contra los normalistas fue orquestada y ejecutada por la Policía Federal con la complicidad o franca colaboración de elementos del Ejército Mexicano”.

Los hechos incluso, añadieron, fueron conocidos en tiempo real por el gobierno federal desde que los normalistas salieron de Ayotzinapa hasta la primera agresión, cuando tres de ellos murieron y 43 más desaparecieron, pues eran “monitoreados” por agentes de las administraciones estatal y federal, tal como lo revela un reporte del gobierno de Guerrero fechado en octubre –obtenido por Proceso– y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes.

En el informe se “reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo destacó que los normalistas partían de Ayotzinapa hacia Iguala. A las 20:00 horas, elementos de la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21.22 horas, el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera, y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”.

Los legisladores recordaron que, aunque la Fiscalía General de Guerrero pidió desde el 28 de septiembre a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26, los registros de entrada y salida del personal de su base de operaciones y el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre, la dependencia encabezada por el comisionado Enrique Galindo eludió entregar esa información, según la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014.

Alavez y Muñoz Soria detallan que el reportaje de Proceso pone en duda la versión oficial difundida por la PGR, al establecer que el ataque y desaparición de normalistas de Ayotzinapa fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno es integrante del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y diez eran del Comité de Orientación Política e Ideológica.


Por ello, “además de pedir la información en su poder a los mencionados funcionarios y su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”, Muñoz Soria y Alavez Ruiz solicitaron a la CNDH investigue “cómo la PGR tomó las declaraciones a los presuntos testigos y denunciantes de los hechos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Dan formal prisión a socio del extesorero de Granier

VILLAHERMOSA, Tab: Martín Alberto Medina Sonda recibió hoy auto de formal prisión como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez Primero de lo Penal, Antonio Trinidad Estrada, determinó dejar formalmente preso al presunto socio de José Manuel Saiz Pineda, tesorero del exgobernador priista Andrés Granier Melo, relacionado con el aseguramiento de 8 millones de pesos en efectivo en noviembre de 2007 dentro de una avioneta en el aeropuerto de Mérida, Yucatán.

El gobierno del estado vincula ese dinero al “saqueo” de Tabasco presuntamente operado a través de diversas empresas que constituyeron Saiz Pineda y Medina Sonda para “lavar” miles de millones de pesos.

Medina Sonda fue arrestado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) el 13 de octubre anterior en Cancún, Quintana Roo.

Tres días después, fue recapturado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en cumplimiento a una orden decretada por el juez tercero penal de Tabasco por el delito de sustracción de menores.

El socio del extesorero de Granier andaba “en calidad de procesado y prófugo de la justicia por el delito de sustracción de menores, quienes estaban bajo el cuidado y custodia de la madre”, informó la PGJ.


Medina Sonda ingresó al Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) el 17 de octubre, y el miércoles 10 rindió declaración preparatoria por lavado de dinero, nuevo delito que le imputa la PGJ.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN

Ayotzinapa: el misterioso “capitán Crespo”

MEXICO, D.F: Junto con el derrumbe de la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición y exterminio a lumbre de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el amarre de la hipótesis sobre la participación de la Policía Federal y del Ejército en este crimen que implica al Estado, un personaje es clave en la trama: El “capitán Crespo”.

El “capitán Crespo” es a quien un tal “cabo Gil”, supuesto lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado –presunto líder de Guerreros Unidos–, señaló como uno de los militares vinculados al narcotráfico, según escribió en una manta colocada en Iguala el 30 de octubre y dirigida a Peña, en la que aseguró también que los normalistas “están vivos”.

El “capitán Crespo” es también el militar que se presentó la noche de la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, en la comandancia de la policía de Iguala, a donde supuestamente habían sido llevados los jóvenes, según la versión del procurador Jesús Murillo Karam, puesta en entredicho en muchos de los aspectos con información rotunda.

El “capitán Crespo”, de acuerdo con el reportaje publicado por el semanario Proceso firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, llegó acompañado de 12 militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en ese municipio de Guerrero, según la declaración ministerial del juez de barandilla de la base de la policía municipal de Iguala, Ulises Bernabé García.

“Crespo habló con el juez de barandilla, Ulises Bernabé García, y con el pretexto de buscar ‘una motoneta blanca’ se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los estudiantes les pareció más sospechosa”.

¿Quién es ese misterioso “capitán Crespo”? Es el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, adscrito efectivamente al 27 Batallón de Infantería y asiduo asistente a las ceremonias públicas del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez.

El capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, aparece en numerosas fotografías oficiales del ayuntamiento de Iguala junto al alcalde preso, pero también junto al jefe de la policía, Felipe Flores Velázquez, preso también por supuestamente estar coludido con Guerreros Unidos.

Por ejemplo, el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, asistió, el 6 de noviembre de 2012, a la presentación del libro “Sismos y Espacios Seguros”, del geólogo Jesús Lara Castrejón, junto con Abarca Velázquez y otros miembros del ayuntamiento.

Ese mismo día el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, participó, junto con el alcalde Abarca Velázquez y Flores Velázquez, en el sorteo del Servicio Militar Nacional.

La versión del gobierno de Peña es que el Ejército y la Policía Federal no intervinieron en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero el reportaje de Proceso de esta semana acredita que no sólo fueron omisas estas dos instituciones, sino que el ataque a los jóvenes fue orquestado y ejecutado, en efecto, con su complicidad o franca colaboración,

Y ahí el “capitán Crespo”, que en realidad es el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José

Martínez Crespo, es un personaje clave que está obligado a hablar, no a amenazar ni a proferir bravuconadas como sus jefes militares y civiles…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.