MEXICO, D.F: La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del matrimonio formado por el exedil de Iguala, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda Villa, pues se presume que su fortuna proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia también requirió el congelamiento de las cuentas bancarias de otras personas, particularmente de quienes han sido señaladas de tener algún vínculo de negocios con los Abarca y algún grado de participación en los sucesos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, donde murieron seis personas y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Pineda Villa fue notificada por un juez federal de la petición que realizaron en su contra los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
Lo propio hizo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encabezada en estos momentos por Rodrigo Archundia Barrientos, extitular de la SEIDO, quien pidió el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias bajo el supuesto de que el dinero tendría su origen en el crimen organizado.
El matrimonio, conformado además por tres hijos –dos mujeres de 24 y de 17, y un varón de 14 años–, aparte de las cuentas bancarias que la PGR solicitó congelar, poseía bienes mucho antes de incursionar en la política: su casa ocupaba varias parcelas de muros altos, alambre de seguridad y cámaras de vigilancia, lo que la hacían contrastar con el resto de las viviendas.
Hace seis años mandaron construir un centro comercial de cuatro hectáreas que costó unos 300 millones de pesos.
Según la PGR, las considerables propiedades y negocios del matrimonio Abarca-Pineda están a nombre de José Luis Abarca Velázquez, de su esposa, de sus hijas Yazareth y Yitzel, así como de otros familiares.
En Guerrero el matrimonio Abarca es dueño de 31 inmuebles, entre casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. En el Distrito Federal posee 10 propiedades localizadas en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Cuauhtémoc. Y en Tlaxcala también posee una casa.
Además, hay propiedades relacionadas con Mario y José Alberto Pineda Villa, hermanos de la esposa de Abarca Velázquez, considerados como operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
Otros inmuebles están a nombre de una hermana de María de loa Ángeles Pineda, de sus padres y de su primo Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala aún prófugo de la justicia.
En Iguala, entre otros inmuebles, destacan ocho en la colonia Centro, entre las que sobresale un edificio en donde son dueños de cinco departamentos.
Otras tres propiedades se localizan en la colonia Jacarandas. Dos están a nombre de José Luis Abarca y la otra a nombre de su esposa y de su hija Yazareth Liz Abarca.
Una propiedad que se localiza en el número 8 de la calle de Roble semeja un búnker y su construcción sobresale del resto de las casas localizadas en esa misma calle.
Adicionalmente, José Luis Abarca tiene propiedades en las colonias Juan N. Álvarez, 20 de Noviembre, Rubén Figueroa, Renovación Ampliación, Villa Guadalupe y Lomas de los Coyotes.
En la colonia Vicente Guerrero tiene dos propiedades; en la colonia Los Tamarindos, un inmueble y cuatro departamentos que se localizan en un solo edificio.
Asimismo, es dueño de las firmas Grupo Empresarial Abarpin SA DE CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación, y de Asociación Yozy’s SA de CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y construcción de casas-habitación y desarrollos comerciales.
El exalcalde también es dueño de la Universidad Benemérito de las Américas, de Iguala, y propietario de un terreno de siete hectáreas en donde pensaba construir un complejo comercial. Aparte, es socio de Arizmendi Pérez Miranda y de la empresa Galaxy Gamers SA de CV.
Por último, José Luis Abarca es dueño y socio de 13 establecimientos ubicados en el centro joyero de la ciudad de Iguala, así como de un terreno utilizado como estacionamiento público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este día la Oferta Pública de Infraestructura (OPI) que obliga a Televisa a compartir su infraestructura pasiva en radiodifusión a otros operadores de televisión de manera “no discriminatoria” ni condicionada a “comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional”.
La decisión del IFT puso de plazo este viernes 19 para que Grupo Televisa, agente económico preponderante en el sector de radiodifusión, publique sus tarifas en Internet, o en caso contrario el propio instituto las dará a conocer.
La empresa de Azcárraga Jean deberá compartir su infraestructura a partir del 1 de enero de 2015 y por dos años más.
Según el comunicado del IFT, estas medidas evitarán que Televisa “incurra en prácticas anticompetitivas, aparte de que se promueva el despliegue de la cobertura de los nuevos operadores de manera más eficiente”.
Se otorga, además, “certeza a los concesionarios solicitantes en la provisión de los servicios de compartición de infraestructura”, agregó el organismo regulador, en clara referencia a los próximos competidores de las dos nuevas cadenas de televisión.
Con esta determinación, el IFT evita que Televisa “niegue u obstaculice el acceso y el aprovechamiento eficiente de la infraestructura existente, con el fin de promover el despliegue más acelerado de nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confió en que Proceso le presente las pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui para CNN en Español, Murillo Karam dijo esta noche que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.
En su edición 1989 que circula esta semana, Proceso destacó que “la noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”.
En respuesta, el titular de la PGR aseguró a Aristegui que “la historia de (Proceso) es muy parecida a la que yo he venido planteando; prácticamente siguen mi historia. Los elementos que ahí dan no aparecen. Si alguien conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.
“No tengo las evidencias que ellos dicen. No sé de dónde salen; si las tienen y si de veras aparecen, ojalá y me las lleven y me las muestren para analizarlas”, emplazó Murillo Karam.
El funcionario federal agregó que “después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal.
“Sí del conocimiento de que había una manifestación; sí claro, de que estaban del lado de la caseta; sí claro, eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”, justificó.
El reportaje de Proceso –a cargo de la periodista Anabel Hernández y Steve Fisher, con apoyo del programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley– advierte que los normalistas nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal y que varias de las declaraciones de los implicados habían sido obtenidas con torturas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con el crudo por debajo de los 50 dólares, la estrategia de la reforma energética y la forma de atraer a los inversionistas cambió. El desplome del precio del petróleo modificó las licitaciones de la ronda uno.
El lanzamiento de la primera ronda de licitaciones de la reforma energética mostró una nueva cara de la apertura que tendrá México en los próximos años hacia las empresas privadas.
La primera ronda, que licitará 14 bloques en aguas someras con el régimen de producción compartida, es un vuelco a todo el discurso del Gobierno Federal durante el proceso de aprobación de la reforma.
Mientras se habían justificado los cambios legales para propiciar las inversiones privadas en la exploración y extracción del petróleo “caro y difícil”, los primeros contratos que se adjudicarán en julio próximo serán para petróleo “fácil y barato”.
Así lo muestran las estimaciones de la Secretaría de Energía, las cuales establecen que los campos que ahora explotarán privados tendrán un costo de producción de 20 dólares por barril.
Aún con el precio actual del petróleo en una caída que ha llegado a los 50 dólares, estos contratos que se firmarán por los próximos 25 años representan ganancias para las compañías de al menos 20 dólares por barril, considerando el régimen de exención de impuestos que le garantiza el modelo de contrato.
Esta sorpresa se suma a la imposibilidad de conocer exactamente cuánto se llevarán los privados en esta primera ronda.
Lejos de la promesa de una máxima publicidad a las regalías, lo que publicó la autoridad fue una serie de fórmulas matemáticas que llevarían solo a expertos a conocer realmente cuánto dinero recibirá el Estado mexicano de esta primera ronda.
Producción barata y compartida
“La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar Contratos de Utilidad Compartida que permitan a la Nación mantener el control absoluto sobre el petróleo.
“Con los Contratos de Utilidad Compartida el país se mantiene como el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de la gran empresa que es Petróleos Mexicanos”.
Esta frase fue pronunciada por Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, cuando presentó su propuesta de reforma energética.
Pero cuando llegó la ronda uno de la reforma energética se enfocó precisamente en estos contratos que no estaban originalmente en el plan presidencial, cuya inclusión como parte de los artículos transitorios de la reforma se dio de madrugada, a propuesta del Partido Acción Nacional.
En ese momento, los senadores priistas José Yunes Zorrilla y David Penchyna defendieron la inclusión de estos contratos en la reforma energética porque era una forma de atraer el capital extranjero hacia la exploración y explotación del “petróleo difícil” el cual, según esta línea de discurso, era muy caro, Pemex tenía poca experiencia y tecnología.
Cuando compareció ante el Senado en octubre del año pasado, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, defendió los contratos de producción compartida para aguas profundas como unos donde existe un mayor riesgo para las compañías.
“Mientras fuimos un país de grandes yacimientos convencionales, podíamos transitar con este régimen de contratos.
“Pero si ya vemos que el petróleo del futuro en México, la nueva era del petróleo en México, 75 por ciento de esos recursos están en aguas profundas y ultra profundas del Golfo de México y en campos no convencionales, necesitamos un régimen de contratos que le transfiera los riesgos a las empresas que vienen a producir, o que vendrían aquí a invertir a México”, añadió.
Como ejemplo de un buen uso de estos contratos, el secretario habló de que se había usado el modelo de producción compartida para el campo brasileño Libra, situado a 5 mil metros de profundidad bajo una gruesa capa de sal.
Ese mismo día, el secretario declaró que Pemex “es una potencia en aguas someras”.
La ronda de licitación que ahora presentó Coldwell contradice ambas afirmaciones.
Los bloques que puso la Sener a concurso se encuentran en el área llamada por Pemex como Activo de Exploración Cuencas del Sureste Marino, que abarca 176 mil kilómetros cuadrados enfrente de las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Esta Cuenca era antes de la reforma una de las principales áreas de interés exploratorio para Pemex, según escribió la petrolera en su informe anual 2012.
El Informe de Inversión 2014 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos muestra que Pemex invirtió 19 mil 406 millones de pesos en hacer actividad exploratoria en estos bloques entre 2012 y 2014.
Este dinero ahora suministra información con la que se licitan los bloques que serán operados por privados durante los próximos cuatro sexenios.
Aunque promedian un porcentaje máximo de éxito de 25 por ciento, todos los bloques que ahora se licitan están ubicados precisamente en aguas someras, donde Pemex ha extraído petróleo durante toda su existencia como paraestatal.
Los contratos que ahora entran a concurso también fueron catalogados como “de riesgo” en la fundamentación del decreto que llevó a reformar la constitución en diciembre del año pasado.
Posturas encontradas
La especialista en contratos petroleros Miriam Grunstein considera que es correcta la elección de este tipo de contratos para la Cuenca del Sureste Marino, ya que en la producción compartida “hay más control del Estado. La utilidad compartida es un contrato de servicios muy caro y no atraes a empresas petroleras internacionales. Están en una fase piloto de probar un instrumento contractual”.
Esta fase piloto pasará por la firma de una primera versión de los contratos que darán a los privados la posibilidad de registrar en sus finanzas las ganancias esperadas para los próximos 25 años, aunque no las reservas.
En octubre del año pasado, la propia Grunstein advirtió durante un foro en el Senado que “en un mal diseño la cláusula de recuperación de costos puede ser muy difícil de monitorear y, por ende, puede dar pauta a muchísima corrupción, ‘porque la persona que audite los cotos, le pueden pagar’ para que dé costos de riesgos más altos”.
Grunstein advierte que la tasa de declinación de Pemex muestra que “tampoco lo estaba haciendo bien” en aguas someras, lo cual abonaría a intentar una mejora en la producción contratando estas áreas con privados.
Otras posturas como la del geólogo Raúl González indican que la declinación de las aguas someras que explota Pemex se debe a que por cuestiones políticas se hizo una explotación acelerada de los yacimientos.
Esto impidió aprovechar su máxima capacidad antes de que llegaran a su pico máximo de producción, que fue en 2004 para la región de la cuenca de Campeche, la más productiva para la petrolera.
Sabíamos y es muy caro. Aquí sí sabemos y no es caro.
“Tú pagas con producción compartida cuando no tienes dinero, cuando es muy difícil”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMIREZ.
Acción Nacional es la bancada que inclina la balanza en las aprobaciones más importantes en ambas Cámaras en lo que va de la Legislatura. Con el proceso 2015 en puerta, los panistas buscan más curules.
A pesar de ser la tercera fuerza en el Congreso -por debajo de los partidos de izquierda unidos-, el PAN es la bancada que ha decidido las aprobaciones más importantes en ambas Cámaras en lo que va de la LXII Legislatura.
Durante varios momentos en los que se han discutido reformas estructurales, la bancada del albiazul ha puesto condicionantes al PRI para darle sus votos, aprovechando el poder de sus legisladores para sacar adelante temas que son de su interés.
Los 38 senadores y los 114 diputados del PAN –un bloque albiazul que se ha caracterizado por su división interna- se han convertido en el verdadero contrapeso en el Congreso, más allá de los partidos de izquierda.
Es Acción Nacional quien ha sacado mayor provecho de las necesidades del Gobierno Federal, pues sus votos son determinantes en temas que la izquierda no ha querido apoyar, como la reforma energética.
Con el proceso electoral del 2015 en puerta, los panistas buscarán aprovechar la crisis de imagen del Gobierno Federal para hacerse con un mayor número de curules en la Cámara de Diputados.
Para ello, explotarán los logros que han conseguido durante la actual Legislatura, y hablarán sobre el apoyo que han dado al presidente Enrique Peña Nieto, así como el freno que intentaron poner a reformas como la hacendaria, para aumentar impuestos, y a la creación de un órgano anticorrupción presidido por la clase política de primer nivel.
Tanto el PRI como el PRD han acusado a los panistas de retrasar la aprobación de ciertos temas por intereses políticos, de cara a las elecciones del 2015.
Los amagos del PAN
Las reformas propuestas por el Ejecutivo y negociadas con otras fuerzas políticas han sido rehenes del blanquiazul en varios momentos.
El primero ocurrió en julio del 2013, apenas unos días después de las elecciones en algunos estados del país, en los que el PAN condicionó su permanencia en el Pacto por México a cambio de investigar el uso ilegal de recursos públicos en ese proceso electoral.
En ese entonces, el Congreso de la Unión aun no discutía la madre de todas las reformas, la razón de ser de dicho Pacto: la reforma energética.
El PAN también aprovechó ese mes para presionar al Gobierno federal para enviar las iniciativas de leyes secundarias de las reformas en educación y en telecomunicaciones.
El segundo amago pasó en diciembre del 2013, cuando se resolvía ya en comisiones la discusión de los cambios constitucionales de la reforma energética.
El entonces presidente del PAN, Gustavo Madero, condicionó en el punto más álgido de la negociación el voto del PAN a la aprobación de una reforma político electoral.
Dicha reforma implicó la transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los institutos locales. Con esto, el PAN buscaba quitar el poder a los gobernadores en los procesos estatales y municipales.
El PAN pudo entonces vender caro su amor en ese mes, pues el PRD ya había anunciado que por ningún motivo apoyarían la reforma energética. Así que el PRI se los concedió y se votó primero la político electoral antes que la energética.
Ocurrió luego que en marzo del 2014, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, condicionó el apoyo de sus legisladores a las leyes secundarias de la reforma energética a que cesaran los señalamientos contra funcionarios panistas por el caso Oceanografía.
En respuesta, el Senado creó una comisión investigadora para realizar investigaciones del caso y evitar señalamientos sin fundamento.
En junio del 2014, el PAN volvió a condicionar el avance de la legislación secundaria de la reforma energética a que el PRI frenara una reforma al artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos para que los votos otorgados a los partidos que formarían una coalición se otorgaran a todos, en lugar de que se dividieran lo sufragios para cada partido.
Cuando la Cámara de Diputados estaba a punto de votar las leyes secundarias de la reforma energética y, con ellas, la asunción del pasivo laboral de Pemex y la CFE, el PAN no dejó que esto ocurriera de forma automática.
El blanquiazul exigió que solo se asumiera una parte del pasivo de ambas empresas, correspondiente a pensiones y jubilaciones, y esto se realizara si y solo si se hacía una auditoría sobre el pasivo laboral de Pemex y la CFE. El PRI, cedió.
En noviembre de este año, unas semanas después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal pensaba en construir un acuerdo nacional por la seguridad que aglutinara a las principales fuerzas políticas del país.
De inmediato, el PAN dijo que la única forma en que se apoyaría ese acuerdo sería si el Gobierno federal informara qué ha hecho con todas las reformas en materia de seguridad pública aprobadas por el Congreso y por qué no procuró que tuvieran buenos resultados.
Detienen reforma política
En la recta final del actual periodo ordinario, este mes, el PAN en la Cámara de Diputados frenó la aprobación de un Sistema Nacional de Integridad Pública que el PRI impulsaba para el combate a la corrupción, en el que la batuta de estos trabajos la llevaría el presidente de la República y los miembros de la clase política de primer nivel.
Semanas antes, el PAN ya había presentado una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y pretende que sea este modelo el que sea aprobado, rechazando el del PRI de forma tajante.
Ligado a este Sistema, el PAN en el Senado impidió el avance en el nombramiento del fiscal anticorrupción en tanto no exista un marco legal que le dé autonomía y libertad de acción para castigar actos de corrupción y combatir la impunidad.
El más reciente amago del PAN que impidió el avance de una legislación ocurrió este lunes, cuando el pleno del Senado de la República se aprestaba para votar la reforma política del Distrito Federal.
El blanquiazul se inconformó con el dictamen de esta reforma, aunque ya había sido aprobada en comisiones y dada la primera lectura en el pleno, por considerar que las delegaciones políticas quedarían subordinadas al poder político central del Gobierno del Distrito Federal.
El PRD acusó que se trató de una maniobra política de cara a las elecciones del 2015, hecho que negó el PAN.
Las condiciones
Julio del 2013
> Apenas unos días después de las elecciones en algunos estados del país, el PAN condicionó su permanencia en el Pacto por México a cambio de investigar el uso ilegal de recursos públicos en ese proceso electoral.
> Presionó al Gobierno Federal para enviar las iniciativas de leyes secundarias de las reformas en educación y en telecomunicaciones.
Diciembre del 2013
> El entonces presidente del PAN, Gustavo Madero, condicionó en el punto más álgido de la negociación reforma energética el voto del PAN a la aprobación de una reforma político electoral.
Marzo del 2014
> El coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, condicionó el apoyo de sus legisladores a las leyes secundarias de la reforma energética a que cesaran los señalamientos contra funcionarios panistas por el caso Oceanografía.
Junio del 2014
> El PAN volvió a condicionar el avance de la legislación secundaria de la reforma energética a que el PRI frenara una reforma al artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos para que los votos otorgados a los partidos que formarían una coalición se otorgaran a todos, en lugar de que se dividieran lo sufragios para cada partido.
Noviembre del 2014
> El PAN dijo que la única forma en que se apoyaría acuerdo nacional por la seguridad sería si el Gobierno Federal informara qué ha hecho con todas las reformas en materia de seguridad pública aprobadas por el Congreso y por qué no procuró que tuvieran buenos resultados.
La fuerza del PAN
> 38
senadores
> 114
diputados
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Desde hace dos semanas Hipólito Mora, comandante de las Fuerzas Rurales de La Ruana, afirmó que Michoacán era “un desmadre” y que retomaría las filas de las autodefensas para poner orden.
“Cualquiera transita armado por el estado y no hay quién lo controle, es un desmadre”, dijo el pasado 8 de diciembre.
Esta mañana en entrevista con Radio Fórmula, con la voz entrecortada, reiteró que la situación distaba mucho de la reportada oficialmente.
El comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo desoyó las advertencias y este martes se materializó el primer enfrentamiento entre el bando de Luis Antonio Torres, Simón el Americano, y el de Hipólito Mora, quien acusa al primero de estar relacionado con el crimen organizado y de ser protegido de Castillo.
La refriega, que inició alrededor de las 16:30 y se prolongó durante más de dos horas, dejó al menos seis personas muertas, entre ellos el hijo mayor de Hipólito Mora.
Castillo atribuyó el enfrentamiento a una antigua rencilla entre Hipólito Mora y Simón El Americano.
Vía telefónica y en medio de la refriega, Mora habló a Radio Fórmula y acusó a Castillo de haberlos abandonado y dejado en manos del “cártel” de El Americano que –dijo– los tenían rodeados mientras atendía la llamada.
También dijo que además de su hijo había varios muertos más y que desde hacía varios días El Americano había amenazado que los iba a atacar.
Eufórico, afirmó:
“Mi hijo está muerto, vamos a morir con honor, no nos vamos a rajar, vamos a pelear por el pueblo, por nuestra gente.
Y convocó:
“Luchen mexicanos, luchen por sus derechos, no se dejen pisotear, a los del gobierno solamente les interesa el dinero. Luchen todos, saquen a (José Manuel) Mireles, saquen a los autodefensas, muéranse peleando, que les valga madres que los maten, que les maten a sus hijos pero defiéndanse, mueran con dignidad, no sean cobardes mexicanos, alcen la cara, defiéndanse, peleen, peleen hasta la muerte.
“Estamos rodeados de todo el cártel de El Americano que los protegió Alfredo Castillo. Señores diputados llamen a cuentas a Alfredo Castillo, ellos saben lo que estaba pasando, yo siempre se los estuve diciendo y siempre nos dejaron solos y siempre nos desarmaron en lugar de apoyarnos.
“Mi hijo está muerto a 50 metros, se murió peleando y peleando nos vamos a morir los que estamos aquí”, dijo con grito desesperado.
Hipólito Mora culpó a Castillo de la muerte de su hijo pues, aseguró, él sabía de todo. “Muchas veces le supliqué que nos apoyara, que nos liberara de esa gente y no hizo caso y aquí están las consecuencias”, lamentó.
En entrevista posterior, también en Radio Fórmula, Alfredo Castillo rechazó las declaraciones de Mora en el sentido de que estaba solo y afirmó que en el lugar de la refriega ya estaban desplegados elementos de las distintas fuerzas federales, incluidos los de la Gendarmería Nacional.
“Si está solo que me mande las fotos –retó–. Hay presencia de Policía Federal y Ejército en la plaza”, reviró el comisionado, quien afirmó que al momento de la entrevista la zona ya estaba asegurada.
El funcionario dijo que convocó a todos los procuradores, a los mejores ministerios públicos e investigadores para realizar las diligencias correspondientes y preservar la escena en la que, dijo, perecieron dos del bando de Hipólito Mora y cuatro de El Americano.
Castillo afirmó que procederá contra El Americano si existen elementos y lo hará también si existen en contra de Hipólito Mora
“Se va actuar en contra de los responsables de los homicidios, sea como sea y llámese como se llame.
“No podemos tener caudillos que quieran decidir sobre este tipo de bases y que generan enconos, por eso es importante el tema de las instituciones”, sostuvo.
Afirmó que no habrá “cacería de brujas” en La Ruana y que las detenciones a que haya lugar tendrán que darse, con base en las pruebas periciales existentes.
“Nosotros no podemos ir, como se dice, a ‘calentar’ el lugar haciendo detenciones de una manera arbitraria. Por eso necesitamos ser muy claros y tomar testimonios de todas las personas”, concluyó.
El conflicto Mora-El Americano
En marzo pasado Luis Antonio Torres, Simón El Americano, exlíder de autodefensas, aseguró que Hipólito Mora participó en la muerte de dos integrantes del grupo que él encabezaba: José Luis Torres y Rafael Sánchez.
Por ese motivo Mora fue encarcelado y liberado dos meses después luego de que un tribunal determinara que no había pruebas para procesarlo por la presunta coparticipación en los dos homicidios.
El 21 de mayo, Mora y El Americano aparecieron en una fotografía publicada en la cuenta de Twitter de Alfredo Castillo, en la que el comisionado sostiene las manos entrelazadas de ambos y enviaba el mensaje de que ambos dejaban atrás sus rencillas.
Sin embargo, en las últimas semanas Hipólito Mora ha señalado en diversas entrevistas que la situación en Michoacán está peor que antes de que se levantaran en armas como autodefensas, en febrero de 2013, y dijo que volvería a levantarse para combatir al crimen organizado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabeza las preferencias electorales para la renovación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, Morena tiene el 26 por ciento de las intenciones de voto, superior al 22 por ciento del PRD.
El tercer lugar lo ocupa el PRI, con 18 por ciento, seguido del PAN, con 14 por ciento, y el PVEM, con 7 por ciento.
El crecimiento de Morena es de casi el doble en cinco meses. En julio pasado una encuesta del mismo diario arrojaba que el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador tenía 14 por ciento de las preferencias electorales.
En tanto, el PRD cayó en el mismo lapso de 29 a 22 puntos.
El once por ciento de los encuestados advirtieron que piensa anular su voto, mientras que diez por ciento respondió que no sufragaría por alguno de los partidos políticos registrados.
En jefaturas delegacionales el PRD aún lleva la delantera, con un 29 por ciento, seguido por Morena, con 22 por ciento.
La encuesta fue aplicada en viviendas del DF del 27 al 30 de noviembre en las 16 delegaciones, con un margen de error del 3.6 por ciento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro: La subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Ileana García Luna, informó que en las últimas tres semanas han exhumado 28 cuerpos de fosas clandestinas ubicadas en distintos puntos de esta ciudad; además de que se han documentado 226 denuncias por desaparición de personas.
Con esta cifra, suman 56 cuerpos exhumados desde el 4 de octubre, cuando autoridades de la Fiscalía General Estatal (FGE) localizaron 28 cuerpos en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Durante una reunión con familiares de desaparecidos realizada esta mañana en la parroquia de San Gerardo, la funcionaria federal indicó que por este hecho se han integrado 52 averiguaciones previas y se siguen recabando declaraciones ministeriales.
También destacó que en este periodo han recolectado 470 muestras de sangre de familiares para integrar una base de datos de ADN.
Ello, a partir de que familiares de personas desaparecidas desde hace un año o más decidieron romper el miedo y realizar el trabajo del gobierno al salir a buscar a las víctimas luego de que la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de violencia, corrupción y nexos de autoridades con el narco.
La titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR presentó un informe sobre las labores de peritos luego del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas que ubicaron los propios familiares de desaparecidos desde el domingo 23 de noviembre en los cerros de Iguala.
Al respecto, informó que los peritos de la PGR han inspeccionado 28 fosas clandestinas en diferentes cerros de Iguala; en 12 de ellas se han exhumado 28 cuerpos y las labores de búsqueda de restos humanos continúan, pues se siguen reportando zonas convertidas en cementerios clandestinos.
También presentó al grupo de madres, padres y hermanos de desaparecidos unas diapositivas con imágenes sobre los restos humanos exhumados, así como indicios, entre ellos ropa, calzado y pertenencias personales de las víctimas para ayudar en el proceso de identificación de los cadáveres.
El dramático encuentro fue privado pero lacerante para los familiares que buscan a sus parientes desaparecidos.
Este grupo de víctimas se conformó desde finales de septiembre, luego de que la asociación civil Ciencia Forense Ciudadana ofreció subsidiar procedimientos de toma de sangre para conformar un banco de ADN y lograr identificar los cuerpos que las autoridades ministeriales han exhumado en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa.
De manera paralela, padres de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y miembros de diferentes organizaciones sociales organizaron un foro denominado “Primer encuentro de familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala y Ayotzinapa”, con el propósito de conformar un frente común para exigir justicia por el caso de todos los desaparecidos en la entidad.
Al encuentro acudieron algunos padres de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes marcharon por las principales calles de Iguala acompañados por estudiantes y activistas.
El foro se realizó en el auditorio municipal de Iguala, ubicado a un costado del ayuntamiento que fue destruido y quemado tras la barbarie registrada en este lugar.
En su intervención, un representante de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa hizo un llamado a los habitantes de Iguala y los municipios aledaños a que se apiaden del dolor de las víctimas.
“Si tienen información sobre el paradero de los estudiantes, por favor díganlo para terminar con la angustia que tenemos”, expresó el afligido padre.
Los asistentes al encuentro acordaron volver a reunirse el viernes 26 para definir la estrategia que permita aglutinar a todos los familiares de desaparecidos en un solo frente para obligar a las autoridades a reconocer este crimen de lesa humanidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales.
Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.
La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente.
Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció pruebas.
Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde.
En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de declarar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo detuvieron.
Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por ellos.
El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a los estudiantes.
Insectos eléctricos
Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también.
Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo detuvieron.
Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su derecho a declarar.
La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce los hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER.
COLIMA, Col: La revelación aportada por la revista Proceso sobre la participación del Ejército y la Policía Federal (PF) en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fortalece la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por lo que “va a ser muy difícil que se aclare”, consideró el general José Francisco Gallardo Rodríguez.
No obstante, estimó que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso, pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la justicia; esa es la única solución, no hay otra”.
Gallardo, quien estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una alta presencia de la Policía Federal”.
En entrevista con Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el Ejército de haber evitado esta desaparición”.
También calificó como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel, el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa acción.
“Ahora ya salió que sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.
De acuerdo con el general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues “aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por acción”.
Las reformas que se hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil, pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.
Además, puntualizó, los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.
A juicio de Gallardo Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado, revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.
“Se tiene que ver también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero, y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero, debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a escala nacional”, expuso.
Para que no se repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene funciones de orden interno, es decir, de policía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
MÉXICO, D.F: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribeña, presumió la “transparencia” de México y rechazó que el país sea visto como un “narco Estado” en el exterior, pese a que la violencia se ha colocado de nueva cuenta bajo el escrutinio mundial tras de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
En conferencia de prensa, el funcionario federal aseguró que México es un país valorado “que se reconoce por la capacidad y la vocación con la que se está transformando. Es un país globalmente importante en la métrica que se le quiera medir”, subrayó.
Al hacer un balance de la política exterior en 2014, Meade aseguró que el mundo no tiene ninguna duda de la capacidad de México para enfrentar y resolver sus retos tanto coyunturales como estructurales.
Sobre los hechos ocurridos en Guerrero, manifestó que hay una convicción en el mundo “de un México transparente, de un México que hace esfuerzos por transformarse, de un México que frente al reto puntual rinde cuentas claras; de un México que se hace acompañar para ese rendimiento de cuentas de lo mejor que ofrecen los espacios internacionales, y de un México que pone el mismo empeño en la necesidad de lograr transformaciones estructurales en el tema de seguridad”.
De acuerdo con el canciller, el gobierno mexicano ha acreditado ante el mundo plena transparencia y rendición de cuentas, primero frente a las familias de los normalistas desaparecidos, luego frente a la sociedad y por último frente al mundo.
Y destacó que el balance del trabajo diplomático del país en este año es positivo, tanto en lo multilateral en temas como migración, inclusión, pueblos indígenas y cambio climático, como en lo bilateral con Centroamérica, el Caribe, América Latina, China, Japón, Asia y el grupo informal MIKTA.
La segunda dimensión, dijo, es la cooperación, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como con los gobiernos de Alemania, Argentina y Chile, que han ofrecido asistencia técnica y que México ha aceptado como parte de su responsabilidad global.
Luego de adelantar que en febrero próximo México comparecerá ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que todavía no hay fecha para que el país acepte la jurisdicción de este mecanismo en casos individuales.
Sobre las responsabilidades de México como un actor global, el titular de la SRE resaltó que el mundo percibe a nuestro país como una nación plenamente inserta y actuante en el esquema internacional, con plenos compromisos en varias materias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Más de 540 migrantes fallecieron en la Bahía de Bengala y, por lo menos, otros 307 perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.
El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lace Swing, exhortó a los estados a actuar con urgencia para salvar la vida de los migrantes ya que 2014 ha sido el año más mortífero con casi cinco mil muertes.
De cara al Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre, Swing llamó también a implementar medidas para impedir que los traficantes sigan aprovechándose de su desesperación para extorsionarlos con enormes cantidades de dinero.
Los datos recabados por la OIM apuntan a que el número de migrantes que pierden la vida en peligrosas travesías emprendidas con la esperanza de encontrar mejores condiciones para sí mismos y sus familias, “no deja de aumentar”.
Según la OIM al menos cuatro mil 868 perdieron la vida este año en su travesía por vía marítima o en remotos desiertos y montañas, por lo que 2014 ha sido el año más mortífero ya que ha duplicado el número de muertes registradas el año pasado.
El número más elevado de muertes se produjo en el Mediterráneo, donde más de tres mil personas fallecieron ahogadas por hallarse en embarcaciones inadecuadas para la navegación.
Más de 540 migrantes fallecieron en la Bahía de Bengala y, por lo menos, otros 307 perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.
“Tenemos que encarar los factores que propician la migración por desesperación y actuar de manera concertada y coherente. Esta es una batalla que debemos librar conjuntamente”, llamó.
“Para ello, se requiere un mayor liderazgo político y la valentía de enfrentarse al preocupante aumento de la xenofobia”, dijo Swing en un mensaje dirigido a la prensa.
“Todos los países tienen la obligación internacional de salvar las vidas de quienes requieren ayuda. Cabe proseguir las operaciones de rescate en las aguas internacionales del Mediterráneo”, añadió.
La OIM teme que siga aumentando el número de muertes en alta mar si la Unión Europea no logra poner en marcha una operación de rescate exhaustiva y bien equipada en el Mediterráneo en reemplazo de la operación Mare Nostrum de Italia, que ha quedado suspendida.
“Los países también deben aprobar leyes para desmontar las redes de traficantes, en vez de atacar a los migrantes irregulares”, destacó el titular de la OIM.
“Los gobiernos deberían despenalizar a los migrantes irregulares a fin de que denuncien a los traficantes ante la policía para que sean enjuiciados y sancionados, contribuyendo así a los empeños en contra de las actividades delictivas transnacionales organizadas”, recomendó.
Asimismo, subrayó que al haber más de 33.3 millones de desplazados internos y 16.7 millones de refugiados en el mundo, las personas desplazadas por la violencia y por los conflictos alcanzan las cifras más altas desde la Segunda Guerra Mundial.
Señaló que el número sin precedentes de crisis ocasionadas por el hombre en el mundo, ya se trate de la República Árabe Siria, Irak, Libia, la República Centroafricana o el Sudán del Sur; el ébola que repercute en las economías de los países de África Occidental; el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, son todos factores que propician la migración y que es preciso abordar.
Para poder hacer frente a la “migración desesperada”, la OIM aboga por un mayor acceso a la “migración regular segura”.
Ello comprende la promoción de asociaciones para la migración laboral y la reunificación familiar; el suministro de información clara sobre los riesgos que entraña la migración irregular; y el apoyo con miras a la estabilización comunitaria y a los empeños de creación de empleos en los países de origen.
Por otra parte, según datos de la OIM alrededor de 232 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales.
Si bien el número de migrantes internacionales aumenta en cifras absolutas, la proporción de migrantes internacionales en la población mundial se mantiene constante, en torno al 3.0 por ciento, indicó.
“La migración no sólo es inevitable sino que además es necesaria y conveniente”, añadió Swing.
“En el Norte, las sociedades están envejeciendo, mientras que en el Sur aumenta la población juvenil”, indicó.
“El creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes es una cruel ironía en una época en que las sociedades que envejecen necesitan recurrir a la migración para obtener la mano de obra tan necesaria”, sostuvo.
“La comunidad internacional debe trabajar conjuntamente a efectos de cambiar la dialéctica migratoria vigente para que sea más positiva y se centre en la contribución que hacen los migrantes a las comunidades que los acogen”, observó
“Y también a sus comunidades de origen, que se benefician enormemente de las remesas que envían a sus hogares”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La comisión nacional señala que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, "cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al presidente Enrique Peña Nieto que acepte la intervención en el país del Comité contra la Desaparición Forzada, “tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
En un comunicado, la comisión indica que las desapariciones forzadas son “un delito grave, complejo y pluriofensivo, en tanto que generalmente requiere para su realización de la participación de varias personas y supone la comisión de varios ilícitos”.
“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, indica.
“Por ello, se recuerda que México tiene pendiente dar cumplimiento a dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos que han solicitado que, sin demora, se acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, como son los casos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal”, establece.
Comunicado 348 2014 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El funcionario que ese encargó de la seguridad del DF tras la dimisión de Jesús Rodríguez Almeida defendió que su familia es de policías.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseguró que antes de determinar alguna sanción, “hay que darle una checadita” al caso de Luis Rosales Gamboa, exencargado de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien enfrenta un conflicto de interés por haber contratado a 10 de sus familiares en la dependencia.
Respecto a la investigación que Animal Político publicó este lunes 15 de diciembre, el funcionario capitalino aseguró que corresponderá al “Jefe Apolo” – como es conocido Rosales Gamboa– emitir un posicionamiento. “Habrá de contestar el señor secretario”, dijo Mancera, horas antes de que se oficializara el nombramiento de Hiram Almeida Estrada.
Mientras tanto, Rosales Gamboa dijo este martes 16 de diciembre que no ve conflicto de interés en que al menos 10 de sus familiares ocupen cargos directivos en la Secretaría de Seguridad Pública del DF, como reportó ayer Animal Político.
“Soy miembro de una familia dedicada al honorable orgullo de servir al cuerpo de policía, desde hace más de 64 años, mi padre fue policía por 36 años”, dijo Rosales Gamboa –que es conocido como el “jefe Apolo”– al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula.
El Jefe de Gobierno evitó dar un posicionamiento respecto a que Luis Rosales tiene a un hermano, cuatro sobrinos, cuatro primos y un yerno en puestos de dirección de la Subsecretaría de Operación Policial, que él dirige desde 2012, con sueldos que van de los 23 mil hasta 94 mil pesos y que en total significan una erogación de 463 mil 812 pesos.
Ambos funcionarios han coincidido en la administración de Marcelo Ebrard, pues mientras Rosales –con 42 años de antigüedad en la SSP DF– era jefe del Estado Mayor Policial, Miguel Ángel Mancera era procurador capitalino. Este último, al asumir la jefatura de Gobierno, nombró al “Jefe Apolo” como subsecretario de Operación Policial, el área más importante de la secretaría, toda vez que se encarga de dirigir a todos los agrupamientos policíacos y los operativos que se realizan en la ciudad.
Entrevistado luego de participar en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez y mientras caminaba hacia su camioneta, Mancera aseguró que todos los casos se investigan y este no será la excepción, aunque no dio detalles al respecto.
– ¿Sobre el caso de nepotismo en la SSPDF (…). Habrá alguna investigación al respecto?
– Se revisa permanentemente, las revisiones son permanentes, pero habrá de contestar el secretario.
– ¿Sobre en este caso en específico, tendrá algo qué decir?
– Este y todos.
– ¿Se llevará al órgano interno de control?
– Habrá qué ver. Hay que darle una checadita y te digo.
De acuerdo con el artículo Ocho, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todos los funcionarios tienen la obligación de “denunciar”ante la Secretaría o la contraloría interna, “los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa” en términos de la legislación, por lo que el Jefe de Gobierno, podría solicitar el inicio de una investigación sobre el caso.
También puede denunciar cualquier ciudadano presentando “datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público” ante “los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades”, según la Ley Federal.
En tanto, en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se establece que al interior de cada dependencia, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, habrá una Contraloría Interna dependiente de la Contraloría General, cuya atribuciones son “conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente”.
El órgano interno de la SSP DF está a cargo de Jaime Becerril Becerril, mientras que la Contraloría General era ocupada hasta este miércoles, por Hiram Almeida Estrada, quien hoy es el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
