MÉXICO, D.F: La Junta de Coordinación Política determinó que el Jurídico de la Cámara de Diputados defina en qué términos deberá conformarse la “comisión investigadora” para el tema de la “Casa Blanca” exigida por cuatro de los siete grupos parlamentarios.
En tanto, los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con el diputado petista Manuel Huerta a la cabeza, conformarán en lo inmediato el grupo de trabajo plural para que esté listo en el momento en que se avale formalmente la comisión especial y tener trabajo adelantado.
En entrevista, Manuel Huerta señaló que en la reunión de este martes la Junta de Coordinación Política abordó el tema de la “Casa Blanca” y que su presidente y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió “que se entregara a las siete fracciones parlamentarias el documento de petición con 197 firmas” para analizar su procedencia.
No obstante, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, lo frenó en seco al aclararle que la “comisión investigadora” no debe someterse a discusión sino conformarla de una vez, ya que esa decisión está respaldada por el artículo 93 de la Constitución Política, que establece que con 125 firmas de apoyo los diputados pueden crear dicho órgano para hurgar en el funcionamiento de las empresas paraestatales y empresas descentralizadas.
“Es con base en el artículo 93 de la Constitución, así es que en todo caso debe ser el Jurídico el que dé su opinión para que luego la Junta de Coordinación Política dé su visto bueno”, añadió el perredista, y Beltrones Rivera asintió.
El promotor de la “comisión investigadora”, Manuel Huerta, manifestó que su fracción, así como el MC, PRD y PAN, no esperarán a que oficialmente se avale la instancia, por lo que crearán el grupo plural y empezarán a trabajar.
“No nos van a frenar. Vamos a conformar el grupo de trabajo en tanto se resuelve la comisión de investigación en los términos del artículo 93 de la Constitución. No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se avala”, subrayó en conferencia de prensa Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC.
Respecto a la “comisión especial” que indaga la aprobación y posterior cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, que preside el priista mexiquense Alfredo Maldonado Hernández, dijo que como parte de la agenda de trabajo ya se pidió que comparezca la misma Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Preña Nieto, además de Juan Armando Hinojosa Cantú, por ser beneficiario de la licitación y dueño legal de la casa de Rivera.
No obstante, apuntó, “el presidente de la comisión no ha querido someter a aprobación el programa de trabajo”.
Durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, Maldonado Hernández fungió como secretario del Trabajo y director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En la administración de Arturo Montiel, tío del actual presidente de la República, fue secretario de Transporte y antes director de Recaudación y Finanzas, así como titular de Seguridad Pública y Tránsito.
Es decir, sirvió a los últimos tres gobernadores del Estado de México, y desde 2012 se convirtió en diputado federal por mayoría. Hoy el priista se niega a aprobar el programa de trabajo para indagar la actuación del gobierno federal en la asignación de la obra del tren rápido.
Samperio, coordinador de los diputados de MC
En su reunión de este martes, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano informó a la Junta de Coordinación Política que Ricardo Monreal Ávila dejó de ser su coordinador y en su lugar fue nombrado Juan Ignacio Samperio.
De acuerdo con información difundida por Apro el pasado lunes 8, la determinación de Dante Delgado, dirigente nacional de MC, de remover a Monreal de la coordinación en San Lázaro, precipitó la creación del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Samperio fue compañero de bancada de Enrique Peña Nieto en la LV Legislatura del Estado de México de 2003 a 2006 y ocupó la curul por Convergencia. Los siguientes tres años, de 2006 a 2009, fue diputado federal por ese mismo partido, y los siguientes tres años repitió. A partir de 2012 se convirtió en legislador federal por MC.
En las votaciones trascendentales, Samperio ha votado de manera contraria a como lo han hecho sus compañeros de MC y ha sufragado en sintonía con el PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
El Instituto de la Juventud regia está en el ojo del huracán por actos de nepotismo y corrupción, pero ahora Reporte Indigo revela información que entregan Medalla al Mérito de la Juventud a amigos.
La red de favoritismos y corrupción en el Instituto de la Juventud Regia, se ha extendido hasta las fibras más sensibles del aparato municipal.
La entrega de la Medalla al Mérito Juventud Regia 2013, es el reconocimiento a la entrega, dedicación y honestidad, pero también queda entre amigos.
En la administración que gobierna Margarita Arellanes, el concepto se ha corrompido por quienes deberían promoverlo y protegerlo.
Y es que en la dependencia siguen surgiendo casos de favoritismo y amiguismo ejercidos por su director, Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, ahora en la elección de los ganadores del galardón.
El 15 de agosto del 2013, un grupo de jóvenes fueron distinguidos por el Ayuntamiento de Monterrey por su destacada labor dentro de la sociedad con la Medalla al Mérito Juventud Regia.
En una sesión solemne de Cabildo y en el marco del Día Internacional de la Juventud, Margarita Arellanes condecoró a seis jóvenes por trabajar a favor de la cultura, educación, el ámbito humanista, deportivo, ambiental y empresarial.
Alan Treviño fue reconocido por su trabajo en el área empresarial.
Pero a Treviño lo une una amistad con Alejandro Armendáriz.
Prueba del apego de estos dos jóvenes, son fotos existentes en la red social Facebook.
Ambos aparecen en imágenes conviviendo con otros muchachos en diversos eventos y lugares.
Reporte Indigo muestra hoy, fotografías que prueban que Alan Treviño y el director del Instituto de la Juventud de Monterrey, han asistido juntos a fiestas de Navidad, a reuniones en bares e incluso, viajaron en grupo, a celebrar una despedida de soltero en Puerto Vallarta.
Ha quedado demostrado cómo al interior de la dependencia municipal, existen redes de corrupción y desvío de fondos públicos en fiestas y viajes.
Se otorgan contratos a amigos de los funcionarios y juntos, hacen viajes de placer a playas mexicanas.
En noviembre de 2013, empleados del Instituto, incluyendo a su titular y un proveedor, se trasladaron a Puerto Vallarta a despedir la soltería de uno de ellos.
Ricardo Torres, socio de la empresa Infinity Towers Group S. A. de C.V., una de las proveedoras favoritas de la dependencia aparece en las imágenes que se captaron en el viaje.
En un audio aparece la voz de Eileen Michelle Ríos Torres, asistente administrativa de la dependencia pidiendo a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos del erario municipal.
Dicha suma fue empleada en la realización de un evento en el Hotel Ancira.
Los empleados de la dependencia, se divirtieron en el festejo que no tenía una razón oficial.
Y Michelle pidió agregar una serie de servicios que en realidad nunca fueron usados o consumidos, para justificar el gasto.
Alan Treviño recibió el máximo reconocimiento municipal por su tenacidad empresarial, de manos de la alcaldesa, sólo tres meses antes de viajar con el líder juvenil.
El funcionario regiomontano y Treviño, se muestran junto al resto de la comitiva en un bar de Puerto Vallarta ingiriendo bebidas alcohólicas.
Una Medalla al Mérito es una condecoración que se otorga a una persona, corporación, asociación, entidad o empresa, en mérito de una conducta útil y ejemplar en el desempeño de cualquier trabajo, profesión o servicio ejercido, o bien, en compensación de daños y sufrimientos padecidos en el cumplimiento de un deber.
En el Instituto de la Juventud Regia sólo se debe demostrar amistad con los funcionarios para ser acreedor del reconocimiento.
Investigará corrupción en Juventud Regia
La Contraloría del municipio de Monterrey anunció que investigará los presuntos desvíos de dinero de la asistente administrativa del Instituto de la Juventud y ha solicitado sea separada provisionalmente de su cargo.
Gregorio Hurtado, contralor municipal, declaró a Reporte Indigo que al darse a conocer un audio en el que Eileen Michelle Ríos Torres, solicita a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos, se iniciará una averiguación.
“Nos obliga a nosotros a tener que realizar las investigaciones que sean necesarias para esclarecer esta situación y determinar si existe o no alguna responsabilidad de algún servidor público.
“Hace unos momentos presenté un escrito dirigido al Instituto de la Juventud, a fin de que soliciten por parte de la Dirección de Auditoría de esta Contraloría, el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de que se deslinden las responsabilidades que en su caso podrían existir”, dijo.
La Contraloría esperará la respuesta a su petición de información al Instituto, que es dirigido por Alejandro Armendáriz, para posteriormente citar a declarar a los involucrados.
El funcionario explicó que para evitar contaminar el proceso, aún no se ha tenido contacto con la asistente Michelle Ríos.
No se tiene un estimado de cuánto tiempo podría durar la averiguación, pero dijo, “le daremos la celeridad necesaria, a fin de que se resuelva lo más pronto posible”.
La grabación en poder de Reporte Indigo, prueba que Michelle Ríos pide alterar la descripción de una factura, para comprobar los gastos de un evento y la compra de botellas de whisky.
La joven solicitó a un proveedor anotar una serie de servicios que no se fueron prestados en un evento efectuado en el céntrico Hotel Ancira, para la comprobación de gastos por 30 mil pesos.
Gregorio Hurtado señaló que en dado caso de que la investigación arroje que la joven es culpable, sería separada definitivamente de su cargo, incluso, se inhabilitaría como funcionaría pública.
“Si se confirma, pues ya sería definitivo y seguramente valoraríamos la posibilidad de aplicar alguna inhabilitación, que es una sanción que la Contraloría emite, únicamente de carácter administrativo”.
Y AN sigue sin responder
Por segunda vez consecutiva, el dirigente del PAN en Nuevo León, José Alfredo Pérez Bernal, no dio declaraciones sobre los gastos cuestionados del Instituto de la Juventud de Monterrey.
Desde las 9:06 horas se volvió a buscar al enlace Tere Durán, quien de nuevo no consiguió la entrevista para Reporte Índigo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó un informe sobre la “sistemática violación a derechos humanos” en México, país que –apuntó– atraviesa “la peor crisis de violencia desde la Revolución Mexicana”.
En un comunicado, la CMDPDH precisó que en el marco del 13 Periodo de Sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, expuso que a partir del sexenio de Felipe Calderón los abusos contra la población civil se intensificaron por el impulso de la “guerra contra el narcotráfico”, lo que se tradujo en la aplicación de “una política de seguridad militarizada”.
Al señalar que la violencia que vive el país es la más grave de los últimos 100 años, sostuvo que aunque “se tienen registradas más de 22 mil desapariciones forzadas, más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura, las autoridades niegan la existencia de un conflicto armado, quitando la gravedad de estos hechos en el país y dejando estas graves violaciones de derechos humanos como ‘hechos aislados’”.
De igual manera, condenó que ese panorama se agudice “al no existir sentencias contra autores materiales, ya sean de grupos de delincuencia organizada o, en su caso, altos responsables de la estructura del Estado mexicano”, arrastrando un nivel de impunidad de 98%, además de que “sólo 1.5% de las denuncias llega ante un juez”.
En septiembre pasado la CMDPDH, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, presentaron un documento ante la CPI denunciando las constantes violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, tomando como caso paradigmático el estado de Baja California (Proceso 1977).
En su comunicado, la organización recordó que en el documento entregado por las tres organizaciones ante la Fiscalía de la CPI, “se mostró la práctica sistemática de la tortura perpetrada por fuerzas federales contra la población civil en Baja California entre los años 2009 y 2011”.
De acuerdo con los expedientes presentados ante los órganos internacionales, “las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que se enmarca como crímenes de lesa humanidad”.
Luego de aclarar que en la mayoría de los casos documentados “las víctimas fueron procesadas y encontradas inocentes”, la CMDPDH consideró que la CPI cuenta con elementos sólidos para intervenir en México y “brindar apoyo a instituciones, y sobre todo a las víctimas para investigar, llevar a cabo un debido proceso y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o grupos del crimen organizado”.
Lo anterior es posible, apuntó la organización, toda vez que México ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2005, mismo que entró en vigor en enero de 2006, por lo que “la CPI puede juzgar crímenes cometidos en México”.
Según la CMDPDH, los casos presentados en su documento de septiembre entran dentro de las facultades de la CPI, que “tiene competencia para juzgar penalmente a individuos presuntamente responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.
La organización recordó que la CPI está formada por jueces internacionales independientes y “juzga a personas física en procesos penales con respeto a las garantías de un juicio justo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Entrevista complementaria de Arizz y Grillonautas con el vocero de las Autodefensas Jorge Vázquez tras el ataque suscitado la noche del día de ayer 16 de Diciembre del 2014.
Primera entrevista:
Entrevista complementaria:
CANALES: PersonajesMexico/Grillonautas2.
MÉXICO, D.F: Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir a efectivos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los hechos registrados en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados que culminaron con la muerte de seis personas, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
En rueda de prensa, en la que fijaron su postura frente a las agresiones del domingo pasado por parte de elementos de la PF en Chilpancingo, los padres de familia y sus representantes legales exigieron a la PGR abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales en los hechos ocurridos en Iguala, como lo denunciaron en su momento los sobrevivientes y ahora la revista Proceso con un reportaje en el que aporta evidencias documentales y testimoniales que le dan un giro a la versión oficial.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, recordó que desde que tuvieron contacto con el procurador Jesús Murillo Karam y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los afectados solicitaron que se “abriera una línea directa de investigación”, luego de que testimonios rendidos por estudiantes señalaron que elementos del 27 Batallón de Infantería los desalojaron de un hospital privado, donde llevaron a uno de sus compañeros herido de bala por disparos de la policía.
Después de deplorar la “insensibilidad” del presidente Enrique Peña Nieto, “que ni siquiera llamó al papá de Alexander Mora para darle el pésame porque identificaron a su hijo”, De la Cruz advirtió que los padres de los desaparecidos no quieren que con este caso pase como con Tlatlaya, donde “ya nadie habla de esa masacre”.
Y es lo que pretenden las autoridades, “que pase el tiempo y se olvide como muchos crímenes cometidos por el Estado (…) pero en este caso, el Ejército, la Policía Federal, la policía de Iguala, el exgobernador (Ángel) Aguirre y el mismo presidente tienen que dar cuentas claras de lo ocurrido en Iguala”, advirtió el portavoz.
Mario González, otro de los padres agraviados, acusó que el gobierno federal “está protegiendo” a los elementos de las fuerzas federales que participaron en los ataques armados en Iguala.
“Tenemos pruebas y exigimos que se abra una investigación contra el Ejército y los elementos que les quitaron los celulares a los muchachos; no sé por qué en vez de investigar, los están protegiendo”, alertó.
David Flores Maldonado, representante de los estudiantes de Ayotzinapa, puntualizó que “desde el principio” denunciaron la “participación directa e indirecta” de policías federales y militares en los hechos, y que incluso se pidió al Senado su colaboración para que la PGR abriera una línea de investigación por ello, y “no sólo porque instalaron retenes en Iguala, también por su negligencia, al impedir que se atendiera médicamente al compañero Edgar Andrés, cuyo estado de salud era grave”.
Al señalar que las mesas de diálogo con el gobierno federal se encuentran suspendidas luego de las agresiones de policías federales en Chilpancingo, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que, de investigarse a los militares, se abriría la posibilidad de ampliar la búsqueda de los 42 jóvenes en instalaciones castrenses.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que además de la vertiente sobre la participación directa del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, la PGR está obligada a indagar sobre “la información que tenía de la manera en que el ayuntamiento de Iguala empezó a vincularse con esquemas de la delincuencia organizada, que es una línea de investigación no agotada”.
Incluso, advirtió que “pretender que los vínculos de los Guerreros Unidos y el Estado se agotan en el municipio de Iguala y la familia de Abarca y de su esposa es demasiada ingenuidad; sin duda que se trata de redes de complicidad mucho más extendidas, más allá del municipio de Iguala y que involucran a autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estatales y que, sin dudas, tienen ramificaciones hacia el gobierno federal”.
Sobre las agresiones sufridas el domingo a manos de policías federales, Rosales señaló que esta situación fue notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares para los desaparecidos y sus familiares, así como para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Felipe de la Cruz y Mario González reprocharon al gobierno de Peña Nieto que recurra a la fuerza y a la descalificación en un intento por acallar el movimiento por la búsqueda de los 42 jóvenes desaparecidos.
Desde Tixtla, Guerrero, donde se encuentran las instalaciones de la Normal Rural, unos 50 familiares y estudiantes acudieron a la Ciudad de México para fijar su postura frente a las agresiones que dejaron 14 normalistas heridos, entre ellos un estudiante de la UNAM, Ernesto Cruz Flores, lesionado en el rostro por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Familiares y abogados exigieron al gobierno de Peña Nieto frenar la estrategia de “mano dura”, expresada no sólo en los hechos del domingo 14, sino en “las declaraciones del secretario de la Marina, Vidal Soberón, quien el Día Internacional de los Derechos Humanos (miércoles 10) dijo que los padres de familia eran manipulados”, recordó Rosales.
La “mano dura” también se expresa en los reportes del Cisen filtrados a la prensa y que vinculan a Abel Barrera, director de Tlachinollan, con grupos guerrilleros, con lo que “se ha tratado de descalificar a los abogados que ni siquiera nos cobran”, acusó Mario González.
Abogados, padres de familia y estudiantes exigieron el cese de esta política y advirtieron que proseguirán con las movilizaciones hasta la presentación con vida de los normalistas hasta ahora no localizados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP: La urgencia del gobierno federal de presumir a México en el espectro internacional como un país con paz social y laboral, atractivo para las inversiones extranjeras, en suma, está resultando mucho más costoso de lo imaginado para los estados receptores de las inversiones trasnacionales.
En el caso de esta entidad, los compromisos acordados por el gobernador Fernando Toranzo en julio pasado con la automotriz alemana BMW ya se empiezan a notar: aumentaron el endeudamiento estatal e impactarán a las finanzas locales en las siguientes administraciones.
Además de los montos económicos pactados con cargo al erario estatal en el convenio suscrito el pasado 4 de julio, un día después de que Enrique Peña Nieto anunció la inversión en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, las especificaciones y alcances de las cláusulas del documento –del cual Apro tiene una copia— reflejan una total rendición a las condiciones deseadas y exigidas por la firma alemana de autos de lujo.
La suma de los diversos rubros que el gobierno del estado deberá cubrir para satisfacer al 100% los requerimientos previstos rebasa los 3 mil millones de pesos. Pero hay una serie de conceptos no cuantificados de largo alcance: la exención del pago de la totalidad del impuesto predial al municipio de Villa de Reyes –en cuyo territorio se instalará la planta armadora- durante los siguientes 10 años, que estarían sumando otros cientos de millones de pesos que impactarán en las finanzas del propio estado y del municipio.
Peor aún: El acuerdo establece que ante cualquier situación imprevista, de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, ésta simplemente notificará por escrito al gobierno estatal y cancelará el acuerdo y la inversión, prácticamente sin obligación de reintegrar o revertir la propiedad del terreno de 300 hectáreas adquirido por el estado para la instalación de la planta, ubicado en el parque industrial Logistik II, en el municipio de Villa de Reyes, al sur de la capital potosina.
Estos requerimientos explican de alguna manera el retiro de gobierno como el de Querétaro que inicialmente pujaron por llevarse la inversión alemana.
Ya desde diciembre del año pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, declaraba “haberle perdido la pista” al proyecto de inversión, debido a los requerimientos “imposibles” que pedía la empresa alemana para establecerse en alguno de los estados interesados, entre los que figuraban Puebla, Guanajuato, Hidalgo, San Luis y el propio Querétaro.
“Para ser sinceros nosotros sabemos que estamos lejos de una posibilidad con la planta por el nivel de negociación que tenemos y contacto podemos decir que es difícil que el proyecto pueda aterrizar en la entidad”, declaró el funcionario queretano a los medios, tras lo cual reveló las razones:
“Se nos complica entrar a una donación de predios de 400, 500, 600 hectáreas”, dijo, al explicar que, de acuerdo con los estudios costo-beneficio efectuados por su dependencia, la inversión no resultaba viable para la administración estatal del también gobernador priista José Calzada, quien igualmente se encuentra en su último año del sexenio.
Mientras en Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle habría otorgado ya incentivos y compromisos cercanos a los 8 mil millones de pesos para la planta de otra automotriz, Audi, en Guanajuato el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez contrajo en el 2012 un endeudamiento superior a los 2 mil millones de pesos para cumplir ofrecimientos convenidos con armadoras como Mazda y Honda, entre otras.
Algunos de esos acuerdos, por cierto, “se los heredó” su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez.
El convenio marco entre el gobierno de San Luis Potosí y la BMW, según los documentos en poder de Apro, obliga a las autoridades estatales a ceder todo: preparar y nivelar los terrenos; diseñar y construir un sistema de calles de acceso a la planta; fabricar una conexión férrea; hacer una donación para el Centro de capacitación de la BMW (terreno y aportación económica); 2 mil becas de capacitación; becas escolares de licenciatura; equipar la sala de emergencia; invertir en los terrenos para la infraestructura de transporte, y garantizar los derechos de paso.
Todas estas obras y aportaciones implican una erogación de aproximadamente 3 mil 017 millones de pesos.
A esta cantidad hay que agregar otros gastos cuyos montos no están estipulados claramente en el convenio. Por ejemplo, el pago de oficinas provisionales por los 36 meses siguientes a la firma del acuerdo; pago de dos traductores; apoyo para transporte a becarios –por la irrisoria cantidad de 20 pesos mensuales a cada becario para este rubro-; autorizaciones ambientales, estudios de impacto, licencias, exenciones de pago del Impuesto sobre la Nómina y del Impuesto predial por los siguientes diez años.
En este último paquete, el acuerdo establece que el gobierno del estado debió entregar a los representantes de la BMW el acuerdo del cabildo del municipio de Villa de Reyes por el que se aprobó la exención del pago del predial.
Asimismo se compromete a hacer su mayor esfuerzo para que el gobierno federal cumpla con los apoyos ofrecidos, básicamente para algunas obras de acceso y capacitación.
También afirma que cuenta con todas las facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio y no necesita de autorizaciones de otro poder o instancia para ello.
En tanto que la empresa establece que de existir interés por ampliar el proyecto –específicamente con una planta de motores que podría instalarse en un predio anexo de 40 hectáreas-, el gobierno estatal deberá ofrecer las mismas condiciones establecidas en el compromiso actual, mientras que los mil 500 empleos directos que está garantizando serán vigentes una vez que la planta se encuentre “completamente terminada y en pleno desarrollo de operaciones” lo que ocurriría a fines del 2019.
Aunque esta ampliación será decidida “a entera discreción” por la BMW, el gobierno estatal se obliga a gestionar la adquisición del terreno para la planta de motores, cubrir el costo, realizar y pagar los estudios de viabilidad de la construcción y operación requeridos, y más allá, de no resultar éstos a satisfacción de la empresa, efectuar otros y cubrir el costo que tengan.
En caso de que surja algún cambio en leyes o reglamentos que impacten negativamente en los beneficios económicos o incentivos recibidos por la marca germana, el gobierno se compromete a entregar un recurso o incentivo equivalente o igual al eliminado.
Finalmente, según las condiciones a las obligaciones de la empresa, la instalación de la planta estará sujeta al desarrollo del mercado de demanda, la situación de la industria “y el ambiente económico”, y en esta ambigüedad, una de las causales para la cancelación del convenio sería “por razones que se encuentren fuera del control de BMW, incluyendo pero no limitado a un ambiente general de negocios en México, cambios en las estructuras fiscales, de negocios o de empleo que afecten la viabilidad del proyecto, lo anterior a entera discreción de BMW”.
Eduardo Martínez Benavente, abogado y activista en materia de transparencia, dice en entrevista que las cláusulas del convenio suscrito con la trasnacional alemana son “leoninas”.
Desde que supo que el gobierno estatal le abriría las puertas a la BMW, el litigante potosino advirtió en su portal Proyecto Tábano y en sus columnas que pugnaría para que el convenio se hiciera público a fin de conocer la oferta hecha por el gobierno de Toranzo para amarrar la inversión, así como la parte que asumiría el gobierno federal como respaldo y las condiciones expresas de la propia marca alemana.
“Se trata de una operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones””, dice.
Las gestiones que hizo en transparencia no prosperaron. El Comité de información de la Secretaría de Desarrollo Económico, que preside el propio titular de la dependencia, Fernando Macías Morales, resolvió reservar la información, de acuerdo con el oficio 014/2014con fecha del 11 de julio último.
Entre otros, estos fueron sus argumentos:
“La publicidad de la información que se solicita, el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno del Estado y la empresa BMW SLP, S.A. DE C.V., así como sus anexos y la carta de incentivos que se propusieron a la citada empresa, afectaría el proceso de formalización con la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las negociaciones que el Gobierno del Estado está llevando a cabo con otras empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que actualmente están en pláticas con este Gobierno, podrían exigir los mismos incentivos que se ofrecieron a la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., por parte del Gobierno del Estado, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que se trate, esto es, el Estado otorga ciertos incentivos a la empresas de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se presenta al Estado, quien este último, tomando en cuenta la inversión y la generación de empleos y el impacto económico que deja la empresa en nuestra Entidad, determina el nivel de apoyos e incentivos en las proporciones y de acuerdo a los presupuestos con los que el Estado cuenta.
Ante la negativa gubernamental de revelar las cláusulas del convenio, el abogado interpuso un recurso y en la entrevista con Apro señala cuáles son las disposiciones que se infringieron al ponerle candado al documento.
“La Constitución del estado, en su artículo 70, establece la obligación de publicar todo tipo de convenio, ley, reglamento o circular que se celebre en el Periódico Oficial del estado para que tenga validez o surta efecto. Sólo por este artículo, ya que los acuerdos de reserva o la Ley de transparencia no pueden estar por encima de la Constitución, este convenio debe ser público”, indica.
Falsas expectativas
“Somos un país que tiene un ambiente y un clima de negocios favorable para atraer inversiones; tenemos políticas económicas que favorecen precisamente las inversiones; un clima de armonía y paz laboral; capacidades y habilidades en el capital humano. La conjunción de todos esos factores está favoreciendo a que México sea un destino cada vez más accesible y más rentable para la inversión extranjera y nacional”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de julio al anunciar la llegada de BMW a San Luis, con una inversión de al menos mil millones de pesos.
En el evento, el mandatario presumió que fue “después de haber hecho un análisis del mundo entero” que la fabricante germana había optado “por depositar su confianza en México”, específicamente en San Luis como la opción más competitiva, y que ésta y otras inversiones del ramo automotriz “acreditan la confiabilidad del país” ante los ojos del empresariado mundial.
En ese momento se conoció que la nueva planta generará mil 500 empleos directos; que comenzará sus operaciones en el 2019, y que tendrá capacidad para producir 150 mil unidades cada año, para los mercados nacionales y de exportación.
En su discurso, Peña Nieto elogió la gestión del gobernador Fernando Toranzo –quien en los primeros meses del año había efectuado al menos dos viajes a Alemania con un grupo de funcionarios, con la agenda dedicada a la BMW- y todavía, le dijo que la operación de la planta “permitirá que San Luis Potosí se integre a esta conjunción de esfuerzos que en todo el país estamos realizando” para impulsar el desarrollo económico y social.
Sin embargo, el convenio marco entre la empresa alemana y el gobierno potosino no se firmó sino hasta el día siguiente. Así lo confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico, en un acuerdo de reserva por el que negó dar a conocer el documento a través de la Unidad de información pública, en respuesta a la solicitud hecha por el abogado Eduardo Martínez Benavente.
Catorce días después, el 18 de junio, se firmó el contrato para formalizar los estímulos e incentivos asentados en el convenio general.
En su análisis, el abogado Martínez Benavente considera significativo que en su momento las autoridades de Querétaro se hayan “bajado” de la competencia por la planta de la BMW y aludieran a los miles de millones de pesos que condicionaban la misma, que esa entidad no quiso comprometer por no tener capacidad para ello.
Aparentemente, dice, Fernando Toranzo fue presionado por el presidente Peña Nieto para formalizar la instalación de la planta de BMW, pese a que en términos reales cada empleo generado le costará al gobierno estatal alrededor de 2 millones de pesos, según los incentivos a que se obliga el estado.
Encima de todo, para hacer frente a las primeras fases del convenio, Toranzo pidió al Congreso del estado autorización para contraer un préstamo por 750 millones de pesos, permiso que le fue otorgado con los ojos cerrados, puesto que sólo transcurrieron tres días entre el día en que fue turnada la solicitud a las comisiones de Hacienda y Gobernación, y éstas elaboraron el dictamen dando luz verde al Ejecutivo, el cual fue aprobado por el pleno en la siguiente sesión.
Martínez Benavente critica:
“Los diputados tienen la facultad legal de solicitar toda la información necesaria sobre un tema como el endeudamiento del estado y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones y le aprobaron a Toranzo sin saber qué compromisos implican. Son unos facilitadores irresponsables”.
Asimismo refiere que, como parte de sus obligaciones, el gobernador debió incluir el compromiso de BMW en el informe trimestral de octubre, y no lo hizo.
En cambio, a principios de noviembre, Toranzo anunció que no dejaría compromisos financieros que afecten las finanzas públicas de la próxima administración. El préstamo de 750 millones, subrayó, “se pagará solo”.
“Toranzo debe estar desesperado por no poder ofrecer nada en materia de obra pública y necesitaba presumir algo importante –advierte el abogado Eduardo Martínez Benavente. Pero este acuerdo (con BMW) es una rendición incondicional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA (REPORTAJE ESPECIAL)
La familia del ganadero Luis Autrique, quien murió mientras permanecía secuestrado por la banda ‘Los Camacho’, que controla el Ajusco, señala la apatía de las autoridades para investigar mientras aún llegaban pruebas de vida.
Hace más de año y medio que la familia Autrique se alejó del rancho Las Cruces en Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, donde crían caballos y siembran. Desde que el patriarca de esa familia fue secuestrado y asesinado por “Los Camacho”, sus deudos tienen miedo a subir a esa zona boscosa del Distrito Federal.
Esta banda de secuestradores a la que se le imputan robos, venta de armas y drogas no es un mito, es una realidad en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, donde se convirtieron en una especie de autoridad alterna.
Patricia Autrique, viuda de Luis Autrique, empresario ganadero que murió durante sus días de cautiverio en manos de “Los Camacho”, da detalles de quiénes son, cómo operan y el terror que siembran en aquellas apartadas comunidades del Ajusco, Tlalpan, donde tienen sus reales.
Ahí siguen. Aunque la Fuerza Antisecuestro (FAS) de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó a varios integrantes de Los Camacho, entre ellos el supuesto líder, José Omar Romero Esquivel, alias “El Canario”, aún están en libertad muchos de sus cómplices.
A un año y diez meses de este secuestro, Patricia Autrique explica en entrevista la situación de inseguridad que impera en El Ajusco, donde su esposo se convirtió en una víctima más de este clan cuya fama se extiende más allá de Santo Tomas y San Miguel.
Hace apenas tres meses, el 8 de septiembre del 2014, se dictó sentencia definitiva dentro de la causa penal 145/2013 en la que se condenó a los secuestradores del ganadero Luis Autrique a 78 años de prisión.
En este caso está Daniel Delgadillo Quiroz, alias “La Coneja”, quien trabajaba en el rancho del ganadero donde se desempeñaba como caballerango; además de Caridad Esquivel Palacios (amante del caballerango y prima de “El Canario”); Vicente Daniel Esquivel Palacios, “El Chente”; Juan Martín Peralta Camacho; José Omar Romero Esquivel, alias “El Canario”, y Agustín Álvaro Franco González, alias “Charly”.
Otros integrantes de la banda que participaron en el secuestro del Luis Autrique y que recibieron una condena de tan sólo ocho años son: Óscar Beltrán Carrillo, alias “Atlatlaco”; Julián Martínez Santiago “El Jaro”; Bryan Enrique Hernández Jiménez y Ulises Peralta Camacho.
Un viacrucis en busca de justicia
“Ninguna condena me va a devolver con vida a mi esposo”, asevera Patricia, quien además de padecer el secuestro de Luis Autrique hoy tiene que cuidarse ella y a su hijo de que “Los Camacho” no intenten cobrar venganza.
Dice que los primeros 15 días del secuestro de su esposo son un libro en blanco dentro del proceso, pues hubo evidencias que se perdieron, huellas que no se conservaron y mucha lentitud para actuar en el caso.
Las horas siguientes al secuestro de Luis Autrique, la familia pidió a los agentes de la PGR que se interrogara a Daniel, el caballerango del rancho, pues tenían la sospecha de que estuviera directamente involucrado ya que días antes tuvo diferencias con el ganadero, quien le había reclamado unos faltantes en aquella propiedad.
Pese a ello, los federales no lo interrogaron. Que no era prudente, argumentaron. Tampoco declararon a Patricia ni a nadie de la familia, pues había que hacer frente a lo inmediato, las llamadas telefónicas a través de las cuales exigían el rescate.
En las inmediaciones del rancho Las Cruces habían quedado tiradas las propiedades personales del Luis Autrique, el fuete y un reloj que se le habían caído durante el forcejeo en el que sus captores lo obligaron a bajar del caballo en el que paseaba aquel sábado de febrero, en compañía de Daniel.
Las autoridades ordenaron que cualquiera las recogiera, que no eran importantes. Ahí se perdieron las primeras evidencias de huellas.
Al cabo de unas horas ya les estaban llamando para pedir el rescate. Se escuchaban ansiosos, violentos, tenían mucha prisa por cobrar, explica Patricia en la entrevista.
Comenzaron pidiendo muchísimo y al cabo de unas horas ellos mismos se bajaron y aceptaron poco, les urgía cobrar. Hubo diversas pruebas de vida, durante las primeras llamadas permitieron que el ganadero tomara el teléfono para hablar con sus familiares.
La familia les hizo ver que Luis Autrique era diabético y que requería tomar diariamente sus medicinas para no recaer, por eso es que en una de esas llamadas les pasaron la lista de los fármacos que el ganadero acostumbraba.
Daniel, el caballerango, seguía sin declarar ministerialmente, a pesar de que la familia mantenía fuertes sospechas sobre él. Pasó más de un mes y los agentes federales seguían recomendando esperar.
En abril del 2013, autoridades de la PGJDF capturaron a siete integrantes de “Los Camacho”; en ese operativo “El Canario” logró huir a Aguascalientes.
Debido a las características que se difundieron en los medios, la familia del empresario Luis Autrique se puso en contacto con los agentes del Distrito Federal, a quienes le pidieron que la fotografía del empresario fuera mostrada a los detenidos para saber si lo reconocían como una de sus víctimas.
“No quisieron, que iba contra los derechos humanos”, recuerda Patricia Autrique.
A partir de la captura de esa célula de “Los Camacho”, en el Ajusco, se rescataron dos víctimas y se encontraron los cuerpos de dos más que fueron enterrados, uno de ellos correspondía a Luis Autrique, quien falleció al quinto día de cautiverio debido a complicaciones cardiacas.
La familia supo que en la PGJDF contaban con una denuncia anónima, que jamás fue investigada, de un poblador de Santo Tomás Ajusco que declaró que uno de “Los Camacho”, al que apodaban “El Canario”, había acudido a su negocio a vender una hebilla con las iniciales del empresario ganadero y que al salir del establecimiento, por accidente, se le cayó la credencial de Autrique.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Algunos funcionarios mexicanos de primer nivel reciben por esta prestación hasta medio millón de pesos.
En esta época decembrina miles de trabajadores reciben el pago de aguinaldo como una gratificación por los servicios prestados durante el año, pero algunos funcionarios de primer nivel reciben más de medio millón de pesos.
El funcionario con mejor aguinaldo en el país es el secretario general del Senado, que recibe 543 mil 160 pesos.
El secretario del Senado es quien administra el funcionamiento de la Cámara Baja para que los senadores puedan llevar a cabo sus actividades.
Actualmente Roberto Figueroa Martínez ocupa ese puesto, debido a que recién fue nombrado el octubre, el funcionario recibirá solo la parte proporcional.
Un senador recibirá este fin de año un total de 234 mil 330 pesos; es decir, 130 por ciento menos que el secretario general del Senado.
En segundo lugar se ubican siete de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuatro de los siete consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes recibirán un pago de 518 mil 757 pesos cada uno.
Los ministros restantes de la SCJN y los consejeros del CJF están regidos con la Ley de Salarios Máximos que entró en vigor en el 2009 y, por ello, recibirán 352 mil 266 pesos.
Los mejores pagados
> El secretario general del Senado
543,160 pesos
> Ministros SCJN, Magistrados del TEPJF y Consejeros de la CJF
518,757 pesos
> Consejeros del INE
448,960 pesos
> Presidente de la República
396,445 pesos
> Consejero presidente del INEE
387,113 pesos
> Secretario general del INE
381,757 pesos
> Auditor Superior de la Federación
375,664 pesos
> Presidente de la CNDH
375,267 pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MEXICO, D.F: La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del matrimonio formado por el exedil de Iguala, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda Villa, pues se presume que su fortuna proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia también requirió el congelamiento de las cuentas bancarias de otras personas, particularmente de quienes han sido señaladas de tener algún vínculo de negocios con los Abarca y algún grado de participación en los sucesos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, donde murieron seis personas y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Pineda Villa fue notificada por un juez federal de la petición que realizaron en su contra los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
Lo propio hizo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encabezada en estos momentos por Rodrigo Archundia Barrientos, extitular de la SEIDO, quien pidió el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias bajo el supuesto de que el dinero tendría su origen en el crimen organizado.
El matrimonio, conformado además por tres hijos –dos mujeres de 24 y de 17, y un varón de 14 años–, aparte de las cuentas bancarias que la PGR solicitó congelar, poseía bienes mucho antes de incursionar en la política: su casa ocupaba varias parcelas de muros altos, alambre de seguridad y cámaras de vigilancia, lo que la hacían contrastar con el resto de las viviendas.
Hace seis años mandaron construir un centro comercial de cuatro hectáreas que costó unos 300 millones de pesos.
Según la PGR, las considerables propiedades y negocios del matrimonio Abarca-Pineda están a nombre de José Luis Abarca Velázquez, de su esposa, de sus hijas Yazareth y Yitzel, así como de otros familiares.
En Guerrero el matrimonio Abarca es dueño de 31 inmuebles, entre casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. En el Distrito Federal posee 10 propiedades localizadas en las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Cuauhtémoc. Y en Tlaxcala también posee una casa.
Además, hay propiedades relacionadas con Mario y José Alberto Pineda Villa, hermanos de la esposa de Abarca Velázquez, considerados como operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
Otros inmuebles están a nombre de una hermana de María de loa Ángeles Pineda, de sus padres y de su primo Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala aún prófugo de la justicia.
En Iguala, entre otros inmuebles, destacan ocho en la colonia Centro, entre las que sobresale un edificio en donde son dueños de cinco departamentos.
Otras tres propiedades se localizan en la colonia Jacarandas. Dos están a nombre de José Luis Abarca y la otra a nombre de su esposa y de su hija Yazareth Liz Abarca.
Una propiedad que se localiza en el número 8 de la calle de Roble semeja un búnker y su construcción sobresale del resto de las casas localizadas en esa misma calle.
Adicionalmente, José Luis Abarca tiene propiedades en las colonias Juan N. Álvarez, 20 de Noviembre, Rubén Figueroa, Renovación Ampliación, Villa Guadalupe y Lomas de los Coyotes.
En la colonia Vicente Guerrero tiene dos propiedades; en la colonia Los Tamarindos, un inmueble y cuatro departamentos que se localizan en un solo edificio.
Asimismo, es dueño de las firmas Grupo Empresarial Abarpin SA DE CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y comercialización de desarrollos comerciales y de casas-habitación, y de Asociación Yozy’s SA de CV, que se dedica a la compra-venta de terrenos y construcción de casas-habitación y desarrollos comerciales.
El exalcalde también es dueño de la Universidad Benemérito de las Américas, de Iguala, y propietario de un terreno de siete hectáreas en donde pensaba construir un complejo comercial. Aparte, es socio de Arizmendi Pérez Miranda y de la empresa Galaxy Gamers SA de CV.
Por último, José Luis Abarca es dueño y socio de 13 establecimientos ubicados en el centro joyero de la ciudad de Iguala, así como de un terreno utilizado como estacionamiento público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este día la Oferta Pública de Infraestructura (OPI) que obliga a Televisa a compartir su infraestructura pasiva en radiodifusión a otros operadores de televisión de manera “no discriminatoria” ni condicionada a “comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional”.
La decisión del IFT puso de plazo este viernes 19 para que Grupo Televisa, agente económico preponderante en el sector de radiodifusión, publique sus tarifas en Internet, o en caso contrario el propio instituto las dará a conocer.
La empresa de Azcárraga Jean deberá compartir su infraestructura a partir del 1 de enero de 2015 y por dos años más.
Según el comunicado del IFT, estas medidas evitarán que Televisa “incurra en prácticas anticompetitivas, aparte de que se promueva el despliegue de la cobertura de los nuevos operadores de manera más eficiente”.
Se otorga, además, “certeza a los concesionarios solicitantes en la provisión de los servicios de compartición de infraestructura”, agregó el organismo regulador, en clara referencia a los próximos competidores de las dos nuevas cadenas de televisión.
Con esta determinación, el IFT evita que Televisa “niegue u obstaculice el acceso y el aprovechamiento eficiente de la infraestructura existente, con el fin de promover el despliegue más acelerado de nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confió en que Proceso le presente las pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui para CNN en Español, Murillo Karam dijo esta noche que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.
En su edición 1989 que circula esta semana, Proceso destacó que “la noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”.
En respuesta, el titular de la PGR aseguró a Aristegui que “la historia de (Proceso) es muy parecida a la que yo he venido planteando; prácticamente siguen mi historia. Los elementos que ahí dan no aparecen. Si alguien conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.
“No tengo las evidencias que ellos dicen. No sé de dónde salen; si las tienen y si de veras aparecen, ojalá y me las lleven y me las muestren para analizarlas”, emplazó Murillo Karam.
El funcionario federal agregó que “después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal.
“Sí del conocimiento de que había una manifestación; sí claro, de que estaban del lado de la caseta; sí claro, eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”, justificó.
El reportaje de Proceso –a cargo de la periodista Anabel Hernández y Steve Fisher, con apoyo del programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley– advierte que los normalistas nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal y que varias de las declaraciones de los implicados habían sido obtenidas con torturas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con el crudo por debajo de los 50 dólares, la estrategia de la reforma energética y la forma de atraer a los inversionistas cambió. El desplome del precio del petróleo modificó las licitaciones de la ronda uno.
El lanzamiento de la primera ronda de licitaciones de la reforma energética mostró una nueva cara de la apertura que tendrá México en los próximos años hacia las empresas privadas.
La primera ronda, que licitará 14 bloques en aguas someras con el régimen de producción compartida, es un vuelco a todo el discurso del Gobierno Federal durante el proceso de aprobación de la reforma.
Mientras se habían justificado los cambios legales para propiciar las inversiones privadas en la exploración y extracción del petróleo “caro y difícil”, los primeros contratos que se adjudicarán en julio próximo serán para petróleo “fácil y barato”.
Así lo muestran las estimaciones de la Secretaría de Energía, las cuales establecen que los campos que ahora explotarán privados tendrán un costo de producción de 20 dólares por barril.
Aún con el precio actual del petróleo en una caída que ha llegado a los 50 dólares, estos contratos que se firmarán por los próximos 25 años representan ganancias para las compañías de al menos 20 dólares por barril, considerando el régimen de exención de impuestos que le garantiza el modelo de contrato.
Esta sorpresa se suma a la imposibilidad de conocer exactamente cuánto se llevarán los privados en esta primera ronda.
Lejos de la promesa de una máxima publicidad a las regalías, lo que publicó la autoridad fue una serie de fórmulas matemáticas que llevarían solo a expertos a conocer realmente cuánto dinero recibirá el Estado mexicano de esta primera ronda.
Producción barata y compartida
“La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar Contratos de Utilidad Compartida que permitan a la Nación mantener el control absoluto sobre el petróleo.
“Con los Contratos de Utilidad Compartida el país se mantiene como el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de la gran empresa que es Petróleos Mexicanos”.
Esta frase fue pronunciada por Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, cuando presentó su propuesta de reforma energética.
Pero cuando llegó la ronda uno de la reforma energética se enfocó precisamente en estos contratos que no estaban originalmente en el plan presidencial, cuya inclusión como parte de los artículos transitorios de la reforma se dio de madrugada, a propuesta del Partido Acción Nacional.
En ese momento, los senadores priistas José Yunes Zorrilla y David Penchyna defendieron la inclusión de estos contratos en la reforma energética porque era una forma de atraer el capital extranjero hacia la exploración y explotación del “petróleo difícil” el cual, según esta línea de discurso, era muy caro, Pemex tenía poca experiencia y tecnología.
Cuando compareció ante el Senado en octubre del año pasado, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, defendió los contratos de producción compartida para aguas profundas como unos donde existe un mayor riesgo para las compañías.
“Mientras fuimos un país de grandes yacimientos convencionales, podíamos transitar con este régimen de contratos.
“Pero si ya vemos que el petróleo del futuro en México, la nueva era del petróleo en México, 75 por ciento de esos recursos están en aguas profundas y ultra profundas del Golfo de México y en campos no convencionales, necesitamos un régimen de contratos que le transfiera los riesgos a las empresas que vienen a producir, o que vendrían aquí a invertir a México”, añadió.
Como ejemplo de un buen uso de estos contratos, el secretario habló de que se había usado el modelo de producción compartida para el campo brasileño Libra, situado a 5 mil metros de profundidad bajo una gruesa capa de sal.
Ese mismo día, el secretario declaró que Pemex “es una potencia en aguas someras”.
La ronda de licitación que ahora presentó Coldwell contradice ambas afirmaciones.
Los bloques que puso la Sener a concurso se encuentran en el área llamada por Pemex como Activo de Exploración Cuencas del Sureste Marino, que abarca 176 mil kilómetros cuadrados enfrente de las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Esta Cuenca era antes de la reforma una de las principales áreas de interés exploratorio para Pemex, según escribió la petrolera en su informe anual 2012.
El Informe de Inversión 2014 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos muestra que Pemex invirtió 19 mil 406 millones de pesos en hacer actividad exploratoria en estos bloques entre 2012 y 2014.
Este dinero ahora suministra información con la que se licitan los bloques que serán operados por privados durante los próximos cuatro sexenios.
Aunque promedian un porcentaje máximo de éxito de 25 por ciento, todos los bloques que ahora se licitan están ubicados precisamente en aguas someras, donde Pemex ha extraído petróleo durante toda su existencia como paraestatal.
Los contratos que ahora entran a concurso también fueron catalogados como “de riesgo” en la fundamentación del decreto que llevó a reformar la constitución en diciembre del año pasado.
Posturas encontradas
La especialista en contratos petroleros Miriam Grunstein considera que es correcta la elección de este tipo de contratos para la Cuenca del Sureste Marino, ya que en la producción compartida “hay más control del Estado. La utilidad compartida es un contrato de servicios muy caro y no atraes a empresas petroleras internacionales. Están en una fase piloto de probar un instrumento contractual”.
Esta fase piloto pasará por la firma de una primera versión de los contratos que darán a los privados la posibilidad de registrar en sus finanzas las ganancias esperadas para los próximos 25 años, aunque no las reservas.
En octubre del año pasado, la propia Grunstein advirtió durante un foro en el Senado que “en un mal diseño la cláusula de recuperación de costos puede ser muy difícil de monitorear y, por ende, puede dar pauta a muchísima corrupción, ‘porque la persona que audite los cotos, le pueden pagar’ para que dé costos de riesgos más altos”.
Grunstein advierte que la tasa de declinación de Pemex muestra que “tampoco lo estaba haciendo bien” en aguas someras, lo cual abonaría a intentar una mejora en la producción contratando estas áreas con privados.
Otras posturas como la del geólogo Raúl González indican que la declinación de las aguas someras que explota Pemex se debe a que por cuestiones políticas se hizo una explotación acelerada de los yacimientos.
Esto impidió aprovechar su máxima capacidad antes de que llegaran a su pico máximo de producción, que fue en 2004 para la región de la cuenca de Campeche, la más productiva para la petrolera.
Sabíamos y es muy caro. Aquí sí sabemos y no es caro.
“Tú pagas con producción compartida cuando no tienes dinero, cuando es muy difícil”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMIREZ.
