Ayer murieron 11 personas en un enfrentamiento en La Ruana; días antes, Hipólito Mora había advertido que Michoacán "es un desmadre".
Desde hace varias semanas diversos grupos de autodefensas y Fuerzas Rurales advirtieron que en Michoacán estaba regresando la violencia y que en cualquier momento podría registrarse un enfrentamiento, como el ocurrido este martes 16 de diciembre en La Ruana, donde murieron 11 personas.
De hecho hace una semana Hipólito Mora, líder de las Fuerzas Rurales en la comunidad de La Ruana, advirtió que Michoacán “era un desmadre” y que incluso la situación estaba peor que cuando se levantaron las autodefensas.
Y esto incluso lo venía denunciado Felipe Díaz, líder de las autodefensas en Coalcomán, quien en octubre señalaba que existía una pelea por el territorio por parte de Los Caballeros Templarios y Los Viagra.
Incluso en octubre se vieron surgir grupos de autodefensas en Coalcomán y la zona de la Costa, sin embargo, las denuncias de Felipe Díaz no se escucharon debido a que ese mismo mes fue asesinado.
Fue así que, ante la inseguridad que se vive en la región, diversos miembros de las Fuerzas Rurales decidieron el pasado fin de semana bloquear diversas carreteras e incluso quemar sus trajes de Fuerzas Rurales pues aseguraban que “era mejor regresar a las armas como autodefensas y así vigilar sus comunidades”.
Territorios como Apatzingán, Uruapan, Zamora, Nueva Italia y otros lugares de Tierra Caliente han reportado en el último mes enfrentamientos y ataques a diversos grupos que hacen rondines por parte de las fuerzas rurales.
En dichos enfrentamientos se han registrado la muerte de varias autodefensas, y diversos elementos de las fuerzas rurales han resultado heridos. A la fecha se tiene un mes con el reporte de la desaparición de 10 autodefensas que viajaron de Uruapan a Apatzingán y de los cuales no se sabe nada.
Hipólito Mora advirtió hace unos días que diversos grupos armados estaban empezando a rondar por las carreteras del estado y acuso al Comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, de no estar atendiendo la problemática sobre todo lo referente a un grupo creado por el comisionado denominado G250.
Este grupo de autodefensas y fuerzas rurales tenía la tarea principal de localizar a Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, y para ello se les permitía viajar armados por todo el estado.
Ante los bloqueos, el pasado lunes 15 de diciembre, el Comisionado Alfredo Castillo se vio obligado a reunirse con los líderes de las Fuerzas Rurales para darles a conocer la desaparición del grupo y establecer nuevas reglas, entre las cuales destacó que se acababan los rondines de las Fuerzas Rurales por municipios, al tiempo que destacó que en Apaztingán solo el Ejército estaría encargado de los retenes.
La división entre Fuerzas Rurales y Autodefensas
El enfrentamiento de este martes en la comunidad de La Ruana “ya se veía venir”, estaba anunciada desde el momento en el que Alfredo Castillo perdió el control de los grupos “responsables de la seguridad”, aseguró Hipólito Mora.
Y es que cuando se conforman las Fuerzas Rurales, las autodefensas se dividen en dos grupos; unos oficializados como cuerpo institucional y reconocidos por el Comisionado y otros como autodefensas que eran líderes, pero que no pasaron los controles de confianza, aunque se les dejó armados.
De hecho, tras el enfrentamiento de ayer, Alfredo Castillo aseguró que Hipólito nunca reconoció a las instituciones y que incluso en varias entrevistas había asegurado que tomaría las armas.
“En Michoacán las cosas están en orden, pero aún hay enconos personales que no reconocen a las instituciones y esos actos no los vamos a permitir”, refirió el Comisionado
En ese sentido, días antes, los integrantes del grupo que dirige Hipólito Mora resaltaban que “los únicos en los que confiaban y que les daban solución a sus demandas eran los representantes de la Secretaría de Gobernación; los enviados de Miguel Ángel Osorio Chong”. Mientras tanto, el equipo de Fuerza Rural que comanda Luis Antonio Torres “El Americano”, del H3, firmaba el pasado lunes un nuevo acuerdo con Alfredo Castillo.
Es de resaltar que desde septiembre de este año, fecha en que se conformó el G250, grupo de búsqueda para la captura de “La Tuta”, las fuerzas rurales empezaron a desviar su sentido de protección y acumularon varias denuncias en su contra y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales fueron ignoradas por las propias autoridades estatales que encabeza actualmente el gobernador, Salvador Jara Guerrero.
Pese a que todo indicaba que la conformación de estos grupos de fuerza pública podrían contener las actuaciones del crimen organizado –como así fue por varias semanas–, cada vez fue más notorio que la economía de varios comerciantes estaba de nuevo en problemas. Y es que en las últimas semanas hubo denuncias sobre extorsiones por parte de la Fuerza Rural, elementos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública Estatal.
Aunado a esto se sumó la falta de pagos y prestaciones, así como beneficios prometidos a los elementos de las fuerzas rurales por parte de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabeza Castillo Cervantes.
Esto no solo generó que el pasado fin de semana, los elementos de seguridad rural, ajenos al H3, bloquearan los principales accesos carreteros de seis municipios y causaran afectaciones colaterales en al menos otros 40 de diferentes zonas de la entidad.
Ante ello, Alfredo Castillo, se reunió este lunes con autodefensas y fuerzas rurales afines al grupo armado que encabeza Luis Antonio Torres, mejor conocido como “Simón el Americano” y algunos representantes de otras poblaciones donde se conformaron este tipo de corporaciones policiales. Estos acuerdos fueron rechazados por Hipólito Mora y otras agrupaciones más.
La respuesta a esa negativa, llegó este martes. Pues el grupo de Simón ”El Americano” irrumpió en la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), para luego de enfrentarse a tiros con la gente de Hipólito Mora, dejar un saldo de 11 personas muertas, entre ellos, el hijo mayor de Mora, Manolo, que fue la primera personas que cayó muerto en el lugar.
“Las cosas no van a quedar así. Nos vamos a cobrar una a una de las vidas que nos arrebataron los criminales pagados y armados por el gobierno, que a final de cuantas nos dejó solos, porque me imagino que esa era la encomienda, acabar con nosotros”, señaló enfático uno de los seguidores de Hipólito Mora.
Al respecto, Hipólito Mora comentó que “El Americano” fue quien llegó a La Ruana a atacar y a disparar a su gente.
“Mire, llegó gente del “Americano” y atacó, aquí estaban los policías federales, unos de la Gendarmería y se hizo un desmadre y hay muchos muertos de nosotros, entre ellos mi hijo el mayor”.
Hipólito narró que su grupo se encontraba en una de las barricadas cuando fue atacado por la gente de Simón y tras conocer de la muerte de su hijo refirió que Michoacán no estaba en calma.
“Esto se lo envío a Alfredo Castillo que dice que todo está en paz, que aquí todo está tranquilo, que el “El Americano” es obediente con él… y con “El Yankee”.
– ¿Ustedes traen armas, se pueden defender?
Sí, nos enfrentamos a balazos aquí, vinieron a atacarnos “El Americano”, tenían días amenazando, yo le avisaba a los encargados de la seguridad aquí y me decían que no pasaba nada, que “El Americano” era disciplinado con ellos y aquí está, aquí está lo que yo les venía diciendo por mucho tiempo.
Hipólito aseguró que los muertos de su grupo son “Reyes, Don Jacinto, el papá de la señora Barbará, Manolo mi hijo y alguien más”.
Al termino del enfrentamiento y pasada la media noche, Hipólito Mora aseguró que la gente de Simón quedó liberada y que temía regresar a su casa pues el Ejército solo aseguró que estaba para resguardar los cuerpos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE/ CARLOS ARRIETA.
No hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal, sostiene, aunque reconoce que la corporación sí tenía conocimiento de la movilización de los estudiantes de Ayotzinapa; "eso no implica que hayan participado".
La investigación oficial sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, atacados y desaparecidos el 26 de septiembre, está basada en evidencias, testimonios y peritajes, por lo que “no hay ninguna duda” y “nadie la ha puesto en duda con seriedad”, aseveró el procurador Jesús Murillo Karam.
En entrevista para Aristegui CNN, refutó el reportaje de la revista ‘Proceso’, en el que se afirma que en los hechos de Iguala, Guerrero, participaron fuerzas federales. Incluso, Murillo dijo que si tienen pruebas que contradigan la versión oficial de los hechos, que las presenten para que las analice.
El funcionario dijo que no sabe de dónde salió lo presentado por el semanario, que sostiene que “una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”.
Al respecto, Murillo comentó: “La historia de (Proceso) es muy parecida a la que yo he venido planteando; prácticamente siguen mi historia. Los elementos que ahí dan no aparecen. Si alguien conoce este asunto, te lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.
“No tengo las evidencias que ellos dicen. No sé de dónde salen; si las tienen y si de veras aparecen, ojalá y me las lleven y me las muestren para analizarlas, no las conozco”, emplazó.
“Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, subrayó.
No obstante, reconoció que la PF conocía la movilización estudiantil el 26 de septiembre.
“Sí del conocimiento de que había una manifestación; sí claro, de que estaban en la caseta; sí claro, todo eso está en la averiguación; eso no implica que hayan participado de ninguna manera”, justificó.
Y remarcó: “No hubo presencia física” (de la PF) en los hechos.
Sobre las patrullas distintas que operaron el 26 de septiembre, refirió que en la investigación oficial también las identificaron, y fue así “como descubrimos a los (policías) de Cocula”.
“O sea, yo sí tengo identificado todo con precisión, sé quiénes participaron”, remarcó.
Respecto a la presunta tortura de los testigos de los hechos -integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos-, el procurador aseguró que “de ninguna manera” ocurrió, “yo no admito la tortura”, y la rechazó como método de investigación. Incluso, supuso que se denuncia tortura como pretexto para poder sacar de la cárcel a los detenidos.
También negó que la investigación oficial sean sólo 3 declaraciones de los presuntos criminales, pues a ellos hay que sumar al personal del basurero de Cocula, los policías, y una “cantidad enorme de evidencias”. “No exagero pero es la investigación más grande que ha habido”, agregó. Sin embargo, dijo que sólo tres estuvieron presentes en el presunto asesinado y calcinación ocurrida en Cocula, Guerrero, municipio vecino de Iguala. “Si tienes otro, échamelo”, añadió.
LAS DUDAS
Respecto a los cuestionamientos que ha enfrentado la investigación, Murillo Karam atajó todo.
Al comentarle un reciente estudio que señala que no pudieron haber muerto calcinados los 43 jóvenes, el funcionario expuso que las llantas se queman a mil 500 grados centígrados, como habría ocurrido en Cocula, Guerrero; en tanto, en tres horas, un cuerpo puede ser incinerado en un crematorio.
El incendio, indicó, habría durado más de 13 horas.
Sobre la lluvia que algunos señalan que ocurrió el 26 y 27 de septiembre, Murillo aseguró que no la pueden probar, pues aunque el meteorológico dice que hubo “chubascos aislados” en la región, es una región de “muchos kilómetros”.
En cuanto a por qué nadie vio o reportó el incendio, mencionó que no hay viviendas en la zona, y el lugar donde los quemaron “está hundido”.
Al ser interrogado sobre lo señalado por los peritos argentinos, de que no estuvieron en el momento en que se encontraron las bolsas con restos, indicó: ”En las bolsas hay los mismos restos de llantas y los mismos tipos de huesos y eso sí lo reconocieron los peritos argentinos. No hay duda de que los restos que estaban en el basurero y estos coinciden”.
LOS ABARCA
Murillo Karam reveló que tanto el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, dicen ser inocentes y no han declarado “nada” sobre la desaparición de los estudiantes.
“Tan se dicen inocentes que traían papelito de lo que tenían que decir”, explicó y refirió que tienen derecho a no declarar nada sobre el caso.
No obstante, el funcionario dijo no tener la “menor duda” de que el ex edil es el autor intelectual de los hechos del 26 de septiembre. Por ahora, reconoció, sólo está consignado por asesinatos del año pasado, entre ellos el de Arturo Hernández Cardona, en el que Abarca está acusado de “darse el gusto” de matarlo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El comisionado federal está "venciendo a las instituciones", "golpea" a los 3 poderes en el estado; sin embargo, no termina por controlar la violencia, que este 2014 continúa en un nivel similar al del año pasado, explica Selene Vázquez Alatorre.
Lo que está pasando en Michoacán -donde ayer hubo 11 muertos en La Ruana- era absolutamente previsible; la violencia continúa pese a la presencia del comisionado federal, Alfredo Castillo; aunque “se habla de una estrategia exitosa”, el “matadero” sigue “a lo grande”, sostuvo la diputada local, Selene Vázquez Alatorre.
La legisladora sostiene que este ha sido “el año más violento” para Michoacán; aunque vemos los horrores contra estudiantes de Ayotzinapa, comentó, en Michoacán sigue habiendo desapariciones, descabezados, muertes…
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Vázquez Alatorre comentó que la intención de Castillo cuando llegó, como comisionado de la federación en el estado, era quitar al gobernador y lo logró, “se hizo del gobierno” y colocó a “toda su estructura”.
Al funcionario se le ocurrió incluso tener su propia policía, por lo que “corrieron” a los que estaban establecidos para que hubiera más “plazas” y fueron colocando a ”gente que no tenía formación policial ni ninguna posibilidad de ser realmente policías estatales”.
Y lamentó que “no hay autoridad estatal que se haga cargo” y quien ha vencido a todas es Castillo, quien tiene injerencia -dijo- en los tres poderes del Estado (el gobierno estatal, el Congreso y los jueces).
La diputada presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra de Alfredo Castillo o quienes resulten responsables, “por hechos delictivos cometidos en agravio de la sociedad”, y promovió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra los abusos de autoridad cometidos en el marco de la estrategia de seguridad en la entidad.
En MVS, detalló que tiene una “serie de quejas de la ciudadanía”, sobre asaltos, extorsiones, detenciones ilegales, cateos en domicilios, retenciones de vehículos, que no provienene del crimen organizado sino que ahora son las propias policías michoacanas las que “cometen atropellos”.
El enfrentamiento del martes en La Ruana, apuntó, no fue entre grupos armados, sino entre dos mandos de la Fuerza Rural de Michoacán, de Alfredo Castillo, como lo son Hipólito Mora y Luis Antonio Torres ‘El Americano’.
Ayer, la legisladora buscó a la autoridad local -el secretario de Gobierno del estado- y le dijo: “siempre quieres sacar raja de estas cosas, nada más es un cuerpo”, como si eso no fuera grave.
Además, denunció que existen reportes de que la Gendarmería estaba en La Ruana y cuando empezó la balacera “se salieron”.
“Cuando se instaló gendarmería, al primer lugar donde se instalaron fue en La Ruana, porque más muertes ha sufrido, es la zona más violenta”, señaló.
“Lo que yo tengo es el reporte que la Gendarmería salió para evitar estar en la confrontación”, comentó.
Respecto a la “rencilla personal” entre Mora y El Americano, abundó que “ambos son comandantes de la Fuerza Rural”, tienen uniforme, son de la misma comunidad, pero comandan grupos diferentes.
Señaló que en el caso del grupo del Americano, “ha habido denuncias permanentes de que hay infiltrados”.
“Hay los llamados perdonados (quienes eran narcotraficantes o delincuentes y luego se convirtieron en autodefensas o policías)… hay nombres y apellidos que han estado dando el propio Hipólito”, señaló.
No obstante su pasado, “el Estado les dio armas, dinero”, inicó.
Además, explicó que en esa zona de la Tierra Caliente de Michoacán, “el narcotraficante no es mal visto” e incluso “tienen estatus social”.
“En la gente del Americano hay perdonados”, refirió.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La problemática en Michoacán, según el comisionado, se centra en Apatzingán y La Ruana; en esta última, "tenemos este enfrentamiento, este encono, o esta diferencia, entre Hipólito y 'Simón El Americano'".
El único “dato” certero de lo ocurrido el martes en La Ruana, donde se enfrentaron dos grupos de la Fuerza Rural de Michoacán, es que hay un “encono” (animadversión, rencor arraigado) entre “gente” de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, El Americano, dijo el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso que este miércoles continúa “declarando la gente” involucrada en los hechos, para que se puedan fincar responsabilidades.
Refirió que en La Ruana ya hay personal de la CNDH y aseguró que el gobierno tendrá “total transparencia” en este tema.
Confió en que las pruebas periciales “nos llevarán con los responsables” del asesinato de 11 personas, entre ellas el hijo de Hipólito Mora.
Hasta que terminen de declarar todos y se realicen las pruebas correspondientes, “podremos salir a decir qué fue lo que pasó”, indicó el funcionario.
“Cualquier persona presente en los hechos rendirá declaración”, aseguró.
“Con los cuerpos vamos a poder saber qué arma de fuego fue la que se accionó para privarlos de la vida”, precisó.
“Quien tenga pruebas que ofrecer se vana desahogar”, agregó. “Sobre cualquier persona se va a actuar”, advirtió.
En La Ruana, refirió, hay presencia del Ejército, de la Gendarmería, y de “diferentes liderazgos”, mencionó Castillo.
Incluso, el funcionario aceptó que ayer -durante el enfrentamiento que dejó 11 muertos- “hubo presencia de la Gendarmería (en La Ruana), no se fue del lugar”.
EL ACUERDO
El funcionario reveló un reciente acuerdo entre los dos grupos -el de Mora y de Antonio Torres-, en el que se estableció que uno de ellos no iba a movilizarse.
“De tiempo atrás les habíamos dicho que el 15 de diciembre nos habíamos puesto como plazo para que un grupo especial, que en su momento se conformó”, expuso.
“Tenemos gente oriuda, originaria del lugar, escogida por la comunidad para dar protección a sus familias, pero en abril se comentó que de este número de autodefensas que existía, se hiciera un solo grupo de 250 personas, que no hubiera 2 mil o 3 mil personas, que nos ayudaran al tema de los accesos, los parajes, las cuevas, la sierra, que nos dijeran por dónde introducirnos porque era un territorio que nosotros no conocíamos. Y este grupo tendría movilidad y tendría coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría (de Michoacán) y las fuerzas federales. Este grupo se le dio un plazo, se le dio un término, y ese término era el 15 de diciembre… ese grupo tenía que desaparecer ya, no podía seguir teniendo movilizaciones”, abundó.
Sin embargo, “empezaron a haber discrepancias” entre los líderes -entre ellos El Americano e Hipólito-, por lo que se acordó que ya no debían movilizarse.
La problemática -apuntó Castillo- se centró en el municipio de Apatzingán -al que calificó como “territorio templario”- y por otro lado en la comunidad de La Ruana, donde “tenemos este enfrentamiento, este encono, o esta diferencia, entre Hipólito y Simón El Americano, y que esto ha llevado a que existan este tipo de diferencias”.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, criticó la postura del Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, respecto del enfrentamiento de ayer en La Ruana.
En contraste por lo mencionado pro Castillo, Wallace negó que el motivo del enfrentamiento fuera una discrepancia y señaló que ese problema obedece a la falta de autoridad.
Wallace mencionó que el gobierno federal envía un mal mensaje al permitir que ocurran sucesos como el de ayer, pues la autodefensas surgieron ante el reclamo de la sociedad por la inseguridad. “Ahora hay una autoridad que tampoco cumple”, señaló.
Wallace explicó que ocurre lo mismo con el secuestro, pues es un delito que permanece y lastima a la sociedad, ya que durante el último año se registraron
Dijo que eso es lo mismo que sucede respecto al secuestro, pues es un delito que permanece y lacera a la sociedad 543 secuestros, lo que implica que cada tres horas una persona es secuestrada en el país.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
México espera un duro invierno financiero. La Bolsa Mexicana de Valores registra una caída constante, el tipo de cambio frente al dólar supera los 15 pesos y el precio del crudo mexicano sobrepasó la barrera de los 50 dólares. ¿Cómo llegaremos a la cuesta de enero?
La Navidad no llegará a la economía mexicana. Las finanzas del país se encuentran rodeadas de problemas: la Bolsa Mexicana de Valores registra una caída constante desde septiembre, borrando todo el avance conseguido en el año.
El tipo de cambio del peso frente al dólar supera los 15 pesos, y el precio del barril de petróleo mexicano llegó a cotizarse ayer en 49.46 dólares.
Más allá de ser un fenómeno transitorio, la situación representa problemas estructurales en México que demandan la toma de acciones.
Mientras tanto, el cierre del año promete ser complicado para los mexicanos, a quienes les espera una cuesta de enero empinada.
Depreciación profunda
La debacle del peso mexicano frente al dólar tiene dos frentes. Por un lado, la inminente alza de tasas de interés en Estados Unidos incentiva a los inversionistas globales a trasladar su dinero desde activos más riesgosos alrededor del mundo hacia el bono del Tesoro de Estados Unidos.
El peso mexicano ha perdido más del 10 por ciento de su valor frente al dólar en los últimos tres meses. Tan sólo durante el mes pasado, la caída fue de 8 por ciento. Ayer al mediodía el dólar spot se cotizaba a 14.75 pesos .
Durante el mes pasado, el peso mexicano presentó el segundo peor desempeño en relación al dólar entre las divisas más negociadas del mundo, según señala el portal Bloomberg.
Ante esta coyuntura, la Comisión de Cambios del país, conformada por miembros de la Secretaría de Hacienda y de Banco de México, reaccionó con una subasta de 200 millones de dólares para estabilizar el valor del peso.
Se tomaron medidas para asegurar la liquidez en el mercado cambiario dada la volatilidad reciente en los mercados financieros.
El segundo frente de la debacle del peso responde a la fuerte caída en los precios del petróleo. Considerando que México es evaluado por los inversionistas como un mercado emergente, Jack Deino, analista de Invesco, señala que la baja en el precio del crudo promueve la venta de este tipo de activos de riesgo.
Además, agrega que el peso mexicano está siendo injustamente castigado por el mercado, pues la economía de México está diversificada y no depende del petróleo en su totalidad.
Sin embargo, apunta que “mientras el petróleo siga bajando, será difícil hacer un argumento a favor de la estabilización del peso mexicano”.
La divisa mexicana se encuentra en un espiral negativo que exacerba su depreciación. Analistas coinciden en que el mercado está apostando a la caída del peso. El argumento yace en que el debilitamiento de la moneda y de los precios del crudo limitarán las inversiones en el sector energético, inversiones que son el sustento de las proyecciones de crecimiento del gobierno mexicano.
La bolsa rota
El pasado 8 de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su más alto valor en la historia.
Desde entonces, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), aquel que sigue el desempeño de las 35 empresas más representativas de la bolsa, registra una caída constante.
Cuando esta tendencia negativa se volvió evidente, los analistas económicos afirmaron que se debía a un proceso natural de ajuste.
Sin embargo, la bolsa no ha conseguido frenar su tendencia negativa, y en los últimos tres meses borró todo el avance que consiguió en el año.
Lo que más preocupa a los analistas es que esta caída ya no va de la mano con los cambios en los principales índices bursátiles de Estados Unidos.
Todo esto refleja una gran preocupación entre los inversionistas extranjeros y nacionales. Las expectativas de México cayeron y la recuperación estadounidense está provocando una fuerte fuga de capital.
El consenso entre analistas afirma que el país no ha perdido por completo su Mexican Moment, aquel término acuñado por la revista The Economist para referirse al gran potencial que tiene el país.
Lo que más le preocupa a las empresas e inversionistas, más allá de los problemas de violencia e inseguridad, es la corrupción en los altos niveles de gobierno.
Blackrock, el administrador de fondos más grande del mundo, sitúa a México con un nivel de riesgo país similar al de Sudáfrica e Indonesia.
La firma, que tiene bajo su tutela más de 4.3 billones de dólares en activos, considera que países como Brasil, Rusia, China y Malasia cuentan con un riesgo soberano menor al de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
GUANAJUATO, Gto: El caso Marisela Escobedo Ortiz, la activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”.
De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH, en coordinación con el Cedehm.
“En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil. Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí, porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el caso de Rubí”, señala la abogada.
A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos.
Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en libertad “por falta de pruebas”.
En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.
“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola.
“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez.
Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte.
El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.
En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez como el asesino de Marisela.
Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM, sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”.
Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha, subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también con “juvenicidios”.
“Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil 500.
Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos los niveles en el país”, dice.
La simulación.
De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema judicial.
“Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores) estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único, realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”.
En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y para la rebatinga política.
“Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo niegan”, lamenta.
Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado, policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”, dice.
–¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta.
–Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos.
“La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”.
Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º constitucional.
“Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen gobierno”.
La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da pena ajena”.
Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre. Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”.
Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol.
“Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren vender”, remata.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: Peor que la revelación fue la explicación de Luis Videgaray para justificar que es propietario de una mansión de 7.5 millones de pesos en Malinalco, comprada a la empresa Bienes Raíces H&G del multifácetico contratista Juan Armando Hinojosa.
El tan celebrado Ministro de Finanzas del Año y virtual vicepresidente del país, cree que todos los mexicanos son idiotas o que sus propias cuentas no resultan ilógicas frente al escándalo revelado por The Wall Street Journal.
Cualquiera con nociones mínimas de contabilidad sabe que las cuentas de Videgaray respecto a su casa, no cuadran.
En su repuesta a The Wall Street Journal, Videgaray dio una demostración de por qué las cuentas nacionales no cuadran bajo su conducción. Y peor aún: fue una bofetada a los millones de mexicanos perseguidos por el fisco que él encabeza ya que el propio secretario de Hacienda presumió que es más importante la informalidad financiera que cumplir puntualmente con los impuestos y los compromisos bancarios.
El cerebral Videgaray se puso flamenco y en la molestia soltó dos o tres cosas que lo retratan de cuerpo entero:
1-Videgaray confirmó que adquirió la propiedad en 581 mil dólares (aproximadamente 7.5 millones de pesos de ese año) en octubre de 2012, unos meses antes de que iniciara la administración de Peña Nieto. La hipoteca original con H&G iba a ser pagada en 18 años, pero el mago de las finanzas nacionales tuvo recursos suficientes en menos de 14 meses y liquidó la hipoteca original en enero de 2014.
Según Videgaray, para la adquisición del inmueble obtuvo un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora, no por un banco. “Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, afirmó.
¿Cómo logró Videgaray tener los recursos suficientes para liquidar la deuda hipotecaria de 6.8 millones de pesos en tan sólo 14 meses de tener como único salario el de secretario de Hacienda? ¿Obtuvo otros ingresos? ¿De dónde provinieron? ¿Le pagaron antes como jefe de campaña de Peña Nieto? ¿A cuánto ascendieron esos ingresos?
Si estos recursos provienen de sus propios ahorros y de su esfuerzo como exfuncionario del Estado de México y consultor de Protego (de su mentor Pedro Aspe), ¿por qué Videgaray no pagó, desde el principio, el monto de la propiedad de Malinalco y tuvo que recurrir a un crédito de una empresa vinculada con multimillonarios contratos con el gobierno del Estado de México, donde él fungió como secretario de Finanzas?
¿Con qué autoridad ética el todopoderoso secretario de Hacienda va a autorizar la cacería fiscal a micros, pequeños y grandes empresarios si él mismo está violando la lógica y la aritmética en la explicación de sus propios ingresos?
Estas dudas fueron expresadas así por Marcelo Torres Cofiño, vicepresidente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados:
“Lo que nos ha dicho hasta ahora (Videgaray) no es suficiente y se tienen dudas muy fundadas sobre los ingresos que obtuvo entre el tiempo que estuvo como jefe de campaña de Peña Nieto, la fecha en que adquirió la casa de Malinalco y su inicio como miembro del gabinete presidencial. Las cuentas no le salen al Secretario de Hacienda y deja espacio a la sospecha”.
2.-El máximo responsable de las finanzas públicas nacionales y de los futuros recursos que se manejarán en el Fondo Mexicano del Petróleo da una muestra de criterios muy laxos para juzgarse a sí mismo frente a un evidente conflicto de interés y presunto tráfico de influencias.
Videgaray le respondió a The Wall Street Journal que “no hay conflicto de interés. Hice el trato cuando no tenía un cargo público y el trato estuvo dentro de los parámetros del mercado”.
Videgaray no puede evadir la pregunta lógica: ¿acaso no conoció como secretario de Finanzas de los multimillonarios contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó con Grupo Higa y sus decenas de filiales y denominaciones, incluyendo la escandalosa construcción del Hospital de Zumpango cuyo sobreprecio ha sido ampliamente acreditado por el propio Congreso local mexiquense?
El fue jefe de la campaña de Peña Nieto como candidato del PRI a la presidencia de la República. El Grupo Higa, a través de la empresa Eolo Plus, alquiló aeronaves al PRI y al propio aspirante presidencial. ¿No existió acaso conflicto de interés alguno entre Videgaray y uno de los prestadores de servicio de la campaña priista? ¿Videgaray quiere que creamos que el arrendamiento de las aeronaves de Eolo Plus no pasaron por la autorización del propio jefe de campaña peñista?
3.-Según Videgaray, su relación con Juan Armando Hinojosa es de índole social y proviene de una década atrás. “En algún momento conversando con él le comenté que tenía interés de adquirir una propiedad específicamente en Malinalco, que resultó en una operación primero legal y con una persona con quien no he tenido nunca un trato como servidor público”, explicó.
Para el señor Videgaray las relaciones sociales que él entabla siendo servidor público (fue secretario de Finanzas del Estado de México y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados antes de asumir como secretario de Hacienda el 1 de diciembre de 2012) no tienen ninguna conexión.
En otras palabras, lo importante es hacer tratos y contratos mientras juega en un campo de golf y no mientras esté en su despacho de servidor público. Si así se hacen los trueques, no hay conflicto de interés.
Con razón, el escándalo de las casas de Grupo Higa ha convertido al gabinete y al gobierno de Enrique Peña Nieto en el hazmerreír de los escándalos de corrupción a nivel internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La Junta de Coordinación Política determinó que el Jurídico de la Cámara de Diputados defina en qué términos deberá conformarse la “comisión investigadora” para el tema de la “Casa Blanca” exigida por cuatro de los siete grupos parlamentarios.
En tanto, los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con el diputado petista Manuel Huerta a la cabeza, conformarán en lo inmediato el grupo de trabajo plural para que esté listo en el momento en que se avale formalmente la comisión especial y tener trabajo adelantado.
En entrevista, Manuel Huerta señaló que en la reunión de este martes la Junta de Coordinación Política abordó el tema de la “Casa Blanca” y que su presidente y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió “que se entregara a las siete fracciones parlamentarias el documento de petición con 197 firmas” para analizar su procedencia.
No obstante, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, lo frenó en seco al aclararle que la “comisión investigadora” no debe someterse a discusión sino conformarla de una vez, ya que esa decisión está respaldada por el artículo 93 de la Constitución Política, que establece que con 125 firmas de apoyo los diputados pueden crear dicho órgano para hurgar en el funcionamiento de las empresas paraestatales y empresas descentralizadas.
“Es con base en el artículo 93 de la Constitución, así es que en todo caso debe ser el Jurídico el que dé su opinión para que luego la Junta de Coordinación Política dé su visto bueno”, añadió el perredista, y Beltrones Rivera asintió.
El promotor de la “comisión investigadora”, Manuel Huerta, manifestó que su fracción, así como el MC, PRD y PAN, no esperarán a que oficialmente se avale la instancia, por lo que crearán el grupo plural y empezarán a trabajar.
“No nos van a frenar. Vamos a conformar el grupo de trabajo en tanto se resuelve la comisión de investigación en los términos del artículo 93 de la Constitución. No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se avala”, subrayó en conferencia de prensa Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC.
Respecto a la “comisión especial” que indaga la aprobación y posterior cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, que preside el priista mexiquense Alfredo Maldonado Hernández, dijo que como parte de la agenda de trabajo ya se pidió que comparezca la misma Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Preña Nieto, además de Juan Armando Hinojosa Cantú, por ser beneficiario de la licitación y dueño legal de la casa de Rivera.
No obstante, apuntó, “el presidente de la comisión no ha querido someter a aprobación el programa de trabajo”.
Durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, Maldonado Hernández fungió como secretario del Trabajo y director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En la administración de Arturo Montiel, tío del actual presidente de la República, fue secretario de Transporte y antes director de Recaudación y Finanzas, así como titular de Seguridad Pública y Tránsito.
Es decir, sirvió a los últimos tres gobernadores del Estado de México, y desde 2012 se convirtió en diputado federal por mayoría. Hoy el priista se niega a aprobar el programa de trabajo para indagar la actuación del gobierno federal en la asignación de la obra del tren rápido.
Samperio, coordinador de los diputados de MC
En su reunión de este martes, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano informó a la Junta de Coordinación Política que Ricardo Monreal Ávila dejó de ser su coordinador y en su lugar fue nombrado Juan Ignacio Samperio.
De acuerdo con información difundida por Apro el pasado lunes 8, la determinación de Dante Delgado, dirigente nacional de MC, de remover a Monreal de la coordinación en San Lázaro, precipitó la creación del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Samperio fue compañero de bancada de Enrique Peña Nieto en la LV Legislatura del Estado de México de 2003 a 2006 y ocupó la curul por Convergencia. Los siguientes tres años, de 2006 a 2009, fue diputado federal por ese mismo partido, y los siguientes tres años repitió. A partir de 2012 se convirtió en legislador federal por MC.
En las votaciones trascendentales, Samperio ha votado de manera contraria a como lo han hecho sus compañeros de MC y ha sufragado en sintonía con el PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
El Instituto de la Juventud regia está en el ojo del huracán por actos de nepotismo y corrupción, pero ahora Reporte Indigo revela información que entregan Medalla al Mérito de la Juventud a amigos.
La red de favoritismos y corrupción en el Instituto de la Juventud Regia, se ha extendido hasta las fibras más sensibles del aparato municipal.
La entrega de la Medalla al Mérito Juventud Regia 2013, es el reconocimiento a la entrega, dedicación y honestidad, pero también queda entre amigos.
En la administración que gobierna Margarita Arellanes, el concepto se ha corrompido por quienes deberían promoverlo y protegerlo.
Y es que en la dependencia siguen surgiendo casos de favoritismo y amiguismo ejercidos por su director, Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, ahora en la elección de los ganadores del galardón.
El 15 de agosto del 2013, un grupo de jóvenes fueron distinguidos por el Ayuntamiento de Monterrey por su destacada labor dentro de la sociedad con la Medalla al Mérito Juventud Regia.
En una sesión solemne de Cabildo y en el marco del Día Internacional de la Juventud, Margarita Arellanes condecoró a seis jóvenes por trabajar a favor de la cultura, educación, el ámbito humanista, deportivo, ambiental y empresarial.
Alan Treviño fue reconocido por su trabajo en el área empresarial.
Pero a Treviño lo une una amistad con Alejandro Armendáriz.
Prueba del apego de estos dos jóvenes, son fotos existentes en la red social Facebook.
Ambos aparecen en imágenes conviviendo con otros muchachos en diversos eventos y lugares.
Reporte Indigo muestra hoy, fotografías que prueban que Alan Treviño y el director del Instituto de la Juventud de Monterrey, han asistido juntos a fiestas de Navidad, a reuniones en bares e incluso, viajaron en grupo, a celebrar una despedida de soltero en Puerto Vallarta.
Ha quedado demostrado cómo al interior de la dependencia municipal, existen redes de corrupción y desvío de fondos públicos en fiestas y viajes.
Se otorgan contratos a amigos de los funcionarios y juntos, hacen viajes de placer a playas mexicanas.
En noviembre de 2013, empleados del Instituto, incluyendo a su titular y un proveedor, se trasladaron a Puerto Vallarta a despedir la soltería de uno de ellos.
Ricardo Torres, socio de la empresa Infinity Towers Group S. A. de C.V., una de las proveedoras favoritas de la dependencia aparece en las imágenes que se captaron en el viaje.
En un audio aparece la voz de Eileen Michelle Ríos Torres, asistente administrativa de la dependencia pidiendo a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos del erario municipal.
Dicha suma fue empleada en la realización de un evento en el Hotel Ancira.
Los empleados de la dependencia, se divirtieron en el festejo que no tenía una razón oficial.
Y Michelle pidió agregar una serie de servicios que en realidad nunca fueron usados o consumidos, para justificar el gasto.
Alan Treviño recibió el máximo reconocimiento municipal por su tenacidad empresarial, de manos de la alcaldesa, sólo tres meses antes de viajar con el líder juvenil.
El funcionario regiomontano y Treviño, se muestran junto al resto de la comitiva en un bar de Puerto Vallarta ingiriendo bebidas alcohólicas.
Una Medalla al Mérito es una condecoración que se otorga a una persona, corporación, asociación, entidad o empresa, en mérito de una conducta útil y ejemplar en el desempeño de cualquier trabajo, profesión o servicio ejercido, o bien, en compensación de daños y sufrimientos padecidos en el cumplimiento de un deber.
En el Instituto de la Juventud Regia sólo se debe demostrar amistad con los funcionarios para ser acreedor del reconocimiento.
Investigará corrupción en Juventud Regia
La Contraloría del municipio de Monterrey anunció que investigará los presuntos desvíos de dinero de la asistente administrativa del Instituto de la Juventud y ha solicitado sea separada provisionalmente de su cargo.
Gregorio Hurtado, contralor municipal, declaró a Reporte Indigo que al darse a conocer un audio en el que Eileen Michelle Ríos Torres, solicita a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos, se iniciará una averiguación.
“Nos obliga a nosotros a tener que realizar las investigaciones que sean necesarias para esclarecer esta situación y determinar si existe o no alguna responsabilidad de algún servidor público.
“Hace unos momentos presenté un escrito dirigido al Instituto de la Juventud, a fin de que soliciten por parte de la Dirección de Auditoría de esta Contraloría, el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de que se deslinden las responsabilidades que en su caso podrían existir”, dijo.
La Contraloría esperará la respuesta a su petición de información al Instituto, que es dirigido por Alejandro Armendáriz, para posteriormente citar a declarar a los involucrados.
El funcionario explicó que para evitar contaminar el proceso, aún no se ha tenido contacto con la asistente Michelle Ríos.
No se tiene un estimado de cuánto tiempo podría durar la averiguación, pero dijo, “le daremos la celeridad necesaria, a fin de que se resuelva lo más pronto posible”.
La grabación en poder de Reporte Indigo, prueba que Michelle Ríos pide alterar la descripción de una factura, para comprobar los gastos de un evento y la compra de botellas de whisky.
La joven solicitó a un proveedor anotar una serie de servicios que no se fueron prestados en un evento efectuado en el céntrico Hotel Ancira, para la comprobación de gastos por 30 mil pesos.
Gregorio Hurtado señaló que en dado caso de que la investigación arroje que la joven es culpable, sería separada definitivamente de su cargo, incluso, se inhabilitaría como funcionaría pública.
“Si se confirma, pues ya sería definitivo y seguramente valoraríamos la posibilidad de aplicar alguna inhabilitación, que es una sanción que la Contraloría emite, únicamente de carácter administrativo”.
Y AN sigue sin responder
Por segunda vez consecutiva, el dirigente del PAN en Nuevo León, José Alfredo Pérez Bernal, no dio declaraciones sobre los gastos cuestionados del Instituto de la Juventud de Monterrey.
Desde las 9:06 horas se volvió a buscar al enlace Tere Durán, quien de nuevo no consiguió la entrevista para Reporte Índigo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó un informe sobre la “sistemática violación a derechos humanos” en México, país que –apuntó– atraviesa “la peor crisis de violencia desde la Revolución Mexicana”.
En un comunicado, la CMDPDH precisó que en el marco del 13 Periodo de Sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, expuso que a partir del sexenio de Felipe Calderón los abusos contra la población civil se intensificaron por el impulso de la “guerra contra el narcotráfico”, lo que se tradujo en la aplicación de “una política de seguridad militarizada”.
Al señalar que la violencia que vive el país es la más grave de los últimos 100 años, sostuvo que aunque “se tienen registradas más de 22 mil desapariciones forzadas, más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura, las autoridades niegan la existencia de un conflicto armado, quitando la gravedad de estos hechos en el país y dejando estas graves violaciones de derechos humanos como ‘hechos aislados’”.
De igual manera, condenó que ese panorama se agudice “al no existir sentencias contra autores materiales, ya sean de grupos de delincuencia organizada o, en su caso, altos responsables de la estructura del Estado mexicano”, arrastrando un nivel de impunidad de 98%, además de que “sólo 1.5% de las denuncias llega ante un juez”.
En septiembre pasado la CMDPDH, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, presentaron un documento ante la CPI denunciando las constantes violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, tomando como caso paradigmático el estado de Baja California (Proceso 1977).
En su comunicado, la organización recordó que en el documento entregado por las tres organizaciones ante la Fiscalía de la CPI, “se mostró la práctica sistemática de la tortura perpetrada por fuerzas federales contra la población civil en Baja California entre los años 2009 y 2011”.
De acuerdo con los expedientes presentados ante los órganos internacionales, “las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que se enmarca como crímenes de lesa humanidad”.
Luego de aclarar que en la mayoría de los casos documentados “las víctimas fueron procesadas y encontradas inocentes”, la CMDPDH consideró que la CPI cuenta con elementos sólidos para intervenir en México y “brindar apoyo a instituciones, y sobre todo a las víctimas para investigar, llevar a cabo un debido proceso y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o grupos del crimen organizado”.
Lo anterior es posible, apuntó la organización, toda vez que México ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2005, mismo que entró en vigor en enero de 2006, por lo que “la CPI puede juzgar crímenes cometidos en México”.
Según la CMDPDH, los casos presentados en su documento de septiembre entran dentro de las facultades de la CPI, que “tiene competencia para juzgar penalmente a individuos presuntamente responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.
La organización recordó que la CPI está formada por jueces internacionales independientes y “juzga a personas física en procesos penales con respeto a las garantías de un juicio justo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Entrevista complementaria de Arizz y Grillonautas con el vocero de las Autodefensas Jorge Vázquez tras el ataque suscitado la noche del día de ayer 16 de Diciembre del 2014.
Primera entrevista:
Entrevista complementaria:
CANALES: PersonajesMexico/Grillonautas2.
MÉXICO, D.F: Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir a efectivos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los hechos registrados en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados que culminaron con la muerte de seis personas, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
En rueda de prensa, en la que fijaron su postura frente a las agresiones del domingo pasado por parte de elementos de la PF en Chilpancingo, los padres de familia y sus representantes legales exigieron a la PGR abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales en los hechos ocurridos en Iguala, como lo denunciaron en su momento los sobrevivientes y ahora la revista Proceso con un reportaje en el que aporta evidencias documentales y testimoniales que le dan un giro a la versión oficial.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, recordó que desde que tuvieron contacto con el procurador Jesús Murillo Karam y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los afectados solicitaron que se “abriera una línea directa de investigación”, luego de que testimonios rendidos por estudiantes señalaron que elementos del 27 Batallón de Infantería los desalojaron de un hospital privado, donde llevaron a uno de sus compañeros herido de bala por disparos de la policía.
Después de deplorar la “insensibilidad” del presidente Enrique Peña Nieto, “que ni siquiera llamó al papá de Alexander Mora para darle el pésame porque identificaron a su hijo”, De la Cruz advirtió que los padres de los desaparecidos no quieren que con este caso pase como con Tlatlaya, donde “ya nadie habla de esa masacre”.
Y es lo que pretenden las autoridades, “que pase el tiempo y se olvide como muchos crímenes cometidos por el Estado (…) pero en este caso, el Ejército, la Policía Federal, la policía de Iguala, el exgobernador (Ángel) Aguirre y el mismo presidente tienen que dar cuentas claras de lo ocurrido en Iguala”, advirtió el portavoz.
Mario González, otro de los padres agraviados, acusó que el gobierno federal “está protegiendo” a los elementos de las fuerzas federales que participaron en los ataques armados en Iguala.
“Tenemos pruebas y exigimos que se abra una investigación contra el Ejército y los elementos que les quitaron los celulares a los muchachos; no sé por qué en vez de investigar, los están protegiendo”, alertó.
David Flores Maldonado, representante de los estudiantes de Ayotzinapa, puntualizó que “desde el principio” denunciaron la “participación directa e indirecta” de policías federales y militares en los hechos, y que incluso se pidió al Senado su colaboración para que la PGR abriera una línea de investigación por ello, y “no sólo porque instalaron retenes en Iguala, también por su negligencia, al impedir que se atendiera médicamente al compañero Edgar Andrés, cuyo estado de salud era grave”.
Al señalar que las mesas de diálogo con el gobierno federal se encuentran suspendidas luego de las agresiones de policías federales en Chilpancingo, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que, de investigarse a los militares, se abriría la posibilidad de ampliar la búsqueda de los 42 jóvenes en instalaciones castrenses.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que además de la vertiente sobre la participación directa del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, la PGR está obligada a indagar sobre “la información que tenía de la manera en que el ayuntamiento de Iguala empezó a vincularse con esquemas de la delincuencia organizada, que es una línea de investigación no agotada”.
Incluso, advirtió que “pretender que los vínculos de los Guerreros Unidos y el Estado se agotan en el municipio de Iguala y la familia de Abarca y de su esposa es demasiada ingenuidad; sin duda que se trata de redes de complicidad mucho más extendidas, más allá del municipio de Iguala y que involucran a autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estatales y que, sin dudas, tienen ramificaciones hacia el gobierno federal”.
Sobre las agresiones sufridas el domingo a manos de policías federales, Rosales señaló que esta situación fue notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares para los desaparecidos y sus familiares, así como para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Felipe de la Cruz y Mario González reprocharon al gobierno de Peña Nieto que recurra a la fuerza y a la descalificación en un intento por acallar el movimiento por la búsqueda de los 42 jóvenes desaparecidos.
Desde Tixtla, Guerrero, donde se encuentran las instalaciones de la Normal Rural, unos 50 familiares y estudiantes acudieron a la Ciudad de México para fijar su postura frente a las agresiones que dejaron 14 normalistas heridos, entre ellos un estudiante de la UNAM, Ernesto Cruz Flores, lesionado en el rostro por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Familiares y abogados exigieron al gobierno de Peña Nieto frenar la estrategia de “mano dura”, expresada no sólo en los hechos del domingo 14, sino en “las declaraciones del secretario de la Marina, Vidal Soberón, quien el Día Internacional de los Derechos Humanos (miércoles 10) dijo que los padres de familia eran manipulados”, recordó Rosales.
La “mano dura” también se expresa en los reportes del Cisen filtrados a la prensa y que vinculan a Abel Barrera, director de Tlachinollan, con grupos guerrilleros, con lo que “se ha tratado de descalificar a los abogados que ni siquiera nos cobran”, acusó Mario González.
Abogados, padres de familia y estudiantes exigieron el cese de esta política y advirtieron que proseguirán con las movilizaciones hasta la presentación con vida de los normalistas hasta ahora no localizados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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