México espera un duro invierno financiero. La Bolsa Mexicana de Valores registra una caída constante, el tipo de cambio frente al dólar supera los 15 pesos y el precio del crudo mexicano sobrepasó la barrera de los 50 dólares. ¿Cómo llegaremos a la cuesta de enero?
La Navidad no llegará a la economía mexicana. Las finanzas del país se encuentran rodeadas de problemas: la Bolsa Mexicana de Valores registra una caída constante desde septiembre, borrando todo el avance conseguido en el año.
El tipo de cambio del peso frente al dólar supera los 15 pesos, y el precio del barril de petróleo mexicano llegó a cotizarse ayer en 49.46 dólares.
Más allá de ser un fenómeno transitorio, la situación representa problemas estructurales en México que demandan la toma de acciones.
Mientras tanto, el cierre del año promete ser complicado para los mexicanos, a quienes les espera una cuesta de enero empinada.
Depreciación profunda
La debacle del peso mexicano frente al dólar tiene dos frentes. Por un lado, la inminente alza de tasas de interés en Estados Unidos incentiva a los inversionistas globales a trasladar su dinero desde activos más riesgosos alrededor del mundo hacia el bono del Tesoro de Estados Unidos.
El peso mexicano ha perdido más del 10 por ciento de su valor frente al dólar en los últimos tres meses. Tan sólo durante el mes pasado, la caída fue de 8 por ciento. Ayer al mediodía el dólar spot se cotizaba a 14.75 pesos .
Durante el mes pasado, el peso mexicano presentó el segundo peor desempeño en relación al dólar entre las divisas más negociadas del mundo, según señala el portal Bloomberg.
Ante esta coyuntura, la Comisión de Cambios del país, conformada por miembros de la Secretaría de Hacienda y de Banco de México, reaccionó con una subasta de 200 millones de dólares para estabilizar el valor del peso.
Se tomaron medidas para asegurar la liquidez en el mercado cambiario dada la volatilidad reciente en los mercados financieros.
El segundo frente de la debacle del peso responde a la fuerte caída en los precios del petróleo. Considerando que México es evaluado por los inversionistas como un mercado emergente, Jack Deino, analista de Invesco, señala que la baja en el precio del crudo promueve la venta de este tipo de activos de riesgo.
Además, agrega que el peso mexicano está siendo injustamente castigado por el mercado, pues la economía de México está diversificada y no depende del petróleo en su totalidad.
Sin embargo, apunta que “mientras el petróleo siga bajando, será difícil hacer un argumento a favor de la estabilización del peso mexicano”.
La divisa mexicana se encuentra en un espiral negativo que exacerba su depreciación. Analistas coinciden en que el mercado está apostando a la caída del peso. El argumento yace en que el debilitamiento de la moneda y de los precios del crudo limitarán las inversiones en el sector energético, inversiones que son el sustento de las proyecciones de crecimiento del gobierno mexicano.
La bolsa rota
El pasado 8 de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su más alto valor en la historia.
Desde entonces, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), aquel que sigue el desempeño de las 35 empresas más representativas de la bolsa, registra una caída constante.
Cuando esta tendencia negativa se volvió evidente, los analistas económicos afirmaron que se debía a un proceso natural de ajuste.
Sin embargo, la bolsa no ha conseguido frenar su tendencia negativa, y en los últimos tres meses borró todo el avance que consiguió en el año.
Lo que más preocupa a los analistas es que esta caída ya no va de la mano con los cambios en los principales índices bursátiles de Estados Unidos.
Todo esto refleja una gran preocupación entre los inversionistas extranjeros y nacionales. Las expectativas de México cayeron y la recuperación estadounidense está provocando una fuerte fuga de capital.
El consenso entre analistas afirma que el país no ha perdido por completo su Mexican Moment, aquel término acuñado por la revista The Economist para referirse al gran potencial que tiene el país.
Lo que más le preocupa a las empresas e inversionistas, más allá de los problemas de violencia e inseguridad, es la corrupción en los altos niveles de gobierno.
Blackrock, el administrador de fondos más grande del mundo, sitúa a México con un nivel de riesgo país similar al de Sudáfrica e Indonesia.
La firma, que tiene bajo su tutela más de 4.3 billones de dólares en activos, considera que países como Brasil, Rusia, China y Malasia cuentan con un riesgo soberano menor al de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
GUANAJUATO, Gto: El caso Marisela Escobedo Ortiz, la activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”.
De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH, en coordinación con el Cedehm.
“En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil. Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí, porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el caso de Rubí”, señala la abogada.
A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos.
Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en libertad “por falta de pruebas”.
En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.
“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola.
“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez.
Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte.
El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.
En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez como el asesino de Marisela.
Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM, sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”.
Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha, subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también con “juvenicidios”.
“Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil 500.
Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos los niveles en el país”, dice.
La simulación.
De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema judicial.
“Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores) estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único, realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”.
En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y para la rebatinga política.
“Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo niegan”, lamenta.
Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado, policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”, dice.
–¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta.
–Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos.
“La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”.
Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º constitucional.
“Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen gobierno”.
La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da pena ajena”.
Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre. Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”.
Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol.
“Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren vender”, remata.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: Peor que la revelación fue la explicación de Luis Videgaray para justificar que es propietario de una mansión de 7.5 millones de pesos en Malinalco, comprada a la empresa Bienes Raíces H&G del multifácetico contratista Juan Armando Hinojosa.
El tan celebrado Ministro de Finanzas del Año y virtual vicepresidente del país, cree que todos los mexicanos son idiotas o que sus propias cuentas no resultan ilógicas frente al escándalo revelado por The Wall Street Journal.
Cualquiera con nociones mínimas de contabilidad sabe que las cuentas de Videgaray respecto a su casa, no cuadran.
En su repuesta a The Wall Street Journal, Videgaray dio una demostración de por qué las cuentas nacionales no cuadran bajo su conducción. Y peor aún: fue una bofetada a los millones de mexicanos perseguidos por el fisco que él encabeza ya que el propio secretario de Hacienda presumió que es más importante la informalidad financiera que cumplir puntualmente con los impuestos y los compromisos bancarios.
El cerebral Videgaray se puso flamenco y en la molestia soltó dos o tres cosas que lo retratan de cuerpo entero:
1-Videgaray confirmó que adquirió la propiedad en 581 mil dólares (aproximadamente 7.5 millones de pesos de ese año) en octubre de 2012, unos meses antes de que iniciara la administración de Peña Nieto. La hipoteca original con H&G iba a ser pagada en 18 años, pero el mago de las finanzas nacionales tuvo recursos suficientes en menos de 14 meses y liquidó la hipoteca original en enero de 2014.
Según Videgaray, para la adquisición del inmueble obtuvo un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora, no por un banco. “Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, afirmó.
¿Cómo logró Videgaray tener los recursos suficientes para liquidar la deuda hipotecaria de 6.8 millones de pesos en tan sólo 14 meses de tener como único salario el de secretario de Hacienda? ¿Obtuvo otros ingresos? ¿De dónde provinieron? ¿Le pagaron antes como jefe de campaña de Peña Nieto? ¿A cuánto ascendieron esos ingresos?
Si estos recursos provienen de sus propios ahorros y de su esfuerzo como exfuncionario del Estado de México y consultor de Protego (de su mentor Pedro Aspe), ¿por qué Videgaray no pagó, desde el principio, el monto de la propiedad de Malinalco y tuvo que recurrir a un crédito de una empresa vinculada con multimillonarios contratos con el gobierno del Estado de México, donde él fungió como secretario de Finanzas?
¿Con qué autoridad ética el todopoderoso secretario de Hacienda va a autorizar la cacería fiscal a micros, pequeños y grandes empresarios si él mismo está violando la lógica y la aritmética en la explicación de sus propios ingresos?
Estas dudas fueron expresadas así por Marcelo Torres Cofiño, vicepresidente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados:
“Lo que nos ha dicho hasta ahora (Videgaray) no es suficiente y se tienen dudas muy fundadas sobre los ingresos que obtuvo entre el tiempo que estuvo como jefe de campaña de Peña Nieto, la fecha en que adquirió la casa de Malinalco y su inicio como miembro del gabinete presidencial. Las cuentas no le salen al Secretario de Hacienda y deja espacio a la sospecha”.
2.-El máximo responsable de las finanzas públicas nacionales y de los futuros recursos que se manejarán en el Fondo Mexicano del Petróleo da una muestra de criterios muy laxos para juzgarse a sí mismo frente a un evidente conflicto de interés y presunto tráfico de influencias.
Videgaray le respondió a The Wall Street Journal que “no hay conflicto de interés. Hice el trato cuando no tenía un cargo público y el trato estuvo dentro de los parámetros del mercado”.
Videgaray no puede evadir la pregunta lógica: ¿acaso no conoció como secretario de Finanzas de los multimillonarios contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó con Grupo Higa y sus decenas de filiales y denominaciones, incluyendo la escandalosa construcción del Hospital de Zumpango cuyo sobreprecio ha sido ampliamente acreditado por el propio Congreso local mexiquense?
El fue jefe de la campaña de Peña Nieto como candidato del PRI a la presidencia de la República. El Grupo Higa, a través de la empresa Eolo Plus, alquiló aeronaves al PRI y al propio aspirante presidencial. ¿No existió acaso conflicto de interés alguno entre Videgaray y uno de los prestadores de servicio de la campaña priista? ¿Videgaray quiere que creamos que el arrendamiento de las aeronaves de Eolo Plus no pasaron por la autorización del propio jefe de campaña peñista?
3.-Según Videgaray, su relación con Juan Armando Hinojosa es de índole social y proviene de una década atrás. “En algún momento conversando con él le comenté que tenía interés de adquirir una propiedad específicamente en Malinalco, que resultó en una operación primero legal y con una persona con quien no he tenido nunca un trato como servidor público”, explicó.
Para el señor Videgaray las relaciones sociales que él entabla siendo servidor público (fue secretario de Finanzas del Estado de México y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados antes de asumir como secretario de Hacienda el 1 de diciembre de 2012) no tienen ninguna conexión.
En otras palabras, lo importante es hacer tratos y contratos mientras juega en un campo de golf y no mientras esté en su despacho de servidor público. Si así se hacen los trueques, no hay conflicto de interés.
Con razón, el escándalo de las casas de Grupo Higa ha convertido al gabinete y al gobierno de Enrique Peña Nieto en el hazmerreír de los escándalos de corrupción a nivel internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La Junta de Coordinación Política determinó que el Jurídico de la Cámara de Diputados defina en qué términos deberá conformarse la “comisión investigadora” para el tema de la “Casa Blanca” exigida por cuatro de los siete grupos parlamentarios.
En tanto, los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con el diputado petista Manuel Huerta a la cabeza, conformarán en lo inmediato el grupo de trabajo plural para que esté listo en el momento en que se avale formalmente la comisión especial y tener trabajo adelantado.
En entrevista, Manuel Huerta señaló que en la reunión de este martes la Junta de Coordinación Política abordó el tema de la “Casa Blanca” y que su presidente y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió “que se entregara a las siete fracciones parlamentarias el documento de petición con 197 firmas” para analizar su procedencia.
No obstante, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, lo frenó en seco al aclararle que la “comisión investigadora” no debe someterse a discusión sino conformarla de una vez, ya que esa decisión está respaldada por el artículo 93 de la Constitución Política, que establece que con 125 firmas de apoyo los diputados pueden crear dicho órgano para hurgar en el funcionamiento de las empresas paraestatales y empresas descentralizadas.
“Es con base en el artículo 93 de la Constitución, así es que en todo caso debe ser el Jurídico el que dé su opinión para que luego la Junta de Coordinación Política dé su visto bueno”, añadió el perredista, y Beltrones Rivera asintió.
El promotor de la “comisión investigadora”, Manuel Huerta, manifestó que su fracción, así como el MC, PRD y PAN, no esperarán a que oficialmente se avale la instancia, por lo que crearán el grupo plural y empezarán a trabajar.
“No nos van a frenar. Vamos a conformar el grupo de trabajo en tanto se resuelve la comisión de investigación en los términos del artículo 93 de la Constitución. No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se avala”, subrayó en conferencia de prensa Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC.
Respecto a la “comisión especial” que indaga la aprobación y posterior cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, que preside el priista mexiquense Alfredo Maldonado Hernández, dijo que como parte de la agenda de trabajo ya se pidió que comparezca la misma Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Preña Nieto, además de Juan Armando Hinojosa Cantú, por ser beneficiario de la licitación y dueño legal de la casa de Rivera.
No obstante, apuntó, “el presidente de la comisión no ha querido someter a aprobación el programa de trabajo”.
Durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, Maldonado Hernández fungió como secretario del Trabajo y director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En la administración de Arturo Montiel, tío del actual presidente de la República, fue secretario de Transporte y antes director de Recaudación y Finanzas, así como titular de Seguridad Pública y Tránsito.
Es decir, sirvió a los últimos tres gobernadores del Estado de México, y desde 2012 se convirtió en diputado federal por mayoría. Hoy el priista se niega a aprobar el programa de trabajo para indagar la actuación del gobierno federal en la asignación de la obra del tren rápido.
Samperio, coordinador de los diputados de MC
En su reunión de este martes, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano informó a la Junta de Coordinación Política que Ricardo Monreal Ávila dejó de ser su coordinador y en su lugar fue nombrado Juan Ignacio Samperio.
De acuerdo con información difundida por Apro el pasado lunes 8, la determinación de Dante Delgado, dirigente nacional de MC, de remover a Monreal de la coordinación en San Lázaro, precipitó la creación del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Samperio fue compañero de bancada de Enrique Peña Nieto en la LV Legislatura del Estado de México de 2003 a 2006 y ocupó la curul por Convergencia. Los siguientes tres años, de 2006 a 2009, fue diputado federal por ese mismo partido, y los siguientes tres años repitió. A partir de 2012 se convirtió en legislador federal por MC.
En las votaciones trascendentales, Samperio ha votado de manera contraria a como lo han hecho sus compañeros de MC y ha sufragado en sintonía con el PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
El Instituto de la Juventud regia está en el ojo del huracán por actos de nepotismo y corrupción, pero ahora Reporte Indigo revela información que entregan Medalla al Mérito de la Juventud a amigos.
La red de favoritismos y corrupción en el Instituto de la Juventud Regia, se ha extendido hasta las fibras más sensibles del aparato municipal.
La entrega de la Medalla al Mérito Juventud Regia 2013, es el reconocimiento a la entrega, dedicación y honestidad, pero también queda entre amigos.
En la administración que gobierna Margarita Arellanes, el concepto se ha corrompido por quienes deberían promoverlo y protegerlo.
Y es que en la dependencia siguen surgiendo casos de favoritismo y amiguismo ejercidos por su director, Alejandro Juventino Armendáriz Sánchez, ahora en la elección de los ganadores del galardón.
El 15 de agosto del 2013, un grupo de jóvenes fueron distinguidos por el Ayuntamiento de Monterrey por su destacada labor dentro de la sociedad con la Medalla al Mérito Juventud Regia.
En una sesión solemne de Cabildo y en el marco del Día Internacional de la Juventud, Margarita Arellanes condecoró a seis jóvenes por trabajar a favor de la cultura, educación, el ámbito humanista, deportivo, ambiental y empresarial.
Alan Treviño fue reconocido por su trabajo en el área empresarial.
Pero a Treviño lo une una amistad con Alejandro Armendáriz.
Prueba del apego de estos dos jóvenes, son fotos existentes en la red social Facebook.
Ambos aparecen en imágenes conviviendo con otros muchachos en diversos eventos y lugares.
Reporte Indigo muestra hoy, fotografías que prueban que Alan Treviño y el director del Instituto de la Juventud de Monterrey, han asistido juntos a fiestas de Navidad, a reuniones en bares e incluso, viajaron en grupo, a celebrar una despedida de soltero en Puerto Vallarta.
Ha quedado demostrado cómo al interior de la dependencia municipal, existen redes de corrupción y desvío de fondos públicos en fiestas y viajes.
Se otorgan contratos a amigos de los funcionarios y juntos, hacen viajes de placer a playas mexicanas.
En noviembre de 2013, empleados del Instituto, incluyendo a su titular y un proveedor, se trasladaron a Puerto Vallarta a despedir la soltería de uno de ellos.
Ricardo Torres, socio de la empresa Infinity Towers Group S. A. de C.V., una de las proveedoras favoritas de la dependencia aparece en las imágenes que se captaron en el viaje.
En un audio aparece la voz de Eileen Michelle Ríos Torres, asistente administrativa de la dependencia pidiendo a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos del erario municipal.
Dicha suma fue empleada en la realización de un evento en el Hotel Ancira.
Los empleados de la dependencia, se divirtieron en el festejo que no tenía una razón oficial.
Y Michelle pidió agregar una serie de servicios que en realidad nunca fueron usados o consumidos, para justificar el gasto.
Alan Treviño recibió el máximo reconocimiento municipal por su tenacidad empresarial, de manos de la alcaldesa, sólo tres meses antes de viajar con el líder juvenil.
El funcionario regiomontano y Treviño, se muestran junto al resto de la comitiva en un bar de Puerto Vallarta ingiriendo bebidas alcohólicas.
Una Medalla al Mérito es una condecoración que se otorga a una persona, corporación, asociación, entidad o empresa, en mérito de una conducta útil y ejemplar en el desempeño de cualquier trabajo, profesión o servicio ejercido, o bien, en compensación de daños y sufrimientos padecidos en el cumplimiento de un deber.
En el Instituto de la Juventud Regia sólo se debe demostrar amistad con los funcionarios para ser acreedor del reconocimiento.
Investigará corrupción en Juventud Regia
La Contraloría del municipio de Monterrey anunció que investigará los presuntos desvíos de dinero de la asistente administrativa del Instituto de la Juventud y ha solicitado sea separada provisionalmente de su cargo.
Gregorio Hurtado, contralor municipal, declaró a Reporte Indigo que al darse a conocer un audio en el que Eileen Michelle Ríos Torres, solicita a un proveedor inflar una factura para comprobar el gasto de 30 mil pesos, se iniciará una averiguación.
“Nos obliga a nosotros a tener que realizar las investigaciones que sean necesarias para esclarecer esta situación y determinar si existe o no alguna responsabilidad de algún servidor público.
“Hace unos momentos presenté un escrito dirigido al Instituto de la Juventud, a fin de que soliciten por parte de la Dirección de Auditoría de esta Contraloría, el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de que se deslinden las responsabilidades que en su caso podrían existir”, dijo.
La Contraloría esperará la respuesta a su petición de información al Instituto, que es dirigido por Alejandro Armendáriz, para posteriormente citar a declarar a los involucrados.
El funcionario explicó que para evitar contaminar el proceso, aún no se ha tenido contacto con la asistente Michelle Ríos.
No se tiene un estimado de cuánto tiempo podría durar la averiguación, pero dijo, “le daremos la celeridad necesaria, a fin de que se resuelva lo más pronto posible”.
La grabación en poder de Reporte Indigo, prueba que Michelle Ríos pide alterar la descripción de una factura, para comprobar los gastos de un evento y la compra de botellas de whisky.
La joven solicitó a un proveedor anotar una serie de servicios que no se fueron prestados en un evento efectuado en el céntrico Hotel Ancira, para la comprobación de gastos por 30 mil pesos.
Gregorio Hurtado señaló que en dado caso de que la investigación arroje que la joven es culpable, sería separada definitivamente de su cargo, incluso, se inhabilitaría como funcionaría pública.
“Si se confirma, pues ya sería definitivo y seguramente valoraríamos la posibilidad de aplicar alguna inhabilitación, que es una sanción que la Contraloría emite, únicamente de carácter administrativo”.
Y AN sigue sin responder
Por segunda vez consecutiva, el dirigente del PAN en Nuevo León, José Alfredo Pérez Bernal, no dio declaraciones sobre los gastos cuestionados del Instituto de la Juventud de Monterrey.
Desde las 9:06 horas se volvió a buscar al enlace Tere Durán, quien de nuevo no consiguió la entrevista para Reporte Índigo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó un informe sobre la “sistemática violación a derechos humanos” en México, país que –apuntó– atraviesa “la peor crisis de violencia desde la Revolución Mexicana”.
En un comunicado, la CMDPDH precisó que en el marco del 13 Periodo de Sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, expuso que a partir del sexenio de Felipe Calderón los abusos contra la población civil se intensificaron por el impulso de la “guerra contra el narcotráfico”, lo que se tradujo en la aplicación de “una política de seguridad militarizada”.
Al señalar que la violencia que vive el país es la más grave de los últimos 100 años, sostuvo que aunque “se tienen registradas más de 22 mil desapariciones forzadas, más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura, las autoridades niegan la existencia de un conflicto armado, quitando la gravedad de estos hechos en el país y dejando estas graves violaciones de derechos humanos como ‘hechos aislados’”.
De igual manera, condenó que ese panorama se agudice “al no existir sentencias contra autores materiales, ya sean de grupos de delincuencia organizada o, en su caso, altos responsables de la estructura del Estado mexicano”, arrastrando un nivel de impunidad de 98%, además de que “sólo 1.5% de las denuncias llega ante un juez”.
En septiembre pasado la CMDPDH, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, presentaron un documento ante la CPI denunciando las constantes violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, tomando como caso paradigmático el estado de Baja California (Proceso 1977).
En su comunicado, la organización recordó que en el documento entregado por las tres organizaciones ante la Fiscalía de la CPI, “se mostró la práctica sistemática de la tortura perpetrada por fuerzas federales contra la población civil en Baja California entre los años 2009 y 2011”.
De acuerdo con los expedientes presentados ante los órganos internacionales, “las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que se enmarca como crímenes de lesa humanidad”.
Luego de aclarar que en la mayoría de los casos documentados “las víctimas fueron procesadas y encontradas inocentes”, la CMDPDH consideró que la CPI cuenta con elementos sólidos para intervenir en México y “brindar apoyo a instituciones, y sobre todo a las víctimas para investigar, llevar a cabo un debido proceso y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o grupos del crimen organizado”.
Lo anterior es posible, apuntó la organización, toda vez que México ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2005, mismo que entró en vigor en enero de 2006, por lo que “la CPI puede juzgar crímenes cometidos en México”.
Según la CMDPDH, los casos presentados en su documento de septiembre entran dentro de las facultades de la CPI, que “tiene competencia para juzgar penalmente a individuos presuntamente responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.
La organización recordó que la CPI está formada por jueces internacionales independientes y “juzga a personas física en procesos penales con respeto a las garantías de un juicio justo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Entrevista complementaria de Arizz y Grillonautas con el vocero de las Autodefensas Jorge Vázquez tras el ataque suscitado la noche del día de ayer 16 de Diciembre del 2014.
Primera entrevista:
Entrevista complementaria:
CANALES: PersonajesMexico/Grillonautas2.
MÉXICO, D.F: Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir a efectivos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los hechos registrados en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados que culminaron con la muerte de seis personas, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
En rueda de prensa, en la que fijaron su postura frente a las agresiones del domingo pasado por parte de elementos de la PF en Chilpancingo, los padres de familia y sus representantes legales exigieron a la PGR abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales en los hechos ocurridos en Iguala, como lo denunciaron en su momento los sobrevivientes y ahora la revista Proceso con un reportaje en el que aporta evidencias documentales y testimoniales que le dan un giro a la versión oficial.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, recordó que desde que tuvieron contacto con el procurador Jesús Murillo Karam y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los afectados solicitaron que se “abriera una línea directa de investigación”, luego de que testimonios rendidos por estudiantes señalaron que elementos del 27 Batallón de Infantería los desalojaron de un hospital privado, donde llevaron a uno de sus compañeros herido de bala por disparos de la policía.
Después de deplorar la “insensibilidad” del presidente Enrique Peña Nieto, “que ni siquiera llamó al papá de Alexander Mora para darle el pésame porque identificaron a su hijo”, De la Cruz advirtió que los padres de los desaparecidos no quieren que con este caso pase como con Tlatlaya, donde “ya nadie habla de esa masacre”.
Y es lo que pretenden las autoridades, “que pase el tiempo y se olvide como muchos crímenes cometidos por el Estado (…) pero en este caso, el Ejército, la Policía Federal, la policía de Iguala, el exgobernador (Ángel) Aguirre y el mismo presidente tienen que dar cuentas claras de lo ocurrido en Iguala”, advirtió el portavoz.
Mario González, otro de los padres agraviados, acusó que el gobierno federal “está protegiendo” a los elementos de las fuerzas federales que participaron en los ataques armados en Iguala.
“Tenemos pruebas y exigimos que se abra una investigación contra el Ejército y los elementos que les quitaron los celulares a los muchachos; no sé por qué en vez de investigar, los están protegiendo”, alertó.
David Flores Maldonado, representante de los estudiantes de Ayotzinapa, puntualizó que “desde el principio” denunciaron la “participación directa e indirecta” de policías federales y militares en los hechos, y que incluso se pidió al Senado su colaboración para que la PGR abriera una línea de investigación por ello, y “no sólo porque instalaron retenes en Iguala, también por su negligencia, al impedir que se atendiera médicamente al compañero Edgar Andrés, cuyo estado de salud era grave”.
Al señalar que las mesas de diálogo con el gobierno federal se encuentran suspendidas luego de las agresiones de policías federales en Chilpancingo, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que, de investigarse a los militares, se abriría la posibilidad de ampliar la búsqueda de los 42 jóvenes en instalaciones castrenses.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que además de la vertiente sobre la participación directa del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, la PGR está obligada a indagar sobre “la información que tenía de la manera en que el ayuntamiento de Iguala empezó a vincularse con esquemas de la delincuencia organizada, que es una línea de investigación no agotada”.
Incluso, advirtió que “pretender que los vínculos de los Guerreros Unidos y el Estado se agotan en el municipio de Iguala y la familia de Abarca y de su esposa es demasiada ingenuidad; sin duda que se trata de redes de complicidad mucho más extendidas, más allá del municipio de Iguala y que involucran a autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estatales y que, sin dudas, tienen ramificaciones hacia el gobierno federal”.
Sobre las agresiones sufridas el domingo a manos de policías federales, Rosales señaló que esta situación fue notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares para los desaparecidos y sus familiares, así como para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Felipe de la Cruz y Mario González reprocharon al gobierno de Peña Nieto que recurra a la fuerza y a la descalificación en un intento por acallar el movimiento por la búsqueda de los 42 jóvenes desaparecidos.
Desde Tixtla, Guerrero, donde se encuentran las instalaciones de la Normal Rural, unos 50 familiares y estudiantes acudieron a la Ciudad de México para fijar su postura frente a las agresiones que dejaron 14 normalistas heridos, entre ellos un estudiante de la UNAM, Ernesto Cruz Flores, lesionado en el rostro por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Familiares y abogados exigieron al gobierno de Peña Nieto frenar la estrategia de “mano dura”, expresada no sólo en los hechos del domingo 14, sino en “las declaraciones del secretario de la Marina, Vidal Soberón, quien el Día Internacional de los Derechos Humanos (miércoles 10) dijo que los padres de familia eran manipulados”, recordó Rosales.
La “mano dura” también se expresa en los reportes del Cisen filtrados a la prensa y que vinculan a Abel Barrera, director de Tlachinollan, con grupos guerrilleros, con lo que “se ha tratado de descalificar a los abogados que ni siquiera nos cobran”, acusó Mario González.
Abogados, padres de familia y estudiantes exigieron el cese de esta política y advirtieron que proseguirán con las movilizaciones hasta la presentación con vida de los normalistas hasta ahora no localizados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP: La urgencia del gobierno federal de presumir a México en el espectro internacional como un país con paz social y laboral, atractivo para las inversiones extranjeras, en suma, está resultando mucho más costoso de lo imaginado para los estados receptores de las inversiones trasnacionales.
En el caso de esta entidad, los compromisos acordados por el gobernador Fernando Toranzo en julio pasado con la automotriz alemana BMW ya se empiezan a notar: aumentaron el endeudamiento estatal e impactarán a las finanzas locales en las siguientes administraciones.
Además de los montos económicos pactados con cargo al erario estatal en el convenio suscrito el pasado 4 de julio, un día después de que Enrique Peña Nieto anunció la inversión en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, las especificaciones y alcances de las cláusulas del documento –del cual Apro tiene una copia— reflejan una total rendición a las condiciones deseadas y exigidas por la firma alemana de autos de lujo.
La suma de los diversos rubros que el gobierno del estado deberá cubrir para satisfacer al 100% los requerimientos previstos rebasa los 3 mil millones de pesos. Pero hay una serie de conceptos no cuantificados de largo alcance: la exención del pago de la totalidad del impuesto predial al municipio de Villa de Reyes –en cuyo territorio se instalará la planta armadora- durante los siguientes 10 años, que estarían sumando otros cientos de millones de pesos que impactarán en las finanzas del propio estado y del municipio.
Peor aún: El acuerdo establece que ante cualquier situación imprevista, de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, ésta simplemente notificará por escrito al gobierno estatal y cancelará el acuerdo y la inversión, prácticamente sin obligación de reintegrar o revertir la propiedad del terreno de 300 hectáreas adquirido por el estado para la instalación de la planta, ubicado en el parque industrial Logistik II, en el municipio de Villa de Reyes, al sur de la capital potosina.
Estos requerimientos explican de alguna manera el retiro de gobierno como el de Querétaro que inicialmente pujaron por llevarse la inversión alemana.
Ya desde diciembre del año pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, declaraba “haberle perdido la pista” al proyecto de inversión, debido a los requerimientos “imposibles” que pedía la empresa alemana para establecerse en alguno de los estados interesados, entre los que figuraban Puebla, Guanajuato, Hidalgo, San Luis y el propio Querétaro.
“Para ser sinceros nosotros sabemos que estamos lejos de una posibilidad con la planta por el nivel de negociación que tenemos y contacto podemos decir que es difícil que el proyecto pueda aterrizar en la entidad”, declaró el funcionario queretano a los medios, tras lo cual reveló las razones:
“Se nos complica entrar a una donación de predios de 400, 500, 600 hectáreas”, dijo, al explicar que, de acuerdo con los estudios costo-beneficio efectuados por su dependencia, la inversión no resultaba viable para la administración estatal del también gobernador priista José Calzada, quien igualmente se encuentra en su último año del sexenio.
Mientras en Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle habría otorgado ya incentivos y compromisos cercanos a los 8 mil millones de pesos para la planta de otra automotriz, Audi, en Guanajuato el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez contrajo en el 2012 un endeudamiento superior a los 2 mil millones de pesos para cumplir ofrecimientos convenidos con armadoras como Mazda y Honda, entre otras.
Algunos de esos acuerdos, por cierto, “se los heredó” su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez.
El convenio marco entre el gobierno de San Luis Potosí y la BMW, según los documentos en poder de Apro, obliga a las autoridades estatales a ceder todo: preparar y nivelar los terrenos; diseñar y construir un sistema de calles de acceso a la planta; fabricar una conexión férrea; hacer una donación para el Centro de capacitación de la BMW (terreno y aportación económica); 2 mil becas de capacitación; becas escolares de licenciatura; equipar la sala de emergencia; invertir en los terrenos para la infraestructura de transporte, y garantizar los derechos de paso.
Todas estas obras y aportaciones implican una erogación de aproximadamente 3 mil 017 millones de pesos.
A esta cantidad hay que agregar otros gastos cuyos montos no están estipulados claramente en el convenio. Por ejemplo, el pago de oficinas provisionales por los 36 meses siguientes a la firma del acuerdo; pago de dos traductores; apoyo para transporte a becarios –por la irrisoria cantidad de 20 pesos mensuales a cada becario para este rubro-; autorizaciones ambientales, estudios de impacto, licencias, exenciones de pago del Impuesto sobre la Nómina y del Impuesto predial por los siguientes diez años.
En este último paquete, el acuerdo establece que el gobierno del estado debió entregar a los representantes de la BMW el acuerdo del cabildo del municipio de Villa de Reyes por el que se aprobó la exención del pago del predial.
Asimismo se compromete a hacer su mayor esfuerzo para que el gobierno federal cumpla con los apoyos ofrecidos, básicamente para algunas obras de acceso y capacitación.
También afirma que cuenta con todas las facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio y no necesita de autorizaciones de otro poder o instancia para ello.
En tanto que la empresa establece que de existir interés por ampliar el proyecto –específicamente con una planta de motores que podría instalarse en un predio anexo de 40 hectáreas-, el gobierno estatal deberá ofrecer las mismas condiciones establecidas en el compromiso actual, mientras que los mil 500 empleos directos que está garantizando serán vigentes una vez que la planta se encuentre “completamente terminada y en pleno desarrollo de operaciones” lo que ocurriría a fines del 2019.
Aunque esta ampliación será decidida “a entera discreción” por la BMW, el gobierno estatal se obliga a gestionar la adquisición del terreno para la planta de motores, cubrir el costo, realizar y pagar los estudios de viabilidad de la construcción y operación requeridos, y más allá, de no resultar éstos a satisfacción de la empresa, efectuar otros y cubrir el costo que tengan.
En caso de que surja algún cambio en leyes o reglamentos que impacten negativamente en los beneficios económicos o incentivos recibidos por la marca germana, el gobierno se compromete a entregar un recurso o incentivo equivalente o igual al eliminado.
Finalmente, según las condiciones a las obligaciones de la empresa, la instalación de la planta estará sujeta al desarrollo del mercado de demanda, la situación de la industria “y el ambiente económico”, y en esta ambigüedad, una de las causales para la cancelación del convenio sería “por razones que se encuentren fuera del control de BMW, incluyendo pero no limitado a un ambiente general de negocios en México, cambios en las estructuras fiscales, de negocios o de empleo que afecten la viabilidad del proyecto, lo anterior a entera discreción de BMW”.
Eduardo Martínez Benavente, abogado y activista en materia de transparencia, dice en entrevista que las cláusulas del convenio suscrito con la trasnacional alemana son “leoninas”.
Desde que supo que el gobierno estatal le abriría las puertas a la BMW, el litigante potosino advirtió en su portal Proyecto Tábano y en sus columnas que pugnaría para que el convenio se hiciera público a fin de conocer la oferta hecha por el gobierno de Toranzo para amarrar la inversión, así como la parte que asumiría el gobierno federal como respaldo y las condiciones expresas de la propia marca alemana.
“Se trata de una operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones””, dice.
Las gestiones que hizo en transparencia no prosperaron. El Comité de información de la Secretaría de Desarrollo Económico, que preside el propio titular de la dependencia, Fernando Macías Morales, resolvió reservar la información, de acuerdo con el oficio 014/2014con fecha del 11 de julio último.
Entre otros, estos fueron sus argumentos:
“La publicidad de la información que se solicita, el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno del Estado y la empresa BMW SLP, S.A. DE C.V., así como sus anexos y la carta de incentivos que se propusieron a la citada empresa, afectaría el proceso de formalización con la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las negociaciones que el Gobierno del Estado está llevando a cabo con otras empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que actualmente están en pláticas con este Gobierno, podrían exigir los mismos incentivos que se ofrecieron a la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., por parte del Gobierno del Estado, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que se trate, esto es, el Estado otorga ciertos incentivos a la empresas de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se presenta al Estado, quien este último, tomando en cuenta la inversión y la generación de empleos y el impacto económico que deja la empresa en nuestra Entidad, determina el nivel de apoyos e incentivos en las proporciones y de acuerdo a los presupuestos con los que el Estado cuenta.
Ante la negativa gubernamental de revelar las cláusulas del convenio, el abogado interpuso un recurso y en la entrevista con Apro señala cuáles son las disposiciones que se infringieron al ponerle candado al documento.
“La Constitución del estado, en su artículo 70, establece la obligación de publicar todo tipo de convenio, ley, reglamento o circular que se celebre en el Periódico Oficial del estado para que tenga validez o surta efecto. Sólo por este artículo, ya que los acuerdos de reserva o la Ley de transparencia no pueden estar por encima de la Constitución, este convenio debe ser público”, indica.
Falsas expectativas
“Somos un país que tiene un ambiente y un clima de negocios favorable para atraer inversiones; tenemos políticas económicas que favorecen precisamente las inversiones; un clima de armonía y paz laboral; capacidades y habilidades en el capital humano. La conjunción de todos esos factores está favoreciendo a que México sea un destino cada vez más accesible y más rentable para la inversión extranjera y nacional”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de julio al anunciar la llegada de BMW a San Luis, con una inversión de al menos mil millones de pesos.
En el evento, el mandatario presumió que fue “después de haber hecho un análisis del mundo entero” que la fabricante germana había optado “por depositar su confianza en México”, específicamente en San Luis como la opción más competitiva, y que ésta y otras inversiones del ramo automotriz “acreditan la confiabilidad del país” ante los ojos del empresariado mundial.
En ese momento se conoció que la nueva planta generará mil 500 empleos directos; que comenzará sus operaciones en el 2019, y que tendrá capacidad para producir 150 mil unidades cada año, para los mercados nacionales y de exportación.
En su discurso, Peña Nieto elogió la gestión del gobernador Fernando Toranzo –quien en los primeros meses del año había efectuado al menos dos viajes a Alemania con un grupo de funcionarios, con la agenda dedicada a la BMW- y todavía, le dijo que la operación de la planta “permitirá que San Luis Potosí se integre a esta conjunción de esfuerzos que en todo el país estamos realizando” para impulsar el desarrollo económico y social.
Sin embargo, el convenio marco entre la empresa alemana y el gobierno potosino no se firmó sino hasta el día siguiente. Así lo confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico, en un acuerdo de reserva por el que negó dar a conocer el documento a través de la Unidad de información pública, en respuesta a la solicitud hecha por el abogado Eduardo Martínez Benavente.
Catorce días después, el 18 de junio, se firmó el contrato para formalizar los estímulos e incentivos asentados en el convenio general.
En su análisis, el abogado Martínez Benavente considera significativo que en su momento las autoridades de Querétaro se hayan “bajado” de la competencia por la planta de la BMW y aludieran a los miles de millones de pesos que condicionaban la misma, que esa entidad no quiso comprometer por no tener capacidad para ello.
Aparentemente, dice, Fernando Toranzo fue presionado por el presidente Peña Nieto para formalizar la instalación de la planta de BMW, pese a que en términos reales cada empleo generado le costará al gobierno estatal alrededor de 2 millones de pesos, según los incentivos a que se obliga el estado.
Encima de todo, para hacer frente a las primeras fases del convenio, Toranzo pidió al Congreso del estado autorización para contraer un préstamo por 750 millones de pesos, permiso que le fue otorgado con los ojos cerrados, puesto que sólo transcurrieron tres días entre el día en que fue turnada la solicitud a las comisiones de Hacienda y Gobernación, y éstas elaboraron el dictamen dando luz verde al Ejecutivo, el cual fue aprobado por el pleno en la siguiente sesión.
Martínez Benavente critica:
“Los diputados tienen la facultad legal de solicitar toda la información necesaria sobre un tema como el endeudamiento del estado y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones y le aprobaron a Toranzo sin saber qué compromisos implican. Son unos facilitadores irresponsables”.
Asimismo refiere que, como parte de sus obligaciones, el gobernador debió incluir el compromiso de BMW en el informe trimestral de octubre, y no lo hizo.
En cambio, a principios de noviembre, Toranzo anunció que no dejaría compromisos financieros que afecten las finanzas públicas de la próxima administración. El préstamo de 750 millones, subrayó, “se pagará solo”.
“Toranzo debe estar desesperado por no poder ofrecer nada en materia de obra pública y necesitaba presumir algo importante –advierte el abogado Eduardo Martínez Benavente. Pero este acuerdo (con BMW) es una rendición incondicional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA (REPORTAJE ESPECIAL)
La familia del ganadero Luis Autrique, quien murió mientras permanecía secuestrado por la banda ‘Los Camacho’, que controla el Ajusco, señala la apatía de las autoridades para investigar mientras aún llegaban pruebas de vida.
Hace más de año y medio que la familia Autrique se alejó del rancho Las Cruces en Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, donde crían caballos y siembran. Desde que el patriarca de esa familia fue secuestrado y asesinado por “Los Camacho”, sus deudos tienen miedo a subir a esa zona boscosa del Distrito Federal.
Esta banda de secuestradores a la que se le imputan robos, venta de armas y drogas no es un mito, es una realidad en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, donde se convirtieron en una especie de autoridad alterna.
Patricia Autrique, viuda de Luis Autrique, empresario ganadero que murió durante sus días de cautiverio en manos de “Los Camacho”, da detalles de quiénes son, cómo operan y el terror que siembran en aquellas apartadas comunidades del Ajusco, Tlalpan, donde tienen sus reales.
Ahí siguen. Aunque la Fuerza Antisecuestro (FAS) de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó a varios integrantes de Los Camacho, entre ellos el supuesto líder, José Omar Romero Esquivel, alias “El Canario”, aún están en libertad muchos de sus cómplices.
A un año y diez meses de este secuestro, Patricia Autrique explica en entrevista la situación de inseguridad que impera en El Ajusco, donde su esposo se convirtió en una víctima más de este clan cuya fama se extiende más allá de Santo Tomas y San Miguel.
Hace apenas tres meses, el 8 de septiembre del 2014, se dictó sentencia definitiva dentro de la causa penal 145/2013 en la que se condenó a los secuestradores del ganadero Luis Autrique a 78 años de prisión.
En este caso está Daniel Delgadillo Quiroz, alias “La Coneja”, quien trabajaba en el rancho del ganadero donde se desempeñaba como caballerango; además de Caridad Esquivel Palacios (amante del caballerango y prima de “El Canario”); Vicente Daniel Esquivel Palacios, “El Chente”; Juan Martín Peralta Camacho; José Omar Romero Esquivel, alias “El Canario”, y Agustín Álvaro Franco González, alias “Charly”.
Otros integrantes de la banda que participaron en el secuestro del Luis Autrique y que recibieron una condena de tan sólo ocho años son: Óscar Beltrán Carrillo, alias “Atlatlaco”; Julián Martínez Santiago “El Jaro”; Bryan Enrique Hernández Jiménez y Ulises Peralta Camacho.
Un viacrucis en busca de justicia
“Ninguna condena me va a devolver con vida a mi esposo”, asevera Patricia, quien además de padecer el secuestro de Luis Autrique hoy tiene que cuidarse ella y a su hijo de que “Los Camacho” no intenten cobrar venganza.
Dice que los primeros 15 días del secuestro de su esposo son un libro en blanco dentro del proceso, pues hubo evidencias que se perdieron, huellas que no se conservaron y mucha lentitud para actuar en el caso.
Las horas siguientes al secuestro de Luis Autrique, la familia pidió a los agentes de la PGR que se interrogara a Daniel, el caballerango del rancho, pues tenían la sospecha de que estuviera directamente involucrado ya que días antes tuvo diferencias con el ganadero, quien le había reclamado unos faltantes en aquella propiedad.
Pese a ello, los federales no lo interrogaron. Que no era prudente, argumentaron. Tampoco declararon a Patricia ni a nadie de la familia, pues había que hacer frente a lo inmediato, las llamadas telefónicas a través de las cuales exigían el rescate.
En las inmediaciones del rancho Las Cruces habían quedado tiradas las propiedades personales del Luis Autrique, el fuete y un reloj que se le habían caído durante el forcejeo en el que sus captores lo obligaron a bajar del caballo en el que paseaba aquel sábado de febrero, en compañía de Daniel.
Las autoridades ordenaron que cualquiera las recogiera, que no eran importantes. Ahí se perdieron las primeras evidencias de huellas.
Al cabo de unas horas ya les estaban llamando para pedir el rescate. Se escuchaban ansiosos, violentos, tenían mucha prisa por cobrar, explica Patricia en la entrevista.
Comenzaron pidiendo muchísimo y al cabo de unas horas ellos mismos se bajaron y aceptaron poco, les urgía cobrar. Hubo diversas pruebas de vida, durante las primeras llamadas permitieron que el ganadero tomara el teléfono para hablar con sus familiares.
La familia les hizo ver que Luis Autrique era diabético y que requería tomar diariamente sus medicinas para no recaer, por eso es que en una de esas llamadas les pasaron la lista de los fármacos que el ganadero acostumbraba.
Daniel, el caballerango, seguía sin declarar ministerialmente, a pesar de que la familia mantenía fuertes sospechas sobre él. Pasó más de un mes y los agentes federales seguían recomendando esperar.
En abril del 2013, autoridades de la PGJDF capturaron a siete integrantes de “Los Camacho”; en ese operativo “El Canario” logró huir a Aguascalientes.
Debido a las características que se difundieron en los medios, la familia del empresario Luis Autrique se puso en contacto con los agentes del Distrito Federal, a quienes le pidieron que la fotografía del empresario fuera mostrada a los detenidos para saber si lo reconocían como una de sus víctimas.
“No quisieron, que iba contra los derechos humanos”, recuerda Patricia Autrique.
A partir de la captura de esa célula de “Los Camacho”, en el Ajusco, se rescataron dos víctimas y se encontraron los cuerpos de dos más que fueron enterrados, uno de ellos correspondía a Luis Autrique, quien falleció al quinto día de cautiverio debido a complicaciones cardiacas.
La familia supo que en la PGJDF contaban con una denuncia anónima, que jamás fue investigada, de un poblador de Santo Tomás Ajusco que declaró que uno de “Los Camacho”, al que apodaban “El Canario”, había acudido a su negocio a vender una hebilla con las iniciales del empresario ganadero y que al salir del establecimiento, por accidente, se le cayó la credencial de Autrique.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Algunos funcionarios mexicanos de primer nivel reciben por esta prestación hasta medio millón de pesos.
En esta época decembrina miles de trabajadores reciben el pago de aguinaldo como una gratificación por los servicios prestados durante el año, pero algunos funcionarios de primer nivel reciben más de medio millón de pesos.
El funcionario con mejor aguinaldo en el país es el secretario general del Senado, que recibe 543 mil 160 pesos.
El secretario del Senado es quien administra el funcionamiento de la Cámara Baja para que los senadores puedan llevar a cabo sus actividades.
Actualmente Roberto Figueroa Martínez ocupa ese puesto, debido a que recién fue nombrado el octubre, el funcionario recibirá solo la parte proporcional.
Un senador recibirá este fin de año un total de 234 mil 330 pesos; es decir, 130 por ciento menos que el secretario general del Senado.
En segundo lugar se ubican siete de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuatro de los siete consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes recibirán un pago de 518 mil 757 pesos cada uno.
Los ministros restantes de la SCJN y los consejeros del CJF están regidos con la Ley de Salarios Máximos que entró en vigor en el 2009 y, por ello, recibirán 352 mil 266 pesos.
Los mejores pagados
> El secretario general del Senado
543,160 pesos
> Ministros SCJN, Magistrados del TEPJF y Consejeros de la CJF
518,757 pesos
> Consejeros del INE
448,960 pesos
> Presidente de la República
396,445 pesos
> Consejero presidente del INEE
387,113 pesos
> Secretario general del INE
381,757 pesos
> Auditor Superior de la Federación
375,664 pesos
> Presidente de la CNDH
375,267 pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
