Angélica Rivera sí es funcionaria; SAT deberá hacer pública su información fiscal: Article 19

(16 de diciembre, 2014).- El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez,  recibió una solicitud para conocer la información fiscal de los impuestos declarados públicamente por Angélica Rivera Hurtado —esposa de Enrique Peña Nieto— en el 2010.

La petición fue emitida por la organización Article 19 y el abogado fiscalista Luis Pérez de Acha, con el objetivo de aclarar la adquisición de su mansión evaluada en 7 millones de dólares y construida por Grupo Higa, la cual podría confirmar un posible enriquecimiento ilícito.

“Entiendo que el presidente quiera cerrar el caso de la ‘casa blanca’, pero no es un tema de voluntad presidencial, es un tema de transparencia y legalidad. Hay razones fundadas para dudar la veracidad de la declaración patrimonial de la señora Rivera, lo que hemos pedido es que el SAT confirme la veracidad. El conflicto de interés es evidente, aunque Los Pinos se niegue a admitirlo. La única manera de fortalecer el Estado de derecho es combatiendo eficazmente la corrupción en cualquier nivel de gobierno, estamos recurriendo a la vía legal para subrayar que la información sobre la ‘casa blanca’ es de interés público y por lo tanto lejos de estar cerrado el expediente está abierto de par en par”, expuso el director de Article 19, Darío Ramírez.

Además, en este caso resulta improcedente el concepto “secreto fiscal”, pues Rivera permitió, en su página oficial, el acceso público a su declaración de impuestos.

Según el artículo 108 de la Constitución Federal y el Convenio de la ONU contra la Corrupción, un funcionario público es “toda persona que ocupe un cargo, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo”.

La cónyuge de Peña Nieto es presidenta Honoraria del DIF Nacional, por lo que está obligada a presentar declaración patrimonial por los años 2012 y 2013.

De esta manera se desmienten las declaraciones de Rivera, cuando afirmó no ser funcionaria pública, y se aplica el derecho ciudadano de conocer información pública relacionada con servidores del gobierno federal, al buscar confirmar la veracidad de los pagos de impuestos derivados del ingreso de 130 millones de pesos por trabajar en Televisa.

Article 19 planteó dos consecuencias, sustentadas por la ley, en caso de que Rivera no haya presentado sus declaraciones patrimoniales: la inhabilitación y destitución del cargo como presidenta del DIF; y derivado de lo anterior, la posibilidad de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito según se establece en el artículo 224 del Código Penal Federal.

Dicho crimen tiene lugar cuando un servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, acorde con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


“Al igual que cualquier ciudadano, la señora Rivera goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, es de ‘orden público’ e ‘interés social’ que los ciudadanos conozcamos la manera como se conducen los funcionarios públicos y cómo se integra su patrimonio”, manifestó Pérez de Acha cuando presentó la solicitud de información ante el SAT.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Extraña muerte de una empleada de tienda departamental en Perisur

La PGJDF informó que una mujer murió tras sufrir asfixia por estrangulamiento, lo cual la empresa omitió.

Una empleada murió asesinada por asfixia en la tienda departamental Liverpool al sur de la ciudad de México, informó este miércoles la Procuraduría General de Justicia del DF, y desmintió a la empresa, que había informado en noviembre de un paro cardio-respiratorio.

El titular la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, informó que se investiga el probable encubrimiento de la tienda, ubicada en Perisur.

El reporte oficial de la dependencia indica que la mujer murió tras sufrir asfixia por estrangulamiento.

La Jornada informó que los familiares de la mujer reportaron que el pasado 16 de noviembre, durante ‘El Buen Fin‘, la víctima fue encontrada sin vida dentro de la tienda departamental.

El reporte de la tienda fue de un certificado médico que muestra que la causa de fallecimiento fue paro cardio-respiratorio, pero sus allegados denunciaron que esto no era verdad.

Ríos Garza afirmó que los empleados serán llamadas a declarar ya que existe una denuncia en la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán sobre estos hechos.


Agregó que se realizó la necropsia del cuerpo y el dictamen fue que la víctima murió por congestión visceral generalizada tras de sufrir asfixia por estrangulamiento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Para el empresario favorito de Peña, una tajada del acueducto Monterrey VI

Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.

MONTERREY, NL: El gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en 2012 y que en la entidad es considerado “el robo del siglo”.

Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”.

En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos.

Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.

Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017.

El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI.

Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina.

A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.

El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña de 2012, ofreció a Nuevo León que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.

Ya como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.

Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.

Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…”

Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.

Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo.

No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.

La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.

Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.

El robo del siglo

En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.

Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld.

El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público.

Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación.

Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan.

“Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa.

Recuerda que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones.

Cuando el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.

Que se cancele la obra

Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”.

Plantea que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI.

Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.

Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.

El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.

A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto.

El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM, Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información.

Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.

Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento.

Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones.

Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI.

Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.

El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.

Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa.

En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.


Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Corte de EU pone a Zhenli Ye Gon al borde de la extradición a México

MÉXICO, D.F: La Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito con sede en Richmond, Virginia puso hoy al empresario Zhenli Ye Gon al borde de la extradición a México, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delincuencia organizada.

El panel de tres jueces de apelación negó este martes al empresario chino un habeas corpus o amparo contra la autorización para su extradición que declaró procedente la Corte para el Distrito de Columbia, en febrero de 2011.

El principal argumento de Ye Gon en su solicitud de amparo fue que, si es extraditado a México, podría ser juzgado dos veces por los mismos cargos de narcotráfico, ya que el gobierno de Estados Unidos también lo acusó de ese delito.

Sin embargo, hace dos años Estados Unidos decidió cancelar el proceso de narcotráfico por varias razones. Una de ellas, la dificultad para llevar a ese país los testigos necesarios para el juicio.

Además la corte señaló que “las acusaciones en México por lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de precursores químicos, narcotráfico y posesión de armas prohibidas no constituyen la misma ofensa que el cargo de conspiración fincado en Estados Unidos”.

En enero pasado, el juez James C. Turk concedió al empresario chino una suspensión para no ser entregado a México y permitir el trámite de su apelación.

No obstante el Departamento de Justicia se opuso a retrasar la entrega del empresario, y consideró que mantenerlo en Estados Unidos causaba “daño a intereses nacionales significativos”.

En esta ocasión, la corte de apelaciones señaló que será el Departamento de Estado el que determine la extradición y los cargos por los que pueda ser procesado Ye Gon en México, debido a que en Estados Unidos fueron desechados los delitos desde 2009 y sólo quedó el de conspiración para elaborar drogas.

De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, el empresario puede pedir un amparo en contra de la extradición a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o solicitar una revisión de su caso al Cuarto Circuito donde es llevado su caso.

En 2006, la PGR decomisó cerca de 20 toneladas de pseudoefedrina en el Puerto de Lázaro Cárdenas y durante la investigación se vinculó ésta con el aseguramiento de 205 millones de dólares, en efectivo, en la casa de Ye Gon, ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.

El 23 de julio de 2007 agentes de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) arrestaron a Ye Gon en un suburbio de la capital estadunidense. El empresario chino huyó de México luego de que las autoridades del país realizaron el millonario decomiso.


El dinero pasó al erario público por abandono y fue repartido entre la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la PGR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a músico en la delegación Coyoacán

MÉXICO, D.F: El músico Roberto Fortunato, del grupo musical “Kche Bandazza”, fue asesinado esta madrugada en la delegación Coyoacán.

De acuerdo con las primeras versiones, el músico acudió a un lugar ubicado en la calzada Taxqueña, casi con el cruce de Canal Nacional, para una contratación. Al llegar a la cita, la persona que aparentemente requería sus servicios le disparó.

El taxista que transportaba al músico resultó lesionado.


Roberto Fortunato era de origen dominicano, tenía 40 años de edad y también había pertenecido a la agrupación Merenglass.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Quieren enfriar a Tierra Caliente

Ante los hechos de violencia que se han intensificado en Michoacán en los últimos días entre los aún autodefensas y las Fuerzas Rurales, el comisionado federal Alfredo Castillo firma un nuevo compromiso para lograr la paz en el estado. En el acuerdo, el enviado del Gobierno Federal pactó que las denuncias que realicen los líderes de las autodefensas serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La completa desmovilización de los grupos de autodefensas en Michoacán propuesta por el Gobierno Federal en mayo de este año nunca fue posible del todo. 

Las noticias que alertaban de brotes de civiles armados, sobre todo en la región de Tierra Caliente, eran constantes.

Incluso el 8 de diciembre, Hipólito Mora -líder de los civiles armados convertido en comandante de la Fuerza Rural Estatal- aseguró que la violencia en el estado estaba peor que antes y advirtió de un inminente florecimiento del movimiento alzado.

Hipólito fue profeta.

Días después de esas declaraciones, el domingo 14, grupos de civiles armados y miembros de las Fuerzas Rurales bloquearon las carreteras de Apatzingán, Uruapan, La Ruana, Buenavista, Tepalcatepec, Cuatro Caminos y Huetamo, para anunciar el retorno de las autodefensas.

Ese día, los inconformes aseguraron que tomarían el control de la seguridad, y se pronunciaron por la desaparición de la Policía Fuerza Rural.

Los comunitarios pidieron ayuda del Gobierno Federal para detener a todos los delincuentes que están lastimando al pueblo michoacano. 

“Le pedimos la ayuda de todo el poder de su Gobierno para detener a los delincuentes como La Tuta, El Cenizo, Tena y El Quinientos, porque nos siguen masacrando a los michoacanos que queremos acabar con la delincuencia”, reseñó Sin Embargo.  

Ante esta situación, el comisionado federal Alfredo Castillo se reunió tanto con los rurales como con los demás inconformes y acordaron nueve puntos para mantener un ambiente de tranquilidad y estabilidad social en la entidad.

Pero el martes 16, la violencia escaló.

Un enfrentamiento entre Fuerzas Rurales y autodefensas en La Ruana dejó como saldo 11 personas muertas. Una de ellas, era el hijo de Hipólito. 

“Las cosas no van a quedar así. Nos vamos a cobrar una a una de las vidas que nos arrebataron los criminales pagados y armados por el gobierno, que a final de cuantas nos dejó solos, porque me imagino que esa era la encomienda, acabar con nosotros”, señaló Mora ese día. 

El enviado del Gobierno Federal señaló que esos incidentes tuvieron como origen el vencimiento de las licencias de rurales con movilidad en municipios.

Cuando las Fuerzas Rurales Estatales fueron creadas, los elementos de ese nuevo grupo de seguridad recibieron sus licencias para portar armas y patrullas los municipios del estados. 

Esas licencias vencieron el 15 de diciembre, con lo que los rurales quedaron impedidos para hacer labores de vigilancia en demarcaciones diferentes a las que pertenecen.

El día del enfrentamiento en el que murió el hijo de Hipólito, Castillo informó que los involucrados eran el grupo del propio Mora y el comandado por Luis Antonio Torres “El Americano”.

“La animadversión histórica entre dos personas no puede provocar problemas en la entidad, afectando a cuatro millones de michoacanos que quieren vivir en paz”, dijo el comisionado en conferencia de prensa. 

En entrevista radiofónica con José Cárdenas, el comisionado atribuyó el enfrentamiento a viejos enconos entre ambos líderes de los civiles armados en La Ruana.

“Ahorita tenemos un enfrentamiento por un encono entre dos personas que traen rencillas de meses atrás, de mucho tiempo atrás, en donde hemos tratado de que puedan dirimir sus diferencias. Es un tema ya frontal entre dos personas que viven o habitan prácticamente el mismo lugar pequeño y reducido”, señaló.

Cuando se conforman las Fuerzas Rurales, las autodefensas se dividieron en dos grupos, unos oficializados como cuerpo institucional y reconocidos por el Gobierno y otros que se quedaron autodefensas por que no pasaron los controles de confianza, aunque se les dejó armados.

Nuevos acuerdos

El Comisionado Federal, Alfredo Castillo, pactó con rurales y autodefensas un nuevo acuerdo

1. Los grupos civiles organizados que se habían autodenominado autodefensas se abstendrán de movilizarse fuera de los municipios que habitan.

2. El grupo operativo denominado G250 -que incorporaba a elementos de Fuerza Rural y que tenía movilidad en todos los municipios de la región de Tierra Caliente- se desintegra.

3. Los miembros de este grupo operativo especial retornarán las armas que les hayan sido proporcionadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

4. Los líderes de este Grupo Especial mantendrán un cuerpo de seguridad personal para garantizar su integridad física.

5. Los procesos de evaluación continuarán para aquellas personas que se hacían llamar autodefensas, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública se compromete en un plazo no mayor a 48 horas a programar día y hora para la evaluación de las personas propuestas por estos grupos y que cumplan los requisitos de ley para formar parte de los cuerpos de seguridad pública.

6. Las denuncias que realicen los líderes de las entonces autodefensas en donde se imputen actos de corrupción o hechos ilícitos serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

7. Los puntos de revisión en torno a la ciudad de Apatzingán estarán a cargo de personal de la Secretaria de la Defensa Nacional.

8. Se mantendrán las reuniones periódicas del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el estado de Michoacán, el Procurador General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, autoridades militares y federales, con líderes de las entonces autodefensas y hoy miembros de la Fuerza Rural para evaluar las acciones emprendidas. Estas reuniones se llevarán a cabo cada diez días.


9. Las Delegaciones Federales del Gobierno de la República continuarán la gestión de apoyos sociales y obras en la región con el fin de impulsar el crecimiento económico de la zona.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

¿Cuánto cuesta tu diputado?

Mientras los presupuestos de los estados van a la baja, los congresos locales piden más dinero para gastar. Conoce cuánto cuesta el diputado de tu entidad.

Mantener a los congresos locales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal nos costó a los mexicanos más de 14 mil 145 millones de pesos, tan solo en el 2014.

En promedio, cada uno de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos (con cifras del Inegi al 2010) invertimos este año 125.9 pesos para financiar la operación de los congresos locales.

Esta cantidad se suma al gasto de 93.5 pesos que los mexicanos realizamos por el funcionamiento del Congreso de la Unión federal, representado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Mantener a la Cámara de Diputados costó a los mexicanos 60.4 pesos; al Senado, 33.1 pesos, en el 2014.

Es decir, cada ciudadano invirtió este año un total de 219.4 pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo.

En contraste, sostener las labores de la Presidencia de la República, por ejemplo, costó a los mexicanos 19.5 pesos.

En México, existen un total de mil 137 diputados locales en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De acuerdo con el presupuesto de cada uno de los congresos locales, tomando en cuenta el número de ciudadanos que viven en esa entidad, la asamblea más cara es la de Quintana Roo, con un gasto promedio por habitante de 337.8 pesos. Un 160 por ciento más que la media nacional.

Le sigue Sonora, donde su congreso local costó 300.4 pesos a cada habitante.

En tercer lugar se encuentra Baja California Sur, donde el Congreso estatal costó a sus ciudadanos 275 pesos por persona.

En contraste, los tres congresos locales menos onerosos para sus ciudadanos fueron los de Veracruz, con una inversión de 75.5 pesos por ciudadano; Hidalgo, con 59.4 pesos; y Puebla, con 52.8 pesos por cada habitante.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ocupa el lugar nueve, con una inversión por habitante de 172.6 pesos.

El Congreso de Nuevo León ocupa el escalón 21, con un gasto de 104.9 pesos por cada uno de sus pobladores.

El costo de los congresos locales no es indicativo del trabajo legislativo que realizan, pues la frecuencia de los trabajos es variable en cada caso.

Según la revista Este País, dirigida por Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, la mayoría de los congresos locales realiza dos periodos ordinarios de sesiones al año.

En promedio, los congresos locales en México tienen 212 días de trabajo en periodos ordinarios.

El mayor número de sesiones al mes las realiza el Congreso de Nuevo León. Su Ley Orgánica le obliga a sesionar al menos tres veces por semana.

En contraste, los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos y Querétaro solo están obligados por Ley a tener dos sesiones al mes.

Fallan en transparencia

A pesar de que este gasto incluye todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los congresos locales, una parte de esos recursos se destinan a las prerrogativas de cada una de las bancadas con representación en las asambleas.

Al igual que como ocurre en el Congreso de la Unión, las bancadas no tienen obligación de transparentar sus gastos ni exhibir comprobantes de en qué invierten su dinero.

Esto convierte al Poder Legislativo, a nivel nacional y estatal, en uno de los órganos más opacos del país.

De acuerdo con la consultoría Integralia, los congresos locales tienen “un grave problema” de transparencia y acceso a la información, no solo por el gasto otorgado a las bancadas, sino la comprobación de los presupuestos en sí mismos.

En su estudio “Reporte Legislativo número cinco”, Integralia sostiene que los informes de la cuenta pública estatal y los diarios oficiales que contienen los presupuestos anuales de egresos de las entidades son los mecanismos más confiables para acceder a alguna información sobre el ejercicio de los recursos.

Integralia señala que ni siquiera la información del ejercicio de gasto proporcionada por los congresos locales es un mecanismo confiable de rendición de cuentas.

“En general, los órganos legislativos locales no entienden el acceso a la información de manera proactiva. Muchos congresos cumplen con los requisitos legales mínimos: hacer disponible la información que la ley clasifique como de ‘carácter público obligatorio’ sin tener criterios de calidad y de fácil consulta”, critica la consultoría en su análisis.

La opacidad en el manejo de los recursos no es privativo del Poder Legislativo de los congresos estatales. A nivel federal tampoco existe obligación alguna de transparencia.

Tratando de solucionar esta falta, Carlos Castaños, diputado federal del PAN, presentó hace un año una iniciativa para que el Poder Legislativo Federal tenga la obligación de hacer públicos todos los comprobantes de gasto de sus recursos, excepto aquellos que tengan carácter de confidencial.

Dichos comprobantes, según la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberían estar disponibles en línea para consulta de los ciudadanos.

Esta iniciativa, sin embargo, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuyo análisis continúa pendiente desde el 11 de diciembre del 2013.

El PRI, mayoría en 21 de 32 congresos

No todos los congresos de los estados son uniformes en el número de partidos políticos nacionales o locales, que tienen representación en ellos.

En Yucatán, por ejemplo, solo cuatro partidos tienen representación en el congreso local.

Las asambleas con más partidos políticos son las de Baja California, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con nueve bancadas.


Según datos de Integralia, el PRI tiene el mayor número de legisladores en 21 de los 32 congresos locales, sin alcanzar la mayoría para obtener una votación definitoria.

En tricolor tiene mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos- en 12 de los 32 congresos locales. Esto ocurre en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

“De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza.

“De igual forma, en Chiapas, al contar con los legisladores locales de dichos partidos, el PRI adquiere la mayoría calificada”, expone la consultoría en su estudio.

Estas cinco entidades donde hay mayoría calificada con sus aliados –las dos terceras partes de los votos- son Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz.

Esta mayoría del PRI en los congresos locales ha sido determinante para que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo hayan pasado de forma casi inmediata en las entidades.

De cambiar la correlación de fuerzas a favor del PAN –que tiene mayoría simple en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Sonora- o del PRD –con mayoría simple en Guerrero y absoluta en Tabasco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, la aprobación de reformas constitucionales podría tener un tránsito más lento en los estados.

A estos tres partidos mayoritarios se sumará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la escena electoral en el proceso del 2015.

Reelección, el nuevo panorama

Sin modificar el marco legal para obligarles a rendir cuentas y obligarlos a ser transparentes, los legisladores locales que sean electos a partir de este 2015 podrán ser reelectos, según lo aprobado este año en la reforma político electoral.

Este principio no aplicará al Congreso federal, donde los diputados y senadores que puedan reelegirse serán aquellos que lleguen al Senado o la Cámara de Diputados en la elección del 2018.

En el proceso electoral del próximo 7 de junio del 2015, se elegirá a los nuevos miembros de los congresos locales de 17 entidades.

Los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal elegirán a 661 diputados locales.

Según el artículo 116 de la Constitución, los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, podrían durar en el cargo hasta el 2027.

Su postulación podría ocurrir por el mismo partido que lo llevó hasta el congreso local o por cualquiera que haya conformado una coalición con la que ganó. El derecho se pierde si el legislador renuncia a su militancia partidista y se convierta en diputado independiente.


Los partidos políticos comenzaron ya a fijar las reglas para las postulaciones rumbo a la elección del 2015.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Rescatan a diputado secuestrado en Morelos

MÉXICO, D.F: El diputado local perredista David Martínez fue liberado esta madrugada en un operativo policíaco en el que fue detenida una célula del grupo criminal Guerreros Unidos.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confirmó en su cuenta de la red social Twitter que el legislador fue liberado mediante un operativo en el que participaron las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro y la Policía Federal.

Ramírez publicó una fotografía con el diputado, acompañada del mensaje: “Con gran emoción ver a un gran compañero de causas y lucha Reconocimiento UECS/MU y Policía Federal”.

David Martínez fue secuestrado ayer en la mañana en el municipio de Temixco, considerado uno de los focos rojos en la entidad.

En el secuestro del diputado local habrían participado al menos diez personas.


David Martínez es aspirante a la presidencia municipal de Temixco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La ONU exige al gobierno mexicano tomar medidas para combatir desapariciones

MÉXICO, D.F: En el marco del 22 aniversario de la Declaración sobre Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al Estado mexicano a abstenerse de realizar “injerencias arbitrarias” o “descalificaciones públicas” contra los defensores de los derechos humanos.

La ONU-DH llamó al gobierno mexicano a “asumir con emergencia y acelerar la implementación de las recomendaciones pendientes” para combatir la desaparición forzada, la cual “constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Por lo anterior, le urgió a cumplir con su agenda, la cual incluye la emisión de una ley general en la materia, el reconocimiento de la figura de “declaración de ausencia por desaparición” y el combate efectivo a la impunidad.

La agenda también abarca el fortalecimiento de los servicios forenses independientes, la protección de las víctimas y de los testigos de desaparición, la “regulación apropiada del uso de la fuerza”, y el establecimiento de un mecanismo nacional de búsqueda de personas que contaría con un banco de datos genéticos así como un registro de las personas desaparecidas.

La ONU-DH reiteró la necesidad de que el gobierno reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada en recibir quejas de víctimas, tal como lo estipula el artículo 31 de la convención en la materia, que firmó México en 2001.

El pasado martes, el canciller mexicano José Antonio Meade Kuribreña aseveró en términos vagos que “el tema de la posibilidad de reconocer esta jurisdicción (sic) es un tema que está siendo evaluado”, por lo que todavía “no existe una fecha puntual”.

Como lo documentó Proceso (1984), desde hace tres años el gobierno mexicano desdeña al comité: Se negó dos veces en seguir las recomendaciones de la ONU en reconocer su competencia e ignoró en tres ocasiones las solicitudes del comité a visitar el país.

Si bien la ONU-DH se alegró de algunos éxitos en México, como el retiro de la reserva que impedía el juicio por parte de un tribunal civil de militares involucrados en desapariciones forzadas, o avances legislativos en Coahuila, afirmó que todavía existen grandes retos.

La ONU-DH recordó al gobierno mexicano que las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa se suman a las “numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos” que “siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la así denominada ‘Guerra Sucia’”.

Retomando las palabras de Enrique Peña Nieto, la ONU-DH planteó que el asidero del problema se encuentra en “esa combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional”, pero subrayó que las familias y las organizaciones juegan un “rol invaluable e insustituible” en las transformaciones institucionales.

“Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas”, añadió.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

“Respondimos a ataque de la Gendarmería”, justifica ‘El Americano’

MÉXICO, D.F: Hipólito Mora y José Luis Torres, Simón El Americano, cuyos grupos se enfrentaron el martes pasado en La Ruana, con un saldo de 11 muertos, deberán entregar sus armas, rendir declaración y someterse a las diligencias necesarias o, de lo contrario, cambiará su situación jurídica, advirtió el comisionado para la Seguridad del estado, Alfredo Castillo.

“El pleito es entre Luis Antonio Torres González Simón El Americano e Hipólito Mora Chávez, quienes tendrán que coadyuvar con las investigaciones y presentar sus declaraciones, así como entregar sus armas para que se les hagan las pruebas correspondientes”, dijo en entrevista radiofónica con Grupo Imagen.

Luego, en rueda de prensa dijo que El Americano, dejó de formar parte del Grupo G250 de operaciones especiales desde el pasado 15 de diciembre, mientras que Hipólito Mora sigue enlistado como policía rural. Sin embargo, Castillo señaló que independientemente de su posición, ambos serán investigados a fondo.

En cuanto a los que participaron en el enfrentamiento, dijo, se les aplicarán pruebas de rodizonato de sodio en manos y ropa para saber si dispararon armas de fuego durante el enfrentamiento.

Por lo pronto adelantó que se comprobó que los 11 que participaron el martes en el enfrentamiento dispararon armas de fuego.

Adelantó que la noche de este miércoles tendrá por los menos 45 declaraciones y el número de personas que participaron en los hechos violentos del martes.

Asimismo, reveló que ya concluyeron las necropsias a los cuerpos de las 11 víctimas del enfrentamiento, y que ahora sigue la reconstrucción de los hechos con testimoniales, para ver de dónde provinieron los tiros, el calibre de armas y cuántas se utilizaron.

“Lo que es importantes es que, con las testimoniales, ver el tema de quién empieza a disparar (…) Las periciales nos permitirán validar el dicho de las personas, a través de un expediente.

“En las próximas horas podremos tener un poco más de certeza de qué sucedió y probablemente en días tener resuelto este asunto”, dijo Castillo.

Por su parte, en una improvisada rueda de prensa, en La Ruana, Hipólito Mora, cuyo hijo fue abatido durante el enfrentamiento con los seguidores de El Americano respondió a Castillo que no entregará las armas a pesar de la posibilidad de ser encarcelado nuevamente por las “marcadas diferencias” que existen entre su grupo y el de El Americano.

Mora dijo que uno de los peores errores que cometió Castillo fue armar a grupos de delincuentes a sabiendas de que se dedicaban a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.

Y reiteró que a pesar del discurso oficial, la extorsión y el secuestro son parte de la cotidianidad en la región.

También insistió en acusar al gobierno de proteger a El Americano y a Castillo de fallar en su labor como pacificador. Además reprochó al gobierno federal y estatal que no se hayan acercado a él.

La Gendarmería nos atacó: El Americano

Entrevistado por Milenio, El Americano negó que los miembros de su grupo hayan disparado contra los de Hipólito Mora, entre ellos a su hijo Manuel Mora, quien murió en el enfrentamiento.

Y afirmó que sólo respondieron al ataque de la Gendarmería que estaba con el grupo de Hipólito, lo que contradice la versión de Mora de que las fuerzas federales lo habían dejado solo.

“A Hipólito le digo que sepa bien que nosotros sólo respondimos a una agresión de la Gendarmería que estaba con ellos y nos disparaban a nosotros”, dijo El Americano, quien se presentó en la plaza principal de La Ruana y mostró su camioneta con impactos de bala de alto calibre, superior a los rifles R15 que utilizan el grupo de Mora y la Fuerza Rural.

Según la versión de Torres, la Gendarmería fue la que disparó a su camioneta blindada para tratar de matarlo y afirmó que su grupo no abrió fuego contra Hipólito y su grupo, sólo repelieron las agresiones.

“La Gendarmería nos tiró y nosotros quedamos en medio del fuego. El problema es que el retén de la Gendarmería está junto al de Hipólito y su gente”, excusó.

Según El Americano, no hay diferencias con Hipólito y señaló que el enfrentamiento entre ambos sólo beneficia a Los Caballeros Templarios y a su líder Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien sigue prófugo.

“No hay diferencias con Hipólito. Nosotros no fuimos a provocarlos a ellos, queríamos que se fuera la Gendarmería, que pusieran retenes militares.

“Pero los Gendarmes se acomodaron con Hipólito y ellos ya saben cómo actúan. Nosotros no pensábamos que ya estuvieran acomodados”, dijo el exautodefensa quien rindió declaración esta tarde ante ministerios públicos de Apatzingán y Lázaro Cárdenas que se trasladaron a La Ruana.


Torres recalcó su petición a Castillo para que retire a los elementos de la Gendarmería y coloque retenes militares en su lugar, mientras que de los acontecimientos del martes, dijo: “no somos animales para que no nos duelan nuestros muertos y por causa de él, (de Hipólito) la Gendarmería se unió para atacarnos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

2014: de la insurgencia al movimiento social

MEXICO, D.F: Este año que termina ha sido para la sociedad civil mexicana uno de los más importantes de las últimas décadas por el despertar social a partir de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, donde el gobierno y el Estado mexicano mostraron que han sido rebasados por el crimen organizado y que no les importa que haya más víctimas, pues al final lo que les interesa es administrar el conflicto.

Aunque desde hace años ya se venían dando algunas muestras de inconformidad social en algunas entidades afectadas por la guerra contra el narcotráfico declarada por el panista Felipe Calderón, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la protesta ciudadana “prendió” en todo el país con movilizaciones y bloqueos, hasta llegar a la reactivación de los grupos guerrilleros que habían estado adormecidos por un buen tiempo.

La primera muestra de hartazgo se dio a principios de año con el activismo de las autodefensas ciudadanas de Michoacán que, con armas de alto poder en las manos, anunciaron la liberación del territorio controlado entonces por los Caballeros Templarios. La respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue mandar más soldados y policías para controlar la zona y también a un emisario de todas sus confianzas, Alfredo Castillo, para que hiciera las labores de negociador con los rancheros armados y los grupos criminales locales y eventualmente pacificar la región.

Una vez que se “domesticó” a las autodefensas transformándolas en Fuerzas Rurales y de que se pactó con las bandas narcotraficantes de la zona, Peña Nieto pensó que ya no habría más problemas sociales y se podría dedicar a promover su imagen a escala internacional como el gran modernizador de México.

Pero sus planes se vinieron abajo, primero con el fusilamiento por soldados de al menos 15 de las 22 personas abatidas en el pueblo de Tlatlaya que pertenece al Estado de México pero colindante con Michoacán. Después con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. Y finalmente con el escándalo de la construcción de la lujosa mansión de la esposa de Peña, Angélica Rivera, en un terreno de Televisa y con recursos que Peña Nieto ocultó al escrutinio público.

Como no ocurría hace mucho tiempo, el hartazgo social brotó en todo el país de manera espontánea, dejando al desnudo la debilidad del presidente surgido del PRI y hecho mediáticamente por Televisa.

En esta expresión social no tuvieron cabida los partidos políticos, ni los tradicionales líderes de la izquierda que, cuando quisieron aparecer, fueron abucheados y hasta confrontados, como ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas en una de las primeras marchas de familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Hoy esa riada de miles de ciudadanos que ha corrido sin cauce busca un camino o una senda que trascienda la espontaneidad y se convierta en un movimiento articulado que represente a quienes no han sido tomados en cuenta en los poderes institucionalizados y en los cuales ya no encuentra ninguna representación.

Ante las circunstancias actuales de derramamiento de sangre, de crisis en todos los ámbitos sociales y políticos, frente al crecimiento del crimen organizado y el narco-Estado, y con el estancamiento de la economía, surge la esperanza de construir un movimiento desde abajo, horizontal, el primer gran movimiento social mexicano del siglo XXI.


Espantados representantes de diversas instituciones piden que este movimiento sea no violento, pero nunca se han manifestado contra la violencia institucionalizada que, como en Michoacán, Guerrero y otros tantos estados, ha cobrado miles de vidas en manos de bandas criminales coludidas con las autoridades locales, estatales y federales que cohabitan en el mundo de la impunidad y la corrupción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Los diputados quieren quitarle la calle a la gente

El albazo de la dupla PRI-PAN en San Lázaro el martes 2 no sólo es inconstitucional, pues intenta suprimir el derecho a la manifestación, sino que complementa lo que hicieron en abril de 2013, cuando modificaron la Ley de Amparo, que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación. Activistas pro derechos humanos y legisladores de izquierda documentan las pifias cometidas al desempolvar una iniciativa panista de 2013 para acallar las protestas sociales, justo cuando el país se incendia por la falta de información sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

MÉXICO, D.F: Inmerso el país en marchas multitudinarias para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la renuncia de Enrique Peña Nieto, los diputados del PRI sacaron de la congeladora una reforma constitucional promovida por el PAN desde septiembre de 2013, en un intento de frenar los reclamos sociales.

Ante el fracaso de la estrategia para habilitar leyes estatales que inhibieran la ola de indignación en las calles de las principales ciudades, la dupla PRI-PAN logró aprobar, con el acompañamiento del PVEM y el Panal, reformas constitucionales que abren la puerta a “la represión” y aun podrían allanarle el camino a un régimen policiaco-militar.

Para Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista y exconsejero electoral, los cambios a los artículos 11 y 73 de la Constitución aprobados el martes 2 en el recinto de San Lázaro son “gravísimos”. Por principio, dice, se viola el principio pro homine, así como el de libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación y los derechos políticos, contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9 y 35 de la Constitución, respectivamente.

Con estos cambios, puntualiza, queda en evidencia “una visión de mano dura y pro empresarial del orden”; primero se cierra a la población “la vía jurídica” para hacer reclamos –al cancelarle su derecho al amparo– y luego se le pretende “limitar la calle”, el derecho a expresar su inconformidad.

“Seguir por este camino abre el paso a la lucha armada a los sectores más radicales, mientras otros se convertirán en resentidos sin libertad”, advierte Cárdenas…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1989 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Mueren 307 migrantes en la frontera México-EU en 2014: OIM

MÉXICO, D.F: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, en su intento de salir de sus países respectivos en búsqueda de una mejor suerte en el extranjero, 4 mil 868 migrantes fallecieron este año, más del doble de las víctimas registradas en 2013 (2 mil 378), lo cual convirtió a 2014 en el año “más mortífero” para los migrantes.

El Mar Mediterráneo resultó ser la zona de tránsito más peligrosa para los migrantes, ya que más de 3 mil de ellos encontraron la muerte durante su cruce. Lo siguen la Bahía de Bengala, en Asia, donde más de 540 migrantes fallecieron, y la frontera terrestre que separa México y Estados Unidos por la cual se registraron 307 muertos.

En víspera del Día Internacional del Migrante, que se celebrará este jueves, el director general de la OIM, William Swing, recordó a los países su deber de salvar las vidas de quienes requieren ayuda y les exhortó a tomar la valentía “de enfrentarse al preocupante aumento de la xenofobia”.

Y añadió que en vez de atacar a los migrantes irregulares, los estados deberían despenalizarles a fin de que denuncien a los traficantes ante la policía “para que sean enjuiciados y sancionados, contribuyendo así a los empeños en contra de las actividades delictivas transnacionales organizadas”.

La organización Sin Fronteras indicó hoy que observó este año en México “una regresión en el acceso a los derechos humanos de (los migrantes), como muestra de ello, la implementación del Plan Frontera Sur, el cual se centra en la administración y control de flujos migratorios desde una óptica de seguridad nacional”.

A los tres años de su adopción, la Ley de Migración se reveló ineficiente para establecer derechos a los migrantes en apego a sus derechos humanos, añadió la organización, al precisar que el Instituto Nacional de Migración sigue siendo “un organismo opaco y burocrático, que favorece la violación de los derechos humanos de personas migrantes en completa impunidad y discrecionalidad”.

Recordó que “concretamente para las personas extranjeras en México los retenes y las detenciones administrativas van en constante aumento y van quedando cada vez más obsoletas las pocas alternativas a la detención, reduciéndose a letra muerta”.

Durante su discurso, Swing aseveró que “la migración no sólo es inevitable sino que además es necesaria y conveniente”, ya que “en el norte, las sociedades están envejeciendo, mientras que en el sur aumenta la población juvenil”.


Y concluyó: “El creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes es una cruel ironía en una época en que las sociedades que envejecen necesitan recurrir a la migración para obtener la mano de obra tan necesaria”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

En México, un secuestro cada tres horas, revela ONG

MÉXICO, D.F: En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado 5 mil 543 secuestros, es decir, una privación de la libertad cada tres horas en todo el país, según dio a conocer este día Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

En rueda de prensa, Miranda de Wallace dijo que se prevé que este año cierre con un incremento de 30% de secuestros respecto del 2013.

La dirigente de la ONG señaló que con respecto del mes de octubre, en noviembre se registró un ligero descenso de 16% en la estadística de secuestros, sin embargo, pese a ello se denunciaron 163 privaciones de la libertad.

No obstante, acotó, si se comparan los casos del periodo de enero a noviembre del año pasado con los denunciados en el presente 2014, se tiene un incremento de 29.9%.

Por ello, indicó que el hecho de que en noviembre pasado el índice haya registrado un ligero decremento, es una situación que se debe reconocer aunque no aplaudir; es decir, se tiene aún que redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia para transformar la realidad preocupante que se vive en México.

Asimismo, Miranda de Wallace dio a conocer que en lo que va del sexenio se tienen registrados en la República 5 mil 543 secuestros, de los que 4 mil 992 fueron denunciados y 551 carecen de averiguación previa.

Sin embargo el acumulado del año, que llegó a los 2 mil 666 casos, es 29.9% mayor respecto de 2013.

En este 2014, las entidades con mayor incidencia en privaciones de la libertad, en números absolutos, son el Estado de México, con 44 casos; le sigue Tamaulipas, con 28, y Distrito Federal, con 14.

Ello significa que, de acuerdo con la tasa por cada 100 mil habitantes, Morelos lidera la incidencia del ilícito con 23.82, seguido de Tamaulipas con 13.73.

Así, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre pasado, es decir en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 4 mil 992 denuncias por secuestro.

En el desglose, el Estado de México suma mil 134 casos contra 565 de Tamaulipas.


A escala municipal, la ciudad más violenta en este delito es Acapulco, Guerrero, que suma 135 casos; luego Cuernavaca, Morelos, con 133; Ecatepec y Nezahualcóyotl, del Estado de México, con 129 y 107, respectivamente, y Morelia, Michoacán, con 101.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Echan a socióloga de evento tras exigirle a Peña pedir perdón por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El fantasma de Ayotzinapa se le volvió a aparecer al presidente Enrique Peña Nieto, ahora durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario en la Expo Bancomer Santa Fe.

Al momento en que el mandatario se acercó a saludar de mano a los asistentes al evento, Érika Barrón, una socióloga egresada de la UNAM, le entregó al mandatario un post it con la siguiente frase: “Sólo quiero que pida perdón por el caso Ayotzinapa”.

En declaraciones a MVS Noticias, la profesionista contó que Peña Nieto tomó el papel, lo vio y lo rompió.

“Le escribí en un post it ‘pide perdón’ porque es en el ánimo de colaborar. El mensaje estaba escrito, yo no lo grité. Se me acercaron dos gorilas y les pedí que no me tocaran. Peña tomó el papel, lo vio y lo rompió”, relató.

Tras el incidente, Barrón declaró que fue expulsada del evento por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). Incluso, explicó que los militares la siguieron hasta su vehículo y luego vieron que saliera del centro de convenciones de Bancomer.

“Nos siguieron hasta el estacionamiento y tomaron fotografías de mi coche y las placas. No he atentado contra la seguridad de nadie. Nos siguieron en otro carro. Querían que estuviéramos fuera del recinto, era un evento privado”, dijo.

La socióloga indicó luego que tomó la decisión de protestar de esta forma al observar el “trato de monarca” que recibe el titular del Ejecutivo en los eventos a los que acude. “Vi cómo dieron el trato al señor Peña, que es un funcionario y empleado, no monarca ni emperador; es algo que no nos merecemos, me pareció indignante”, subrayó.


Asimismo aprovechó el espacio para ofrecer una disculpa a los organizadores. Aclaró que nunca fue su intención generar un caos en el evento al que acudió como profesionista y asesora. “Yo no tengo ninguna relación partidista, soy mamá, esposa y socióloga de la UNAM. Me disculpo con los organizadores no era mi intención generar un caos. Fue un impulso una reacción”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.