El paraje conocido como ‘El llano del vidrio’ era utilizado por la banda de plagiarios ‘Los Camacho’ para enterrar a las víctimas de un secuestro fallido, revela uno de los líderes de esta organización.
En medio del bosque existe una desolada región a la que se llega a través de brechas que se interconectan en la parte alta del Ajusco. Se llama “El llano del vidrio”, y aunque es un referente ecoturístico para ciclistas, fue utilizado por grupos de secuestradores como cementerio clandestino para enterrar a algunas víctimas de plagio.
Por su belleza, “El llano del vidrio” forma parte de una ruta por la sierra del Ajusco que recorre el cerro de Mezontepec, Volcán Pelado y los pueblos de Parres, Tres Marías y el Capulí.
Sin embargo, por las noches se convierte en la madriguera perfecta para quienes delinquen.
Los temidos secuestradores de “Los Camacho” utilizaron este valle para enterrar a las víctimas de un secuestro fallido, así lo revela uno de los líderes de esta organización, que mantiene desde hace algunos años en jaque a los pobladores del Ajusco.
José Omar Romero Esquivel, alias “El Canario”, uno de los presuntos cabecillas de “Los Camacho”, detenido el año pasado, describió ante las autoridades ministeriales el modus operandi de la banda a cambio de que se protegiera estrictamente a su madre.
Cautivos en cabañas
Este delincuente, que ya fue sentenciado a 78 años de prisión por el delito de secuestro agravado, relató que la soledad de aquellas apartadas zonas del Distrito Federal les permitían mantener privadas de su libertad a sus víctimas en cabañas del Ajusco, que rentaban a un primo por 5 mil pesos.
En dichas cabañas, los integrantes de la banda se turnaban los días para vigilar y alimentar a sus secuestrados, mientras el resto bajaba a los pueblos a realizar las llamadas telefónicas que les permitían negociar con los familiares el pago del rescate.
Pero hubo casos, menciona, cuyos secuestros se complicaron y recurrieron a las mutilaciones para presionar a las familias al pronto pago del rescate.
Otros más fueron asesinados. Entonces, esta célula de “Los Camacho” encontró que “El llano del vidrio” era el lugar perfecto para realizar excavaciones y enterrar los cuerpos, sin que nadie se diera cuenta.
Así ocurrió con el empresario Luis Autrique, quien a escasos días de cautiverio en manos de “Los Camacho” murió por un infarto provocado por la falta del medicamento que tomaba para controlar la diabetes.
“Como el señor era diabético y sólo le dimos una de sus pastillas que necesitaba no resistió, y a la hora que se llegó a un arreglo (con los familiares) y se hizo el cobro, al regresar de cobrar el pago Sergio, Charly, Agustín y Fernando, me dicen que el señor ya estaba muerto”, declaró Romero Esquivel.
Luego de repartirse el rescate “nos fuimos al llano del vidrio a enterrarlo”.
No era la primera vez, otra de sus víctimas, una joven de aproximadamente 25 años, fue ahorcada por “Los Camacho”, quienes se deshicieron del cuerpo enterrándolo en aquel paraje solitario del Ajusco.
Señalados… pero libres
Por lo menos ocho secuestros reconoció “El Canario”, quien comenzó a delinquir en aquella zona de Tlalpan, en el Distrito Federal, desde que tenía 16 años.
Empezó con robos menores y poco a poco se acostumbró a las ganancias rápidas y fáciles.
Allá en el Ajusco forjó su fama de violento y de hombre intocable. Secuestró a mujeres, niños, todos jóvenes y de los pueblos ubicados en la parte alta del bosque, hasta que le propusieron el plagio del prominente ganadero Luis Autrique.
Cuando su fotografía salió publicada en un diario que lo señalaba como uno de los secuestradores más buscados del Ajusco, entonces huyo.
Se escondió en la casa de un compadre en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y de ahí se refugió en Aguascalientes. Allá fue capturado. Pero el clan no se acaba.
El mismo “Canario”, en su declaración ministerial contenida en la causa penal 145/2013, refiere la participación de muchos otros que nunca fueron investigados, menos detenidos.
En la lista aparece Agustín Rodríguez, a quien “El Canario” identifica como su compadre, al que le rentaba una cabaña que usaban para esconder a las víctimas; su primo Fernando Esquivel y su amigo Vicente Soto, todos están libres.
Operativo contra la amenaza
Ayer el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinoza, dio el banderazo oficial de arranque al operativo que de manera conjunta con autoridades federales se desplegó en aquella zona. Para mandar una señal de la unión de fuerzas locales y federales, lo acompañó el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
El funcionario federal dijo que el objetivo de movilizar a más de 300 elementos locales y federales es que lo recorridos se extiendan a brechas limítrofes entre DF, Morelos y Estado de México.
Ahí se instalarán tres destacamentos fijos, el primero en la “Y”, el segundo en la “Placa” y el tercero en la zona conocida como “La Cantimplora”.
En lo amplio de esta franja, la organización Alto al Secuestro que encabeza Isabel Miranda de Wallace, identifica en aquella zona un corredor del secuestro conformado por Ajusco (Distrito Federal), Estado de México y Morelos, lo que facilita a los plagiarios huir de los operativos e incluso mover a las víctimas.
Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, reconoció la existencia de dicho corredor, que opera en ese vértice donde confluye el DF con los estados vecinos.
En el discurso de Mancera Espinosa destacó un punto: que no permitirá amenazas a la ciudadanía… en Santo Tomás, donde residen “Los Camacho”, así se vive.
Ajusco, bello y peligroso
> La organización Alto al Secuestro denunció la existencia de un corredor del secuestro conformado por Ajusco, en el DF, Estado de México y Morelos, que facilita a los plagiarios huir y mover a las víctimas.
> La banda de plagiarios “Los Camacho” mantenía en cautiverio a sus víctimas en cabañas del Ajusco, que rentaban por 5 mil pesos
> “El llano del vidrio” forma parte de una ruta por la sierra del Ajusco que recorre el cerro de Mezontepec, Volcán Pelado y los pueblos de Parres, Tres Marías y el Capulí
> En ese valle, “Los Camacho” sepultaban a sus víctimas
> El Gobierno del DF arrancó ayer el Operativo Ajusco en coordinación con elementos de la Marina, del Ejército, PGR, Policía Federal y autoridades de migración
> 324 elementos realizarán patrullajes aleatorios y tendrán presencia las 24 horas en la zona del Ajusco y Jalatlaco
> Se instalarán tres destacamentos fijos en las zonas conocidas como ‘La Y’, ‘La Placa’ y en ‘La Cantimplora’.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sobre la libre manifestación en las calles preocupan a organizaciones defensoras de los derechos humanos en la entidad, como Cepad y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta.
La presidencia de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco está de nueva cuenta en una polémica, tras las declaraciones de días pasados del funcionario en torno a la libre manifestación, lo cual llama la atención de defensores y organizaciones de derechos humanos locales.
Las palabras del ombudsman local se producen dentro del marco de una reforma constitucional en materia de derecho a la movilidad universal –calificada por diputados federales de izquierda como una “ley antimarchas”– misma que fue turnada al Senado de la República el pasado martes 2 de diciembre.
Paralelamente, dentro del Encuentro Internacional de Periodistas, llevado a cabo a inicios de este mes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), periodistas, académicos y defensores de derechos humanos criticaron la reforma enviada a los senadores y reiteraron que la protesta social es un derecho que no puede regularse.
Y aunque para el titular de la CEDHJ las diferentes formas de manifestación son válidas y legítimas, también lo es el uso de la fuerza pública por parte de las autoridades, así lo manifestó el 10 de diciembre pasado, fecha en que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos.
“La protesta ciudadana debe ser respetada, impulsada y fomentada; pero alterar el orden público, cometer delitos y vulnerar los derechos de terceros se debe revisar (…) Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarte de edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y debe de respetarse, si no, se afectan derechos de terceros.
“Hay lugares específicos que se crearon desde el origen de los gobiernos y del Estado que son las plazas públicas, que deben ser respetados”, declaró Álvarez Cibrián ante los medios de comunicación; su declaración despertó polémica, pero sus dichos sobre la libre manifestación no pararon ahí.
De la misma forma afirmó que la autoridad tiene la facultad para utilizar la fuerza pública cuando se bloquean las calles o las carreteras con plantones, y matizó, diciendo que las autoridades no deben criminalizar las protestas.
“Debemos estar de los dos lados (de los manifestantes y del gobierno), las autoridades deben cumplir los protocolos y principios en el uso de la fuerza, pero los manifestantes deben ser respetuosos del orden público.
“Por ningún motivo pueden cometer delitos, que quien cometa delitos con motivos de una manifestación debe ser castigado por la autoridad, el que no lo haga estará violando los derechos humanos (de terceros)”, añadió el defensor de los jaliscienses, según consignaron medios locales, como el diario El Informador.
Preocupan posturas
Aunque los intentos legislativos para regular las manifestaciones en espacios públicos no han tenido el visto bueno por el Senado de la República, en el caso de la reforma constitucional de movilidad en el estado de Jalisco, la propuesta se ha estancado.
Sin embargo, la perspectiva “institucional” mostrada por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián es una alerta para los colectivos en pro de los derechos humanos en Jalisco.
“Que lo diga un titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es delicado, pero que lo diga el de Jalisco ya no es tan grave, porque este señor no ha hecho otra cosa más que trabajar en contra de las personas y de los derechos que debería estar protegiendo”, expresó César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo de la asociación civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Agregó que las declaraciones son una raya más al mal desempeño que ha tenido el ombudsman al frente del organismo público autónomo de derechos humanos, al mismo tiempo de que sus frases se enmarcan en una lógica gubernamental que criminaliza la protesta social.
“El mal mensaje que nos manda el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es ‘si los reprimen no vengan a quejarse’”, advirtió el director de CEPAD.
Regulación de la protesta congelada en Congreso
En agosto del 2013 la diputada local panista Gabriela Andalón Becerra presentó una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Jalisco que “regula las reuniones y manifestaciones en lugares públicos del estado de Jalisco”.
La iniciativa fue turnada el 12 de septiembre del 2013 a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso Local.
“Lo peor del caso es que se intente legislar con un fin, como se ve, persecutorio y represor. Como si el estado actual del país no fuera ya suficiente”, sentenció César Pérez Verónica sobre la iniciativa del Congreso estatal.
Y aunque la iniciativa de la panista ha quedado congelada en la señalada comisión -en el marco de la aprobación de la reforma de movilidad universal- el 8 de diciembre pasado, Andalón Becerra declaró que se siente confiada en que su propuesta de ley sea aprobada.
“Consideramos necesario que Jalisco tenga una ley que regule este tipo de libertades”, expresó Gabriela Andalón.
De la misma forma, desde el 30 de septiembre pasado se anunció que la CEDHJ y el Consejo Económico Social del Estado de Jalisco (CESJAL) entregarían una propuesta de ley al poder legislativo de Jalisco para regular los eventos masivos.
La propuesta ha sido señalada por los organismos de derechos humanos como un intento por complementar la iniciativa de la diputada panista en materia de actuación de policías.
La iniciativa de Ley que regula y coordina la actuación interinstitucional de las autoridades públicas del estado de Jalisco y sus municipios en eventos masivo, fue presentada como una recomendación sobre el marco normativo de la actuación de las autoridades frente a los eventos masivos; fue enviada desde el 1 de octubre de este año al gobernador del Estado y a la mesa directiva del Congreso Local.
La iniciativa que ahora se encuentra en análisis en el poder Ejecutivo estatal, también ha sido criticada en Jalisco por el carácter represor de sus agregados, siendo comparada por el propio Cepad como una “ley bala” al estilo de Jalisco.
La “ley bala” fue una iniciativa del gobernador del estado de Puebla, el priista Rafael Moreno Valle, que incluía la posibilidad de usar armas de fuego como último recurso durante las manifestaciones que se dieran en esa entidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la propuesta que hoy ha sido derogada, pero que intentaba controlar el derecho a la manifestación y otorgaba facultades a la policía para usar la fuerza como le conviniera.
Con la propuesta inicial de la diputada local panista, y la ahora presentada por los organismos autónomos del estado de Jalisco, Cepad alerta que ambas son complementarias.
En ese sentido, la actuación del titular de CEDHJ es preocupante para las organizaciones civiles y el discurso demuestra la cercanía del presidente del organismo para con el poder gubernamental, como afirmó César Pérez Verónica.
“Me parece que no hay resultados positivos, por donde se le vea, al contrario me parece que las declaraciones que ha vertido durante todo este año lo que viene a hacer es confirmar que ese organismo no defiende los derechos de la gente y que, al contrario, evidencia más su cercanía con el poder.
“Eso evidentemente no le beneficia a un estado democrático y a una sociedad que cada día se ve más atropellada, incluso atemorizada, por quien debería de cuidarlos”, sentenció Pérez Verónica, director de Cepad.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
MÉXICO, D.F: El movimiento que ha surgido a raíz de la desaparición y masacre de los estudiantes de Ayotzinapa tiene enormes implicaciones globales e históricas. La batalla por los recursos naturales, la cultura milenaria y el sistema político mexicanos constituye una prueba de fuerza tanto para la oligarquía global y sus aparatos represores como para la movilización ciudadana mundial por la paz, el medio ambiente y la justicia.
Es responsabilidad de todos los mexicanos dentro y fuera del país, así como de los ciudadanos conscientes en todo el mundo, poner su granito de arena para asegurar que el desenlace de la crisis actual no abra la puerta al renacimiento del fascismo global y que, por el contrario, pavimente el camino para la liberación humana.
México juega hoy un papel similar al de España durante la Guerra Civil de 1936-1939. El trágico resultado de aquel conflicto preparó el terreno para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Apenas cinco meses después de que el general Francisco Franco declarara su victoria sobre las fuerzas republicanas en 1939, alcanzada con el apoyo decidido de la Alemania nazi, Adolfo Hitler invadiría Polonia. Posteriormente se multiplicaría exponencialmente la cantidad de personas exterminadas diariamente en los “campos de concentración” del Tercer Reich.
Durante aquella Guerra Civil, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña observaron pasivos y fueron cómplices de la destrucción de la democracia en España y después en toda Europa. Hoy, de manera similar, estas mismas potencias facilitan la destrucción de la democracia mexicana al encubrir y avalar ciegamente a una clase política que ha perdido totalmente la confianza de su pueblo.
Esto ocurre porque la llegada de una democracia popular y participativa en México pondría en riesgo importantes negocios de las grandes potencias. Más allá del evidente interés de Washington en el petróleo, los recursos naturales y las drogas, México es hoy uno de los nudos críticos para la articulación del crimen organizado y de los flujos financieros, lícitos e ilícitos, a nivel internacional. Fuentes oficiales estiman que se blanquean por lo menos 50 mil millones de dólares (aproximadamente 700 mil millones de pesos mexicanos) anualmente en México, aunque probablemente el monto es mucho mayor ya que por la naturaleza del delito se esconde de la vista de las autoridades. Y la mayor parte de este dinero no se queda en México, sino que una vez “limpiado” es transferido de regreso a Estados Unidos con el apoyo de las grandes instituciones financieras de Wall Street.
De acuerdo con Antonio María Costa, anterior jefe de la oficina de combate a las drogas y el crimen organizado de las Naciones Unidas, fue precisamente por medio de un aumento en los flujos del dinero del narco que el sistema financiero de Estados Unidos pudo recuperarse de la enorme crisis de 2008. En su importante reporte sobre el tema para The Guardian (véase: http://ow.ly/FIKtm), Ed Vulliamy ha expuesto todos los detalles sobre la sangrienta complicidad entre el sector bancario formal y los peores criminales del mundo.
Por otro lado, un estudio de la Universidad de San Diego estima que un promedio de 252 mil armas estadunidenses cruzan la frontera hacia México cada año, lo cual implica ganancias de aproximadamente 127 millones de dólares anuales para fabricantes de armas en el país del norte. Asimismo, el endurecimiento militar de la frontera de Estados Unidos con México ha generado enormes ganancias para los traficantes de personas. Sus servicios delincuenciales son ahora más cotizados que nunca para quienes quieran cruzar el río Bravo.
Y la limpia parcial que se ha hecho del sistema político colombiano, erróneamente considerado por algunos como ejemplo para nuestro país, ha empeorado la situación en México. El resultado ha sido la mudanza y la concentración en territorio mexicano de cada vez más nudos de comunicación y mandos del crimen organizado internacional. Una limpia profunda en México inevitablemente obligaría a los principales mandos del crimen organizado a trasladarse a otros países, o incluso a Estados Unidos, lo cual pondría en riesgo la “seguridad nacional” de Washington.
Lo anterior explica las constantes amenazas de parte del secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, a los normalistas de Ayotzinapa, al pueblo de Guerrero y a todos los estudiantes y activistas del país. Los cables oficiales difundidos por Wikileaks han demostrado que la Marina es la institución de “seguridad” mexicana más cercana a Washington. La inédita agresividad y protagonismo del secretario solamente se explica porque se siente protegido por el gobierno de Barack Obama, o incluso está recibiendo órdenes de él.
De acuerdo con el INEGI, los ciudadanos denuncian solamente 3 millones de los 33 millones de delitos que se cometen al año en el país. En consecuencia, el único camino para acabar con la impunidad será generar un contexto en el que los ciudadanos se sientan suficientemente empoderados para que puedan denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos, su vida y su patrimonio. Pero este resultado solamente se podría alcanzar a partir de una transformación radical en la orientación del gobierno. En lugar de ser adversarios y obstáculos para el libre desarrollo del pueblo, las autoridades tendrían que fungir como sus aliados.
Así pues, la raíz de los problemas actuales en el país no es el disfuncionamiento institucional ni siquiera la corrupción, sino la total falta de legitimidad del sistema político y de la clase política que lo controla. Solamente un nuevo gobierno participativo y popular podría empezar a resolver los graves problemas actuales. Trabajemos todos para hacerlo realidad y de paso ponerle un alto histórico al proceso de expansión mundial de represión, exclusión e injusticia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN (ANÁLISIS)
CANCÚN, Q. Roo: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Roberto Borge Angulo, en la que solicita la liberación del periodista y activista maya, Pedro Canché.
Araceli Andrade Tolama, abogada del comunicador maya dio a conocer que recibió un comunicado de Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ en el que esta organización señala a Pedro Canché “como periodista encarcelado por su trabajo”.
“El día de hoy el CPJ envió una carta al gobierno de México, directamente al presidente Peña Nieto y al gobernador Roberto Borge Angulo solicitando la liberación de Pedro Canché debido a que se encuentra detenido por ejercer el periodismo y no por actos delincuenciales como se le pretende hacer parecer”, precisó la litigante.
Refirió que en la semana pasada, se reunió con el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti y el funcionario rechazó que Canché Herrera sea periodista.
“Aunque ustedes no lo crean, todavía la semana pasada tuve una reunión con el secretario de Gobierno Mendicuti donde lo primero que me dijo es que Pedro ni siquiera es periodista”, dijo la abogada.
El pasado 30 de agosto, elementos de la Policía Judicial del estado (PJE) detuvieron a Canché Herrera, bajo cargos de sabotaje.
Días antes, Canché había retado a un debate al gobernador Roberto Borge por la detención de 11 personas en el marco de una protesta contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) debido al incremento de tarifas y la instalación de medidores.
Pedro Canche había difundido las protestas así como la actuación de granaderos contra manifestantes en el parque principal de la ciudad Felipe Carrillo Puerto.
En los casi cuatro meses que lleva preso en la cárcel municipal de Felipe carrillo Puerto, Pedro Chache ha sido víctima de torturas, de acuerdo con diversas organizaciones, entre ellas, Artículo 19.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
MÉXICO, D.F: Las mansiones construidas y financiadas por el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú para beneficiar al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto siguen apareciendo aquí y allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias de auditoría gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para determinar la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las diferentes operaciones de renta y compra-venta.
El episodio más reciente implica al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se sirvió de un esquema similar al de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, para adquirir una residencia multimillonaria. Esto es, comprarle una casa a Hinojosa Cantú y aceptar su millonario financiamiento sin institución bancaria ni entidad crediticia autorizada de por medio.
El jueves 11, el diario estadunidense The Wall Street Journal informó que gracias al empresario, Videgaray adquirió también una residencia en un exclusivo fraccionamiento-club de golf de Malinalco, Estado de México.
Según la información que proporcionó el secretario de Hacienda, aunque H&G Bienes Raíces, una razón social de Hinojosa Cantú, le otorgó un financiamiento a 18 años por la propiedad –valuada en 7 millones de pesos–, él liquidó su deuda el pasado 31 de enero.
La compra se concretó en octubre de 2012, cuando Videgaray era coordinador general del equipo de transición y Peña Nieto era presidente electo. Con este argumento, el funcionario rechazó que haya habido conflicto de interés en dicha transacción, pues, dijo, al hacerla no se desempeñaba en el servicio público.
De acuerdo con el artículo 108 constitucional, para efectos de responsabilidades administrativas se considera a quienes fueron sujetos de elección popular y “a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”.
A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que reglamenta al mencionado artículo constitucional, establece que además de las personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.
Desde septiembre de 2012, el equipo de transición que coordinaba Videgaray tenía asignado un presupuesto de 150 millones de pesos que se ejecutaron a través de Banjercito.
En noviembre último, una investigación periodística realizada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada de manera simultánea en la edición 1984 de Proceso reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social de Juan Armando Hinojosa Cantú.
La tarde del jueves 11, horas después de la publicación de The Wall Street Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca –que resultó ser de Angélica Rivera–, hizo notar la coincidencia en tiempos de transición presidencial, pues la residencia de Rivera fue entregada en septiembre de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente.
No es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui consiguió testimonios de vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes incluso le entregaron documentos para demostrar que desde 2012 se inconformaron por la presencia de dispositivos de seguridad en una residencia habilitada para oficinas que no contaba con el correspondiente uso de suelo.
La consulta registral efectuada por los vecinos reveló que la propiedad estaba escriturada a nombre de Inmobiliaria Bicentenario, que resultó ser otra razón social de Hinojosa Cantú.
La Presidencia de la República fijó su posición ante el trabajo del equipo de Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada desde 2011 por Humberto Castillejos Cervantes, el actual consejero jurídico de la Presidencia, y que fue utilizada durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición por Peña Nieto.
Durante los meses que siguieron a la elección, Castillejos Cervantes era uno de los colaboradores de Luis Videgaray en el equipo de transición gubernamental.
Aun cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina y que Peña Nieto usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la operación no se registró como gasto de campaña ni del equipo de transición gubernamental.
Las razones de Hinojosa
Las residencias compradas respectivamente por Angélica Rivera y Luis Videgaray, así como la rentada por el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, revelaron la constitución de tres razones sociales cuyo accionista mayoritario es Juan Armando Hinojosa Cantú.
Se trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la que se realizó la operación de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces G&H, con la que se levantó y financió la casa de Videgaray en Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario, propietaria de la residencia que renta el consejero jurídico.
Todavía más: Estas razones sociales no se mencionan en la información corporativa de Grupo Higa, que en su página en internet sólo incluye a sus subsidiarias Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento.
Lo mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus (taxis aéreos); Controladora de Operaciones de Infraestructura; Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción; Autopistas de Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del Pacífico.
Grupo Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa Cantú es accionista mayoritario se han visto favorecidas en lo que va de la presente administración federal con contratos de proveeduría que superan los 24 mil millones de pesos y que se suman a los 35 mil millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México (Proceso 1985).
El escándalo se internacionalizó no sólo con la publicación en The Wall Street Journal. Personajes con presencia global como el expresidente de Estados Unidos William Clinton le recomiendan a Peña Nieto ser transparente y resolver las dudas sobre la relación con Grupo Higa.
La misma visión fue apuntalada por The Economist. En un artículo publicado el viernes 12, el semanario británico subrayó que se había fortalecido la configuración de un posible conflicto de intereses en el caso Hinojosa Cantú-Los Pinos.
Tanto The Economist como The Wall Street Journal fueron en su momento entusiastas difusores del periodo de reformas que dieron en llamar el “Mexican Moment”.
Lo que para infinidad de analistas y actores políticos –nacionales e internacionales– es un claro conflicto de intereses fue expuesto por Proceso en su edición 1986, luego de consultar a diferentes especialistas en combate a la corrupción, quienes coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes para la configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de índole penal.
No obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la Federación anticipó en voz de su titular, Juan Manuel Portal, que no se investigará la Casa Blanca ni a las empresas de Hinojosa Cantú, pues como Angélica Rivera no es servidora pública, se trata de un asunto “entre particulares”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL).
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(16 de diciembre, 2014).- El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, recibió una solicitud para conocer la información fiscal de los impuestos declarados públicamente por Angélica Rivera Hurtado —esposa de Enrique Peña Nieto— en el 2010.
La petición fue emitida por la organización Article 19 y el abogado fiscalista Luis Pérez de Acha, con el objetivo de aclarar la adquisición de su mansión evaluada en 7 millones de dólares y construida por Grupo Higa, la cual podría confirmar un posible enriquecimiento ilícito.
“Entiendo que el presidente quiera cerrar el caso de la ‘casa blanca’, pero no es un tema de voluntad presidencial, es un tema de transparencia y legalidad. Hay razones fundadas para dudar la veracidad de la declaración patrimonial de la señora Rivera, lo que hemos pedido es que el SAT confirme la veracidad. El conflicto de interés es evidente, aunque Los Pinos se niegue a admitirlo. La única manera de fortalecer el Estado de derecho es combatiendo eficazmente la corrupción en cualquier nivel de gobierno, estamos recurriendo a la vía legal para subrayar que la información sobre la ‘casa blanca’ es de interés público y por lo tanto lejos de estar cerrado el expediente está abierto de par en par”, expuso el director de Article 19, Darío Ramírez.
Además, en este caso resulta improcedente el concepto “secreto fiscal”, pues Rivera permitió, en su página oficial, el acceso público a su declaración de impuestos.
Según el artículo 108 de la Constitución Federal y el Convenio de la ONU contra la Corrupción, un funcionario público es “toda persona que ocupe un cargo, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo”.
La cónyuge de Peña Nieto es presidenta Honoraria del DIF Nacional, por lo que está obligada a presentar declaración patrimonial por los años 2012 y 2013.
De esta manera se desmienten las declaraciones de Rivera, cuando afirmó no ser funcionaria pública, y se aplica el derecho ciudadano de conocer información pública relacionada con servidores del gobierno federal, al buscar confirmar la veracidad de los pagos de impuestos derivados del ingreso de 130 millones de pesos por trabajar en Televisa.
Article 19 planteó dos consecuencias, sustentadas por la ley, en caso de que Rivera no haya presentado sus declaraciones patrimoniales: la inhabilitación y destitución del cargo como presidenta del DIF; y derivado de lo anterior, la posibilidad de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito según se establece en el artículo 224 del Código Penal Federal.
Dicho crimen tiene lugar cuando un servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, acorde con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Al igual que cualquier ciudadano, la señora Rivera goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, es de ‘orden público’ e ‘interés social’ que los ciudadanos conozcamos la manera como se conducen los funcionarios públicos y cómo se integra su patrimonio”, manifestó Pérez de Acha cuando presentó la solicitud de información ante el SAT.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
La PGJDF informó que una mujer murió tras sufrir asfixia por estrangulamiento, lo cual la empresa omitió.
Una empleada murió asesinada por asfixia en la tienda departamental Liverpool al sur de la ciudad de México, informó este miércoles la Procuraduría General de Justicia del DF, y desmintió a la empresa, que había informado en noviembre de un paro cardio-respiratorio.
El titular la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, informó que se investiga el probable encubrimiento de la tienda, ubicada en Perisur.
El reporte oficial de la dependencia indica que la mujer murió tras sufrir asfixia por estrangulamiento.
La Jornada informó que los familiares de la mujer reportaron que el pasado 16 de noviembre, durante ‘El Buen Fin‘, la víctima fue encontrada sin vida dentro de la tienda departamental.
El reporte de la tienda fue de un certificado médico que muestra que la causa de fallecimiento fue paro cardio-respiratorio, pero sus allegados denunciaron que esto no era verdad.
Ríos Garza afirmó que los empleados serán llamadas a declarar ya que existe una denuncia en la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán sobre estos hechos.
Agregó que se realizó la necropsia del cuerpo y el dictamen fue que la víctima murió por congestión visceral generalizada tras de sufrir asfixia por estrangulamiento.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.
MONTERREY, NL: El gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en 2012 y que en la entidad es considerado “el robo del siglo”.
Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”.
En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos.
Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.
Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017.
El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI.
Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina.
A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.
El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña de 2012, ofreció a Nuevo León que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.
Ya como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.
Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.
Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…”
Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.
Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo.
No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.
La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.
Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.
El robo del siglo
En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.
Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld.
El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público.
Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación.
Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan.
“Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa.
Recuerda que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones.
Cuando el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.
Que se cancele la obra
Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”.
Plantea que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI.
Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.
Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.
El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.
A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto.
El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM, Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información.
Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.
Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento.
Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones.
Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI.
Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.
El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.
Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa.
En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.
Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F: La Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito con sede en Richmond, Virginia puso hoy al empresario Zhenli Ye Gon al borde de la extradición a México, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delincuencia organizada.
El panel de tres jueces de apelación negó este martes al empresario chino un habeas corpus o amparo contra la autorización para su extradición que declaró procedente la Corte para el Distrito de Columbia, en febrero de 2011.
El principal argumento de Ye Gon en su solicitud de amparo fue que, si es extraditado a México, podría ser juzgado dos veces por los mismos cargos de narcotráfico, ya que el gobierno de Estados Unidos también lo acusó de ese delito.
Sin embargo, hace dos años Estados Unidos decidió cancelar el proceso de narcotráfico por varias razones. Una de ellas, la dificultad para llevar a ese país los testigos necesarios para el juicio.
Además la corte señaló que “las acusaciones en México por lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de precursores químicos, narcotráfico y posesión de armas prohibidas no constituyen la misma ofensa que el cargo de conspiración fincado en Estados Unidos”.
En enero pasado, el juez James C. Turk concedió al empresario chino una suspensión para no ser entregado a México y permitir el trámite de su apelación.
No obstante el Departamento de Justicia se opuso a retrasar la entrega del empresario, y consideró que mantenerlo en Estados Unidos causaba “daño a intereses nacionales significativos”.
En esta ocasión, la corte de apelaciones señaló que será el Departamento de Estado el que determine la extradición y los cargos por los que pueda ser procesado Ye Gon en México, debido a que en Estados Unidos fueron desechados los delitos desde 2009 y sólo quedó el de conspiración para elaborar drogas.
De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, el empresario puede pedir un amparo en contra de la extradición a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o solicitar una revisión de su caso al Cuarto Circuito donde es llevado su caso.
En 2006, la PGR decomisó cerca de 20 toneladas de pseudoefedrina en el Puerto de Lázaro Cárdenas y durante la investigación se vinculó ésta con el aseguramiento de 205 millones de dólares, en efectivo, en la casa de Ye Gon, ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.
El 23 de julio de 2007 agentes de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) arrestaron a Ye Gon en un suburbio de la capital estadunidense. El empresario chino huyó de México luego de que las autoridades del país realizaron el millonario decomiso.
El dinero pasó al erario público por abandono y fue repartido entre la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la PGR.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El músico Roberto Fortunato, del grupo musical “Kche Bandazza”, fue asesinado esta madrugada en la delegación Coyoacán.
De acuerdo con las primeras versiones, el músico acudió a un lugar ubicado en la calzada Taxqueña, casi con el cruce de Canal Nacional, para una contratación. Al llegar a la cita, la persona que aparentemente requería sus servicios le disparó.
El taxista que transportaba al músico resultó lesionado.
Roberto Fortunato era de origen dominicano, tenía 40 años de edad y también había pertenecido a la agrupación Merenglass.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ante los hechos de violencia que se han intensificado en Michoacán en los últimos días entre los aún autodefensas y las Fuerzas Rurales, el comisionado federal Alfredo Castillo firma un nuevo compromiso para lograr la paz en el estado. En el acuerdo, el enviado del Gobierno Federal pactó que las denuncias que realicen los líderes de las autodefensas serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La completa desmovilización de los grupos de autodefensas en Michoacán propuesta por el Gobierno Federal en mayo de este año nunca fue posible del todo.
Las noticias que alertaban de brotes de civiles armados, sobre todo en la región de Tierra Caliente, eran constantes.
Incluso el 8 de diciembre, Hipólito Mora -líder de los civiles armados convertido en comandante de la Fuerza Rural Estatal- aseguró que la violencia en el estado estaba peor que antes y advirtió de un inminente florecimiento del movimiento alzado.
Hipólito fue profeta.
Días después de esas declaraciones, el domingo 14, grupos de civiles armados y miembros de las Fuerzas Rurales bloquearon las carreteras de Apatzingán, Uruapan, La Ruana, Buenavista, Tepalcatepec, Cuatro Caminos y Huetamo, para anunciar el retorno de las autodefensas.
Ese día, los inconformes aseguraron que tomarían el control de la seguridad, y se pronunciaron por la desaparición de la Policía Fuerza Rural.
Los comunitarios pidieron ayuda del Gobierno Federal para detener a todos los delincuentes que están lastimando al pueblo michoacano.
“Le pedimos la ayuda de todo el poder de su Gobierno para detener a los delincuentes como La Tuta, El Cenizo, Tena y El Quinientos, porque nos siguen masacrando a los michoacanos que queremos acabar con la delincuencia”, reseñó Sin Embargo.
Ante esta situación, el comisionado federal Alfredo Castillo se reunió tanto con los rurales como con los demás inconformes y acordaron nueve puntos para mantener un ambiente de tranquilidad y estabilidad social en la entidad.
Pero el martes 16, la violencia escaló.
Un enfrentamiento entre Fuerzas Rurales y autodefensas en La Ruana dejó como saldo 11 personas muertas. Una de ellas, era el hijo de Hipólito.
“Las cosas no van a quedar así. Nos vamos a cobrar una a una de las vidas que nos arrebataron los criminales pagados y armados por el gobierno, que a final de cuantas nos dejó solos, porque me imagino que esa era la encomienda, acabar con nosotros”, señaló Mora ese día.
El enviado del Gobierno Federal señaló que esos incidentes tuvieron como origen el vencimiento de las licencias de rurales con movilidad en municipios.
Cuando las Fuerzas Rurales Estatales fueron creadas, los elementos de ese nuevo grupo de seguridad recibieron sus licencias para portar armas y patrullas los municipios del estados.
Esas licencias vencieron el 15 de diciembre, con lo que los rurales quedaron impedidos para hacer labores de vigilancia en demarcaciones diferentes a las que pertenecen.
El día del enfrentamiento en el que murió el hijo de Hipólito, Castillo informó que los involucrados eran el grupo del propio Mora y el comandado por Luis Antonio Torres “El Americano”.
“La animadversión histórica entre dos personas no puede provocar problemas en la entidad, afectando a cuatro millones de michoacanos que quieren vivir en paz”, dijo el comisionado en conferencia de prensa.
En entrevista radiofónica con José Cárdenas, el comisionado atribuyó el enfrentamiento a viejos enconos entre ambos líderes de los civiles armados en La Ruana.
“Ahorita tenemos un enfrentamiento por un encono entre dos personas que traen rencillas de meses atrás, de mucho tiempo atrás, en donde hemos tratado de que puedan dirimir sus diferencias. Es un tema ya frontal entre dos personas que viven o habitan prácticamente el mismo lugar pequeño y reducido”, señaló.
Cuando se conforman las Fuerzas Rurales, las autodefensas se dividieron en dos grupos, unos oficializados como cuerpo institucional y reconocidos por el Gobierno y otros que se quedaron autodefensas por que no pasaron los controles de confianza, aunque se les dejó armados.
Nuevos acuerdos
El Comisionado Federal, Alfredo Castillo, pactó con rurales y autodefensas un nuevo acuerdo
1. Los grupos civiles organizados que se habían autodenominado autodefensas se abstendrán de movilizarse fuera de los municipios que habitan.
2. El grupo operativo denominado G250 -que incorporaba a elementos de Fuerza Rural y que tenía movilidad en todos los municipios de la región de Tierra Caliente- se desintegra.
3. Los miembros de este grupo operativo especial retornarán las armas que les hayan sido proporcionadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
4. Los líderes de este Grupo Especial mantendrán un cuerpo de seguridad personal para garantizar su integridad física.
5. Los procesos de evaluación continuarán para aquellas personas que se hacían llamar autodefensas, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública se compromete en un plazo no mayor a 48 horas a programar día y hora para la evaluación de las personas propuestas por estos grupos y que cumplan los requisitos de ley para formar parte de los cuerpos de seguridad pública.
6. Las denuncias que realicen los líderes de las entonces autodefensas en donde se imputen actos de corrupción o hechos ilícitos serán atendidas directamente por los subprocuradores regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
7. Los puntos de revisión en torno a la ciudad de Apatzingán estarán a cargo de personal de la Secretaria de la Defensa Nacional.
8. Se mantendrán las reuniones periódicas del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el estado de Michoacán, el Procurador General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, autoridades militares y federales, con líderes de las entonces autodefensas y hoy miembros de la Fuerza Rural para evaluar las acciones emprendidas. Estas reuniones se llevarán a cabo cada diez días.
9. Las Delegaciones Federales del Gobierno de la República continuarán la gestión de apoyos sociales y obras en la región con el fin de impulsar el crecimiento económico de la zona.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Mientras los presupuestos de los estados van a la baja, los congresos locales piden más dinero para gastar. Conoce cuánto cuesta el diputado de tu entidad.
Mantener a los congresos locales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal nos costó a los mexicanos más de 14 mil 145 millones de pesos, tan solo en el 2014.
En promedio, cada uno de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos (con cifras del Inegi al 2010) invertimos este año 125.9 pesos para financiar la operación de los congresos locales.
Esta cantidad se suma al gasto de 93.5 pesos que los mexicanos realizamos por el funcionamiento del Congreso de la Unión federal, representado por la Cámara de Diputados y el Senado.
Mantener a la Cámara de Diputados costó a los mexicanos 60.4 pesos; al Senado, 33.1 pesos, en el 2014.
Es decir, cada ciudadano invirtió este año un total de 219.4 pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo.
En contraste, sostener las labores de la Presidencia de la República, por ejemplo, costó a los mexicanos 19.5 pesos.
En México, existen un total de mil 137 diputados locales en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con el presupuesto de cada uno de los congresos locales, tomando en cuenta el número de ciudadanos que viven en esa entidad, la asamblea más cara es la de Quintana Roo, con un gasto promedio por habitante de 337.8 pesos. Un 160 por ciento más que la media nacional.
Le sigue Sonora, donde su congreso local costó 300.4 pesos a cada habitante.
En tercer lugar se encuentra Baja California Sur, donde el Congreso estatal costó a sus ciudadanos 275 pesos por persona.
En contraste, los tres congresos locales menos onerosos para sus ciudadanos fueron los de Veracruz, con una inversión de 75.5 pesos por ciudadano; Hidalgo, con 59.4 pesos; y Puebla, con 52.8 pesos por cada habitante.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ocupa el lugar nueve, con una inversión por habitante de 172.6 pesos.
El Congreso de Nuevo León ocupa el escalón 21, con un gasto de 104.9 pesos por cada uno de sus pobladores.
El costo de los congresos locales no es indicativo del trabajo legislativo que realizan, pues la frecuencia de los trabajos es variable en cada caso.
Según la revista Este País, dirigida por Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, la mayoría de los congresos locales realiza dos periodos ordinarios de sesiones al año.
En promedio, los congresos locales en México tienen 212 días de trabajo en periodos ordinarios.
El mayor número de sesiones al mes las realiza el Congreso de Nuevo León. Su Ley Orgánica le obliga a sesionar al menos tres veces por semana.
En contraste, los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos y Querétaro solo están obligados por Ley a tener dos sesiones al mes.
Fallan en transparencia
A pesar de que este gasto incluye todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los congresos locales, una parte de esos recursos se destinan a las prerrogativas de cada una de las bancadas con representación en las asambleas.
Al igual que como ocurre en el Congreso de la Unión, las bancadas no tienen obligación de transparentar sus gastos ni exhibir comprobantes de en qué invierten su dinero.
Esto convierte al Poder Legislativo, a nivel nacional y estatal, en uno de los órganos más opacos del país.
De acuerdo con la consultoría Integralia, los congresos locales tienen “un grave problema” de transparencia y acceso a la información, no solo por el gasto otorgado a las bancadas, sino la comprobación de los presupuestos en sí mismos.
En su estudio “Reporte Legislativo número cinco”, Integralia sostiene que los informes de la cuenta pública estatal y los diarios oficiales que contienen los presupuestos anuales de egresos de las entidades son los mecanismos más confiables para acceder a alguna información sobre el ejercicio de los recursos.
Integralia señala que ni siquiera la información del ejercicio de gasto proporcionada por los congresos locales es un mecanismo confiable de rendición de cuentas.
“En general, los órganos legislativos locales no entienden el acceso a la información de manera proactiva. Muchos congresos cumplen con los requisitos legales mínimos: hacer disponible la información que la ley clasifique como de ‘carácter público obligatorio’ sin tener criterios de calidad y de fácil consulta”, critica la consultoría en su análisis.
La opacidad en el manejo de los recursos no es privativo del Poder Legislativo de los congresos estatales. A nivel federal tampoco existe obligación alguna de transparencia.
Tratando de solucionar esta falta, Carlos Castaños, diputado federal del PAN, presentó hace un año una iniciativa para que el Poder Legislativo Federal tenga la obligación de hacer públicos todos los comprobantes de gasto de sus recursos, excepto aquellos que tengan carácter de confidencial.
Dichos comprobantes, según la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberían estar disponibles en línea para consulta de los ciudadanos.
Esta iniciativa, sin embargo, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuyo análisis continúa pendiente desde el 11 de diciembre del 2013.
El PRI, mayoría en 21 de 32 congresos
No todos los congresos de los estados son uniformes en el número de partidos políticos nacionales o locales, que tienen representación en ellos.
En Yucatán, por ejemplo, solo cuatro partidos tienen representación en el congreso local.
Las asambleas con más partidos políticos son las de Baja California, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con nueve bancadas.
Según datos de Integralia, el PRI tiene el mayor número de legisladores en 21 de los 32 congresos locales, sin alcanzar la mayoría para obtener una votación definitoria.
En tricolor tiene mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos- en 12 de los 32 congresos locales. Esto ocurre en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
“De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza.
“De igual forma, en Chiapas, al contar con los legisladores locales de dichos partidos, el PRI adquiere la mayoría calificada”, expone la consultoría en su estudio.
Estas cinco entidades donde hay mayoría calificada con sus aliados –las dos terceras partes de los votos- son Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz.
Esta mayoría del PRI en los congresos locales ha sido determinante para que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo hayan pasado de forma casi inmediata en las entidades.
De cambiar la correlación de fuerzas a favor del PAN –que tiene mayoría simple en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Sonora- o del PRD –con mayoría simple en Guerrero y absoluta en Tabasco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, la aprobación de reformas constitucionales podría tener un tránsito más lento en los estados.
A estos tres partidos mayoritarios se sumará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la escena electoral en el proceso del 2015.
Reelección, el nuevo panorama
Sin modificar el marco legal para obligarles a rendir cuentas y obligarlos a ser transparentes, los legisladores locales que sean electos a partir de este 2015 podrán ser reelectos, según lo aprobado este año en la reforma político electoral.
Este principio no aplicará al Congreso federal, donde los diputados y senadores que puedan reelegirse serán aquellos que lleguen al Senado o la Cámara de Diputados en la elección del 2018.
En el proceso electoral del próximo 7 de junio del 2015, se elegirá a los nuevos miembros de los congresos locales de 17 entidades.
Los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal elegirán a 661 diputados locales.
Según el artículo 116 de la Constitución, los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, podrían durar en el cargo hasta el 2027.
Su postulación podría ocurrir por el mismo partido que lo llevó hasta el congreso local o por cualquiera que haya conformado una coalición con la que ganó. El derecho se pierde si el legislador renuncia a su militancia partidista y se convierta en diputado independiente.
Los partidos políticos comenzaron ya a fijar las reglas para las postulaciones rumbo a la elección del 2015.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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