MÉXICO, D.F: El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos no pudo llegar en peor momento para México. Debilitado hacia el exterior con la imagen de un Estado corrupto y mafioso, se quedó al margen de lo que ocurre en dos de sus fronteras estratégicas.
El gobierno mexicano acabó reducido a un mero espectador más del anuncio hecho el miércoles 17 en Washington y La Habana sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países después de medio siglo de ruptura.
En los 54 años que duró ese rompimiento en plena Guerra Fría, como parte del enfrentamiento entre el bloque soviético y el capitalista, México fue vértice en las relaciones entre esos dos países. Lo que pasaba entre Cuba y Estados Unidos no se podía entender sin la presencia de México.
Más allá de la muy conocida decisión diplomática de México de ser el único país del continente de mantener relaciones con Cuba, estuvo el doble juego político que tuvo el gobierno mexicano.
Al apoyar a Fidel Castro en la preparación de su revolución y después mantenerse solidario con el régimen castrista, evitaba que la isla apoyara cualquier movimiento guerrillero en México, como lo hizo en América Latina y África.
México no condenaba al régimen de Castro y Cuba no se solidarizaba con los grupos armados que actuaban contra el régimen autoritario del PRI. Una mutua conveniencia.
Al mismo tiempo, en los años más intensos de la Guerra Fría, México facilitaba a Estados Unidos el seguimiento y monitoreo de los activos representantes de los países soviéticos en nuestro territorio, incluidos por supuesto los cubanos.
Agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) servían de correo para la CIA. Peor aún, el propio expresidente Luis Echeverría se ofreció a su homólogo Richard Nixon como interlocutor en la región como contrapeso de Fidel Castro, según grabaciones de la Casa Blanca desclasificadas por la organización no gubernamental estadunidense National Security Archives.
Con la Guerra Fría a punto de terminar, era todavía tal el agradecimiento de Fidel al régimen del PRI que, en diciembre de 1988, asistió a la toma de posesión de Carlos Salinas, desacreditando la extendida impugnación del fraude electoral cometido a la izquierda mexicana en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas.
Castro también hizo su doble juego. Con Salinas como mediador con Estados Unidos, el erigido jefe de la Revolución Cubana no cuestionó públicamente el neoliberalismo económico impulsado por Salinas. Sí lo hizo con Ernesto Zedillo y mucho más con el panista Vicente Fox y en especial con su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, a quien considera un traidor. Ambos expresidentes mexicanos fomentaron la relación con el exilio cubano y presionaron a Cuba por la falta de libertades.
Fue la separación de México de Fidel y del rompimiento del castrismo con México. El ascenso del pragmatismo económico y político en México y la cerrazón del régimen de Castro, sintetizados en el vergonzoso capítulo del “comes y te vas” de Fox a Castro en la cumbre de Monterrey en 2002, alejaron a los dos países. Por más de una década, México ha dejado de ser interlocutor con Cuba.
Desde hace más de 20 años, la política exterior mexicana dejó de estar en manos de diplomáticos de carrera para quedar en manos de economistas. La auténtica diplomacia mexicana consideraba al Caribe como lo que es: la tercera frontera estratégica del país, después de Estados Unidos y Guatemala.
Para cualquier país, lo que ocurre en sus fronteras es sustancial por las consecuencias que puede tener dentro de su propio territorio, ya sea en impacto migratorio, económico, político y hasta delictivo.
Una muestra es el actual acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba que ha dejado a México el trabajo sucio de deportar a los cubanos que huyen de la isla para impedir que lleguen a Estados Unidos.
Esta práctica se ha convertido en un incentivo para la delincuencia organizada, que en años recientes ha hecho un botín de los migrantes cubanos que van hacia el norte. Beneficiados de esa práctica son también los cubanos establecidos en el Caribe mexicano.
La apertura económica y el paulatino flujo comercial entre La Habana y Estados Unidos, particularmente Miami, tendrá consecuencias para México más allá de las económicas.
La estrechez de los dirigentes mexicanos es ver a Cuba como una mera oportunidad de negocios, sin considerar que el corredor Miami-Cancún-La Habana puede ser también una ventana de oportunidad más para la delincuencia organizada, ya de por sí muy activa en el tráfico de personas. Cualquier gobierno sensato, actuaría y no sería un simple espectador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
viernes, 19 de diciembre de 2014
Coahuila tuvo su Ayotzinapa
En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión.
ALLENDE, COAH: Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.
Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.
Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.
Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.
Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.
En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.
Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.
Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.
La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.
Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:
“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.
“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.
“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”
En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.
El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.
Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.
Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.
Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).
“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.
El castillo de la impureza
El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.
Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.
El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.
El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.
Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.
La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.
El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.
El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.
Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.
Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.
En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.
Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.
En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.
A ocultar los hechos
La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.
Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.
Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.
Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.
“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.
Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.
El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
ALLENDE, COAH: Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.
Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.
Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.
Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.
Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.
En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.
Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.
Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.
La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.
Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:
“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.
“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.
“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”
En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.
El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.
Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.
Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.
Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).
“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.
El castillo de la impureza
El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.
Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.
El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.
El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.
Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.
La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.
El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.
El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.
Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.
Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.
En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.
Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.
En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.
A ocultar los hechos
La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.
Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.
Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.
Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.
“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.
Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.
El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
Plagio con móvil político
Comisionado confirma que el diputado de Morelos liberado ayer fue secuestrado presuntamente por Guerreros Unidos debido a su cercanía con Graco Ramírez.
Líderes perredistas advirtieron desde el miércoles que el plagio del diputado David Martínez Martínez tenía una clara connotación política.
Luego de que se informara del secuestro del legislador local de Morelos en el municipio de Temixco, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, destacó la cercanía de Martínez con el gobernador Graco Ramírez.
Por su parte, el senador Fernando Balaunzarán recordó la reciente y “valiente entrevista” en la que el mandatario estatal habló sobre “narcopolítica”.
Estas suposiciones se confirmaron ayer, cuando el diputado fue rescatado y se informó sobre la detención de 10 presuntos integrantes de Guerreros Unidos relacionados con el crimen.
Según el comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, el plagio tuvo una intencionalidad política y el grupo de secuestradores pertenece a los Guerreros Unidos, la organización criminal implicada en la desaparición de 43 estudiantes en el estado vecino de Guerrero.
“Si había un interés, no lo relacionamos con alguna tendencia de algún grupo político partidista, lo que sí te puedo decir, porque así se lo dijeron, es: “eres un personaje cercano al gobernador, entonces te vamos a romper la madre”, dijo Capella a Milenio.
El comisionado agregó que Martínez se encuentra bien, a pesar de la tortura psicológica y de los golpes que recibió, y agregó que no hay investigación en su contra.
Por su parte, Graco Ramírez reconoció la labor de las fuerzas de seguridad.
“Ha sido rescatado el diputado David Martínez, célula de GU (Guerreros Unidos) detenidos. Mi reconocimiento a la UECS/Fiscalía”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter. También compartió dos fotografías, una en la que se ve al diputado atado de pies y manos y otra en la que se encuentra junto a él.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Líderes perredistas advirtieron desde el miércoles que el plagio del diputado David Martínez Martínez tenía una clara connotación política.
Luego de que se informara del secuestro del legislador local de Morelos en el municipio de Temixco, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, destacó la cercanía de Martínez con el gobernador Graco Ramírez.
Por su parte, el senador Fernando Balaunzarán recordó la reciente y “valiente entrevista” en la que el mandatario estatal habló sobre “narcopolítica”.
Estas suposiciones se confirmaron ayer, cuando el diputado fue rescatado y se informó sobre la detención de 10 presuntos integrantes de Guerreros Unidos relacionados con el crimen.
Según el comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, el plagio tuvo una intencionalidad política y el grupo de secuestradores pertenece a los Guerreros Unidos, la organización criminal implicada en la desaparición de 43 estudiantes en el estado vecino de Guerrero.
“Si había un interés, no lo relacionamos con alguna tendencia de algún grupo político partidista, lo que sí te puedo decir, porque así se lo dijeron, es: “eres un personaje cercano al gobernador, entonces te vamos a romper la madre”, dijo Capella a Milenio.
El comisionado agregó que Martínez se encuentra bien, a pesar de la tortura psicológica y de los golpes que recibió, y agregó que no hay investigación en su contra.
Por su parte, Graco Ramírez reconoció la labor de las fuerzas de seguridad.
“Ha sido rescatado el diputado David Martínez, célula de GU (Guerreros Unidos) detenidos. Mi reconocimiento a la UECS/Fiscalía”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter. También compartió dos fotografías, una en la que se ve al diputado atado de pies y manos y otra en la que se encuentra junto a él.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Crean Oficina Especial para caso Ayotzinapa
Con José Trinidad Larrieta la dependencia buscará detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en el caso.
Aunque la efervescencia de las manifestaciones y protestas por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi tres meses parecen haber bajado de intensidad, los expedientes en la CNDH se siguen acumulando.
Familiares de los estudiantes, el Comité de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos aseguran que han sido presa de estigmatización y criminalización por parte del Estado mexicano.
En respuesta, la CNDH creó una Oficina Especial para el caso Iguala, y nombró como titular a José Trinidad Larrieta.
El titular de esta nueva oficina tendrá como principal función detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de esa noche del 26 de septiembre en Iguala.
Trinidad Larrieta también buscará mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.
‘Ojalá y nunca aparezcan’
Una nueva razón para indignarse apareció en las redes hace días. Karina Dimayuga Rodríguez, quien presuntamente es militante del PRD, escribió en su cuenta de Facebook un comentario que encendió las redes.
“Ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes”, señaló.
Su comentario se generó después de que supuestamente maestros de la CETEG entraron de manera violenta en su oficina.
“Ahora sí me hicieron sentir en carne propia esos dichosos desalojos de los cetegistas, entraron a mi oficina con violencia, gritándonos, arrancando cosas y haciendo desmadre... Y solo quiero decirles que ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes... No me alegra lo que les haya pasado... Pero no se vale que hagan estos tipos de actos... Yo que culpa tengo?? No es justooo y estoy encabronada!!!! Malditos piojos ojalá y estén ardiendo en el infiernooo”, publicó.
Aprenden la lección
Luego de los escándalos en los que el PRD se ha visto involucrado debido a los señalamientos de nexos que algunos de sus afiliados tienen con el narcotráfico, el dirigente nacional del partido del sol azteca parece haber aprendido la lección.
Carlos Navarrete aseguró ayer en rueda de prensa que su partido prefiere no postular candidatos, que permitir que el crimen organizado se los imponga.
“Si quieren imponer candidatos, preferimos no participar en elecciones municipales, a que nos impongan candidatos de ellos”, afirmó.
Las zonas de riesgo en donde el PRD ha reportado presiones del narcotráfico a la hora de imponer abanderados son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Veracruz, dijo.
Navarrete aseguró que su partido debe demostrar que aprendió de lo ocurrido con el caso de José Luis Abarca, exedil de Iguala, Guerrero, señalado de vínculos criminales.
Los objetivos
La Oficina Especial creada para el caso de Ayotzinapa tendrá entre sus funciones:
1. Detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los acontecimientos.
2. Impulsar la integración del expediente de queja
3. Procurar la información a los familiares
4. Analizar las constancias que obren en averiguaciones previas de los fueros federal y local
5. Mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.
¿Quién es?
José Trinidad Larrieta fue coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, fue asesor interregional externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha impartido las materias Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Aunque la efervescencia de las manifestaciones y protestas por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi tres meses parecen haber bajado de intensidad, los expedientes en la CNDH se siguen acumulando.
Familiares de los estudiantes, el Comité de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos aseguran que han sido presa de estigmatización y criminalización por parte del Estado mexicano.
En respuesta, la CNDH creó una Oficina Especial para el caso Iguala, y nombró como titular a José Trinidad Larrieta.
El titular de esta nueva oficina tendrá como principal función detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de esa noche del 26 de septiembre en Iguala.
Trinidad Larrieta también buscará mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.
‘Ojalá y nunca aparezcan’
Una nueva razón para indignarse apareció en las redes hace días. Karina Dimayuga Rodríguez, quien presuntamente es militante del PRD, escribió en su cuenta de Facebook un comentario que encendió las redes.
“Ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes”, señaló.
Su comentario se generó después de que supuestamente maestros de la CETEG entraron de manera violenta en su oficina.
“Ahora sí me hicieron sentir en carne propia esos dichosos desalojos de los cetegistas, entraron a mi oficina con violencia, gritándonos, arrancando cosas y haciendo desmadre... Y solo quiero decirles que ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes... No me alegra lo que les haya pasado... Pero no se vale que hagan estos tipos de actos... Yo que culpa tengo?? No es justooo y estoy encabronada!!!! Malditos piojos ojalá y estén ardiendo en el infiernooo”, publicó.
Aprenden la lección
Luego de los escándalos en los que el PRD se ha visto involucrado debido a los señalamientos de nexos que algunos de sus afiliados tienen con el narcotráfico, el dirigente nacional del partido del sol azteca parece haber aprendido la lección.
Carlos Navarrete aseguró ayer en rueda de prensa que su partido prefiere no postular candidatos, que permitir que el crimen organizado se los imponga.
“Si quieren imponer candidatos, preferimos no participar en elecciones municipales, a que nos impongan candidatos de ellos”, afirmó.
Las zonas de riesgo en donde el PRD ha reportado presiones del narcotráfico a la hora de imponer abanderados son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Veracruz, dijo.
Navarrete aseguró que su partido debe demostrar que aprendió de lo ocurrido con el caso de José Luis Abarca, exedil de Iguala, Guerrero, señalado de vínculos criminales.
Los objetivos
La Oficina Especial creada para el caso de Ayotzinapa tendrá entre sus funciones:
1. Detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los acontecimientos.
2. Impulsar la integración del expediente de queja
3. Procurar la información a los familiares
4. Analizar las constancias que obren en averiguaciones previas de los fueros federal y local
5. Mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.
¿Quién es?
José Trinidad Larrieta fue coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, fue asesor interregional externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha impartido las materias Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Madre de normalista a militares: “mátenme como lo hicieron con nuestros hijos”
IGUALA, Gro: “Mátenme como lo hicieron con nuestros hijos, cobardes”, lanzó una afligida madre durante una protesta realizada por familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería, con sede en esta ciudad.
Con rabia y dolor mezclados, gritaron los padres: “Asesinos, entreguen a nuestros hijos”. El sentimiento fue respaldado por estudiantes universitarios que los acompañaron, procedentes de la Ciudad de México y el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Ante la afrenta, decenas de soldados y policías federales con equipo antimotín permanecieron apostados sobre una barda de la base castrense y no intervinieron, pues la manifestación fue pacífica.
Cerca de las 13:00 horas de este jueves, el contingente de manifestantes arribó al acceso principal del cuartel militar, ubicado en la parte oriente del Periférico de esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.
La base militar está frente a la plaza comercial Tamarindos, uno de los negocios del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado por el gobierno federal de ser el autor intelectual del ataque y desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre.
Durante más de dos horas, los padres de familia y estudiantes solidarios bloquearon la entrada principal del cuartel, mientras que un grupo de soldados desarmados formaron una valla humana para impedirles el acceso. Ninguno se movió mientras los deudos reprochaban la criminal indolencia que asumió el Ejército frente a la campaña de exterminio de los estudiantes normalistas.
La imagen del padre de Felipe Arnulfo Rosa, uno de los estudiantes desaparecidos, sintetizó el dolor y la indignación de las víctimas:
El indígena que sólo habla su lengua materna, permaneció de pie portando el retrato de su hijo de 20 años que aspiraba ser profesor rural. Así se quedó, en silencio, sin un sólo insulto a las autoridades castrenses, pero con el rostro desencajado, la mirada perdida y el dolor apretado que lleva por dentro.
Una mujer advirtió que si los padres de los normalistas desaparecidos no van a estar con sus hijos en esta Navidad, el gobierno tampoco va a tener paz.
“Hasta que nos entreguen a nuestros hijos, vamos a estar tranquilos”, clamaron los padres quienes, a casi tres meses de la masacre de Iguala, siguen firmes en su exigencia de justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de sus hijos.
“No tenemos miedo porque el gobierno nos arrancó el corazón”, soltó otro padre, mientras que el resto de los manifestantes gritaba: “¡Fuera Peña, fuera Peña!”.
Los manifestantes se retiraron del cuartel cerca de las 16:00 horas, pero anunciaron que este viernes realizarán otra protesta para seguir con la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Con rabia y dolor mezclados, gritaron los padres: “Asesinos, entreguen a nuestros hijos”. El sentimiento fue respaldado por estudiantes universitarios que los acompañaron, procedentes de la Ciudad de México y el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Ante la afrenta, decenas de soldados y policías federales con equipo antimotín permanecieron apostados sobre una barda de la base castrense y no intervinieron, pues la manifestación fue pacífica.
Cerca de las 13:00 horas de este jueves, el contingente de manifestantes arribó al acceso principal del cuartel militar, ubicado en la parte oriente del Periférico de esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.
La base militar está frente a la plaza comercial Tamarindos, uno de los negocios del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado por el gobierno federal de ser el autor intelectual del ataque y desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre.
Durante más de dos horas, los padres de familia y estudiantes solidarios bloquearon la entrada principal del cuartel, mientras que un grupo de soldados desarmados formaron una valla humana para impedirles el acceso. Ninguno se movió mientras los deudos reprochaban la criminal indolencia que asumió el Ejército frente a la campaña de exterminio de los estudiantes normalistas.
La imagen del padre de Felipe Arnulfo Rosa, uno de los estudiantes desaparecidos, sintetizó el dolor y la indignación de las víctimas:
El indígena que sólo habla su lengua materna, permaneció de pie portando el retrato de su hijo de 20 años que aspiraba ser profesor rural. Así se quedó, en silencio, sin un sólo insulto a las autoridades castrenses, pero con el rostro desencajado, la mirada perdida y el dolor apretado que lleva por dentro.
Una mujer advirtió que si los padres de los normalistas desaparecidos no van a estar con sus hijos en esta Navidad, el gobierno tampoco va a tener paz.
“Hasta que nos entreguen a nuestros hijos, vamos a estar tranquilos”, clamaron los padres quienes, a casi tres meses de la masacre de Iguala, siguen firmes en su exigencia de justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de sus hijos.
“No tenemos miedo porque el gobierno nos arrancó el corazón”, soltó otro padre, mientras que el resto de los manifestantes gritaba: “¡Fuera Peña, fuera Peña!”.
Los manifestantes se retiraron del cuartel cerca de las 16:00 horas, pero anunciaron que este viernes realizarán otra protesta para seguir con la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El Cártel de Sinaloa hace negocios con el extremismo islamista
Un informe reciente de la DEA ubica al Cártel de Sinaloa –asociado con narcotraficantes colombianos– como una de las organizaciones criminales que surten de droga a grupos islamistas del occidente africano, quienes al revenderla obtienen ganancias que ponen al servicio de sus causas. En sentido contrario, y mediante complicadas triangulaciones, traficantes de armas ayudan a los latinoamericanos con el lavado de dinero. Así, la agencia antidrogas estadunidense, aunque no lo hace explícitamente, coloca a la organización encabezada por El Mayo Zambada como uno de los “patrocinadores”, entre otros, de Hezbolá y Al-Qaeda.
WASHINGTON (Proceso).- El Cártel de Sinaloa –asociado con narcotraficantes y grupos paramilitares de Colombia– es uno de los principales proveedores de cocaína y otras drogas para los mercados del oeste de África y de Europa, revela un reporte especial de la DEA.
El informe de 77 páginas –copia del cual consultó Proceso– señala indirectamente al Cártel de Sinaloa como uno de los grupos que financian a los terroristas que operan en el oeste africano.
“Los nexos entre el tráfico de drogas y el terrorismo (narcoterrorismo) siguen creciendo y no es una tendencia nueva. El narcoterrorismo puede ser ampliamente definido como el solapamiento de las actividades del tráfico de drogas y el terrorismo”, sostiene el reporte de la DEA Combatiendo al crimen organizado trasnacional.
Elaborado por el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (CNOC) de la División de Operaciones Especiales de la DEA (entidad creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001), el reporte afirma que grupos terroristas del oeste africano utilizan las ganancias de la venta de drogas que adquieren de colombianos y mexicanos para financiar sus “proyectos de terror”.
El CNOC indica que en el oeste de África y gracias al incremento en la venta de cocaína que les hacen llegar el Cártel de Sinaloa y sus socios colombianos, los grupos terroristas han diversificado sus actividades criminales para obtener más ganancias.
“Las franquicias del terrorismo dedicas al narcotráfico llevan a cabo actividades criminales alternativas para obtener más recursos: lavan dinero, secuestran, extorsionan y contrabandean”, puntualiza el reporte de la DEA entregado hace unos meses al Departamento de Justicia en Washington.
Aunque el gobierno de Estados Unidos no tiene catalogado al Cártel de Sinaloa como una agrupación narcoterrorista, en el informe del CNOC se resalta el hecho de que de los 51 grupos terroristas identificados en el mundo por el Departamento de Estado, la DEA ubica a 20 como organizaciones asociadas con el narcotráfico colombiano y con el mexicano.
De entre esos 20 grupos la DEA destaca a dos: Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y a Hezbolá en Líbano.
“Controla la región del Sahel en el oeste de África, incluidas las rutas del trasiego de drogas que cruzan a todos los países de esta área”, matiza el reporte en el caso de AQIM.
Respecto a Hezbolá, apunta: “Está involucrado de manera significativa en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero entre Sudamérica, el oeste de África, Europa y el Medio Oriente”.
El fenómeno de la participación del Cártel de Sinaloa en el mercado de las drogas del oeste africano, según la DEA, se debe al declive del consumo de cocaína en Estados Unidos y a la caída del precio de esta droga en ese mercado, “mientras en Europa, Medio Oriente y África la cocaína sigue subiendo de precio y cada vez se hace más popular entre la población de esta región del mundo”.
Facilitadores sombra
La investigación de la DEA en torno al involucramiento del Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas al oeste de África explica que la organización criminal ahora dirigida por Ismael El Mayo Zambada no envía a su gente a esa región del mundo a negociar de manera directa, sino que lo hace mediante socios colombianos, en primera instancia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificadas por Washington como “agrupación narcoterrorista”.
Una vez iniciada la relación con los clientes de África, el Cártel de Sinaloa comenzó a ampliar independientemente sus relaciones con los cabecillas del crimen organizado del continente, entre los cuales se identifica a traficantes internacionales de armas a quienes el CNOC llama “facilitadores sombra”.
La DEA enfatiza que estos criminales son quienes “saben cómo explotar y resquebrajar los sistemas judiciales y económicos de la comunidad internacional para sacar ventaja y ganancia del nexo entre el crimen y el terrorismo”.
Según cálculos de la ONU, el tráfico de drogas genera ganancias anuales por alrededor de 320 mil millones de dólares. El CNOC considera que ante la expansión del narcotráfico, era lógico que los facilitadores sombra se pusieran en contacto y se asociaran con narcotraficantes de Colombia y México.
Los facilitadores sombra, dice el documento, proveen a los narcotraficantes y a los terroristas servicios de lavado de dinero, contrabando, falsificación, explotación y control de rutas para el trasiego de los narcóticos y de armas.
Muchas organizaciones del tráfico de drogas y del terrorismo internacional “comparten los servicios de un mismo facilitador sombra, por lo cual la captura de alguno de éstos representa un fuerte golpe a la criminalidad trasnacional”, afirma el CNOC, que ubica entre ellos a los sirios Monzer Mohammad al-Kasar y Richard Chichakli, el ruso Víktor Anatolyevich Bout, el sueco Paul Mardirossian, el griego Joannis Viglakis, el exmilitar estadunidense Joseph Hunter y el afgano Taza Gul Alizai, algunos de los cuales ya fueron detenidos.
El reporte del CNOC indica que el Cártel de Sinaloa inició sus operaciones en el oeste de África hace apenas 10 años. La DEA refiere que los primeros facilitadores sombra que enlistó ese grupo de la mafia mexicana fueron varios líderes de la FARC y exintegrantes del Cártel de Medellín.
“Aprovecharon la relación que tenían narcotraficantes colombianos desde la década de los ochenta con gente del narcotráfico mexicano, como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los principales enlaces de los colombianos para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, para fortalecer el tráfico de drogas a Europa y el oeste de África”, comenta a Proceso un agente especial de la DEA que estuvo al tanto del reporte de la CNOC y quien aceptó hablar a condición de conservar su anonimato.
“El posicionamiento que tiene el Cártel de Sinaloa a escala mundial en el tráfico de drogas lo convirtió en el socio ideal del terrorismo en el oeste de África y eso lo aprovecharon los facilitadores sombra y los propios líderes de la organización criminal mexicana, como El Azul, El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) El Mayo Zambada y otros más”, agrega el agente de la DEA.
Contacto venezolano
El libanés Yehya Ali Daoud Zeiter, detenido el 14 de abril de 2008 en Rumania, es uno de los facilitadores sombra a quienes el CNOC asocia con el Cártel de Sinaloa, las FARC y otros narcotraficantes colombianos.
A este libanés, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de financiar las operaciones terroristas de Hezbolá, la DEA le achaca la operación de las rutas para el tráfico de cocaína y heroína en Argentina, Brasil y Paraguay, puntos de partida que “utilizaba para la exportación de estas drogas con destino a los mercados de Europa y Medio Oriente”.
Francisco Antonio Flórez Upegui, Don Pancho, y sus socios –el libanés Chekri Harb y el guatemalteco Juan Fernando Sandoval Wyss– son otros personajes ligados por la DEA a las operaciones que realiza el Cártel de Sinaloa en el oeste africano, Medio Oriente y Europa en su relación indirecta con grupos terroristas.
“Don Pancho, uno de los líderes de más alto rango de La Oficina de Envigado, se inició desde hace 30 años en el tráfico de drogas como integrante del Cártel de Medellín”, se lee en el reporte, que luego matiza: “Flórez Upegui coordinaba el transporte de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína destinadas a Europa, Medio Oriente y África, así como cantidades no determinadas de heroína que salían desde Colombia, Centroamérica y México para Estados Unidos y otros continentes”.
Al guatemalteco Sandoval Wyss, detenido por la DEA en abril de 2008 en Florida, y a su socio Jorge Mario Paredes Córdova, el informe del CNOC los llama “cabecillas de una organización del tráfico de cocaína que opera con narcotraficantes mexicanos (Cártel de Sinaloa) y guatemaltecos”.
De acuerdo con la información recopilada en el expediente especial sobre el narcoterrorismo en el oeste de África, el libanés Chekri Harb, simpatizante de Hezbolá, “coordinaba las operaciones de lavado de dinero y transporte de cocaína y otras drogas de los proveedores de Colombia y México, en Damasco y El Cairo”.
El venezolano de origen sirio Walid Makled García, líder de la organización criminal Los Turkos, está catalogado por el gobierno de Estados Unidos como otro de los facilitadores sombra del Cártel de Sinaloa.
El informe de la División de Operaciones Especiales de la DEA explica que Los Turkos –cuya base se ubica en el estado de Carabobo– se encargan de sacar cocaína colombiana y la perteneciente al Cártel de Sinaloa desde esta región venezolana para destinarla a los mercados de Europa, Medio Oriente y el oeste de África.
La DEA sostiene que en sus investigaciones contra grupos narcoterroristas descubrió que Los Turkos tienen muy buena relación con Hezbolá, agrupación para la cual lavan dinero procedente de la venta de armas.
“Makled García ha sido ligado con los dirigentes de más alto rango de las organizaciones del tráfico de drogas tanto de Colombia como de México. Él y sus asociados emplean una red de funcionarios, militares y policías corruptos de Venezuela para salvaguardar las operaciones de su organización y garantizar la efectividad de sus actividades de tráfico de drogas. Además es dueño de múltiples propiedades y entidades financieras a las que utiliza para lavar el dinero procedente de la venta de cocaína que distribuye para los narcotraficantes colombianos y mexicanos”, concluye el informe del CNOC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
WASHINGTON (Proceso).- El Cártel de Sinaloa –asociado con narcotraficantes y grupos paramilitares de Colombia– es uno de los principales proveedores de cocaína y otras drogas para los mercados del oeste de África y de Europa, revela un reporte especial de la DEA.
El informe de 77 páginas –copia del cual consultó Proceso– señala indirectamente al Cártel de Sinaloa como uno de los grupos que financian a los terroristas que operan en el oeste africano.
“Los nexos entre el tráfico de drogas y el terrorismo (narcoterrorismo) siguen creciendo y no es una tendencia nueva. El narcoterrorismo puede ser ampliamente definido como el solapamiento de las actividades del tráfico de drogas y el terrorismo”, sostiene el reporte de la DEA Combatiendo al crimen organizado trasnacional.
Elaborado por el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (CNOC) de la División de Operaciones Especiales de la DEA (entidad creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001), el reporte afirma que grupos terroristas del oeste africano utilizan las ganancias de la venta de drogas que adquieren de colombianos y mexicanos para financiar sus “proyectos de terror”.
El CNOC indica que en el oeste de África y gracias al incremento en la venta de cocaína que les hacen llegar el Cártel de Sinaloa y sus socios colombianos, los grupos terroristas han diversificado sus actividades criminales para obtener más ganancias.
“Las franquicias del terrorismo dedicas al narcotráfico llevan a cabo actividades criminales alternativas para obtener más recursos: lavan dinero, secuestran, extorsionan y contrabandean”, puntualiza el reporte de la DEA entregado hace unos meses al Departamento de Justicia en Washington.
Aunque el gobierno de Estados Unidos no tiene catalogado al Cártel de Sinaloa como una agrupación narcoterrorista, en el informe del CNOC se resalta el hecho de que de los 51 grupos terroristas identificados en el mundo por el Departamento de Estado, la DEA ubica a 20 como organizaciones asociadas con el narcotráfico colombiano y con el mexicano.
De entre esos 20 grupos la DEA destaca a dos: Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y a Hezbolá en Líbano.
“Controla la región del Sahel en el oeste de África, incluidas las rutas del trasiego de drogas que cruzan a todos los países de esta área”, matiza el reporte en el caso de AQIM.
Respecto a Hezbolá, apunta: “Está involucrado de manera significativa en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero entre Sudamérica, el oeste de África, Europa y el Medio Oriente”.
El fenómeno de la participación del Cártel de Sinaloa en el mercado de las drogas del oeste africano, según la DEA, se debe al declive del consumo de cocaína en Estados Unidos y a la caída del precio de esta droga en ese mercado, “mientras en Europa, Medio Oriente y África la cocaína sigue subiendo de precio y cada vez se hace más popular entre la población de esta región del mundo”.
Facilitadores sombra
La investigación de la DEA en torno al involucramiento del Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas al oeste de África explica que la organización criminal ahora dirigida por Ismael El Mayo Zambada no envía a su gente a esa región del mundo a negociar de manera directa, sino que lo hace mediante socios colombianos, en primera instancia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificadas por Washington como “agrupación narcoterrorista”.
Una vez iniciada la relación con los clientes de África, el Cártel de Sinaloa comenzó a ampliar independientemente sus relaciones con los cabecillas del crimen organizado del continente, entre los cuales se identifica a traficantes internacionales de armas a quienes el CNOC llama “facilitadores sombra”.
La DEA enfatiza que estos criminales son quienes “saben cómo explotar y resquebrajar los sistemas judiciales y económicos de la comunidad internacional para sacar ventaja y ganancia del nexo entre el crimen y el terrorismo”.
Según cálculos de la ONU, el tráfico de drogas genera ganancias anuales por alrededor de 320 mil millones de dólares. El CNOC considera que ante la expansión del narcotráfico, era lógico que los facilitadores sombra se pusieran en contacto y se asociaran con narcotraficantes de Colombia y México.
Los facilitadores sombra, dice el documento, proveen a los narcotraficantes y a los terroristas servicios de lavado de dinero, contrabando, falsificación, explotación y control de rutas para el trasiego de los narcóticos y de armas.
Muchas organizaciones del tráfico de drogas y del terrorismo internacional “comparten los servicios de un mismo facilitador sombra, por lo cual la captura de alguno de éstos representa un fuerte golpe a la criminalidad trasnacional”, afirma el CNOC, que ubica entre ellos a los sirios Monzer Mohammad al-Kasar y Richard Chichakli, el ruso Víktor Anatolyevich Bout, el sueco Paul Mardirossian, el griego Joannis Viglakis, el exmilitar estadunidense Joseph Hunter y el afgano Taza Gul Alizai, algunos de los cuales ya fueron detenidos.
El reporte del CNOC indica que el Cártel de Sinaloa inició sus operaciones en el oeste de África hace apenas 10 años. La DEA refiere que los primeros facilitadores sombra que enlistó ese grupo de la mafia mexicana fueron varios líderes de la FARC y exintegrantes del Cártel de Medellín.
“Aprovecharon la relación que tenían narcotraficantes colombianos desde la década de los ochenta con gente del narcotráfico mexicano, como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los principales enlaces de los colombianos para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, para fortalecer el tráfico de drogas a Europa y el oeste de África”, comenta a Proceso un agente especial de la DEA que estuvo al tanto del reporte de la CNOC y quien aceptó hablar a condición de conservar su anonimato.
“El posicionamiento que tiene el Cártel de Sinaloa a escala mundial en el tráfico de drogas lo convirtió en el socio ideal del terrorismo en el oeste de África y eso lo aprovecharon los facilitadores sombra y los propios líderes de la organización criminal mexicana, como El Azul, El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) El Mayo Zambada y otros más”, agrega el agente de la DEA.
Contacto venezolano
El libanés Yehya Ali Daoud Zeiter, detenido el 14 de abril de 2008 en Rumania, es uno de los facilitadores sombra a quienes el CNOC asocia con el Cártel de Sinaloa, las FARC y otros narcotraficantes colombianos.
A este libanés, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de financiar las operaciones terroristas de Hezbolá, la DEA le achaca la operación de las rutas para el tráfico de cocaína y heroína en Argentina, Brasil y Paraguay, puntos de partida que “utilizaba para la exportación de estas drogas con destino a los mercados de Europa y Medio Oriente”.
Francisco Antonio Flórez Upegui, Don Pancho, y sus socios –el libanés Chekri Harb y el guatemalteco Juan Fernando Sandoval Wyss– son otros personajes ligados por la DEA a las operaciones que realiza el Cártel de Sinaloa en el oeste africano, Medio Oriente y Europa en su relación indirecta con grupos terroristas.
“Don Pancho, uno de los líderes de más alto rango de La Oficina de Envigado, se inició desde hace 30 años en el tráfico de drogas como integrante del Cártel de Medellín”, se lee en el reporte, que luego matiza: “Flórez Upegui coordinaba el transporte de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína destinadas a Europa, Medio Oriente y África, así como cantidades no determinadas de heroína que salían desde Colombia, Centroamérica y México para Estados Unidos y otros continentes”.
Al guatemalteco Sandoval Wyss, detenido por la DEA en abril de 2008 en Florida, y a su socio Jorge Mario Paredes Córdova, el informe del CNOC los llama “cabecillas de una organización del tráfico de cocaína que opera con narcotraficantes mexicanos (Cártel de Sinaloa) y guatemaltecos”.
De acuerdo con la información recopilada en el expediente especial sobre el narcoterrorismo en el oeste de África, el libanés Chekri Harb, simpatizante de Hezbolá, “coordinaba las operaciones de lavado de dinero y transporte de cocaína y otras drogas de los proveedores de Colombia y México, en Damasco y El Cairo”.
El venezolano de origen sirio Walid Makled García, líder de la organización criminal Los Turkos, está catalogado por el gobierno de Estados Unidos como otro de los facilitadores sombra del Cártel de Sinaloa.
El informe de la División de Operaciones Especiales de la DEA explica que Los Turkos –cuya base se ubica en el estado de Carabobo– se encargan de sacar cocaína colombiana y la perteneciente al Cártel de Sinaloa desde esta región venezolana para destinarla a los mercados de Europa, Medio Oriente y el oeste de África.
La DEA sostiene que en sus investigaciones contra grupos narcoterroristas descubrió que Los Turkos tienen muy buena relación con Hezbolá, agrupación para la cual lavan dinero procedente de la venta de armas.
“Makled García ha sido ligado con los dirigentes de más alto rango de las organizaciones del tráfico de drogas tanto de Colombia como de México. Él y sus asociados emplean una red de funcionarios, militares y policías corruptos de Venezuela para salvaguardar las operaciones de su organización y garantizar la efectividad de sus actividades de tráfico de drogas. Además es dueño de múltiples propiedades y entidades financieras a las que utiliza para lavar el dinero procedente de la venta de cocaína que distribuye para los narcotraficantes colombianos y mexicanos”, concluye el informe del CNOC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
Violencia y narco, “todo un reto para Peña”: Standard & Poor’s
MÉXICO, D.F: La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que tuvo lugar en septiembre pasado, hizo eco en los criterios de calificación soberana para México, aplicados por la agencia Standard & Poor´s (S&P).
La calificadora con sede en Nueva York de plano advirtió: “En el corto plazo estos eventos constituyen un desafío para el liderazgo del presidente Peña Nieto y, por consiguiente, para su capacidad para implementar su agenda económica”.
No paró ahí y sentenció que estos hechos “subrayan los significativos desafíos que plantea el control de la violencia relacionada con el narcotráfico en México”.
S&P no modificó la calificación para el país al mantenerla en “BBB+” y con perspectiva “estable”, pero eso sí, dejó en claro que “durante los próximos dos años el ritmo de la inversión en el sector también dependerá de dos importantes eventos que se han desarrollado durante los últimos meses: la caída en los precios del petróleo” y los retos para Peña Nieto “derivados de la violencia interna relacionada con el narcotráfico”.
A&P explicó que aunque tal violencia no es nueva en el país, lo acontecido en Iguala, Guerrero, generó nuevamente cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para lidiar con “este tema crítico” y sobre el impacto que la violencia pudiera tener sobre las perspectivas económicas.
Y añadió: “En nuestra opinión, la menor popularidad del gobierno derivada de esto podría afectar marginalmente su capacidad para implementar su agenda de política económica, pero dado que la mayoría de las reformas importantes ya se aprobaron, no esperamos que su efecto se vuelva crítico”.
Lo cierto es que los hechos sucedidos en Iguala, que aún no están esclarecidos, ya tuvieron sus efectos en la economía regional, ocasionando pérdidas de hasta 500 millones de pesos, además de que prendieron las luces de alerta en el Banco de México (Banxico), que vio el riesgo de menos inversiones, a raíz de la violencia.
Bajo crecimiento y dependencia del petróleo
Pero Standard & Poor´s enfatizó sobre más debilidades estructurales que agobian a la economía nacional: La política fiscal, dependiente del petróleo, y el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sobre el primer factor de riesgo la calificadora explicó que aproximadamente una tercera parte de los ingresos presupuestarios totales del país todavía provienen del sector hidrocarburos, lo que “hace al gobierno vulnerable ante la volatilidad de los precios del petróleo”. Además, la base tributaria no petrolera es baja, representando 10% del PIB.
S&P señaló que la reforma fiscal busca contener la dependencia del gobierno de los ingresos petroleros en un periodo de cuatro años mediante el incremento de la participación de los ingresos no petroleros en un estimado de 2.8% del PIB.
Sin embargo, reconoció que “esta vulnerabilidad estructural es particularmente importante en el contexto actual del descenso de los precios petroleros”.
De hecho, advirtió que pese a la contratación de coberturas petroleras, si dicho descenso se vuelve permanente, el gobierno mexicano tendría que ajustar su inversión pública en línea con ello en 2016, como lo ha hecho en el pasado.
“La dependencia de los ingresos fiscales petroleros explica el hecho de que la política fiscal de México sea pro-cíclica, lo que constituye un impedimento importante desde la perspectiva de la calificación crediticia”, puntualizó.
Fue más allá al enfatizar que las operaciones no convencionales, cuyas licitaciones se supone que se anunciarán no antes de 2016, podrían estar en riesgo si persisten los actuales precios bajos del petróleo.
No obstante, S&P aseguró que “no esperamos que la baja en los precios del petróleo frene la inversión en las primeras licitaciones que se esperan en 2015, ya que todas ellas se relacionan con la explotación convencional de campos petroleros actualmente en operación por Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Además, puntualizó que el costo promedio de producción de Pemex varía de entre los 22 y 25 dólares por barril (dpb), por consiguiente estas inversiones siguen siendo rentables incluso con precios del petróleo cerca de 55 dpb. Al cierre de este día el costo de la mezcla mexicana se ubicó en los 48.43 dpb.
Sobre el modesto crecimiento económico, Standard & Poor´s señaló que éste refleja el repunte de la economía estadunidense y la reversión de algunos factores excepcionales en México que apuntalaron el bajo crecimiento en 2013.
En números, el cuadro es el siguiente: previó un crecimiento real del PIB de México de 2.2% en 2014 y de 3.2% en 2015, en línea con el pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que para el presente año pronosticó un PIB ubicado en un rango de 2 a 2.6%; mientras que para el año entrante iría de 3.2 a 4.2%.
Además la agencia proyectó que el déficit del gobierno rebase 3% del PIB en 2014, pero que descienda posteriormente. Mientras que la deuda neta se sitúe en 40% del PIB durante los siguientes años.
Función del Banxico, limitada
Por si eso fuera poco, S&P consideró “limitada” la capacidad del banco central para influir en la demanda agregada por medio de cambios en la tasa de interés de referencia, debido al todavía bajo nivel de la intermediación financiera en México, ya que el crédito interno representa sólo 24% del PIB.
Sin embargo, reconoció que la política monetaria se ha convertido en la herramienta económica contracíclica más poderosa, “con base en un sistema creíble de objetivos de inflación y un régimen de flotación cambiaria libre a pesar de la intervención más reciente del banco central en el mercado cambiario. El peso mexicano se mueve libremente y, de acuerdo con nuestra definición de criterios, es una moneda activamente negociada”.
Latente, el retroceso de calificación
Si bien Standard &Poor´s elevó las calificaciones soberanas de la deuda de México en diciembre de 2013, después de la aprobación de la reforma energética, a ‘BBB+’ –desde BBB–, la de largo plazo en moneda extranjera, y a ‘A’ –desde ‘A-’– la deuda en pesos, la calificadora hoy advirtió:
“No lograr la implementación efectiva de las reformas recientes en los próximos años podría contribuir a un bajo crecimiento y al debilitamiento de la confianza de los inversionistas. La incapacidad de reducir gradualmente la dependencia de los ingresos volátiles de la energía, en combinación con cambios inesperados en las políticas fiscales, podría incrementar la vulnerabilidad de las finanzas públicas a los shocks adversos”.
Y sentenció: “El deterioro resultante del perfil económico y financiero de México podría indicar una baja de las calificaciones del soberano”.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
jueves, 18 de diciembre de 2014
Arturo Montiel podría pisar prisión si no presenta a los hijos que tuvo con Versini
MÉXICO, D.F: Un tribunal mexiquense ordenó al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, presentar en un centro de convivencia a los tres hijos que procreó con la francesa Maude Versini. En caso de incumplir con el mandato, el exmandatario podría purgar 36 horas de cárcel.
En entrevistas radiofónicas, la exesposa de Montiel dio a conocer lo anterior y anunció que entre el 20 y el 30 de diciembre podría reunirse con sus hijos Sofía, Adrián y Alexi, a quienes no ve desde hace casi tres años, en el centro de convivencia familiar de San Lorenzo Tepatitlán, en Toluca, Estado de México.
“Tengo muchas ganas de ver a mis hijos. Tengo muchas ganas de besarlos y abrazarlos y decirles cuánto los amo”, dijo.
Sin embargo, manifestó su temor de que Montiel Rojas no lleve a los niños al centro de convivencia, tal como lo hizo en dos ocasiones anteriores.
“Para mí es una enorme emoción y, al mismo tiempo, una gran angustia, porque no sé si mis hijos se van a presentar o no”, apuntó Versini, quien explicó que las visitas a sus hijos serán vigiladas por psicólogos.
El pasado 6 de noviembre, luego de que la justicia francesa emitió una orden de aprehensión en contra de Montiel, la francesa advirtió que “las autoridades mexicanas deben de actuar si no quieren violar el derecho internacional”.
En entrevista con Noticias MVS desde Washington, Maude Versini detalló que la orden de arresto es por sustracción de menores, y consideró que el actual gobernador mexiquense y el presidente Enrique Peña Nieto deben ejecutarla y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Por lo pronto, advirtió, si Montiel sale del país, sería detenido porque “nunca se quiso presentar ante la justicia francesa cuando lo citaron a comparecer”.
Maude Versini detalló que la orden de aprehensión contra Montiel Rojas fue girada desde el pasado 30 de junio, sin que hasta ahora se haya cumplimentado, por lo que consideró que existe una “clara complicidad del gobierno del Estado de México”.
Eruviel Ávila tuvo que arrestarlo desde hace cuatro meses, pero existe “justicia selectiva”, subrayó en esa ocasión.
La francesa dijo que estaba esperando que el presidente Enrique Peña Nieto actúe y pueda demostrar que “realmente nadie está por encima de la ley (…) quiero ver si van a cumplir con esta orden de aprehensión o van a seguir violando el derecho internacional”.
Versini Lancry recordó que lleva casi tres años sin ver a sus hijos y que emprendió una batalla legal en México y Francia luego de que el exgobernador mexiquense retuviera a los niños cuando vinieron a México a pasar con él la navidad en 2011.
“Yo no quería poner en la cárcel al padre de mis hijos, pero estoy agotadísima”, subrayó.
Su objetivo, abundó, era recuperar a sus hijos, “negociar algo que le convenía a él y a mis hijos”, pero Montiel nunca quiso encontrar una solución.
“No hemos tenido respuesta ni de él ni sus abogados (…) Voy a cumplir tres navidades sin ver a mis hijos y yo no aguanto más”, expresó.
Por separado, Arturo Montiel negó saber de la orden de aprehensión girada en su contra y afirmó que no se opone a que su exesposa vea a sus hijos, pero si quiere verlos debe ser bajo las disposiciones legales mexicanas.
“Yo no me opongo a que ella vea a sus hijos, no me opongo. Que quede muy claro, simplemente, que debe ser bajo las disposiciones legales que sobre la materia están estipuladas por las leyes mexicanas”, sostuvo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevistas radiofónicas, la exesposa de Montiel dio a conocer lo anterior y anunció que entre el 20 y el 30 de diciembre podría reunirse con sus hijos Sofía, Adrián y Alexi, a quienes no ve desde hace casi tres años, en el centro de convivencia familiar de San Lorenzo Tepatitlán, en Toluca, Estado de México.
“Tengo muchas ganas de ver a mis hijos. Tengo muchas ganas de besarlos y abrazarlos y decirles cuánto los amo”, dijo.
Sin embargo, manifestó su temor de que Montiel Rojas no lleve a los niños al centro de convivencia, tal como lo hizo en dos ocasiones anteriores.
“Para mí es una enorme emoción y, al mismo tiempo, una gran angustia, porque no sé si mis hijos se van a presentar o no”, apuntó Versini, quien explicó que las visitas a sus hijos serán vigiladas por psicólogos.
El pasado 6 de noviembre, luego de que la justicia francesa emitió una orden de aprehensión en contra de Montiel, la francesa advirtió que “las autoridades mexicanas deben de actuar si no quieren violar el derecho internacional”.
En entrevista con Noticias MVS desde Washington, Maude Versini detalló que la orden de arresto es por sustracción de menores, y consideró que el actual gobernador mexiquense y el presidente Enrique Peña Nieto deben ejecutarla y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Por lo pronto, advirtió, si Montiel sale del país, sería detenido porque “nunca se quiso presentar ante la justicia francesa cuando lo citaron a comparecer”.
Maude Versini detalló que la orden de aprehensión contra Montiel Rojas fue girada desde el pasado 30 de junio, sin que hasta ahora se haya cumplimentado, por lo que consideró que existe una “clara complicidad del gobierno del Estado de México”.
Eruviel Ávila tuvo que arrestarlo desde hace cuatro meses, pero existe “justicia selectiva”, subrayó en esa ocasión.
La francesa dijo que estaba esperando que el presidente Enrique Peña Nieto actúe y pueda demostrar que “realmente nadie está por encima de la ley (…) quiero ver si van a cumplir con esta orden de aprehensión o van a seguir violando el derecho internacional”.
Versini Lancry recordó que lleva casi tres años sin ver a sus hijos y que emprendió una batalla legal en México y Francia luego de que el exgobernador mexiquense retuviera a los niños cuando vinieron a México a pasar con él la navidad en 2011.
“Yo no quería poner en la cárcel al padre de mis hijos, pero estoy agotadísima”, subrayó.
Su objetivo, abundó, era recuperar a sus hijos, “negociar algo que le convenía a él y a mis hijos”, pero Montiel nunca quiso encontrar una solución.
“No hemos tenido respuesta ni de él ni sus abogados (…) Voy a cumplir tres navidades sin ver a mis hijos y yo no aguanto más”, expresó.
Por separado, Arturo Montiel negó saber de la orden de aprehensión girada en su contra y afirmó que no se opone a que su exesposa vea a sus hijos, pero si quiere verlos debe ser bajo las disposiciones legales mexicanas.
“Yo no me opongo a que ella vea a sus hijos, no me opongo. Que quede muy claro, simplemente, que debe ser bajo las disposiciones legales que sobre la materia están estipuladas por las leyes mexicanas”, sostuvo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Sí habrá elecciones en Guerrero”, asegura presidente del INE
En la última sesión ordinaria del INE del año, los consejeros desahogaron una treintena de asuntos, entre los que destacaron el presupuesto del instituto para 2015, planes y calendarios para la jornada electoral coincidente del año entrante, así como lineamientos de operación y conteos rápidos, entre otros.
Durante más de ocho horas se hicieron varios reclamos. Córdova recriminó a los legisladores que no hayan avalado el reglamento al 134 constitucional para prohibir la promoción de los servidores públicos.
Incluso, los consejeros pusieron como ejemplo al gobernador de Tamaulipas, Egidio Cantú, quien promocionó en la prensa un Récord Guinness.
“Lo digo con franqueza y respeto. Todos los funcionarios se han aprovechado en lo que es un abuso del derecho. Todas las fuerzas han contribuido, porque no hay ley reglamentaria”, acusó.
En cuanto a los conteos rápidos, los consejeros decidieron no dar a conocer las estimaciones obtenidas del proceso electoral 2014-2015.
“La solución que encontramos para evitar que la incertidumbre en los resultados se convierta en inquietud política, fue apostarle a la madurez de los electores, y dar a conocer los rangos de las estimaciones para todos los contendientes”, destacó el presidente del INE.
Los lineamientos, en caso de que se decida realizar un conteo rápido, serán: definir los requerimientos mínimos respecto de las muestras; la autoridad electoral está obligada a difundir los resultados el mismo día del proceso. Se deberán integrar Comités Técnicos Asesores con un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco a más tardar el 15 de enero próximo.
“Una vez que la autoridad electoral reciba los resultados, está obligada a dos cosas: Primero, a proceder de inmediato a su difusión y, segundo, en el mismo acto entregar a los representantes de los partidos políticos un archivo electrónico que contenga los resultados de cada una de las casillas integradas en el cálculo final”, indicó.
Y en caso de que no se capture al menos 85% de la muestra, o que el Comité Técnico determine que no hay suficientes datos muestrales para hacer estimaciones, la difusión del resultado deberá acompañarse de un mensaje explicando esa condición.
El plazo para solicitarlo vence el 7 de enero de 2015.
Y “pase lo que pase y a toda costa” se realizarán las elecciones en Guerrero, advirtió Lorenzo Córdova durante su mensaje de fin de año. Luego recordó que desde 1917 no se cancela un proceso electoral en este país.
“Tenemos una obligación colectiva como sociedad. Tenemos que construir a los escenarios para que las elecciones puedan llevarse a cabo, porque si no se llevan a cabo, sí vamos a estar en graves problemas, como si los que hoy tenemos no fueran suficientemente graves”, indicó.
Más aún, mencionó que no se debe repetir el caso del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien presuntamente tiene vínculos con el crimen organizado y responsabilidad directa en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre pasado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Se armó indiscriminadamente a la fuerza rural: gobernador de Michoacán
México D.F: La balacera del pasado martes 16 entre seguidores de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano en La Ruana, que dejó un saldo de 11 muertos, fue videograbada por sus propios protagonistas.
En el video de 3 minutos y 16 segundos de duración se ve a un nutrido grupo de hombres armados –algunos de ellos portan chalecos blindados–, y varias camionetas estacionadas en un descampado.
Todos corren hasta donde se alcanza a ver una tienda de campaña y luego retroceden y se parapetan detrás de las camionetas en posición de disparo.
Uno de ellos, grita: “¡Alcánzalo! (…), estos nada más nos están cazando”.
Minutos después, se escuchan el tronar de las armas.
“¿A quién le tiraron?, eso son provocaciones, entiéndanlo”, dice otro hombre y continúa: “les estamos diciendo, otra vez vuelve lo mismo, diles que no disparen, esos güeyes ya se fueron, diles que dejen de estar disparando”.
“Qué se van a ir, si ahí están. Los tienes ahí y no hiciste nada en el momento que llegamos nosotros”, responde otro.
Posteriormente, a través de un megáfono se escucha “Policía Federal, Gendarmería y Fuerzas Rurales no disparen”, pero no cesa la balacera.
En un segundo video, captado desde la perspectiva de civiles, se muestra a varias personas armadas, algunas de ellas con chalecos antibalas, gritando y chiflando en torno a una camioneta pick up negra, detenida frente a otros vehículos blancos, que aparentemente sirven de escudo.
De repente, la imagen mueve bruscamente y se escuchan múltiples detonaciones de armas y más gritos. Al parecer, la persona que grabó el video se resguardó en la batea de una camioneta durante el tiroteo.
Dos días después del incidente en el que perdió la vida el hijo de Hipólito Mora, quien ya advierto que no dejará las armas, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, declaró a Milenio Televisión que “no es correcto que todo mundo ande armado”.
Es más, reconoció que se armó indiscriminadamente a la Policía Rural. “Tiene que atender las necesidades cotidianas de la población y no tienen por qué traer armas y menos armas de alto calibre”, dijo.
De su lado, el comandante de la Fuerza Rural en la Ruana, Hipólito Mora, descalificó las declaraciones de Luis Antonio Torres, El Americano, en el sentido de que la Gendarmería disparó primero en la balacera del martes.
En declaraciones a Radio Fórmula, dijo que la Gendarmería se replegó durante la balacera.
El fundador de las exautodefensas reiteró que “los primero disparos fueron los que le dieron a mi hijo y a otros dos señores” y que por esa razón se sumó a los disparos. “tenía que defenderme”, justificó.
Luego de afirmar que tiene la intención de mantenerse en la Fuerza Rural y que no quiere hacerle daño a nadie, Hipólito Mora aseguró que “si me van a asesinar, tendrá que ser aquí en La Ruana”.
AUTOR: REDACCIÓN.
Padres de normalistas protestan frente al 27 batallón de Infantería
IGUALA, Gro: Padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestan frente al cuartel del 27 batallón de Infantería, con sede en esta ciudad.
“Asesinos, asesinos”, gritan los padres.
Cerca de las 13:00 horas, el contingente a bordo de tres autobuses arribó a la base militar ubicada sobre el periférico de Iguala, frente a la plaza comercial Tamarindos, uno de los negocios del defenestrado exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, acusado por el gobierno federal de ser el autor intelectual de la masacre y desaparición de normalistas registrada a finales de septiembre.
Los manifestantes en este momento bloquean el acceso principal del cuartel de este batallón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
“Asesinos, asesinos”, gritan los padres.
Cerca de las 13:00 horas, el contingente a bordo de tres autobuses arribó a la base militar ubicada sobre el periférico de Iguala, frente a la plaza comercial Tamarindos, uno de los negocios del defenestrado exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, acusado por el gobierno federal de ser el autor intelectual de la masacre y desaparición de normalistas registrada a finales de septiembre.
Los manifestantes en este momento bloquean el acceso principal del cuartel de este batallón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
PRD no irá a elecciones en sitios donde el narco quiera imponer nombres
El actual mandamás del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, dejo ver que su partido no postulará candidatos en sitios donde los grupos del crimen organizado intenten imponerles candidatos.”Si quieren imponer candidatos, preferimos no participar en elecciones municipales a que nos impongan candidatos de ellos”, sentenció el político.
Desde su perspectiva, las zonas de riesgo están situadas en Tamaulipas, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, entidades donde desde procesos pasado, el narco intento imponerles un hombre en la contienda electoral.
“El PRD tiene que aprender la elección y no permitir que nadie, ningún candidato a cargo de elección popular tenga vínculos extraños con los delincuentes y que yo prefiero perder una elección en un territorio, que ganar una elección con una gente que no es nuestra sino que es de los delincuentes”, recalcó el líder del Sol Azteca.
“Es una instrucción que estoy dando en todo el territorio. El PRD cierra filas, va a evaluar a sus candidatos y cuando encontremos elementos contundentes de vínculos vamos a cortar por lo sano, no serán candidatos”, sentenció Navarrete.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Desde su perspectiva, las zonas de riesgo están situadas en Tamaulipas, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, entidades donde desde procesos pasado, el narco intento imponerles un hombre en la contienda electoral.
“El PRD tiene que aprender la elección y no permitir que nadie, ningún candidato a cargo de elección popular tenga vínculos extraños con los delincuentes y que yo prefiero perder una elección en un territorio, que ganar una elección con una gente que no es nuestra sino que es de los delincuentes”, recalcó el líder del Sol Azteca.
“Es una instrucción que estoy dando en todo el territorio. El PRD cierra filas, va a evaluar a sus candidatos y cuando encontremos elementos contundentes de vínculos vamos a cortar por lo sano, no serán candidatos”, sentenció Navarrete.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Protestan dentro y fuera de Bellas Artes por Ayotzinapa
En la misma semana, músicos y cantantes de la Capella Barroca se manifestaron por los desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos, dentro del Palacio de Bellas Artes y un día después, frente al recinto, se realizó una jornada cultural de estudiantes de dicha escuela.
El Palacio de Bellas Artes también es espacio de protestas, dado que en días recientes, artistas y estudiantes protestaron por Ayotzinapa dentro del recinto y afuera del histórico edificio.
El ensamble Capella Barroca, dirigido por el flautista Horacio Franco, ofreció un concierto en Bellas Artes el pasado martes 16 de diciembre y, al final del evento, se pronunciaron en solidaridad con los jóvenes desaparecidos en Guerrero.
Un día después, el Centro de Educación Regional de Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizaron una jornada cultural en el Palacio de Bellas Artes, administrado por el gobierno federal. El evento, realizado este miércoles, fue para exigir a las autoridades presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos y para informar que las autoridades quieren “cerrar el caso”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Palacio de Bellas Artes también es espacio de protestas, dado que en días recientes, artistas y estudiantes protestaron por Ayotzinapa dentro del recinto y afuera del histórico edificio.
El ensamble Capella Barroca, dirigido por el flautista Horacio Franco, ofreció un concierto en Bellas Artes el pasado martes 16 de diciembre y, al final del evento, se pronunciaron en solidaridad con los jóvenes desaparecidos en Guerrero.
Un día después, el Centro de Educación Regional de Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizaron una jornada cultural en el Palacio de Bellas Artes, administrado por el gobierno federal. El evento, realizado este miércoles, fue para exigir a las autoridades presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos y para informar que las autoridades quieren “cerrar el caso”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Dan 5 años de cárcel al hombre que incendió el árbol de Navidad en Reforma
Luis Fernando Bárcenas Castillo es responsable de los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública, luego de incendiar el árbol de Navidad.
El juez 43 penal con sede en el Reclusorio Norte sentenció a cinco años y nueve meses de prisión a Luis Fernando Bárcenas Castillo, quien, en diciembre de 2013, incendió un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que de acuerdo con las investigaciones, Bárcenas Castillo es responsable de los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública.
El agente del Ministerio Público acreditó que la noche del 13 de diciembre de 2013, el ahora sentenciado y dos acompañantes se presentaron en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, colonia Juárez, donde arrojaron artefactos explosivos contra una decoración pública, lo cual fue captado por las cámaras de video vigilancia del Centro de Control y Comando C2.
Después de lanzar los artefactos explosivos, Bárcenas Castillo y los dos menores fueron detenidos en el cruce de las calles de Niza y Paseo de la Reforma, colonia Juárez, donde los policías les encontraron botellas con gasolina, piedras y cohetones en sus mochilas.
Ese día, el Ministerio Público remitió a los dos adolescentes ante un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Distrito Federal y los ingresó a una Comunidad Especializada para Adolescentes por el delito de asociación delictuosa, ilícito considerado como grave por la ley penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
El juez 43 penal con sede en el Reclusorio Norte sentenció a cinco años y nueve meses de prisión a Luis Fernando Bárcenas Castillo, quien, en diciembre de 2013, incendió un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que de acuerdo con las investigaciones, Bárcenas Castillo es responsable de los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública.
El agente del Ministerio Público acreditó que la noche del 13 de diciembre de 2013, el ahora sentenciado y dos acompañantes se presentaron en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, colonia Juárez, donde arrojaron artefactos explosivos contra una decoración pública, lo cual fue captado por las cámaras de video vigilancia del Centro de Control y Comando C2.
Después de lanzar los artefactos explosivos, Bárcenas Castillo y los dos menores fueron detenidos en el cruce de las calles de Niza y Paseo de la Reforma, colonia Juárez, donde los policías les encontraron botellas con gasolina, piedras y cohetones en sus mochilas.
Ese día, el Ministerio Público remitió a los dos adolescentes ante un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Distrito Federal y los ingresó a una Comunidad Especializada para Adolescentes por el delito de asociación delictuosa, ilícito considerado como grave por la ley penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
Congreso de Veracruz aprueba gubernatura de 2 años
El gobernador y los diputados de Veracruz que sean electos en 2016 se desempeñarán en su cargo del 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2018.
Con 45 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa del gobernador del estado, Javier Duarte, para que en 2016 y por única ocasión se elija al nuevo mandatario y a diputados locales, quienes se desempeñarán en ese cargo durante dos años con el objetivo de homologar los comicios estatales con los federales en 2018.
Con la aprobación de la reforma, Veracruz organizará los comicios de 2016 para elegir gobernador y diputados locales, quienes estarán en el cargo desde el 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2018.
Entre el paquete de reformas, sobresale además la reelección de diputados locales hasta por cuatro periodos, siempre y cuando no se cambien de partido.
La legisladora priista Gladys Merlín Castro aseguró que el voto unánime de su bancada obedece a que es el resultado del análisis de seis iniciativas, que reforman 15 artículos de la Constitución local en materia político electoral, y que recoge el sentir de la población.
En tanto, Fidel Robles Guadarrama, del PT, argumentó que la reelección de diputados locales es un tema importante, igual que la revocación del mandato que, remarcó, la Comisión dictaminadora rechazó por no apegarse a la reforma federal.
Además de Robles Guadarrama, los únicos diputados que votaron en contra de la reforma son Joaquín Guzmán Avilés, Édgar Hugo Fernández Bernal y Alejandro Zairick Morante, del PAN, y Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con 45 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa del gobernador del estado, Javier Duarte, para que en 2016 y por única ocasión se elija al nuevo mandatario y a diputados locales, quienes se desempeñarán en ese cargo durante dos años con el objetivo de homologar los comicios estatales con los federales en 2018.
Con la aprobación de la reforma, Veracruz organizará los comicios de 2016 para elegir gobernador y diputados locales, quienes estarán en el cargo desde el 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2018.
Entre el paquete de reformas, sobresale además la reelección de diputados locales hasta por cuatro periodos, siempre y cuando no se cambien de partido.
La legisladora priista Gladys Merlín Castro aseguró que el voto unánime de su bancada obedece a que es el resultado del análisis de seis iniciativas, que reforman 15 artículos de la Constitución local en materia político electoral, y que recoge el sentir de la población.
En tanto, Fidel Robles Guadarrama, del PT, argumentó que la reelección de diputados locales es un tema importante, igual que la revocación del mandato que, remarcó, la Comisión dictaminadora rechazó por no apegarse a la reforma federal.
Además de Robles Guadarrama, los únicos diputados que votaron en contra de la reforma son Joaquín Guzmán Avilés, Édgar Hugo Fernández Bernal y Alejandro Zairick Morante, del PAN, y Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Damnificados por los ríos Sonora y Bacanuchi bloquean carretera
URES, Son: Alrededor de 300 pobladores de los siete municipios afectados con la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi bloquearon la carretera federal 14, Hermosillo-Moctezuma, para exigir transparencia en la entrega de apoyos económicos y eficacia en la remediación de las cuencas contaminadas con desechos mineros.
Los inconformes mantendrán el cierre de la rúa federal a la altura de Ures, municipio ubicado a 71 kilómetros al noreste de Hermosillo, hasta que los integrantes del Fideicomiso para rescate del río Sonora cumplan con el siguiente pliego petitorio:
Transparencia en la entrega de apoyos económicos, indemnización de hasta 300 mil pesos por cada uno de los 25 mil habitantes afectados y la construcción de una planta tratadora de agua con capacidad para separar metales pesados.
También demandan la edificación de un hospital de especialidades, la reactivación inmediata de la economía regional con la instalación de una universidad tecnológica y el urgente saneamiento de los ríos contaminados con los 40 millones de litros de metales pesados vertidos el pasado 6 de agosto por parte la minera Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.
El líder de los manifestantes, Emanuel Barragán Villa, de profesión maestro, acusó que el Fideicomiso para rescate del río se está entregan de manera inequitativa pues mientras a representantes de asociaciones civiles se les pagó 326 mil pesos a los ciudadanos no agremiados les entregaron -en el mejor de los casos- 20 mil pesos.
“Acaso somos ciudadanos de segunda o tercera… Por qué a unos cuantos les dan cientos de miles y a otros apenas para que sobrevivan”, expuso el inconforme.
Estas mismas demandas ya fueron expresadas por los alcaldes de los siete municipios afectados en una carta enviada al Presidente Enrique Peña y hasta este día no han obtenido respuesta.
Para mañana se tiene prevista una caravana que iniciará en el palacio municipal de Arizpe, el primer municipio afectado con los desechos mineros, y concluirá en la sede del gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO)
Los inconformes mantendrán el cierre de la rúa federal a la altura de Ures, municipio ubicado a 71 kilómetros al noreste de Hermosillo, hasta que los integrantes del Fideicomiso para rescate del río Sonora cumplan con el siguiente pliego petitorio:
Transparencia en la entrega de apoyos económicos, indemnización de hasta 300 mil pesos por cada uno de los 25 mil habitantes afectados y la construcción de una planta tratadora de agua con capacidad para separar metales pesados.
También demandan la edificación de un hospital de especialidades, la reactivación inmediata de la economía regional con la instalación de una universidad tecnológica y el urgente saneamiento de los ríos contaminados con los 40 millones de litros de metales pesados vertidos el pasado 6 de agosto por parte la minera Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.
El líder de los manifestantes, Emanuel Barragán Villa, de profesión maestro, acusó que el Fideicomiso para rescate del río se está entregan de manera inequitativa pues mientras a representantes de asociaciones civiles se les pagó 326 mil pesos a los ciudadanos no agremiados les entregaron -en el mejor de los casos- 20 mil pesos.
“Acaso somos ciudadanos de segunda o tercera… Por qué a unos cuantos les dan cientos de miles y a otros apenas para que sobrevivan”, expuso el inconforme.
Estas mismas demandas ya fueron expresadas por los alcaldes de los siete municipios afectados en una carta enviada al Presidente Enrique Peña y hasta este día no han obtenido respuesta.
Para mañana se tiene prevista una caravana que iniciará en el palacio municipal de Arizpe, el primer municipio afectado con los desechos mineros, y concluirá en la sede del gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO)
México encabeza la lista de las peores violaciones a DH en 2014 de Freedom House
Freedom House critica en un informe que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para reducir la violencia.
Por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los 22 mil desaparecidos en México, el país encabeza la lista de lo peor en derechos humanos ocurrido en el mundo este 2014, según la organización no gubernamental Freedom House.
De acuerdo con el reporte Lo mejor y lo peor para los derechos humanos en 2014, publicado por la ONG este jueves 18 de diciembre, este año fue negro en su conjunto, “aunque no estuvo exento de puntos brillantes”.
México aparece en primer lugar en la lista de lo peor, bajo el título: La violencia criminal en México. Freedom House condena la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero lo que impacta al mundo, de acuerdo con la organización, son los 22 mil reportes de personas desaparecidas de 2006 a 2012 y que el gobierno en curso no retome las investigaciones.
Junto con México, la lista de las peores violaciones a los derechos humanos en 2014 considera también los casos de represión en China, los actos terroristas de Boko Haram, en Nigeria, las agresiones del gobierno de Rusia en Ucrania, la censura de internet en Turquía, las crisis sociales en los estados islámicos, y como la propia ONG lo llama: “la nueva dictadura militar en Egipto”.
Freedom House resalta como lo mejor en derechos humanos la declaración de los derechos de internet en Brasil, ya que se considera la neutralidad de la red, protege la privacidad de los usuarios normales y garantiza la igualdad de acceso a internet para todos. En esta terna están incluidos los movimientos sociales en Hong Kong, las elecciones presidenciales en Indonesia, las elecciones y nueva constitución de Túnez, el incremento a los derechos para las agrupaciones lésbico, gay, bisexual y transgénero.
Freedom House publicó, a inicios de diciembre, el estudio Apretando la red: los gobiernos expanden los controles de internet (Tightening the Net: Governments Expand Online Controls, en inglés). En el capítulo sobre México, la organización señaló que las violaciones a los derechos de los usuarios han aumentado, por lo que la Constitución no está ofreciendo las garantías de libertad de expresión, de prensa y de privacidad.
Para Freedom House, las legislaciones aprobadas en México en los últimos años, en materia de telecomunicaciones, han impactado de manera positiva y negativa, ya que si bien una ley destinada a salvaguardar a los periodistas y defensores de los derechos humanos es un paso en la dirección correcta, un nuevo protocolo de vigilancia pone en peligro los derechos de los usuarios al permitir infracción significativa de privacidad por parte de la autoridad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los 22 mil desaparecidos en México, el país encabeza la lista de lo peor en derechos humanos ocurrido en el mundo este 2014, según la organización no gubernamental Freedom House.
De acuerdo con el reporte Lo mejor y lo peor para los derechos humanos en 2014, publicado por la ONG este jueves 18 de diciembre, este año fue negro en su conjunto, “aunque no estuvo exento de puntos brillantes”.
México aparece en primer lugar en la lista de lo peor, bajo el título: La violencia criminal en México. Freedom House condena la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero lo que impacta al mundo, de acuerdo con la organización, son los 22 mil reportes de personas desaparecidas de 2006 a 2012 y que el gobierno en curso no retome las investigaciones.
Junto con México, la lista de las peores violaciones a los derechos humanos en 2014 considera también los casos de represión en China, los actos terroristas de Boko Haram, en Nigeria, las agresiones del gobierno de Rusia en Ucrania, la censura de internet en Turquía, las crisis sociales en los estados islámicos, y como la propia ONG lo llama: “la nueva dictadura militar en Egipto”.
Freedom House resalta como lo mejor en derechos humanos la declaración de los derechos de internet en Brasil, ya que se considera la neutralidad de la red, protege la privacidad de los usuarios normales y garantiza la igualdad de acceso a internet para todos. En esta terna están incluidos los movimientos sociales en Hong Kong, las elecciones presidenciales en Indonesia, las elecciones y nueva constitución de Túnez, el incremento a los derechos para las agrupaciones lésbico, gay, bisexual y transgénero.
Freedom House publicó, a inicios de diciembre, el estudio Apretando la red: los gobiernos expanden los controles de internet (Tightening the Net: Governments Expand Online Controls, en inglés). En el capítulo sobre México, la organización señaló que las violaciones a los derechos de los usuarios han aumentado, por lo que la Constitución no está ofreciendo las garantías de libertad de expresión, de prensa y de privacidad.
Para Freedom House, las legislaciones aprobadas en México en los últimos años, en materia de telecomunicaciones, han impactado de manera positiva y negativa, ya que si bien una ley destinada a salvaguardar a los periodistas y defensores de los derechos humanos es un paso en la dirección correcta, un nuevo protocolo de vigilancia pone en peligro los derechos de los usuarios al permitir infracción significativa de privacidad por parte de la autoridad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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