El delegado de Iztapalapa asegura que la casa donde vive en Jardines del Pedregal se pudo adquirir gracias al apoyo de su pareja. Margarita Darlene Rojas Olvera es titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y asumió el cargo en 2013.
Jesús Valencia ahora es cuestionado por la compra de una propiedad en una de las zonas más exclusivas del país.
Después de chocar una camioneta Cherokee, quedaron al descubierto varios detalles de la vida personal del jefe delegacional en Iztapala: que consume medicamentos controlados para lograr dormir, que manejaba una camioneta propiedad de un proveedor de la demarcación y que vive en una de las zonas más costosas de la capital, Jardines del Pedregal.
Valencia Guzmán, entrevistado por Reporte Indigo, justificó cada uno de los temas arriba expuestos.
Sobre la casa que habita en el Pedregal, dijo que los ingresos de su pareja, estimados en poco más de 120 mil pesos mensuales, les permitieron adquirir el inmueble por el que aún están pagando aproximadamente 65 mil pesos al mes.
La pareja sentimental del delegado es Margarita Darlene Rojas Olvera, quien en marzo del 2013 asumió el cargo de presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con el aval de la Presidencia de la República y con Miguel Ángel Mancera como testigo de honor durante la toma de protesta.
Darlene Rojas hoy se encuentra en el ojo del huracán arrastrada por su polémica pareja, quien la colocó en los medios para justificar la compra de la casa.
Jesús y Darlene son personajes vinculados al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, pues ambos ocuparon cargos en la administración pública durante su sexenio, ella fue presidenta del DIF en el DF, cargo que también ocupó él.
Más tarde se desempeñó como directora de Jurídico y Gobierno en Iztapalapa, la demarcación que actualmente él gobierna.
Un sexenio antes, con Andrés Manuel López Obrador, ella se desempeñó como una funcionaria menor, con un salario raquítico en la Secretaría de Desarrollo Social que entonces era encabezada por Raquel Sosa.
Inevitablemente sus vidas políticas y ahora personales están entrelazadas y hoy marcadas por el escándalo.
La casa del oficial
Jesús Valencia es el más reciente de los personajes que atribuye a su esposa la compra de lo que él por sí sólo no podría justificar.
En esa misma línea de ricos que gobernaron Iztapalapa está Aarón Josué Ramos Miranda, el oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que fue tirado de su cargo luego de la difusión de un video del grupo Anonymus, que reveló la compra de una lujosa residencia en la zona de Huixquilucan, Estado de México.
Después de 48 horas de escándalo, Josué Ramos salió a intentar explicar que todo estaba tan claro, como que su esposa ganaba el doble que él, pues percibía un salario mensual de 170 mil pesos.
Igual que Darlene Rojas, el ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa también ocupó el cargo de director jurídico y de Gobierno en la delegación Iztapalapa, en el tiempo en que el polémico Rafael Acosta “Juanito” asumió como gobernante en esa demarcación que presenta grandes rezagos, pobreza y marginación.
Cuando Aarón Ramos enfrentó el escándalo aceptó que la casa en Huixquilucan, Estado de México, que adquirió luego de habitar un modesto departamento en Lindavista, sí era de su propiedad y que la adquirió junto con su esposa, que reporta ingresos de 170 mil mensuales, mientras que él percibía 80 mil en la ALDF.
Aunque con la justificación de los ingresos de la esposa intentó aclarar las acusaciones en su contra, el caso del oficial mayor de la ALDF llegó hasta el Gobierno Federal, donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) tuvo que entregar documentación oficial para acreditar que Ramos no está sujeto a investigación.
La aclaración del ombudsman
El tercer caso de funcionario que empleó el pretexto de la esposa solvente es el de Raúl Plascencia Villanueva.
El expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también eligió la calle de Xitle, en Jardines del Pedregal, para comprar su nueva residencia.
Cuando se ventiló el caso de la nueva residencia, el exombudsman refirió que la compra la concretó su esposa Adelita Deyanira Ortiz Kuri por un monto de 5 millones 474 mil pesos, aunque normalmente en dicha zona los inmuebles promedian poco más de los 20 millones de pesos.
Hasta esa fecha, octubre del 2014, Raúl Plascencia Villanueva se había negado a que su declaración patrimonial se hiciera pública, a pesar de estar obligado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a presentarla.
En medio de la polémica, legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano no dudaron en treparse al escándalo para exigirle al entonces ombudsman que aclarara la compra del inmueble y que de paso transparentara también diversas asignaciones de obras públicas.
Pese a estos casos de políticos casados con mujeres más solventes que ellos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) sigue reportando que las mujeres mexicanas ganan hasta 12 por ciento menos que sus pares hombres.
Que para alcanzar los ingresos de los hombres, sus salarios deberían incrementarse más del 50 por ciento en el rubro de comercio, y 25 por ciento en puestos directivos del sector público como privado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Arturo González conversa de su documental ‘Llévate mis amores’, donde habla acerca de Las Patronas, mujeres que han dedicado casi 20 años de su vida a indocumentados que pasan por México.
Al despuntar el alba, la comunidad de Guadalupe, en Veracruz –conocida como La Patrona– inicia actividad entre sus habitantes, pero principalmente las mujeres son quienes ya están despiertas con un pie en la cocina.
Se les conoce como “Las Patronas”, dedicadas enteramente a preparar de comer y hacer “Lonche” pera los migrantes centroamericanos que cruzan a una casa de distancia, montados en “La bestia”, el tren de carga que cruza el Estado de Veracruz que llega hasta Orizaba.
Arturo González Villaseñor realizó un documental con la historia de estas luchadoras sociales. “Llévate mis amores” recopila la experiencia de vida de las señoras, donde el cineasta egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Licenciatura de Comunicación Social literalmente se mete “hasta la cocina”.
Presentó su proyecto a su alma mater la cual fungió como productora junto con Acanto Films y Pimienta Films. “Llévate mis amores” tuvo su estreno mundial en el la tercera edición de Los Cabos Film Festival, donde ganó el Premio a Mejor Película en la categoría México Primero.
‘Son mi familia’
El cineasta argumenta que al iniciar el proceso de grabación con las patronas, fue empezar a retratar momentos familiares y cotidianos, rompiendo la barrera entre los realizadores y ellas como protagonistas. “Había veces que ellas mismas nos tenían que cargar la cámara o el boom, (…) era ese contacto con el material y con nosotros hizo que las entrevistas o todo lo que sucede en la película sea como muy desapercibido”.
Al cuestionar acerca de cómo es que las patronas sostienen este ritmo de vida y si es que cuentan con el patrocinio de alguien, Villaseñor mostró respeto ante el tema y explicó que ellas no quieren formar una Asociación Civil o una sociedad que reciba caridad de los demás. “Porque ellas no lo necesitan, ellas lo único que quieren es ayudar a la gente, no necesitan una cuenta de ahorros para que la gente les deposite, no necesitan una A.C., no les interesa una organización como tal (…) no intentan venderse con nada, ‘si hemos seguido veinte años con la ayuda de la persona que llega aquí y nos visita, lo vamos a seguir haciendo otros veinte años más’”, Replica Villaseñor.
El comienzo del proyecto
Como proyecto de tesis, Arturo González Villaseñor se acercó a una radio comunitaria en el Estado de Veracruz, donde causalmente recolectaban botellas de PET que les llevaban a las patronas para que ellas las reciclaran llenándolas de agua y regalándolas a los migrantes.
Aunado a esto, también se les regalaba pan dulce de una de las panaderías de la comunidad cercana al pueblo de Guadalupe. Ahí Arturo en un completo mar de ingenuidad, por primera vez presenció a “La Bestia” quedando marcado de por vida.
La película del 2015
Después de ganar el premio a Mejor Película en la categoría México Primero en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en su edición 2014, el documental tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Documentales de Amsterdam (IDFA por sus siglas en inglés).
El documental se le ha invitado a incursionar en festivales en todas partes del mundo: Sudáfrica, España, Francia, República Checa e Inglaterra. En México seguirá recorriendo certámenes como el Festival de Cine de Mérida y San Cristóbal de las Casas ambos a celebrarse en enero.
Dentro de la gira de documentales Ambulante estarán en el circuito que inicia a finales de enero, iniciando su recorrido en el Distrito Federal para continuar por el resto de la república hasta el mes de mayo. El documental estará en la sección Dictator’s Cut.
La muerte de la bestia
Desde hace siete meses, los indocumentados se encuentran con un obstáculo: ya no pueden “montar a la bestia”.
Y es que desde su descarrilamiento en mayo en Tierra Blanca Veracruz, se tomaron precauciones en la estación donde los viajeros desconocidos subían al tren operado por Ferrosur. En septiembre se levantó un cerco que impide el acceso directo a las vías ferroviarias donde parten los trenes con destino a Orizaba Veracruz.
Ante esta situación Villaseñor apuntó al consorcio de Grupo México y en específico al empresario Germán Larrea Mota Velasco como los responsables directos de este suceso.
“Los trenes están pasando vacíos actualmente o con muy pocos migrantes, los que logran subirse es porque se adentran más allá de Tierra Blanca y buscan las curvas que es donde frena el tren. (…) El flujo de migración no va a parar, ellos ahora solo tendrán que atravesar la selva o irse por la costa, y aquí es donde ellos peligran con toparse con los maras”. Añade Villaseñor.
-Pero ¿Y Qué sucede con las patronas?
“Ellas están desconcertadas, como que todavía no logran entender la magnitud del asunto, ahora hacen mucha comida menos, solo ven pasar a los trenes casi vacíos”. Enfatiza el comunicólogo.
Las patronas cocinaban alrededor de 150 comidas diarias para los indocumentados centroamericanos. Para ellas la duda sigue en el aire, y la angustia llena sus corazones al ahora, dejar de ver pasar a los migrantes que piden por su lonche. A punto de cumplir veinte años con su oficio y repentinamente cambiar su rutina diaria, podría hacerles entrar en depresión.
Se levanta el filme
Arturo González Villaseñor inició el documental como todo cineasta independiente: desde cero.
“Los proyectos ni las personas se deben de detener por los recursos, yo tampoco tenía dinero, venía saliendo de la universidad, no tenía los recursos para levantar una película”. Confesó el director del documental que fue apoyado también por Indira Cato y Nicolás Celis, en el área de producción.
Para levantar el proyecto el egresado de la UAM pidió apoyo a un sinnúmero de instituciones antes de poder tener el respaldo total de su casa de estudios, pero al final logró obtener la atención de la rectora quien se conmovió con el proyecto y decidieron patrocinar parte de la producción con equipo de grabación.
Televisa se acercó al realizador para auspiciar el proyecto pero prefirió declinar la oferta. La casa de la esperanza ubicada en Azcapotzalco también concedió recursos, Labo digital dio préstamo para el uso de sus salas de edición.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HIDALGO NEIRA.
MÉXICO, D.F: Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula.
Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”.
Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente.
No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal.
Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores . Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
MÉXICO, D.F: La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.
Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.
Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.
La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.
En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.
“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”
En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.
El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
En Michoacán, los acontecimientos violentos de las últimas semanas, así como varios michoacanos entrevistados por Proceso, indican que el “virrey” Alfredo Castillo fracasó rotundamente en su encomienda “pacificadora”. Hay quienes afirman que, lejos de apaciguar la entidad, el comisionado del gobierno federal pactó con uno de los grupos delincuenciales más poderosos en la región de Tierra Caliente –Los Viagras–, lo que multiplicó los problemas. El padre Gregorio Goyo López, vicario de la catedral de Apatzingán, va más lejos en los señalamientos: afirma que, según versiones locales, Castillo recibió 7 millones de dólares para que dejara delinquir a Los Viagras, sus consentidos que están ahora fuera de control.
MÉXICO, D.F: El martes 16 por la tarde, durante dos horas, dos grupos provistos con armas de alto poder se disputaron a balazos el control de La Ruana, en Tierra Caliente, Michoacán, una localidad clave en la producción de drogas sintéticas y paso obligado de cargamentos de cocaína, mariguana y goma de opio hacia Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales.
Ese día, los seguidores de Hipólito Mora y de Luis Antonio Torres, El Americano, intercambiaron disparos de metralletas calibre 50, rifles de asalto y pistolas de alto calibre, y se lanzaron granadas de fragmentación. El saldo: 11 muertos.
Y mientras eso ocurría en territorio michoacano, el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, se encontraba en la Ciudad de México. Estaba comiendo en un restaurante de Polanco y luego hizo compras en una relojería de lujo de esa zona, según afirmaron los senadores panistas Luisa María Calderón y Javier Lozano.
Cuando se enteró de la refriega, Castillo sólo atinó a decir que se debía a diferencias personales entre Mora y El Americano. Sin embargo, pobladores de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, sostienen que en el fondo se trata de una pelea por el dominio de esta zona importante en la producción de drogas sintéticas, y paso estratégico para el trasiego de otros enervantes.
Al principio, dicen a condición de que se omitan sus nombres, la región estuvo controlada por Jesús El Chango Méndez, fundador de La Familia Michoacana y oriundo de ese municipio.
Los habitantes de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto –conocida como La Ruana en honor a una yegua blanca con manchas de gris y bayo– comentan al reportero que tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios han utilizado desde hace tiempo ese lugar para instalar laboratorios de producción de droga sintética.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Las Procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) enfrentan las exigencias de la sociedad tras el asesinato de tres jóvenes mujeres de manera violenta en el último mes.
Ayer, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional Politécnico (IPN) así como algunos contingentes de feministas acudieron a la sede de la PGR, sobre la Avenida Paseo de la Reforma, para manifestarse en contra de la dependencia federal por las muertes de Edith Gutiérrez Pérez y Anayeli Bautista Tecpa, ambas alumnas de dichos centros universitarios, y de Angélica Trinidad Romero Severiano, una empleada de Liverpool hallada sin vida, presuntamente, en un baño de la tienda departamental en la que laboraba.
Compañeros de Edith expresaron que el feminicidio es un crimen de Estado, exhibe la inexistencia de un Estado de Derecho y que en el país hay condiciones idóneas para la reproducción de la violencia sin límite.
Uno de los manifestantes afirmó que los feminicidios “tienen el común considerar a las mujeres como objetos prescindibles, maltratables y desechables”.
“Esta perversidad se encuentra alentada por la impunidad, por pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, jueves misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria. Hoy, todas esas condiciones tienen a miles de casos de feminicidios, entre ellos los de nuestras compañeras, sin justicia”, agregó.
Compañeras de Anayeli aseguraron que “no aceptarán ni una muerta más de ninguna de nuestras compañeras, amigas, hermanas, madres, de ninguna de nuestras mujeres mexicanas”.
“Los estudiantes no vamos a estar pasmados, no nos vamos a quedar con los ojos cerrados, con la boca cerrada. Vamos a exigir justicia por cada uno de los atroces crímenes. Estamos aquí para que den la cara, para que no nos digan que son una cifra más”, advirtieron.
Los jóvenes de ambas escuelas gritaron diversas consignas como: “¡Enrique, escucha, las mujeres no se callan, eres un feminicida, te lo decimos en tu cara!”, “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” y “¡Queremos vivas a todas las mujeres, no más feminicidios, no creemos en sus leyes!”.
Las mujeres que denunciaron el caso de Angélica aseguraron que desde hace semanas el crimen fue encubierto, pues éste ocurrió en las instalaciones de la empresa “creemos que es muy importante la necesidad de salir en jornadas como hemos protagonizado en días pasados”.
“Los invitamos a seguir levantando acciones contra el feminicidio y contra éste régimen asesino que no tiene nada que ofrecernos. Exigimos justicia para la compañera Edith, para la compañera Angélica y para las miles de asesinadas en este país”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, y que fueron registrados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
ANAYELI BAUTISTA
El cuerpo de Anayeli Bautista Tecpa fue encontrado el domingo 7 de diciembre en el Ajusco, al sur del Distrito Federal, dos semanas antes fue secuestrada y sus captores exigían un millón de pesos por su rescate; sin embargo, la familia logró entregar solo 100 mil pesos por lo que sus plagiarios la asesinaron.
Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aseguró que Anayeli presentaba un disparo en la cabeza.
Anayeli Bautista Tecpa era una alumna destacada de la máxima casa de estudios del país. Apareció en la Gaceta de la UNAM, ya que consiguió entrar a la UNAM con 114 aciertos en su examen de admisión.
También dijo que desde que se tuvo conocimiento del secuestro, la PGR fue quien adoptó el caso y luego de hallar el cuerpo, la Procuraduría capitalina enviaría el expediente por homicidio a la dependencia federal.
EDITH GUTIÉRREZ
Edith Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad, estudiante de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue hallada sin vida frente a su domicilio, en el pueblo de San Lorenzo Xicoténcatl, de la Delegación Iztapalapa, el pasado 11 de diciembre.
El cuerpo estaba maniatado y la causa de su muerte fue asfixia.
Edith participó activamente en las manifestaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el paro que se prolongó por casi tres meses. Era madre de un menor de cuatro años.
ANGÉLICA TRINIDAD
Angélica Trinidad Romero Severiano, empleada de limpieza de la tienda departamental Liverpool en la Plaza Perisur, fue hallada muerta el 16 de noviembre pasado, presuntamente en un baño en la sucursal que laboraba.
Familiares acudieron directamente a la tienda Liverpool en donde se les dijo Romero Severiano había muerto por atragantamiento y un paro cardiaco, de acuerdo al dictamen elaborado por el doctor Mariano Espinosa Morales, quien fue contratado por la empresa.
De acuerdo con familiares de Angélica, Liverpool ordenó trasladar el cuerpo a una funeraria para embalsamarlo y cremarlo sin autorización; sin embargo, lograron recuperar el cadáver y al quitarle el maquillaje encontraron evidencias de golpes y confirmando que había sido estrangulada y que su muerte no fue por paro cardiaco como la empresa intento dar a conocer.
El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que los familiares de Trinidad Romero interpusieron una denuncia por lo tanto ya hay una averiguación previa.
La dependencia capitalina aclaró que “en ampliación al protocolo de necropsia de fecha 17 de noviembre pasado y con base en las fotografías y el estudio histopatológico realizado al cuerpo de la víctima, concluyó que la congestión visceral generalizada que presentó se debió a una asfixia por estrangulamiento”.
FEMINICIDIO EN MÉXICO Y EN EL DF
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó en noviembre pasado que 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2013 en todo el país, pero sólo se abrieron 613 investigaciones por feminicidio.
Además, del total de pesquisas que se iniciaron por feminicidio, sólo 1.6 por ciento derivó en sentencias; 25 por ciento fueron consignados, 24 por ciento estaban en investigación y de un 43 por ciento no se informó.
De acuerdo con Rodolfo Domínguez Márquez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estas cifras se deben a que sólo en 14 entidades (entre ellas Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, DF e Hidalgo) el tipo penal de feminicidio está debidamente sustentado.
Según el OCNF, del total de pesquisas por feminicidio en México de 2012 a 2013, 46 por ciento de las muertes fueron provocadas por actos violentos (golpes, heridas punzocortantes, incendio o asfixia), y 16 por ciento con armas de fuego, principalmente en estados del norte como Sinaloa.
Mientras que en el 80 por ciento de los casos se desconoce quién fue el agresor, en una cuarta parte el cuerpo de las víctimas fue expuesto a la vía pública, y casi el 50 por ciento de las mujeres tenían entre 21 y 40 años de edad.
Desde julio de 2011, en el Distrito Federal el feminicidio está tipificado como delito. Se considera como tal el asesinato de una mujer por razones de género, que existe cuando la víctima tiene signos de violencia sexual, tiene lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a su asesinato, fue incomunicada previo a su muerte, o su cuerpo fue expuesto o arrojado en un lugar público, como señala el artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres registrados por la Procuraduría capitalina; si bien se tiene conocimiento de que 70 fueron investigados como feminicidio, las autoridades no dan información sobre las razones, causas y motivos que dieron lugar al asesinato de estas mujeres.
Las únicas variables que proporcionan sobre feminicidios son la cantidad y edad de las víctimas. En el 60 por ciento de los casos se desconoce la edad porque no brindaron el dato las autoridades, y en relación con el lugar de hallazgo sólo determinan la Delegación en los casos correspondientes a 2013 (28 casos); las delegaciones con mayor incidencia son Iztapalapa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac; en 13 de los casos las mujeres tienen identidad desconocida.
En cuanto a los 121 casos investigados como homicidios dolosos de mujeres por parte de la Procuraduría, es de resaltar que en 83% de los casos se desconoce el motivo por el cual se cometió el asesinato y por lo menos en 9 casos existen antecedentes para inferir que los motivos fueron feminicidas, como la violencia familiar (3), los celos (2), pasional (4). En 87 casos (79 por ciento) las autoridades desconocen la relación entre la víctima y el victimario, y en 29 casos (23.6 por ciento) existía una relación familiar, sentimental o de confianza.
En cuanto a la causa de la muerte de estos 123 casos, en 39 las mujeres murieron a causa de un arma de fuego, sin embargo, en 74 casos las mujeres murieron a causa del uso excesivo de la fuerza, instrumentos punzocortantes (12), golpes (22) y ahorcamiento o asfxia (40).
Sobre el lugar del hallazgo de los cuerpos de las mujeres en 26 casos (21 por ciento) fueron encontrados en el interior de su domicilio, mientras que en 97 casos (79 por ciento) fueron encontradas en un lugar público.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LAURA CORDERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-12-2014/1196848.
Policías estatales ” resguardaron” la colocación de mallas en los predios que circundan la zona arqueológica de Cholula.
Se trata de los predios que serán expropiados como parte de la llamada Plaza de las siete culturas que proyecta el gobierno estatal y los minicipios de san Pedro y en Andrés Cholula.
“Todo fue a partir de a movilización del domingo”, dicen los pobladores en referencia a la acción del Círculo de Defensa del Territorio que armó una cadena humana alrededor de la Gran Pirámide.
“¿Por qué traen policías?” preguntan y afirman los vecinos: “porque moreno Valle nos tiene miedo, miedo a la razón”.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE
AUTOR: PAULA CARRIZOSA.
ACAPULCO, Gro: Normalistas de Ayotzinapa, padres de estudiantes desaparecidos y miembros del magisterio disidente retienen al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, en plena avenida costera Miguel Alemán, a la altura del Centro de Convenciones.
El edil postulado por el Movimiento Ciudadano encabezaba un acto de entrega de recursos públicos a bomberos y brigadistas de protección civil, cuando cerca de las 11:30 horas irrumpieron los manifestantes que minutos antes habían llegado al puerto a bordo de siete autobuses.
Al percatarse de la llegada de los normalistas, el edil fue llevado a su camioneta, una Suburban gris blindada, y sus escoltas trataron de sacarlo del lugar, no obstante, los manifestantes rodearon el vehículo y le poncharon las llantas, ante el rostro desencajado de Walton Aburto.
Ante la negativa del alcalde de que se baje a dialogar con ellos, los manifestantes rayaron con aerosol el vehículo oficial.
Luis Walton permanece en el interior de la camioneta con los brazos cruzados.
El contingente que llegó al puerto prepara un nuevo acto para exigir justicia en el caso de los normalistas desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MEXICO, D.F: Cinco días después de que un tribunal lo exoneró del delito de enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas de Gortari viajó a Europa acompañado de una mujer.
La mañana del miércoles 17, relajado y parsimonioso, el hermano del expresidente Carlos Salinas (1988-1994) llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para documentar su equipaje en el mostrador de Air France y KLM, recién fusionadas.
Aunque nadie le gritó nada, pasajeros que hacían fila miraban con desprecio a Raúl Salinas quien, al concluir el trámite para su viaje a Europa –al parecer París–, se encaminó hacia una tienda, acompañado de la mujer.
El viernes 12, el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito, porque consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó que su fortuna provenga del erario federal y este fallo le fue notificado el martes 16, un día antes de su viaje a Europa.
El diario Reforma informó que Raúl Salinas fue absuelto de forma definitiva e inapelable de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos que, según la PGR, provenía de la denominada “partida secreta” de la Presidencia de la República encabezada por su hermano Carlos y de la que fueron desviados 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994.
Apenas en marzo, el titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ordenó devolver a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, alrededor de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias que se mantenían congeladas desde hace 18 años.
Raúl Salinas de Gortari ocupó cuatro cargos durante los sexenios de Miguel de la Madrid y su hermano Carlos: en Conasupo fue gerente general de Diconsa; director general de Imconsa, y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo. De 1990 a 1992, durante el sexenio de su hermano Carlos, fue Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Programa Nacional Solidaridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F: Luego del resurgimiento de la violencia en Michoacán, la Iglesia católica pidió la reconciliación en la entidad y demandó al presidente Enrique Peña Nieto cambiar la estrategia de seguridad.
“No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenzas”, externaron obispos del estado en un comunicado conjunto, y rogaron “insistentemente al Señor por la conversión de los que se han olvidado que somos hermanos y siguen el camino de la violencia”.
En un mensaje leído ante los medios de comunicación, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, apuntó: “No acabamos de comprender que las armas, las balaceras, alimentan el odio en las familias”.
En La Ruana, agregó, 11 familias están de luto “sufriendo en silencio la ausencia de los suyos a causa del orgullo, la codicia y la prepotencia por el control de un territorio. Gran pobreza tiene el hombre cuando quiere someter a los demás por la fuerza. Debemos convencernos de que la fuerza de la razón convence más que la fuerza de las armas”, subrayó.
“Las venganzas –dijo– hacen mal a la sociedad, ofuscan la mente y corazón de los hombres”.
Minutos después Suárez Inda pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto revisar la estrategia de seguridad instrumentada en Michoacán, y también se refirió a la labor del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del estado, Alfredo Castillo, quien –sostuvo– hace su mejor esfuerzo, pero ha sido insuficiente, y “sin duda esperamos mejores resultados”.
En enero pasado, en el marco de la intervención federal para combatir al crimen organizado y desactivar a las autodefensas, el obispo de Apatzingán, Michoacán, Miguel Patiño, pidió frenar la “máquina que asesina” en Michoacán.
A través de una carta pastoral, el líder católico lamentó que los políticos no tengan la intención de solucionar los problemas en la región de Tierra Caliente, y criticó que las fuerzas federales se concentren en desmantelar a los policías comunitarios en lugar de atacar a la delincuencia que originó estos grupos de ciudadanos armados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La atención a los problemas de migración, ha sido un tema especial para el Estado mexicano y los gobiernos locales.
No obstante, para la administración de Enrique Peña Nieto las iniciativas que ha desarrollado para detener el flujo migratorio, como el Programa Frontera Sur, se ha encargado de cometer violaciones a los derechos humanos, explica la Directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez García.
En el marco de conmemoración de este día, resulta necesario “cuál es el perfil actual de esta población. Qué está pasando en sus comunidades de origen, a qué violaciones son sometidos cuando cruzan por nuestro territorio en su camino hacia los Estados Unidos. Pero también qué pasa con los mexicanos y ciudadanos de otras nacionalidades cuando son repatriados a sus lugares de origen”, explica Nancy.
Sin embargo, la especialista se cuestiona por qué ante una reforma migratoria en el país vecino, de nuestro lado no hay, no existe ningún pronunciamiento fuerte que acompañe y cobije a la gran comunidad de mexicanos y mexicoamericanos que radican en el país vecino. “La razón es porque el tema migratorio no ha figurado entre los grandes temas nacionales que ha planteado Peña Nieto.”
La Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, detalla que en nuestro país se ha presentado una escala de violencia. Primeramente con la matanza en Tamaulipas que fue el “inicio de la descomposición social y de inseguridad que se vive en México”. Respecto a eso siguen los asesinatos, secuestros, reclutamientos, extorsiones y violaciones a cargo de grupos delictivos y de autoridades en todos sus niveles y poderes.
“Por otro lado, en México seguimos hablando solo de las consecuencias de la migración y no de sus causas, seguimos sin invertir de manera enérgica en el desarrollo de las comunidades de origen, principalmente ahora que se vive el tema de retorno tan fuerte, seguimos sin una política agresiva de empleo y salarios dignos”, señala Pérez García
Para el migrante, un día internacional y años de olvido
Para el Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Política y Gobierno por la Universidad de Essex Inglaterra, Mauricio Farah Gebara, “los hechos de 2014 en materia de migración en el hemisferio occidental confirman que en el siglo XXI no está ocurriendo lo que se creyó alguna vez antes de que empezara: que la migración indocumentada encontraría mayor comprensión y reconocimiento, derrumbaría tabúes y retornaría a la agenda del desarrollo y la economía”
“En realidad, la migración sigue entrampada en la agenda de la seguridad y es, por lo tanto, escenario de acción policial y continúa arrastrando ancestrales prejuicios raciales, dogmáticos y xenofóbicos que la convierten en permanente espacio de violaciones a los derechos humanos. Los migrantes indocumentados siguen siendo, a pesar encendidos discursos oficiales, seres humanos de segunda, mujeres y hombres sin ciudadanía, niñas y niños sin protección”, explica también el Coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Si estos seres humanos siguen teniendo esperanza no es por lo que los gobiernos les ofrecen, sino porque son generadores de sus propias ilusiones, ávidos de una vida mejor, acertadamente convencidos de que son merecedores de una existencia digna”, concluye
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Enrique Peña Nieto firmó un decreto el pasado 15 de enero en el cual se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, luego de que surgieran los grupos de autodefensa y tomaran el control de 27 municipios ante la “debilidad institucional” demostrada en cuanto a seguridad.
De esta manera, se impuso al comisionado federal Alfredo Castillo, también llamado ‘virrey’, quien fuera procurador de justicia durante los dos últimos años de la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México.
La llegada del ‘virrey’ Castillo a Michoacán, con el pretexto de regresar la paz a los michoacanos, implicó la designación de 20 mexiquenses a cargo de la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública local, durante la administración de Fausto Vallejo.
El llamado “equipo Castillo” que penetró en las estructuras institucionales más importantes de Michoacán, estaba vinculado con el ‘virrey’ desde su paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Entre las actividades de Castillo resaltaron el registro y la integración de algunos autodefensas a las fuerzas rurales, y por otro lado, la captura del líder José Manuel Mireles junto a más de 300 elementos de su grupo.
Sin embargo, tras la continuidad de la violencia en el estado, los grupos de civiles armados comenzaron a reorganizarse durante el pasado mes de septiembre, hasta que finalmente se presentó un enfrentamiento el pasado 16 de diciembre, donde 11 personas perdieron la vida.
El argumento del ‘virrey’ para justificar los hechos fue que se trataba de un roce personal entre dos líderes autodefensas y que ese “choque de trenes” no pone en entredicho su autoridad.
En tanto, algunos legisladores han acusado a Castillo de descuidar la seguridad de Michoacán por dedicarse “a la socialité”.
Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que “al haber concentrado tantas atribuciones en una sola persona, en la figura del comisionado, empezó a verse agotado (…) Empezó a meterse en otros temas, ¡hasta poner gobernador! Esas cosas han generado ausencia en el tema principal”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la revocación de la licencia de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea. Descubre desvío de recursos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retira a Ficrea la autorización para continuar con sus operaciones; hoy declaró su disolución y liquidación derivado de operaciones fraudulentas.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, expuso que tras dicha resolución, a partir de este lunes y mediante seis sucursales, se iniciará con la recepción de solicitudes por parte de los ahorradores para recuperar sus recursos.
En conferencia de prensa, el directivo agregó que 42 por ciento de los ahorradores de la sociedad financiera popular recuperarán el total de sus recursos.
En tanto, agregó, el resto de los ahorradores que reportan recursos superiores a los protegidos por el seguro de depósitos, que equivale a 25 mil Unidades de Inversión (Udis) o 131 mil pesos, tendrán que esperar a la realización de la cartera y venta de activos de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fenómenos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad, parecen ensombrecer el 2014, dice el líder priista, César Camacho.
La estrategia de seguridad del gobierno federal en Michoacán debe revisarse, tras el enfrentamiento del martes en La Ruana, Michoacán -por el que murieron 11 personas-, aceptó el presidente del PRI, César Camacho.
No obstante, el líder priista defendió la labor del comisionado Alfredo Castillo, quien fue nombrado comisionado federal en Michoacán, a mediados de enero de este año, por decreto presidencial.
“El comisionado tiene en su haber, en su hoja de servicios , un sinnúmero de aciertos, además este acontecimiento seguramente obligará a revisar la estrategia en esta y otras áreas de la vida pública de Michoacán”, dijo Camacho.
“No obstante que se han reducido los niveles de inseguridad en Michoacán, hay que hacernos cargo de que hay asuntos pendientes y muchas políticas que ejecutar, tanto políticas en materia de desarrollo social, como también políticas de seguridad preventiva y, cuando se necesita, políticas correctivas cuando alguien pretende ir contra el orden jurídico y atentar contra la libertad o la vida de las personas”, agregó.
Además, el líder priista lamentó que la corrupción, impunidad e inseguridad ensombrezcan el 2014.
“Es evidente la situación de fragilidad institucional que tenemos en algunos sitios del país, la debilidad del estado de derecho y la amenaza a la seguridad. Fenómenos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad parecen ensombrecer el balance general que queremos que sea positivo”, indicó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mora sostuvo que lo único que hizo fue defenderse, ante el "ataque" por el que acusa al grupo encabezado por Antonio Torres, "El Americano".
56 personas dispararon un arma de fuego, en el enfrentamiento registrado el martes en La Ruana, por el que 11 hombres perdieron la vida, informó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal en Michoacán.
En un comunicado, el funcionario informó que se practicaron 65 dictámenes de rodizonato de sodio, de los cuales 56 resultaron positivos.
Indicó que se presentaron para dictamen pericial de balística un total de 107 armas, entre ellas de la Gendarmería Nacional, involucrada en los hechos.
Ayer, Hipólito Mora -cuyo hijo fue abatido el martes en dicho enfrentamiento- aceptó que realizó disparos el martes, pero sostuvo que fue en respuesta al grupo de Antonio Torres, “El Americano”, al que responsabilizó por la muerte de Manolo Mora.
“Nos preguntaron (en el MP) cómo pasaron las cosas, quién disparó primero, la prueba de(rodizonato) sí, cuando vi que me la iban a hacer, les dije si quieren yo les evito que la hagan, yo sí disparé. A mí el rifle no me lo dieron para traerlo nada más en la mano. Desde el momento que entro a la Fuerza Rural, me dan las armas, es para hacer el bien, para defenderme, no ocupan hacérmela (la prueba) sí disparé, pero disparé para defenderme, para defenderme, estoy seguro que no le pegué a nadie, pero de que disparé, sí lo hice”, reconoció.
Mora sostuvo que “lo único que hice fue defenderme”.
En las últimas horas, han circulado diferentes versiones que apuntan a que los involucrados en los hechos del martes serán detenidos; incluso, la noche del jueves llegaron a La Ruana autoridades judiciales de Michoacán, acompañados por elementos de la Policía Federal, quienes esperan que un juez libere órdenes de aprehensión contra las personas que participaron en el enfrentamiento del martes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.
El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado de Montiel, Eduardo Heredia, confirmó que “como se señala en los acuerdos de los centros de convivencia”, Versini podrá ver a sus tres hijos en el Centro de Convivencia de Toluca entre las 10 y 18 horas.
En noviembre pasado se dio a conocer que Montiel enfrenta una orden de aprehensión de la justicia francesa por la sustracción ilegal de sus tres hijos, aunque el gobierno francés no ha solicitado su detención provisional con fines de extradición.
De hecho, Francia sólo notificó a la Interpol con un mecanismo conocido como “difusión”, una especie de alerta que funciona en ciertos países, pero que no tiene los mismo efectos de la Ficha Roja, explicaron funcionario gubernamentales al diario Reforma.
El reporte de Francia sobre el caso sólo tiene vigencia en los 26 países europeos, donde Montiel sí sería detenido automáticamente al ingresar, aunque esta alerta no funciona en cualquier otra nación, explicaron las fuentes.
Montiel —que gobernó el Estado de México entre 1999 y 2005— dijo en entrevista radiofónica al periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula: “no tengo conocimiento de que si salgo del país seré detenido, como lo ha declarado Maude Versini”.
Luego de las declaraciones de Montiel en Fórmula, Versini respondió en el mismo programa radiofónico que el exgobernador y su abogado “son unos mentirosos“. La ciudadana francesa —que estuvo casada con el priista entre 2002 y 2007— dijo que ambos lo saben desde hace cuatro meses, y que la orden de aprehensión la obtuvo el 20 de junio pasado; explicó que la cancillería francesa notificó a la mexicana, que a su vez avisó a Montiel y su abogado.
Arturo Montiel retuvo a sus hijos en México durante unas vacaciones en diciembre de 2011, con el argumento de que eran sujetos de maltratos y abandono por parte de su madre, Maude Versini, y su actual esposo.
Versini descartó haber maltratado a sus hijos, como dijo Montiel —quien incluso aseguró que existen grabaciones que lo comprueban—. Maude dijo que una una “mala interpretacion (…) Yo le contesté al juez que en Francia dar una nalgada a tu hijo no era prohibido, y que una nalgada no era maltratar a tu hijo cuando se ha comportado mal o ha hecho algo grave”.
Esta declaración fue en alusión a un dicho del abogado Heredia: “Maude aceptó que sí disciplinaba con golpes a los niños, que le permitió a su esposo que los disciplinara a golpes”, y agregó que ella dijo a un juez que “en Canadá está prohibido pegarle a los niños, en Francia no”.
DOCUMENTAL VÍDEO:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.
La construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco en Puebla (MIB) estará a cargo de las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico –filial de Grupo Higa-, La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché, compañías del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank Rhon.
Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.
Además, dice el diario, este consorcio fue el único que presentó una oferta el gobierno de Rafael Moreno Valle.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.
Castigar a los responsables de delitos sigue siendo un proceso tardado en el país, según revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, pues de las más de 215 mil 638 causas penales (juicios) iniciados el año pasado, solo se pudo concretar la sentencia de 100 mil 938 personas, el resto aún espera el fallo del juez.
A esto se suma que la capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.
Incluso hay entidades como Aguascalientes que solo tiene 24 defensores de oficio, aun cuando se abrieron 2 mil 361 causas penales. O Guerrero con 141 defensores y 6 mil 700 juicios. Mientras que el Distrito Federal es el de mayor número de defensores, con 768, seguido de Guanajuato con 416 y el Estado de México con 413.
Según especialistas, el plazo mínimo en el que se resuelven los juicios es de seis meses, por lo que la mitad de los 215 mil 638 causas penales (juicios) que aún no tienen sentencia, se resolverán en lo posterior y serán acumuladas a las de 2014.
Además, a nivel nacional se iniciaron un millón 679 mil 702 averiguaciones previas (denuncias ante el Ministerio Público por cualquier delito), de las cuales 525 mil (77%) se ubicaba al presunto responsable, pero el resto, al no identificar a los agresores es menos probable que la investigación resulte en la consignación del delincuente.
Luego de que la víctima interpone una denuncia por delitos del fuero común que ameritan sanción ante el Ministerio Público se abre una averiguación previa; al encontrar elementos de probable responsabilidad, el caso es turnado ante un juez y el presunto infractor enfrenta un juicio al que se le denomina “causa penal”, que al concluir deriva en alguna pena o absolución.
Pero no todas las denuncias y procesos registrados hasta 2013 (año de análisis para el censo) lograron que los responsables fuesen castigados, pues en ese periodo de tiempo hubo 100 mil 938 sentenciados. De ellos, más de 75 mil fue condenatoria, nueve mil 611 absolutoria, mil 933 mixta (medidas provisionales como pago de fianza, entre otras) y 13 mil 801 que “no se especifica”.
En el desglose por entidad, el Distrito Federal es la de mayor retraso en los procesos de impartición de justicia, pues en el 2013 tiene 52 mil 341 causas penales pendientes; le sigue San Luis Potosí, con 17 mil 907 y el Estado de México, con 9 mil 455.
Sobre los delitos cometidos, la estadística reporta que en el país ocurrieron 368 mil 896 del fuero común (amenazas, daños en propiedad ajena, sexuales, fraudes, abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo) y 18 mil 556 del fuero federal (ataques a las vías generales de comunicación, contrabando, defraudación fiscal, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos electorales).
En el Distrito Federal, hubo 20 mil personas sentenciadas, mientras que en Sonora y Jalisco con más de 9 mil; el Estado de México, 6 mil 700. Los sentenciados son sobre todo hombres jóvenes de entre 18 y 24 años (17 mil 706), y de 25 a 29 años (13 mil 345).
Entre los datos se destaca que de las 157 mil víctimas hay menores de edad, sobre todo mujeres, pues hubo siete mil 325 de entre 0 a 19 años de edad, mientras 6 mil 545 fueron hombres en el mismo rango de edad.
En tanto, 25 mil 602 hombres y 18 mil 322 mujeres de 20 a 49 años fueron víctimas de algún delito durante 2013. Las entidades más habitadas del país, el Distrito Federal y el Estado de México encabezan la lista con más víctimas: 22 mil 107 y 14 mil 410, respectivamente. Le sigue Sonora (11 mil 832), Puebla (10 mil 634) y Chihuahua (10 mil).
Otros datos del censo revelan que en el 2013 se registraron un total de 197 mil 46 personas ingresadas a los Centros Penitenciarios a cargo de las Entidades Federativas, por un total de 185 mil 941 personas egresadas de los mismos. Al 31 de diciembre del año pasado hubo 213 mil 682 personas recluidas en los centros penitenciarios.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, publicado este lunes 15 de diciembre se realiza por cuarta vez con apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Incluye una base de más de 1.5 millones de datos cuyo objetivo es generar información estadística sobre las actividades de los tribunales superiores de justicia, consejos de la judicatura y centros de justicia alternativa en las entidades federativas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Pide conocer número, grado y unidad a la que pertenecían los soldados involucrados en matanza del 30 de junio. Con ello, se ofrece a la sociedad "la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, dijo la comisionada Villalobos.
La Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer el número, el grado, así como la unidad, batallón o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares que participaron en la confrontación con un presunto grupo criminal en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Lo anterior, en respuesta a un particular que solicitó esos datos.
La Procuraduría General de Justicia Militar señaló que la información se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares; la clasificación fue confirmada por la Sedena.
Sin embargo, quien solicitó la información presentó ante el Ifai un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
En dicho recurso, el solicitante manifestó que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.
En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise sobre el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación.
En su oficio de alegatos, la Sedena reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
Villalobos advirtió que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador.
Asimismo, destacó que los datos relativos al grado, así como la unidad, batallón y/o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares, se localizan en diversos archivos administrativos desde antes que cometan algún tipo de delito, tales como expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.
Por tanto, enfatizó la comisionada, que dar a conocer los datos requeridos por el particular, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.
Agregó que los datos requeridos son de carácter genérico que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso. Además, manifestó, la Sedena en ocasiones anteriores ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud con número de folio 0000700115413, en la cual dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.
La ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, enfatizó.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el pleno del Ifai revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos referidos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
