Las Procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) enfrentan las exigencias de la sociedad tras el asesinato de tres jóvenes mujeres de manera violenta en el último mes.
Ayer, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional Politécnico (IPN) así como algunos contingentes de feministas acudieron a la sede de la PGR, sobre la Avenida Paseo de la Reforma, para manifestarse en contra de la dependencia federal por las muertes de Edith Gutiérrez Pérez y Anayeli Bautista Tecpa, ambas alumnas de dichos centros universitarios, y de Angélica Trinidad Romero Severiano, una empleada de Liverpool hallada sin vida, presuntamente, en un baño de la tienda departamental en la que laboraba.
Compañeros de Edith expresaron que el feminicidio es un crimen de Estado, exhibe la inexistencia de un Estado de Derecho y que en el país hay condiciones idóneas para la reproducción de la violencia sin límite.
Uno de los manifestantes afirmó que los feminicidios “tienen el común considerar a las mujeres como objetos prescindibles, maltratables y desechables”.
“Esta perversidad se encuentra alentada por la impunidad, por pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, jueves misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria. Hoy, todas esas condiciones tienen a miles de casos de feminicidios, entre ellos los de nuestras compañeras, sin justicia”, agregó.
Compañeras de Anayeli aseguraron que “no aceptarán ni una muerta más de ninguna de nuestras compañeras, amigas, hermanas, madres, de ninguna de nuestras mujeres mexicanas”.
“Los estudiantes no vamos a estar pasmados, no nos vamos a quedar con los ojos cerrados, con la boca cerrada. Vamos a exigir justicia por cada uno de los atroces crímenes. Estamos aquí para que den la cara, para que no nos digan que son una cifra más”, advirtieron.
Los jóvenes de ambas escuelas gritaron diversas consignas como: “¡Enrique, escucha, las mujeres no se callan, eres un feminicida, te lo decimos en tu cara!”, “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” y “¡Queremos vivas a todas las mujeres, no más feminicidios, no creemos en sus leyes!”.
Las mujeres que denunciaron el caso de Angélica aseguraron que desde hace semanas el crimen fue encubierto, pues éste ocurrió en las instalaciones de la empresa “creemos que es muy importante la necesidad de salir en jornadas como hemos protagonizado en días pasados”.
“Los invitamos a seguir levantando acciones contra el feminicidio y contra éste régimen asesino que no tiene nada que ofrecernos. Exigimos justicia para la compañera Edith, para la compañera Angélica y para las miles de asesinadas en este país”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, y que fueron registrados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
ANAYELI BAUTISTA
El cuerpo de Anayeli Bautista Tecpa fue encontrado el domingo 7 de diciembre en el Ajusco, al sur del Distrito Federal, dos semanas antes fue secuestrada y sus captores exigían un millón de pesos por su rescate; sin embargo, la familia logró entregar solo 100 mil pesos por lo que sus plagiarios la asesinaron.
Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aseguró que Anayeli presentaba un disparo en la cabeza.
Anayeli Bautista Tecpa era una alumna destacada de la máxima casa de estudios del país. Apareció en la Gaceta de la UNAM, ya que consiguió entrar a la UNAM con 114 aciertos en su examen de admisión.
También dijo que desde que se tuvo conocimiento del secuestro, la PGR fue quien adoptó el caso y luego de hallar el cuerpo, la Procuraduría capitalina enviaría el expediente por homicidio a la dependencia federal.
EDITH GUTIÉRREZ
Edith Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad, estudiante de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue hallada sin vida frente a su domicilio, en el pueblo de San Lorenzo Xicoténcatl, de la Delegación Iztapalapa, el pasado 11 de diciembre.
El cuerpo estaba maniatado y la causa de su muerte fue asfixia.
Edith participó activamente en las manifestaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el paro que se prolongó por casi tres meses. Era madre de un menor de cuatro años.
ANGÉLICA TRINIDAD
Angélica Trinidad Romero Severiano, empleada de limpieza de la tienda departamental Liverpool en la Plaza Perisur, fue hallada muerta el 16 de noviembre pasado, presuntamente en un baño en la sucursal que laboraba.
Familiares acudieron directamente a la tienda Liverpool en donde se les dijo Romero Severiano había muerto por atragantamiento y un paro cardiaco, de acuerdo al dictamen elaborado por el doctor Mariano Espinosa Morales, quien fue contratado por la empresa.
De acuerdo con familiares de Angélica, Liverpool ordenó trasladar el cuerpo a una funeraria para embalsamarlo y cremarlo sin autorización; sin embargo, lograron recuperar el cadáver y al quitarle el maquillaje encontraron evidencias de golpes y confirmando que había sido estrangulada y que su muerte no fue por paro cardiaco como la empresa intento dar a conocer.
El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que los familiares de Trinidad Romero interpusieron una denuncia por lo tanto ya hay una averiguación previa.
La dependencia capitalina aclaró que “en ampliación al protocolo de necropsia de fecha 17 de noviembre pasado y con base en las fotografías y el estudio histopatológico realizado al cuerpo de la víctima, concluyó que la congestión visceral generalizada que presentó se debió a una asfixia por estrangulamiento”.
FEMINICIDIO EN MÉXICO Y EN EL DF
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó en noviembre pasado que 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2013 en todo el país, pero sólo se abrieron 613 investigaciones por feminicidio.
Además, del total de pesquisas que se iniciaron por feminicidio, sólo 1.6 por ciento derivó en sentencias; 25 por ciento fueron consignados, 24 por ciento estaban en investigación y de un 43 por ciento no se informó.
De acuerdo con Rodolfo Domínguez Márquez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estas cifras se deben a que sólo en 14 entidades (entre ellas Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, DF e Hidalgo) el tipo penal de feminicidio está debidamente sustentado.
Según el OCNF, del total de pesquisas por feminicidio en México de 2012 a 2013, 46 por ciento de las muertes fueron provocadas por actos violentos (golpes, heridas punzocortantes, incendio o asfixia), y 16 por ciento con armas de fuego, principalmente en estados del norte como Sinaloa.
Mientras que en el 80 por ciento de los casos se desconoce quién fue el agresor, en una cuarta parte el cuerpo de las víctimas fue expuesto a la vía pública, y casi el 50 por ciento de las mujeres tenían entre 21 y 40 años de edad.
Desde julio de 2011, en el Distrito Federal el feminicidio está tipificado como delito. Se considera como tal el asesinato de una mujer por razones de género, que existe cuando la víctima tiene signos de violencia sexual, tiene lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a su asesinato, fue incomunicada previo a su muerte, o su cuerpo fue expuesto o arrojado en un lugar público, como señala el artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres registrados por la Procuraduría capitalina; si bien se tiene conocimiento de que 70 fueron investigados como feminicidio, las autoridades no dan información sobre las razones, causas y motivos que dieron lugar al asesinato de estas mujeres.
Las únicas variables que proporcionan sobre feminicidios son la cantidad y edad de las víctimas. En el 60 por ciento de los casos se desconoce la edad porque no brindaron el dato las autoridades, y en relación con el lugar de hallazgo sólo determinan la Delegación en los casos correspondientes a 2013 (28 casos); las delegaciones con mayor incidencia son Iztapalapa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac; en 13 de los casos las mujeres tienen identidad desconocida.
En cuanto a los 121 casos investigados como homicidios dolosos de mujeres por parte de la Procuraduría, es de resaltar que en 83% de los casos se desconoce el motivo por el cual se cometió el asesinato y por lo menos en 9 casos existen antecedentes para inferir que los motivos fueron feminicidas, como la violencia familiar (3), los celos (2), pasional (4). En 87 casos (79 por ciento) las autoridades desconocen la relación entre la víctima y el victimario, y en 29 casos (23.6 por ciento) existía una relación familiar, sentimental o de confianza.
En cuanto a la causa de la muerte de estos 123 casos, en 39 las mujeres murieron a causa de un arma de fuego, sin embargo, en 74 casos las mujeres murieron a causa del uso excesivo de la fuerza, instrumentos punzocortantes (12), golpes (22) y ahorcamiento o asfxia (40).
Sobre el lugar del hallazgo de los cuerpos de las mujeres en 26 casos (21 por ciento) fueron encontrados en el interior de su domicilio, mientras que en 97 casos (79 por ciento) fueron encontradas en un lugar público.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LAURA CORDERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-12-2014/1196848.
Policías estatales ” resguardaron” la colocación de mallas en los predios que circundan la zona arqueológica de Cholula.
Se trata de los predios que serán expropiados como parte de la llamada Plaza de las siete culturas que proyecta el gobierno estatal y los minicipios de san Pedro y en Andrés Cholula.
“Todo fue a partir de a movilización del domingo”, dicen los pobladores en referencia a la acción del Círculo de Defensa del Territorio que armó una cadena humana alrededor de la Gran Pirámide.
“¿Por qué traen policías?” preguntan y afirman los vecinos: “porque moreno Valle nos tiene miedo, miedo a la razón”.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE
AUTOR: PAULA CARRIZOSA.
ACAPULCO, Gro: Normalistas de Ayotzinapa, padres de estudiantes desaparecidos y miembros del magisterio disidente retienen al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, en plena avenida costera Miguel Alemán, a la altura del Centro de Convenciones.
El edil postulado por el Movimiento Ciudadano encabezaba un acto de entrega de recursos públicos a bomberos y brigadistas de protección civil, cuando cerca de las 11:30 horas irrumpieron los manifestantes que minutos antes habían llegado al puerto a bordo de siete autobuses.
Al percatarse de la llegada de los normalistas, el edil fue llevado a su camioneta, una Suburban gris blindada, y sus escoltas trataron de sacarlo del lugar, no obstante, los manifestantes rodearon el vehículo y le poncharon las llantas, ante el rostro desencajado de Walton Aburto.
Ante la negativa del alcalde de que se baje a dialogar con ellos, los manifestantes rayaron con aerosol el vehículo oficial.
Luis Walton permanece en el interior de la camioneta con los brazos cruzados.
El contingente que llegó al puerto prepara un nuevo acto para exigir justicia en el caso de los normalistas desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MEXICO, D.F: Cinco días después de que un tribunal lo exoneró del delito de enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas de Gortari viajó a Europa acompañado de una mujer.
La mañana del miércoles 17, relajado y parsimonioso, el hermano del expresidente Carlos Salinas (1988-1994) llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para documentar su equipaje en el mostrador de Air France y KLM, recién fusionadas.
Aunque nadie le gritó nada, pasajeros que hacían fila miraban con desprecio a Raúl Salinas quien, al concluir el trámite para su viaje a Europa –al parecer París–, se encaminó hacia una tienda, acompañado de la mujer.
El viernes 12, el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito, porque consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó que su fortuna provenga del erario federal y este fallo le fue notificado el martes 16, un día antes de su viaje a Europa.
El diario Reforma informó que Raúl Salinas fue absuelto de forma definitiva e inapelable de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos que, según la PGR, provenía de la denominada “partida secreta” de la Presidencia de la República encabezada por su hermano Carlos y de la que fueron desviados 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994.
Apenas en marzo, el titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ordenó devolver a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, alrededor de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias que se mantenían congeladas desde hace 18 años.
Raúl Salinas de Gortari ocupó cuatro cargos durante los sexenios de Miguel de la Madrid y su hermano Carlos: en Conasupo fue gerente general de Diconsa; director general de Imconsa, y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo. De 1990 a 1992, durante el sexenio de su hermano Carlos, fue Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Programa Nacional Solidaridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F: Luego del resurgimiento de la violencia en Michoacán, la Iglesia católica pidió la reconciliación en la entidad y demandó al presidente Enrique Peña Nieto cambiar la estrategia de seguridad.
“No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenzas”, externaron obispos del estado en un comunicado conjunto, y rogaron “insistentemente al Señor por la conversión de los que se han olvidado que somos hermanos y siguen el camino de la violencia”.
En un mensaje leído ante los medios de comunicación, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, apuntó: “No acabamos de comprender que las armas, las balaceras, alimentan el odio en las familias”.
En La Ruana, agregó, 11 familias están de luto “sufriendo en silencio la ausencia de los suyos a causa del orgullo, la codicia y la prepotencia por el control de un territorio. Gran pobreza tiene el hombre cuando quiere someter a los demás por la fuerza. Debemos convencernos de que la fuerza de la razón convence más que la fuerza de las armas”, subrayó.
“Las venganzas –dijo– hacen mal a la sociedad, ofuscan la mente y corazón de los hombres”.
Minutos después Suárez Inda pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto revisar la estrategia de seguridad instrumentada en Michoacán, y también se refirió a la labor del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del estado, Alfredo Castillo, quien –sostuvo– hace su mejor esfuerzo, pero ha sido insuficiente, y “sin duda esperamos mejores resultados”.
En enero pasado, en el marco de la intervención federal para combatir al crimen organizado y desactivar a las autodefensas, el obispo de Apatzingán, Michoacán, Miguel Patiño, pidió frenar la “máquina que asesina” en Michoacán.
A través de una carta pastoral, el líder católico lamentó que los políticos no tengan la intención de solucionar los problemas en la región de Tierra Caliente, y criticó que las fuerzas federales se concentren en desmantelar a los policías comunitarios en lugar de atacar a la delincuencia que originó estos grupos de ciudadanos armados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La atención a los problemas de migración, ha sido un tema especial para el Estado mexicano y los gobiernos locales.
No obstante, para la administración de Enrique Peña Nieto las iniciativas que ha desarrollado para detener el flujo migratorio, como el Programa Frontera Sur, se ha encargado de cometer violaciones a los derechos humanos, explica la Directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez García.
En el marco de conmemoración de este día, resulta necesario “cuál es el perfil actual de esta población. Qué está pasando en sus comunidades de origen, a qué violaciones son sometidos cuando cruzan por nuestro territorio en su camino hacia los Estados Unidos. Pero también qué pasa con los mexicanos y ciudadanos de otras nacionalidades cuando son repatriados a sus lugares de origen”, explica Nancy.
Sin embargo, la especialista se cuestiona por qué ante una reforma migratoria en el país vecino, de nuestro lado no hay, no existe ningún pronunciamiento fuerte que acompañe y cobije a la gran comunidad de mexicanos y mexicoamericanos que radican en el país vecino. “La razón es porque el tema migratorio no ha figurado entre los grandes temas nacionales que ha planteado Peña Nieto.”
La Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, detalla que en nuestro país se ha presentado una escala de violencia. Primeramente con la matanza en Tamaulipas que fue el “inicio de la descomposición social y de inseguridad que se vive en México”. Respecto a eso siguen los asesinatos, secuestros, reclutamientos, extorsiones y violaciones a cargo de grupos delictivos y de autoridades en todos sus niveles y poderes.
“Por otro lado, en México seguimos hablando solo de las consecuencias de la migración y no de sus causas, seguimos sin invertir de manera enérgica en el desarrollo de las comunidades de origen, principalmente ahora que se vive el tema de retorno tan fuerte, seguimos sin una política agresiva de empleo y salarios dignos”, señala Pérez García
Para el migrante, un día internacional y años de olvido
Para el Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Política y Gobierno por la Universidad de Essex Inglaterra, Mauricio Farah Gebara, “los hechos de 2014 en materia de migración en el hemisferio occidental confirman que en el siglo XXI no está ocurriendo lo que se creyó alguna vez antes de que empezara: que la migración indocumentada encontraría mayor comprensión y reconocimiento, derrumbaría tabúes y retornaría a la agenda del desarrollo y la economía”
“En realidad, la migración sigue entrampada en la agenda de la seguridad y es, por lo tanto, escenario de acción policial y continúa arrastrando ancestrales prejuicios raciales, dogmáticos y xenofóbicos que la convierten en permanente espacio de violaciones a los derechos humanos. Los migrantes indocumentados siguen siendo, a pesar encendidos discursos oficiales, seres humanos de segunda, mujeres y hombres sin ciudadanía, niñas y niños sin protección”, explica también el Coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Si estos seres humanos siguen teniendo esperanza no es por lo que los gobiernos les ofrecen, sino porque son generadores de sus propias ilusiones, ávidos de una vida mejor, acertadamente convencidos de que son merecedores de una existencia digna”, concluye
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Enrique Peña Nieto firmó un decreto el pasado 15 de enero en el cual se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, luego de que surgieran los grupos de autodefensa y tomaran el control de 27 municipios ante la “debilidad institucional” demostrada en cuanto a seguridad.
De esta manera, se impuso al comisionado federal Alfredo Castillo, también llamado ‘virrey’, quien fuera procurador de justicia durante los dos últimos años de la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México.
La llegada del ‘virrey’ Castillo a Michoacán, con el pretexto de regresar la paz a los michoacanos, implicó la designación de 20 mexiquenses a cargo de la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública local, durante la administración de Fausto Vallejo.
El llamado “equipo Castillo” que penetró en las estructuras institucionales más importantes de Michoacán, estaba vinculado con el ‘virrey’ desde su paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Entre las actividades de Castillo resaltaron el registro y la integración de algunos autodefensas a las fuerzas rurales, y por otro lado, la captura del líder José Manuel Mireles junto a más de 300 elementos de su grupo.
Sin embargo, tras la continuidad de la violencia en el estado, los grupos de civiles armados comenzaron a reorganizarse durante el pasado mes de septiembre, hasta que finalmente se presentó un enfrentamiento el pasado 16 de diciembre, donde 11 personas perdieron la vida.
El argumento del ‘virrey’ para justificar los hechos fue que se trataba de un roce personal entre dos líderes autodefensas y que ese “choque de trenes” no pone en entredicho su autoridad.
En tanto, algunos legisladores han acusado a Castillo de descuidar la seguridad de Michoacán por dedicarse “a la socialité”.
Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que “al haber concentrado tantas atribuciones en una sola persona, en la figura del comisionado, empezó a verse agotado (…) Empezó a meterse en otros temas, ¡hasta poner gobernador! Esas cosas han generado ausencia en el tema principal”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la revocación de la licencia de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea. Descubre desvío de recursos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retira a Ficrea la autorización para continuar con sus operaciones; hoy declaró su disolución y liquidación derivado de operaciones fraudulentas.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, expuso que tras dicha resolución, a partir de este lunes y mediante seis sucursales, se iniciará con la recepción de solicitudes por parte de los ahorradores para recuperar sus recursos.
En conferencia de prensa, el directivo agregó que 42 por ciento de los ahorradores de la sociedad financiera popular recuperarán el total de sus recursos.
En tanto, agregó, el resto de los ahorradores que reportan recursos superiores a los protegidos por el seguro de depósitos, que equivale a 25 mil Unidades de Inversión (Udis) o 131 mil pesos, tendrán que esperar a la realización de la cartera y venta de activos de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fenómenos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad, parecen ensombrecer el 2014, dice el líder priista, César Camacho.
La estrategia de seguridad del gobierno federal en Michoacán debe revisarse, tras el enfrentamiento del martes en La Ruana, Michoacán -por el que murieron 11 personas-, aceptó el presidente del PRI, César Camacho.
No obstante, el líder priista defendió la labor del comisionado Alfredo Castillo, quien fue nombrado comisionado federal en Michoacán, a mediados de enero de este año, por decreto presidencial.
“El comisionado tiene en su haber, en su hoja de servicios , un sinnúmero de aciertos, además este acontecimiento seguramente obligará a revisar la estrategia en esta y otras áreas de la vida pública de Michoacán”, dijo Camacho.
“No obstante que se han reducido los niveles de inseguridad en Michoacán, hay que hacernos cargo de que hay asuntos pendientes y muchas políticas que ejecutar, tanto políticas en materia de desarrollo social, como también políticas de seguridad preventiva y, cuando se necesita, políticas correctivas cuando alguien pretende ir contra el orden jurídico y atentar contra la libertad o la vida de las personas”, agregó.
Además, el líder priista lamentó que la corrupción, impunidad e inseguridad ensombrezcan el 2014.
“Es evidente la situación de fragilidad institucional que tenemos en algunos sitios del país, la debilidad del estado de derecho y la amenaza a la seguridad. Fenómenos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad parecen ensombrecer el balance general que queremos que sea positivo”, indicó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mora sostuvo que lo único que hizo fue defenderse, ante el "ataque" por el que acusa al grupo encabezado por Antonio Torres, "El Americano".
56 personas dispararon un arma de fuego, en el enfrentamiento registrado el martes en La Ruana, por el que 11 hombres perdieron la vida, informó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal en Michoacán.
En un comunicado, el funcionario informó que se practicaron 65 dictámenes de rodizonato de sodio, de los cuales 56 resultaron positivos.
Indicó que se presentaron para dictamen pericial de balística un total de 107 armas, entre ellas de la Gendarmería Nacional, involucrada en los hechos.
Ayer, Hipólito Mora -cuyo hijo fue abatido el martes en dicho enfrentamiento- aceptó que realizó disparos el martes, pero sostuvo que fue en respuesta al grupo de Antonio Torres, “El Americano”, al que responsabilizó por la muerte de Manolo Mora.
“Nos preguntaron (en el MP) cómo pasaron las cosas, quién disparó primero, la prueba de(rodizonato) sí, cuando vi que me la iban a hacer, les dije si quieren yo les evito que la hagan, yo sí disparé. A mí el rifle no me lo dieron para traerlo nada más en la mano. Desde el momento que entro a la Fuerza Rural, me dan las armas, es para hacer el bien, para defenderme, no ocupan hacérmela (la prueba) sí disparé, pero disparé para defenderme, para defenderme, estoy seguro que no le pegué a nadie, pero de que disparé, sí lo hice”, reconoció.
Mora sostuvo que “lo único que hice fue defenderme”.
En las últimas horas, han circulado diferentes versiones que apuntan a que los involucrados en los hechos del martes serán detenidos; incluso, la noche del jueves llegaron a La Ruana autoridades judiciales de Michoacán, acompañados por elementos de la Policía Federal, quienes esperan que un juez libere órdenes de aprehensión contra las personas que participaron en el enfrentamiento del martes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.
El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado de Montiel, Eduardo Heredia, confirmó que “como se señala en los acuerdos de los centros de convivencia”, Versini podrá ver a sus tres hijos en el Centro de Convivencia de Toluca entre las 10 y 18 horas.
En noviembre pasado se dio a conocer que Montiel enfrenta una orden de aprehensión de la justicia francesa por la sustracción ilegal de sus tres hijos, aunque el gobierno francés no ha solicitado su detención provisional con fines de extradición.
De hecho, Francia sólo notificó a la Interpol con un mecanismo conocido como “difusión”, una especie de alerta que funciona en ciertos países, pero que no tiene los mismo efectos de la Ficha Roja, explicaron funcionario gubernamentales al diario Reforma.
El reporte de Francia sobre el caso sólo tiene vigencia en los 26 países europeos, donde Montiel sí sería detenido automáticamente al ingresar, aunque esta alerta no funciona en cualquier otra nación, explicaron las fuentes.
Montiel —que gobernó el Estado de México entre 1999 y 2005— dijo en entrevista radiofónica al periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula: “no tengo conocimiento de que si salgo del país seré detenido, como lo ha declarado Maude Versini”.
Luego de las declaraciones de Montiel en Fórmula, Versini respondió en el mismo programa radiofónico que el exgobernador y su abogado “son unos mentirosos“. La ciudadana francesa —que estuvo casada con el priista entre 2002 y 2007— dijo que ambos lo saben desde hace cuatro meses, y que la orden de aprehensión la obtuvo el 20 de junio pasado; explicó que la cancillería francesa notificó a la mexicana, que a su vez avisó a Montiel y su abogado.
Arturo Montiel retuvo a sus hijos en México durante unas vacaciones en diciembre de 2011, con el argumento de que eran sujetos de maltratos y abandono por parte de su madre, Maude Versini, y su actual esposo.
Versini descartó haber maltratado a sus hijos, como dijo Montiel —quien incluso aseguró que existen grabaciones que lo comprueban—. Maude dijo que una una “mala interpretacion (…) Yo le contesté al juez que en Francia dar una nalgada a tu hijo no era prohibido, y que una nalgada no era maltratar a tu hijo cuando se ha comportado mal o ha hecho algo grave”.
Esta declaración fue en alusión a un dicho del abogado Heredia: “Maude aceptó que sí disciplinaba con golpes a los niños, que le permitió a su esposo que los disciplinara a golpes”, y agregó que ella dijo a un juez que “en Canadá está prohibido pegarle a los niños, en Francia no”.
DOCUMENTAL VÍDEO:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.
La construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco en Puebla (MIB) estará a cargo de las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico –filial de Grupo Higa-, La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché, compañías del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank Rhon.
Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.
Además, dice el diario, este consorcio fue el único que presentó una oferta el gobierno de Rafael Moreno Valle.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.
Castigar a los responsables de delitos sigue siendo un proceso tardado en el país, según revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, pues de las más de 215 mil 638 causas penales (juicios) iniciados el año pasado, solo se pudo concretar la sentencia de 100 mil 938 personas, el resto aún espera el fallo del juez.
A esto se suma que la capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.
Incluso hay entidades como Aguascalientes que solo tiene 24 defensores de oficio, aun cuando se abrieron 2 mil 361 causas penales. O Guerrero con 141 defensores y 6 mil 700 juicios. Mientras que el Distrito Federal es el de mayor número de defensores, con 768, seguido de Guanajuato con 416 y el Estado de México con 413.
Según especialistas, el plazo mínimo en el que se resuelven los juicios es de seis meses, por lo que la mitad de los 215 mil 638 causas penales (juicios) que aún no tienen sentencia, se resolverán en lo posterior y serán acumuladas a las de 2014.
Además, a nivel nacional se iniciaron un millón 679 mil 702 averiguaciones previas (denuncias ante el Ministerio Público por cualquier delito), de las cuales 525 mil (77%) se ubicaba al presunto responsable, pero el resto, al no identificar a los agresores es menos probable que la investigación resulte en la consignación del delincuente.
Luego de que la víctima interpone una denuncia por delitos del fuero común que ameritan sanción ante el Ministerio Público se abre una averiguación previa; al encontrar elementos de probable responsabilidad, el caso es turnado ante un juez y el presunto infractor enfrenta un juicio al que se le denomina “causa penal”, que al concluir deriva en alguna pena o absolución.
Pero no todas las denuncias y procesos registrados hasta 2013 (año de análisis para el censo) lograron que los responsables fuesen castigados, pues en ese periodo de tiempo hubo 100 mil 938 sentenciados. De ellos, más de 75 mil fue condenatoria, nueve mil 611 absolutoria, mil 933 mixta (medidas provisionales como pago de fianza, entre otras) y 13 mil 801 que “no se especifica”.
En el desglose por entidad, el Distrito Federal es la de mayor retraso en los procesos de impartición de justicia, pues en el 2013 tiene 52 mil 341 causas penales pendientes; le sigue San Luis Potosí, con 17 mil 907 y el Estado de México, con 9 mil 455.
Sobre los delitos cometidos, la estadística reporta que en el país ocurrieron 368 mil 896 del fuero común (amenazas, daños en propiedad ajena, sexuales, fraudes, abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo) y 18 mil 556 del fuero federal (ataques a las vías generales de comunicación, contrabando, defraudación fiscal, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos electorales).
En el Distrito Federal, hubo 20 mil personas sentenciadas, mientras que en Sonora y Jalisco con más de 9 mil; el Estado de México, 6 mil 700. Los sentenciados son sobre todo hombres jóvenes de entre 18 y 24 años (17 mil 706), y de 25 a 29 años (13 mil 345).
Entre los datos se destaca que de las 157 mil víctimas hay menores de edad, sobre todo mujeres, pues hubo siete mil 325 de entre 0 a 19 años de edad, mientras 6 mil 545 fueron hombres en el mismo rango de edad.
En tanto, 25 mil 602 hombres y 18 mil 322 mujeres de 20 a 49 años fueron víctimas de algún delito durante 2013. Las entidades más habitadas del país, el Distrito Federal y el Estado de México encabezan la lista con más víctimas: 22 mil 107 y 14 mil 410, respectivamente. Le sigue Sonora (11 mil 832), Puebla (10 mil 634) y Chihuahua (10 mil).
Otros datos del censo revelan que en el 2013 se registraron un total de 197 mil 46 personas ingresadas a los Centros Penitenciarios a cargo de las Entidades Federativas, por un total de 185 mil 941 personas egresadas de los mismos. Al 31 de diciembre del año pasado hubo 213 mil 682 personas recluidas en los centros penitenciarios.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, publicado este lunes 15 de diciembre se realiza por cuarta vez con apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Incluye una base de más de 1.5 millones de datos cuyo objetivo es generar información estadística sobre las actividades de los tribunales superiores de justicia, consejos de la judicatura y centros de justicia alternativa en las entidades federativas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Pide conocer número, grado y unidad a la que pertenecían los soldados involucrados en matanza del 30 de junio. Con ello, se ofrece a la sociedad "la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, dijo la comisionada Villalobos.
La Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer el número, el grado, así como la unidad, batallón o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares que participaron en la confrontación con un presunto grupo criminal en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Lo anterior, en respuesta a un particular que solicitó esos datos.
La Procuraduría General de Justicia Militar señaló que la información se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares; la clasificación fue confirmada por la Sedena.
Sin embargo, quien solicitó la información presentó ante el Ifai un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
En dicho recurso, el solicitante manifestó que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.
En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise sobre el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación.
En su oficio de alegatos, la Sedena reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
Villalobos advirtió que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador.
Asimismo, destacó que los datos relativos al grado, así como la unidad, batallón y/o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares, se localizan en diversos archivos administrativos desde antes que cometan algún tipo de delito, tales como expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.
Por tanto, enfatizó la comisionada, que dar a conocer los datos requeridos por el particular, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.
Agregó que los datos requeridos son de carácter genérico que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso. Además, manifestó, la Sedena en ocasiones anteriores ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud con número de folio 0000700115413, en la cual dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.
La ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, enfatizó.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el pleno del Ifai revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos referidos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según el mandatario boliviano, en México, el gobierno no puede combatir al narcotráfico ni con bases militares. Esto provocó el reclamo de la cancillería mexicana.
Evo Morales, presidente de Bolivia, señaló que en México existe un modelo fallido en cuanto al combate a la delincuencia organizada.
Afirmó que en México hay problemas profundos que no quisiera para su nación.
“La Policía está preparada, está formada para combatir esa delincuencia que nos trae desde afuera, digo desde afuera porque el mercado de la cocaína generalmente está en los países industrializados o desarrollados, estaba viendo cómo esta Colombia, especialmente cómo está México, los últimos sucesos que yo sigo pensando que ahí es el modelo fallido, un modelo de libre mercado que lamentablemente se ha sometido al imperio norteamericano. Ahora hay problemas profundos, no quisiéramos en Bolivia tener esta clase de problemas”, indicó, durante la ceremonia de egreso de nuevos subtenientes de la Policía Nacional Boliviana.
Según el mandatario, en el país, el gobierno no puede combatir al narcotráfico ni con bases militares.
“Delincuencia organizada, parece ser que la delincuencia está por encima del Estado y algunas regiones. Ni con bases militares pueden combatir el narcotráfico, mientras que en Bolivia después de nacionalizar la lucha contra el narco, después de que instituciones, especialmente la Policía Nacional, está en lucha contra el narcotráfico y participa activamente, estamos mejor, con resultados”, aseveró.
Previó que en Bolivia mejorará la lucha contra el crimen, sin injerencias exteriores.
“Estamos mejor que antes en la lucha contra el narcotráfico, pero sin la participación de algunos países como Estados Unidos”, dijo.
“Cuando nos organizamos, cuando nos preparamos y cuando nos movilizamos para el bien de la humanidad, pero sin ninguna injerencia, estamos mejor que antes” agregó.
Evo recalcó que el problema de la delincuencia organizada no es sólo del narcotráfico, ya que también es un problema social.
“No sólo es problema del narco, es un problema social, implementamos programas sociales, pero también algunos hermanos que se dedican a la delincuencia tienen que estar convencidos de que la delincuencia no ayuda a la población”, comentó.
En la ceremonia, el Presidente reconoció a la Policía de su país.
Por lo anterior, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a la cancillería de Bolivia en la que expresa su sorpresa y preocupación por las declaraciones que hizo el presidente de esa nación, Evo Morales.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores asentó que México privilegia el diálogo respetuoso a nivel regional y la interacción entre países, reconociendo la diversidad que existe en América Latina y el Caribe, sobre la base del diálogo y la cooperación.
En ese marco, añadió, “estas reiteradas expresiones fomentan una falsa percepción de división regional en momentos en que los países de América Latina y el Caribe, México en particular, están empeñados en construir un espacio de unidad y diálogo en la figura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En el tablero de la violencia en Jalisco hay 13 organizaciones delictivas detectadas por la Fiscalía General del Estado. Sorprende la presencia del ‘Cártel de Caro Quintero’.
Son 13 organizaciones criminales en total las que operan en Jalisco, generadoras, en gran medida, de la violencia que tiene su mejor rostro en los homicidios con características de “ejecución”.
Un informe de la Fiscalía General del Estado, obtenido por Transparencia, describe que seis de esos 13 grupos del crimen organizado han cometido el 98 por ciento de los asesinatos, son los cárteles Jalisco Nueva Generación, La Resistencia, La Corona, del Milenio, Los Zetas y Los Aliados, en ese orden.
Hay otros siete que complementan ese tablero de la violencia en el estado, de acuerdo con la FGE. El documento oficial analiza la autoría de 426 homicidios del crimen organizado en el periodo comprendido entre 2007 y agosto de 2014, los cuales suelen enmarcarse en la pugna por las rutas de trasiego de la droga y zonas de mercado.
Ese 2 por ciento restante de “ejecuciones” (ocho en total) es vinculado a los cárteles de Caro Quintero, La Familia Michoacana, del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y dos poco conocidos: Los Michoacanos de las Palmas Jalisco y el Grupo Justo Comparan.
La FGE atribuyó un par de homicidios al “Cártel de Caro Quintero”: uno en el 2007 y otro en pleno 2014 (en el informe se clasificó como “Cártel de los Quintero”). Y a cada uno de los otros grupos les imputó una “ejecución”.
Es relevante que una parte de los homicidios, por más mínima que sea, haya sido relacionada por la Fiscalía con el “Cártel de Caro Quintero”, una organización que se supone está desactivada en el estado.
Alianzas generan violencia
El 9 de agosto de 2013 fue liberado por una orden judicial Rafael Caro Quintero, quien fue uno de los tres líderes máximos del Cártel de Guadalajara, y cuya cúpula entera residía y comandaba desde la capital de Jalisco.
El mismo día en que Caro Quintero dejó el penal de Puente Grande –estuvo recluido 28 años por narcotráfico y acusado del homicidio del agente de Estados Unidos, Enrique Camarena–, reporteros le preguntaron al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, si advertía un reacomodo de los grupos delictivos locales.
“Estaremos atentos. Actuando de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones, manteniendo el orden, la vigilancia y con mucha información atendiendo cualquier situación relevante”, dijo el mandatario.
En su informe la FGE hace evidente que las organizaciones criminales surgidas en Michoacán, La Familia y Los Caballeros Templarios, no han sido actores de peso en la generación de violencia en Jalisco, al menos no directamente. A la primera se le adjudicó una “ejecución” en 2009, a la segunda otra en 2013.
Las alianzas han sido importantes para los cárteles en Jalisco: La Resistencia, el segundo grupo más violento según la FGE, se vinculó primero con La Familia, luego con Los Zetas.
Algo similar sucede con el cártel de Sinaloa o del Pacífico, que lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán –hoy preso-, pues aunque le fue registrado un solo homicidio, fue emparentado con el CJNG (se llegó a considerar su brazo armado), el cual se fortaleció hasta concentrar el 57 por ciento de todas estas “ejecuciones”, apunta la FGE.
De los que prácticamente no hay antecedente público a rastrear es de Los Michoacanos de las Palmas Jalisco y el Grupo Justo Comparan. Del primero, la FGE dice que es responsable de un homicidio en 2010, y del segundo, de otro en 2008.
En la cúspide de la violencia están el CJNG con el 57 por ciento de las “ejecuciones” (243); La Resistencia, con el 15 por ciento (63); La Corona, con el 12 por ciento (53); Milenio –incluye alianza con Los Zetas–, con el 11 por ciento (49); y Los Zetas y Los Aliados, cada uno con cinco “ejecuciones”, lo que representa el 1 por ciento.
Caballeros y armas
Si bien el grupo de los Caballeros Templarios solamente fue vinculado a un homicidio en Jalisco por la FGE en 2013, eso no significa que su presencia en el estado no sea representativa.
El 7 de octubre pasado la Fiscalía anunció la detección de un par de fincas en Guadalajara, en las colonias Vicente Guerrero y La Loma, que eran usadas para fabricar armas largas (rifles R-15), las cuales eran ensambladas por el crimen organizado y vendidas a grupos delictivos.
Según se señalaría luego, la operación de esos puntos estaría a cargo precisamente de los Caballeros Templarios.
“Creemos que pudiera haber capacidad, dependiendo del material que recibieran ellos del exterior, pero se nos decía que inclusive ya habían sacado una producción de aproximadamente 100 armas”, dijo el fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.
“Sabemos que este grupo se dedica a mandar armas a Michoacán, pero también creemos que esté vendiéndole armas al cártel local, al CJNG, por lo que consideramos que es un golpe fuerte a la delincuencia organizada”.
La PGR se desmarcaría, no obstante, de calificar el hecho como único en el país, como lo había presumido el fiscal estatal:
“Según lo dicho por la propia Agencia de Tabaco y Armas de Fuego norteamericana, es la primera empresa o industria que es decomisada o asegurada en el país que se dedicara a terminar de armar ese tipo de rifles que tanto daño hacen a la sociedad”.
La instancia responsable del sistema estadístico de la PGR, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, dice que sus registros no permiten conocer, con certeza, si existen otros antecedentes similares en el país, por lo tanto, tampoco confirma su unicidad.
“Los datos de averiguaciones previas iniciadas por fábricas ilegales de armas, o bien de establecimientos donde se originaran armas de manera ilegal, son registrados en el rubro ‘otros delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos’, que no permite desagregar la información en un mayor nivel de detalle”, respondió la PGR.
Su deseo de paz
Libre, Caro Quintero escribió al presidente Enrique Peña Nieto: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”, según la carta que fue publicada por el semanario Proceso.
Hoy de nuevo se le considera prófugo tras el amparo que le revocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para el gobierno de Estados Unidos, Caro Quintero es un narcotraficante en activo, ligado a Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, uno de los líderes del Cártel del Pacífico.
El 12 de junio del 2013, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dijo:
“Rafael Caro Quintero es un importante narcotraficante mexicano que empezó su carrera criminal en la década de los 70 cuando él y otros, incluyendo a Esparragoza Moreno (…) formaron el cártel de drogas de Guadalajara y amasaron una fortuna ilícita. Caro Quintero continúa su alianza con la organización de Esparragoza Moreno y sus principales operadores”.
Aquel día la OFAC señaló a 18 personas y 15 empresas que, asegura, siguen lavando dinero obtenido del narco.
“Caro Quintero ha utilizado su red familiar y testaferros para invertir su fortuna en empresas ostensiblemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”, dijo Adam J. Szubin, director de la OFAC.
Hoy la Fiscalía General del Estado vincula homicidios al “Cártel de Caro Quintero”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Mauricio Fernández reveló su intención de ser alcalde de San Pedro por tercera ocasión. Sin embargo, el político tiene cuentas que aclarar a los sampetrinos como el uso que dará a La Milarca y su WikiLeak ‘incómodo’.
Mauricio Fernández confirmó que buscará ser alcalde de San Pedro por tercera ocasión.
Sin embargo el panorama para él, se antoja complicado.
El anuncio para contender por la alcaldía sampetrina este 2015, coincide con un expediente lleno de interrogantes.
La mañana de ayer, el dos veces exalcalde se reunió con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Alfredo Pérez Bernal, para presentarle su intención de forma oficial.
En el Comité estatal del albiazul también estuvo presente el secretario General, Mauro Guerra. Ahí, Mauricio Fernández les presentó la que sería su posible planilla de trabajo, aunque será hasta el próximo 30 de diciembre cuando podría registrarse de manera oficial en su partido.
Pero Mauricio Fernández la tendrá difícil. Incluso el presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, Gilberto Marcos Handal, ya sentenció: “Mauricio no es elegible para el 2015”.
Esta afirmación está respaldada por más de una decena de colonias de San Pedro, entre ellas Villa Montaña, La Cima, Pedregal del Valle, Lomas del Rosario, Villas del Pedregal y Hacienda El Rosario.
Y es que estos sectores serían los principales afectados en caso de que Mauricio Fernández vuelva a ser su munícipe.
Porque luego de que reveló que pretende hacer de La Milarca un museo, los vecinos armaron un frente común contra La Milarca, como lo publicó Reporte Índigo el pasado 11 de noviembre.
Y es que para muchos el verdadero motivo que tiene Mauricio Fernández para convertir en museo su residencia es mucho más profundo.
Tras la muerte de su madre, Margara Garza Sada de Fernández, el ex alcalde recibió por herencia propiedades de diferentes extensiones y ubicaciones en La Ventura, en la parte alta de la sierra.
Coincidentemente el exmunícipe solicitó al actual alcalde, Ugo Ruiz, y a su Cabildo, que cambiaran el uso de suelo a La Milarca, ubicada dentro de dichos terrenos.
De cambiar el Plan de Desarrollo Urbano 20-30 de San Pedro y hacer modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el cambio de uso de suelo de la residencia de Fernández Garza sería en automático.
Es por eso que si Mauricio Fernández es electo por tercera ocasión como alcalde de San Pedro, tendría mayor facilidad de convertir a La Milarca en museo, y de facto, poder construir multifamiliares incluso en la parte más alta de la sierra.
El “pacto” y Wikileaks
La presunta relación con el llamado grupo de “los Rudos“ identificado con el cártel de los Beltrán Leyva podría ser otro factor que opaque su nueva postulación por San Pedro.
El pasado 1 de diciembre Reporte Índigo publicó que el Cónsul de Estados Unidos en Monterrey durante el año 2009, Bruce Williamson, envió al FBI en Washington, al Department of Justice y al Homeland Security, un documento de carácter “clasificado” en el que destaca dicha relación.
Esto fue publicado por WikiLeaks, que también afirma que dicho documento revela que Mauricio Fernández intentó cruzar a Norteamérica con marihuana y 209 pastillas de metanfetamina.
El cable referenciado como “09Monterrey435”, creado el 18 de noviembre del 2009 a las 23:09 horas, fue enviado por Williamson cinco días después del 13 de noviembre de aquel año, cuando Mauricio fue detenido junto a su pareja, Aleyda Ortega Peza en el puente “Los Indios” de Brownsville Texas, y regresado a México.
En esa ocasión Fernández mintió a los medios de comunicación, al decir que lo habían devuelto porque no llevaba consigo su Visa.
En entrevista posterior a la publicación, el ex alcalde reconoció a este medio que aquel día, sí traía a la mano su Visa, pues cuando lo detuvieron al encontrarle las pastillas, le retuvieron el documento y que en ese mismo instante se la regresaron, al asegurar que “eran de árnica”.
Cabe destacar que existe ya un caso de un alcalde en Toronto, Canadá, que le quitaron sus atribuciones luego de que le comprobaron el uso de varias drogas.
El caso del alcalde de Toronto Robert Bruce Ford
Robert Bruce Ford, fue concejal por el distrito de Toronto de Etobicoke y fue acusado de abuso de sustancias prohibidas.
Fue elegido por primera vez al concejo municipal en las elecciones del año 2000 y fue reelecto a su curul en 2003 y nuevamente en 2006.
La familia de Ford es dueña de Deco Labels, una empresa multinacional de etiquetas e impresión con sede en Etobicoke.
Ford ha sido objeto de controversias laborales, personales y procesos judiciales, incluyendo un juicio por conflicto de intereses por el cual casi pierde su cargo.
En 2013, se convirtió en objeto de acusaciones de abuso de sustancias, las cuales fueron reportadas en detalle por la prensa nacional e internacional.
Todo fue admitido por Ford y luego de la polémica sobre la admisión de abuso de sustancias, el Concejo Municipal de Toronto votó el 15 de noviembre de 2013 para quitarle sus poderes y entregárselos al sub alcalde, Norm Kelly por el resto del mandato.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: FÉLIX CÓRDOVA.
Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aseguró que Anayeli presentaba un disparo en la cabeza.
