A pesar de que Nuevo León ocupa el segundo lugar en el país entre los estados con más crecimiento de trata de personas, la ley que castiga este delito es arcaica.
La Trata de personas en Monterrey va a la alza, mientras las leyes para combatirla se encuentran obsoletas.
La Ley Federal contra la Trata de Personas fue creada en el 2007, renovada en el 2012 y modificada en el 2014.
En Nuevo León fue creada en el 2010 y aún ahora sigue homologada a la Ley Federal del 2007, es decir, arcaica.
Cada mes llegan a Nuevo León entre 300 y 400 mujeres en condición de Trata, lo que lo convierte en el segundo estado en cuanto al crecimiento de este fenómeno, declaró a Reporte Indigo, Arun Kumar Acharya.
Kumar Acharya es Investigador en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Regional y Urbanismo, Tráfico de Personas, Migración y Género, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Durante el XXI Congreso Nacional de Geografía, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Kumar Acharya puso sobre la mesa la necesidad de actualizar la Ley de Trata.
Señaló que en el 2009 realizó una investigación sobre la situación de la Trata de Personas en Monterrey, que fue asistida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se concluyó y entregó en 2013.
En base a ésta se pudieron hacer algunas modificaciones a la Ley de Trata en nuestro estado, pero la Ley Federal se ha modificado y hasta reconstruido, mientras nuestro Congreso ha desestimado el tema.
“La zona metropolitana de Monterrey es la segunda ciudad más creciente de México en la trata de personas para la explotación sexual después de la ciudad de Cancún”, afirmó el investigador.
Las edades de los centenares de mujeres que son traídas mensualmente al área metropolitana oscilan entre un mínimo de 12 años y máximo 17. Todas menores de 18, y cada vez de menos edad.
Las víctimas de Trata son traídas del centro y sur del país, explicó el especialista. Son engañadas con la promesa de un trabajo bien remunerado, por tratantes o personas allegadas a ellas.
“Las engañan en cuestión de que es para ofrecerle un trabajo digno aquí en Monterrey, en este caso con alta remuneración.
“Y llegando a Monterrey descubren que ya no existe el trabajo que les prometieron y después las obligan a trabajar en la prostitución”.
Las niñas y jóvenes que se niegan a trabajar, son obligadas por medio de golpes, vejaciones, hacinamiento, falta de alimento y amenazas.
De las mujeres sometidas, solo el 50 por ciento se queda aquí, señaló Kumar Acharya, el resto son trasladadas a otras ciudades, incluso a Norteamérica.
“Se van a Estados Unidos y a otras ciudades, como por ejemplo Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana y hasta Cancún”.
Las que son dejadas en el área metropolitana, es por un espacio máximo de un año y medio, y después son intercambiadas con chicas del sur de la República.
Pero las niñas y jóvenes de esta entidad también son captadas y llevadas otras partes de México.
Para reformar la Ley creada en el 2010, Kumar Acharya consideró que se requiere hacer una nueva investigación para conocer a fondo la dinámica actual de este hecho en nuestro estado.
Conocer la problemática completa, es decir, ahondar en el tema y diferenciación de esclavitud, trata, prostitución y trabajo sexual, además de incluir a la explotación laboral.
“Si usted me pregunta cuál es la explotación o cuáles son las dinámicas de Trata, yo puedo decir: explotación sexual, explotación infantil o explotación laboral o explotación en trabajo doméstico, entonces hay qué ver qué tanto están ligados a la trata”.
En abril de este año, el Procurador del estado, Adrián de la Garza, declaró que no hay casos de Trata en nuestro estado.
A lo que el Doctor respondió que no los hay, entre otras cosas, porque policías e investigadores no conocen la diferencia entre Trata y Explotación.
Detalló que del 2007 al 2014 sólo hay registradas 30 denuncias de hechos suscitados en Distrito Federal, Chiapas y Quintana Roo. Ninguna en Nuevo León.
“Pues aquí no va a haber porque la gente no sabemos qué es la Trata, qué es la Explotación, que es la Prostitución y qué es Trabajo Sexual”.
Conminó a las autoridades a que en base de un instrumento sólido, como puede ser una Ley actualizada, se capacite a los elementos en el tema, de lo contrario, dijo, jamás habrá una denuncia.
“La policía, la PGJ no saben, incluso la sociedad, las personas no lo sabemos clasificar, tenemos que trabajar un instrumento claro, hasta que no haya un instrumento claro, así vamos a seguir en Nuevo León”.
Con anterioridad algunos Diputados locales ha manifestado su interés en la modificación de la Ley, pero ello sólo se ha quedado en declaraciones a los medios de comunicación.
Un estado con condiciones especiales
Parte de las modificaciones que deben hacerse a la actual Ley, es tomar en cuenta la explotación infantil y laboral, afirmó el investigador Arun Kumar Acharya.
“Por ejemplo, los niños que tenemos en la calle, jamás los vemos, los niños que limpian vidrios, que venden chicles, que están pidiendo limosna. ¿Quiénes son, de dónde provienen y por qué cada vez son más visibles?.
“(Están) enfrente de nuestra casa, enfrente del Palacio de Gobierno, ahí están trabajando”, detalló.
Kumar Acharya consideró que muchos de ellos alguna vez fueron raptados y engañados para traerlos a la metrópoli para ser explotados.
“Las personas que están siendo obligadas a trabajar, menores de 18 años, es una explotación, porque este niño no debe de trabajar, debe estudiar”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Nueva Castilla, Miguel Quezada Rodríguez, ha denunciado anteriormente en medios de comunicación locales la existencia de jornaleros indígenas en situación de esclavitud en Nuevo León.
A decir de Quezada Rodríguez existen alrededor de 2 mil indígenas, hombres y mujeres, que son traídos de los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.
Son traídos a Nuevo León por redes de traficantes que les prometen una paga, que llega tres meses después, hasta que termina su contrato.
Según sus declaraciones, éstos se encuentran trabajando y viviendo hacinados en ranchos de China, Terán, Los Ramones, Montemorelos, Galeana, Linares, Doctor Coss y Cadereyta.
Así también, el activista social ha encontrado que niños y ancianos también trabajan esas tierras de sol a sol y en precarias condiciones de salud.
Investigarán a turismo médico
Arun Kumar Acharya dio a conocer que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL iniciará una nueva investigación para determinar la repercusión del aumento del turismo médico en la Trata de personas.
En la zona metropolitana de Monterrey ha resurgido la apertura de hospitales y clínicas de alto nivel, pero con ellas los negocios de giro negro.
“Existe una relación entre ellos, es decir, el turismo médico del que podemos hablar, está dando crecimiento a este tipo de negocios, entonces, hay que trabajar sobre eso”, dijo el especialista.
Explicó que quienes provienen de otras ciudades de México, incluso de Estados Unidos, a realizarse exámenes de revisión, alternadamente buscan este tipo de diversión.
La apreciación de los especialistas es que al crecer los lugares de prostitución, aumentan los casos de Trata en el estado.
“Estamos empezando a hacer ese estudio, porque toda las personas que viene de fuera de Nuevo León, aprovechan de ir al casino, al table dance, etc., indirectamente o directamente ese turismo está creando un terreno para que crezcan ese tipo de negocios ilícitos en Nuevo León”, detalló.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
Con el fin del año 2014 no solo llegan las piñatas, el ponche y la Navidad. En el Congreso de la Unión quienes quieren ocupar un cargo de elección popular brincan hacia la campaña.
Ya es fin de año y algunos legisladores federales ya piensan o han comenzado a abandonar sus curules para competir por otros puestos de elección popular en el proceso del 2015.
En el Congreso de la Unión llega la “temporada de chapulines”.
Esta práctica se ha convertido en algo común cada tres años, cuando está próxima a concluir la Legislatura y se acercan las elecciones federales y locales.
Es entonces cuando quienes ocupan un cargo de elección popular “brincan” hacia la campaña política para conquistar el siguiente puesto.
En el proceso electoral anterior, durante el 2012, fueron un total de 220 legisladores federales que pidieron licencia para buscar un nuevo puesto de elección popular. Un 60 por ciento lo consiguieron. El otro 40 por ciento volvió a los cargos que tenían para culminar su encargo.
Para esta elección, se prevé que el número de legisladores que pidan licencia sea mayor, pues el panorama de reelección que se abre para diputados locales y munícipes hace aún más apetecible competir por uno de esos cargos.
Los diputados locales podrán estar en funciones hasta por cuatro periodos consecutivos. Es decir, quienes sean electos en el 2015, podrían continuar en el cargo hasta el 2027.
En el caso de los alcaldes, podrán ser reelectos hasta por un periodo inmediato al de su elección. Es decir, podrían estar en el cargo hasta el 2021.
En la elección del 7 de junio del 2015, estarán en disputa un total de 2 mil 051 puestos de elección popular.
Habrá elecciones en todo el país para renovar a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, y en 17 entidades se registrarán procesos locales para elegir a gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.
En Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se elegirá nuevo gobernador.
Además, se elegirá a 639 diputados locales y a 903 ayuntamientos (incluyendo a los 16 jefes delegacionales de la capital) en los estados anteriores y en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.
Vuelan hacia las candidaturas
Algunos legisladores ya han comenzado a visualizar nuevos horizontes. Otros esperan solo el visto bueno de sus partidos para poder retirarse de sus tareas legislativas
Sea para buscar la gubernatura o algún cargo local, algunos legisladores ya han comenzado a emprender el vuelo y otros esperan solo el visto bueno de sus partidos para poder retirarse de sus tareas legislativas y comenzar las campañas políticas de su nueva encomienda.
Para poder participar en el proceso electoral, los aspirantes deben renunciar a su cargo 90 días antes de la elección; es decir, el 9 de marzo próximo.
Sin embargo, algunos legisladores ya comenzaron el camino político hacia el 2015 por algunos de los cargos más importantes que estarán en juego.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya pidió licencia el priista Javier Treviño Cantú, quien suena como candidato a la gubernatura de Nuevo León o a la alcaldía del municipio de San Pedro, gobernado actualmente por el PAN.
También ya pidió licencia el priista Alberto Curi Naime, quien era presidente de la Comisión de Infraestructura y ahora podría ser postulado para la alcaldía de Toluca, capital del Estado de México.
Este mes se separó del cargo también el panista Arturo de la Rosa, quien busca competir por la alcaldía de Los Cabos.
Otro panista que ya se retiró de su cargo como diputado federal es Francisco Pelayo Covarrubias, quien buscará la alcaldía del municipio de Comondú, Baja California Sur.
En el Senado también ya comenzaron las licencias. Antes de cerrar el periodo de sesiones, el panista Carlos Mendoza Davis se separó de su escaño para competir por la gubernatura de Baja California Sur.
Sin embargo, las solicitudes de licencias ocurrirán como cascadas a partir del próximo mes y hasta que termine el tiempo legal para separarse de sus cargos.
Los nuevos partidos
En México hay 10 partidos con registro nacional que podrán participar en las elecciones (PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza, Encuentro Social, el Partido Humanista y el Movimiento de Regeneración Nacional).
Si cada uno de ellos postulara a sus candidatos, serían 20 mil 510 las candidaturas disponibles para el siguiente año. De ahí que los partidos ya estén afinando sus procesos para definir a quienes competirán en las próximas elecciones.
La desbandada en San Lázaro
En la Cámara de Diputados, algunas de las solicitudes de licencia que se esperan son las del presidente de la Mesa Directiva, el perredista Silvano Aureoles Conejo, quien buscará la gubernatura de Michoacán.
Para buscar la gubernatura de Guerrero, pedirá licencia el priista Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, líder de los tricolores.
Otro priista que dejará su curul es el priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien preside la Comisión de Gobernación y buscará ser gobernador de Campeche.
El panista Damián Zepeda, actual presidente de la Comisión de Hacienda, podría ser llamado a convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora.
Algunos diputados federales, sobre todo de Acción Nacional, buscarán ser presidentes municipales de las ciudades más importantes del país.
José Martín López Cisneros, diputado por el PAN, buscará ser legislador local de Nuevo León, aunque dicha aspiración la compite con su compañero de bancada, Arturo Salinas.
El panista Marcos Aguilar busca ser candidato de su partido a la presidencia municipal de la ciudad de Querétaro. Sin embargo, dicha aspiración podría no concretarse luego de los escándalos en los que se ha visto envuelto, entre ellos la petición de “moches” a cambio de obras o el espionaje contra otros panistas.
El también panista Raúl Paz Alonzo buscará la alcaldía de Mérida, Yucatán y Juan Carlos Muñoz, diputado del albiazul y empresario transportista, contenderá por la presidencia municipal de León, Guanajuato.
Otro panista que dejará su curul en San Lázaro es Víctor Fuentes Solís, quien aspira con ser alcalde del municipio de San Nicolás, Nuevo León.
También del PAN se separará Alfonso Robledo, para buscar la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León.
En el caso del PRD, las licencias más importantes ocurrirán para competir por puestos de elección popular en el Distrito Federal.
Algunos casos son el de Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, que buscará la candidatura a ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo.
Luis Espinosa Cházaro, un diputado perredista muy cercano al líder perredista Carlos Navarrete, busca conquistar la delegación Cuajimalpa.
Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, buscará gobernar la delegación Iztapalapa, una de las más pobladas del país.
Y a estas solicitudes de licencia se sumará la de Ricardo Monreal, quien será coordinador de la recién creada bancada de Morena, y se irá para gobernar la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.
En el Senado, solo para encargos mayores
El término del periodo como senadores de la actual Legislatura culmina hasta el 2018, por lo que quienes soliciten licencia para contender por un cargo de elección popular solo lo hacen si el panorama es mejor al del Senado.
En ese supuesto están legisladores como los sonorenses priistas Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich, quienes competirán para obtener la candidatura de su partido hacia el gobierno de Sonora.
En el mismo caso se encuentran dos senadoras que buscan ser candidatas del PRI al gobierno de Nuevo León. Se trata de Cristina Díaz e Ivonne Álvarez, en quienes podría recaer la candidatura.
La senadora priista Marcela Guerra también contempla dejar su encargo para registrarse como candidata del PRI a la Alcaldía de Monterrey en las próximas elecciones.
Otro priista que se separará de su escaño para buscar una gubernatura es José Ascención “Chon” Orihuela, quien contenderá por Michoacán.
Para buscar la gubernatura de esa entidad pedirá licencia Luisa María “Cocoa” Calderón, quien ya ha sido declarada como candidata del PAN para Michoacán.
En el caso de Guerrero, hasta hace unas semanas era casi seguro que el postulado por el PRD sería el senador Armando Ríos Piter. Sin embargo, luego de que apareciera en fotografías acompañando a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, durante la campaña en el 2012, esa posibilidad pudiera perderse.
Para ese mismo estado suena también el nombre del senador del PRD Sofío Ramírez, quien también ya ha manifestado su deseo de participar en la contienda.
En el caso de Campeche, pedirán licencia los senadores Layda Sansores, para competir por Morena; y Jorge Luis Lavalle, por el PAN.
Para Colima también se encuentran en la mesa los nombres de dos senadoras priistas que podrían contender por la candidatura: se trata de Itzel Ríos y Mely Romero Celis.
El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, también considera unirse a la ola de licencias en el Senado para buscar la gubernatura de esa entidad.
Quienes pidan licencia y no consigan la candidatura o ganen la elección en sus entidades, felizmente podrán regresar a concluir su periodo como senadores y culminar la LXII Legislatura hasta el 2018.
Las licencias
En la Cámara de Diputados
Javier Treviño Cantú
> Suena como candidato a la gubernatura de Nuevo León o a la alcaldía del municipio de San Pedro
Alberto Curi Naime
> Podría ser postulado para la alcaldía de Toluca
Arturo de la Rosa
> Busca competir por la alcaldía de Los Cabos
Francisco Pelayo Covarrubias
> Buscará la alcaldía del municipio de Comondú, Baja California Sur
Carlos Mendoza Davis
> Busca competir por la gubernatura de Baja California Sur
En San Lázaro
Silvano Aureoles Conejo
> Buscará la gubernatura de Michoacán
Manuel Añorve
> Para buscar la gubernatura de Guerrero
Alejandro Moreno Cárdenas
> Buscará ser gobernador de Campeche
Damián Zepeda
> Podría ser llamado a convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora
Diputados federales
José Martín López Cisneros
> Buscará ser legislador local de Nuevo León, aunque dicha aspiración la compite con su compañero de bancada, Arturo Salinas
Marcos Aguilar
> Busca ser candidato de su partido a la presidencia municipal de la ciudad de Querétaro
Juan Carlos Muñoz
> Contenderá por la presidencia municipal de León, Guanajuato.
Víctor Fuentes Solís
> Aspira con ser alcalde del municipio de San Nicolás, Nuevo León.
Alfonso Robledo
> Para buscar la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León
Amalia García
> Buscará la candidatura a ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo
Luis Espinosa Cházaro
> Busca conquistar la delegación Cuajimalpa
Aleida Alavez
> Buscará gobernar la delegación Iztapalapa
Ricardo Monreal
> Se irá para gobernar la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal
Ernesto Gándara
> Competirán para obtener la candidatura de su partido hacia el gobierno de Sonora
Cristina Díaz
Ivonne Álvarez
> Buscan ser candidatas del PRI al gobierno de Nuevo León
Marcela Guerra
> Contempla dejar su encargo para registrarse como candidata del PRI a la alcaldía de Monterrey
José Ascención Orihuela
> Contenderá por Michoacán
Jorge Luis Lavalle
> Para competir la gubernatura de Campeche
Jorge Luis Preciado
> Considera unirse a la ola de licencias en el Senado para buscar la gubernatura de Colima
Armando Ríos Piter
> Busca la gubernatura de Guerrero
Sofío Ramírez
> También ya ha manifestado su deseo de participar en la contienda por la gubernatura de Guerrero
Layda Sansores
> Para competir la gubernatura de Campeche
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, fue reportado como desaparecido por su esposa, luego de que el edil acudiría a declarar por segunda vez a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
El presidente municipal no llegó a declarar ante la PGR y tampoco regresó a su casa.
Este domingo, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, pidió a la PGR que investigue el paradero del alcalde.
En un comunicado, el legislador denunció que el edil de Cocula se trasladó a la Ciudad de México el viernes y desde entonces se desconoce dónde está.
Alonso Raya consideró que la Procuraduría debe aclarar si Peñaloza fue citado a comparecer como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, además de establecer si compareció o no antes de desaparecer.
Afirmó que le parece “sospechosa” la desaparición del alcalde, a quien considera testigo clave en la desaparición de los 43 normalistas.
Este sábado la esposa del alcalde reportó a C-4 que su esposo acudió a la PGR a declarar pero que no había regresado, por lo que teme por su seguridad y realizó el reporte ya que en su celular no responde.
La segunda cita para declarar para el edil de Cocula es por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde murieron seis personas, 25 más resultaron heridas y 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos.
Su declaración fue solicitada debido a que en los hechos participaron policías municipales de Cocula.
El 13 de octubre pasado, el alcalde priista acudió por primera ocasión a las oficinas de la PGR donde respondió el interrogatorio de los representantes de estas corporaciones con el fin de deslindar responsabilidades.
En ese entonces Peñaloza Santana afirmó desconocer la participación de sus policías en el ataque a los estudiantes normalistas, así como las personas que los entregaron y a quiénes.
En días pasados, diputados de Guerrero exigieron que el alcalde de Cocula fuera detenido por su responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Tras 19 años de litigios, Raúl Salinas de Gortari libró todas las acusaciones. Además, los jueces y magistrados que conocieron del expediente en sus distintas instancias –la mayoría radicadas en el Estado de México– han sido premiados desde que él salió del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el 14 de junio de 2005.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que lo liberaron tras 10 horas de deliberación fueron ascendiendo en los intrincados laberintos del Poder Judicial:
José Nieves Luna Castro fue el responsable de elaborar el proyecto de sentencia que autorizó el amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual de Raúl Salinas en el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Emparentado con la poderosa familia Luna Ramos –que ocupa posiciones centrales en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Luna Castro fue mencionado en 2009 como uno de los posibles aspirantes a ocupar las vacantes que dejaron los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela.
Y aun cuando no logró la posición en el máximo tribunal, es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo su mando estará el diseño de los 44 centros de justicia federal en todo el país, un proyecto en el que se invertirán más de 4 mil millones de dólares.
Adalid Ambriz Landa y Manuel Baráibar Constantino, los otros dos magistrados que le dieron el amparo a Raúl Salinas, también fueron beneficiados por la fortuna. Baráibar fue uno de los 35 aspirantes que se inscribieron en febrero de 2013 para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal.
La bancada del PRI en el Senado apoyó a Baráibar y a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ese cargo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, obtuvo ya la libertad… pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerrerense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez, “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”
MÉXICO, D.F: Sin mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejército detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”.
El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, consideró que no puede acusarse a Nestora Salgado de “secuestro” o de “delincuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la policía comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero.
Con ese argumento el magistrado federal revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde ha estado recluida desde el 21 de agosto de 2013, explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación.
Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agrega López Suárez.
El legislador considera que el gobierno federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de junio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
El delegado de Iztapalapa asegura que la casa donde vive en Jardines del Pedregal se pudo adquirir gracias al apoyo de su pareja. Margarita Darlene Rojas Olvera es titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y asumió el cargo en 2013.
Jesús Valencia ahora es cuestionado por la compra de una propiedad en una de las zonas más exclusivas del país.
Después de chocar una camioneta Cherokee, quedaron al descubierto varios detalles de la vida personal del jefe delegacional en Iztapala: que consume medicamentos controlados para lograr dormir, que manejaba una camioneta propiedad de un proveedor de la demarcación y que vive en una de las zonas más costosas de la capital, Jardines del Pedregal.
Valencia Guzmán, entrevistado por Reporte Indigo, justificó cada uno de los temas arriba expuestos.
Sobre la casa que habita en el Pedregal, dijo que los ingresos de su pareja, estimados en poco más de 120 mil pesos mensuales, les permitieron adquirir el inmueble por el que aún están pagando aproximadamente 65 mil pesos al mes.
La pareja sentimental del delegado es Margarita Darlene Rojas Olvera, quien en marzo del 2013 asumió el cargo de presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con el aval de la Presidencia de la República y con Miguel Ángel Mancera como testigo de honor durante la toma de protesta.
Darlene Rojas hoy se encuentra en el ojo del huracán arrastrada por su polémica pareja, quien la colocó en los medios para justificar la compra de la casa.
Jesús y Darlene son personajes vinculados al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, pues ambos ocuparon cargos en la administración pública durante su sexenio, ella fue presidenta del DIF en el DF, cargo que también ocupó él.
Más tarde se desempeñó como directora de Jurídico y Gobierno en Iztapalapa, la demarcación que actualmente él gobierna.
Un sexenio antes, con Andrés Manuel López Obrador, ella se desempeñó como una funcionaria menor, con un salario raquítico en la Secretaría de Desarrollo Social que entonces era encabezada por Raquel Sosa.
Inevitablemente sus vidas políticas y ahora personales están entrelazadas y hoy marcadas por el escándalo.
La casa del oficial
Jesús Valencia es el más reciente de los personajes que atribuye a su esposa la compra de lo que él por sí sólo no podría justificar.
En esa misma línea de ricos que gobernaron Iztapalapa está Aarón Josué Ramos Miranda, el oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que fue tirado de su cargo luego de la difusión de un video del grupo Anonymus, que reveló la compra de una lujosa residencia en la zona de Huixquilucan, Estado de México.
Después de 48 horas de escándalo, Josué Ramos salió a intentar explicar que todo estaba tan claro, como que su esposa ganaba el doble que él, pues percibía un salario mensual de 170 mil pesos.
Igual que Darlene Rojas, el ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa también ocupó el cargo de director jurídico y de Gobierno en la delegación Iztapalapa, en el tiempo en que el polémico Rafael Acosta “Juanito” asumió como gobernante en esa demarcación que presenta grandes rezagos, pobreza y marginación.
Cuando Aarón Ramos enfrentó el escándalo aceptó que la casa en Huixquilucan, Estado de México, que adquirió luego de habitar un modesto departamento en Lindavista, sí era de su propiedad y que la adquirió junto con su esposa, que reporta ingresos de 170 mil mensuales, mientras que él percibía 80 mil en la ALDF.
Aunque con la justificación de los ingresos de la esposa intentó aclarar las acusaciones en su contra, el caso del oficial mayor de la ALDF llegó hasta el Gobierno Federal, donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) tuvo que entregar documentación oficial para acreditar que Ramos no está sujeto a investigación.
La aclaración del ombudsman
El tercer caso de funcionario que empleó el pretexto de la esposa solvente es el de Raúl Plascencia Villanueva.
El expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también eligió la calle de Xitle, en Jardines del Pedregal, para comprar su nueva residencia.
Cuando se ventiló el caso de la nueva residencia, el exombudsman refirió que la compra la concretó su esposa Adelita Deyanira Ortiz Kuri por un monto de 5 millones 474 mil pesos, aunque normalmente en dicha zona los inmuebles promedian poco más de los 20 millones de pesos.
Hasta esa fecha, octubre del 2014, Raúl Plascencia Villanueva se había negado a que su declaración patrimonial se hiciera pública, a pesar de estar obligado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a presentarla.
En medio de la polémica, legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano no dudaron en treparse al escándalo para exigirle al entonces ombudsman que aclarara la compra del inmueble y que de paso transparentara también diversas asignaciones de obras públicas.
Pese a estos casos de políticos casados con mujeres más solventes que ellos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) sigue reportando que las mujeres mexicanas ganan hasta 12 por ciento menos que sus pares hombres.
Que para alcanzar los ingresos de los hombres, sus salarios deberían incrementarse más del 50 por ciento en el rubro de comercio, y 25 por ciento en puestos directivos del sector público como privado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Arturo González conversa de su documental ‘Llévate mis amores’, donde habla acerca de Las Patronas, mujeres que han dedicado casi 20 años de su vida a indocumentados que pasan por México.
Al despuntar el alba, la comunidad de Guadalupe, en Veracruz –conocida como La Patrona– inicia actividad entre sus habitantes, pero principalmente las mujeres son quienes ya están despiertas con un pie en la cocina.
Se les conoce como “Las Patronas”, dedicadas enteramente a preparar de comer y hacer “Lonche” pera los migrantes centroamericanos que cruzan a una casa de distancia, montados en “La bestia”, el tren de carga que cruza el Estado de Veracruz que llega hasta Orizaba.
Arturo González Villaseñor realizó un documental con la historia de estas luchadoras sociales. “Llévate mis amores” recopila la experiencia de vida de las señoras, donde el cineasta egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Licenciatura de Comunicación Social literalmente se mete “hasta la cocina”.
Presentó su proyecto a su alma mater la cual fungió como productora junto con Acanto Films y Pimienta Films. “Llévate mis amores” tuvo su estreno mundial en el la tercera edición de Los Cabos Film Festival, donde ganó el Premio a Mejor Película en la categoría México Primero.
‘Son mi familia’
El cineasta argumenta que al iniciar el proceso de grabación con las patronas, fue empezar a retratar momentos familiares y cotidianos, rompiendo la barrera entre los realizadores y ellas como protagonistas. “Había veces que ellas mismas nos tenían que cargar la cámara o el boom, (…) era ese contacto con el material y con nosotros hizo que las entrevistas o todo lo que sucede en la película sea como muy desapercibido”.
Al cuestionar acerca de cómo es que las patronas sostienen este ritmo de vida y si es que cuentan con el patrocinio de alguien, Villaseñor mostró respeto ante el tema y explicó que ellas no quieren formar una Asociación Civil o una sociedad que reciba caridad de los demás. “Porque ellas no lo necesitan, ellas lo único que quieren es ayudar a la gente, no necesitan una cuenta de ahorros para que la gente les deposite, no necesitan una A.C., no les interesa una organización como tal (…) no intentan venderse con nada, ‘si hemos seguido veinte años con la ayuda de la persona que llega aquí y nos visita, lo vamos a seguir haciendo otros veinte años más’”, Replica Villaseñor.
El comienzo del proyecto
Como proyecto de tesis, Arturo González Villaseñor se acercó a una radio comunitaria en el Estado de Veracruz, donde causalmente recolectaban botellas de PET que les llevaban a las patronas para que ellas las reciclaran llenándolas de agua y regalándolas a los migrantes.
Aunado a esto, también se les regalaba pan dulce de una de las panaderías de la comunidad cercana al pueblo de Guadalupe. Ahí Arturo en un completo mar de ingenuidad, por primera vez presenció a “La Bestia” quedando marcado de por vida.
La película del 2015
Después de ganar el premio a Mejor Película en la categoría México Primero en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en su edición 2014, el documental tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Documentales de Amsterdam (IDFA por sus siglas en inglés).
El documental se le ha invitado a incursionar en festivales en todas partes del mundo: Sudáfrica, España, Francia, República Checa e Inglaterra. En México seguirá recorriendo certámenes como el Festival de Cine de Mérida y San Cristóbal de las Casas ambos a celebrarse en enero.
Dentro de la gira de documentales Ambulante estarán en el circuito que inicia a finales de enero, iniciando su recorrido en el Distrito Federal para continuar por el resto de la república hasta el mes de mayo. El documental estará en la sección Dictator’s Cut.
La muerte de la bestia
Desde hace siete meses, los indocumentados se encuentran con un obstáculo: ya no pueden “montar a la bestia”.
Y es que desde su descarrilamiento en mayo en Tierra Blanca Veracruz, se tomaron precauciones en la estación donde los viajeros desconocidos subían al tren operado por Ferrosur. En septiembre se levantó un cerco que impide el acceso directo a las vías ferroviarias donde parten los trenes con destino a Orizaba Veracruz.
Ante esta situación Villaseñor apuntó al consorcio de Grupo México y en específico al empresario Germán Larrea Mota Velasco como los responsables directos de este suceso.
“Los trenes están pasando vacíos actualmente o con muy pocos migrantes, los que logran subirse es porque se adentran más allá de Tierra Blanca y buscan las curvas que es donde frena el tren. (…) El flujo de migración no va a parar, ellos ahora solo tendrán que atravesar la selva o irse por la costa, y aquí es donde ellos peligran con toparse con los maras”. Añade Villaseñor.
-Pero ¿Y Qué sucede con las patronas?
“Ellas están desconcertadas, como que todavía no logran entender la magnitud del asunto, ahora hacen mucha comida menos, solo ven pasar a los trenes casi vacíos”. Enfatiza el comunicólogo.
Las patronas cocinaban alrededor de 150 comidas diarias para los indocumentados centroamericanos. Para ellas la duda sigue en el aire, y la angustia llena sus corazones al ahora, dejar de ver pasar a los migrantes que piden por su lonche. A punto de cumplir veinte años con su oficio y repentinamente cambiar su rutina diaria, podría hacerles entrar en depresión.
Se levanta el filme
Arturo González Villaseñor inició el documental como todo cineasta independiente: desde cero.
“Los proyectos ni las personas se deben de detener por los recursos, yo tampoco tenía dinero, venía saliendo de la universidad, no tenía los recursos para levantar una película”. Confesó el director del documental que fue apoyado también por Indira Cato y Nicolás Celis, en el área de producción.
Para levantar el proyecto el egresado de la UAM pidió apoyo a un sinnúmero de instituciones antes de poder tener el respaldo total de su casa de estudios, pero al final logró obtener la atención de la rectora quien se conmovió con el proyecto y decidieron patrocinar parte de la producción con equipo de grabación.
Televisa se acercó al realizador para auspiciar el proyecto pero prefirió declinar la oferta. La casa de la esperanza ubicada en Azcapotzalco también concedió recursos, Labo digital dio préstamo para el uso de sus salas de edición.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HIDALGO NEIRA.
MÉXICO, D.F: Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula.
Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”.
Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente.
No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal.
Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores . Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
MÉXICO, D.F: La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.
Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.
Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.
La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.
En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.
“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”
En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.
El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
En Michoacán, los acontecimientos violentos de las últimas semanas, así como varios michoacanos entrevistados por Proceso, indican que el “virrey” Alfredo Castillo fracasó rotundamente en su encomienda “pacificadora”. Hay quienes afirman que, lejos de apaciguar la entidad, el comisionado del gobierno federal pactó con uno de los grupos delincuenciales más poderosos en la región de Tierra Caliente –Los Viagras–, lo que multiplicó los problemas. El padre Gregorio Goyo López, vicario de la catedral de Apatzingán, va más lejos en los señalamientos: afirma que, según versiones locales, Castillo recibió 7 millones de dólares para que dejara delinquir a Los Viagras, sus consentidos que están ahora fuera de control.
MÉXICO, D.F: El martes 16 por la tarde, durante dos horas, dos grupos provistos con armas de alto poder se disputaron a balazos el control de La Ruana, en Tierra Caliente, Michoacán, una localidad clave en la producción de drogas sintéticas y paso obligado de cargamentos de cocaína, mariguana y goma de opio hacia Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales.
Ese día, los seguidores de Hipólito Mora y de Luis Antonio Torres, El Americano, intercambiaron disparos de metralletas calibre 50, rifles de asalto y pistolas de alto calibre, y se lanzaron granadas de fragmentación. El saldo: 11 muertos.
Y mientras eso ocurría en territorio michoacano, el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, se encontraba en la Ciudad de México. Estaba comiendo en un restaurante de Polanco y luego hizo compras en una relojería de lujo de esa zona, según afirmaron los senadores panistas Luisa María Calderón y Javier Lozano.
Cuando se enteró de la refriega, Castillo sólo atinó a decir que se debía a diferencias personales entre Mora y El Americano. Sin embargo, pobladores de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, sostienen que en el fondo se trata de una pelea por el dominio de esta zona importante en la producción de drogas sintéticas, y paso estratégico para el trasiego de otros enervantes.
Al principio, dicen a condición de que se omitan sus nombres, la región estuvo controlada por Jesús El Chango Méndez, fundador de La Familia Michoacana y oriundo de ese municipio.
Los habitantes de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto –conocida como La Ruana en honor a una yegua blanca con manchas de gris y bayo– comentan al reportero que tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios han utilizado desde hace tiempo ese lugar para instalar laboratorios de producción de droga sintética.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Las Procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) enfrentan las exigencias de la sociedad tras el asesinato de tres jóvenes mujeres de manera violenta en el último mes.
Ayer, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional Politécnico (IPN) así como algunos contingentes de feministas acudieron a la sede de la PGR, sobre la Avenida Paseo de la Reforma, para manifestarse en contra de la dependencia federal por las muertes de Edith Gutiérrez Pérez y Anayeli Bautista Tecpa, ambas alumnas de dichos centros universitarios, y de Angélica Trinidad Romero Severiano, una empleada de Liverpool hallada sin vida, presuntamente, en un baño de la tienda departamental en la que laboraba.
Compañeros de Edith expresaron que el feminicidio es un crimen de Estado, exhibe la inexistencia de un Estado de Derecho y que en el país hay condiciones idóneas para la reproducción de la violencia sin límite.
Uno de los manifestantes afirmó que los feminicidios “tienen el común considerar a las mujeres como objetos prescindibles, maltratables y desechables”.
“Esta perversidad se encuentra alentada por la impunidad, por pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, jueves misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria. Hoy, todas esas condiciones tienen a miles de casos de feminicidios, entre ellos los de nuestras compañeras, sin justicia”, agregó.
Compañeras de Anayeli aseguraron que “no aceptarán ni una muerta más de ninguna de nuestras compañeras, amigas, hermanas, madres, de ninguna de nuestras mujeres mexicanas”.
“Los estudiantes no vamos a estar pasmados, no nos vamos a quedar con los ojos cerrados, con la boca cerrada. Vamos a exigir justicia por cada uno de los atroces crímenes. Estamos aquí para que den la cara, para que no nos digan que son una cifra más”, advirtieron.
Los jóvenes de ambas escuelas gritaron diversas consignas como: “¡Enrique, escucha, las mujeres no se callan, eres un feminicida, te lo decimos en tu cara!”, “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” y “¡Queremos vivas a todas las mujeres, no más feminicidios, no creemos en sus leyes!”.
Las mujeres que denunciaron el caso de Angélica aseguraron que desde hace semanas el crimen fue encubierto, pues éste ocurrió en las instalaciones de la empresa “creemos que es muy importante la necesidad de salir en jornadas como hemos protagonizado en días pasados”.
“Los invitamos a seguir levantando acciones contra el feminicidio y contra éste régimen asesino que no tiene nada que ofrecernos. Exigimos justicia para la compañera Edith, para la compañera Angélica y para las miles de asesinadas en este país”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, y que fueron registrados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
ANAYELI BAUTISTA
El cuerpo de Anayeli Bautista Tecpa fue encontrado el domingo 7 de diciembre en el Ajusco, al sur del Distrito Federal, dos semanas antes fue secuestrada y sus captores exigían un millón de pesos por su rescate; sin embargo, la familia logró entregar solo 100 mil pesos por lo que sus plagiarios la asesinaron.
Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aseguró que Anayeli presentaba un disparo en la cabeza.
Anayeli Bautista Tecpa era una alumna destacada de la máxima casa de estudios del país. Apareció en la Gaceta de la UNAM, ya que consiguió entrar a la UNAM con 114 aciertos en su examen de admisión.
También dijo que desde que se tuvo conocimiento del secuestro, la PGR fue quien adoptó el caso y luego de hallar el cuerpo, la Procuraduría capitalina enviaría el expediente por homicidio a la dependencia federal.
EDITH GUTIÉRREZ
Edith Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad, estudiante de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue hallada sin vida frente a su domicilio, en el pueblo de San Lorenzo Xicoténcatl, de la Delegación Iztapalapa, el pasado 11 de diciembre.
El cuerpo estaba maniatado y la causa de su muerte fue asfixia.
Edith participó activamente en las manifestaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el paro que se prolongó por casi tres meses. Era madre de un menor de cuatro años.
ANGÉLICA TRINIDAD
Angélica Trinidad Romero Severiano, empleada de limpieza de la tienda departamental Liverpool en la Plaza Perisur, fue hallada muerta el 16 de noviembre pasado, presuntamente en un baño en la sucursal que laboraba.
Familiares acudieron directamente a la tienda Liverpool en donde se les dijo Romero Severiano había muerto por atragantamiento y un paro cardiaco, de acuerdo al dictamen elaborado por el doctor Mariano Espinosa Morales, quien fue contratado por la empresa.
De acuerdo con familiares de Angélica, Liverpool ordenó trasladar el cuerpo a una funeraria para embalsamarlo y cremarlo sin autorización; sin embargo, lograron recuperar el cadáver y al quitarle el maquillaje encontraron evidencias de golpes y confirmando que había sido estrangulada y que su muerte no fue por paro cardiaco como la empresa intento dar a conocer.
El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que los familiares de Trinidad Romero interpusieron una denuncia por lo tanto ya hay una averiguación previa.
La dependencia capitalina aclaró que “en ampliación al protocolo de necropsia de fecha 17 de noviembre pasado y con base en las fotografías y el estudio histopatológico realizado al cuerpo de la víctima, concluyó que la congestión visceral generalizada que presentó se debió a una asfixia por estrangulamiento”.
FEMINICIDIO EN MÉXICO Y EN EL DF
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó en noviembre pasado que 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2013 en todo el país, pero sólo se abrieron 613 investigaciones por feminicidio.
Además, del total de pesquisas que se iniciaron por feminicidio, sólo 1.6 por ciento derivó en sentencias; 25 por ciento fueron consignados, 24 por ciento estaban en investigación y de un 43 por ciento no se informó.
De acuerdo con Rodolfo Domínguez Márquez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estas cifras se deben a que sólo en 14 entidades (entre ellas Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, DF e Hidalgo) el tipo penal de feminicidio está debidamente sustentado.
Según el OCNF, del total de pesquisas por feminicidio en México de 2012 a 2013, 46 por ciento de las muertes fueron provocadas por actos violentos (golpes, heridas punzocortantes, incendio o asfixia), y 16 por ciento con armas de fuego, principalmente en estados del norte como Sinaloa.
Mientras que en el 80 por ciento de los casos se desconoce quién fue el agresor, en una cuarta parte el cuerpo de las víctimas fue expuesto a la vía pública, y casi el 50 por ciento de las mujeres tenían entre 21 y 40 años de edad.
Desde julio de 2011, en el Distrito Federal el feminicidio está tipificado como delito. Se considera como tal el asesinato de una mujer por razones de género, que existe cuando la víctima tiene signos de violencia sexual, tiene lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a su asesinato, fue incomunicada previo a su muerte, o su cuerpo fue expuesto o arrojado en un lugar público, como señala el artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de enero de 2012 a agosto de 2013 se cometieron un total de 191 asesinatos de mujeres registrados por la Procuraduría capitalina; si bien se tiene conocimiento de que 70 fueron investigados como feminicidio, las autoridades no dan información sobre las razones, causas y motivos que dieron lugar al asesinato de estas mujeres.
Las únicas variables que proporcionan sobre feminicidios son la cantidad y edad de las víctimas. En el 60 por ciento de los casos se desconoce la edad porque no brindaron el dato las autoridades, y en relación con el lugar de hallazgo sólo determinan la Delegación en los casos correspondientes a 2013 (28 casos); las delegaciones con mayor incidencia son Iztapalapa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac; en 13 de los casos las mujeres tienen identidad desconocida.
En cuanto a los 121 casos investigados como homicidios dolosos de mujeres por parte de la Procuraduría, es de resaltar que en 83% de los casos se desconoce el motivo por el cual se cometió el asesinato y por lo menos en 9 casos existen antecedentes para inferir que los motivos fueron feminicidas, como la violencia familiar (3), los celos (2), pasional (4). En 87 casos (79 por ciento) las autoridades desconocen la relación entre la víctima y el victimario, y en 29 casos (23.6 por ciento) existía una relación familiar, sentimental o de confianza.
En cuanto a la causa de la muerte de estos 123 casos, en 39 las mujeres murieron a causa de un arma de fuego, sin embargo, en 74 casos las mujeres murieron a causa del uso excesivo de la fuerza, instrumentos punzocortantes (12), golpes (22) y ahorcamiento o asfxia (40).
Sobre el lugar del hallazgo de los cuerpos de las mujeres en 26 casos (21 por ciento) fueron encontrados en el interior de su domicilio, mientras que en 97 casos (79 por ciento) fueron encontradas en un lugar público.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LAURA CORDERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-12-2014/1196848.
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