En Alemania las tensiones entre la oposición y el gobierno, a propósito de la próxima firma de un acuerdo de cooperación en seguridad con la administración mexicana, crecen y entorpecen las negociaciones, que Angela Merkel se empeña en llevar adelante. Los opositores arguyen el clima de inseguridad e impunidad en territorio mexicano y enarbolan como ejemplo palmario el caso Ayotzinapa. Pero Berlín no ignora esto: Un duro diagnóstico oficial advierte que en México “priva una amplia impunidad” y “los cárteles (…) han anulado el monopolio de poder del Estado”.
BERLÍN (Proceso).- El acuerdo de cooperación en materia de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania está en una fase de renegociación en la cual los temas de derechos humanos y protección de datos personales han adquirido valor estratégico.
Lo anterior resulta de la enorme resonancia internacional del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos –tema que la prensa alemana no ha dejado de reportar desde septiembre pasado–, así como por la fuerte presión de las ONG, los europarlamentarios y diputados alemanes, quienes han pedido al gobierno de Angela Merkel que suspenda el acuerdo ante el temor de que la cooperación bilateral repercuta negativamente sobre los derechos humanos en México.
De hecho el gobierno alemán sabe que el Estado mexicano enfrenta una crisis en la materia y ha sido incapaz de brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos, según un documento oficial –obtenido por Proceso– que hace un duro diagnóstico sobre la situación en México tras los acontecimientos de Iguala.
De acuerdo con fuentes consultadas por este semanario, los temas de derechos humanos y protección de datos personales fueron integrados recientemente al proyecto de acuerdo, cuyo objetivo principal –en palabras del gobierno alemán– es “mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo” (Proceso 1884).
En realidad Merkel no sólo se resiste a suspender la negociación del acuerdo, sino que respalda abiertamente al gobierno de Enrique Peña Nieto e insiste en que la crisis de corrupción y violación de derechos humanos en México –cuyo ejemplo más grave es Ayotzinapa– se observa sólo en escalas estatales y municipales, y no a nivel federal.
Argumenta que precisamente acontecimientos como el de Guerrero refuerzan el objetivo y razón de ser del convenio: un apoyo a la administración federal mexicana en su lucha contra el crimen organizado.
Presión
Los acontecimientos de Iguala y las presiones internas en Alemania retrasaron el acuerdo –planeado para firmarse a finales de este año– y forzaron la inclusión en la discusión de temas vitales, como los derechos humanos y la protección de datos personales.
La presión ha sido fuerte: Los pasados 15 de octubre, 5 de noviembre y el miércoles 3 los partidos de oposición llevaron al Parlamento alemán el tema de Ayotzinapa y el acuerdo de seguridad.
Diputados del Partido Verde Alemán y de La Izquierda interpelaron a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes reprocharon su postura y expresaron su desacuerdo con dicho convenio.
“Con regularidad enviamos delegaciones a México. Desde hace años nos encontramos en todos los niveles con una impunidad de casi 100% en el castigo de los crímenes. Hace cinco años ese porcentaje era de 98% de impunidad, hoy es el mismo, independientemente del gobierno que está en el poder. Entonces el gobierno no puede afirmar que no tiene responsabilidad mientras crímenes monstruosos no están siendo castigados, sin importar el nivel en el que ocurren”, espetó el 5 de noviembre la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda en referencia a los acontecimientos de Iguala. Y lo hizo ante el ministro del Exterior, Michael Roth. En el mismo sentido se desarrollaron las otras dos discusiones.
Más aún, el Partido Verde y La Izquierda presentarán en la sesión parlamentaria del próximo miércoles 17 tres mociones relativas al caso.
Una de ellas estará enfocada a modificar el marco legal, a fin de evitar la discrecionalidad en las negociaciones y la firma de este tipo de acuerdos, tal como, afirman los diputados opositores, ocurre con México
Por su parte la sección alemana de Amnistía Internacional pidió que el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto sea revisado con cautela, pues sus propios informes señalan que en México las fuerzas del orden en todos los niveles practican la tortura como método para obtener confesiones.
En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) exigió la cancelación del acuerdo al tiempo que recolecta firmas entre ciudadanos alemanes y mexicanos en apoyo a una solicitud que será entregada en enero de 2015 al gobierno y al parlamento alemanes.
Hasta el cierre de esta edición la petición sumaba 6 mil 480 firmas de las 7 mil 500 que se establecieron como primera meta. La CADHM es una red que aglutina a 15 de las ONG más importantes del país y es reconocida como interlocutor ante el gobierno, además de realizar trabajo de cabildeo en los parlamentos alemán y europeo.
Diagnóstico
De hecho el gobierno alemán tiene un diagnóstico propio sobre la situación en México que, a pesar de ser demoledor, parece reforzar su visión e intención de firmar el acuerdo.
Dicho diagnóstico está plasmado en un documento fechado el pasado 25 de noviembre. Lo elaboró el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y su destinatario fue la comisión en el Parlamento que se ocupa de estos temas. El documento de seis cuartillas abunda en el asunto de la impunidad y en la falta de capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad.
“En el país priva una amplia impunidad, sólo 2% de todos los delitos concluyen en una condena. La violencia omnipresente, causada sobre todo por la delincuencia organizada y la lucha contra ésta, representa uno de los problemas más urgentes en la situación de los derechos humanos en el país. Los cárteles de la droga luchan con armas altamente modernas y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han anulado el monopolio de poder del Estado mexicano”, señala el documento, del cual Proceso tiene copia.
Además reconoce que a nivel estatal y municipal la policía es fácilmente corruptible y en muchos casos, como en Iguala, está incluso coludida con los criminales; califica de preocupante la situación de hacinamiento en cerca de 25% de las cárceles mexicanas y cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que 60% de los centros penitenciarios del país están controlados por los cárteles.
También hace referencia al tema de la tortura cometida por miembros del Ejército y de las policías estatales y federal, así como las frecuentes críticas que éstos reciben por arrestos y registros domiciliarios arbitrarios, así como por violaciones a los derechos humanos.
Y en ese rubro, sobre la impunidad y la falta de reacción del Estado, su conclusión es clara: “Existen dudas sobre si las autoridades mexicanas están en situación de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad. La creación de autodefensas debe ser observada como una reacción a la carente presencia estatal y al crimen organizado, que asimismo actúa fuera de los estándares legales y sin el control estatal”.
El documento también se refiere al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos. Señala que desde finales de 2012 opera el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoce que sus capacidades operativas son limitadas porque “faltan recursos materiales y humanos, así como el apoyo político necesario”.
De igual forma destaca el grave problema del tráfico de seres humanos y su explotación como uno de los principales ejes dentro de la economía del crimen organizado y la falta de capacidad de respuesta del Estado para enfrentarlo.
“De los 150 mil migrantes que cruzan cada año el país, más de 20 mil son secuestrados por las bandas criminales; en parte con el apoyo de funcionarios de la autoridad migratoria o de la policía. (…) En su intento por contener el tráfico humano el gobierno mexicano queda rebasado. La ley que protege el tráfico de personas carece de una efectiva ejecución. Y a pesar de ciertos éxitos, éste representa para México un problema masivo y un negocio lucrativo.”
En su parte final, y pese al desastroso escenario que muestra, el gobierno federal alemán asegura que las intenciones de firmar el convenio con México son firmes, e incluso adelanta que éste se encuentra en un estado muy avanzado.
Y aporta más detalles: “El texto del convenio sienta las reglas, el marco de las condiciones y los límites del trabajo conjunto. Con el convenio no se crean bases legales nuevas ni vinculantes. El trabajo conjunto está regido por la ley interior (del Estado alemán) y con él ninguna de las autoridades participantes –por el lado mexicano la PGR y por el alemán el Ministerio del Interior– reciben mayores poderes o facultades de las que establece y limita la ley existente.
“En el ámbito de la capacitación y apoyo en equipamiento pueden ofrecerse cursos, según las necesidades existentes, que tienen como finalidad mejorar la profesionalización de las autoridades policiales mexicanas”, puntualiza.
Ejes
El miércoles 3 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Maria Böhmer, aseguró en el Parlamento alemán que los derechos humanos y la protección de datos serán temas observados y cuidados en el trabajo conjunto que se planea con México.
“En el acuerdo de seguridad tenemos que considerar los argumentos aducidos y la situación que reina allá. De parte del gobierno alemán es algo que estamos tomando muy en serio y vamos a conducir la negociación con gran responsabilidad y especial cuidado en lo referente a los derechos humanos”, aseguró en el pleno.
Sobre la protección de datos alegó: “Lo determinante es que las informaciones y datos no caigan en manos equivocadas. Y eso es para nosotros un punto central. En ello no hay dudas”.
La funcionaria alemana confirmó asimismo el trabajo de colaboración que en materia forense iniciarán los dos países y el cual es independiente y no forma parte del convenio. “Ofrecimos a México una colaboración en el campo de la formación forense e identificación (de restos), porque en este momento requiere apoyo urgente. El gobierno mexicano aceptó el ofrecimiento y en las próximas semanas definiremos la forma en que se realizará este trabajo conjunto”, detalló.
Pero las palabras e intenciones del gobierno alemán no convencen a todos. El diputado verde Hans-Christian Ströbele, quien por cierto presentará una de las mociones la próxima semana en el Parlamento, es más que escéptico.
“Alemania no puede ser cómplice del crimen organizado, infiltrado aparentemente en las fuerzas de seguridad, mediante la firma de este convenio con México. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto sobre sus 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho y mediante los cuales quiere reformar de pronto a la policía, no convencen. Ante tales anuncios se tiene que esperar primero su puesta en marcha y posterior éxito”, dice Ströbele a Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ
MÉXICO, D.F: Organizaciones y grupos de mujeres feministas exigen a la tienda departamental Liverpool y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que respondan por el asesinato de Angélica Trinidad Romero, ocurrido en la sucursal Perisur el cual, acusan, fue alterado por la directiva de la empresa.
En un comunicado, las agrupaciones señalan que Liverpool “violó las leyes nacionales y locales respecto a las pruebas del delito, incurrió en actos de corrupción al contratar a un médico que falsificó la causa y lugar de la muerte y pretendió cremar el cuerpo de manera inmediata para no dar parte a las autoridades y ocultar el asesinato a la propia familia de la mujer”.
Consideran que todos estos hechos constituyen graves violaciones al sistema de impartición de justicia y contribuyen al clima de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el país.
“Hay que recordar que en nuestro país sólo 1.6% de estos crímenes concluyen en sentencia, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y ocultar el asesinato de Angélica abona a la impunidad y la amenaza contra todas nosotras”, destacan las organizaciones feministas.
Por tal motivo, exigen que la empresa Liverpool asuma su responsabilidad jurídica por los delitos de alteración de pruebas, falsificación de datos y corrupción tras el crimen ocurrido en sus instalaciones; presente el video de la noche en que se produjo el feminicidio y coadyuve en la captura del agresor; indemnice a la familia de Angélica; manifieste su postura e inicie una campaña de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Mientras que a la PGJDF le piden levantar cargos contra la directiva de la empresa Liverpool por alteración de pruebas; se busque y levante cargos al médico que declaró falsamente la causa de la muerte de Angélica Trinidad Romero; cambie el carácter de homicidio por feminicidio y se persiga bajo el protocolo de género; se dé con el paradero del feminicida y se castigue de acuerdo a la ley; se refuercen operativos de seguridad en la Ciudad de México para evitar el avance del feminicidio.
El comunicado está firmado por las organizaciones: Mujeres en Frecuencia AC; Centro de Estudios, Difusión, Investigación y Desarrollo (CEDID), AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; ITZAM NA, AC; MIDI SC; CIDEM AC; Salud Integral de la Mujer AC; Codiseeg AC; María de Lourdes Barbosa Cárdenas, Elizabeth Jiménez, Martha Barrios, Martha Tagle, Mayela García, María Eugenia Chávez, Gloria Tello Sánchez, Arely Torres Miranda, Gabriela Polanco, Aimee Vega, entre otras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Sí nos vamos a entregar, no todos pero algunos sí, pero aún el gobierno no nos dicen ni en dónde, ni cuándo, ni por los delitos por los que tenemos que presentarnos ante un juez”, afirma uno de los hombres de Simón que participó en el enfrentamiento del pasado martes 16 de Diciembre.
No todos los involucrados en los enfrentamientos del pasado 16 de diciembre en La Ruana quieren entregarse a las autoridades y mucho menos correr el riesgo de estar presos por varios meses. Ante ello Hipólito Mora y Simón “El Americano” han tenido que negociar y convencer a sus seguidores.
Este fin de semana la situación en la comunidad de La Ruana no ha sido fácil, las casas en las que se encuentran 9 de los 11 muertos han tenido que estar custodiadas por la policía estatal de Michoacán, pues en cada una de ellas aseguran se han tenido mensajes de venganza y posibles enfrentamientos.
Las calles de La Ruana ahora lucen solas, solo por la mañana abren los principales comercios, venden sus productos y ante ello la gente prefiere no salir al quiosco principal, pese a la presencia constante de elementos militares y federales en la zona.
“Sí nos vamos a entregar, no todos pero algunos sí, pero aún el gobierno no nos dicen ni en dónde, ni cuándo, ni por los delitos por los que tenemos que presentarnos ante un juez”, afirma uno de los hombres de Simón que participó en el enfrentamiento del pasado martes 16 de septiembre.
Este fin de semana tanto Hipólito Mora como Simón “El Americano” tuvieron que reunirse con su gente para negociar que todos vayan a declarar ante un juez. Lo anterior, les aseguran, es con la intención de evitar una incursión del gobierno que represente un enfrentamiento en donde pueda morir gente inocente.
“Yo solo estoy al pendiente de que no vengan y me maten, en las radiofrecuencias aseguran que antes del 25 estaré muerto, pero tengo confianza de que los elementos de la policía que nos cuidan eviten mi muerte. Y solo estoy a la espera de que me manden el citatorio, aunque sí le pedí al procurador que me permita estar con mi familia en estos días de duelo”, aseguró Hipólito Mora.
Mientras tanto en las calles de La Ruana solo se escuchan autos y motos; por momentos parece un pueblo abandonado. La música, las risas, las compras en las calles principales y los paseos por la plaza principal ya no son una posibilidad para los jóvenes y mucho menos para el resto de la población.
Ahora lo común es ver los recorridos constantes de la policía estatal, el Ejército y ocasionalmente de la policía federal, quienes tienen como misión principal evitar que en las pocas cuadras que hay en La Ruana se encuentren los grupos antagónicos de Hipólito Mora o de Simón “El Americano”.
“Los medios solo le dan la razón a Hipólito Mora, pero quienes trabajamos y apoyamos a Simón “El Americano” y a “Jesús Valencia “El 8” estamos desprotegidos; nadie piensa en que nosotros solo los apoyamos para no tener problemas con la gente de Los Caballeros Templarios o de Los Viagra. Ellos desde hace meses nos protegen y no nos piden dinero a cambio”, afirma Lupita, quien tiene dos tiendas sobre la calle principal.
Muchos de los involucrados en los enfrentamientos huyeron antes de saber que habría una negociación para entregarse y contactarlos ha sido difícil, comenta la gente de Jesús Valencia.
Funcionarios estatales aseguran que pasando los novenarios empezarán a enviar los citatorios a cada uno de los involucrados en los enfrentamientos y detallaron que pese a que existen 56 órdenes de aprehensión aún las investigaciones no concluyen, pues lo que se intenta es tener la certeza de quiénes dieron muerte a los 11.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
Sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.
Policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por estar relacionados con el hallazgo en 2011 de cadáveres en fosas clandestinas, pues los uniformados recibieron pagos del grupo criminal los Zetas —autores del crimen— para realizar labores de vigilancia o interceptar gente en la zona, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Al entregar los datos —sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.
“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, indica la Nota Informativa que PGR entregó el 10 de diciembre pasado al National Security Archive.
Si bien las autoridades federales informaron en 2010 y 2011 que algunos policías municipales habían sido detenidos por su vínculo con la masacre y las fosas comunes, hasta ahora habían mantenido en secreto los archivos sobre las detenciones bajo el argumento de que era información reservada por tratarse de una investigación abierta.
Las masacres ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, son un caso emblemático sobre cómo las autoridades mantienen en secreto el vínculo entre miembros del Estado y la violencia provocada por el crimen organizado; así como sobre la violación de derechos humanos.
La versión oficial indica que las masacres contra migrantes ocurrieron a manos de la organización delictiva de Los Zetas, pero la última información entregada por la PGR también deja al descubierto detalles sobre el papel de los policías implicados en estos crímenes.
En el documento se incluye testimonio de uno de los miembros de la policía municipal detenidos, y presunto integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas, quien declaró que la policía recibía pagos para detener y después entregar a las personas a los criminales.
“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.
San Fernando y el derecho a la información
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes han buscado y solicitado información oficial tanto de las masacres ocurridas en San Fernando como de otros abusos cometidos en su contra, por lo que iniciaron una campaña por el derecho a la verdad a través de la que exigen que se divulguen datos completos sobre estos hechos.
Las autoridades federales se han negado a reconocer que los hechos en San Fernando implican violaciones a derechos humanos, pues afirman que los asesinatos de migrantes son actos criminales perpetrados por cárteles de la droga. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) decidió que estas masacres sí constituyen violaciones a derechos humanos, según lo establecido en tratados internacionales ratificados por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior derivó en agosto en una orden del IFAI a la PGR para dar a conocer los datos sobre la participación de policías municipales en las masacres de San Fernando, pues la Ley de Acceso a la Información indica que el Estado tiene la obligación de dar a conocer información sobre violaciones graves a derechos humanos en lugar de clasificarla como reservada.
Pero además de que el IFAI basó su decisión en criterios que incluyen la aquiescencia, tolerancia o la participación directa del Estado en las masacres, esto se confirma con el documento entregado por la PGR, lo que implica que este tipo de crímenes cometidos con la participación de policías constituyen violaciones de derechos humanos, como es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras un ataque de policías municipales en Iguala, Guerrero.
La desclasificación del documento representa un gran avance en los esfuerzos de organizaciones civiles como Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) para tener acceso a los expedientes completos sobre la investigación de los asesinatos de migrantes, lo cual actualmente está en discusión en la Corte Suprema que deberá fallar si PGR debe divulgar versiones públicas de éstos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Jesse Franzblau*
*Jesse Franzblau presentó la solicitud de información como parte del proyecto de documentos desclasificados sobre migración del National Security Archive, la cual finalmente resultó en la sentencia del IFAI que se menciona en el texto. También trabaja como consultor para la Open Society Justice Initiative (OSJI) sobre proyectos relacionados al derecho a la verdad. Este texto fue publicado por parte de OSJI.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer este domingo que en los primeros 11 meses de este año se registraron 15.43 por ciento menos secuestros en el país respecto al mismo periodo del 2013.
En un comunicado, la dependencia detalla que en el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro y con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al cierre de 2014 se observa una contención y disminución en averiguaciones previas por secuestro en el país.
De acuerdo con el SNSP, mientras que de enero a noviembre de 2013 se registraron mil 575 casos, en el mismo periodo de 2104 se contabilizaron mil 332, lo que representa 243 delitos menos, es decir, una disminución de 15.43 por ciento.
Al hacer la comparación de noviembre de 2013 con noviembre de 2014, se observa una reducción del 34.62 por ciento, al registrarse 156 averiguaciones previas contra 102 respectivamente, lo que significa 54 casos menos.
Esta baja es atribuida a que la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) intensificó el trabajo en las 10 entidades federativas en donde se concentraba cerca del 74 por ciento de secuestros en el país, particularmente en Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Michoacán y Tabasco.
La Segob agrega que se crearon Grupos Tácticos de Fusión Interinstitucional y de coordinación operativa integrados por elementos de las Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional, así como del Cisen, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías Estatales, y de las Secretarías de Seguridad Pública locales.
“Este esfuerzo interinstitucional ha permitido evitar la dispersión de la información y, por otra parte, la multiplicación de posibilidades y capacidades para resolver de manera coordinada el tema del secuestro”, indica el comunicado.
“Además se implementó una estrategia para disminuir el delito del secuestro al vincular las diferentes instancias de gobierno del fuero federal, del gobierno de la República y del fuero común, con la sociedad civil”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó y condicionó la salida de Televisa de Grupo Iusacell, así como la posterior venta de esta empresa de telefonía móvil a AT&T.
El IFT aprobó que Grupo Salinas, titular del 50% de las acciones de GSF Telecom Holdings (GSF), compre a Grupo Televisa el 50% restante de las acciones de esta empresa que, a través de sus subsidiarias, participa en la prestación de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.
Dicha aprobación está sujeta al cumplimiento de condiciones impuestas por el Instituto.
Con esta transacción, Grupo Televisa dejará de participar en la toma de decisiones sobre los negocios de telecomunicaciones fijas y móviles que Grupo Salinas opera a través de GSF y sus subsidiarias.
Por otra parte, el pasado 15 de diciembre el IFT autorizó, sujeto a condiciones, la compra por parte de AT&T del negocio de telecomunicaciones móviles de Grupo Salinas, el cual está conformado por los activos y las subsidiarias que participan en la prestación de servicios de telefonía, mensajes y acceso a internet móviles, entre las que se encuentran Iusacell y Unefon.
Las concentraciones, que se realizarán en forma consecutiva, están sujetas al cumplimiento de compromisos y mecanismos de verificación para evitar que como resultado de la concentración se disminuya, dañe o se impida el proceso de competencia y libre concurrencia.
En caso de que las empresas no acepten las condiciones impuestas por esta autoridad, o bien las acepten pero las incumplan, se tendrán por no autorizadas para todos los efectos legales a que haya lugar.
Una vez que Grupo Salinas sea titular del 100% de las acciones de GSF, dividirá a esta empresa en dos negocios, el primero el de las telecomunicaciones fijas, que incluyen a Total Play; y el segundo el de las telecomunicaciones móviles, en el que se incluyen a Iusacell y Unefon.
Grupo Salinas conservará el control sobre el negocio fijo y venderá el negocio móvil a AT&T. De esta forma, AT&T incursionará en los mercados mexicanos como proveedor de servicios de telecomunicaciones móviles.
Al resolver sobre la segunda concentración, el IFT tomó en consideración la relación que AT&T mantuvo con América Móvil (Telcel), principal operador de servicios de telecomunicaciones móviles en México. En consecuencia, las condiciones impuestas a AT&T establecen medidas para evitar riesgos al proceso de competencia en los mercados donde estos agentes económicos participan.
Como antecedente de ambas concentraciones, es importante señalar que el 9 de diciembre de 2014, el Pleno del IFT resolvió una concentración que data de 2011 y que fue analizada por la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual consistió en la adquisición por parte de Grupo Televisa de acciones representativas del 49% del capital social de GSF, que le fueron vendidas por Grupo Salinas.
La CFC inicialmente no autorizó esta concentración. Sin embargo, las partes solicitaron a esa autoridad que revisara su primera decisión y, en ese procedimiento, presentaron compromisos con base en los cuales el Pleno de la CFC resolvió autorizarla sujeta al cumplimiento de condiciones.
La concentración se realizó en junio de 2012 y posteriormente las partes promovieron juicios de amparo en contra de la resolución de la CFC. Argumentaron que, durante el primer procedimiento, la CFC realizó actos no previstos en la Ley Federal de Competencia Económica aplicable y, en consecuencia, extendió indebidamente el plazo para resolver sobre la concentración, por lo que la resolución inicial de la CFC se emitió fuera del plazo previsto en la ley y operó la afirmativa ficta en beneficio de las partes.
Posteriormente, en noviembre de 2014, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una Ejecutoria en la que ordenó a este Instituto, en su calidad de autoridad responsable sustituta de la extinta CFC, dejar insubsistentes las resoluciones emitidas previamente sobre esta concentración y emitir una en la que, evaluando los argumentos de las partes, resolviera si operó o no la afirmativa ficta, sin tomar en cuenta los actos realizados por la CFC que no estaban previstos en la ley aplicable.
En estricto cumplimiento de la ejecutoria, el 9 de diciembre de 2014, el Pleno del Instituto dejó sin efectos las resoluciones emitidas por la CFC sobre esa concentración y emitió otra en la que determinó que ese organismo regulador resolvió fuera del plazo que la ley le otorgaba, por lo que operó la figura de afirmativa ficta sobre la concentración.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: En el segundo día en el que pudo convivir con sus hijos, Maude Versini pidió a los abogados de su exesposo Arturo Montiel que los próximos encuentros se lleven a cabo en un hotel.
Este sábado la ciudadana francesa pudo reunirse con sus tres hijos por primera vez después de tres años de no verlos. El encuentro se realizó en el centro de convivencia del Poder Judicial, en Toluca, Estado de México.
Este día, tras salir del encuentro con sus hijos, Versini afirmó que la respuesta a su solicitud se daría esta tarde.
Dijo que ella y sus hijos Sofía, Adrián y Alexi ha vivido “momentos divinos” este fin de semana, pero que sería deseable que la convivencia se pudiera realizar en un hotel para que sea aún más agradable y así contar con más privacidad.
Indicó que ya pidió a los abogados de su exesposo que la próxima reunión sea en un hotel y no en la Unidad Deportiva del Poder Judicial, ubicada en San Lorenzo Tepaltitlán, en Toluca.
Los hijos de Versini y Arturo Montiel llegaron al lugar esta mañana bajo la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reportó el diario Reforma.
El encuentro entre madre e hijos duró aproximadamente dos horas y media.
Versini advirtió que estas convivencias son un primer paso, pues la batalla aún no termina ya que hay una orden de aprehensión contra Montiel y un juicio en Francia que sigue en pie.
Maude Versini y el exgobernador del Estado de México sostuvieron una batalla legal por la custodia de sus hijos luego de que ella acusó al priista de sustraer a sus hijos ilegalmente de Francia durante unas vacaciones.
El pasado 2 de octubre un juez ordenó la convivencia de Versini con sus hjos, del 20 al 30 de diciembre, con un tiempo máximo de ocho horas diarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A pesar de que Nuevo León ocupa el segundo lugar en el país entre los estados con más crecimiento de trata de personas, la ley que castiga este delito es arcaica.
La Trata de personas en Monterrey va a la alza, mientras las leyes para combatirla se encuentran obsoletas.
La Ley Federal contra la Trata de Personas fue creada en el 2007, renovada en el 2012 y modificada en el 2014.
En Nuevo León fue creada en el 2010 y aún ahora sigue homologada a la Ley Federal del 2007, es decir, arcaica.
Cada mes llegan a Nuevo León entre 300 y 400 mujeres en condición de Trata, lo que lo convierte en el segundo estado en cuanto al crecimiento de este fenómeno, declaró a Reporte Indigo, Arun Kumar Acharya.
Kumar Acharya es Investigador en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Regional y Urbanismo, Tráfico de Personas, Migración y Género, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Durante el XXI Congreso Nacional de Geografía, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Kumar Acharya puso sobre la mesa la necesidad de actualizar la Ley de Trata.
Señaló que en el 2009 realizó una investigación sobre la situación de la Trata de Personas en Monterrey, que fue asistida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se concluyó y entregó en 2013.
En base a ésta se pudieron hacer algunas modificaciones a la Ley de Trata en nuestro estado, pero la Ley Federal se ha modificado y hasta reconstruido, mientras nuestro Congreso ha desestimado el tema.
“La zona metropolitana de Monterrey es la segunda ciudad más creciente de México en la trata de personas para la explotación sexual después de la ciudad de Cancún”, afirmó el investigador.
Las edades de los centenares de mujeres que son traídas mensualmente al área metropolitana oscilan entre un mínimo de 12 años y máximo 17. Todas menores de 18, y cada vez de menos edad.
Las víctimas de Trata son traídas del centro y sur del país, explicó el especialista. Son engañadas con la promesa de un trabajo bien remunerado, por tratantes o personas allegadas a ellas.
“Las engañan en cuestión de que es para ofrecerle un trabajo digno aquí en Monterrey, en este caso con alta remuneración.
“Y llegando a Monterrey descubren que ya no existe el trabajo que les prometieron y después las obligan a trabajar en la prostitución”.
Las niñas y jóvenes que se niegan a trabajar, son obligadas por medio de golpes, vejaciones, hacinamiento, falta de alimento y amenazas.
De las mujeres sometidas, solo el 50 por ciento se queda aquí, señaló Kumar Acharya, el resto son trasladadas a otras ciudades, incluso a Norteamérica.
“Se van a Estados Unidos y a otras ciudades, como por ejemplo Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana y hasta Cancún”.
Las que son dejadas en el área metropolitana, es por un espacio máximo de un año y medio, y después son intercambiadas con chicas del sur de la República.
Pero las niñas y jóvenes de esta entidad también son captadas y llevadas otras partes de México.
Para reformar la Ley creada en el 2010, Kumar Acharya consideró que se requiere hacer una nueva investigación para conocer a fondo la dinámica actual de este hecho en nuestro estado.
Conocer la problemática completa, es decir, ahondar en el tema y diferenciación de esclavitud, trata, prostitución y trabajo sexual, además de incluir a la explotación laboral.
“Si usted me pregunta cuál es la explotación o cuáles son las dinámicas de Trata, yo puedo decir: explotación sexual, explotación infantil o explotación laboral o explotación en trabajo doméstico, entonces hay qué ver qué tanto están ligados a la trata”.
En abril de este año, el Procurador del estado, Adrián de la Garza, declaró que no hay casos de Trata en nuestro estado.
A lo que el Doctor respondió que no los hay, entre otras cosas, porque policías e investigadores no conocen la diferencia entre Trata y Explotación.
Detalló que del 2007 al 2014 sólo hay registradas 30 denuncias de hechos suscitados en Distrito Federal, Chiapas y Quintana Roo. Ninguna en Nuevo León.
“Pues aquí no va a haber porque la gente no sabemos qué es la Trata, qué es la Explotación, que es la Prostitución y qué es Trabajo Sexual”.
Conminó a las autoridades a que en base de un instrumento sólido, como puede ser una Ley actualizada, se capacite a los elementos en el tema, de lo contrario, dijo, jamás habrá una denuncia.
“La policía, la PGJ no saben, incluso la sociedad, las personas no lo sabemos clasificar, tenemos que trabajar un instrumento claro, hasta que no haya un instrumento claro, así vamos a seguir en Nuevo León”.
Con anterioridad algunos Diputados locales ha manifestado su interés en la modificación de la Ley, pero ello sólo se ha quedado en declaraciones a los medios de comunicación.
Un estado con condiciones especiales
Parte de las modificaciones que deben hacerse a la actual Ley, es tomar en cuenta la explotación infantil y laboral, afirmó el investigador Arun Kumar Acharya.
“Por ejemplo, los niños que tenemos en la calle, jamás los vemos, los niños que limpian vidrios, que venden chicles, que están pidiendo limosna. ¿Quiénes son, de dónde provienen y por qué cada vez son más visibles?.
“(Están) enfrente de nuestra casa, enfrente del Palacio de Gobierno, ahí están trabajando”, detalló.
Kumar Acharya consideró que muchos de ellos alguna vez fueron raptados y engañados para traerlos a la metrópoli para ser explotados.
“Las personas que están siendo obligadas a trabajar, menores de 18 años, es una explotación, porque este niño no debe de trabajar, debe estudiar”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Nueva Castilla, Miguel Quezada Rodríguez, ha denunciado anteriormente en medios de comunicación locales la existencia de jornaleros indígenas en situación de esclavitud en Nuevo León.
A decir de Quezada Rodríguez existen alrededor de 2 mil indígenas, hombres y mujeres, que son traídos de los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.
Son traídos a Nuevo León por redes de traficantes que les prometen una paga, que llega tres meses después, hasta que termina su contrato.
Según sus declaraciones, éstos se encuentran trabajando y viviendo hacinados en ranchos de China, Terán, Los Ramones, Montemorelos, Galeana, Linares, Doctor Coss y Cadereyta.
Así también, el activista social ha encontrado que niños y ancianos también trabajan esas tierras de sol a sol y en precarias condiciones de salud.
Investigarán a turismo médico
Arun Kumar Acharya dio a conocer que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL iniciará una nueva investigación para determinar la repercusión del aumento del turismo médico en la Trata de personas.
En la zona metropolitana de Monterrey ha resurgido la apertura de hospitales y clínicas de alto nivel, pero con ellas los negocios de giro negro.
“Existe una relación entre ellos, es decir, el turismo médico del que podemos hablar, está dando crecimiento a este tipo de negocios, entonces, hay que trabajar sobre eso”, dijo el especialista.
Explicó que quienes provienen de otras ciudades de México, incluso de Estados Unidos, a realizarse exámenes de revisión, alternadamente buscan este tipo de diversión.
La apreciación de los especialistas es que al crecer los lugares de prostitución, aumentan los casos de Trata en el estado.
“Estamos empezando a hacer ese estudio, porque toda las personas que viene de fuera de Nuevo León, aprovechan de ir al casino, al table dance, etc., indirectamente o directamente ese turismo está creando un terreno para que crezcan ese tipo de negocios ilícitos en Nuevo León”, detalló.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
Con el fin del año 2014 no solo llegan las piñatas, el ponche y la Navidad. En el Congreso de la Unión quienes quieren ocupar un cargo de elección popular brincan hacia la campaña.
Ya es fin de año y algunos legisladores federales ya piensan o han comenzado a abandonar sus curules para competir por otros puestos de elección popular en el proceso del 2015.
En el Congreso de la Unión llega la “temporada de chapulines”.
Esta práctica se ha convertido en algo común cada tres años, cuando está próxima a concluir la Legislatura y se acercan las elecciones federales y locales.
Es entonces cuando quienes ocupan un cargo de elección popular “brincan” hacia la campaña política para conquistar el siguiente puesto.
En el proceso electoral anterior, durante el 2012, fueron un total de 220 legisladores federales que pidieron licencia para buscar un nuevo puesto de elección popular. Un 60 por ciento lo consiguieron. El otro 40 por ciento volvió a los cargos que tenían para culminar su encargo.
Para esta elección, se prevé que el número de legisladores que pidan licencia sea mayor, pues el panorama de reelección que se abre para diputados locales y munícipes hace aún más apetecible competir por uno de esos cargos.
Los diputados locales podrán estar en funciones hasta por cuatro periodos consecutivos. Es decir, quienes sean electos en el 2015, podrían continuar en el cargo hasta el 2027.
En el caso de los alcaldes, podrán ser reelectos hasta por un periodo inmediato al de su elección. Es decir, podrían estar en el cargo hasta el 2021.
En la elección del 7 de junio del 2015, estarán en disputa un total de 2 mil 051 puestos de elección popular.
Habrá elecciones en todo el país para renovar a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, y en 17 entidades se registrarán procesos locales para elegir a gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.
En Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se elegirá nuevo gobernador.
Además, se elegirá a 639 diputados locales y a 903 ayuntamientos (incluyendo a los 16 jefes delegacionales de la capital) en los estados anteriores y en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.
Vuelan hacia las candidaturas
Algunos legisladores ya han comenzado a visualizar nuevos horizontes. Otros esperan solo el visto bueno de sus partidos para poder retirarse de sus tareas legislativas
Sea para buscar la gubernatura o algún cargo local, algunos legisladores ya han comenzado a emprender el vuelo y otros esperan solo el visto bueno de sus partidos para poder retirarse de sus tareas legislativas y comenzar las campañas políticas de su nueva encomienda.
Para poder participar en el proceso electoral, los aspirantes deben renunciar a su cargo 90 días antes de la elección; es decir, el 9 de marzo próximo.
Sin embargo, algunos legisladores ya comenzaron el camino político hacia el 2015 por algunos de los cargos más importantes que estarán en juego.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya pidió licencia el priista Javier Treviño Cantú, quien suena como candidato a la gubernatura de Nuevo León o a la alcaldía del municipio de San Pedro, gobernado actualmente por el PAN.
También ya pidió licencia el priista Alberto Curi Naime, quien era presidente de la Comisión de Infraestructura y ahora podría ser postulado para la alcaldía de Toluca, capital del Estado de México.
Este mes se separó del cargo también el panista Arturo de la Rosa, quien busca competir por la alcaldía de Los Cabos.
Otro panista que ya se retiró de su cargo como diputado federal es Francisco Pelayo Covarrubias, quien buscará la alcaldía del municipio de Comondú, Baja California Sur.
En el Senado también ya comenzaron las licencias. Antes de cerrar el periodo de sesiones, el panista Carlos Mendoza Davis se separó de su escaño para competir por la gubernatura de Baja California Sur.
Sin embargo, las solicitudes de licencias ocurrirán como cascadas a partir del próximo mes y hasta que termine el tiempo legal para separarse de sus cargos.
Los nuevos partidos
En México hay 10 partidos con registro nacional que podrán participar en las elecciones (PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza, Encuentro Social, el Partido Humanista y el Movimiento de Regeneración Nacional).
Si cada uno de ellos postulara a sus candidatos, serían 20 mil 510 las candidaturas disponibles para el siguiente año. De ahí que los partidos ya estén afinando sus procesos para definir a quienes competirán en las próximas elecciones.
La desbandada en San Lázaro
En la Cámara de Diputados, algunas de las solicitudes de licencia que se esperan son las del presidente de la Mesa Directiva, el perredista Silvano Aureoles Conejo, quien buscará la gubernatura de Michoacán.
Para buscar la gubernatura de Guerrero, pedirá licencia el priista Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, líder de los tricolores.
Otro priista que dejará su curul es el priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien preside la Comisión de Gobernación y buscará ser gobernador de Campeche.
El panista Damián Zepeda, actual presidente de la Comisión de Hacienda, podría ser llamado a convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora.
Algunos diputados federales, sobre todo de Acción Nacional, buscarán ser presidentes municipales de las ciudades más importantes del país.
José Martín López Cisneros, diputado por el PAN, buscará ser legislador local de Nuevo León, aunque dicha aspiración la compite con su compañero de bancada, Arturo Salinas.
El panista Marcos Aguilar busca ser candidato de su partido a la presidencia municipal de la ciudad de Querétaro. Sin embargo, dicha aspiración podría no concretarse luego de los escándalos en los que se ha visto envuelto, entre ellos la petición de “moches” a cambio de obras o el espionaje contra otros panistas.
El también panista Raúl Paz Alonzo buscará la alcaldía de Mérida, Yucatán y Juan Carlos Muñoz, diputado del albiazul y empresario transportista, contenderá por la presidencia municipal de León, Guanajuato.
Otro panista que dejará su curul en San Lázaro es Víctor Fuentes Solís, quien aspira con ser alcalde del municipio de San Nicolás, Nuevo León.
También del PAN se separará Alfonso Robledo, para buscar la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León.
En el caso del PRD, las licencias más importantes ocurrirán para competir por puestos de elección popular en el Distrito Federal.
Algunos casos son el de Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, que buscará la candidatura a ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo.
Luis Espinosa Cházaro, un diputado perredista muy cercano al líder perredista Carlos Navarrete, busca conquistar la delegación Cuajimalpa.
Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, buscará gobernar la delegación Iztapalapa, una de las más pobladas del país.
Y a estas solicitudes de licencia se sumará la de Ricardo Monreal, quien será coordinador de la recién creada bancada de Morena, y se irá para gobernar la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.
En el Senado, solo para encargos mayores
El término del periodo como senadores de la actual Legislatura culmina hasta el 2018, por lo que quienes soliciten licencia para contender por un cargo de elección popular solo lo hacen si el panorama es mejor al del Senado.
En ese supuesto están legisladores como los sonorenses priistas Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich, quienes competirán para obtener la candidatura de su partido hacia el gobierno de Sonora.
En el mismo caso se encuentran dos senadoras que buscan ser candidatas del PRI al gobierno de Nuevo León. Se trata de Cristina Díaz e Ivonne Álvarez, en quienes podría recaer la candidatura.
La senadora priista Marcela Guerra también contempla dejar su encargo para registrarse como candidata del PRI a la Alcaldía de Monterrey en las próximas elecciones.
Otro priista que se separará de su escaño para buscar una gubernatura es José Ascención “Chon” Orihuela, quien contenderá por Michoacán.
Para buscar la gubernatura de esa entidad pedirá licencia Luisa María “Cocoa” Calderón, quien ya ha sido declarada como candidata del PAN para Michoacán.
En el caso de Guerrero, hasta hace unas semanas era casi seguro que el postulado por el PRD sería el senador Armando Ríos Piter. Sin embargo, luego de que apareciera en fotografías acompañando a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, durante la campaña en el 2012, esa posibilidad pudiera perderse.
Para ese mismo estado suena también el nombre del senador del PRD Sofío Ramírez, quien también ya ha manifestado su deseo de participar en la contienda.
En el caso de Campeche, pedirán licencia los senadores Layda Sansores, para competir por Morena; y Jorge Luis Lavalle, por el PAN.
Para Colima también se encuentran en la mesa los nombres de dos senadoras priistas que podrían contender por la candidatura: se trata de Itzel Ríos y Mely Romero Celis.
El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, también considera unirse a la ola de licencias en el Senado para buscar la gubernatura de esa entidad.
Quienes pidan licencia y no consigan la candidatura o ganen la elección en sus entidades, felizmente podrán regresar a concluir su periodo como senadores y culminar la LXII Legislatura hasta el 2018.
Las licencias
En la Cámara de Diputados
Javier Treviño Cantú
> Suena como candidato a la gubernatura de Nuevo León o a la alcaldía del municipio de San Pedro
Alberto Curi Naime
> Podría ser postulado para la alcaldía de Toluca
Arturo de la Rosa
> Busca competir por la alcaldía de Los Cabos
Francisco Pelayo Covarrubias
> Buscará la alcaldía del municipio de Comondú, Baja California Sur
Carlos Mendoza Davis
> Busca competir por la gubernatura de Baja California Sur
En San Lázaro
Silvano Aureoles Conejo
> Buscará la gubernatura de Michoacán
Manuel Añorve
> Para buscar la gubernatura de Guerrero
Alejandro Moreno Cárdenas
> Buscará ser gobernador de Campeche
Damián Zepeda
> Podría ser llamado a convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora
Diputados federales
José Martín López Cisneros
> Buscará ser legislador local de Nuevo León, aunque dicha aspiración la compite con su compañero de bancada, Arturo Salinas
Marcos Aguilar
> Busca ser candidato de su partido a la presidencia municipal de la ciudad de Querétaro
Juan Carlos Muñoz
> Contenderá por la presidencia municipal de León, Guanajuato.
Víctor Fuentes Solís
> Aspira con ser alcalde del municipio de San Nicolás, Nuevo León.
Alfonso Robledo
> Para buscar la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León
Amalia García
> Buscará la candidatura a ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo
Luis Espinosa Cházaro
> Busca conquistar la delegación Cuajimalpa
Aleida Alavez
> Buscará gobernar la delegación Iztapalapa
Ricardo Monreal
> Se irá para gobernar la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal
Ernesto Gándara
> Competirán para obtener la candidatura de su partido hacia el gobierno de Sonora
Cristina Díaz
Ivonne Álvarez
> Buscan ser candidatas del PRI al gobierno de Nuevo León
Marcela Guerra
> Contempla dejar su encargo para registrarse como candidata del PRI a la alcaldía de Monterrey
José Ascención Orihuela
> Contenderá por Michoacán
Jorge Luis Lavalle
> Para competir la gubernatura de Campeche
Jorge Luis Preciado
> Considera unirse a la ola de licencias en el Senado para buscar la gubernatura de Colima
Armando Ríos Piter
> Busca la gubernatura de Guerrero
Sofío Ramírez
> También ya ha manifestado su deseo de participar en la contienda por la gubernatura de Guerrero
Layda Sansores
> Para competir la gubernatura de Campeche
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, fue reportado como desaparecido por su esposa, luego de que el edil acudiría a declarar por segunda vez a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
El presidente municipal no llegó a declarar ante la PGR y tampoco regresó a su casa.
Este domingo, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, pidió a la PGR que investigue el paradero del alcalde.
En un comunicado, el legislador denunció que el edil de Cocula se trasladó a la Ciudad de México el viernes y desde entonces se desconoce dónde está.
Alonso Raya consideró que la Procuraduría debe aclarar si Peñaloza fue citado a comparecer como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, además de establecer si compareció o no antes de desaparecer.
Afirmó que le parece “sospechosa” la desaparición del alcalde, a quien considera testigo clave en la desaparición de los 43 normalistas.
Este sábado la esposa del alcalde reportó a C-4 que su esposo acudió a la PGR a declarar pero que no había regresado, por lo que teme por su seguridad y realizó el reporte ya que en su celular no responde.
La segunda cita para declarar para el edil de Cocula es por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde murieron seis personas, 25 más resultaron heridas y 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos.
Su declaración fue solicitada debido a que en los hechos participaron policías municipales de Cocula.
El 13 de octubre pasado, el alcalde priista acudió por primera ocasión a las oficinas de la PGR donde respondió el interrogatorio de los representantes de estas corporaciones con el fin de deslindar responsabilidades.
En ese entonces Peñaloza Santana afirmó desconocer la participación de sus policías en el ataque a los estudiantes normalistas, así como las personas que los entregaron y a quiénes.
En días pasados, diputados de Guerrero exigieron que el alcalde de Cocula fuera detenido por su responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Tras 19 años de litigios, Raúl Salinas de Gortari libró todas las acusaciones. Además, los jueces y magistrados que conocieron del expediente en sus distintas instancias –la mayoría radicadas en el Estado de México– han sido premiados desde que él salió del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el 14 de junio de 2005.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que lo liberaron tras 10 horas de deliberación fueron ascendiendo en los intrincados laberintos del Poder Judicial:
José Nieves Luna Castro fue el responsable de elaborar el proyecto de sentencia que autorizó el amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual de Raúl Salinas en el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Emparentado con la poderosa familia Luna Ramos –que ocupa posiciones centrales en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Luna Castro fue mencionado en 2009 como uno de los posibles aspirantes a ocupar las vacantes que dejaron los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela.
Y aun cuando no logró la posición en el máximo tribunal, es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo su mando estará el diseño de los 44 centros de justicia federal en todo el país, un proyecto en el que se invertirán más de 4 mil millones de dólares.
Adalid Ambriz Landa y Manuel Baráibar Constantino, los otros dos magistrados que le dieron el amparo a Raúl Salinas, también fueron beneficiados por la fortuna. Baráibar fue uno de los 35 aspirantes que se inscribieron en febrero de 2013 para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal.
La bancada del PRI en el Senado apoyó a Baráibar y a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ese cargo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, obtuvo ya la libertad… pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerrerense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez, “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”
MÉXICO, D.F: Sin mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejército detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”.
El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, consideró que no puede acusarse a Nestora Salgado de “secuestro” o de “delincuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la policía comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero.
Con ese argumento el magistrado federal revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde ha estado recluida desde el 21 de agosto de 2013, explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación.
Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agrega López Suárez.
El legislador considera que el gobierno federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de junio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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