La PGR, “empecinada” en darle carpetazo al caso Ayotzinapa: ‘Proceso’

Exonera por anticipado al Ejército y la Policía Federal, en una actitud que recuerda el caso Tlatlaya, afirman los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher.

Hay un “empecinamiento” de la PGR en darle carpetazo al caso Ayotzinapa , señalan los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, en un nuevo texto en el cual reiteran la participación de fuerzas federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su texto, “La noche de Iguala: el encubrimiento”, publicado en la revista Proceso 1990 de fecha 21 de diciembre de 2014, los periodistas sostienen:

“La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México”.

Hernández y Fisher también escriben lo siguiente:

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos de Tlatlaya, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado “La historia no oficial” mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.


(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno federal suspendió la búsqueda de los 42 normalistas: centro Tlachinollan

Se espera la llegada del grupo de expertos de la CIDH para apoyar las labores. Los padres solicitarán ayuda de la policía comunitaria de Guerrero para continuar el rastreo.

Chilpancingo, Gro. El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que se espera la llegada del grupo de expertos en diversas áreas que enviará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en la búsqueda de los 42 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el 26 de septiembre en Guerrero.

En entrevista telefónica confirmó que el gobierno federal suspendió las labores de búsqueda de los alumnos en las inmediaciones de Iguala, y señaló que los especialistas de la CIDH revisarán en qué situación están las averiguaciones y los protocolos de indagaciones.

Indicó que quienes sí están trabajando en el terreno de las investigaciones son los peritos y antropólogos forenses argentinos, quienes se han mantenido muy en reserva, en espera de los resultados de las indagatorias (de algunos restos) que se realizan en un laboratorio de Austria, sobre todo para el tema de los restos.

Barrera Hernández mencionó que por ahora los especialistas argentinos continúan trabajando y colaborando en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República(PGR), aunque admitió que hasta el momento no ha habido avances en éstas: continuamos igual.

Destacó también que en lo que queda del año, los padres trabajarán en las acciones de rastreo de los normalistas que realizan diversos sectores de la sociedad. En particular se trabaja en solicitar apoyo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana(CRAC-PC), para continuar con la búsqueda.


Los progenitores, recalcó, se han percatado de que las autoridades han perdido interés en la indagatoria y en el compromiso de dar cumplimiento al plan de búsqueda que se había diseñado, por eso se mantienen firmes en su postura en la búsqueda de sus hijos.

Por eso estamos en la expectativa y en espera de los expertos de la CIDH, que confiamos lleguen lo más pronto posible, para que nos den opiniones y recomendaciones sobre cómo se están enfocando las investigaciones y, de hecho, la misma búsqueda de los 42 normalistas, precisó.

El pasado 22 de noviembre, Vidulfo Rosales, abogado del centro Tlachinollan, informó que se propondría la participación de 10 expertos de la CIDH, entre ellos el argentino Ariel Dubovsky; la guatemalteca Claudia Paz; el chileno Roberto Garretón y el peruano Gino Costa.

Barrera Hernández lamentó que el gobierno federal haya suspendido las labores de búsqueda: Ha sido muy limitada su participación, por eso los mismos papás han visto que todo depende de que haya alguna propuesta o iniciativa (del gobierno), y prácticamente es mero formalismo de cubrir el compromiso ante un planteamiento muy concreto.

Reprochó que la Federación no cuente con ningún plan de búsqueda, mucho menos una estrategia mucho más integral de cómo llevarla a cabo. Por eso los papás de los 42 jóvenes están realizando su propio trabajo.

Dijo que ante el proceder del gobierno federal, los paterfamilias buscan nuevas rutas, entre ellas el apoyo de organizaciones sociales como la policía comunitaria, ya que con ellos se puede hacer un trabajo mucho más profundo, más minucioso, sobre todo en el terreno.


Aseguró que la propuesta de los padres de los 42 desaparecidos es hacer recorridos en lugares de difícil acceso, sobre los que han tenido información, donde haya presencia de personas que pudieran tener a sus hijos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.

La Asamblea Nacional Popular acuerda boicotear los comicios del año próximo

La presentación con vida de normalistas desaparecidos, eje principal del plan de acción. Advierte que continuará el bloqueo a autopistas y la toma de casetas de peaje y medios de comunicación.

Chilpancingo, Gro. La séptima Asamblea Nacional Popular (ANP), celebrada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronunció por la anulación y boicot a las elecciones 2015. Para ello hacemos un llamado al pueblo mexicano a preparar las condiciones en cada municipio, en cada estado y a escala nacional, para hacerlo efectivo.

Con la presencia de representantes de más de 30 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se ratificó, como ejes principales del plan de acción, la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los responsables de su desaparición y de los asesinatos perpetrados contra nuestros compañeros.

También, la caída inmediata de Enrique Peña Nieto, porque no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, y la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

La ANP intensificará los bloqueos de puertos y aeropuertos, la liberación de casetas de peaje, el cierre de autopistas, la toma de gasolineras y distribución gratuita de combustible, la toma de medios de comunicación y el bloqueo total al Distrito Federal, acciones que deberán realizarse en el contexto de las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, preparando las condiciones hacia la huelga política general.


Se acordó exigir la salida inmediata de Guerrero del Ejército, la Marina, la Gendarmería Nacional y todos los cuerpos policiacos, ya que su presencia ha generado mayor inseguridad y represión contra el pueblo guerrerense. Luchamos por la derogación de las reformas estructurales, por una nuevo Constituyente y una nueva Constitución, por el poder popular.

También se pactó convocar a todos a seguir con la construcción de asambleas populares en cada comunidad, ejido, barrio, colonia, fábrica, centro de trabajo y centro de estudio, de cada estado, creando las bases para construir una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.

Otro acuerdo fue reforzar con guardias las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, para garantizar su seguridad. Asimismo, se hizo un llamado a reforzar el plantón magisterial popular instalado en el zócalo de Chilpancingo.

Se convino impulsar un programa político que recupere las demandas y aspiraciones de todos los sectores del pueblo mexicano, en la perspectiva de la convocatoria a un nuevo Constituyente, que redacte la nueva Constitución, en la que se establezcan los principios de un nuevo país verdaderamente democrático, con justicia social.

Una resolución más fue convocar a un acto internacional de solidaridad con Ayotzinapa, para lo cual la ANP nombrará una comisión que elabore el aviso. Se impulsará una campaña nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos y por la presentación con vida de todos los desparecidos. Como parte del plan de acción se contempla para este lunes la instalación de un plantón indefinido en la Secretaría de Gobernación.


Finalmente, la ANP se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de Rubén Sarabia Sánchez, dirigente de la Unión Popular de Vendedores 28 de Octubre, en Puebla, detenido el pasado viernes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.

FBI ayudó a la investigación sobre Ayotzinapa, dice subsecretario de SRE

Algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación de EU ayudaron, sobre todo, a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron: Sergio Alcocer.

Agentes de la FBI de Estados Unidos ayudaron en las investigaciones del caso Ayotzinapa, admitió el subsecretario de la SRE para América del Norte, Segio Alcocer

No lo mencionó el subsecretario, pero es evidente que ese caso estará en la agenda de la reunión que los presidentes de México y EU, Enrique Peña Nieto y Barack Obama, respectivamente, sostendrán en enero próximo.

Al referirse a la asistencia forense del gobierno de EU a México tras de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Alcocer, señaló que incluso el procurador Jesús Murillo Karam, reconoció el envío de algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que vinieron y ayudaron, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron.

En conferencia de prensa, el funcionario de la cancillería destacó que la colaboración en este aspecto tuvo lugar días después de los hechos ocurridos en Iguala.

Se refirió también a la ayuda que ofreció hace unos días el embajador de EU en México, Anthony Wayne, al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como apoyo en el marco de la Iniciativa Mérida.
Sergio Alcocer recordó que una de las vertientes de este acuerdo firmado por Estados Unidos y México es el fortalecimiento de las capacidades de procuración de justicia en el estado”.


El subsecretario mencionó que una de las vertientes de la Iniciativa Mérida es la prevención del delito y la procuración de justicia con recursos que se han destinado a la capacitación de jueces. Es la evolución de un sistema de justicia que se acerca a los canadienses y estadunidenses, pues tienen experiencia y han aportado los recursos para ello, y han hecho el ofrecimiento y seguramente será refrendado por el gobierno mexicano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tribunal electoral resuelve que la propaganda del gobernador de Chiapas ¡no es propaganda! (20 DICIEMBRE 2014)

La Sala Especializada del TEPJF declaró inexistente la adquisición de propaganda integrada en televisión para promover la imagen del gobernador en un partido de futbol.

Un tribunal electoral consideró que la propaganda del gobernador de Chiapas en televisión no es propaganda y lo exoneró este sábado.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró inexistente la adquisición de propaganda integrada en televisión para promover la imagen del gobernador Manuel Velasco Coello, durante la transmisión de un partido de futbol.

En la sesión pública de este sábado, los magistrados resolvieron que los hechos denunciados por Pablo Gómez en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), contra Velasco Coello, se enmarcan dentro del libre ejercicio de una labor informativa.

Lo anterior, luego de que en su queja, Gómez Álvarez argumentó que el mandatario emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), promovió su imagen durante el partido de fútbol transmitido por televisión el 27 de noviembre pasado, entre los equipos Jaguares de Chiapas y el Toluca.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que la difusión de la imagen del mandatario estatal no puede considerarse como “adquisición de tiempo en televisión”, lo cual está prohibido por la ley electoral.

Además, aclararon, no existen disposiciones legales a las que, en este caso, se deba sujetar la transmisión y narración del evento deportivo, “ni mucho menos, un tipo administrativo que sancione ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico”.

El colegiado consideró que la transmisión “no tuvo por objeto efectuar promoción personalizada de servidor público”, pues las expresiones e imágenes emitidas durante la transmisión no buscaban resaltar la imagen, virtudes o cualidades del gobernador.

Respecto a la presunta contratación, adquisición, difusión de tiempos en televisión, precisaron que tampoco existen los elementos necesarios para poder considerados como propaganda prohibida.

Durante la transmisión del evento deportivo no se difundieron ideologías, programas o acciones con el fin de influir en los ciudadanos para adoptar determinada conductas políticas y tampoco se advierte que se busque promocionar alguna opción política en particular, subrayó.

En otro asunto, la Sala Especializada también declaró inexistente la presunta difusión de propaganda en televisión e Internet, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la intención de calumniar la imagen del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, de extracción panista.

El magistrado presidente, Clicerio Coello, su homólogo, Felipe de la Maza, y la secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada, Imelda Guadalupe García Sánchez, consideraron que la crítica que se hace al ex mandatario se enmarca dentro de la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Al resolver el asunto SRE-PSC-2/2014, el pleno del organismo jurisdiccional informó que en su queja, Reynoso Femat argumentó que en la transmisión de un promocional del PRI, difundido en un portal de Internet y en televisión, “contiene expresiones que lo calumnian a él y al Partido Acción Nacional (PAN).

En el promocional con cobertura en Aguascalientes difundido del 1 agosto al 23 de noviembre pasado, se hace referencia a que durante 12 años en esa entidad los gobernadores “sólo pensaron enriquecerse” y se difunde una imagen del ex mandatario tras las rejas.

“Dicho promocional dura 30 segundos y la imagen en cuestión aparece cinco segundos”, informaron los magistrados.

Consideraron que la transmisión del promocional “se realizó en apego a la libertad de expresión dentro de los parámetros permitidos dentro de propaganda político y electoral, al tratarse ésta de un derecho fundamental”.


Esto es, que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática que permite la crítica hacia los personajes públicos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Insulto gubernamental, empresarial y militar

MÉXICO, D.F: La semana antepasada fue pródiga en declaraciones de autoridades, líderes empresariales y hasta intelectuales que buscan “cerrar esa página”: las protestas sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la denuncia pública por la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente–, sin costo alguno para el gobierno federal y Enrique Peña Nieto.

Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: “Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad”. Abunda: “Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto”. Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro.

La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa.

Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso.

Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de “los intereses ocultos” que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: “Más coraje me da” que a “esta gente” que supuestamente “manipula” a los padres de familia, “no le interesan ni los padres ni estos muchachos…”.

Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables.

El Estado no quiere reconocer que el país vive la “peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años”, según denunció el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la desaparición de uno de sus miembros; son seres humanos que protestan y se manifiestan por el dolor que les provoca la desaparición de un ser querido, no por la manipulación de nadie.

También son irritantes las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, quien en rueda de prensa manifestó que se debe dar vuelta a la página de las protestas por los 43 desaparecidos de Ayot­zinapa, ya que “es injustificado” que el “pequeño número de personas” que las realizan estén provocando un “daño terrible” a los “3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 mil familias. No hay proporción”.

Y concluyó, de acuerdo con los medios de comunicación: “Para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (…) Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”.

Más allá de los sentimientos de ira que generan sus expresiones, éstas muestran los dobles discursos y las auténticas preocupaciones de un sector de los empresarios mexicanos: promueven la cultura de la legalidad y reclaman la vigencia del estado de derecho mientras no toquen sus intereses particulares, y están dispuestos a sumarse a las marchas contra la inseguridad cuando afecta a las familias de sus agremiados si tales manifestaciones no perjudican sus negocios o rendimientos económicos.

Ante la desbordada indignación de la ciudadanía, que sin duda trastorna la vida cotidiana, afecta el clima de negocios y muestra la ingobernabilidad, las voces de los beneficiarios del statu quo se unen para tratar de “cerrar esa página”, sin importar que ello implique tolerar los atropellos y abusos de autoridad de los cuerpos armados mexicanos, aceptar la corrupción del presidente de la República y los más altos funcionarios gubernamentales, permitir la violación de los derechos humanos, el incremento de la incidencia delictiva y la creciente inseguridad; en síntesis, decretar la inexistencia del estado de derecho en beneficio de una minoría poderosa política y/o económicamente.


Mientras unos demandan hacer justicia y recuperar con vida a sus familiares desaparecidos, los personeros de la clase gobernante, un sector del empresariado y un grupo de la intelectualidad pretenden que todo termine simplemente con un “usted disculpe” para que el país recupere la paz que ellos requieren con el fin de seguir enriqueciéndose.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Velasco no oye y no habla con ciudadanos, pero sí con las revistas del corazón

Ciudad de México, 21 de diciembre: Agustín Gómez Pérez, un joven campesino, se prendió fuego el pasado 5 de diciembre frente al Palacio Legislativo de Tuxla Gutierrez, Chiapas, para exigir la liberación de su tío, el activista Florentino Gómez Girón. Un día después de este suceso, el luchador social fue puesto en libertada sin especificar los términos legales, sin embargo Agustín continúa hospitalizado y su estado es grave.

Días antes, otros manifestantes se cosieron los labios y otros más hicieron una huelga de hambre. Todas las acciones se dieron ante lo que calificaron como “indiferencia gubernamental” a su exigencia para que Gómez Girón fuera liberado.

En Chiapas, estado gobernado por Manuel Velasco Coello, a quien han señalado de poner oídos sordos a los problemas sociales, la nula resolución de conflictos ha sido una constante durante esta administración.

Otra de las críticas constantes de parte de ciudadanos y legisladores contra el joven Gobernador, es que ha tapizado el estado con su imagen, además de otras entidades como el Distrito Federal e incluso varias revistas especializadas en espectáculos.

El pasado 4 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró infundadas las sanciones contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su candidato, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la difusión de su imagen y nombre.

Según Univisión, el mandatario priista gastó más de 10 millones de dólares en los rubros de comunicación social y gasto publicitario en imagen, de acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2013.

Pero el tribunal confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que meses antes declaró infundados los procedimientos sancionadores contra el PVEM, el Gobernador y el director general del Instituto de Comunicación Social de Chiapas, por el presunto uso indebido de prerrogativas para la difusión nacional del nombre e imagen de Velasco Coello.

El pasado 21 de mayo, el Consejo General del INE declaró infundada la denuncia interpuesta por el Senador panista Javier Corral Jurado, consejero del Poder Legislativo del PAN, contra el Gobernador Manuel Velasco por la difusión de spots para promocionar su informe de gobierno que hacen alusión a su nombre e imagen, acciones prohibidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Y, nuevamente, el pasado 4 de diciembre los integrantes del pleno rechazaron el proyecto de sentencia que proponía revocar el acuerdo del INE, al considerar que al difundir los promocionales “Era nacional”, “Seguridad nacional” y “Especies en peligro”, el PVEM hizo uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión al incluir el nombre, la imagen y voz de Velasco Coello.

El mandatario chiapaneco inundó en diciembre del año pasado el centro del país con su imagen en espectaculares, parabuses y camiones, además de publicidad en la prensa y en la televisión e incluso en los cines. Esto originó protestas no sólo de los políticos opositores sino de ciudadanos que le reclamaron el dispendio, siendo el mandatario del estado más pobre del país.

Luego del resolutivo del Tribunal, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que denunciaría a Manuel Velasco por realizar gastos excesivos de publicidad gubernamental.

El pasado 10 de diciembre, en una gira por Totolopa, Chiapas, López Obrador dijo que, sin exageración, cada 500 metros sobre la carretera está colocado un letrero verde, en referencia al Partido Verde Ecologista de México, de donde es militante el mandatario.

“¿Cuánto se gasta en publicidad el gobernador chiapaneco? […] Deben ser millones de pesos pero, ¿qué la gente va a comer letreros? ¡Qué se mida el Gobernador, no somos alcahuetes de nadie!”, dijo entonces el ex candidato a la Presidencia.

En agosto pasado, padres de familia y maestros acusaron a Manuel Velasco de entregar uniformes escolares del color de su partido como una estrategia para promocionar al PVEM. Las prendas formaron parte de un programa social.

Para el inicio del actual ciclo escolar, el gobierno estatal entregó uniformes y útiles escolares a más de 1 millón 300 mil estudiantes de educación básica en los 122 municipios de la entidad; las playeras que forman parte de los uniformes entregados, lucen el logotipo y el slogan [Chiapas nos une] del gobierno estatal; en tanto, los pantalones y faldas son de color verde. Tan sólo para uniformes y útiles escolares el gobierno estima haber erogado unos 500 millones de pesos.

Rodolfo Gómez, padre de familia, dijo meses atrás a Chiapas Paralelo que en la entidad todo se estaba pintando de verde, “desde postes de luz, taxis, acotamientos, bardas, estadios y edificios; hasta reos, acarreados y políticos. Ahora van sobre nuestros hijos”, y agregó que esa acción formaba “parte de la campaña política del gobierno de Manuel Velasco”.

La medida fue cuestionada también por la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en una asamblea realizada el pasado 15 de agosto. Los maestros señalaron que la dotación de uniformes y útiles escolares fue una petición para ayudar a familias de pocos recursos; sin embargo, consideraron que Velasco aprovechó el proyecto social para promocionar su partido político en el marco de las elecciones que se celebrarán el próximo año.

“Utilizar a los niños como parte de las campañas políticas es una mezquindad. Nosotros habremos de informar a los padres de familia para contrarrestar la campaña del estado en la entrega de uniformes”, aseguró el magisterio.

El pasado 5 de diciembre, el mandatario estatal rindió su Segundo Informe de Gobierno en el municipio de Tapachula. Durante el evento, denunciaron varios medios locales, hubo miles de acarreados y varios filtros de seguridad para evitar la entrada de manifestantes.

A los alrededores de la sede del evento, que se realizó en Tapachula, Chiapas, se desplegó un amplio operativo policiaco.

Para ingresar a la carpa que se instaló para la ocasión, las personas debían pasar por varios filtros de seguridad. Primero se tenía que presentar una pulsera que les otorgó al parecer un representante del gobierno local. Posteriormente, el personal de gobierno del estado revisaba a los asistentes de pies a cabeza, quitándoles cualquier objeto con el que pudieran manifestarse, incluidos cartulinas y plumones. Finalmente, les entregaban una playera con el nombre de Manuel Velasco y de color verde.

Pero ni los protocolos de seguridad pudieron evitar que ese día un enjambre de abejas entrara a la carpa donde Velasco Coello rendía su informe, por lo que el mandatario tuvo que interrumpir por unos momentos su discurso y además algunas personas presentaron crisis nerviosas.

El lunes pasado, el Gobernador Manuel Velasco Coello estuvo presente en el Senado de la República durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez al escritor chiapaneco Eraclio Zepeda. Ahí fue increpado por un grupo de jóvenes que le reclamaron por el gasto de sus campañas publicitarias y de difusión que aparecen por todo el país. También le exigieron que liberara a los presos políticos que hay en Chiapas.

Sobre sus gastos en publicidad, Manuel Velasco aseguró que los costos son transparentes, pero no habló de cifras.

“Libertad a los presos políticos de Chiapas”, gritaron también los manifestantes cuando el Gobernador se tomaba fotos con un grupo de senadores del PRI, sobre la calle Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ante los gritos, Velasco Coello respondió: “Ya los escuchamos”. Luego dirigió la mirada hacia los manifestantes y les aseguró: “Con mucho gusto vamos a revisar de qué casos específicos se trata”.

ANAHÍ, VELASCO Y LAS REVISTAS DEL CORAZÓN

La imagen del Gobernador no sólo está presente en casi cada rincón de Chiapas y en la publicidad de los programas sociales de la entidad, también lo ha estado, durante sus dos años de mandato, en varias revistas del corazón donde suele ocupar las portadas acompañado siempre de su novia, la actriz Anahí.

La revista Quién ha dado puntual seguimiento a la relación amorosa que el mandatario de Chiapas mantiene con la también cantante Anahí Puente. Esta afición por aparecer en esas publicaciones de socialités ha generado que Velasco Coello haya aparecido o sido mencionado en la revista en más de una veintena de ocasiones en los últimos dos años.

El lunes 2 de julio, luego de que Velasco ganara las elecciones estatales, la revista difundió una nota que tituló: “Anahí tiene novio Gobernador. Manuel Velasco ganó Chiapas”.

En la nota se especulaba aún sí la actriz y el candidato del PVEM sostenían una relación amorosa. Además estuvo acompaña por una fotografía donde aparece el Gobernador y Anahí en lo que parece ser la celebración del candidato electo Gobernador.

Incluso el día de la toma de protesta del mandatario, el 8 de diciembre de 2012, la revista reseñó el suceso:

“Para Anahí este sábado fue un día especial, pues su novio, Manuel Velasco Coello, rindió protesta ante el Congreso del Estado como Gobernador de Chiapas para el periodo 2012-2018 y dentro de su discurso envió un agradecimiento a la cantante, quien, según dijo, lo motiva para ‘ser mejor persona día con día’”, escribió la publicación.

En el mes de enero de 2013, la pareja ocupó la portada de la publicación. “Política In Love”, decía el titular. En esa edición la revista ofrecía a las 10 parejas “más in en México”; la lista la encabezaban la pareja Velasco-Puente.

En diciembre de 2013, la revista publicó: “Anahí acompaña a Manuel Velasco en su primer informe”, una breve reseña del evento, acompañado por fotografías y por un video del momento en que el Gobernador de Chiapas le dedicó unas palabras a la actriz dentro de su discurso.

La publicación ha dado cuenta de otros eventos institucionales, a los que han asistido juntos, como el festejo de las fiestas patrias en la entidad.

Incluso, en octubre de este año, luego de que la pareja anunció su boda, la revista publicó: “Manuel Velasco agradece a Dios su compromiso con Anahí”.

La publicación ha reseñado además las celebraciones de cumpleaños del Gobernador de Chiapas y de Anahí este año.

Otra revista que ha dado cuenta del romance entre Manuel Velasco y Anahí Puente es ¡Hola!, donde en la edición que apareció el 25 de junio de este año, en una parte de la portada aparecía una foto de la pareja acompañada del titular: “Manuel Velasco y Anahí celebran dos años de amor […]“. En esa edición la revista ofreció a sus lectores una exclusiva: “Las fotografías de la pareja, que posa encantada para las cámaras”.

Un mes antes, la revista también informó sobre las especulaciones del compromiso entre el Gobernador y la actriz.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-12-2014/1196967.

Edil de Cocula declara por desaparición de normalistas, asegura dirigente del PRI en Guerrero

Según Reforma, la esposa de Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó la desaparición del edil desde el sábado; sin embargo, el líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, declaró que el presidente municipal de Cocula “fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes”.

La Procuraduría General de la República llamó a declarar al alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Reforma, la esposa de Peñaloza Santana, Lizbeth Alarcón Rodríguez, reportó la desaparición del edil desde el sábado; sin embargo, el líder del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Sandoval, declaró que el presidente municipal de Cocula “fue llevado en calidad de presentado a la PGR el viernes”.

Ésta no es la primera vez que el alcalde de Cocula declara por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En octubre pasado, a unos días del plagio, Peñaloza Santana declaró ante PGR.

En octubre pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que el director de Seguridad Pública de Cocula y 14 policías del mismo municipio participaron en la desaparición de los normalistas. Según Murillo Karam, los policías de Cocula fueron quienes entregaron a los estudiantes a un grupo de los Guerreros Unidos.


Estos policías ya están detenidos y enfrentan un juicio por este caso.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Washington desprestigia a “Proceso”… y rectifica

WASHINGTON: En su lucha contra el narcotráfico mexicano y en especial contra el Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se valió de una portada de Proceso supuestamente para ilustrar la red armada por Alfredo Vázquez Hernández, presunto lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

En septiembre de 2011 el Departamento del Tesoro, por conducto de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), llamó “narcotraficante significativo” a Vázquez y anunció una serie de sanciones en su contra.

Para subrayar la importancia de aquél en el trasiego de drogas y su papel en el Cártel de Sinaloa, la OFAC publicó un organigrama de la mafia del Chapo y en su gráfica usó la portada del número 1737 de este semanario en la cual aparece una fotografía de Guzmán y el titular: “El intocable”.

Vázquez había sido detenido en México en enero de 2011, por lo que la intención del gobierno de Estados Unidos con la publicación del organigrama de su supuesto poderío en el Cártel de Sinaloa tenía la finalidad de presionar al gobierno mexicano para que lo extraditara.

La edición 1737 de Proceso circuló en la segunda semana de febrero de 2010, un año antes de la captura de Vázquez. Sin embargo, en septiembre de 2011 y como si Washington no dispusiera de fotografías de Guzmán Loera, usó a la portada del semanario mexicano presuntamente para ilustrar el poder del lugarteniente del Chapo y así agilizar su extradición.

En el centro del organigrama que apareció hasta el jueves 11 en la página de internet del Departamento del Tesoro –y que fue retirada en respuesta a las quejas del semanario–, se veía un retrato hablado de Vázquez y, arriba, la portada de Proceso; a la derecha, la imagen de un montón de billetes de cien dólares, y a la izquierda varios paquetes de cocaína con el sello del Cártel de Sinaloa: un alacrán.

En la parte inferior del organigrama aparecen las fotografías de los presuntos lugartenientes de Vázquez Hernández.

La disculpa

“Agradecemos a la revista (Proceso) por hacernos notar su preocupación sobre la fotografía de El Chapo Guzmán utilizada en septiembre de 2011 para la difusión entre la prensa del organigrama y las sanciones que se le impusieron a la organización del tráfico de drogas de Alfredo Vázquez Hernández”, respondió a las quejas de este semanario un vocero del Departamento del Tesoro el jueves 11.

“Ya reemplazamos la fotografía del señor Guzmán”, agrega en un correo electrónico enviado al corresponsal. En su respuesta, el gobierno de Estados Unidos incluyó una liga a la página web de la OFAC para que se corroborara que efectivamente el cambio se había hecho.

“Es importante notar”, añade el vocero del Departamento del Tesoro, “que nuestras notificaciones a la prensa tienen la intención de contextualizar nuestras acciones en contra del trafico de narcóticos, y que el uso de fotografías proveen un valor significativo para con mayor claridad identificar a las personas que son el objetivo de las sanciones del Departamento del Tesoro”.

La remoción de la portada de Proceso en el organigrama diseñado por la OFAC fue resultado de la denuncia de este semanario sobre posibles daños a su imagen como medio informativo independiente y frente al hecho de que el gobierno estadunidense utilizó sin permiso la portada de una de sus ediciones con otros intereses y propósitos.

“Consideramos que todas estas fotografías juegan un papel importante para atraer una mayor atención sobre los objetivos de las sanciones que aplica el Departamento del Tesoro y al colocarlas –en los organigramas– aumenta la presión sobre los –narcotraficantes– designados para cambiar su comportamiento ilícito. El objetivo que se busca es cumplir con la imposición de nuestras sanciones”, concluye la respuesta del gobierno de Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Luisa María Calderón registra su precandidatura al gobierno de Michoacán

Luisa María Calderón señaló que si gana las elecciones del próximo año no permitirá que el gobierno federal le imponga una figura como la del actual Comisionado para la Seguridad.

La senadora panista Luisa María Calderón registró este domingo 21 de diciembre su precandidatura al gobierno de Michoacán.
“Estamos cumpliendo con un requisito legal. Estamos cumpliendo con los requisitos, actas, documento de no antecedentes penales”, expresó la legisladora al presentar su registro en la sede estatal del PAN.

De acuerdo con Reforma, la hermana del expresidente Felipe Calderón, señaló que, en caso de ganar las elecciones del próximo año, no permitirá que el gobierno federal le imponga una figura como la del actual Comisionado para la Seguridad de ese estado, Alfredo Castillo.

“La relación con el gobierno federal tiene que ser muy institucional, muy de coordinación, pero sin tener la intromisión de una gente, llámese como se llame, que esté quitándole atribuciones o que esté tomando decisiones que competen al gobierno del Estado”, dijo.

Durante su mensaje, Luisa María Calderón aseguró que es necesario luchar por contar con instituciones sólidas en Michoacán. “Y una institución es el gobernador o gobernadora del Estado, que tiene que ser respetado en su soberanía”, señaló.

Durante el registro de la precandidatura de la senadora, también estuvieron presentes el exsenador Marko Cortés y el senador Salvador Vega, quienes aspiraban a ser candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Michoacán, pero que declinaron en favor de la hermana del expresidente Calderón, luego de alcanzarun acuerdo con la dirigencia nacional de ese partido.


En caso de ser nombrada como candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón participaría por segunda ocasión consecutiva en los comicios estatales, ya que en 2011 perdió ante el priista Fausto Vallejo, quien renunció a su cargo en este año.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran en Cocula otras dos fosas clandestinas

El Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición forzada ha logrado documentar 370 casos de personas que fueron raptadas y desaparecidas en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Teoloapan de 2007 a la fecha; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sólo reconoce 226 víctimas.

A partir de los rastreos que realiza el recién conformado Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en Guerrero en conjunto con la PGR, el pasado jueves, 18 de diciembre, fueron localizadas dos nuevas fosas clandestinas en el municipio de Cocula, en la región conocida como Barranca del Tigre, como parte de la investigación para dar con el paradero de los normalistas raptados y desaparecidos el pasado 26 de septiembre por la policía del vecino municipio de Iguala.

En nombre de la agrupación de familiares de personas reportadas como desaparecidas, Citlali Miranda informó que el pasado jueves se logró identificar cinco presuntas fosas clandestinas, en la misma zona donde en octubre pasado fueron encontrados 26 cuerpos inhumados ilegalmente, en dos de las cuales se confirmó la presencia de restos óseos, que serán sometidos a análisis forense para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que, desde hace ya 83 días permanecen en calidad de víctimas de desaparición forzada.
En total, informó Citlali Miranda, el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición forzada ha logrado documentar 370 casos de personas que fueron raptadas y desaparecidas en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Teoloapan de 2007 a la fecha, así como casos aislados de familias que han viajado desde Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas y que sospechan que sus seres queridos desaparecieron en Guerrero.

Sin embargo, denunció la representante de la agrupación civil, de esos 370 casos de desaparición forzada, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sólo reconoce 226 víctimas.

Según informes proporcionados por el gobierno federal a esta agrupación CIVIL, además, en total han sido identificadas 28 fosas clandestinas sólo en el municipio de Iguala; de ellas, en 12 han sido localizados 26 restos óseos.


Además, los mismos informes oficiales revelan que en 2014, en el municipio de Iguala han sido reportadas 45 víctimas de desaparición forzada, a las que se suman otras 12 de Telolopan y 9 de Taxco.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Diagnóstico desde Berlín: El Estado mexicano pierde el control

En Alemania las tensiones entre la oposición y el gobierno, a propósito de la próxima firma de un acuerdo de cooperación en seguridad con la administración mexicana, crecen y entorpecen las negociaciones, que Angela Merkel se empeña en llevar adelante. Los opositores arguyen el clima de inseguridad e impunidad en territorio mexicano y enarbolan como ejemplo palmario el caso Ayotzinapa. Pero Berlín no ignora esto: Un duro diagnóstico oficial advierte que en México “priva una amplia impunidad” y “los cárteles (…) han anulado el monopolio de poder del Estado”.

BERLÍN (Proceso).- El acuerdo de cooperación en materia de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania está en una fase de renegociación en la cual los temas de derechos humanos y protección de datos personales han adquirido valor estratégico.

Lo anterior resulta de la enorme resonancia internacional del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos –tema que la prensa alemana no ha dejado de reportar desde septiembre pasado–, así como por la fuerte presión de las ONG, los europarlamentarios y diputados alemanes, quienes han pedido al gobierno de Angela Merkel que suspenda el acuerdo ante el temor de que la cooperación bilateral repercuta negativamente sobre los derechos humanos en México.

De hecho el gobierno alemán sabe que el Estado mexicano enfrenta una crisis en la materia y ha sido incapaz de brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos, según un documento oficial –obtenido por Proceso– que hace un duro diagnóstico sobre la situación en México tras los acontecimientos de Iguala.

De acuerdo con fuentes consultadas por este semanario, los temas de derechos humanos y protección de datos personales fueron integrados recientemente al proyecto de acuerdo, cuyo objetivo principal –en palabras del gobierno alemán– es “mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo” (Proceso 1884).

En realidad Merkel no sólo se resiste a suspender la negociación del acuerdo, sino que respalda abiertamente al gobierno de Enrique Peña Nieto e insiste en que la crisis de corrupción y violación de derechos humanos en México –cuyo ejemplo más grave es Ayotzinapa– se observa sólo en escalas estatales y municipales, y no a nivel federal.

Argumenta que precisamente acontecimientos como el de Guerrero refuerzan el objetivo y razón de ser del convenio: un apoyo a la administración federal mexicana en su lucha contra el crimen organizado.

Presión

Los acontecimientos de Iguala y las presiones internas en Alemania retrasaron el acuerdo –planeado para firmarse a finales de este año– y forzaron la inclusión en la discusión de temas vitales, como los derechos humanos y la protección de datos personales.

La presión ha sido fuerte: Los pasados 15 de octubre, 5 de noviembre y el miércoles 3 los partidos de oposición llevaron al Parlamento alemán el tema de Ayotzinapa y el acuerdo de seguridad.

Diputados del Partido Verde Alemán y de La Izquierda interpelaron a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes reprocharon su postura y expresaron su desacuerdo con dicho convenio.

“Con regularidad enviamos delegaciones a México. Desde hace años nos encontramos en todos los niveles con una impunidad de casi 100% en el castigo de los crímenes. Hace cinco años ese porcentaje era de 98% de impunidad, hoy es el mismo, independientemente del gobierno que está en el poder. Entonces el gobierno no puede afirmar que no tiene responsabilidad mientras crímenes monstruosos no están siendo castigados, sin importar el nivel en el que ocurren”, espetó el 5 de noviembre la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda en referencia a los acontecimientos de Iguala. Y lo hizo ante el ministro del Exterior, Michael Roth. En el mismo sentido se desarrollaron las otras dos discusiones.

Más aún, el Partido Verde y La Izquierda presentarán en la sesión parlamentaria del próximo miércoles 17 tres mociones relativas al caso.

Una de ellas estará enfocada a modificar el marco legal, a fin de evitar la discrecionalidad en las negociaciones y la firma de este tipo de acuerdos, tal como, afirman los diputados opositores, ocurre con México

Por su parte la sección alemana de Amnistía Internacional pidió que el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto sea revisado con cautela, pues sus propios informes señalan que en México las fuerzas del orden en todos los niveles practican la tortura como método para obtener confesiones.

En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) exigió la cancelación del acuerdo al tiempo que recolecta firmas entre ciudadanos alemanes y mexicanos en apoyo a una solicitud que será entregada en enero de 2015 al gobierno y al parlamento alemanes.

Hasta el cierre de esta edición la petición sumaba 6 mil 480 firmas de las 7 mil 500 que se establecieron como primera meta. La CADHM es una red que aglutina a 15 de las ONG más importantes del país y es reconocida como interlocutor ante el gobierno, además de realizar trabajo de cabildeo en los parlamentos alemán y europeo.

Diagnóstico

De hecho el gobierno alemán tiene un diagnóstico propio sobre la situación en México que, a pesar de ser demoledor, parece reforzar su visión e intención de firmar el acuerdo.

Dicho diagnóstico está plasmado en un documento fechado el pasado 25 de noviembre. Lo elaboró el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y su destinatario fue la comisión en el Parlamento que se ocupa de estos temas. El documento de seis cuartillas abunda en el asunto de la impunidad y en la falta de capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad.

“En el país priva una amplia impunidad, sólo 2% de todos los delitos concluyen en una condena. La violencia omnipresente, causada sobre todo por la delincuencia organizada y la lucha contra ésta, representa uno de los problemas más urgentes en la situación de los derechos humanos en el país. Los cárteles de la droga luchan con armas altamente modernas y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han anulado el monopolio de poder del Estado mexicano”, señala el documento, del cual Proceso tiene copia.

Además reconoce que a nivel estatal y municipal la policía es fácilmente corruptible y en muchos casos, como en Iguala, está incluso coludida con los criminales; califica de preocupante la situación de hacinamiento en cerca de 25% de las cárceles mexicanas y cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que 60% de los centros penitenciarios del país están controlados por los cárteles.

También hace referencia al tema de la tortura cometida por miembros del Ejército y de las policías estatales y federal, así como las frecuentes críticas que éstos reciben por arrestos y registros domiciliarios arbitrarios, así como por violaciones a los derechos humanos.

Y en ese rubro, sobre la impunidad y la falta de reacción del Estado, su conclusión es clara: “Existen dudas sobre si las autoridades mexicanas están en situación de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad. La creación de autodefensas debe ser observada como una reacción a la carente presencia estatal y al crimen organizado, que asimismo actúa fuera de los estándares legales y sin el control estatal”.

El documento también se refiere al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos. Señala que desde finales de 2012 opera el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoce que sus capacidades operativas son limitadas porque “faltan recursos materiales y humanos, así como el apoyo político necesario”.

De igual forma destaca el grave problema del tráfico de seres humanos y su explotación como uno de los principales ejes dentro de la economía del crimen organizado y la falta de capacidad de respuesta del Estado para enfrentarlo.

“De los 150 mil migrantes que cruzan cada año el país, más de 20 mil son secuestrados por las bandas criminales; en parte con el apoyo de funcionarios de la autoridad migratoria o de la policía. (…) En su intento por contener el tráfico humano el gobierno mexicano queda rebasado. La ley que protege el tráfico de personas carece de una efectiva ejecución. Y a pesar de ciertos éxitos, éste representa para México un problema masivo y un negocio lucrativo.”

En su parte final, y pese al desastroso escenario que muestra, el gobierno federal alemán asegura que las intenciones de firmar el convenio con México son firmes, e incluso adelanta que éste se encuentra en un estado muy avanzado.

Y aporta más detalles: “El texto del convenio sienta las reglas, el marco de las condiciones y los límites del trabajo conjunto. Con el convenio no se crean bases legales nuevas ni vinculantes. El trabajo conjunto está regido por la ley interior (del Estado alemán) y con él ninguna de las autoridades participantes –por el lado mexicano la PGR y por el alemán el Ministerio del Interior– reciben mayores poderes o facultades de las que establece y limita la ley existente.

“En el ámbito de la capacitación y apoyo en equipamiento pueden ofrecerse cursos, según las necesidades existentes, que tienen como finalidad mejorar la profesionalización de las autoridades policiales mexicanas”, puntualiza.

Ejes

El miércoles 3 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Maria Böhmer, aseguró en el Parlamento alemán que los derechos humanos y la protección de datos serán temas observados y cuidados en el trabajo conjunto que se planea con México.

“En el acuerdo de seguridad tenemos que considerar los argumentos aducidos y la situación que reina allá. De parte del gobierno alemán es algo que estamos tomando muy en serio y vamos a conducir la negociación con gran responsabilidad y especial cuidado en lo referente a los derechos humanos”, aseguró en el pleno.

Sobre la protección de datos alegó: “Lo determinante es que las informaciones y datos no caigan en manos equivocadas. Y eso es para nosotros un punto central. En ello no hay dudas”.

La funcionaria alemana confirmó asimismo el trabajo de colaboración que en materia forense iniciarán los dos países y el cual es independiente y no forma parte del convenio. “Ofrecimos a México una colaboración en el campo de la formación forense e identificación (de restos), porque en este momento requiere apoyo urgente. El gobierno mexicano aceptó el ofrecimiento y en las próximas semanas definiremos la forma en que se realizará este trabajo conjunto”, detalló.

Pero las palabras e intenciones del gobierno alemán no convencen a todos. El diputado verde Hans-Christian Ströbele, quien por cierto presentará una de las mociones la próxima semana en el Parlamento, es más que escéptico.


“Alemania no puede ser cómplice del crimen organizado, infiltrado aparentemente en las fuerzas de seguridad, mediante la firma de este convenio con México. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto sobre sus 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho y mediante los cuales quiere reformar de pronto a la policía, no convencen. Ante tales anuncios se tiene que esperar primero su puesta en marcha y posterior éxito”, dice Ströbele a Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ

Organizaciones exigen a Liverpool y a PGJDF aclarar asesinato de empleada

MÉXICO, D.F: Organizaciones y grupos de mujeres feministas exigen a la tienda departamental Liverpool y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que respondan por el asesinato de Angélica Trinidad Romero, ocurrido en la sucursal Perisur el cual, acusan, fue alterado por la directiva de la empresa.

En un comunicado, las agrupaciones señalan que Liverpool “violó las leyes nacionales y locales respecto a las pruebas del delito, incurrió en actos de corrupción al contratar a un médico que falsificó la causa y lugar de la muerte y pretendió cremar el cuerpo de manera inmediata para no dar parte a las autoridades y ocultar el asesinato a la propia familia de la mujer”.

Consideran que todos estos hechos constituyen graves violaciones al sistema de impartición de justicia y contribuyen al clima de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el país.

“Hay que recordar que en nuestro país sólo 1.6% de estos crímenes concluyen en sentencia, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y ocultar el asesinato de Angélica abona a la impunidad y la amenaza contra todas nosotras”, destacan las organizaciones feministas.

Por tal motivo, exigen que la empresa Liverpool asuma su responsabilidad jurídica por los delitos de alteración de pruebas, falsificación de datos y  corrupción tras el crimen ocurrido en sus instalaciones; presente el video de la noche en que se produjo el feminicidio y coadyuve en la captura del agresor; indemnice a la familia de Angélica; manifieste su postura e inicie una campaña de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Mientras que a la PGJDF le piden levantar cargos contra la directiva de la empresa Liverpool por alteración de pruebas; se busque y levante cargos al médico que declaró falsamente la causa de la muerte de Angélica Trinidad Romero; cambie el carácter de homicidio por feminicidio y se persiga bajo el protocolo de género; se dé con el paradero del feminicida y se castigue de acuerdo a la ley; se refuercen operativos de seguridad en la Ciudad de México para evitar el avance del feminicidio.


El comunicado está firmado por las organizaciones: Mujeres en Frecuencia AC; Centro de Estudios, Difusión, Investigación y Desarrollo (CEDID), AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; ITZAM NA, AC; MIDI SC; CIDEM AC; Salud Integral de la Mujer AC; Codiseeg AC; María de Lourdes Barbosa Cárdenas, Elizabeth Jiménez, Martha Barrios, Martha Tagle, Mayela García, María Eugenia Chávez, Gloria Tello Sánchez, Arely Torres Miranda, Gabriela Polanco, Aimee Vega, entre otras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hipólito Mora y Simón “El Americano” negocian con su gente para que se entregue y no escape

“Sí nos vamos a entregar, no todos pero algunos sí, pero aún el gobierno no nos dicen ni en dónde, ni cuándo, ni por los delitos por los que tenemos que presentarnos ante un juez”, afirma uno de los hombres de Simón que participó en el enfrentamiento del pasado martes 16 de Diciembre.

No todos los involucrados en los enfrentamientos del pasado 16 de diciembre en La Ruana quieren entregarse a las autoridades y mucho menos correr el riesgo de estar presos por varios meses. Ante ello Hipólito Mora y Simón “El Americano” han tenido que negociar  y convencer a sus seguidores.

Este fin de semana la situación en la comunidad de La Ruana no ha sido fácil, las casas en las que se encuentran 9 de los 11 muertos han tenido que estar custodiadas por la policía estatal de Michoacán, pues en cada una de ellas aseguran se han tenido mensajes de venganza y posibles enfrentamientos.

Las calles de La Ruana ahora lucen solas, solo por la mañana abren los principales comercios, venden sus productos y ante ello la gente prefiere no salir al quiosco principal, pese a la presencia constante de elementos militares y federales en la zona.
“Sí nos vamos a entregar, no todos pero algunos sí, pero aún el gobierno no nos dicen ni en dónde, ni cuándo, ni por los delitos por los que tenemos que presentarnos ante un juez”, afirma uno de los hombres de Simón que participó en el enfrentamiento del pasado martes 16 de septiembre.

Este fin de semana tanto Hipólito Mora como Simón “El Americano” tuvieron que reunirse con su gente para negociar que todos vayan a declarar ante un juez. Lo anterior, les aseguran, es con la intención de evitar una incursión del gobierno que represente un enfrentamiento en donde pueda morir gente inocente.

“Yo solo estoy al pendiente de que no vengan y me maten, en las radiofrecuencias aseguran que antes del 25 estaré muerto, pero tengo confianza de que los elementos de la policía que nos cuidan eviten mi muerte. Y solo estoy a la espera de que me manden el citatorio, aunque sí le pedí al procurador que me permita estar con mi familia en estos días de duelo”, aseguró Hipólito Mora.

Mientras tanto en las calles de La Ruana solo se escuchan autos y motos; por momentos parece un pueblo abandonado. La música, las risas, las compras en las calles principales y los paseos por la plaza principal ya no son una posibilidad para los jóvenes y mucho menos para el resto de la población.

Ahora lo común es ver los recorridos constantes de la policía estatal, el Ejército y ocasionalmente de la policía federal, quienes tienen como misión principal evitar que en las pocas cuadras que hay en La Ruana se encuentren los  grupos antagónicos de Hipólito Mora o de Simón “El Americano”.

“Los medios solo le dan la razón a Hipólito Mora, pero quienes trabajamos y apoyamos a Simón “El Americano” y a “Jesús Valencia “El 8” estamos desprotegidos; nadie piensa en que nosotros solo los apoyamos para no tener problemas con la gente de Los Caballeros Templarios o de Los Viagra. Ellos desde hace meses nos protegen y no nos piden dinero a cambio”, afirma Lupita, quien tiene dos tiendas sobre la calle principal.

Muchos de los involucrados en los enfrentamientos huyeron antes de saber que habría una negociación para entregarse y contactarlos ha sido difícil, comenta la gente de Jesús Valencia.


Funcionarios estatales aseguran que pasando los novenarios empezarán a enviar los citatorios a cada uno de los involucrados en los enfrentamientos y detallaron que pese a que existen 56 órdenes de aprehensión aún las investigaciones no concluyen, pues lo que se intenta es tener la certeza de quiénes dieron muerte a los 11.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.

PGR entrega datos sobre participación de policías de San Fernando en masacre de migrantes

Sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

Policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron detenidos por estar relacionados con el hallazgo en 2011 de cadáveres en fosas clandestinas, pues los uniformados recibieron pagos del grupo criminal los Zetas —autores del crimen— para realizar labores de vigilancia o interceptar gente en la zona, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Al entregar los datos —sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, indica la Nota Informativa que PGR entregó el 10 de diciembre pasado al National Security Archive.

Si bien las autoridades federales informaron en 2010 y 2011 que algunos policías municipales habían sido detenidos por su vínculo con la masacre y las fosas comunes, hasta ahora habían mantenido en secreto los archivos sobre las detenciones bajo el argumento de que era información reservada por tratarse de una investigación abierta.
Las masacres ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, son un caso emblemático sobre cómo las autoridades mantienen en secreto el vínculo entre miembros del Estado y la violencia provocada por el crimen organizado; así como sobre la violación de derechos humanos.

La versión oficial indica que las masacres contra migrantes ocurrieron a manos de la organización delictiva de Los Zetas, pero la última información entregada por la PGR también deja al descubierto detalles sobre el papel de los policías implicados en estos crímenes.

En el documento se incluye testimonio de uno de los miembros de la policía municipal detenidos, y presunto integrante de Los Zetas, Álvaro Alba Terrazas, quien declaró que la policía recibía pagos para detener y después entregar a las personas a los criminales.

“Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas (…)”.

San Fernando y el derecho a la información

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes han buscado y solicitado información oficial tanto de las masacres ocurridas en San Fernando como de otros abusos cometidos en su contra, por lo que iniciaron una campaña por el derecho a la verdad a través de la que exigen que se divulguen datos completos sobre estos hechos.

Las autoridades federales se han negado a reconocer que los hechos en San Fernando implican violaciones a derechos humanos, pues afirman que los asesinatos de migrantes son actos criminales perpetrados por cárteles de la droga. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) decidió que estas masacres sí constituyen violaciones a derechos humanos, según lo establecido en tratados internacionales ratificados por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior derivó en agosto en una orden del IFAI a la PGR para dar a conocer los datos sobre la participación de policías municipales en las masacres de San Fernando, pues la Ley de Acceso a la Información indica que el Estado tiene la obligación de dar a conocer información sobre violaciones graves a derechos humanos en lugar de clasificarla como reservada.

Pero además de que el IFAI basó su decisión en criterios que incluyen la aquiescencia, tolerancia o la participación directa del Estado en las masacres, esto se confirma con el documento entregado por la PGR, lo que implica que este tipo de crímenes cometidos con la participación de policías constituyen violaciones de derechos humanos, como es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras un ataque de policías municipales en Iguala, Guerrero.


La desclasificación del documento representa un gran avance en los esfuerzos de organizaciones civiles como Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) para tener acceso a los expedientes completos sobre la investigación de los asesinatos de migrantes, lo cual actualmente está en discusión en la Corte Suprema que deberá fallar si PGR debe divulgar versiones públicas de éstos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Jesse Franzblau*

*Jesse Franzblau presentó la solicitud de información como parte del proyecto de documentos desclasificados sobre migración del National Security Archive, la cual finalmente resultó en la sentencia del IFAI que se menciona en el texto. También trabaja como consultor para la Open Society Justice Initiative (OSJI) sobre proyectos relacionados al derecho a la verdad. Este texto fue publicado por parte de OSJI.