¿Qué veremos en 2015 tras la reforma energética? El ciudadano común, nada

Aunque ya inició la apertura del sector, el ciudadano de a pie no verá una baja en los precios del gas, de la luz o de la gasolina.

En 2014 se completó la reforma energética tras la aprobación de 21 leyes secundarias y algunos reglamentos, pero ¿qué beneficios habrá para la ciudadanía en este año con la apertura del sector que ya inició?

“El ciudadano no va a sentir en 2015 absolutamente ningún cambio, ni en materia de petróleo, ni en energía eléctrica ni en el tema del gas. Lo que pueda ocurrir este año con la reforma energética no traerá beneficios para el ciudadano, pues no es una reforma con beneficios a corto plazo”, explicó en entrevista Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Sante Fe.

En diciembre de 2013 se aprobaron los cambios constitucionales que permiten la participación de privados en el sector energético y, tras más de 100 horas de discusión legislativa, el Congreso avaló en agosto pasado las leyes reglamentarias que la complementaron.

Y aunque los promocionales del gobierno federal a favor de la reforma insistían en que con ésta bajarían los precios del gas y de la energía eléctrica, en este 2015, el primer año con la reforma energética, no se concretarán ninguna de esas promesas.

“¿Por qué no baja la tarifa eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía no empieza a invertir y a utilizar gas para generar energía, sólo eso le permitirá tener procesos más baratos y reducir los costos. Actualmente está arrancando el proceso de conversión y hasta que éste no se complete —y no tenemos fecha para que eso suceda— y veamos cómo funciona, no sabremos sí será posible bajar las tarifas en el recibo de luz”, explicó el académico.

En el caso del Gas LP los cambios llegarán en 2016 cuando privados podrán importarlo y un año después venderlo, lo que permitirá que el precio deje de ser fijo en todo el país —impuesto por el gobierno federal— y se maneje por la oferta y la demanda.

Sin embargo, lo anterior no garantiza que el precio se vaya para abajo, pues puede ocurrir lo contrario dependiendo de la participación privada y de los costos de importarlo.

¿Y la gasolina?

En el caso del combustible, hay una buena noticia: en este 1 de enero de 2015 se aplicó el último gasolinazo, que fue del 1.9%.

Además se establece un precio máximo para la gasolina y los gasolineros tienen la libertad de ajustarlo a la baja por cuestiones de competencia, aunque los mismos empresarios del ramo reconocen que no están en condiciones de vender a un monto menor del máximo, pues terminarían perdiendo porque en el mercado todavía no hay condiciones para manejar precios diferenciados.

Por lo tanto, será hasta 2017 cuando los ciudadanos verán un cambio real de la apertura energética pues empresas privadas nacionales y extranjeras ya podrán tener gasolineras y vender combustible con sus propias marcas; por lo que éste deja de ser un negocio exclusivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los cambios visibles siguen hasta 2018, cuando esas empresas ya no estarán obligados a vender en sus gasolineras el combustible de Pemex y podrán empezar a traer el suyo, con lo que finalmente podría haber cambios significativos en el precio del combustible pues se abre la competencia entre gasolinas de diferentes marcas. En ese año, por lo tanto, se liberará el precio.

Pero entonces, ¿ya inició la apertura energética?

Aunque el ciudadano común no notará en este 2015 algún cambio por la reforma energética, la apertura del sector a la iniciativa privada inició en diciembre pasado con el arranque de la llamada Ronda Uno.

En la Ronda Uno el gobierno federal abrió 14 bloques de exploración en aguas someras para que empresas nacionales y extranjeras concursen para participar en la producción de crudo, lo cuál, podrán hacerlo en alianza con Pemex o tras la firma de contratos de producción, utilidad compartida o licencias que les permitirán hacerlo solos.

El anuncio de qué empresas privadas participarán por primera vez —tras siete décadas de ser una industria estatal— en la exploración de hidrocarburos se dará a conocer en el primer trimestre de 2015.

“Lo que sí va a caminar en 2015 son estas asignaciones, licitaciones y concesiones de la llamada Ronda Uno. Es posible que haya otro cambio, las empresas pueden estar en condiciones de emplear a personas y generen empleos. Pero por lo que se incluye en esta primera Ronda los nuevos empleos serán máximo unos 8,000”, dijo el investigador Raymundo Tenorio.


La apertura energética comenzará en la práctica cuando se dé a conocer el nombre de las empresas que participarán en la producción de hidrocarburos y se decida de qué forma será su participación en el sector, si trabajarán con Pemex o lo harán por su parte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Calcula Ceesp crecimiento de tan sólo 2.2% para México en 2015

México, DF. El débil avance de la economía mexicana durante el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto resultó todavía menor al modesto crecimiento que había venido registrando el país en los últimos 20 años y se espera que este 2015 el panorama siga siendo de debilidad porque el mercado interno "no da señales de una pronta recuperación", sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En su análisis semanal, el organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que mientras el promedio de crecimiento anual de la economía mexicana desde mediados de los 90 hasta ahora fue de 2.6 por ciento, para el 2015 el Ceesp prevé un avance de 2.2 puntos porcentuales.

Lo anterior, explicó, debido a que los datos más recientes de la evolución de los principales indicadores económicos del país, hacen evidente que la tasa de crecimiento para el año pasado estará "muy por debajo de lo que se estimó a principios del año".

Lo más preocupante, señaló el Ceesp, es que no se perciben indicios claros de un repunte importante en los próximos meses, a pesar del desempeño de uno de los principales factores que han funcionado como motor del crecimiento para nuestro país, el dinamismo de la economía estadunidense.

De acuerdo con datos revisados por el Departamento de Comercio, durante el tercer trimestre del año la economía estadunidense creció a una tasa anualizada de 5 por ciento, mientras que la actividad económica de México, bajo la misma metodología, tuvo un avance de 2 por ciento en el mismo periodo.

Además, señaló que las cifras disponibles hasta octubre del 2014 indican que las ventas al menudeo acumularon dos meses consecutivos con variaciones mensuales negativas.

Datos más recientes de la ANTAD indican que durante noviembre sus ventas tuvieron un comportamiento poco favorable, ya que a pesar de verse influidas por el periodo de ventas denominado el “Buen Fin”, su evolución fue incluso más débil que en el mismo mes del 2013, cuando todavía se enfrentaban los efectos de la debilidad de la economía mundial.

Agregó que adicionalmente existe la posibilidad de un nivel inflacionario mayor a lo estimado como consecuencia del incremento de principios del año en el precio de las gasolinas y de todas las tarifas públicas, además del efecto que puede tener el tipo de cambio en los bienes comerciables.

Aunado a esto, señaló que hay un entorno político-social que puede incidir significativamente en la parte económica del país.

Por ello, consideró que la eficiente instrumentación de las reformas estructurales será un factor fundamental para fortalecer la actividad económica, pero todo ello deberá estar acompañada de un ambiente seguridad pública libre de corrupción e impunidad.

"El 2015 no puede ser otro año de prueba, sino de resultados contundentes que nos coloquen en la senda de desarrollo tan buscada en las últimas décadas", puntualizó.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.

El PRI boicotea dos años la reforma anticorrupción, una urgencia del gobierno peñista

Otra vez, el debate para generar instancias legales para el combate a la corrupción tendrá que esperar mejores tiempos en el Congreso de la Unión.

Cuando ha arrancado el tercer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no hay institución con el encargo de erradicar el crecido cáncer que le cuesta al país 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Y es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –el mismo al que pertenece el primer mandatario– el dueño de las mayores trabas en el Congreso de la Unión, coinciden expertos.

En noviembre de 2012, dos semanas antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Era (aún es) el compromiso por cumplir número uno en su lista de promesas firmadas ante Notario Público.

Mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI logró la postergación del debate durante un año con un argumento principal: la Comisión debería depender del gobierno federal y ser parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

A través de los periodos ordinarios de sesiones, el PRI argumentó que la agenda legislativa tenía como prioridades el debate de las once reformas que en los ámbitos Educativo, Energético, Financiero, Fiscal y de Telecomunicaciones, había enviado el Presidente de la República.

En ese desacuerdo, los partidos políticos quedaron enfrascados y después de ese año de aletargamiento, el texto fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su evaluación. Ahí está desde el 4 de febrero de 2014, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, a la espera de que se reanime el debate.

“Fue la historia perfecta de la simulación. El resto de reformas inhibió cualquier otro tema en el Congreso. Un tiempo perdido porque la anti-corrupción debió ser la base de todo el andamiaje de modificaciones a la Constitución, desde la Educativa hasta la Energética”, expresó Ernesto Gómez Magaña frente al recuento de eventos que en 2013 impidieron la creación de la Comisión. Director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas indicó que desde el poder se impidió el avance de una modificación esencial con un PRI que jamás mostró voluntad.

Cuando parecía que el estancamiento no sería superado, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó un Sistema Nacional Anticorrupción en octubre del año pasado. Ese mismo día, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, recordó que la iniciativa del Presidente de México había sido crear la Comisión Nacional Anticorrupción y enfatizó que la propuesta del PAN venía a “enriquecerla” y que era bienvenida.

“Estamos seguros que la minuta relacionada con la Comisión Nacional Anticorrupción podrá, en las comisiones de estudio y dictamen correspondientes, ampliar el horizonte de la discusión, y de cara a la sociedad, procesar en una mesa o en los mecanismos que la propia Cámara establezca. Se podrá enriquecer el planteamiento original y hacer que queden satisfechos los ciudadanos, no sólo los partidos políticos”, expresó el dirigente nacional priista en una conferencia de prensa.

Pero ocurrió de nuevo. En la vorágine del escándalo que representó la casa blanca (la multimillonaria mansión que habita la familia presidencial que está a nombre del contratista Hinojosa Cantú, principal beneficiario de los contratos de infraestructura del gobierno federal) y los procesos de licitación de adjudicación directa, el tricolor sorprendió con una propuesta alterna –de un sistema nacional de integridad pública– e hizo el intento para que en comisiones transitara un proyecto de dictamen que diluía el modelo panista pues restaba independencia y facultades a los órganos anticorrupción.

La oposición no aprobó la iniciativa del PRI. Y no hubo acuerdo en la Comisión de Puntos Constitucionales para debatirlo y votarlo. Pero la jugada impidió la reforma constitucional que permitiría una instancia legal. Tanto la Comisión como el Sistema quedaron detenidos.

LOS COSTOS DEL PANTANO

En 2012, cuando Enrique Peña Nieto resultó candidato electo, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) expuso que la corrupción era el tercer problema que más preocupaba a los mexicanos (los otros eran la violencia y la pobreza). En ese tiempo, México ocupaba el sitio 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Hoy, está en el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista.

En Latinoamérica, México es el país más corrupto, un sitio que comparte con Argentina, según el Barómetro Global, otro indicador de TI. Este índice ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son los que la sociedad percibe como más corruptos.

“México se ha colocado en la retaguardia en el combate a la corrupción. Las maniobras del partido gobernante para evadir el tema han sido obvias y burdas. Y es de señalar la gravedad del empantanamiento del debate real de la reforma más importante para el país, la que combatirá a la corrupción”, dijo Ernesto Villanueva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras, los escándalos siguen con su goteo incesante. Algunos más, otros menos, pero los funcionarios mexicanos muestran que el lujo no es algo que deseen ocultar. En diciembre pasado, la escena la tomó Heliodoro Díaz Escárraga quien se desempeñaba como coordinador de la zona sur del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Quien también fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, secretario general del Gobierno de Oaxaca y presidente del PRI en esa entidad, publicó en Facebook que le regaló un Porsche Cayman, color amarillo, de más de un millón de pesos a su hijo homónimo y quien fungía como subdirector jurídico corporativo de Lechería Nacional (Liconsa).

Antes, el mismo Presidente de la República fue señalado por habitar una casa de 86 millones de pesos, que está a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, empresa beneficiaria de los contratos de infraestructura del gobierno federal, escándalo conocido como “casa blanca”. A la par, a finales del año pasado, se conoció que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, fue exonerado de cargos por enriquecimiento ilícito y ordenó que le fueran devueltos 19 millones de dólares repartidos en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades.

En 2013, el ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido por malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, se jactaba de atesorar 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Ángeles.

En el panorama, la corrupción en México tiene lugares comunes: Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ejerce su vida pública como senador priista bajo la sombra de la sospecha de enriquecimiento ilícito.

El investigador de la Transparencia Mexicana del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ernesto Villanueva, ha concluido en varios estudios realizados en lo que va de la administración peñista: México no sólo se constituyó en el escenario perfecto para ejercer la corrupción; también es una galería de impunidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: Linaloe R. Flores.

LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1206592.

Grupos civiles exigen a EU frenar ayuda militar a México; rechazan la visita de EPN

Integrantes de la Coalición Latinoamericana por Ayotzinapa y la Coordinadora Independencia entregaron este día dos cartas a las senadoras demócratas por California, Barbara Boxer y Dianne Feinstein, para que pidan la suspensión de ayuda militar de Estados Unidos a México en repuesta a “las violaciones a los derechos humanos que sufren los mexicanos incluyendo algunas de nuestras  familias que han sido víctimas de la supuesta guerra contra el  narcotráfico”.

“Consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”, manifestaron las organizaciones civiles.

En la misiva se les pidió a las senadoras estar al tanto de lo que sucede en México y hacer valer medidas “como la enmienda Leahy, legislación que prohíbe el envío de fondos a unidades de fuerzas extranjeras violadoras de derechos humanos como consideramos es el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto”.

“Esta es la primera comunicación con sus oficinas sobre este preocupante asunto y nos gustaría establecer un lazo de comunicación permanente para informarle sobre los que está sucediendo en México y su impacto en muchas familias en California así como apoyar medidas como la realización de una audiencia pública en el Senado sobre esta grave crisis de derechos humanos en México”, dice el documento enviado a las representantes demócratas.

Los activistas, residentes en California “preocupados por la grave ola de violencia que azota a México” y con familias en México, refirieron a Boxer y Feinstein cómo “en los escasos dos años de la administración de Enrique Peña Nieto, según datos oficiales, más de 40 mil mexicanos han sido asesinados y cerca de 10 mil han sido desaparecidos, incluyendo 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.


Dijeron que su demanda se enmarca en la visita que realiza el Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, la cual tendrá lugar en Washington “donde según anunciaron fortalecerán las relaciones bilaterales en materia de seguridad, inmigración y comercio. Sin embargo, por lo antes expresado, consideramos que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población”.

MOVILIZACIONES CONTRA EPN

En tanto, en más de 20 ciudades de Estados Unidos se realizarán protestas por la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Barack Obama, en Washington, para discutir temas como la seguridad, migración, así como el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con su convocatoria en redes sociales #UsTired2 y sus aliados organizan “una movilización para protestar por sus masivas violaciones a los derechos humanos [del gobierno de Enrique Peña Nieto], una crisis que Human Rights Watch y otros han etiquetado como ‘la peor’ en toda América Latina en los últimos 30 años”.

En los consulados de México en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Dallas, Houston, Washington, se preparan actos para exigir justicia por el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre por policías municipales de Iguala y Cocula.

Entre sus exigencias, también está la liberación de la comandante de la Policía Comunitario de Guerrero, Nestora Salgado, de quien un juzgado ordenó su liberación, pero que el gobierno mexicano no ha cumplido.

La visita oficial de Peña a Washington es en respuesta a una invitación que le hizo el Presidente Obama, con el fin de abordar temas prioritarios de la agenda bilateral. Además, el según lo destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre esos temas se tiene contemplado que los mandatarios aborden la seguridad, migración, educación y ciencia y tecnología.

Peña Nieto tiene prevista un reunión privada con Obama, mientras que en paralelo se llevará a cabo un encuentro a nivel ministerial entre delegaciones de las dos naciones para trabajar en esos temas.

El 3 de diciembre, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes, organizaciones religiosas y académicos que se agrupan en la organización #USTired2 realizaron vigilias y movilizaciones en decenas de ciudades de Estados Unidos en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “México no es sólo un asunto de política exterior”, anunció uno de sus comunicados, “México es familia”.


“También aquí en los Estados Unidos estamos cansados de toda la matanza, cansado de todas las desapariciones y cansados de todas las políticas de guerra de drogas fallidas que fomentan estas catástrofes, pagadas por nuestro gobierno con el dinero de nuestros impuestos”, denunció la asociación. Dijo que su protesta se fundamenta en la ley estadounidense, según se estipula en la Enmienda Leahy, que establece que el gobierno de ese país está obligado a cortar la ayuda a las fuerzas de seguridad que se encuentran en violación de los derechos humanos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1208698.

El DF de Miguel Mancera es un gobierno policial y sin contrapesos, afirman abogados

El gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Distrito Federal se ha destacado, hasta ahora, por mantener una visión centrada en una política policial “restrictiva” y “autoritaria”, afirman abogados especialistas en defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión.

En ello ha influido la trayectoria profesional del Jefe de Gobierno capitalino –quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Procurador en la Ciudad de México y, previamente, había laborado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)– y la ausencia de contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial locales, consideraron Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, y Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1º de Diciembre .

“La visión del gobierno es la visión de un Ministerio Público”, plantea Soto, integrante del colectivo de abogados que desde el 1 de diciembre de 2012 ha defendido legalmente a personas detenidas en la capital del país en contextos de protesta social o de forma arbitraria.

El señalamiento de Soto alude a la trayectoria profesional del actual Jefe de Gobierno fue como servidor público de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la que incluso fue titular. Previamente a sus labores como funcionario público, se había desempeñado como abogado litigante.

Su trayectoria en el servicio público ha incidido en que sean precisamente tales dependencias las que han destacado más en lo que va de su administración, por encima de otras como Desarrollo Social, Salud o Educación.

“El tema de seguridad, desde una perspectiva judicial sumamente restrictiva de derechos, ha ocupado la centralidad de la administración de Mancera. Es decir, no se ha destacado la presente administración por sus políticas sociales, o por hacer algún contrapeso real al gobierno federal, como lo fueron las dos anteriores administraciones, o por alguna propuesta política novedosa, creativa”, expone Maldonado.

A esto, Soto agrega: “La visión de las áreas fuertes es una visión formada en la procuración de justicia, en la investigación y persecución de delitos, y la visión del gobierno del Distrito Federal está muy contaminada en términos de ver a la política como una prolongación de la función del Ministerio Público”.

Pero a ello también ha contribuido el hecho de que quienes estaban, hasta hace poco, al frente de ambas dependencias eran personas cercanas a Mancera.

Por un lado, al frente de la PGJDF se encuentra Rodolfo Ríos Garza, cercano a Mancera desde hace muchos años y quien entre 2010 y 2011 se desempeñó como su secretario particular, cuando Mancera era Procurador.

En 2012, Mancera dejó el cargo para contender por la Jefatura de Gobierno para el periodo 2012-2018. Ríos Garza se convirtió en coordinador de asesores de la PGJDF. Al frente de la PGJDF quedó Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

Mancera y Rodríguez Almeida se habían conocido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el primero daba clases. Rodríguez Almeida fue alumno suyo en tres asignaturas.

Fue Mancera quien invitó a su ex alumno a trabajar en la PGJDF como fiscal de procesos de Juzgados Penales Norte en 2008. De ahí, Rodriguez Almeida pasó a la subprocuraduría y luego reemplazó a su ex profesor.

Una vez que Mancera se convirtió en Jefe de Gobierno, lo propuso para ocupar la titularidad de la SSPDF, mientras que a Ríos Garza lo propuso para ocupar la PGJDF. El Presidente Enrique Peña Nieto avaló ambos nombramientos.

Rodríguez Almeida fue titular de la SSPDF hasta el pasado 5 de diciembre, cuando renunció al cargo tras denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de granaderos y policías auxiliares, al término de la marcha del 1 de diciembre, y de una polémica declaración en la que defendió el trabajo de los policías capitalinos durante las movilizaciones del 20 de noviembre.

Ese día, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías tanto en el aeropuerto como en el Zócalo. Fue en la plaza central donde los policías hicieron detenciones arbitarias y agredieron a manifestantes.

Cuatro días después, Rodríguez Almeida felicitó a los policías por su actuación, “porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.

Durante toda su gestión fueron recurrentes los señalamientos de abusos policiales durante las protestas sociales. La última fue ese 1 de diciembre, cuando al finalizar una movilización pacífica y luego de que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos vandalizó negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma durante unos 40 minutos, cientos de elementos de la Policía Auxiliar y de los granaderos se replegaron sobre la avenida, a la altura del Senado.

Ahí agredieron a personas que no habían sido responsables de los actos vandálicos, y en algunos casos ni siquiera habían participado en la marcha. Un grupo de unas cien personas también fue “encapsulado” por los policías, y sólo la intervención de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta evitó su detención.


TRADICIÓN ROTA

El abogado Soto habla sobre las repercusiones que ha tenido el establecimiento de una política con visión policial. Dice que la principal es que se han coartado las libertades democráticas que desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se habían ido afianzando en la capital del país.

“Con la entrada de Mancera a la Jefatura de Gobierno se rompe tajantemente esta tradición que se venia cuajando, en el ámbito de gobernanza en el Distrito Federal”, considera.

Él y Maldonado coinciden en que uno de los más claros reflejos de esta política policial es la “mano dura” frente a las muestras de descontento social, donde se ha hecho comunes prácticas como las detenciones arbitrarias y violentas, se recurre de forma sistemática a los “encapsulamientos” durante las protestas, e incluso de han restringido los espacios para manifestarse.

La “cereza en el pastel” de esta política ha sido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada el 14 de julio de este año, afirma el abogado de Artículo 19.

El pasado 3 de diciembre, la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas, declaró inconstitucionales los artículos 212, 231 y 214 de dicha ley al considerar que violan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.

La resolución de inconstitucionalidad vino luego de que una decena de organizaciones civiles, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, interpusieron 14 mil amparos contra la Ley, que establece una serie de condiciones a quienes quieran manifestarse.

Particularmente los artículos impugnados refieren que se tiene que dar aviso previo (por lo menos de 48 horas) a la SSPDF para llevar a cabo una manifestación de cualquier índole, que éstas no pueden utilizar vitalidades primarias y que la SSPDF “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación”.

Pero la visión policial del gobierno capitalino no sólo es perceptible durante las protestas en las calles, señala Maldonado. También está presente en el día a día en el sistema de procuración de justicia, donde la tortura sigue siendo una práctica habitual como método de investigación, y donde se siguen atendiendo a criterios de cuotas de detenciones y consignaciones.

A ello se suma “un Poder Judicial carente de independencia que prácticamente convalida todo lo que hace la Procuraduría. Es decir, una serie de deficiencias estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia que provocan violaciones sistemáticas al debido proceso”.

El Poder Legislativo, representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tampoco es un contrapeso real al Ejecutivo local, considera el abogado.

La explicación que da al respecto es que Mancera ha logrado imponer su agenda política en la Asamblea a partir de negociaciones y componendas con las distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mayoritario en la ALDF.

A pesar de que el PRD se erigió como un partido de izquierda, lo que sus corrientes internas han demostrado, dice Maldonado, es que sus intereses de grupo están por encima de una voluntad de establecer un programa progresista.

Bajo esta lógica, “se ha sacrificado el programa político por los intereses de las ‘tribus’, y por eso [Mancera] ha logrado impulsar esta agenda policiaca”, expone.


SIN CAMBIOS

Tras la renuncia de Rodríguez Almeida, el pasado 16 de diciembre Hiram Almeida Estrada fue nombrado nuevo titular de la SSPDF. Hasta entonces, Almeida Estrada se desempeñó como Contralor General del gobierno capitalino.

Al asumir el cargo, Almeida Estrada dijo que no se tolerarían los abusos de autoridad o del uso de la fuerza contra los ciudadanos.

Para Soto, la llegada de Almeida Estrada a la SSPDF no supone cambio alguno.

Ejemplo de ello, dice, es que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 7/2013, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras los abusos policiales en el operativo del 1 de diciembre de 2012.

En ella se planteó, entre otras cosas, revisar los protocolos de actuación de los policías para el control de multitudes, así como crear un modelo que garantizase el respeto a los derechos humanos, y fue dirigida a la SSPDF, así como a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Maldonado también ve el nuevo nombramiento con poco optimismo, pues considera que una primera señal necesaria para hablar de una transformación en la visión del gobierno sería que los policías, incluidos sus mandos medido y altos, comenzaran a rendir cuentas de los abusos que han cometido.


“No basta con decir que se va a hacer sino que se debería empezar a hacer, a partir de muchísimas evidencias que hay en los últimos dos años, eso sería una señal positiva pero cuando se comience a hacer. Y sanciones que de verdad impliquen un inicio hacia una reparación del daño a todas las víctimas de estos abusos”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1202168.

Manuel Velasco sigue los pasos de Peña hacia el 2018

Quiere llegar a la Presidencia de la República recorriendo el mismo camino que encumbró a Enrique Peña Nieto: Explotar las relaciones familiares, gastar millonadas del erario en difundir su imagen, casarse con una “artista”, congraciarse con Televisa, otorgar impunidad a cambio de apoyo… Estos son los pasos que ya ha dado Manuel Velasco, “un inepto, a quien el nepotismo caracteriza”, según palabras de uno de los históricos opositores del priismo en Chiapas.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: En los hechos, Manuel Velasco Coello no esconde su intención de ser candidato presidencial en 2018. Siguiendo los pasos de Enrique Peña Nieto, ha gastado en propaganda e imagen 500 millones de pesos –provenientes del erario estatal– en apenas dos años de gobierno.

Además ha anunciado su matrimonio con Anahí, actriz y cantante de Televisa, algo similar a lo que hizo el mexiquense con Angélica Rivera.

Es tanta la cercanía entre Velasco y Peña Nieto que el 1 de diciembre el verde-ecologista recibió a su amigo en Comalapa, durante un acto al cual acarreó a diez mil personas para darle aliento al mandatario federal, quien arrancaba su tercer año de gobierno con los niveles de aprobación ciudadana más bajos de los últimos tres sexenios.

En Chiapas la imagen de Velasco se encuentra en camiones, bardas, edificios, espectaculares, taxis, estaciones de radio, programas de televisión, partidos de futbol, páginas de todos los periódicos e inserciones en internet. Desde que ocupó la gubernatura ha desplegado una campaña mediática que cada año le ha costado 250 millones de pesos a la depauperada hacienda chiapaneca, asegura la diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz.

Velasco ha gastado ese dinero –ajeno– aunque Chiapas sigue siendo la entidad más marginada del país. Ahí, 74.7% de la población es pobre; es decir, 3 millones 782 mil 315 personas. Padece también los peores índices de rezago educativo, acceso a los servicios básicos, de salud y alimentación, y calidad y cantidad de vivienda, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Además Chiapas se ubicó en el lugar 28 en materia de transparencia gubernamental, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS E ISAÍN MANDUJANO (REPORTAJE ESPECIAL).

SCT: desprecio de la ley

MÉXICO, D.F: Las respuestas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, evidencian su absoluto desprecio por la legalidad vigente y el grado de arbitrariedad y discrecionalidad con que opera la dependencia, la cual ejercerá en 2015 un presupuesto de 65 mil millones de pesos para obra pública.

Al responder los cuestionamientos de los diputados durante su comparecencia frente a la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación del tren México-Querétaro, el titular de la SCT no tuvo ningún empacho en prohibir la participación de las empresas del cuestionado Grupo Higa en los procesos de licitación de obra pública, porque no le “…queda duda de que está imposibilitada desde el punto de vista de opinión pública, de debate político y, simple y sencillamente, de debate público; no queda duda de que la empresa no volverá a participar en este tipo de licitaciones”.

El funcionario enfatizó que ninguna de las tres empresas mexicanas participarán en la nueva licitación: Constructora Teya, parte del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto y propietario de la Casa Blanca en Las Lomas, que le vendió en un contrato muy favorable a la esposa de éste, Angélica Rivera, y dueña originaria de la casa en un campo de Golf en Malinalco que le vendió a Luis Videgaray; Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del director del IMSS José Antonio González; y Prodemex, del empresario Olegario Vázquez Raña.

Ruiz Esparza no explicó por qué la firma China Railway Construction Corporation, que encabezaba al único consorcio que presentó las ofertas técnicas y económicas para la construcción y operación del citado tren, es totalmente ajena al debate público y, por lo tanto, no tiene ningún problema para intervenir en la nueva licitación.

Al explicar por qué se decidió no firmar el contrato con el ganador, el funcionario expuso que “…días antes del fallo se generó un ambiente poco favorable, se cuestionó que sólo hubiera un participante, que había un sobreprecio, y también se hicieron señalamientos de que en el consorcio estaba gente vinculada a servidores públicos. Las dudas crecieron y tomaron tintes políticos, se cuestionó la legalidad de las empresas y se mostraron suspicacias, y se insinuó que hubo información privilegiada hacia la empresa ganadora y que por eso declinaron las demás participantes. También se hizo mención de la vinculación con un expresidente de México por su parentesco con un miembro del consorcio”.

Pero nunca argumentó por qué los impactos de la opinión pública adversa y el “ambiente poco favorable” únicamente afectaron a las empresas mexicanas y no a la china. Y mucho menos refirió por qué los daños sólo alcanzaban a las empresas privadas y sus accionistas sin causar ningún efecto negativo en los funcionarios públicos y sus familias.

Por lo que se refiere a las empresas particulares, bastan los efectos de una opinión pública adversa para excluirlas, sin ninguna justificación legal, de futuras licitaciones; y en cuanto a los servidores públicos, el señalamiento de expertos en la materia de que violaron diversas disposiciones legales no les afecta en lo más mínimo y siguen aferrados a sus puestos y al jugoso presupuesto que reparten a través de licitaciones altamente cuestionadas.

La opinión pública adversa se generó porque ni él ni el presidente Enrique Peña Nieto escucharon los reiterados cuestionamientos que se hicieron a una mal diseñada licitación. La preconvocatoria se dio a conocer el domingo 27 de julio; las bases se publicaron el 15 de agosto, y en las mismas se estableció un plazo hasta el 15 de octubre (62 días naturales) para presentar las propuestas técnicas y económicas.

El 1 de septiembre, durante la primera junta de aclaraciones, la francesa Alstom pidió una ampliación del plazo para presentar las propuestas; la alemana Siemens destacó el riesgo de que en caso de que no fuera atendida dicha demanda se eliminara la competencia; en total fueron 13 firmas las que solicitaron la ampliación, que iba hasta los ocho meses, es decir, cuatro veces más que el plazo establecido.

El otro aspecto que cuestionaron Siemens y Nacele (mexicana) fue la exigencia de formar consorcios bajo la modalidad de responsabilidad solidaria, lo cual implicaba que compartieran los riesgos y responsabilidades de todo el proyecto.

La SCT fue inflexible. El resultado, que recibieron 16 cartas de disculpa y el 15 de octubre se presentó únicamente un consorcio, que precisamente incluía a las empresas mexicanas ya mencionadas. Ante los hechos, el 21 de octubre, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SCT a suspender el proceso de licitación.

Pero Ruiz Esparza no escuchaba razones, y en una entrevista con Carmen Aristegui, en la primera emisión del Noticiero de MVS el 27 de octubre, fue contundente: “…tenemos prisa (…) no vamos a dar ampliación de plazos (…) Yo no me voy a detener; si tengo una oferta o dos ofertas, las voy a tomar si son buenas”.

Y así procedió. El 3 de noviembre dieron a conocer el resultado de la licitación y éste fue favorable al único consorcio que se presentó. Pero tres días después la SCT tuvo que emitir un comunicado en el que indicaba: “Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, el Ejecutivo federal determinó que se convoque a un nuevo proceso de licitación”.

Los hechos y la secuencia no dejan lugar a dudas: Desde la SCT (por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad; motu proprio o por instrucciones del presidente) se equivocaron en la convocatoria, propiciaron la conformación de una opinión pública desfavorable y, por ende, sobrevino el fracaso de la licitación; pero, aunque seguramente no participaron inocente e ingenuamente, los únicos que pagarán las consecuencias (sin importar que esto sea contrario a la legislación vigente, según señaló el mismo secretario) serán las empresas mexicanas.


La comparecencia de Ruiz Esparza, ante una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, retrata fielmente la realidad mexicana: decisiones arbitrarias y discrecionales y total desprecio del estado de derecho; desde luego, con la participación y complacencia de los primeros obligados a cumplirlo: las autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Periodista “levantado” en Veracruz, “estaba haciendo lo que otros no”: Rafael Pineda

Moisés Sánchez “estaba realizando un periodismo ejemplar”, refirió el caricaturista de 'Milenio', conocido como 'Rapé'.

Moisés Sánchez, periodista “levantado” el pasado viernes en Veracruz -de quien hasta ahora no se sabe nada-, estaba haciendo lo que otros no, que era observar y denunciar, era un periodista crítico, denunciaba lo que pasaba con el alcalde actual del municipio de Medellín, Omar Cruz Reyes y además lo que sucedía con su antecesor, señaló el caricaturista Rafael Pineda “Rapé”.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, indicó que lo que sucede en Veracruz, con los ataques a periodistas, “es igual que como hace muchos meses”. 

Moisés Sánchez se presentaba en actos públicos, en los eventos y con un altavoz se ponía a anunciar lo que estaba pasando, lo daba a conocer a los pobladores. Era un ciudadano ejemplar, sostuvo el monero.

Además, indicó que Sánchez “estaba realizando un periodismo ejemplar”, entre otras cosas era director y editor del periódico “La Unión”.

Sobre las declaraciones del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien afirmó que Sánchez no era un reportero, sino un taxista, Pineda aseveró que “me parece terrible que otra vez el gobernador salga con esta declaración”, por lo que “no sé si salga de su cabeza o hay gente a su alrededor que le dice que diga esas cosas para denostar la labor”.


Agregó que Moisés Sánchez es una persona que “independientemente de que sea taxista me parece un periodista no espontáneo, siempre tuvo la espinita del periodismo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Procuraduría de Veracruz retiene a policías municipales, por caso de periodista “levantado”

Policías municipales de Medellín fueron retenidos "sujetos a investigación", informó la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

La Procuraduría de Veracruz retuvo a un número indeterminado de policías municipales, quienes son “sujetos a investigación”, por el “levantón” del periodista Moisés Sánchez, ocurrido el viernes pasado.

“Esta orden de retención permitirá a las autoridades ministeriales enriquecer las investigaciones para esclarecer la desaparición“, indicó.

Así lo informó dicha dependencia estatal, en el siguiente comunicado:


Retiene PGJ a Policías Municipales de Medellín Por Desaparición de Moisés Sánchez byAristegui Noticias:

  Retiene PGJ a Policías Municipales de Medellín Por Desaparición de Moisés Sánchez

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN, incapaz de responder a la crisis que enfrenta y a lo que el país necesita: Dresser

"Al menos está prometiendo cambiar, edificar de otra manera... exijamos que lo haga verdaderamente a fondo", pidió la doctora.

En el mensaje de Año Nuevo del presidente Enrique Peña Nieto, se tiene una “visión anodina, pequeña” e incapaz de responder a la dimensión de la crisis que enfrenta el país; el titular del Ejecutivo se muestra incapaz de responder a lo que el país necesita, sostuvo la politóloga Denise Dresser.

En la Mesa Política de este lunes, señaló que Peña elude temas fundamentales que preocupan a la sociedad, pues aunque menciona la transparencia, y el combate a la corrupción, son objetivos que el PRI nunca ha hecho suyos ni los ha impulsado, ni el Presidente ha querido incorporar a su estilo personal de gobernar.

Reconoció que “al menos está prometiendo cambiar, edificar de otra manera”, por lo que llamó a que “exijamos que lo haga verdaderamente a fondo”. 

El mensaje presidencial “revela el tamaño que tiene, un hombre que no sabe responder de manera adecuada al problema que el país enfrenta”, aseveró la doctora.

Con lo que tendría que comenzar EPN este año, consideró Denise, es con un combate al conflicto de interés, por el caso de la compra de la casa blanca, así como la compra de un inmueble de Luis Videgaray, ambos a Grupo Higa, contratista del gobierno.

Un primer anuncio presidencial, propuso la politóloga, podría ser una investigación sobre la casa blanca así como la renuncia de Videgaray, secretario de Hacienda, por los contratos sin licitación que otorgó a Grupo Higa.

Sin embargo, lamentó que “no están centrando la atención en el corazón del problema” y “la clase política se sigue sirviendo a sí misma”. Por ello consideró que el actual es “el presidente peor evaluado en los últimos 20 años de la historia de este país”.

Ahora que viaja a Washington para reunirse con su homólogo Barack Obama, Denise indicó que si a la esposa del presidente de EU, Michelle Obama, le hubieran descubierto una cada de 7 millones de dólares, a nombre de un contratista del gobierno, hubiera implicado investigaciones y “probablemente el fin” del gobierno.

“¿Con qué cara van a presentarse a Washington?”, preguntó y refirió que el gobierno mexicano ni siquiera reconoce su error. Eso, además de casos como Tlatlaya y Ayotzinapa lo colocan en un “escenario de fragilidad”:

“Ojalá que Obama le dé buena sacudida, le enseñe lo que es la rendición de cuentas”, comentó Dresser.


Indicó que actualmente EPN enfrenta una crisis de credibilidad y confianza, y los casos que del año pasado -Tlatlaya, Ayotzinapa y la casa blanca-, no se cerrarán en la opinión pública, hasta que sean resueltos.

VÍDEO:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÑÓN.

Peña a Washington a profundizar la entrega

Mañana, 6 de enero, el presidente Enrique Peña realizará una visita oficial a Estados Unidos. Llegará a su encuentro con Barack Obama con su legitimidad por el piso y políticamente debilitado.

La crisis humanitaria heredada del régimen de Felipe Calderón se profundizó durante los primeros dos años de su gobierno, y en la coyuntura los crímenes de Estado de Tlatlaya e Iguala/ Ayotzinapa exhiben con crudeza la violencia del sistema.

A ello se agregan escándalos de opacidad, corrupción y conflicto de interés desatados por la llamada Casa Blanca de la pareja presidencial Peña/Rivera y el tren rápido México-Querétaro, que vincula en un nudo de complicidades a Televisa y el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa con los negocios turbios del presidente y la consorte.

Para colmo de males, Luis Videgaray, ministro de finanzas del año y pensador global, fue descobijado por The Wall Street Journal, cuando reveló una transacción entre el secretario de Hacienda y el empresario incómodo del sexenio, para la compra de una propiedad en Malinalco, Edomex.

El encuentro Peña/Obama será otra puesta en escena de la política como espectáculo. Pero la realidad les cambió radicalmente a ambos. A partir de enero Obama deberá gobernar con un Congreso bajo control republicano, lo que acotará sus márgenes de maniobra. Y en cuanto al valiente modernizador de Davos (Suiza); estadista mundial 2014 de la Appeal of Conscience Foundation y salvador de México ( Time Magazine dixit), la crisis Tlatlaya/ Iguala/ Casa Blanca le estalló en la cara y lo ha mantenido desde hace tres meses en una virtual condición de pasmo.

Debido a las circunstancias, en esta ocasión Obama deberá controlar los dislates escénicos y el carisma que exhibió aquí en México, en mayo de 2013, cuando en una operación de mercadotecnia con fines de legitimación publicitaria a favor de su anfitrión, asumió la nueva épica del entonces naciente gobierno peñista, y transformó discursivamente, como por arte de magia, un país sacrificado por el terror y una violencia fratricida sin fin, en una nación próspera, de clase media urbana en expansión y con jóvenes nacidos para triunfar.

Aquel México falazmente idealizado por Obama exhibe hoy a una población enojada hasta el hartazgo, que se manifiesta cada día a raíz de los crímenes de lesa humanidad de Iguala/ Ayotzinapa, que con participación directa de agentes del Estado tuvo como blanco a casi medio centenar de jóvenes normalistas de extracción campesina pobre. A lo que se añade la ejecución sumaria extrajudicial de 20 muchachos de entre 16 y 22 años y una jovencita de 15 –señalados como presuntos delincuentes según la narrativa oficial−, a manos de soldados del 102 batallón de infantería del Ejército Mexicano, en Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.


El naufragio del otrora tan aplaudido Mexican moment, no distraerá el abordaje de la agenda oculta del encuentro Obama/Peña en la otra Casa Blanca. La agenda encubierta tiene como punto nodal la consolidación de Norteamérica como un espacio geográfico integrado por Canadá, Estados Unidos y México, bajo el control económico-militar de Washington, para la competencia intercapitalista en los mercados y la apropiación/ despojo de los recursos geoestratégicos mundiales. En la etapa, la acentuación de la crisis estructural del sistema llega acompañada de guerras económico-energéticas, convulsiones geopolíticas y operaciones de desestabilización del eje Pentágono/OTAN en zonas de influencia de Rusia y China; y en el plano subregional está marcada por el giro histórico, de signo incierto, contenido en el anuncio de una próxima reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En ese contexto cabe recordar las recomendaciones que en octubre diera a conocer el Consejo de Relaciones Exteriores, poderoso gobierno mundial en las sombras con sede en Nueva York. En su informe América del Norte: hora para un nuevo enfoque −reseñado por David Brooks en La Jornada−, el CFR (por sus siglas en inglés) insistió que para fortalecer a Estados Unidos y su presencia en el mundo (ergo, para preservar la hegemonía imperial), se debe profundizar la integración con Canadá y México, vía el desarrollo e implementación de una estrategia para la cooperación económica, energética, de seguridad, ambiental y social.

El reporte aboga por una estrategia de seguridad unificada para América del Norte. Pero mientras se llega a esa meta, Obama debe apoyar los esfuerzos de Peña por fortalecer la gobernación democrática (un giro semántico a la otrora seguridad democrática de Álvaro Uribe en Colombia, auspiciada por Washington). También recomienda profundizar la estrategia transfronteriza con México, mediante la combinación de la protección del perímetro de seguridad con un mayor uso de inteligencia, evaluaciones de riesgo, capacidades compartidas y acciones conjuntas; claro está, con la subordinación de las fuerzas armadas de México al Comando Norte del Pentágono, que desde 2013, a través de la Iniciativa Mérida, ha intensificado los cursos de entrenamiento a militares y civiles nativos en guerra irregular, contraterrorismo y contrainsurgencia.


Otra recomendación es apoyar las reformas históricas de México en materia energética. El CFR insiste en la necesidad de una estrategia regional que incluya una ampliación de las exportaciones, el fortalecimiento de infraestructura y la promoción de mayores conexiones transfronterizas de energía. Y como dijo el ex presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick −firmante del informe junto con el general (r) David Petraeus, ex director de la CIA−, dado que la reforma energética en México aún no se ha implementado, es muy importante que Estados Unidos ayude en esa implementación. Allanada la contrarreforma al 27 constitucional, el botín está en las aguas profundas del Golfo y en la infraestructura hidrocarburífica transfronteriza con eje en la cuenca de Burgos. A eso fue llamado Peña a Washington; a profundizar la entrega.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CARLOS FAZIO.

Reunión Obama-EPN, en medio de la peor crisis de gobernabilidad en México

La desaparición de 43 normalistas, los escándalos de corrupción y tráfico de influencias, así como la inseguridad, el descontento social, la ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones, eclipsan los logros de las reformas estructurales del gobierno mexicano.

El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá mañana martes con su homólogo estadounidense Barack Obama en Washington, en medio de la peor crisis política de su joven gestión, con niveles de popularidad por los suelos, acosado por el cuestionamiento de una sociedad civil que demanda respuestas creíbles a la desaparición de 43 normalistas, manchado por los escándalos de corrupción y tráfico de influencia, repudiado por la violación de los derechos humanos e impotente ante la violencia en 20 estados de la República Mexicana que hizo que EU endureciera su alerta de viajes hace apenas doce días.

Para EPN, lejos quedaron los días en que era aclamado en el extranjero por sus osadas reformas del Mexican moment. Mañana, en el salón Oval, la inseguridad y el descontento social, la ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones, eclipsarán el logro de las reformas, incluida la petrolera.

En contraste, Obama llegará a la cita con EPN gozando del nivel más alto de popularidad desde agosto de 2013, lo que los analistas atribuyen en parte a sus ordenes ejecutivas sobre migración y Cuba.

Por lo tanto, no será una reunión entre iguales. Tampoco estará ausente de desacuerdos. EU y México llegan a la reunión discrepando sobre los temas a tratar. Mientras que la Casa Blanca dice que BO y EPN abordarán “economía, seguridad y temas sociales”, la SRE omite mencionar éste último, limitando la agenda a seguridad, migración, educación y ciencia y tecnología.

Para Washington, los “temas sociales” pasan por la profunda indignación de la sociedad civil con el gobierno de EPN por el mal manejo del caso de los normalistas, los escándalos de presunta corrupción que implican directamente al mandatario, su esposa y colaboradores cercanos, y la impunidad.

En el marco de la agenda de actividades de Obama para la semana, la Casa Blanca informó que el martes sostendrá una reunión bilateral con Peña Nieto en la Casa Blanca. El vicepresidente Joe Biden también participará. La Casa Blanca indicó que Obama espera trabajar con EPN para “continuar fortaleciendo la sociedad estratégica entre EU y México y avanzando nuestros objetivos comunes”.

Añadió que los dos líderes resaltarán la importancia de “ampliar el dialogo y la cooperación entre EU y México sobre economía, seguridad y temas sociales, así como resaltar los profundos lazos culturales y de amistad que existen entre nuestras dos naciones”.

Consultado sobre los temas que habrán de tratar los presidentes, un funcionario de la administración Obama corroboró el interés del presidente estadounidense en discutir con EPN los problemas que han dado lugar a las amplias protestas cívicas que han captado la atención del mundo entero.

“El Presidente Obama”, me dijo el funcionario, “discutirá con EPN la grave amenaza que representa la impunidad generalizada –ya sea federal o municipal– para su gobierno de y tiene interés en escuchar cómo la administración de EPN está manejando las investigaciones sobre Iguala y otros preocupantes incidentes de violencia que se han dado recientemente”.

Debido a la compleja y a veces tensa relación bilateral, pocas veces hay momentos ideales para que los lideres de estos dos países se reúnan. Mañana no será la excepción. Para el presidente Obama “nunca habrá un buen momento” para reunirse con su contraparte mexicana, toda vez que la relación entre EU y México es tan intensa que es imposible que en algún momento en los próximo dos años haya condiciones perfectas para celebrar la reunión, me dijo el funcionario consultado.

De hecho, trascendió que EPN trató que Obama lo recibiera en 2014, pero no fue posible. Cabe destacar que es la primera reunión de trabajo bilateral entre los dos desde que EPN tomó posesión en 2012. Antes del derrumbe de su imagen derivado de la crisis en torno a los 43 normalistas, se manejó la posibilidad de que la visita pudiera ser de Estado.

Sin embargo, sabido es que Obama detesta la pompa y circunstancia de las visitas de Estado que erróneamente se perciben como más importantes. Obama prefiere los encuentros de trabajo pues considera que son más propicios para sostener conversaciones verdaderas como la que espera tener con EPN mañana.

El funcionario consultado dijo que “el inicio de un Nuevo Año es un momento excelente para que los dos lideres hagan un corte de caja sobre nuestras oportunidades y responsabilidades compartidas y reafirmen nuestra fuerte asociación”.

Añadió que el Presidente Obama dará un informe actualizado a EPN sobre la implementación de sus órdenes ejecutivas sobre migración. Asimismo, “Obama tiene interés en escuchar de EPN cómo está manejando su gobierno las investigaciones sobre Iguala y otros incidentes preocupantes de violencia”, además de discutir con EPN la “grave amenaza” que implica para su gobierno la impunidad generalizada.

Es poco probable que el ansiado encuentro con Obama tenga el efecto de producir el impulso político que desesperadamente necesita Peña Nieto.

VÍDEO:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Moreno Valle, el vendedor de Puebla

Cacique con ínfulas de faraón, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle se ha dedicado a promover su imagen con miras a la Presidencia en 2018 al tiempo que se enriquece, dispone del estado como si fuera propiedad suya y aplasta, incluso violentamente, cualquier intento de crítica o protesta en su contra. Logró lo impensable: que sus gobernados empiecen a añorar al Góber Precioso.

PUEBLA, Pue. (Proceso).- En los casi cuatro años que han transcurrido de su sexenio, el gobernador panista Rafael Moreno Valle convirtió su aspiración presidencial para 2018 en eje de su mandato.

A la alianza con Televisa y Televisión Azteca y un millonario gasto en imagen, el mandatario poblano suma la ejecución de obras faraónicas y la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos estatales de transparencia, fiscalización y derechos humanos.

Grupos políticos lo acusan de organizar afiliaciones masivas al PAN y al PRD para tener injerencia nacional en las decisiones de esos partidos, además de generar complicidades con el PRI y Movimiento Ciudadano, de tener bajo control al Partido Nueva Alianza (Panal) y haber impulsado la creación del partido estatal Compromiso por Puebla.

Y si al presidente Enrique Peña Nieto lo antecedió el caso Atenco, Moreno Valle ya tiene el suyo, el Chalchihuapan, y más de 200 activistas y líderes sociales encarcelados durante su gobierno, para demostrar que tiene la “mano dura” necesaria para participar en la puesta en práctica de las reformas constitucionales, en particular la energética.

Además impulsó la llamada “Ley Bala”, aún vigente pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la censuró por pretender reprimir la libertad de manifestación y haber causado la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Todavía más: Su gobierno dio un paso más allá de las reformas federales cuando modificó la Ley de Expropiación –popularmente llamada “Ley Despojo”–, la cual le permite al estado apropiarse de terrenos de particulares para imponer la ejecución de obras.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ (REPORTAJE ESPECIAL).

Pifia de la Fiscalía de Chihuahua: “El Wicked” no murió de un infarto, sino asesinado

MÉXICO, D.F: José Enrique Jiménez Zavala El Wicked, a quien las autoridades de Chihuahua le imputaron el crimen de la activista Marisela Escobedo, en realidad murió asesinado por otro reo al interior del Centro de Readaptación Social de San Guillermo, informó hoy la Fiscalía General del Estado.

El pasado día 31, la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales dio a conocer que el interno falleció a las 21:30 horas del pasado martes de un infarto fulminante.

El Wicked estaba sentenciado también por su participación en la masacre del bar Colorado en Chihuahua, donde fallecieron 16 personas, entre ellas los periodistas Javier Moya y Javier Salinas. Por este hecho registrado en abril de 2011, Jiménez Zavala fue condenado a cadena perpetua dos años después, en febrero de 2013.

El fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz, confirmó que quien asesinó a El Wicked fue Jaime Noel Cuevas El Jimy, a quien supuestamente el propio Jiménez involucró en el ataque a los clientes del bar Colorado.

El funcionario detalló que la verdadera causa de muerte de Jiménez Zavala fue el estrangulamiento, derivado de una venganza entre él y su cómplice El Jimy en varios delitos.

La nueva versión de las autoridades asegura que en la celda, El Jimy sometió a El Wicked con una patada en los genitales, luego lo tiró al suelo y lo estranguló.

El asesinato sucedió en la celda en la cual se encontraba El Wicked, a donde llegó Jaime Noel Cuevas.

Sin embargo, Almaraz no explicó por qué estaban dos reos de alta peligrosidad en una misma celda.

Jiménez Zavala era parte del programa Libre de Prisiones. Mediante este programa, la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales concientiza a estudiantes de nivel medio superior y superior sobre las consecuencias de delinquir.


El Wicked se convirtió en el principal “orador” del programa, con su testimonio como ejemplo. Platicaba que él fue un niño con sueños como todos, que se dedicaba a estudiar, pero que las circunstancias de la vida lo llevaron a delinquir y nunca pensó que lo encarcelarían.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran muerta a exreportera de Televisa y su esposo en Nayarit (4 ENERO 2014)

MÉXICO, D.F: La exreportera de cultura y espectáculos de Televisa Nayarit, Jazmín Martínez Sánchez y su esposo Alejandro Ramírez Topete fueron encontrados sin vida ayer sábado en el municipio de Jala, ubicado al sur de esa entidad.

Hasta el momento las autoridades desconocen bajó que circunstancias la pareja perdió la vida, aunque al parecer ambos fueron victimados a balazos, además de que en el lugar donde se hallaron los cuerpos se localizaron dos osamentas.

El hallazgo movilizó a decenas de elementos de diversas corporaciones policiacas desde temprana hora del sábado, apoyados por un helicóptero que sobrevoló la zona.

El operativo fue encabezado por el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia.

Los cuerpos fueron encontrados junto a la autopista Tepic-Guadalajara, a la altura del puente El Nayar.

Versiones no confirmadas por la Fiscalía de Nayarit indican que los jóvenes esposos habrían sido privados de su libertad y que hasta el momento hay cinco personas detenidas por este hecho.

La pareja contrajo nupcias en 2012, cuando ella se desempeñaba como editora de noticias en la empresa televisiva.

Anoche en redes sociales circuló una fotografía de la exreportera de 26 años, acompañada de la palabra “justicia”.

Familiares y amigos de la pareja indicaron que tanto ella como su esposo fueron asesinados mientras se trasladaban a Guadalajara, Jalisco para celebrar el Año Nuevo.

Durante el viaje los esposos se comunicaron con parientes para informarles que su vehículo se había descompuesto sobre la autopista y desde entonces no volvieron a saber de ellos.

Usuarios de redes sociales manifestaron su consternación por el asesinato de la pareja y exigen justicia.

La Fiscalía de Nayarit anunció anoche que hoy al mediodía se tendría un informe detallado con avances de la investigación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

En reunión entre Obama y EPN, deben abordar casos de Tlatlaya y Ayotzinapa: HRW

La repercusión que han tenido estas masacres, así como la actuación de las autoridades, ha sido tan escandaloso, que sería difícil evadir la discusión, el tratamiento de esta crisis en la reunión bilateral del martes, aseveró José Miguel Vivanco.

Existe una profunda preocupación por la crisis de derechos humanos que México atraviesa en la actualidad; ante ello, Human Rights Watch envió una carta al presidente de EU, Barack Obama, en el contexto de la reunión que sostendrá este martes con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, indicó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso que las dos ”atrocidades” más recientes, una de ellas “la más grave” que hemos visto en muchos años, son los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa; el primero, referente al asesinato de 22 personas, y el otro, sobre el ataque y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

Apuntó que, si bien la PGR ha detenido a sospechosos de ambos hechos, el gobierno demoró las investigaciones y agentes del Ministerio Público  trataron de encubrir la participación de militares.

“No son incidentes aislados, reflejan un patrón amplio de abusos e impunidad”, aseveró Vivanco.

Lo escandaloso que han sido los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya se debe a su repercusión social, así como por la actuación de las autoridades mexicanas, indicó.

Lamentó que el actual gobierno de Peña no ha abordado la situación de derechos humanos “que aqueja a México”.

Recordó que en los casos mencionados participaron policías municipales y miembros del Ejército Mexicano, además de que señaló que la tortura se ha convertido en una práctica generalizada, lo que ha documentado HRW.

Por ello, llamó a apoyar a México para abordar esta crisis de derechos humanos, e incluso pidió a EU dejar de certificar a nuestro país en esa materia.

Vivanco aseveró que el gobierno de Obama ha enviado un mensaje equivocado, al no exigir el cumplimiento de respeto a derechos humanos en México.

El director de HRW consideró que ambos presidentes sí podrían abordar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa porque han sido escandalosos, no sólo en México sino internacionalmente, y es difícil evadir la discusión y el tratamiento de esta crisis.

“No hay razón, sería muy extraño, artificial, si el encuentro bilateral evita tratar un tema que es el elefante en la sala y que constituye la situación de violencia, impunidad, violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos en México, este tema va a estar en la mesa”, confió.

Vivanco informó que en la carta a Obama le solicita que durante su encuentro con Enrique Peña Nieto le pida explicar las medidas que se aplican para enfrentar la crisis en derechos humanos en México.


“En antelación a la reunión que su excelencia tendrá con el Presidente de México Enrique Peña Nieto le escribo para transmitirle la profunda preocupación que tiene Human Rights Watch con respecto a la crisis de derechos humanos que México atraviesa en la actualidad, esta crisis recibió gran atención internacional en los últimos meses debido a dos atrocidades, las más graves que hemos visto en México en muchos años que involucran a miembros de la fuerza de seguridad pública”, expuso.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.