Otra vez, el debate para generar instancias legales para el combate a la corrupción tendrá que esperar mejores tiempos en el Congreso de la Unión.
Cuando ha arrancado el tercer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no hay institución con el encargo de erradicar el crecido cáncer que le cuesta al país 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Y es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –el mismo al que pertenece el primer mandatario– el dueño de las mayores trabas en el Congreso de la Unión, coinciden expertos.
En noviembre de 2012, dos semanas antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Era (aún es) el compromiso por cumplir número uno en su lista de promesas firmadas ante Notario Público.
Mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI logró la postergación del debate durante un año con un argumento principal: la Comisión debería depender del gobierno federal y ser parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
A través de los periodos ordinarios de sesiones, el PRI argumentó que la agenda legislativa tenía como prioridades el debate de las once reformas que en los ámbitos Educativo, Energético, Financiero, Fiscal y de Telecomunicaciones, había enviado el Presidente de la República.
En ese desacuerdo, los partidos políticos quedaron enfrascados y después de ese año de aletargamiento, el texto fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su evaluación. Ahí está desde el 4 de febrero de 2014, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, a la espera de que se reanime el debate.
“Fue la historia perfecta de la simulación. El resto de reformas inhibió cualquier otro tema en el Congreso. Un tiempo perdido porque la anti-corrupción debió ser la base de todo el andamiaje de modificaciones a la Constitución, desde la Educativa hasta la Energética”, expresó Ernesto Gómez Magaña frente al recuento de eventos que en 2013 impidieron la creación de la Comisión. Director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas indicó que desde el poder se impidió el avance de una modificación esencial con un PRI que jamás mostró voluntad.
Cuando parecía que el estancamiento no sería superado, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó un Sistema Nacional Anticorrupción en octubre del año pasado. Ese mismo día, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, recordó que la iniciativa del Presidente de México había sido crear la Comisión Nacional Anticorrupción y enfatizó que la propuesta del PAN venía a “enriquecerla” y que era bienvenida.
“Estamos seguros que la minuta relacionada con la Comisión Nacional Anticorrupción podrá, en las comisiones de estudio y dictamen correspondientes, ampliar el horizonte de la discusión, y de cara a la sociedad, procesar en una mesa o en los mecanismos que la propia Cámara establezca. Se podrá enriquecer el planteamiento original y hacer que queden satisfechos los ciudadanos, no sólo los partidos políticos”, expresó el dirigente nacional priista en una conferencia de prensa.
Pero ocurrió de nuevo. En la vorágine del escándalo que representó la casa blanca (la multimillonaria mansión que habita la familia presidencial que está a nombre del contratista Hinojosa Cantú, principal beneficiario de los contratos de infraestructura del gobierno federal) y los procesos de licitación de adjudicación directa, el tricolor sorprendió con una propuesta alterna –de un sistema nacional de integridad pública– e hizo el intento para que en comisiones transitara un proyecto de dictamen que diluía el modelo panista pues restaba independencia y facultades a los órganos anticorrupción.
La oposición no aprobó la iniciativa del PRI. Y no hubo acuerdo en la Comisión de Puntos Constitucionales para debatirlo y votarlo. Pero la jugada impidió la reforma constitucional que permitiría una instancia legal. Tanto la Comisión como el Sistema quedaron detenidos.
LOS COSTOS DEL PANTANO
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto resultó candidato electo, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) expuso que la corrupción era el tercer problema que más preocupaba a los mexicanos (los otros eran la violencia y la pobreza). En ese tiempo, México ocupaba el sitio 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Hoy, está en el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista.
En Latinoamérica, México es el país más corrupto, un sitio que comparte con Argentina, según el Barómetro Global, otro indicador de TI. Este índice ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son los que la sociedad percibe como más corruptos.
“México se ha colocado en la retaguardia en el combate a la corrupción. Las maniobras del partido gobernante para evadir el tema han sido obvias y burdas. Y es de señalar la gravedad del empantanamiento del debate real de la reforma más importante para el país, la que combatirá a la corrupción”, dijo Ernesto Villanueva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mientras, los escándalos siguen con su goteo incesante. Algunos más, otros menos, pero los funcionarios mexicanos muestran que el lujo no es algo que deseen ocultar. En diciembre pasado, la escena la tomó Heliodoro Díaz Escárraga quien se desempeñaba como coordinador de la zona sur del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Quien también fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, secretario general del Gobierno de Oaxaca y presidente del PRI en esa entidad, publicó en Facebook que le regaló un Porsche Cayman, color amarillo, de más de un millón de pesos a su hijo homónimo y quien fungía como subdirector jurídico corporativo de Lechería Nacional (Liconsa).
Antes, el mismo Presidente de la República fue señalado por habitar una casa de 86 millones de pesos, que está a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, empresa beneficiaria de los contratos de infraestructura del gobierno federal, escándalo conocido como “casa blanca”. A la par, a finales del año pasado, se conoció que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, fue exonerado de cargos por enriquecimiento ilícito y ordenó que le fueran devueltos 19 millones de dólares repartidos en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades.
En 2013, el ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido por malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, se jactaba de atesorar 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Ángeles.
En el panorama, la corrupción en México tiene lugares comunes: Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ejerce su vida pública como senador priista bajo la sombra de la sospecha de enriquecimiento ilícito.
El investigador de la Transparencia Mexicana del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ernesto Villanueva, ha concluido en varios estudios realizados en lo que va de la administración peñista: México no sólo se constituyó en el escenario perfecto para ejercer la corrupción; también es una galería de impunidad.
