El 40 por ciento de las personas asesinadas en México entre el 2007 y el 2013 fueron menores de 30 años. Un análisis del Instituto Belisario Domínguez revela que la disponibilidad de armas, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas por parte de la delincuencia organizada facilitan el aumento de este delito.
Entre el 2007 y el 2013 fueron asesinadas en México 143 mil 984 personas, de acuerdo a cifras oficiales. De esas, 54 mil 530 eran jóvenes entre los 16 y los 29 años de edad. Poco más de 3 mil, eran niños que no pasaban de los 15 años.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reveló que el 40 por ciento de los homicidios en todo el país fueron jóvenes menores de 30 años.
Realizado con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estudio “Los homicidios en México, una mirada actual” alerta sobre el impacto que tienen los asesinatos en las instituciones del país y en el ánimo de los ciudadanos.
“Los homicidios constituyen la forma suprema de violencia y una de las conductas criminales más graves, pues atenta contra la vida de las personas, afecta significativamente a las familias, genera temor entre los ciudadanos, corroe el entramado social y erosiona la legitimidad de las instituciones ante la imposibilidad del Estado de perseguir eficazmente a los homicidas”, señala el análisis.
De acuerdo con los investigadores adscritos al Senado, el delito de homicidio se mantuvo estable entre el 2000 y el 2006, con alrededor de 10 mil defunciones por año.
De 2007 al 2008, se incrementaron un 58 por ciento, al pasar de 8 mil 867 a 14 mil 006. De estos poco más de 5 mil homicidios adicionales cometidos en 2008, un total de 3 mil 171 (el 62 por ciento) se concentraron en solo tres estados: Chihuahua, Baja California y Sinaloa.
Ya para el 2012 los homicidios alcanzaron los 22 mil 732, lo que tuvo “efectos devastadores en algunas regiones del país”, señaló el estudio del Senado.
El 2011 fue el año en que más homicidios se registraron. Se cometieron un total de 27 mil 213 asesinatos.
“En el 2012 y el 2013, los asesinatos premeditados disminuyeron respecto del 2011, pero se triplicaron en relación con los asesinatos ocurridos en 2008”, expuso el análisis.
Un problema a la alza
Factores como la impunidad, la corrupción, el acceso a armas de fuego y drogas, la desprotección al empleo, la baja en la calidad de la educación y hasta el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, son ubicadas por los investigadores como causas del aumento en el índice de homicidios en el país.
Tomando como base el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 sobre seguridad ciudadana, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los investigadores del Senado señalan que las causas del aumento de los asesinatos en el país pueden agruparse en cuatro categorías.
Las 4 causas
1. Factores como la globalización, la desprotección del empleo, el deterioro de los salarios y de la calidad de vida que afectan directamente a la ciudadanía.
“En este contexto, la violencia y la delincuencia aparecerían como una vía de reacción para la población sin posibilidades de obtener, a través del empleo, recursos económicos para sufragar la sobrevivencia cotidiana.
“A la delincuencia tradicional de robos, hurtos y asaltos se suman nuevas formas emergentes de hacer dinero rápidamente, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, entre otros”, señala el estudio.
2. El debilitamiento de instituciones de la sociedad que “perdieron fuerza como mecanismos de control y como espacios de protección”, lo que propició que aumentara la violencia.
En este rubro se ubican el aumento de familias monoparentales de bajos recursos; las altas tasas de embarazo adolescente; el aumento en la migración; los niveles de deserción escolar; el déficit en la calidad de la educación; el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades; y la marginalidad de la población urbana.
3. Factores facilitadores del delito y la violencia, como la disponibilidad de armas, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas por parte de la delincuencia organizada.
“Algunas explicaciones formuladas por diversos analistas sostienen que el crecimiento de las muertes por homicidio en México a partir del 2008 es resultado de la lucha frontal que emprendió el gobierno contra el crimen organizado, así como el enfrentamiento entre los distintos cárteles del narcotráfico por el control del territorio, de las rutas y pasos fronterizos”.
4. La corrupción, la impunidad y la falta de proporcionalidad en el castigo son factores asociados a las instituciones del Estado y “limitan su capacidad de respuesta para proveer seguridad a todos los habitantes del país”.
Un combate ineficiente
El crecimiento en el índice de homicidios contrasta con la forma en que se presupuestan los recursos para resolver problemas relacionados con la seguridad pública.
La mayor parte del dinero del erario destinado a seguridad se envía a cuestiones de fortalecimiento policial. En cambio, para labores de prevención de la violencia, los índices son a veces de menos de un punto porcentual.
En el Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) del 2015, se asignan recursos para el Ramo 04, de Gobernación, de más de 77 mil millones de pesos.
De estos, el 53 por ciento, poco más de 41 mil millones de pesos, están destinados a tareas de combate al delito.
El programa que concentra la mayor cantidad de recursos es el de “Implementación de operativos para la prevención del delito”, con una asignación de 20 mil 378 millones de pesos, un 26 por ciento del total asignado a la Secretaría de Gobernación.
En contraste, programas como el de “Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres”, solo tiene asignados 197 millones de pesos, un 0.2 por ciento del total de recursos de la Segob.
El programa para “Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas” tiene asignados solo 10.7 millones de pesos, el 0.01 por ciento de recursos del Ramo 04.
Los esfuerzos del Poder Legislativo tampoco han sido suficientes para combatir el aumento en el índice de homicidios y de la violencia en general.
De un total de 106 iniciativas presentadas en la LXII Legislatura sobre estos temas, solo el 1 por ciento fue aprobada y enviada a la Cámara revisora.
El 75 por ciento de las iniciativas en las materias de Seguridad y Justicia están pendientes de análisis en comisiones en su Cámara de origen.
El 8 por ciento fueron publicadas; el 10 por ciento se desechó; el 4 por ciento fueron retiradas; y el 2 por ciento tuvieron un dictamen en sentido negativo.
Así, los investigadores del Instituto Belisario Domínguez sostienen que será muy difícil que la violencia y los homicidios desciendan si no se atienden las causas de fondo que los producen y los reproducen.
“El crimen organizado tiene una base social o un mercado potencial de mano de obra entre los miles de jóvenes que carecen de opciones educativas, de empleo, de alternativas y, en general, de un sentido de vida”, concluye el estudio.
Otro dato que resalta el estudio del Senado es la polarización en las estadísticas de homicidios respecto del sexo de las víctimas.
Herramientas mortales
A pesar de estar prohibida la portación de armas en el país, la mayor parte de los homicidios se cometen con armas de fuego.
> 61.3 por ciento
de los homicidios registrados en México en el 2013 fueron perpetrados con arma de fuego
> 13.7 por ciento
de los homicidios registrados en México en el 2013 fueron con objeto cortante
> 6.8 por ciento
de las defunciones fueron perpetradas por agresiones como ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
> 13 por ciento
de los casos de homicidio no se especificó el tipo de agresión cometida
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tras la designación de Luis María Aguilar Morales como presidente de la SCJN y los tres nuevos ministros que llegarán, el alto tribunal del país inicia el año con más problemas que soluciones.
Dividida como nunca antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el año con la posibilidad de terminar con el encono y la balcanización que se vive tras la designación de Luis María Aguilar Morales como presidente de la SCJN.
Este año el pleno de la SCJN será renovado cuando los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero dejen vacantes sus sillas y se designe también el reemplazo del ministro Sergio Valls, fallecido en diciembre pasado.
Los tres nuevos ministros que lleguen este año al alto tribunal del país –designados por el Senado a propuesta del ejecutivo Federal- llegarán con aires nuevos a la SCJN hoy confrontada.
La actual configuración de la Corte –que provocó la votación cerrada sin precedentes el pasado 2 de enero por la presidencia- cambiará con la incorporación de los nuevos ministros.
En febrero el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado la terna de candidatos para ocupar la vacante que dejó el ministro Sergio Valls, fallecido por complicaciones de salud en diciembre pasado.
El Senado tiene 30 días para aceptar o rechazar la propuesta presidencial, plazo en el que podrá citar a los aspirantes a comparecer en la Cámara.
En caso de que sea rechazada la propuesta, el presidente podrá enviar una nueva lista con los aspirantes a la Corte.
El actual procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, es uno de los candidatos con posibilidades de ser propuesto al Senado por Peña Nieto para incorporarse a la SCJN.
También en los círculos judiciales suena el nombre del senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade, quien pidió licencia el año pasado precisamente para poder ser elegible como ministro de la Corte.
El nombre del excanciller Bernardo Sepúlveda, quien ha concluido su paso como juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es otro de los que suenan para llegar a la SJCN.
En la terna de aspirantes Peña Nieto podría incluir a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, quien se desempeñó como presidenta de este órgano en la elección presidencial del 2012, en la que resultó ganador el actual mandatario de México.
Como parte de la negociación con el PAN, que tiene la mayoría en el Senado, el PRI podría ceder uno de las sillas vacantes en la Corte a panistas como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación con el expresidente Felipe Calderón, o el consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca.
La incorporación este año de tres nuevos ministros a la Corte –de acuerdos a sus perfiles y su ideología- podría terminar con el bloque de ministros con carrera judicial que son los que han controlado la presidencia de la SCJN desde hace 20 años.
Una votación inédita
El pasado 2 de enero, una vez más, los ministros que provienen del Poder Judicial de la Federación lograron nombrar a Luis María Aguilar Morales como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución de Silva Meza.
Fue una votación inédita en todos los aspectos: se requirieron 32 rondas de votación –incluyendo 29 empates consecutivos- para que Aguilar Morales se impusiera a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un ministro representante del ala liberal y sin carrera judicial.
Aguilar tuvo el apoyo del bloque judicial de ministros integrado por Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Margarita Luna Ramos, además del ministro progresista José Ramón Cossío Díaz quien viene de la academia.
Tanto Luna Ramos como Pardo Rebolledo se habían presentando como candidatos a presidir la Corte, pero sólo lograron conseguir un voto cada uno.
Por su parte Arturo Zaldívar Lelo de Larreal contó con el voto de Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena , José Fernando Franco González y Silva Meza, presidente saliente.
En los círculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se asegura que fue el ministro Juan Silva Meza, fue quien finalmente cambió su voto a favor de Aguilar Morales para romper el empate que ya se prolongaba por tres horas.
En la primera sesión de la SJCN, que encabezó Aguilar el lunes, Silva Meza no estuvo presente.
Por los derechos humanos
Luis María Aguilar Morales se comprometió en su primer discurso a continuar la defensa de los derechos humanos en México.
“Desde luego, procuraremos que todos los jueces y magistrados federales de este país cumplan con su principal objetivo que es la protección de los derechos”, señaló Aguilar Morales en su toma de protesta.
Pero el principal reto que tendrá el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura Federal será combatir la corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación.
Este año el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, suspendió a 26 funcionarios del Poder Judicial de la Federación (entre ellos a 5 magistrados y 5 jueces de distrito)
Entre los jueces y magistrados suspendidos se encuentran los relacionados con casinos como Eduardo Ochoa, José Manuel Rodríguez y Javier Rubén Lozano.
Una lista negra donde ya estaban jueces como Luis Armando Jerezano y Ricardo Hiram Barbosa Alanís, suspendidos desde hace dos años por sus nexos con casineros.
Los que suenan para la Suprema Corte
Estos son los nombres de posibles candidatos a ocupar este año una silla en el pleno de la SCJN, tras el retiro de los ministros Olga Sánchez y Juan Silva Meza, y el fallecimiento de Sergio Valls.
> Javier Laynez Potisek
Procurador Fiscal de la Federación
> Raúl Cervantes Andrade
Senador del PRI con licencia
> Bernardo Sepúlveda
Exjuez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
> María del Carmen Alanís
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
> Fernando Gómez Mont
Exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón
> Daniel Cabeza de Vaca
Consejero de la Judicatura Federal
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
CHILPANCINGO, GRO: La impunidad en torno al caso Ayotzinapa hizo que Guerrero volviera a “la normalidad”: tiroteos, ejecuciones, desaparecidos, secuestros y extorsiones que siguen exhibiendo los nexos de autoridades de los tres niveles y políticos con la delincuencia.
La ola de violencia por el reacomodo de la estructura criminal en diferentes regiones de la entidad se recrudeció en estas últimas dos semanas y coincidió con el cese de las protestas del movimiento social que exigió justicia por el caso Ayotzinapa.
Hace un mes el gobierno federal anunció un despliegue policiaco y militar en la Tierra Caliente, Zona Norte y Acapulco, luego de admitir públicamente que en la entidad existen territorios completos controlados por la delincuencia. Pero las masacres, crímenes y balaceras a plena luz del día continúan en las zonas que, se supone, están bajo control federal.
Reportes oficiales y algunas estadísticas refieren que en la última semana de diciembre hubo al menos ocho ejecuciones en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente. En Acapulco se reportaron al menos 51 asesinatos en diciembre y tres más el jueves 1.
Ajenos a la dramática situación, funcionarios estatales y políticos locales se han enfocado en promover su imagen rumbo a las elecciones de este año, en un esquema similar al vivido en 2011.
Aquella vez los comicios locales se caracterizaron por que políticos de todos los partidos triangularon posiciones y postularon a candidatos señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Al respecto, el actual gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha utilizado actos públicos para hacer llamados a la sociedad a no votar en las próximas elecciones por “políticos delincuentes” y proponer al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, como aspirante a la gubernatura.
A principios de diciembre Ortega destinó 3 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) a la recién conformada Fundación Uagro.
Paradójicamente, el titular de la Sefotur, Sergio Salmerón Manzanares, preside la fundación y recibió los recursos destinados a la promoción turística para utilizarlos en fines ajenos a lo que marca la norma.
El hecho ocurrió el 6 de diciembre durante un acto oficial realizado en un hotel de Acapulco. Nadie cuestionó el posible conflicto de interés frente a la utilización de recursos públicos para beneficiar a una organización que promueve a Javier Saldaña, exjefe del gobernador.
Respecto del caso Ayotzinapa, el gobernador sustituto ha asumido una actitud ambigua:
El 2 de diciembre presentó a Jorge Berrios Flores, de la Policía Preventiva Estatal, como nuevo secretario de Seguridad Pública en Iguala a pesar de que el jefe policiaco se desempeñó como escolta y chofer del exsecretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo de la justicia por su presunta participación en el asesinato de siete personas y la desaparición de los normalistas.
Berrios también estuvo al frente del grupo de la Policía Estatal que asumió el control de la seguridad en Cuetzala del Progreso en 2013, previo a la detención del alcalde perredista Feliciano Álvarez Mesino, preso en una cárcel federal por sus presuntos nexos con La Familia.
Un reporte oficial al que tuvo acceso Proceso indica que Berrios fue uno de los oficiales más cercanos a Flores Velázquez durante la administración de su primo, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez, señalado como responsable del ataque perpetrado por policías y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos contra los normalistas de Ayotzinapa.
A las ocho de la mañana del 29 de diciembre, en las instalaciones de un balneario habilitado como cuartel, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y policías federales detuvieron a 10 policías municipales de Iguala, presumiblemente implicados en la agresión contra los estudiantes. Entre los detenidos se encuentran dos escoltas de Abarca.
A pesar de estos antecedentes, el actual titular de la SSP estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, propuso a Berrios, y el gobernador interino lo avaló.
Operativo Tierra Caliente
El 3 de diciembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en un acto público en Iguala la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
Dijo que efectivos de la Policía Federal División Gendarmería asumirían el control de las labores de seguridad en Acapulco, donde policías y agentes de tránsito mantienen un paro desde abril porque la mayoría no acreditó los exámenes de confianza y el gobierno municipal no tiene recursos para liquidarlos y darlos de baja.
De esta manera, aseguró Osorio Chong, el gobierno federal pretendía revertir los efectos de la narcoviolencia generada por “la corrupción y debilidad institucional” en Tierra Caliente.
Durante la madrugada del 27 de diciembre, los agentes federales realizaron un operativo en un palenque de Coyuca de Catalán, donde detuvieron a siete personas, entre las cuales estaba Ramiro Montúfar Burgos, supuestamente vinculado con la banda Las Moscas, dirigida por los hermanos Ramiro y Ricardo Torres, quienes son acusados por la PGR de traficar drogas.
El inculpado es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, aspirante a la alcaldía de Coyuca de Catalán por el PRD, y primo del subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Erit Montúfar Mendoza.
Tres días después, la Comisión Nacional de Seguridad informó que Montúfar Burgos tiene una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
El reporte refiere que logró escapar un presunto delincuente identificado como Euclides El Quilles Camacho Goicoechea, hermano del exalcalde de Coyuca de Catalán y actual diputado local perredista, Elí Camacho.
Los hermanos Camacho Goicoechea han sido señalados varias veces por sus presuntos nexos con Los Caballeros Templarios. Incluso Elí Camacho públicamente declaró que en su paso por la administración municipal tuvo que pactar con el narco para poder trabajar.
El operativo federal se realizó luego de que el gobernador sustituto inaugurara la 36 Feria del Oro en la cabecera de Coyuca de Catalán, la mañana del 26 de diciembre.
Mientras del otro lado del río Balsas se realizaban las exequias del sacerdote asesinado, Ortega Martínez convivió con políticos supuestamente vinculados con el narco, como el actual diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño, exalcalde de Zirándaro y exdiputado local, primo de María de los Ángeles Pineda Villa.
La historia que no cambia
En el reportaje El de Guerrero, un mapa criminal de todos conocido desde 2011, publicado a principios de noviembre en Proceso (1983), se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional elaboró el diagnóstico Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, que sirvió de pauta a las tropas federales que encabezaron el Operativo Guerrero Seguro.
El documento, entregado a este semanario en octubre de ese año por el entonces gobernador Ángel Aguirre, incluye nombres de las organizaciones criminales y de sus sicarios, así como de su ámbito de operación, pero nadie hizo nada para combatirlos; ni siquiera cuando Aguirre se quejó en abril de 2011 de haber recibido la entidad infiltrada por el narcotráfico (Proceso 1825).
En la región Tierra Caliente, el diagnóstico oficial identifica “una alianza Beltrán Leyva-Zetas, representados por el Cártel del Pacífico Sur (CPS), que dirigen los hermanos J. Cleotilde y Fermín Toribio Rentería, así como por El Quilles Camacho”.
En 2011 La Familia Michoacana tenía presencia en gran parte del territorio guerrerense. Uno de sus operadores era Rodolfo Maldonado Bustos, conocido como José Pineda, considerado el cuarto hombre de importancia del cártel. Originario de Ojo de Agua, municipio de Cutzamala de Pinzón, Maldonado tenía influencia en Huetamo y San Lucas (Michoacán), amén de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Tlalchapa y Arcelia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Esta madrugada, alrededor de las 4:30 horas falleció el periodista Julio Scherer García.
El fundador de Proceso, murió de un choque séptico. Llevaba poco más de dos años enfermo, principalmente de problemas gastrointestinales. En abril, cumpliría 89 años.
El 17 de octubre pasado hizo lo que sería su última visita a la redacción que tanto amó.
Al despedirse, a las puertas de las oficinas del semanario que fue su vida durante sus últimos 38 años, dijo a este reportero, los ojos húmedos, que Proceso había costado muchos sacrificios y trabajo y se despidió intentando una sonrisa.
Prometió, un hilo su voz, que regresaría para el aniversario 38 del semanario. Ya no pudo.
Siempre lejos de los reflectores, renuente a las entrevistas, fiel a su estilo de vida, sus funerales serán privados.
Al inicio de la década de los cuarentas del siglo pasado, antes de cumplir los 18 años, Scherer García ingresó al diario Excelsior. Tuvo una carrera fulgurante. Inició como mandadero de la redacción y unos días antes de cumplir los 22 años ya publicaba en el vespertino Últimas Noticias y un año después en Excelsior, en cuyas páginas se pueden encontrar notas, entrevistas y reportajes bajo su firma, de septiembre de 1949 a abril de 1976.
Julio Scherer asumió la dirección del entonces el diario más importante del país, a los 42 años, el primero de septiembre de 1968. Desde esa posición, acabó confrontado con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976).
A su salida de Excelsior, el 6 de junio de 1976, luego de una maniobra orquestada desde la presidencia de Echeverría, junto con decenas de compañeros de aquel diario fundó el semanario Proceso, cuyo primer número apareció el 6 de noviembre de 1976.
Scherer García, quien asumió la dirección de Proceso a los 50 años, nunca dejó la actividad reporteril. El 7 de diciembre de 2014, un mes antes de su muerte, de 88 años, publicó su último texto a propósito del fallecimiento del también periodista y escritor, su amigo, Vicente Leñero.
Considerado el mejor periodista mexicano de la segunda mitad del siglo pasado y de lo que va del actual, Scherer García estudió la carrera de derecho y de filosofía en la UNAM, pero pronto acabó por dirigir todos sus esfuerzos a lo que sería su máxima pasión: el periodismo.
No hubo tema que no tocara: pobreza, menores de edad, desastres, tragedias, conflictos estudiantiles, protestas laborales, religión, grilla política, asuntos internacionales, pintura, literatura y las artes en general, aunque el de la corrupción gubernamental aparece como una constante.
Bajo su dirección, Proceso publicó portadas memorables como aquella titulada El hermano incómodo, del 19 de noviembre de 1994, acompañada de una foto del recientemente exonerado Raúl Salinas de Gortari.
O esa de La casa de Durazo en el Ajusco en julio de 1983, sobre las corruptelas del que fuera jefe de la policía capitalina en el sexenio de José López Portillo, junto a otro reportaje sobre El Partenón, una narco mansión construida para ese siniestro personaje en Zihuatanejo, Guerrero.
Recordada también es la portada de enero de 1983 con el título El refugio de López Portillo en Acapulco, cuyo reportaje en interiores se destacó curiosamente con la cabeza: Una casita blanca de 2 millones de dólares en Puerto Marqués.
El 8 de enero de 1994, el país en un hilo por la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la redacción de Proceso se recibió una invitación del EZLN dirigida a Scherer García para que este, junto con la Premio Nobel, Rigoberta Menchú y el obispo Samuel Ruíz, fungieran como intermediarios ante la eventualidad de un diálogo con el gobierno.
La respuesta del entonces director de Proceso lo pintó de cuerpo entero:
“Agradezco la inclusión de mi nombre al lado del obispo Samuel Ruiz y de la señora Rigoberta Menchú. Sin embargo, mi condición de periodista me obliga a la imparcialidad, difícil de sostener en la doble condición de mediador y cronista de los acontecimientos que vivimos. Debo, pues, cumplir exclusivamente con las reglas de mi profesión”.
Julio Scherer García escribió un total de 22 libros entre 1965 y 2013. Después del primero, titulado Siqueiros: La Piel y la entraña (1965) (FCE 2003), debieron pasar 19 años para publicar el segundo, el inolvidable Los Presidentes (Grijalbo 1986).
El director fundador de Proceso y hasta su muerte, presidente del Consejo de Administración de CISA, la empresa que edita el semanario, se ocupó en sus libros de expresidentes, de la matanza de Tlatelolco, de las cárceles, de sus más renombrados presos, de los presidentes de Chile, Salvador Allende y Augusto Pinochet, y de temas como el de los secuestros y la delincuencia de menores de edad, así como en un par de ellos, a su vida, su única, de periodista.
Después de Los presidentes escribió:
El poder: historias de familia (Grijalbo 1990); Estos años (Océano 1995); Salinas y su imperio (Océano (1997); Cárceles (Alfaguara 1998); Parte de Guerra, en coautoría con Carlos Monsiváis (Aguilar 1999); Máxima seguridad (Random House Mondadori 2001); Pinochet, vivir matando (Alfaguara 2000 y Nuevo Siglo-Aguilar 2003); Tiempo de saber: Prensa y poder en México, en coautoría con Carlos Monsiváis (Aguilar 2003); Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia (Nuevo Siglo Aguilar 2004); El perdón imposible (FCE) (Versión ampliada de Pinochet, vivir matando); El indio que mató al padre Pro (FCE 2005); La pareja (Plaza & Janes (2005); La terca memoria (Grijalbo 2007); La reina del Pacífico (Grijalbo 2008); Allende en llamas (Almadía 2008); Secuestrados (Grijalbo (2009); Historias de muerte y corrupción (Grijalbo (2011); Calderón de cuerpo entero (Grijalbo 2012); Vivir (Grijalbo 2012) y Niños en el crimen (Grijalbo 2013).
Scherer García recibió en 1971 el premio María Moors Cabat y en 1977 fue reconocido como el periodista del año por Atlas Word Press Review de Estados Unidos.
En 1986 se le entregó el premio Manuel Buendía 1986 y dos años después rechazó el Premio Nacional de Periodismo, que en ese entonces entregaba el presidente de la república en turno.
En 2001 recibió el reconocimiento Roque Dalton y en el 2002, quizá el reconocimiento que más lo conmovió: el Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNP, promovido por el escritor Gabriel García Márquez, en la modalidad de homenaje.
Un año después, aceptó el Premio Nacional de Periodismo, cuando su organización y entrega se había ciudadanizado.
Ya el 20 de marzo de 2014 recibió el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Y el 3 de octubre pasado, otorgada por el Proyecto Cultural Revueltas, recibió la medalla John Reed por su trayectoria periodística y sus contribuciones a la libertad de expresión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO CABALLERO.
MÉXICO, D.F: Al Partido Acción Nacional (PAN) le está pasando con Rafael Moreno Valle como con Vicente Fox: Se le está encaramando como inevitable candidato presidencial.
También desde un gobierno estatal como Fox desde Guanajuato y con años de anticipación, el expriista Moreno Valle Rosas ha edificado su proyecto presidencial desde el gobierno de Puebla, al que llegó en 2010 mediante una coalición de PAN, PRD, Panal y Movimiento Ciudadano que, en 2018, aspira a reproducir.
El próximo año el discípulo de Elba Esther Gordillo concluirá su gubernatura, pero desde ahora perfila a un pelele en la minigubernatura de sólo dos años para seguir usando el gobierno de Puebla como “caja chica” para su marcha presidencial que, por ahora, hace en solitario en el PAN.
En efecto, en alianza con Gustavo Madero, con quien comparte el control de la corrupta estructura partidaria, Moreno Valle ha frustrado –al menos por ahora– el proyecto presidencial de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien tenía previstos tres sencillos pasos: diputada, coordinadora parlamentaria y candidata.
Aterrada por la derrota si compite por una diputación de mayoría en la delegación donde ha vivido por años, como le ofreció Madero, lo único que queda a Zavala Gómez del Campo es buscar la presidencia del PAN con un escenario sombrío: Ante una estructura que dominan sus enemigos, sin equipo y además el estigma de ser mujer de Felipe Calderón.
Aun en el caso de que pudiera presidir el PAN en la elección prevista para finales de 2015, sería sólo para conducir el proceso interno del candidato presidencial, en el que ella no podría participar salvo que, a la manera del priista Roberto Madrazo, use el cargo para impulsar su proyecto.
Por ahora, según información de la élite del PAN, el que se ha consolidado como el único prospecto presidencial es Moreno Valle, sobre todo después de que Madero ve viable ser gobernador de Chihuahua en las elecciones de 2016, cuando habrá elecciones en 12 estados, Puebla incluido.
De acuerdo con resultados de encuestas que ha difundido el diputado Jorge Villalobos Seáñez, su mano derecha, Madero es el panista mejor posicionado en Chihuahua para ganar el gobierno y se coloca muy por encima de cualquier prospecto priista, sobre todo por el pésimo gobierno de Javier Duarte y la reforma fiscal que afectó a ese estado y todos los de la frontera, en especial la homologación del IVA al 16%.
Por lo pronto, Madero será sin ninguna duda diputado federal y coordinador de la bancada del PAN que desde ahora se diseña como mayoritaria para su grupo y el de Moreno Valle, quienes impulsarían como rival de Margarita Zavala al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien sería también diputado federal.
No es fortuito que los estados donde más ha crecido el padrón de militantes del PAN sean Sonora y Puebla: En el primero pasó de 6 mil 800 a 24 mil 784 militantes y en el segundo se disparó de 13 mil a 35 mil 670 panistas.
De hecho, en Puebla, al menos 14 mil fueron afiliados “en bloque” desde el gobierno estatal y, pese a que numerosos panistas se inconformaron, el CEN del PAN avaló esta afiliación corporativa de la que se ufanó el propio Moreno Valle: “Un partido grande es un partido fuerte”.
En política hay muchas variantes, muchas de ellas imprevistas y sobre todo a largo plazo como el 2018, pero por ahora en el PAN no hay más que un sólo prospecto presidencial: El expriista Moreno Valle que, como Fox en el 2000, se le ha montado a ese partido.
Si eso se materializa, el PAN tendrá un candidato presidencial con reputación de corrupto, autoritario, frívolo y asesino…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
Altos Hornos de México demandó que no se le aplique el artículo 47 de la Ley de Hidrocarburos.
Una empresa metalúrgica obtuvo la primera suspensión definitiva en contra de la reforma energética.
La demanda busca que no se le aplique el artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos, particularmente lo relativo a “la asignación de contratos y el procedimiento forzado de negociación para determinar indemnizaciones y preparar licitaciones, preservando la exploración y explotación de sustancias minerales en las superficies concesionadas”.
La demanda pretende invalidar, además del artículo 27 referido, los transitorios quinto y séptimo de la citada norma, así como “todo acto que entrañe la aplicación de la reforma energética”.
El juzgado décimosexto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal ordenó suspender cualquier acto de explotación y extracción de gas natural en los terrenos concesionados a la empresa Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA), Minera del Norte, S.A. de C.V., hasta que el juicio en contra de la aplicación del artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos se resuelva en definitiva.
La decisión judicial fue adoptada en el marco del juicio de amparo 1762/2014 y derivado del recurso de revisión 253/2014 del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en el que se dio la razón a la AHMSA.
La suspensión definitiva, explicó el juzgado, “tiene por objeto mantener las cosas en el estado que tienen, de modo que no se asigne o contrate la explotación y extracción de gas natural dentro de los terrenos cuyas superficies le fueron concesionadas a la quejosa y que estén vigentes, hasta en tanto se dicte la ejecutoria en el juicio principal”.
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"Expresiones como las de Ayotzinapa, las de Iguala, son solamente botones de muestra, pero que son parte de una agenda que trasciende las elecciones y que tendremos que ir más allá", señaló el presidente del INE.
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, consideró que este año serán “las elecciones más complejas de la historia en México, por muchas razones”.
En entrevista para Aristegui CNN, explicó que “en primer lugar porque nunca antes había habido una concurrencia tan grande de elecciones locales. El 7 de junio próximo van a haber, además de las elecciones federales, 16 elecciones o elecciones en 16 estados, en 9 de ellos se va a renovar además la gubernatura, y después, unas cinco semanas después de las elecciones del 7 de junio, el tercer domingo de julio se van a realizar elecciones en Chiapas”.
Córdova enfatizó que la “prueba del ácido” en este año electoral será el de la reforma electoral, “que incluye temas importantísimos como la fiscalización, que va a ser la más robusta”.
Señaló que la fiscalización es una gran novedad, pues será administrada por el INE. Y explicó que “el gran dilema en su momento es lo que ya técnicamente se llamaba prorrateo, es decir los partidos de acuerdo con las reglas previas tenían la posibilidad de diluir o de dispersar los gastos que se realizaban y que beneficiaban a más de una campaña libremente, esto es, les permitía blindar alguna campaña, sacrificando otras campañas.
“Ahora esto ya no va a ocurrir, la fiscalización va a ser primero en línea, el INE está terminando de afinar un sistema de contabilidad en línea. Los partidos ya no van a poder o van a tener muy acotado el margen para idear ingenierías contables, ingenierías financieras, tienen tres días para reportar los gastos en línea y si no lo hacen ya están en una falta que puede ser grave”, aseveró el presidente del instituto.
Precisó que “toda la fiscalización en el país federal y local la va a hacer el INE, esto quiere decir que el universo de informes. Ya no vamos a revisar sólo 6 mil informes de ingreso y gasto de precampaña y campaña, que corresponderían a las elecciones de diputados federales, sino alrededor de 75 mil informes en todo el país y además lo vamos a tener que hacer en 45 días después de la jornada electoral, porque una de las novedades de la reforma es que el rebase de topes de campaña en más del 5 por ciento de lo que establezcan las autoridades electorales, implican la nulidad de la elección si quien fue el infractor ganó la misma”.
Córdova dijo que “expresiones como las de Ayotzinapa, las de Iguala, son solamente botones de muestra, pero que son parte de una agenda que trasciende las elecciones y que tendremos que ir más allá, por no hablar también de la crisis de credibilidad de los partidos y crisis además de seguridad que estamos viviendo, pero todo esto ha provocado una legítima indignación y un escenario absolutamente inédito en el pasado”.
“El gran desafío que tenemos en las elecciones es, ¿cómo logramos encausar esta protesta legítima?, ¿cómo logramos encausar estas manifestaciones de inconformidad a través de los causes institucionales y por definición pacíficos que debe tener una democracia?”, agregó.
Debemos “lograr convencer a los ciudadanos que las elecciones son un mecanismo, diría el mecanismo, no el único pero sí probablemente el primordial para expresar la inconformidad, la aprobación y rechazo para con los gobiernos, para con las políticas públicas, para con los partidos”.
El presidente del INE indicó que “si votara el 5 por ciento del listado nominal, al final del día vamos a tener a nueve gobernadores, a 641 diputados, a un número importante de alcaldes y a 500 diputados con una representatividad nula, pero las decisiones se van a seguir tomando”.
“Ojalá y los ciudadanos hagan suyas las elecciones, le creen contextos de exigencia y no dejen que el juego político, que se nos vienen en los próximos meses, sea un juego que sólo los únicos protagonistas son los partidos, ojalá y sean los ciudadanos”, pidió.
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MORELIA, Mich: En cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Tercer Juzgado Penal de la región de Uruapan, elementos de la Policía Ministerial detuvieron la tarde de este martes al alcalde de Charápan (Meseta Purépecha), Simón Vicente Pacheco.
El funcionario perredista fue acusado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Con la aprehensión de Vicente Pacheco, suman siete alcaldes detenidos en los últimos 12 meses, la mayoría de ellos por nexos con el narcotráfico.
El presidente municipal fue trasladado a la sede de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ) en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
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MÉXICO, D.F: Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El aspirante a la gubernatura del estado fue aprehendido la noche de ayer y trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió declaración, y esta tarde fue internado en el penal de Hermosillo, Sonora.
En conferencia de prensa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, señaló que el acusado declaró tener un violín con un valor superior a los 5 millones de pesos.
Al aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, dijo, se le detectaron transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos a diversas razones sociales, incluyendo algunas en el extranjero.
El funcionario federal sostuvo que la SEIDO comenzó a indagar al alcalde luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Dicha unidad, dijo, detectó operaciones con montos inusuales en transferencias bancarias y dinero en efectivo, cuyo origen es ilícito.
Agregó que esos montos eran triangulados a distintas cuentas para esconder su origen y destino; sin embargo, la PGR logró identificar que desde las cuentas del municipio que encabezaba Gallardo Cardona eran realizados pagos por el concepto de servicios médicos hacia las cuentas de la clínica de especialidades Wong SA de CV.
A su vez, la clínica transfería los recursos hacia cuentas de personas morales en las que el alcalde tenía participación accionaria mayoritaria.
En algunos casos, entre los accionistas de las empresas a las que eran enviados los recursos destacan familiares y personas carcanas a Gallardo Cardona, principalmente en Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios, Gallardo Continental y Tangamanga Continental, entre otras.
Hasta ahora la PGR tiene contabilizadas tres empresas con diversos giros comerciales donde el alcalde posee alguna participación accionaria y que eran utilizadas para la transferencia ilegal de recursos.
Esas empresas abarcan desde distribución de carne hasta el sector inmobiliario, pasando por el rubro automotriz, de autotransporte, de servicios y de eventos sociales, así como una gasolinera.
Tomás Zerón subrayó que las cuentas de dichas empresas fueron aseguradas por las autoridades financieras a petición de la PGR.
Y dijo que se detectó que Gallardo Cardona es accionista en empresas ubicadas en Estados Unidos, las cuales están siendo investigadas para determinar si eran receptoras de dinero público.
De acuerdo con información difundida por el diario El Pulso de San Luis, luego de su detención el alcalde con licencia fue llevado a la delegación de la PGR, donde permaneció alrededor de dos horas, y posteriormente salió hacia la capital del país en un convoy integrado por aproximadamente 10 vehículos custodiados por personal armado.
En diciembre pasado el PRD inició una investigación a gallardo Cardona por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En esa ocasión el presidente nacional de esa fuerza política, Carlos Navarrete, le pidió que compareciera “ante las autoridades correspondientes” para deslindar presuntas responsabilidades.
“El Comité Ejecutivo Nacional requiere al presidente municipal para que comparezca de inmediato ante la autoridad competente a declarar e informar todo lo que sea necesario, y se le requiere para esclarecer su actuación al frente de la administración de este municipio”, señaló en un comunicado.
Ayer por la noche, miembros del comité estatal del PRD señalaron la posibilidad de que la acción contra Gallardo Cardona obedezca a un acuerdo de parte de una fracción del propio partido “para limpiarse la imagen luego del caso de Ayotzinapa”, en el que se vio involucrado el exalcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien ayer fue consignada al penal federal de Nayarit.
La mujer, detenida el pasado 4 de noviembre en una casa de Iztapalapa, en la ciudad de México, fue puesta a disposición de un juez federal, en cumplimiento a una orden de aprehensión como presunta responsable de delincuencia organizada, después de cumplir un segundo arraigo de 20 días.
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MÉXICO, D.F: La PGR destacó esta noche que un juez federal giró una orden de captura contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
En rueda de prensa, Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que el empresario y varios de sus socios son considerados prófugos de la justicia.
Los delitos que se le imputan al dueño de Ficrea, aclaró el funcionario de la PGR, son graves y no le darán la posibilidad de suspender la captura o conseguir la libertad provisional bajo caución.
Este mediodía un grupo de defraudados por esa sociedad financiera popular (Sofipo) se manifestó frente al edificio de la PGR para exigir la captura de los responsables e investigar a las autoridades regulatorias por su demora para actuar.
En entrevista radiofónica, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, confirmó que una parte importante del dinero desviado de Ficrea –intervenida en noviembre por presunto lavado de dinero– se fue a España.
“Lo que sí sabemos, queremos informar, es que una parte importante de las transferencias de Leadman Trade las hacía a España y también a Estados Unidos, donde se compraban bienes”, precisó.
Según Aguadé, México ya trabaja en el rastreo de los recursos en España y Estados Unidos. Incluso, en este último país, abundó, las autoridades investigan propiedades de Olvera Amezcua detectadas en Las Vegas, Nevada, así como en Texas y Florida, para dictaminar si se compraron con dinero lícito.
El presidente de la CNBV detalló que hasta el momento ese organismo ha recibido 2 mil 500 solicitudes de los ahorradores para cobrar el seguro de depósito, y que ya se empezaron a realizar los primeros pagos.
FUENTE: PROCESO.
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El comisionado federal aseguró que la violencia generada en los últimos días en La Ruana es producto de las fracturas internas que existen en la Fuerza Rural, por lo que advirtió que la función de ésta es temporal y su estructura será depurada.
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que los hechos violentos que han tenido lugar en esa entidad son “focalizados” y no son problemas de seguridad pública.
“Es un tema muy focalizado, muy muy focalizado“, atajó sobre la violencia en la entidad.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, el funcionario federal indicó que antes de la llegada de las fuerzas federales a ese estado se tenía registro de conflictos en al menos 29 municipios y ahora la situación sólo afecta a tres.
“En tres municipios de Michoacán se han presentado hechos focalizados relacionados con conflictos entre grupos específicos”, refirió Castillo Cervantes .
Sobre el caso de los líderes de grupos de autodefensa detenidos luego de un enfrentamiento en la comunidad de La Ruana, donde varias personas perdieron la vida, pidió esperar los resultados de las investigaciones y el proceso legal para evitar especulaciones.
En tanto, sobre los enfrentamientos en Apatzingán que dejaron 9 muertos, Castillo dijo que fueron causados por grupos de interés que se encuentran en un territorio que durante años estuvo dominado por el cártel de Los Caballeros Templarios.
“Durante años el control de Apatzingan estuvo en manos de Los Templarios y hoy por hoy fueron varios grupos los que estaban con temas de grupos de interés o grupos de presión, queriendo incidir y por eso se solicitó el tema del Ejército”, expuso.
Aseguró que estos enfrentamientos “ya no obedece a una cuestión de seguridad pública sino de conflictividad social y, por tanto, lo que estamos buscando es que la primera generación completa de policías pueda ir a Apatzingán”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
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“El problema era con Gendarmería. Ya Hipólito arrimó gente, órale pues, vamos a demostrarles lo que se puede hacer con costales y lo que se puede hacer con armas, a la verga”, comentó Luis Antonio Torres.
Luis Antonio Torres, “El Americano”, dirigió un grupo de 30 vehículos en camino a la barricada de Hipolito Mora, el pasado 16 de diciembre, en La Ruana, Michoacán.
En la frecuencia de radio, se le escuchó decir: “Ya estoy hasta la verga, el problema no era con los de Hipólito, ni con esos, era con Gendarmería, así que ahora que la aguanten, la neta; nos están dando la vuelta, así que la aguanten, a la verga. Vénganse todos pa´ acá”.
“El problema era con Gendarmería. Ya Hipólito arrimó gente, órale pues, vamos a demostrarles lo que se puede hacer con costales y lo que se puede hacer con armas, a la verga”, comentó.
Videograbaciones en poder de Noticias MVS así lo demuestran. Las dio a conocer esta mañana Marco Antonio Duarte, corresponsal en Michoacán de MVS.
En los videos se puede observar patrullas de la Fuerza Rural y vehículos de “El Americano” aproximándose a la barricada de Hipólito Mora ubicada en el rancho “Los Palmares”, sobre la avenida que une La Ruana con el entronque de la carretera Buenavista-Tepalcatepec.
Cuando los hombres de “El Americano” llegaron a la barricada de Hipólito Mora, se escuchan gritos “¡Jálenle, jálenle!”, retando a los hombres de Hipólito Mora.
De pronto se escuchan tres balazos, lo que desata el enfrentamiento. Según el comisionado Alfredo Castillo, los testimonios recabados y las pruebas periciales indican que fue el hijo de Hipólito Mora el primero en disparar en el enfrentamiento del 16 de diciembre.
En los videos se escucha que, del grupo de “El Americano”, se escuchan gritos: “Tira las papas, tira las papas”, una orden para detonar granadas.
Todo, en el enfrentamiento del 16 de diciembre, que dejó 11 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora.
Tanto Mora como “El Americano” permanecen encarcelados.
VÍDEO:
REPORTAJE:
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Personal del Sector Ductos Madero de Pemex atiende un derrame en la línea uno del oleoducto Madero – Cadereyta, a la altura del municipio de Altamira, Tamaulipas.
La representante regional del departamento de Comunicación Social del puerto de Tampico, Susana Lozano Ferral, señaló que los técnicos especializados se encuentran en el área afectada.
Mencionó que están realizando labores de contención y recuperación del producto.
Adelantó que en breve se analizará la causa-raíz de la pérdida del hidrocarburo, y se procederá a la reparación del ducto.
Agregó que el sistema del oleoducto Madero-Cadereyta se mantiene en operación.
FUENTE: SIN EMBARGO.
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LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1210362.
Varias organizaciones pro derechos humanos, entre las que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como periodistas mexicanos urgieron al Gobierno a través de las redes sociales a que encuentre con vida al activista y periodista José Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido la noche del 2 de enero en Medellín de Bravo, Veracruz. Todas las organizaciones denuncian las continuas agresiones contra periodistas en el estado.
Moisés Sánchez, director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo –medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio–, fue sacado con violencia de su casa y privado de su libertad alrededor de las 19:00 horas, según testigos.
El pasado 3 de enero, la organización internacional Artículo 19 denunció que el periodista veracruzano recibió amenazas del Alcalde panista de este municipio, Omar Cruz Reyes, tres días antes de que fuera secuestrado por hombres armados.
La organización detalló a través de un comunicado que de acuerdo con información proporcionada de manera anónima, el trabajo periodístico y el activismo de Sánchez Cerezo pudo haber provocado el enojo del Edil pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
La organización internacional con sede en Londres PEN México también condenó los hechos. En su comunicado denuncian “enérgicamente la detención arbitraria y violenta de que fue víctima el periodista y fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo” y aportan datos sobre la violencia en el estado: “Veracruz continúa siendo el estado más violento para la prensa. Desde el año 2000, se han registrado el asesinato de 15 comunicadores en el estado, y cinco más se encuentran desaparecidos, todos estos casos aún en completa impunidad”.
La CIDH emitió un comunicado en el que destacó la situación de violencia padecida contra los periodistas en Veracruz. De acuerdo con sus registros, de 2010 al día de hoy, la Comisión recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación y ha confirmado 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Además, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
“La situación de violencia contra los y las periodistas en México – especialmente en el Estado de Veracruz – ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen está asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o su labor de defensa de los derechos humanos. De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales”.
La CIDH también destaca que Sánchez Cerezo había denunciado ser víctima de amenazas de un grupo armado que rondó su casa tres días antes de su desaparición.
36 POLICÍAS DE VERACRUZ DECLARAN POR EL PERIODISTA DESAPARECIDO
El Procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que 36 policías del municipio Medellín de Bravo fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.
Ángel Bravo detalló en entrevista radiofónica para Grupo Imagen que los elementos policiacos rendirán su declaración en torno al caso en las instalaciones de la PGJ en Xalapa.
“En este momento, la Policía Ministerial está tomando 36 policías municipales de Medellín, los va a presentar a declarar a la Procuraduría, aquí a la dirección general”, dijo el Procurador.
El fiscal de Veracruz señaló el activismo del director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo como una de las líneas más sólidas sobre su desaparición: “Es debido al diferendo que sostenía Moisés como activista, demandando constantemente al Alcalde obras incumplidas, demandando seguridad, demandando tantas cosas del gobierno municipal”, especificó.
Acerca de la posible detención del Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, dijo que “el derecho veracruzano tutela con fuero a los alcaldes”, pero mencionó que más adelante se darán a conocer “los medios y formas a través de los cuales se hará comparecer al alcalde cuando ya los indicios que se tengan sean contundentes”.
Mediante en un comunicado, la PGJ explicó que el operativo para trasladar a los 36 efectivos de la Policía de Medellín se realizó esta mañana y que la seguridad pública del municipio “queda en responsabilidad de las autoridades estatales a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
El boletín informa que en las próximas horas se definirá la situación legal de los policías municipales, incluidos los dos elementos que fueron retenidos para la investigación el lunes pasado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
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LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1210217.
Senadores del PRI, PAN y PRD expresaron posturas diversas respecto a la importancia, agenda y alcances de la reunión entre los presidentes de México, Enrique Peña, y de Estados Unidos, Barack Obama.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y senadora priista, Marcela Guerra, calificó de positivo y oportuno este encuentro entre los mandatarios, sobre todo para reforzar temas de la agenda común como libre comercio, migración, transporte y seguridad, entre otros.
En entrevista destacó que esa agenda se deriva de una relación muy formal, con muchos años de diálogo, que incluye temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en fecha reciente un acuerdo sobre yacimientos transfronterizos.
A su vez la senadora Gabriela Cuevas, del Partido Acción Nacional (PAN), opinó que serán menores los beneficios del encuentro y cuestionó el discurso de Estados Unidos en materia de seguridad para México y toda América Latina.
Para la legisladora, en la agenda del presidente Peña Nieto ante Barack Obama debió ser prioritario un tratado para frenar la venta de armas, y criticó que mientras se condena la violencia en Latinoamérica y se juzgan avances o retrocesos, también se provee de armas a los ejércitos, la delincuencia organizada y al narcotráfico.
A su vez el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, dijo que una vez terminada la visita de Enrique Peña a Estados Unidos se solicitará un informe puntual sobre los acuerdos y alcances del encuentro.
El también presidente de la Mesa Directiva del Senado consideró que debe fortalecerse la cooperación en temas como el combate al crimen organizado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
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LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1210332.
