A pesar de los enfrentamientos que dejaron ayer 9 muertos en Michoacán, Alfredo Castillo asegura que en el estado la violencia está focalizada y no es un problema de seguridad pública.
Los nueve muertos que dejaron como saldo dos enfrentamientos ayer en Michoacán no obedecen a un problema de seguridad pública, aseguró el comisionado federal Alfredo Castillo.
Para el enviado del Gobierno Federal el estado está “en completa calma y la gente está haciendo su vida con normalidad”.
En conferencia de prensa -luego de que el desalojo de la Alcaldía de Apatzingán realizada por elementos del Ejército Mexicano generara dos enfrentamientos entre civiles y militares- Castillo dijo que estas situaciones de violencia son focalizadas.
“En tres municipios de Michoacán se han presentado hechos focalizados relacionados con conflictos entre grupos específicos”, refirió.
El funcionario federal explicó que una persona murió cuando el personal castrense decidió recuperar el control de las instalaciones municipales de Apatzingán que estaban tomadas desde el pasado 24 de diciembre por al menos medio centenar de civiles, quienes decían ser integrantes de los grupos de autodefensa.
El lunes, el sacerdote Gregorio López había señalado que quienes mantenían tomada la presidencia eran integrantes de “Los Viagra”.
“Apatzingán está secuestrado por criminales. ‘Los Viagras’ levantan banderas de causas sociales, como la libertad de Hipólito Mora y de José Manuel Mireles, pero solo es porque pretenden simular que están limpiando sus manos en un estado donde no hay autoridad, y si hay, está con ellos”, acusó.
En sus declaraciones, el clérigo también acusó al Gobierno del Estado y a la Federación por el desinterés mostrado ante esta situación.
“Los hacemos responsables de los sucesos que están por venir, porque se les ha advertido por todos los medios a nuestro alcance que los delincuentes fueron uniformados. Más temprano que tarde les cobrará la factura de los intereses mezquinos que están detrás de este teatro institucional”, afirmó.
En el enfrentamiento de ayer, cuando el Ejército ingresó a la sede municipal medio los hombres dispararon.
Ahí, las Fuerzas Federales lograron abatir a uno de los sicarios, y detener a más de 44 de ellos, sin embargo, aún se desconoce si entre los arrestados está Nicolás Sierra Santana, alias “La Viagra”, líder de la organización criminal.
En conferencia de presa, Castillo señaló que los otros ocho muertos se registraron en un segundo evento, cuando el Ejército hacía el traslado al corralón de 20 vehículos decomisados durante el enfrentamiento en la alcaldía y un grupo armado llegó a intentar a recuperarlos.
Michoacán, un escenario distinto
El comisionado Alfredo Castillo insistió en que los enfrentamientos de ayer en el estado tienen que ver con un tema muy focalizado, “muy muy focalizado”.
“Si hace un año teníamos un problema en 29 municipios de Tierra Caliente, hoy por hoy lo tenemos en tres municipios”, señaló.
Castillo dijo que si en Michoacán no se viviera un escenario distinto al de hace un año, el estado no tendría el cuarto mayor crecimiento económico en el país, ni tendría la disminución de secuestro.
“(…) que llegó a haber de 23 al mes para tener 13 en el último semestre, no tendríamos una unidad antisecuestro”, detalló.
En diciembre del año pasado, el reporte de víctimas de delitos elaborado por del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que Michoacán -junto con el Estado de México y Tamaulipas- fue el estados más violento en el país durante 2014.
En esos tres estados se concentró la incidencia de homicidios, secuestro y extorsión, según el documento.
“De los 33 mil 040 homicidios registrados de enero a noviembre de este año, 61 por ciento (20 mil 336) ocurrieron en 10 entidades: Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Oaxaca.
“La entidad ocupa el segundo lugar de incidencia de homicidios con 2 mil 634, de los cuales mil 52 fueron dolosos y mil 582 son culposos. También es uno de los 10 estados con los mayores registros de secuestro (121) y extorsión (275)”, indicó el informe.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
La fiebre reformista del año pasado ya dejó su primera víctima de 2015: el sector salud y sus trabajadores. Las enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas enfrentarán un marco legal que abaratará su labor, su educación y su carrera, lo que tarde o temprano perjudicará a decenas de miles de mexicanos que año con año requieren de sus servicios. En un nuevo frente abierto por el propio gobierno federal, las protestas de ese gremio arrancan el 6 de enero.
MÉXICO, D.F: Para conmemorar el Día de la Enfermera, el martes 6, estudiantes, profesores y trabajadores de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadores Sociales, Terapeutas y Rehabilitadores Físicos (Aigett) realizarán una movilización nacional en demanda del cumplimiento del programa de profesionalización cancelado el 3 de septiembre pasado.
Aunque por las fiestas navideñas existe un impasse en el diálogo con las autoridades, el plan de acción 2015 de los inconformes ya se acordó, informa Reyna Ayala Echeverría, miembro de la Alianza de Trabajadores de la Salud y de la Aigett.
En un foro celebrado el pasado 29 de diciembre, Reyna comentó que el programa de profesionalización del sector salud se inició en 2006, y el 8 de enero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto dijo que lo ratificaría para que “todas las instituciones del sector cuenten con programas y mecanismos que aseguren que quienes se dedican a esa actividad puedan concluir estudios de posgrado, tengan acceso a mejores plazas” y a un aumento de 20 a 25% en las becas a pasantes.
Sin embargo el gobierno federal mintió. El 3 de septiembre del año pasado, la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, emitió una convocatoria cancelando de facto el compromiso presidencial que reconocía académica y monetariamente a los licenciados en enfermería, trabajadores sociales y terapistas.
En ese momento, añadió Reyna, “comenzó un movimiento con los compañeros de una sección, la 62 del Sindicato de la Secretaría de Salud, el 4 de noviembre. Empezaron mandando oficios a diversas instancias. Ahí se planteó que precisamente tenemos que trabajar en foros y asambleas. Llevamos dos foros y múltiples asambleas en las cuales se ha construido un pliego petitorio”.
Ante esta reacción, Mercedes Juan echó para atrás la convocatoria que modificaba las condiciones laborales de las enfermeras, pero el 2 de diciembre lanzó otra. Ésa marcaba que algunos trabajadores de la salud sí podrían inscribirse al programa de profesionalización, pero sólo entre el 11 y el 15 de diciembre, atravesándose un fin de semana en que no laboran las oficinas administrativas.
Mercedes Juan no se ha reunido con los representantes de la asamblea, por lo que analizan plantarse frente a las oficinas de la Secretaría de Salud (Ssa) en la Ciudad de México después de la marcha del martes 6, si la dependencia no los atiende.
Entre las demandas de la asamblea está la profesionalización universal, porque en la actualidad eso sólo ocurre entre los agremiados de la Ssa; que el Estado aplique acciones concretas para detener el deterioro de los servicios de salud y que se ofrezcan las garantías suficientes para el gremio, “porque ya han empezado las amenazas”, indica Reyna.
Una enfermera de la Ssa, María, denunció en un foro que cuando las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social se sumaron a la protesta, las autoridades de esa institución les cumplieron –sólo a ellas– nueve de 10 puntos de su pliego petitorio, aceptaron que su salario se homologara con el de los trabajadores y resolvieron una retabulación de 8% y 15% de aumento salarial de emergencia. Los inconformes sospechan que el gobierno cedió ante esas enfermeras con el fin de desmovilizarlas.
“Ahorita hay un merequetengue de corrupción que hay que sacarlo, hay que denunciarlo, exhibirlo. Y luchar por una basificación digna”, dijo María.
Los pendientes
Carlos Montes Dueñas, un enfermero del Distrito Federal, comenta que fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se comenzó a reconocer la formación profesional del personal de salud.
La historia se inició cuando la enfermera Graciela Arroyo de Cordero, madre del panista Ernesto Cordero, impulsó la profesionalización de la carrera, reconociendo la licenciatura en enfermería de cuatro años.
“Siempre se les había pagado a las enfermeras como si tuvieran otra categoría o función laboral. En el sexenio de Vicente Fox se firmó un convenio con la exdirectora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la licenciada Graciela Arroyo de Cordero. Ella y una profesora de la misma escuela hicieron convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque de hecho las dos eran diputadas del Partido Acción Nacional, para que se reconozca la licenciatura y se cree la categoría de enfermera C”, relata.
En ese entonces se obtuvieron salarios de acuerdo con el nivel académico de los trabajadores.
No obstante, Montes explica que la parte administrativa y laboral de la Ley General de Salud fue reformada el año pasado, y esas modificaciones “precarizan el empleo y criminalizan las prácticas médicas”. Entre otras cosas se prevé que si las enfermeras necesitan algún catéter, jeringa, suero o cualquier material para atender a los pacientes, deberán pedirlo al área de administración del hospital, y no a la clínica, como ocurre actualmente.
Debido a estas reformas, aseguran los afectados, en la convocatoria del 3 de septiembre se canceló la posibilidad de “acceder a mejores puestos en la rama de enfermería y demás profesiones del sector”.
“Otra cosa que quieren hacer es algo similar a lo que intentaron en el Politécnico, que es quitarles el nivel de licenciatura para convertirlos en técnicos”, afirma Montes.
Las enfermeras recibieron la convocatoria el 29 de septiembre. En octubre enviaron oficios a las autoridades, sin obtener respuesta. El 4 de noviembre comenzaron a movilizarse.
Crearon sus páginas en las redes sociales. En Facebook, con el nombre “Enfermeras DF”, colocaron los acuerdos de la asamblea concretados el 19 de diciembre de 2014. Informaron que seguían las movilizaciones en los estados y que habría un recorrido el 17 de ese mes dentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde repartieron volantes y llevaron a cabo cuatro mítines informativos.
Otro texto difundido por los inconformes en esa misma página indica que la actual arremetida legal “desvaloriza aún más nuestro trabajo, aumentando la precarización laboral, todo lo cual genera una caída en la calidad de la atención de nuestros pacientes. Los bajos salarios nos orillan a buscar otros empleos, con contratos temporales, sin base, con rotación de turnos y sin condiciones para exigir abasto de medicamentos, material, equipo y hasta uniformes”.
Respecto de la próxima manifestación nacional, se indica: “Resulta urgente reforzar la organización de brigadas que harán recorridos para preparar la movilización del 6 de enero de 2015. El movimiento sólo dialogará directamente con la Ssa, sin intermediarios, mediante su Comisión de Representantes elegidos desde los centros de trabajo o escuelas, ratificados en la Asamblea General de la Aigett”.
El martes 6, durante la Jornada Nacional de Movilización por la Dignificación de la Profesión de Enfermería, Trabajo Social, Fisioterapia y demás profesionales del sector, los inconformes acudirán por la mañana a la sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Polanco, para entregar una carta en la cual describirán los motivos de la movilización y solicitarán su intervención para que el gobierno mexicano atienda sus demandas.
Por la tarde irán a las oficinas de la Ssa, en Lieja, para entregar el pliego petitorio.
“En caso de negativa para recibir a la comisión de la Aigett, la asamblea establecerá un plantón permanente con rotación de guardias hasta que la Ssa reciba a la Comisión y acceda a atender el pliego de demandas”, se lee en los resolutivos.
Las movilizaciones en los estados concluirán en las sedes locales de la Ssa.
La historia
El 17 de enero de 2014 (PRE/SP/-14), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud publicó los resultados de la convocatoria de 2013. Ahí se veía que 3 mil 591 profesionales –con título y cédula– se habían registrado para intentar obtener mejores condiciones. Empero, sólo mil 904 licenciados fueron beneficiados; de ellos, mil 532 eran trabajadores de los servicios estatales de Salud. “¿Cómo fue posible, entonces, que sólo mil 904 licenciados fueran beneficiados? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión para no beneficiar a los mil 687 restantes, declarándolos no procedentes?”, se preguntó Gustavo Leal, representante de la Aigett, el 20 de diciembre en La Jornada.
Esto fue porque buena parte del personal no pudo registrarse a la convocatoria, a pesar de ser sindicalizado. No se informó por qué. Leal apuntó otro problema: en el mercado privado, a las enfermeras se les clasifica como técnicos para pagarles salarios castigados a pesar de que disponen de licenciaturas.
En aquella ocasión, tal como ahora, la Ssa esquivó su responsabilidad directa arguyendo indicaciones de la SHCP y restricciones presupuestarias. “La nueva convocatoria cambia para quedar igual. El formato retocado sólo alcanzará a reconocer a ¡48 licenciados por estado!”, denunció Leal.
“Se cambió para seguir igual. La gran mayoría de los licenciados sólo acariciará la esperanza de que se reconozca su trayectoria académica. La nueva convocatoria merma las ambiciones profesionales de las tres ramas para superarse y, con ello, mejorar la calidad de la atención que prestan.
“El 3 de diciembre –con marchas en el DF y varios estados–, la asamblea intergremial, ya reunida con autoridades de la Ssa, desconoció la nueva convocatoria retocada, así como a las dirigencias sindicales. También pactó con la Ssa instalar una mesa resolutiva para atender el asunto a partir del 10 de diciembre.”
El gran pendiente consiste, de acuerdo con Leal, en diseñar un programa auténtico de profesionalización universal para los tres gremios, dotado de garantías explícitas para todos, en consonancia con la multipublicitada reforma sanitaria de Mercedes Juan y Peña Nieto.
“La última versión de esa reforma quedó reducida a la pretensión de establecer una instancia para la regulación y vigilancia de la calidad de los servicios en los establecimientos, así como a la práctica médica donde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico asumirá facultades de autoridad”, finalizó el representante de la Aigett.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Después de amagar con realizar un “plantón” sobre el Paseo de la Reforma hasta alcanzar la solución de sus demandas, principalmente la profesionalización de su labor, cerca de 3 mil integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales, Terapeutas y Rehabilitadores Físicos (AIGETT) celebraron su día con una movilización y entablando un diálogo con la titular de la Ssa, Mercedes Juan, para plantear sus reclamos.
No fue fácil. Lo lograron tras marchar desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta la Secretaría de Salud (Ssa), bloquear las avenidas Reforma e Insurgentes, realizar un mitin en el Angel de la Independencia y amagar con la colocación de casas de campaña en los alrededores de la dependencia, como ocurrió en Acapulco, Guerrero, así como con protestas en 22 entidades del país.
Hasta el cierre de esta edición, una comisión de 20 personas seguía dialogando con la funcionaria federal en la sede de la Ssa, ubicada en la calle de Lieja sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz.
Incluso, unos 200 inconformes aguardaban en el jardín de la dependencia y sobre las calles aledañas, donde se instaló un templete y se estacionó un camión que encabezó la marcha, rentado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Adriana Tavera, licenciada en Enfermería y trabajadora del IMSS y del Politécnico, comentó que desde 1968, cuando se creó la licenciatura, aún aguardan a que el gobierno defina su situación laboral y profesional. Destacó que la mayoría de las personas dedicadas a esta profesión son mujeres.
Alrededor de las cuatro de la tarde salió el contingente sobre avenida Cuauhtémoc. Encabezaron los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del ISSSTE, seguidos por trabajadores del IMSS, los hospitales de Pemex, UAM, Unitec, el Politécnico, los hospitales del Centro para el Desarrollo Agropecuario (Cedesa), la UNAM y la UAM, Congreso Social del Distrito Federal y la CNTE, Sección 9.
“¡Enfermera, callada, jamás será escuchada!”, fue la consigna que comenzaron a corear hasta el cruce con avenida Chapultepec, cerrada en parte por la policía de tránsito local. Los manifestantes enarbolaron una manta, en la que escribieron en letras azules y fondo blanco: “Licenciatura en Enfermería más Profesiograma y Actualización es igual a Servicios de Salud de calidad”.
En el altavoz, un enfermero confesó: “Es cierto que los servicios médicos son pésimos, pero se le echa la culpa al personal de salud. ¡Cómo si nosotros fuéramos responsables de la falta de abastecimiento de medicamentos y atención de calidad de la salud! Todos alguna vez hemos necesitado de alguna enfermera o médico para que nos brinde un servicio”.
Los contingentes, en su mayoría de estudiantes, pedían comprensión a la sociedad sobre su manifestación y lucha; los automovilistas respondían con el claxon en señal de aprobación.
“¡Si no hay solución, nos quedaremos en plantón!”, gritaban unas. “¡La salud, la salud, no es una mercancía, es un derecho humano que defiende Enfermería!”, coreaban otros.
Las voces se unían al ondear de banderas con la leyenda: “¡Fuera Peña!”, en un reclamo que replicaban los contingentes, incluyendo a los Institutos Nacionales de Salud Pública (INSP).
Una mujer en el altavoz reclamó al gobierno haber “aguantado” que el ‘outsourcing’ o flexibilización laboral haya alcanzado al sector salud, pero lo que no pueden soportar, advirtió, es que confundan su profesión de enfermera con un oficio.
“Hay enfermeras contratadas con la modalidad del Seguro Popular y no pueden participar en programas de profesionalización. Es excluyente, pues para ejercer les exigen un título y una cédula profesional”, criticó.
Otro miembro de la Sección 9 de la CNTE recordó que hoy se esperaba, como cada año, un acto con el presidente Enrique Peña Nieto, para tomarse la foto con las enfermeras y mostrar que no pasa nada en el país, pero el priista prefirió irse de gira a Estados Unidos.
“¡No hay jeringas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción!”, improvisaron los contingentes, mientras otro enfermero aseguró que es mentira que hayan convocado a un paro nacional.
Por el contrario, afirmó que “no hay pretexto para que no nos reciba Mercedes Juan”. Recordó que el 10 de diciembre, pese al compromiso hecho, la titular de la Ssa “nos echó la puerta en la cara”.
A la altura de la Diana Cazadora se observó presencia de la Policía capitalina.
Luego sobre el Ángel de la Independencia los inconformes denunciaron por el altavoz que los granaderos pretendían bloquear el avance de la retaguardia, que integraban docentes de la sección 9.
“Escucha bien (Miguel Angel) Mancera, no te metas con el personal de Enfermería porque te detenemos los servicios. No se te ocurra, Mancera, tocar a ninguna compañera. No vamos a tolerar un solo detenido”, advirtieron los manifestantes por el altavoz.
Ya afuera de la dependencia, en el templete, los oradores recordaron la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero.
Enseguida asumieron esa lucha como un ejemplo para la organización del gremio en defensa de sus derechos, los cuales les quieren arrebatar las autoridades, acusaron.
La dependencia estaba resguardada por una docena de militares vestidos de policías de la Bancaria e Industrial. Después de una hora de negociación, una comisión de veinte personas entró a una reunión con la funcionaria. El contingente denunció a dos personas que “se colaron” para entrar al lugar.
Finalmente, amenazaron con quedarse en el lugar hasta que se atiendan sus demandas, principalmente al derecho al trabajo; además, presionaron con el cierra calles y accesos aledaños a la dependencia, y aseguraron que después de su asamblea del jueves 8 exigirán la renuncia de Mercedes Juan.
Ofrece Ssa atender reclamos
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, reconoció al personal de enfermería como un pilar fundamental para el Sistema Nacional de Salud, debido a que, aseguró, son pieza clave en las acciones de prevención, promoción y atención en las unidades médicas del país.
La funcionaria federal indicó en rueda de prensa que “por ello se continuará impulsando su capacitación y mejora salarial a través del Programa de Promoción de la Profesionalización de la Enfermería, Trabajo Social y Terapia Física y Rehabilitación”, indicó, en conferencia de prensa.
En el marco de la celebración del Día de la Enfermera, subrayó que de ninguna manera se modificará el programa de promoción de profesionalización de enfermería; por el contrario, dijo, se busca mejorarlo y tener más áreas de oportunidad para el gremio.
Luego justificó las modificaciones en el trato profesional de enfermería, “debido al cambio en el perfil epidemiológico que enfrenta el país, en el que las enfermedades crónicas no trasmisibles se han incrementado, por lo que se requieren enfermeras mejor calificadas y más capacitadas para que puedan atender a pacientes en los servicios de nefrología, oncología, y terapia intensiva”.
Mercedes Juan agregó que la Secretaría de Salud (Ssa) se mantiene abierta al diálogo para atender sus inquietudes y demandas sobre el programa de profesionalización de enfermería.
También indicó que este programa funciona desde 2006 y lo que se busca es darle mayores oportunidades al personal de este sector que esté interesado en estudiar una licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
Juan estuvo acompañada por los subsecretarios de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de Administración y Finanzas, Eduardo González Pier y Marcela Velasco, respectivamente, así como por el director general de Calidad y Educación en Salud, Sebastián García Saisó; la coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería, Juanita Jiménez, y la directora general de Recursos Humanos, Graciela Romero,
Los inconformes denunciaron en la marcha realizada este día del Centro Médico Siglo XXI a la Ssa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener entre 60 ó 70 enfermeras por cada 10 mil habitantes. En México, alertaron, se tiene en promedio 18.9 enfermeras por cada 10 mil habitantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Desde la prisión texana de Bastrop, el veracruzano Pancho Colorado ofrece detalles sobre los juicios que enfrenta en Estados Unidos, uno por supuesto lavado de dinero para Los Zetas y otro como presunto autor intelectual de un intento de soborno al juez que llevó su caso. En su versión, es víctima de una extorsión de Los Zetas y de maniobras sucias del excandidato del PAN a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apenas iniciado 2015, el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa va contra sus acusadores en México, pero también en Estados Unidos, donde fue condenado a 20 años de prisión bajo el cargo de participar en un esquema de lavado de dinero para Los Zetas.
Colorado busca acreditar que durante más de cuatro años fue extorsionado por ese grupo delictivo y el gobierno estadunidense organizó una treta policial para acusar a su hijo y a su socio de conspiración para sobornar al juez instructor de su caso.
La acusación se basó en que el empresario compró caballos cuarto de milla, entregados a Los Zetas en un rancho en Oklahoma. Por lo pronto, de acuerdo con su defensa, el gobierno ha reconocido que el dinero de la compra fue legal y no producto del narcotráfico.
“Tenían un caso muy débil en mi contra, construido con acusaciones fabricadas en México por Miguel Ángel Yunes Linares. Para mantenerme en prisión me acusaron de haber planeado un soborno en el que involucraron y encarcelaron a mi hijo y al contador de mi representada, ADT Petroservicios”, dice Francisco Colorado en entrevista con Proceso desde la cárcel de Bastrop, Texas.
Oriundo del norte de Veracruz, Colorado tiene 54 años e hizo fortuna como contratista de Pemex desde hace tres décadas. Dice estar dispuesto a someterse a juicio en Estados Unidos para demostrar que el Departamento de Justicia de ese país manipuló al juez que lo condenó, en septiembre de 2013, a 240 meses de cárcel por lavado de dinero.
De hecho son dos los casos judiciales: el primero es la apelación contra la sentencia por lavado de dinero, que se instruye en el distrito judicial de Nueva Orleans, correspondiente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para el sureste de Estados Unidos.
El segundo, el supuesto intento de soborno al juez federal Sam Sparks, de Austin, Texas, del mismo circuito judicial. En este caso, decidió retirar su acuerdo de culpabilidad. A pesar de la sentencia y de la condena mediática en México y Estados Unidos, ha decidido desacreditar las acusaciones penales ante la propia justicia estadunidense.
Señala como responsables de su condena a Yunes Linares y al fiscal estadunidense Douglas W. Gardner, a quien acusa de dejarse llevar por el excandidato del PAN al gobierno de Veracruz, ocultar pruebas, testigos y actuar con prejuicio racista al urdir un plan para imputarlo como corrupto, “porque así son los mexicanos”.
El próximo martes 6 se realizará en Nueva Orleans la audiencia en la cual podría resolverse la apelación contra su larga condena. Su argumento central es que el fiscal estadunidense no pudo comprobar que el dinero para la compra de los caballos de carreras fuera producto del narcotráfico. Provino de ADT Petroservicios, insiste.
En su apelación, Colorado admite que entre 2008 y 2012 pagó 10 millones de dólares en subastas de caballos ligeros en Estados Unidos y éstos en parte eran para Los Zetas, pero asegura haberlo hecho debido a una extorsión.
La apelación puede confirmar la condena, ante lo cual iniciaría un juicio de amparo, admite, pero “que me ratifiquen la sentencia es algo que veo con pocas probabilidades”. Más bien piensa que le pueden dar tiempo servido, es decir, que su condena sea por el tiempo ya cumplido en prisión.
Puede ser también que el Departamento de Justicia estadunidense se desista del caso con el argumento que él resume así: “No hay materia de juicio en mi contra porque nunca he sido parte de una estructura de delincuencia organizada”.
Un tercer escenario es que la autoridad determine un nuevo juicio, con lo cual afirma “no tener problema; al contrario… Para mí sería fabuloso porque tendría la oportunidad de demostrar mi inocencia, lo cual no es mi obligación porque ellos tienen que demostrar mi culpabilidad.
“También demostraría muchas incongruencias y actos criminales que llevó a cabo el fiscal, como ocultar información, no presentar algunos testigos o anunciar al testigo protegido conocido como El Pitufo, a pesar de que en México ya habían echado abajo las investigaciones en las que él aparecía como acusador. Además, no tiene ninguna fotografía o grabación mía que me implique con ese grupo delictivo.”
Asegura que el caso en su contra “no tiene sustento”. Si le dan tiempo servido, “el gobierno de Estados Unidos se lavaría las manos, pero quedaría en entredicho mi nombre y el de mi empresa”.
“Se equivocó Yunes”
Aun cuando Colorado obtuviera su libertad al no demostrarse que participó en una red de lavado de dinero, enfrenta la acusación de intento de soborno del juez Sparks. Inicialmente se declaró culpable para liberar de ese cargo a su hijo, Francisco Colorado Cebado, y al contador de ADT Petroservicios, Ramón Segura. No obstante, ellos estuvieron presos un año. Ahora decidió retirar su declaración de culpabilidad.
Ese movimiento molestó al gobierno estadunidense porque se debe instruir un juicio, dice, “pero no vamos a llegar a juicio porque el gobierno sabe que todo es inventado, y tengo las pruebas y los testigos”.
Está previsto desahogar ese caso en mayo o junio. La justicia estadunidense anunció que pedirá al gobierno mexicano información para sustentar los cargos contra Colorado.
Contador público, maestro en finanzas y diplomado en alta administración por el Tecnológico de Monterrey, el entrevistado dice que el fiscal Gardner construyó esa acusación para presionarlo y forzarlo a negociar, a fin de que él se desistiera de la apelación y los juicios iniciados para recuperar dos aviones y 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos aseguró en su territorio. Las aeronaves King Air 200, modelo 2006, y Hawker 800, de 2008, estaban en Houston y su precio de mercado es superior a 4 millones de dólares.
Según Colorado, al señalarlo como autor intelectual del soborno Gardner le dijo: “Si te desistes, tu hijo y tu amigo salen”.
En junio de 2012, cuando Estados Unidos anunció que se había detenido en Oklahoma a José Treviño Morales, del clan familiar que entonces controlaba Los Zetas, el nombre de Francisco Colorado Cessa ya estaba incluido en la causa penal contra varios miembros de la organización delictiva.
El Departamento de Justicia acusó a Treviño y a su hermano Miguel Ángel, El Z-40, de haber creado la Tremor Enterprises para lavar dinero del cártel por medio de las carreras de caballos. En ese esquema incluyó a Colorado Cessa como proveedor de ejemplares cuarto de milla. Un año después de la operación policial en Oklahoma, donde fueron detenidos otros familiares del clan, en julio de 2013 fue aprehendido en México El Z-40, número dos de la organización delictiva.
Las autoridades estadunidenses ya habían rastreado el nombre de Francisco Colorado Cessa cuando, en marzo de 2012, la Policía Federal se enfrentó a un grupo de zetas sobre la carretera Juana Moza, en el límite de Tamaulipas y Veracruz. En la persecución, el grupo se metió al rancho Flor de María, propiedad de Colorado.
En ese enfrentamiento murió Enrique Delgado Fraire, a quien el gobierno federal presentó como Mando Quique, supuesto jefe de Los Zetas en el sur de Tamaulipas y acusado de organizar la fuga de 53 miembros de ese cártel en un penal de Zacatecas en 2009.
Colorado da su versión: “Hubo una persecución que venía desde (el municipio de) Álamo (al norte de Veracruz). Las fuerzas federales perseguían a una serie de individuos de la delincuencia organizada. Mi rancho está a la orilla de la autopista. Ellos pusieron un retén o salieron al encuentro. Muy cerca hay una brecha. Al verse acorralados se meten por ahí, tumban el portón de fierro y ahí mismo hay un enfrentamiento y hay muerte.
“Yo me encontraba en la ciudad de Houston, Texas, porque ahí viven mi esposa y mi hijo menor, José Antonio, quienes salieron del país por la inseguridad en la zona. Era el cumpleaños de mi hijo y me había trasladado para estar con él. Ese hecho fue reconocido por las autoridades en México, porque nunca he tenido ese tipo de problemas en mi país.”
–¿Ni en el caso de la balacera en el rancho Villarín, en 2007, durante una carrera ilegal de cuartos de milla?
–Yo en Villarín ni estuve, hombre. Es una mentira más. Ahí fue donde Miguel Ángel Yunes empezó a querer involucrarme con la delincuencia organizada. Ni siquiera fui citado a declarar porque las averiguaciones previas demostraron que yo no había estado en ese lugar. Una vez más se equivocó Yunes.
–¿Por qué dice que Yunes está detrás de las acusaciones en su contra?
–Porque durante años se ha dedicado a denostar mi figura, mi nombre y a mi representada (la empresa ADT Petroservicios). Todo porque no lo he querido apoyar en ninguna de las candidaturas que ha buscado para ser gobernador de Veracruz.
Asegura que Yunes se ha dedicado a filtrar información supuestamente de inteligencia policial:
“Él mismo declaró en una entrevista que mandaba documentos a Estados Unidos. Lo hizo aprovechando las relaciones que hizo cuando era subsecretario de Seguridad Pública. Pero nunca ha podido demostrar, ni lo hará porque jamás he tenido ningún nexo con la delincuencia organizada. En México presentó una denuncia anónima cuando el enfrentamiento en Flor de María.”
“Quieren mis cuentas, mis aviones”
Cuando fue implicado por el Departamento de Justicia en el esquema de lavado de Los Zetas y se informó que el FBI iba tras él, explica, decidió presentarse voluntariamente, el 12 de junio de 2012, en la oficina de los marshalls en Houston: “Les dije: Soy Pancho Colorado y dicen que me andan buscando. Vengo a ver qué está pasando, porque yo no soy ningún delincuente”.
Tras la sorpresa de los oficiales, refiere, fue detenido y presentado ante la justicia estadunidense, ante la cual admitió haber comprado caballos para Los Zetas: “Compré 10 millones de dólares de caballos durante más de cuatro años. Lo hice con dinero lícito de mis cuentas, cuentas que ellos no rastrearon, sino que yo les dije que tengo en Estados Unidos porque es dinero lícito, producto de 35 años de trabajo, como pago de Pemex a mis empresas”.
Dice que desde hace años compraba caballos en Estados Unidos porque toda la vida los ha tenido: “Los compraba para mí, pero Carlos Nayén (quien tiempo atrás entrenaba a sus animales) un día me dijo: ‘Oye, estos caballos los quieren Los Zetas; si no, que te atengas a las consecuencias’.”
En octubre de 2011, afirma, decidió sacar a su familia de México, ya que una madrugada su casa fue baleada por querer zafarse de esa exigencia. “Tenemos el acta donde hicimos la denuncia”, dice, y recuerda que el empresario Alejandro Barradas, también aficionado a las carreras de caballos, fue secuestrado por el grupo delictivo para obligarlo a comprarles ejemplares finos, “y como no lo pudo hacer, lo mataron”.
Sobre las operaciones financieras, explica, nunca les dio dinero directamente a Los Zetas: “Lo que querían era que pagara una serie de caballos que yo no había encargado, que no estaban a mi nombre y tenía que pagarlos en las subastas públicas, para lo cual tenía un tiempo predeterminado. Yo nunca entregué caballos, los pagaba y ellos los recogían en las subastas. Nunca tuve ninguna interrelación personal con nadie de ellos”.
Añade: “Se supone que los caballos eran para mí. Pero cayeron en manos del grupo delictivo 121 caballos. Yo me quedé con unos 30, además del criadero que tengo, porque me dedico a los caballos y al ganado desde hace 25 años”.
El dinero salía de su cuenta de cheques en Miami. “Pagaba los caballos que yo había escogido y la cantidad que me decían que tenía que pagar, por la cual habían pujado otros compradores. De ahí, los dueños de los caballos los entregaban a la persona que les indicaba Carlos Nayén”.
Nayén, quien después de trabajar para Colorado se fue a Estados Unidos, era quien mandaba a hacer las cosas. “No sé si estaba obligado y por qué lo desaparecieron del sistema carcelario estadunidense. No se presentó a las audiencias. Se volvió testigo protegido. ¿Por qué no lo presentan, si él nunca ha declarado nada contra mí? Él ha declarado la verdad, que yo no tuve nada que ver, que fui obligado a hacer las cosas”.
Asegura no haber denunciado la extorsión por temor. Como empresario en el norte de Veracruz, sobre todo en Poza Rica y Tuxpan, cerca de la frontera con Tamaulipas, uno de los principales dominios de Los Zetas, Colorado señala que la presencia de los grupos delictivos se empezó a sentir en la zona en 2005:
“Hizo estragos. La población, empezando por los empresarios, comenzó a sufrir robos y secuestros, sin que nadie les hiciera frente a los delincuentes. Mucha gente emigró a San Antonio, Texas, principalmente. Amigos de mi infancia fueron asesinados. Yo tuve que contratar seguridad para mi familia.”
El panorama no ha cambiado. Su hermano Sergio, asegura, fue secuestrado hace 10 meses en Tampico, cuando iba a finiquitar una obra. “Pagamos el rescate y el asunto sigue pendiente –narra–; nos dicen que no digamos nada, que la policía así lo dice, pero yo no veo resultados. Sin embargo todo el mundo sabe que mi hermano está secuestrado, y no por ajuste de cuentas, como se ha publicado con el patrocinio de Yunes”.
–¿La transferencia de recursos a Los Zetas lo tiene encarcelado?
–No, lo que me tiene encarcelado es la duda de las autoridades estadunidenses. Yo lo que quiero es el mismo trato que los demás. (El empresario) Alfonso del Rayo fue obligado a comprar caballos. Le hablaron y le dijeron que explicara la situación y él dijo lo que había pasado. Le dijeron: está bien, tienes que declarar pero tú no tienes ningún problema. No fue de su interés porque no tiene cuentas en Estados Unidos. En mi caso, tienen el interés de quedarse con el dinero que tengo en mis cuentas: 25 millones de dólares, más los dos aviones.
Las autoridades de ese país estiman en 60 millones de dólares la operación de lavado de dinero por parte de todos los implicados en la compra de los caballos.
“Desde que llegué me entregué. Hubo un trato muy duro hacia mí. El fiscal pensó que tenía un gran caso, pero le han rascado y no ha salido nada. Me acusan de conspiración, en la que ha salido el nombre de Fidel Herrera, la fijación de Yunes.
“Si a eso le añadimos una dosis de racismo de parte del fiscal, la cosa está de la chingada. Gardner ha declarado que no le extrañaba el supuesto intento de soborno, porque ‘así son los mexicanos; quieren corromper a los jueces, es un asunto cultural’”, como les ha dicho el fiscal a los defensores de Colorado.
Finalmente aclara: “Yo no quiero que me perdonen nada porque no he hecho nada. Quiero que se investigue y, si soy un criminal y un monstruo, no que me encarcelen, que me fusilen. Yo respondo por mis palabras y mis actos, que han sido buenos y malos, pero nunca criminales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL)
El 40 por ciento de las personas asesinadas en México entre el 2007 y el 2013 fueron menores de 30 años. Un análisis del Instituto Belisario Domínguez revela que la disponibilidad de armas, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas por parte de la delincuencia organizada facilitan el aumento de este delito.
Entre el 2007 y el 2013 fueron asesinadas en México 143 mil 984 personas, de acuerdo a cifras oficiales. De esas, 54 mil 530 eran jóvenes entre los 16 y los 29 años de edad. Poco más de 3 mil, eran niños que no pasaban de los 15 años.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reveló que el 40 por ciento de los homicidios en todo el país fueron jóvenes menores de 30 años.
Realizado con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estudio “Los homicidios en México, una mirada actual” alerta sobre el impacto que tienen los asesinatos en las instituciones del país y en el ánimo de los ciudadanos.
“Los homicidios constituyen la forma suprema de violencia y una de las conductas criminales más graves, pues atenta contra la vida de las personas, afecta significativamente a las familias, genera temor entre los ciudadanos, corroe el entramado social y erosiona la legitimidad de las instituciones ante la imposibilidad del Estado de perseguir eficazmente a los homicidas”, señala el análisis.
De acuerdo con los investigadores adscritos al Senado, el delito de homicidio se mantuvo estable entre el 2000 y el 2006, con alrededor de 10 mil defunciones por año.
De 2007 al 2008, se incrementaron un 58 por ciento, al pasar de 8 mil 867 a 14 mil 006. De estos poco más de 5 mil homicidios adicionales cometidos en 2008, un total de 3 mil 171 (el 62 por ciento) se concentraron en solo tres estados: Chihuahua, Baja California y Sinaloa.
Ya para el 2012 los homicidios alcanzaron los 22 mil 732, lo que tuvo “efectos devastadores en algunas regiones del país”, señaló el estudio del Senado.
El 2011 fue el año en que más homicidios se registraron. Se cometieron un total de 27 mil 213 asesinatos.
“En el 2012 y el 2013, los asesinatos premeditados disminuyeron respecto del 2011, pero se triplicaron en relación con los asesinatos ocurridos en 2008”, expuso el análisis.
Un problema a la alza
Factores como la impunidad, la corrupción, el acceso a armas de fuego y drogas, la desprotección al empleo, la baja en la calidad de la educación y hasta el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, son ubicadas por los investigadores como causas del aumento en el índice de homicidios en el país.
Tomando como base el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 sobre seguridad ciudadana, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los investigadores del Senado señalan que las causas del aumento de los asesinatos en el país pueden agruparse en cuatro categorías.
Las 4 causas
1. Factores como la globalización, la desprotección del empleo, el deterioro de los salarios y de la calidad de vida que afectan directamente a la ciudadanía.
“En este contexto, la violencia y la delincuencia aparecerían como una vía de reacción para la población sin posibilidades de obtener, a través del empleo, recursos económicos para sufragar la sobrevivencia cotidiana.
“A la delincuencia tradicional de robos, hurtos y asaltos se suman nuevas formas emergentes de hacer dinero rápidamente, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, entre otros”, señala el estudio.
2. El debilitamiento de instituciones de la sociedad que “perdieron fuerza como mecanismos de control y como espacios de protección”, lo que propició que aumentara la violencia.
En este rubro se ubican el aumento de familias monoparentales de bajos recursos; las altas tasas de embarazo adolescente; el aumento en la migración; los niveles de deserción escolar; el déficit en la calidad de la educación; el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades; y la marginalidad de la población urbana.
3. Factores facilitadores del delito y la violencia, como la disponibilidad de armas, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas por parte de la delincuencia organizada.
“Algunas explicaciones formuladas por diversos analistas sostienen que el crecimiento de las muertes por homicidio en México a partir del 2008 es resultado de la lucha frontal que emprendió el gobierno contra el crimen organizado, así como el enfrentamiento entre los distintos cárteles del narcotráfico por el control del territorio, de las rutas y pasos fronterizos”.
4. La corrupción, la impunidad y la falta de proporcionalidad en el castigo son factores asociados a las instituciones del Estado y “limitan su capacidad de respuesta para proveer seguridad a todos los habitantes del país”.
Un combate ineficiente
El crecimiento en el índice de homicidios contrasta con la forma en que se presupuestan los recursos para resolver problemas relacionados con la seguridad pública.
La mayor parte del dinero del erario destinado a seguridad se envía a cuestiones de fortalecimiento policial. En cambio, para labores de prevención de la violencia, los índices son a veces de menos de un punto porcentual.
En el Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) del 2015, se asignan recursos para el Ramo 04, de Gobernación, de más de 77 mil millones de pesos.
De estos, el 53 por ciento, poco más de 41 mil millones de pesos, están destinados a tareas de combate al delito.
El programa que concentra la mayor cantidad de recursos es el de “Implementación de operativos para la prevención del delito”, con una asignación de 20 mil 378 millones de pesos, un 26 por ciento del total asignado a la Secretaría de Gobernación.
En contraste, programas como el de “Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres”, solo tiene asignados 197 millones de pesos, un 0.2 por ciento del total de recursos de la Segob.
El programa para “Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas” tiene asignados solo 10.7 millones de pesos, el 0.01 por ciento de recursos del Ramo 04.
Los esfuerzos del Poder Legislativo tampoco han sido suficientes para combatir el aumento en el índice de homicidios y de la violencia en general.
De un total de 106 iniciativas presentadas en la LXII Legislatura sobre estos temas, solo el 1 por ciento fue aprobada y enviada a la Cámara revisora.
El 75 por ciento de las iniciativas en las materias de Seguridad y Justicia están pendientes de análisis en comisiones en su Cámara de origen.
El 8 por ciento fueron publicadas; el 10 por ciento se desechó; el 4 por ciento fueron retiradas; y el 2 por ciento tuvieron un dictamen en sentido negativo.
Así, los investigadores del Instituto Belisario Domínguez sostienen que será muy difícil que la violencia y los homicidios desciendan si no se atienden las causas de fondo que los producen y los reproducen.
“El crimen organizado tiene una base social o un mercado potencial de mano de obra entre los miles de jóvenes que carecen de opciones educativas, de empleo, de alternativas y, en general, de un sentido de vida”, concluye el estudio.
Otro dato que resalta el estudio del Senado es la polarización en las estadísticas de homicidios respecto del sexo de las víctimas.
Herramientas mortales
A pesar de estar prohibida la portación de armas en el país, la mayor parte de los homicidios se cometen con armas de fuego.
> 61.3 por ciento
de los homicidios registrados en México en el 2013 fueron perpetrados con arma de fuego
> 13.7 por ciento
de los homicidios registrados en México en el 2013 fueron con objeto cortante
> 6.8 por ciento
de las defunciones fueron perpetradas por agresiones como ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
> 13 por ciento
de los casos de homicidio no se especificó el tipo de agresión cometida
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tras la designación de Luis María Aguilar Morales como presidente de la SCJN y los tres nuevos ministros que llegarán, el alto tribunal del país inicia el año con más problemas que soluciones.
Dividida como nunca antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el año con la posibilidad de terminar con el encono y la balcanización que se vive tras la designación de Luis María Aguilar Morales como presidente de la SCJN.
Este año el pleno de la SCJN será renovado cuando los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero dejen vacantes sus sillas y se designe también el reemplazo del ministro Sergio Valls, fallecido en diciembre pasado.
Los tres nuevos ministros que lleguen este año al alto tribunal del país –designados por el Senado a propuesta del ejecutivo Federal- llegarán con aires nuevos a la SCJN hoy confrontada.
La actual configuración de la Corte –que provocó la votación cerrada sin precedentes el pasado 2 de enero por la presidencia- cambiará con la incorporación de los nuevos ministros.
En febrero el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado la terna de candidatos para ocupar la vacante que dejó el ministro Sergio Valls, fallecido por complicaciones de salud en diciembre pasado.
El Senado tiene 30 días para aceptar o rechazar la propuesta presidencial, plazo en el que podrá citar a los aspirantes a comparecer en la Cámara.
En caso de que sea rechazada la propuesta, el presidente podrá enviar una nueva lista con los aspirantes a la Corte.
El actual procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, es uno de los candidatos con posibilidades de ser propuesto al Senado por Peña Nieto para incorporarse a la SCJN.
También en los círculos judiciales suena el nombre del senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade, quien pidió licencia el año pasado precisamente para poder ser elegible como ministro de la Corte.
El nombre del excanciller Bernardo Sepúlveda, quien ha concluido su paso como juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es otro de los que suenan para llegar a la SJCN.
En la terna de aspirantes Peña Nieto podría incluir a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, quien se desempeñó como presidenta de este órgano en la elección presidencial del 2012, en la que resultó ganador el actual mandatario de México.
Como parte de la negociación con el PAN, que tiene la mayoría en el Senado, el PRI podría ceder uno de las sillas vacantes en la Corte a panistas como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación con el expresidente Felipe Calderón, o el consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca.
La incorporación este año de tres nuevos ministros a la Corte –de acuerdos a sus perfiles y su ideología- podría terminar con el bloque de ministros con carrera judicial que son los que han controlado la presidencia de la SCJN desde hace 20 años.
Una votación inédita
El pasado 2 de enero, una vez más, los ministros que provienen del Poder Judicial de la Federación lograron nombrar a Luis María Aguilar Morales como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución de Silva Meza.
Fue una votación inédita en todos los aspectos: se requirieron 32 rondas de votación –incluyendo 29 empates consecutivos- para que Aguilar Morales se impusiera a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un ministro representante del ala liberal y sin carrera judicial.
Aguilar tuvo el apoyo del bloque judicial de ministros integrado por Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Margarita Luna Ramos, además del ministro progresista José Ramón Cossío Díaz quien viene de la academia.
Tanto Luna Ramos como Pardo Rebolledo se habían presentando como candidatos a presidir la Corte, pero sólo lograron conseguir un voto cada uno.
Por su parte Arturo Zaldívar Lelo de Larreal contó con el voto de Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena , José Fernando Franco González y Silva Meza, presidente saliente.
En los círculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se asegura que fue el ministro Juan Silva Meza, fue quien finalmente cambió su voto a favor de Aguilar Morales para romper el empate que ya se prolongaba por tres horas.
En la primera sesión de la SJCN, que encabezó Aguilar el lunes, Silva Meza no estuvo presente.
Por los derechos humanos
Luis María Aguilar Morales se comprometió en su primer discurso a continuar la defensa de los derechos humanos en México.
“Desde luego, procuraremos que todos los jueces y magistrados federales de este país cumplan con su principal objetivo que es la protección de los derechos”, señaló Aguilar Morales en su toma de protesta.
Pero el principal reto que tendrá el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura Federal será combatir la corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación.
Este año el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, suspendió a 26 funcionarios del Poder Judicial de la Federación (entre ellos a 5 magistrados y 5 jueces de distrito)
Entre los jueces y magistrados suspendidos se encuentran los relacionados con casinos como Eduardo Ochoa, José Manuel Rodríguez y Javier Rubén Lozano.
Una lista negra donde ya estaban jueces como Luis Armando Jerezano y Ricardo Hiram Barbosa Alanís, suspendidos desde hace dos años por sus nexos con casineros.
Los que suenan para la Suprema Corte
Estos son los nombres de posibles candidatos a ocupar este año una silla en el pleno de la SCJN, tras el retiro de los ministros Olga Sánchez y Juan Silva Meza, y el fallecimiento de Sergio Valls.
> Javier Laynez Potisek
Procurador Fiscal de la Federación
> Raúl Cervantes Andrade
Senador del PRI con licencia
> Bernardo Sepúlveda
Exjuez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
> María del Carmen Alanís
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
> Fernando Gómez Mont
Exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón
> Daniel Cabeza de Vaca
Consejero de la Judicatura Federal
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
CHILPANCINGO, GRO: La impunidad en torno al caso Ayotzinapa hizo que Guerrero volviera a “la normalidad”: tiroteos, ejecuciones, desaparecidos, secuestros y extorsiones que siguen exhibiendo los nexos de autoridades de los tres niveles y políticos con la delincuencia.
La ola de violencia por el reacomodo de la estructura criminal en diferentes regiones de la entidad se recrudeció en estas últimas dos semanas y coincidió con el cese de las protestas del movimiento social que exigió justicia por el caso Ayotzinapa.
Hace un mes el gobierno federal anunció un despliegue policiaco y militar en la Tierra Caliente, Zona Norte y Acapulco, luego de admitir públicamente que en la entidad existen territorios completos controlados por la delincuencia. Pero las masacres, crímenes y balaceras a plena luz del día continúan en las zonas que, se supone, están bajo control federal.
Reportes oficiales y algunas estadísticas refieren que en la última semana de diciembre hubo al menos ocho ejecuciones en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente. En Acapulco se reportaron al menos 51 asesinatos en diciembre y tres más el jueves 1.
Ajenos a la dramática situación, funcionarios estatales y políticos locales se han enfocado en promover su imagen rumbo a las elecciones de este año, en un esquema similar al vivido en 2011.
Aquella vez los comicios locales se caracterizaron por que políticos de todos los partidos triangularon posiciones y postularon a candidatos señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Al respecto, el actual gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha utilizado actos públicos para hacer llamados a la sociedad a no votar en las próximas elecciones por “políticos delincuentes” y proponer al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, como aspirante a la gubernatura.
A principios de diciembre Ortega destinó 3 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) a la recién conformada Fundación Uagro.
Paradójicamente, el titular de la Sefotur, Sergio Salmerón Manzanares, preside la fundación y recibió los recursos destinados a la promoción turística para utilizarlos en fines ajenos a lo que marca la norma.
El hecho ocurrió el 6 de diciembre durante un acto oficial realizado en un hotel de Acapulco. Nadie cuestionó el posible conflicto de interés frente a la utilización de recursos públicos para beneficiar a una organización que promueve a Javier Saldaña, exjefe del gobernador.
Respecto del caso Ayotzinapa, el gobernador sustituto ha asumido una actitud ambigua:
El 2 de diciembre presentó a Jorge Berrios Flores, de la Policía Preventiva Estatal, como nuevo secretario de Seguridad Pública en Iguala a pesar de que el jefe policiaco se desempeñó como escolta y chofer del exsecretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo de la justicia por su presunta participación en el asesinato de siete personas y la desaparición de los normalistas.
Berrios también estuvo al frente del grupo de la Policía Estatal que asumió el control de la seguridad en Cuetzala del Progreso en 2013, previo a la detención del alcalde perredista Feliciano Álvarez Mesino, preso en una cárcel federal por sus presuntos nexos con La Familia.
Un reporte oficial al que tuvo acceso Proceso indica que Berrios fue uno de los oficiales más cercanos a Flores Velázquez durante la administración de su primo, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez, señalado como responsable del ataque perpetrado por policías y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos contra los normalistas de Ayotzinapa.
A las ocho de la mañana del 29 de diciembre, en las instalaciones de un balneario habilitado como cuartel, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y policías federales detuvieron a 10 policías municipales de Iguala, presumiblemente implicados en la agresión contra los estudiantes. Entre los detenidos se encuentran dos escoltas de Abarca.
A pesar de estos antecedentes, el actual titular de la SSP estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, propuso a Berrios, y el gobernador interino lo avaló.
Operativo Tierra Caliente
El 3 de diciembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en un acto público en Iguala la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.
Dijo que efectivos de la Policía Federal División Gendarmería asumirían el control de las labores de seguridad en Acapulco, donde policías y agentes de tránsito mantienen un paro desde abril porque la mayoría no acreditó los exámenes de confianza y el gobierno municipal no tiene recursos para liquidarlos y darlos de baja.
De esta manera, aseguró Osorio Chong, el gobierno federal pretendía revertir los efectos de la narcoviolencia generada por “la corrupción y debilidad institucional” en Tierra Caliente.
Durante la madrugada del 27 de diciembre, los agentes federales realizaron un operativo en un palenque de Coyuca de Catalán, donde detuvieron a siete personas, entre las cuales estaba Ramiro Montúfar Burgos, supuestamente vinculado con la banda Las Moscas, dirigida por los hermanos Ramiro y Ricardo Torres, quienes son acusados por la PGR de traficar drogas.
El inculpado es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, aspirante a la alcaldía de Coyuca de Catalán por el PRD, y primo del subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Erit Montúfar Mendoza.
Tres días después, la Comisión Nacional de Seguridad informó que Montúfar Burgos tiene una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
El reporte refiere que logró escapar un presunto delincuente identificado como Euclides El Quilles Camacho Goicoechea, hermano del exalcalde de Coyuca de Catalán y actual diputado local perredista, Elí Camacho.
Los hermanos Camacho Goicoechea han sido señalados varias veces por sus presuntos nexos con Los Caballeros Templarios. Incluso Elí Camacho públicamente declaró que en su paso por la administración municipal tuvo que pactar con el narco para poder trabajar.
El operativo federal se realizó luego de que el gobernador sustituto inaugurara la 36 Feria del Oro en la cabecera de Coyuca de Catalán, la mañana del 26 de diciembre.
Mientras del otro lado del río Balsas se realizaban las exequias del sacerdote asesinado, Ortega Martínez convivió con políticos supuestamente vinculados con el narco, como el actual diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño, exalcalde de Zirándaro y exdiputado local, primo de María de los Ángeles Pineda Villa.
La historia que no cambia
En el reportaje El de Guerrero, un mapa criminal de todos conocido desde 2011, publicado a principios de noviembre en Proceso (1983), se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional elaboró el diagnóstico Presencia de la delincuencia organizada en Guerrero, que sirvió de pauta a las tropas federales que encabezaron el Operativo Guerrero Seguro.
El documento, entregado a este semanario en octubre de ese año por el entonces gobernador Ángel Aguirre, incluye nombres de las organizaciones criminales y de sus sicarios, así como de su ámbito de operación, pero nadie hizo nada para combatirlos; ni siquiera cuando Aguirre se quejó en abril de 2011 de haber recibido la entidad infiltrada por el narcotráfico (Proceso 1825).
En la región Tierra Caliente, el diagnóstico oficial identifica “una alianza Beltrán Leyva-Zetas, representados por el Cártel del Pacífico Sur (CPS), que dirigen los hermanos J. Cleotilde y Fermín Toribio Rentería, así como por El Quilles Camacho”.
En 2011 La Familia Michoacana tenía presencia en gran parte del territorio guerrerense. Uno de sus operadores era Rodolfo Maldonado Bustos, conocido como José Pineda, considerado el cuarto hombre de importancia del cártel. Originario de Ojo de Agua, municipio de Cutzamala de Pinzón, Maldonado tenía influencia en Huetamo y San Lucas (Michoacán), amén de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Tlalchapa y Arcelia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
