El escándalo de Ficrea podría revelar un intrincado esquema de lavado de dinero. Y es que de acuerdo a la autoridad solo una tercera parte de los presuntos 6 mil 800 defraudados han reclamado su dinero. ¿Dónde están los demás clientes?
Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, es señalado por un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos contra ahorradores de esa sociedad financiera.
Ayer un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por este delito, sin embargo, los ahorradores -supuestos afectados por esos malos manejos- no están ni indignados por la estafa, ni felices por la determinación de la autoridad. De hecho, prácticamente no están.
Solo una tercera parte de los presuntos 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.
Esta aparente calma apunta cada vez más a una estructura de lavado de dinero a través de triangulación de fondos y usuarios fantasmas.
El 7 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino las operaciones de Ficrea, luego de que la autoridad encontró posibles operaciones con recursos de procedencia ilícitas realizadas entre esa empresa y otras dos compañías que tienen al mismo socio mayoritario.
La investigación de la CNBV comenzó porque la empresa no tenía clientes en cartera vencida, a diferencia del resto de las instituciones similares.
En los dos meses que hoy se cumplen de que se intervino a la compañía, más irregularidades han salido a la luz.
Solo una tercera parte de los 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.
A este beneficio que alcanza los 131 mil pesos, tienen derecho todos los supuestos defraudados.
Las manifestaciones y reclamos han sido de solo 400 ahorradores y, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solo ha recibido 300 quejas sobre el caso.
Reprobados desde agosto
Los primeros indicios oficiales de que algo no andaba bien con Ficrea llegaron en agosto a través de una evaluación ordinaria realizada por Condusef a las sociedades financieras para revisar la transparencia en sus prácticas.
La revisión, que busca en las letras chiquitas de los contratos, se complementa con una verificación de expedientes reales para comprobar que estén usando el mismo contrato que tienen registrado.
Ficrea quedó reprobada con 3.7 puntos de 10 en esta revisión realizada por la Condusef en agosto a su contrato de préstamo a pequeñas y medianas empresas, relata en entrevista su presidente, Mario Di Costanzo.
“Encontramos falta de claridad en las amortizaciones que tiene que hacer el usuario. No estaba claro cuánto tenían que ir amortizando los usuarios, la tasa de interés.
“En los estados de cuenta que se les enviaba no era clara la cuenta que llevaban de cuánto había abonado y faltaba por pagar”, dice sobre el reporte que divulgaron entonces.
Un mes más tarde, detectaron que la empresa tenía en su contrato una cláusula ilegal, por la que cobraban una multa que podía llegar a los mil pesos cuando un usuario de Ficrea quería depositar en su cuenta algún cheque que alguien le había dado pero no tenía fondos.
Les anunciaron que estaban en proceso para imponerles una serie de multas, que sumaron 2.2 millones de pesos.
Les advirtieron, pero Ficrea no hizo caso.
“Estuvimos insistiendo y cuando se cumplió lo que establece la ley y después de que se agotaron los procedimientos se decidió por primera vez en los 15 años de historia de Condusef suspender un contrato”, selaló Di Constanzo.
Mientras, el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, compraba un departamento de 1.7 millones de dólares en el condominio The Trump Towers en Miami, de acuerdo con los registros públicos locales.
La compañía corrigió el contrato después de la suspensión, Condusef hizo la aclaración y anunciaron que si había algún cliente al que se le había hecho algún cargo podía acudir para hacer su reclamación.
“Ninguno vino”, cuenta Di Costanzo.
Las quejas en contra de Ficrea nunca dieron advertencia de que se podía estar gestando un fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos.
Muy pocas quejas
“A lo largo de 2014 tuvimos 283 asesorías técnico jurídicas sobre Ficrea, era gente que venía a preguntar sobre algún producto. Solo cinco se convirtieron en quejas formales”, dice Mario Di Costanzo.
El presidente de la Condisef ha coordinado el último mes un equipo de conciliación entre los ahorradores y la autoridad.
El porcentaje de quejas era mínimo, en un universo de 1.3 millones de acciones de defensa en 2014.
“Esto no reflejaba lo que estaba pasando en Ficrea. Cuando la CNBV describe la operación que implicaba la firma de dos contratos me llamó la atención porque nunca tuvimos una queja de ningún usuario sobre esa irregularidad.
“Era una institución que podía mejorar su transparencia y que estábamos en la posibilidad de recibir quejas por la cláusula del cheque, pensábamos iniciar una acción colectiva si se juntaban 30 quejas, pero nunca sucedió”, afirma Di Costanzo.
Aquí comenzaron las sospechas. Ficrea hacía los préstamos por medio de la compañía Leadman Trade, propiedad del mismo Olvera Amezcua.
El escándalo sobre el caso estalló el 7 de noviembre, cuando la empresa fue intervenida. Desde entonces hasta el 19 de diciembre, cuando se determinó liquidar sus activos, el centro de atención telefónica de la Condusef solo recibió mil 400 llamadas sobre el caso y atendieron 300 quejas.
“Si sumamos las quejas y las llamadas, aunque en las llamadas hubo gente que marcaba varias veces, son mil 700 gentes. ¿Dónde están los demás?”, se pregunta el presidente de la Condusef.
Esto se suma a que no ha habido más de 400 manifestantes y que la CNBV anunció que al 2 de enero solo habían recibido 2 mil 317 solicitudes para cobrar el seguro de depósito sobre los préstamos de los usuarios, aunque los 6 mil 800 usuarios que tenía registrada la compañía tenían derecho de hacerlo.
“Aquí el fabricar ahorradores o cuentas puede ser para meter dinero malo, que provenga de actividades ilícitas, lo está guardando un usuario que tú inventaste, que además no te va a reclamar el dinero. Lo sacas mediante un préstamo a otra persona para adquirir un bien o justificar el dinero, como se dice técnicamente, lavarlo”, dice el funcionario.
¿Cuántos son los usuarios reales?
Los meses previos a la intervención de Ficrea coinciden con la adquisición de mayor número de propiedades de Olvera Amezcua en Estados Unidos y la inyección de 8.9 millones de pesos a su compañía Leadman Trade España, con sede en Madrid.
El presidente de Condusef insiste en que estas adquisiciones tuvieron que hacerse con dinero de los ahorradores y no de las ganancias que Olvera pudo estar obteniendo.
“El mayor crecimiento de la cartera de Ficrea se da entre marzo y octubre de 2014. Fortalece su publicidad, su penetración, empieza a captar más ahorradores, hay más ingreso de dinero y hay que ver cómo iban a seguir pagando los intereses y cómo ir preparando la canalización de esos recursos.
“Llega un momento en que Ficrea tenía que pagar los intereses que le pagaba a los ahorradores con los ingresos de estas casas o con la utilización de estos activos, diferentes al esquema tradicional que es: te presto, te cobro una tasa de interés, hago una utilidad con eso y pago el interés a los ahorradores”, detalla.
El funcionario explica que el 98 por ciento de la cartera la otorgaba Leadman, Ficrea otorgaba el dos por ciento.
“El juego estaba llegando a su fin. Cada vez necesitaba más nuevos clientes y que sus bienes raíces o sus activos le permitieran pagar esos intereses”.
De aquí que la determinación de cuántos usuarios eran ficticios es clave para la investigación.
“Los propios ahorradores que sí existen deberían estar preocupados por lo que no existen, porque se divide entre menos.
“Si 2 mil 300 ahorradores van a salir con el seguro de depósito, el resto de lo que se venda hay que dividirlo entre 4 mil. Si se dan cuenta que hay 2 mil fantasmas se divide entre 2 mil nada más. Es un tema importante tanto para el esclarecimiento de las acciones ilegales que hizo Olvera como para buscar el mayor beneficio en cuanto al retorno de los ahorradores de sus ahorros”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
jueves, 8 de enero de 2015
Se encienden los focos rojos
Congresistas piden plan de contingencia por baja en el petróleo. Esperan que el Gobierno Federal establezca ya un plan de contingencia para evitar una ‘catástrofe económica’.
La alerta por la situación económica del país ya prendió los focos rojos en el Congreso de la Unión, donde se espera que el Gobierno Federal establezca ya un plan de contingencia para evitar una “catástrofe económica”.
La principal alerta proviene de la baja en los precios del petróleo. El precio de la mezcla mexicana se ubica ya por debajo de los 40 dólares por barril: casi la mitad de lo previsto en la Ley de Ingresos para el 2015, cuyo precio fue fijado en 79 dólares.
Otra preocupación de los legisladores es la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.
En la Ley de Ingresos, el precio del dólar fue fijado en 13.4. En los últimos días, el tipo de cambio ha rebasado los 15 pesos por dólar.
Los legisladores prendieron sus alertas por un posible recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por cada dólar que baja la cotización del petróleo, dejan de ingresar al país 4 mil millones de pesos.
Es decir, con una baja de 39 dólares en el precio del petróleo, las arcas del país dejarán de recibir 156 mil millones de pesos.
Esta cantidad representa el total del presupuesto de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, juntas.
Representa también más del doble de todos los recursos destinados al programa Prospera (que sustituyó a Oportunidades); o la mitad de todo el dinero dedicado al campo mexicano en el Programa Especial Concurrente (PEC).
A la disminución del precio del barril de petróleo, debe sumarse la baja en la producción, lo que sí pondría en aprietos a las finanzas nacionales por no ser un factor externo.
En el Congreso de la Unión, las fuerzas de oposición esperan que el Gobierno Federal comience a pensar en un plan de contingencia no solo para el 2015, sino para años posteriores.
Apuesta por ¿austeridad?
Las fuerzas políticas de oposición también pugnan porque el Gobierno Federal presente un plan de austeridad que contemple recortes al gasto corriente y no a programas sociales o que contribuyan a la activación económica.
Legisladores de izquierda reclaman que en realidad no existe un programa de ahorro del Gobierno que permita mejorar la calidad del gasto.
Paradójicamente, aunque cada vez entran menos recursos a las arcas nacionales, la clase política de primer nivel mantiene ingresos con prestaciones onerosas.
Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen ingresos anuales por más de 6 millones 760 mil pesos, en los que van incluidos prestaciones como la “Ayuda para la compra de anteojos” por 3 mil 100 pesos y un “Estímulo por el día de la madre”, por mil pesos.
Para Lilia Aguilar, diputada del PT, la existencia de privilegios para la alta burocracia son una muestra de la inexistencia real de un programa de austeridad.
“Es lo primero que debería hacer el Gobierno, una evaluación real, verdadera, de aquellas áreas que pueden ser tocadas sin afectar a los ciudadanos y que representan un gasto millonario”, sentenció.
Las posturas
> Lilia Aguilar
Vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT)
Sostuvo que es inminente un recorte en el Presupuesto de Egresos para este año, mismo que debe registrarse en el gasto corriente de todos los sectores gubernamentales.
“Una vez aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, una vez aprobadas una serie de obras de infraestructura muy grande, esas ya no se pueden cancelar o el impacto social que se tendría sería mucho mayor, así que el recorte inicial tiene que ser al gasto corriente”, expuso Aguilar.
> Javier Lozano
Senador del PAN
Para el PAN, además de la situación adversa que enfrenta el país por factores del exterior, México podría entrar en una recesión económica también por los efectos de la reforma fiscal.
“Dinero tienen, y si hay que hacer algún ajuste, que lo hagan en servicios personales y no le vayan a pegar a proyectos de infraestructura que, por cierto, deben ejercerse con más transparencia”, sostuvo Lozano.
> Héctor Gutiérrez
Diputado del PRI
El PRI mantiene su esperanza en el seguro de coberturas del precio del petróleo que fue contratado por la Secretaría de Hacienda para el 2015, pero ve un panorama nublado para el 2016.
“Lo que sí es preocupante en este momento es que se nos caiga la producción de barriles de petróleo, pues (con esto) se complica mucho más la licitación que pueda existir, derivada de la propia reforma energética”, expuso Gutiérrez.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
La alerta por la situación económica del país ya prendió los focos rojos en el Congreso de la Unión, donde se espera que el Gobierno Federal establezca ya un plan de contingencia para evitar una “catástrofe económica”.
La principal alerta proviene de la baja en los precios del petróleo. El precio de la mezcla mexicana se ubica ya por debajo de los 40 dólares por barril: casi la mitad de lo previsto en la Ley de Ingresos para el 2015, cuyo precio fue fijado en 79 dólares.
Otra preocupación de los legisladores es la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.
En la Ley de Ingresos, el precio del dólar fue fijado en 13.4. En los últimos días, el tipo de cambio ha rebasado los 15 pesos por dólar.
Los legisladores prendieron sus alertas por un posible recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por cada dólar que baja la cotización del petróleo, dejan de ingresar al país 4 mil millones de pesos.
Es decir, con una baja de 39 dólares en el precio del petróleo, las arcas del país dejarán de recibir 156 mil millones de pesos.
Esta cantidad representa el total del presupuesto de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, juntas.
Representa también más del doble de todos los recursos destinados al programa Prospera (que sustituyó a Oportunidades); o la mitad de todo el dinero dedicado al campo mexicano en el Programa Especial Concurrente (PEC).
A la disminución del precio del barril de petróleo, debe sumarse la baja en la producción, lo que sí pondría en aprietos a las finanzas nacionales por no ser un factor externo.
En el Congreso de la Unión, las fuerzas de oposición esperan que el Gobierno Federal comience a pensar en un plan de contingencia no solo para el 2015, sino para años posteriores.
Apuesta por ¿austeridad?
Las fuerzas políticas de oposición también pugnan porque el Gobierno Federal presente un plan de austeridad que contemple recortes al gasto corriente y no a programas sociales o que contribuyan a la activación económica.
Legisladores de izquierda reclaman que en realidad no existe un programa de ahorro del Gobierno que permita mejorar la calidad del gasto.
Paradójicamente, aunque cada vez entran menos recursos a las arcas nacionales, la clase política de primer nivel mantiene ingresos con prestaciones onerosas.
Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen ingresos anuales por más de 6 millones 760 mil pesos, en los que van incluidos prestaciones como la “Ayuda para la compra de anteojos” por 3 mil 100 pesos y un “Estímulo por el día de la madre”, por mil pesos.
Para Lilia Aguilar, diputada del PT, la existencia de privilegios para la alta burocracia son una muestra de la inexistencia real de un programa de austeridad.
“Es lo primero que debería hacer el Gobierno, una evaluación real, verdadera, de aquellas áreas que pueden ser tocadas sin afectar a los ciudadanos y que representan un gasto millonario”, sentenció.
Las posturas
> Lilia Aguilar
Vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT)
Sostuvo que es inminente un recorte en el Presupuesto de Egresos para este año, mismo que debe registrarse en el gasto corriente de todos los sectores gubernamentales.
“Una vez aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, una vez aprobadas una serie de obras de infraestructura muy grande, esas ya no se pueden cancelar o el impacto social que se tendría sería mucho mayor, así que el recorte inicial tiene que ser al gasto corriente”, expuso Aguilar.
> Javier Lozano
Senador del PAN
Para el PAN, además de la situación adversa que enfrenta el país por factores del exterior, México podría entrar en una recesión económica también por los efectos de la reforma fiscal.
“Dinero tienen, y si hay que hacer algún ajuste, que lo hagan en servicios personales y no le vayan a pegar a proyectos de infraestructura que, por cierto, deben ejercerse con más transparencia”, sostuvo Lozano.
> Héctor Gutiérrez
Diputado del PRI
El PRI mantiene su esperanza en el seguro de coberturas del precio del petróleo que fue contratado por la Secretaría de Hacienda para el 2015, pero ve un panorama nublado para el 2016.
“Lo que sí es preocupante en este momento es que se nos caiga la producción de barriles de petróleo, pues (con esto) se complica mucho más la licitación que pueda existir, derivada de la propia reforma energética”, expuso Gutiérrez.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Ediles ‘ilícitos’
Aún no se resuelve el caso de Abarca en Guerrero, y en lo que va del 2015 ya detuvieron a otros dos alcaldes por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en SLP y Michoacán.
Mientras continúa la investigación contra el exedil de Iguala José Luis Abarca iniciada en septiembre pasado tras la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que resolver dos nuevos casos de corrupción en gobiernos municipales.
Este martes la dependencia anunció la detención de José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según explicó Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se tienen contabilizadas tres empresas en las que Gallardo Cardona posee participación accionaria, y que eran utilizadas para triangular recursos, presumiblemente con origen ilícito.
“Un dato que ilustra el estilo de vida mantenido por este exservidor público es que en su declaración patrimonial manifestó ser propietario de un violín valuado en más de 5 millones de pesos”, agregó Zerón de Lucio.
Horas después de que el perredista ingresara al Cefereso de Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán informó sobre la aprehensión de Simón Vicente Pacheco, edil de Charapan señalado por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la PGJE, el político, también militante del PRD, presentó un “notorio aumento en su patrimonio, el cual fue considerado desproporcional a lo que pudiese percibir con motivo de su función”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF.
Mientras continúa la investigación contra el exedil de Iguala José Luis Abarca iniciada en septiembre pasado tras la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que resolver dos nuevos casos de corrupción en gobiernos municipales.
Este martes la dependencia anunció la detención de José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según explicó Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se tienen contabilizadas tres empresas en las que Gallardo Cardona posee participación accionaria, y que eran utilizadas para triangular recursos, presumiblemente con origen ilícito.
“Un dato que ilustra el estilo de vida mantenido por este exservidor público es que en su declaración patrimonial manifestó ser propietario de un violín valuado en más de 5 millones de pesos”, agregó Zerón de Lucio.
Horas después de que el perredista ingresara al Cefereso de Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán informó sobre la aprehensión de Simón Vicente Pacheco, edil de Charapan señalado por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la PGJE, el político, también militante del PRD, presentó un “notorio aumento en su patrimonio, el cual fue considerado desproporcional a lo que pudiese percibir con motivo de su función”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF.
miércoles, 7 de enero de 2015
Peña no hará “mea culpa” por “Casa Blanca”: vocero presidencial
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto no hará un “mea culpa” por el escándalo de la “Casa Blanca” de Angélica Rivera y la relación que el gobierno tiene con el Grupo Higa, advirtió el vocero presidencial Eduardo Sánchez.
De acuerdo con un cable de la Agencia Reuters, en una entrevista con sus corresponsales, Simon Gardner y Ana Isabel Martínez, el vocero reiteró que no existe conflicto de intereses.
“Habrá un mea culpa, y lo habrá siempre cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee. En esa medida lo habrá”, dijo Eduardo Sánchez.
Sin variación en el posicionamiento que expuso desde que se publicó la información de la “Casa Blanca”, la primera quincena de noviembre, el vocero presidencial defendió también la política de seguridad del gobierno federal en la entrevista con Reuters.
“La aplicación de la estrategia nos dice que estamos caminando en el sentido correcto, en la dirección adecuada. Vamos a ser disciplinados, vamos a mantener esta estrategia, le haremos los ajustes necesarios para tener mayor eficacia”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con un cable de la Agencia Reuters, en una entrevista con sus corresponsales, Simon Gardner y Ana Isabel Martínez, el vocero reiteró que no existe conflicto de intereses.
“Habrá un mea culpa, y lo habrá siempre cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee. En esa medida lo habrá”, dijo Eduardo Sánchez.
Sin variación en el posicionamiento que expuso desde que se publicó la información de la “Casa Blanca”, la primera quincena de noviembre, el vocero presidencial defendió también la política de seguridad del gobierno federal en la entrevista con Reuters.
“La aplicación de la estrategia nos dice que estamos caminando en el sentido correcto, en la dirección adecuada. Vamos a ser disciplinados, vamos a mantener esta estrategia, le haremos los ajustes necesarios para tener mayor eficacia”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Sedena: en los cuarteles no hay crematorios; Los Pinos: el Ejército no estuvo en Iguala
La Presidencia de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salieron este miércoles a negar la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.
Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.
Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.
En tanto, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.
“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer este día.
Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.
José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado. VER ADEMÁS: ¿QUEMARON MILITARES A LOS 43 EN HORNOS?
“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.
El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.
Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.
La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.
Sobre estas versiones, el Vocero del gobierno mexicano dijo que “quienes han hecho estas imputaciones lo han hecho con una enorme ligereza y ninguno de ellos ofrece no digamos una prueba, el más mínimo dato”.
Sanchéz Hernández comentó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas “se ha llevado a cabo bajo los más altos estándares de investigación a nivel internacional”.
“Se han consultado laboratorios de medicina forense e identificación genética de Innsbruck, en Austria. En este sentido, no hemos reparado en cualquier apoyo técnico y tecnológico. La investigación está en etapa conclusiva”, refirió el funcionario federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210874.
Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.
Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.
En tanto, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.
“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer este día.
Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.
José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado. VER ADEMÁS: ¿QUEMARON MILITARES A LOS 43 EN HORNOS?
“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.
El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.
Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.
La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.
Sobre estas versiones, el Vocero del gobierno mexicano dijo que “quienes han hecho estas imputaciones lo han hecho con una enorme ligereza y ninguno de ellos ofrece no digamos una prueba, el más mínimo dato”.
Sanchéz Hernández comentó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas “se ha llevado a cabo bajo los más altos estándares de investigación a nivel internacional”.
“Se han consultado laboratorios de medicina forense e identificación genética de Innsbruck, en Austria. En este sentido, no hemos reparado en cualquier apoyo técnico y tecnológico. La investigación está en etapa conclusiva”, refirió el funcionario federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210874.
Alfredo Castillo muestra VIDEOS sobre el enfrentamiento en Apatzingán; rechaza que escena del crimen haya sido manipulada
Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aseguró en conferencia de prensa, con base en videos, que el enfrentamiento durante el desalojo de la Alcaldía en Apatzingán se debió a una emboscada, no a ejecuciones por parte de policías federales.
La confrontación de ayer dejó al menos nueve muertos. Sin embargo, las imágenes de los cuerpos sin vida –difundidas en redes sociales por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia– daban cuenta de más decesos.
Castillo mostró tres videos del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4, los cuales muestran camionetas persiguiendo el convoy de la corporación federal que se dirigía al corralón para el resguardo de vehículos asegurados.
“Hay casquillos percutidos de escopetas, así como de .9 milímetros y .380, armas que no son utilizadas por la Policía Federal, por lo que hay posibilidades de que al menos las cinco víctimas que quedaron en una de las camionetas hayan estado en fuego cruzado”, dijo.
Además, el Comisionado rechazó que la escena del crimen haya sido manipulada.
OTRO TLATLAYA: MONREAL
El Diputado federal Ricardo Monreal Ávila aseguró que Apatzingán es otro Tlatlaya y que el Comisionado de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, debe renunciar.
“Los acontecimientos de Apatzingán apuntan a otro Tlatlaya, donde los escuadrones de la muerte en México amparados, protegidos y pagados desde el Estado mexicano están actuando sin ninguna contemplación y sin ninguna sujeción al estado de derecho”, dijo el Diputado.
Monreal Ávila indicó que los derechos humanos en el país están en su “parte más crítica” y que Alfredo Castillo debe renunciar porque “no creo que le haya dado a Michoacán paz y tranquilidad”, afirmó.
VÍDEO:
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1211364.
La confrontación de ayer dejó al menos nueve muertos. Sin embargo, las imágenes de los cuerpos sin vida –difundidas en redes sociales por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia– daban cuenta de más decesos.
Castillo mostró tres videos del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4, los cuales muestran camionetas persiguiendo el convoy de la corporación federal que se dirigía al corralón para el resguardo de vehículos asegurados.
“Hay casquillos percutidos de escopetas, así como de .9 milímetros y .380, armas que no son utilizadas por la Policía Federal, por lo que hay posibilidades de que al menos las cinco víctimas que quedaron en una de las camionetas hayan estado en fuego cruzado”, dijo.
Además, el Comisionado rechazó que la escena del crimen haya sido manipulada.
OTRO TLATLAYA: MONREAL
El Diputado federal Ricardo Monreal Ávila aseguró que Apatzingán es otro Tlatlaya y que el Comisionado de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, debe renunciar.
“Los acontecimientos de Apatzingán apuntan a otro Tlatlaya, donde los escuadrones de la muerte en México amparados, protegidos y pagados desde el Estado mexicano están actuando sin ninguna contemplación y sin ninguna sujeción al estado de derecho”, dijo el Diputado.
Monreal Ávila indicó que los derechos humanos en el país están en su “parte más crítica” y que Alfredo Castillo debe renunciar porque “no creo que le haya dado a Michoacán paz y tranquilidad”, afirmó.
VÍDEO:
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1211364.
Protestas por Ayotzinapa siguen a Peña en su gira por Veracruz
BOCA DEL RÍO, Ver: Al tiempo que el presidente Enrique Peña Nieto recibía los aplausos de miles de “acarreados” de la CNC, afuera del World Trade Center de esta ciudad cientos de manifestantes repudiaban su gobierno y exigían justicia por Ayotzinapa.
“Lamehuevos del Estado. Sin dignidad”, se advertía en las pancartas y lonas de tela que portaban estudiantes universitarios, ataviados de negro y con los rostros pintados de rojo –para simular sangre–, quienes criticaron el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 26 y 27 de septiembre.
Afuera del centro de convenciones también se manifestaron, megáfono en mano, familiares del reportero de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” por un comando el viernes 2 y cuyo paradero aún no se alcanza ni por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
José Sánchez Ordóñez, hijo del periodista y activista, solicitó la intervención de la PGR y del propio Peña Nieto para que se atraiga la investigación y, de paso, se inicie una investigación formal en contra de Omar Cruz Reyes, alcalde panista de Medellín –municipio donde fue secuestrado Sánchez Cerezo–, quien días antes había lanzado amenazas al reportero de La Unión.
“Ya no podemos esperar más, sabemos que en estos casos los primeros días son vitales. Lo que pedimos es la aparición de Moisés Sánchez, pues sospechamos del alcalde de Medellín Omar Cruz; él ya declaró ante la prensa y dice que tiene la conciencia tranquila, pues que renuncie, se presente a declarar y que el juez determine”, emplazó.
Durante la protesta, los familiares de Moisés Sánchez fueron hostigados por policías estatales, federales y por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), quienes quisieron arrebatar a los inconformes las cartulinas y posteriormente robar el megáfono en donde éstos alzaban su voz de protesta.
Incluso, a los reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que apoyaban la manifestación de la familia del periodista, elementos del EMP los empezaron a “seguir” y tomar fotos y videos de sus rostros y de los logotipos de los medios que representaban.
Aunque en el salón Tajín Peña Nieto exaltaba que al comenzar su tercer año de gobierno ya se empieza a sentir “un proyecto de nación” y una sociedad que trabaja por “el país que todos queremos”, afuera, a unas cuadras, en la entrada al fraccionamiento Costa de Oro, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, más de un centenar de empleados sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fueron “encapsulados” por elementos de la Policía Estatal Acreditable y por fuerzas federales para evitar a toda costa que llegaran al centro comercial Plaza Américas y al WTC, donde acudiría, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, el Ejecutivo federal.
Los sindicalizados del SAS reclaman el pago del aguinaldo, la segunda quincena de diciembre, el fondo de la Caja de Ahorro, así como la compra de uniformes, entre otras prestaciones, que el órgano público descentralizado del gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de solventar, pues recientemente se declaró en quiebra financiera.
En el parque Zamora, cerca del Centro Histórico del puerto de Veracruz, un centenar de trabajadores disidentes de Tenaris Tamsa, agrupados en la organización Movimiento por la Democracia, aprovecharon la visita de Peña Nieto para llamar su atención y repudiar el liderazgo vitalicio del líder priista Pascual Lagunas, quien lleva más de 25 años al frente de los sindicalizados de esa empresa trasnacional.
En el cato del centenario de la promulgación de la Ley Agraria, acontecida en 1915 en Veracruz y promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza, alrededor de diez mil campesinos de Durango, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, Peña Nieto reconoció que aún hay “rezagos” y en el país hay miles de productores que no han podido tener acceso a una “vida digna”.
Sin embargo, el presidente señaló que con el impulso del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan) y el Programa de Apoyo Directo a la Pesca (Propesca), el gobierno de la República busca incentivar la productividad y la fertilidad de la tierra, con lo que se podrán abatir muchos rezagos.
Peña Nieto presumió que para este 2015 hay una bolsa federal de 12 mil millones de pesos para “comercializar” los productos del campo en el ámbito nacional.
De la reunión con su homólogo estadunidense, Barack Obama, el presidente sólo dedicó líneas de disculpas, pues dicha agenda de trabajo le impidió celebrar la promulgación de la Ley Agraria el martes 6 y recorrer el evento un día después.
El político priista optó –en su primera visita a Veracruz en lo que va del año– por resaltar que gracias a las reformas energética y hacendaria, recién aprobadas, se “acabaron” los gasolinazos que “mes con mes lastimaban a las familias mexicanas” y ahora, prometió, vendrá una “disminución paulatina” de las tarifas de luz eléctrica.
Al acto asistió el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el senador Humberto Cota Jiménez, quien expresó que Peña Nieto es el “amigo de los campesinos”.
“La verdad es que lo queremos mucho, señor presidente”, remató Cota Jiménez.
En su intervención, el gobernador Javier Duarte aseguró que el presidente Peña Nieto “es un hombre comprometido con el campo”, cuya demostración queda fuera de duda, al etiquetar, subrayó, un “presupuesto histórico” de 350 mil millones de pesos destinado para el campo.
“En Veracruz usted tiene aliados convencidos de que el rumbo que lleva el campo en el país es el correcto”, expresó Duarte, quien recordó a Peña Nieto que en esta entidad cerca de 40% de la población vive en zonas rurales y, por ende, se dedican a actividades agropecuarias.
Antes de que finalizara el evento y mientras Peña Nieto aún tenía la palabra, un millar de campesinos adheridos a la CNC salieron casi corriendo del recinto, pues debieron movilizarse para no perder los autobuses que los llevarían de regreso a sus lugares de origen.
Sin embargo, para que pasara desapercibida la atropellada salida del campesinado del WTC, personal de logística enfocó las pantallas gigantes del recinto en un close up al rostro del Ejecutivo federal priista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
“Lamehuevos del Estado. Sin dignidad”, se advertía en las pancartas y lonas de tela que portaban estudiantes universitarios, ataviados de negro y con los rostros pintados de rojo –para simular sangre–, quienes criticaron el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 26 y 27 de septiembre.
Afuera del centro de convenciones también se manifestaron, megáfono en mano, familiares del reportero de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” por un comando el viernes 2 y cuyo paradero aún no se alcanza ni por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
José Sánchez Ordóñez, hijo del periodista y activista, solicitó la intervención de la PGR y del propio Peña Nieto para que se atraiga la investigación y, de paso, se inicie una investigación formal en contra de Omar Cruz Reyes, alcalde panista de Medellín –municipio donde fue secuestrado Sánchez Cerezo–, quien días antes había lanzado amenazas al reportero de La Unión.
“Ya no podemos esperar más, sabemos que en estos casos los primeros días son vitales. Lo que pedimos es la aparición de Moisés Sánchez, pues sospechamos del alcalde de Medellín Omar Cruz; él ya declaró ante la prensa y dice que tiene la conciencia tranquila, pues que renuncie, se presente a declarar y que el juez determine”, emplazó.
Durante la protesta, los familiares de Moisés Sánchez fueron hostigados por policías estatales, federales y por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), quienes quisieron arrebatar a los inconformes las cartulinas y posteriormente robar el megáfono en donde éstos alzaban su voz de protesta.
Incluso, a los reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que apoyaban la manifestación de la familia del periodista, elementos del EMP los empezaron a “seguir” y tomar fotos y videos de sus rostros y de los logotipos de los medios que representaban.
Aunque en el salón Tajín Peña Nieto exaltaba que al comenzar su tercer año de gobierno ya se empieza a sentir “un proyecto de nación” y una sociedad que trabaja por “el país que todos queremos”, afuera, a unas cuadras, en la entrada al fraccionamiento Costa de Oro, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, más de un centenar de empleados sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fueron “encapsulados” por elementos de la Policía Estatal Acreditable y por fuerzas federales para evitar a toda costa que llegaran al centro comercial Plaza Américas y al WTC, donde acudiría, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, el Ejecutivo federal.
Los sindicalizados del SAS reclaman el pago del aguinaldo, la segunda quincena de diciembre, el fondo de la Caja de Ahorro, así como la compra de uniformes, entre otras prestaciones, que el órgano público descentralizado del gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de solventar, pues recientemente se declaró en quiebra financiera.
En el parque Zamora, cerca del Centro Histórico del puerto de Veracruz, un centenar de trabajadores disidentes de Tenaris Tamsa, agrupados en la organización Movimiento por la Democracia, aprovecharon la visita de Peña Nieto para llamar su atención y repudiar el liderazgo vitalicio del líder priista Pascual Lagunas, quien lleva más de 25 años al frente de los sindicalizados de esa empresa trasnacional.
En el cato del centenario de la promulgación de la Ley Agraria, acontecida en 1915 en Veracruz y promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza, alrededor de diez mil campesinos de Durango, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, Peña Nieto reconoció que aún hay “rezagos” y en el país hay miles de productores que no han podido tener acceso a una “vida digna”.
Sin embargo, el presidente señaló que con el impulso del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan) y el Programa de Apoyo Directo a la Pesca (Propesca), el gobierno de la República busca incentivar la productividad y la fertilidad de la tierra, con lo que se podrán abatir muchos rezagos.
Peña Nieto presumió que para este 2015 hay una bolsa federal de 12 mil millones de pesos para “comercializar” los productos del campo en el ámbito nacional.
De la reunión con su homólogo estadunidense, Barack Obama, el presidente sólo dedicó líneas de disculpas, pues dicha agenda de trabajo le impidió celebrar la promulgación de la Ley Agraria el martes 6 y recorrer el evento un día después.
El político priista optó –en su primera visita a Veracruz en lo que va del año– por resaltar que gracias a las reformas energética y hacendaria, recién aprobadas, se “acabaron” los gasolinazos que “mes con mes lastimaban a las familias mexicanas” y ahora, prometió, vendrá una “disminución paulatina” de las tarifas de luz eléctrica.
Al acto asistió el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el senador Humberto Cota Jiménez, quien expresó que Peña Nieto es el “amigo de los campesinos”.
“La verdad es que lo queremos mucho, señor presidente”, remató Cota Jiménez.
En su intervención, el gobernador Javier Duarte aseguró que el presidente Peña Nieto “es un hombre comprometido con el campo”, cuya demostración queda fuera de duda, al etiquetar, subrayó, un “presupuesto histórico” de 350 mil millones de pesos destinado para el campo.
“En Veracruz usted tiene aliados convencidos de que el rumbo que lleva el campo en el país es el correcto”, expresó Duarte, quien recordó a Peña Nieto que en esta entidad cerca de 40% de la población vive en zonas rurales y, por ende, se dedican a actividades agropecuarias.
Antes de que finalizara el evento y mientras Peña Nieto aún tenía la palabra, un millar de campesinos adheridos a la CNC salieron casi corriendo del recinto, pues debieron movilizarse para no perder los autobuses que los llevarían de regreso a sus lugares de origen.
Sin embargo, para que pasara desapercibida la atropellada salida del campesinado del WTC, personal de logística enfocó las pantallas gigantes del recinto en un close up al rostro del Ejecutivo federal priista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Las muertes en Apatzingán, otro Tlatlaya: Ricardo Monreal
Ante la versión de posibles ejecuciones, Silvano Aureoles demanda a la PGR no descartar ninguna línea de investigación.
La izquierda en la Cámara de Diputados planteó, por conducto de dos legisladores, Silvano Aureoles y Ricardo Monreal, no descartar ninguna línea de investigación sobre los 11 muertos en Apatzingán, porque hay indicios de que hubo ahí ejecuciones y no muertes por enfrentamientos.
Los acontecimientos en Apatzingán, Michoacán, donde murieron 11 personas la madrugada del lunes, apuntan a otro caso como el de Tlatlaya (donde una veintena de personas fueron asesinadas por militares), acusó el diputado federal Ricardo Monreal.
Tras inscribirse como precandidato de Morena a la Delegación Cuauhtémoc, el legislador sostuvo que en ambos casos se trató de ejecuciones a manos de fuerzas federales y no muertes suscitadas en enfrentamientos.
“Ahora que ha salido el asunto de Tlatlaya y el de Apatzingán, son similares, son ejecuciones y que obviamente, aunque sean presuntos delincuentes, o probables miembros del crimen organizado, tiene que sometérseles a proceso penal, no ejecutarlos.
“Esa es la peor barbarie que puede suceder en cualquier país. Los escuadrones de la muerte amparados, pagados y protegidos desde el Estado mexicano están actuando sin ninguna contemplación y sin ninguna sujeción al Estado de derecho”, expuso.
Por su parte, Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) no descartar ninguna línea de investigación sobre el supuesto enfrentamiento registrado el martes 6 en Michoacán, ante las versiones de posibles ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por elementos de la Policía Federal.
El legislador michoacano (PRD) consideró que ante la gravedad de los hechos, en los que incluso fallecieron algunas mujeres, es indispensable que las autoridades federales vayan a fondo para esclarecer lo ocurrido y fincar responsabilidades.
“Es muy grave, las imágenes son dramáticas, incluso se ve una niña. No tengo elementos, pero la PGR no debe desechar ninguna línea de investigación para deslindar responsabilidades. Es muy grave, por eso la PGR debe ser muy objetiva y no descartar ninguna línea de investigación”, expresó el perredista al ser cuestionado sobre el tema.
El diario Reforma publicó este miércoles que existen versiones encontradas sobre los hechos ocurridos en Apatzingán, que dejaron como saldo 11 muertos, todos civiles, 2 policías federales heridos y 44 detenidos.
Un testigo, cuya identidad fue autentificada por Reforma, pero que pidió anonimato por razones de seguridad, reveló que por lo menos tres personas fueron ejecutadas cuando se habían rendido, que tenían las manos en la nuca e iban desarmada.
Para Monreal, los derechos humanos en México están en la fase más crítica del periodo moderno. Sostuvo que el comisionado federal, Alfredo Castillo, es un “lastre” para Michoacán, pues no le ha dado a la entidad ni paz ni tranquilidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La izquierda en la Cámara de Diputados planteó, por conducto de dos legisladores, Silvano Aureoles y Ricardo Monreal, no descartar ninguna línea de investigación sobre los 11 muertos en Apatzingán, porque hay indicios de que hubo ahí ejecuciones y no muertes por enfrentamientos.
Los acontecimientos en Apatzingán, Michoacán, donde murieron 11 personas la madrugada del lunes, apuntan a otro caso como el de Tlatlaya (donde una veintena de personas fueron asesinadas por militares), acusó el diputado federal Ricardo Monreal.
Tras inscribirse como precandidato de Morena a la Delegación Cuauhtémoc, el legislador sostuvo que en ambos casos se trató de ejecuciones a manos de fuerzas federales y no muertes suscitadas en enfrentamientos.
“Ahora que ha salido el asunto de Tlatlaya y el de Apatzingán, son similares, son ejecuciones y que obviamente, aunque sean presuntos delincuentes, o probables miembros del crimen organizado, tiene que sometérseles a proceso penal, no ejecutarlos.
“Esa es la peor barbarie que puede suceder en cualquier país. Los escuadrones de la muerte amparados, pagados y protegidos desde el Estado mexicano están actuando sin ninguna contemplación y sin ninguna sujeción al Estado de derecho”, expuso.
Por su parte, Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) no descartar ninguna línea de investigación sobre el supuesto enfrentamiento registrado el martes 6 en Michoacán, ante las versiones de posibles ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por elementos de la Policía Federal.
El legislador michoacano (PRD) consideró que ante la gravedad de los hechos, en los que incluso fallecieron algunas mujeres, es indispensable que las autoridades federales vayan a fondo para esclarecer lo ocurrido y fincar responsabilidades.
“Es muy grave, las imágenes son dramáticas, incluso se ve una niña. No tengo elementos, pero la PGR no debe desechar ninguna línea de investigación para deslindar responsabilidades. Es muy grave, por eso la PGR debe ser muy objetiva y no descartar ninguna línea de investigación”, expresó el perredista al ser cuestionado sobre el tema.
El diario Reforma publicó este miércoles que existen versiones encontradas sobre los hechos ocurridos en Apatzingán, que dejaron como saldo 11 muertos, todos civiles, 2 policías federales heridos y 44 detenidos.
Un testigo, cuya identidad fue autentificada por Reforma, pero que pidió anonimato por razones de seguridad, reveló que por lo menos tres personas fueron ejecutadas cuando se habían rendido, que tenían las manos en la nuca e iban desarmada.
Para Monreal, los derechos humanos en México están en la fase más crítica del periodo moderno. Sostuvo que el comisionado federal, Alfredo Castillo, es un “lastre” para Michoacán, pues no le ha dado a la entidad ni paz ni tranquilidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Delegado de Iztapalapa declara el viernes ante PGJDF y Contraloría
México, DF. El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, aseguró que se presentará a declarar ante la Contraloría General del Distrito Federal y la Procuraduría capitalina sobre la investigación que se inició por un presunto conflicto de intereses en su administración.
En una atropellada entrevista en la explanada del Jardín Cuitláhuac, el funcionario precisó que será este viernes cuando acuda a su primera cita, y la segunda hasta el miércoles de la próxima semana.
Valencia se negó a dar mayores declaraciones a la prensa, con el argumento de que está siendo sujeto a una investigación, lo que le impide hablar al respecto.
El titular de Iztapalapa es investigado por las autoridades capitalinas luego de que protagonizara una choque a finales del año pasado en una camioneta Jeep Grand Cherokee perteneciente a una de las empresas proveedoras de la demarcación. Este es el primer evento público al que acude tras el incidente.
Por otra parte, el procurador de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó en entrevista que “se continuará con la averiguación previa como en todas ellas, si falta haber derivado de esta declaración que realice, si aporta algún elemento que se tenga que verificar o que se tenga que investigar por parte del Ministerio Público, habrá que hacerlo y en su momento resolver o determinar jurídicamente la averiguación previa”.
Hasta el momento la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina, ha realizado varias diligencias y permanece en contacto con la Contraloría General “estamos en espera de que también lo resuelvan, lo determinen y en su caso si derivado de aquella investigación administrativa surge algo que tenga que dar vista al Ministerio Público, estamos en espera de que lo haga”, abundó Ríos Garza. Indicó que hasta el momento, “no tenemos todavía algún delito en específico, que ya se encuentre tipificado en la averiguación previa” pero seguirán con la indagatoria.
AUTOR: Josefina Quintero M y Rocío González.
Seis de cada 10 aspirantes a maestros reprueba el examen para enseñar en educación básica
Cifras de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente indican que 60% de los aspirantes a maestros que presentaron el examen no obtuvo una calificación que los certifica como “maestros idóneos”.
Los resultados del Concurso de Oposición de Educación Básica establecen que seis de cada 10 aspirantes a maestros no podrán dar clases en las escuelas públicas porque sólo nueve mil 719 de los 16 mil 683 aspirantes que presentaron la prueba alcanzaron el nivel de “maestro idóneo” en los exámenes.
Así lo revelan las cifras dadas a conocer por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que agregan que el estado con nivel más bajo de los aspirantes es Nayarit, puesto que de los 20 aspirantes que presentaron el examen (12 de ellos egresados de escuelas normales) sólo uno obtuvo el grado de “maestro idóneo”.
Del total de aspirantes, 280 aspirantes a maestros se ubicaron en el nivel A de desempeño, ya que alcanzaron el nivel III, el más alto, en los dos instrumentos aplicados en su proceso de evaluación.
El nivel B reúne a mil 489 aspirantes, quienes alcanzaron el nivel II en uno de los dos instrumentos de evaluación y el nivel III en el otro.
En ese mismo nivel pero en un tercer grupo se ubica el 29 por ciento de quienes alcanzaron el nivel de idóneo para dar clases, mientras que el grupo C está conformado por cuatro mil 721 aspirantes que alcanzaron el nivel II en los dos instrumentos presentados.
En el nivel D se ubican 74 de los aspirantes que obtuvieron el nivel II, no sólo en las dos evaluaciones generales, sino en la complementaria, por tratarse de plazas de educación indígena, especial o tecnológica.
La Secretaría de Educación Pública detalló que los maestros fueron evaluados en conocimientos y habilidades para la práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades éticas, así como en evaluación complementaria o adicional. Agregó que las plazas serán asignadas a partir del 16 de enero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los resultados del Concurso de Oposición de Educación Básica establecen que seis de cada 10 aspirantes a maestros no podrán dar clases en las escuelas públicas porque sólo nueve mil 719 de los 16 mil 683 aspirantes que presentaron la prueba alcanzaron el nivel de “maestro idóneo” en los exámenes.
Así lo revelan las cifras dadas a conocer por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que agregan que el estado con nivel más bajo de los aspirantes es Nayarit, puesto que de los 20 aspirantes que presentaron el examen (12 de ellos egresados de escuelas normales) sólo uno obtuvo el grado de “maestro idóneo”.
Del total de aspirantes, 280 aspirantes a maestros se ubicaron en el nivel A de desempeño, ya que alcanzaron el nivel III, el más alto, en los dos instrumentos aplicados en su proceso de evaluación.
El nivel B reúne a mil 489 aspirantes, quienes alcanzaron el nivel II en uno de los dos instrumentos de evaluación y el nivel III en el otro.
En ese mismo nivel pero en un tercer grupo se ubica el 29 por ciento de quienes alcanzaron el nivel de idóneo para dar clases, mientras que el grupo C está conformado por cuatro mil 721 aspirantes que alcanzaron el nivel II en los dos instrumentos presentados.
En el nivel D se ubican 74 de los aspirantes que obtuvieron el nivel II, no sólo en las dos evaluaciones generales, sino en la complementaria, por tratarse de plazas de educación indígena, especial o tecnológica.
La Secretaría de Educación Pública detalló que los maestros fueron evaluados en conocimientos y habilidades para la práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades éticas, así como en evaluación complementaria o adicional. Agregó que las plazas serán asignadas a partir del 16 de enero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Morena, por las canicas de PRD en DF: ficha a Delgado y manda a Monreal por la Cuauhtémoc
El Senador Mario Delgado Carrillo anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en lo que se prevé que sea el inicio de una desbandada de legisladores a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se formalizó con el inicio del registro de Ricardo Monreal Ávila para contender por la Delegación Cuauhtémoc.
El legislador, quien también anunció se incorporación a Morena, aseguró que su salida se debe al acercamiento del PRD con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos dos años.
Delgado afirmó que es urgente para la izquierda construir una propuesta diferente que logre la credibilidad y el apoyo de la mayoría del pueblo para lograr un cambio en el país y encauzarlo en la ruta del desarrollo económico, la equidad y la justicia.
“Desafortunadamente, el camino que el PRD ha elegido no parece conducirlo en el corto plazo, y el país ya no aguanta más. Por ello en un acto de congruencia he decidido renunciar al PRD a partir de esta fecha”, comentó.
Indicó que Morena es esa opción de izquierda renovada, para contra restar la grave crisis política, de inseguridad y de derechos humanos en que ha caído el país desde el regreso del PRI a Los Pinos.
“He decidido aceptar la invitación de Morena para incorporarme a sus filas y sí efectivamente me voy a Morena”.
“Mi motivación aquí es por las condiciones en el país, necesitamos la posibilidad de crear una opción que sí lo lleve al cambio y la ruta que sigue el PRD pues parece que es la ruta larga, no veo en el corto plazo que sea capaz de propiciar ese cambio. Y creo que Morena lo puede lograr, porque Morena es una fuerza nueva, que viene con el esfuerzo admirable de muchos ciudadanos y creo que desde allí es posible lograr un movimiento para efectivamente cambiar a nuestro país”.
Delgado llegó al Senado como parte de la corriente de expresión perredista afín al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Por lo que su distanciamiento con el PRD se acentuó tras la elección interna en donde Carlos Navarrete resultó ganador como presidente del Sol Azteca, en medio de críticas de los afines a Ebrard por una campaña electoral sucia y desleal.
En el Senado, Delgado es presidente de la Comisión del Distrito Federal, por lo que ha sido uno de los más activos en las negociaciones de la Reforma Política del Distrito Federal, la cual no ha salido adelante por la falta de interés del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), que consideran que la reforma beneficiará políticamente al Sol Azteca en la capital del país.
Durante el gobierno capitalino de este último, Delgado fungió como Secretario de Finanzas y posteriormente como Secretaria de Educación.
Por la mañana, Monreal Ávila aseguró que “vamos a rescatar a la delegación de las prácticas en las que está sumida. Es la delegación más corrupta del Distrito Federal y como Morena vamos a cambiar la forma de hacer las cosas”, tras realizar su registro y encabezar un mitin con unas 150 personas.
Monreal Ávila anunció que iniciará su precampaña por las colonias de la demarcación a partir del 18 de enero. “Soy vecino de la delegación desde hace 10 años y vamos a terminar con las extorsiones y cobro de uso de suelo para acabar con la corrupción”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta y Shaila Rosagel
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210988.
El legislador, quien también anunció se incorporación a Morena, aseguró que su salida se debe al acercamiento del PRD con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos dos años.
Delgado afirmó que es urgente para la izquierda construir una propuesta diferente que logre la credibilidad y el apoyo de la mayoría del pueblo para lograr un cambio en el país y encauzarlo en la ruta del desarrollo económico, la equidad y la justicia.
“Desafortunadamente, el camino que el PRD ha elegido no parece conducirlo en el corto plazo, y el país ya no aguanta más. Por ello en un acto de congruencia he decidido renunciar al PRD a partir de esta fecha”, comentó.
Indicó que Morena es esa opción de izquierda renovada, para contra restar la grave crisis política, de inseguridad y de derechos humanos en que ha caído el país desde el regreso del PRI a Los Pinos.
“He decidido aceptar la invitación de Morena para incorporarme a sus filas y sí efectivamente me voy a Morena”.
“Mi motivación aquí es por las condiciones en el país, necesitamos la posibilidad de crear una opción que sí lo lleve al cambio y la ruta que sigue el PRD pues parece que es la ruta larga, no veo en el corto plazo que sea capaz de propiciar ese cambio. Y creo que Morena lo puede lograr, porque Morena es una fuerza nueva, que viene con el esfuerzo admirable de muchos ciudadanos y creo que desde allí es posible lograr un movimiento para efectivamente cambiar a nuestro país”.
Delgado llegó al Senado como parte de la corriente de expresión perredista afín al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Por lo que su distanciamiento con el PRD se acentuó tras la elección interna en donde Carlos Navarrete resultó ganador como presidente del Sol Azteca, en medio de críticas de los afines a Ebrard por una campaña electoral sucia y desleal.
En el Senado, Delgado es presidente de la Comisión del Distrito Federal, por lo que ha sido uno de los más activos en las negociaciones de la Reforma Política del Distrito Federal, la cual no ha salido adelante por la falta de interés del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), que consideran que la reforma beneficiará políticamente al Sol Azteca en la capital del país.
Durante el gobierno capitalino de este último, Delgado fungió como Secretario de Finanzas y posteriormente como Secretaria de Educación.
Por la mañana, Monreal Ávila aseguró que “vamos a rescatar a la delegación de las prácticas en las que está sumida. Es la delegación más corrupta del Distrito Federal y como Morena vamos a cambiar la forma de hacer las cosas”, tras realizar su registro y encabezar un mitin con unas 150 personas.
Monreal Ávila anunció que iniciará su precampaña por las colonias de la demarcación a partir del 18 de enero. “Soy vecino de la delegación desde hace 10 años y vamos a terminar con las extorsiones y cobro de uso de suelo para acabar con la corrupción”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta y Shaila Rosagel
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210988.
Activistas protestan en la Ciudad de México contra la desaparición del periodista veracruzano
Un pequeño grupo de activistas acudió esta tarde a las oficinas de la Representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México para expresar su repudio por la desaparición del periodista y activista Moisés Sánchez, director del diario La Unión del Medellín de Bravo.
“Exigimos justicia por los 43, por Tlatlaya y los miles de desaparecidos. Es un agravio más. Una prueba de que México está en emergencia”, dijo María Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
El periodista Témoris Grecko afirmó en la manifestación que “los periodistas estamos expuestos, sobre todo en las localidades pequeñas. El gobierno de Veracruz está enviando el mensaje de que no le importa garantizar la libertad de expresión ni el derecho a la información”.
Al llamado de Chávez en redes sociales para acudir a protestar frente a la casona ubicada en La calle de Marsella, acudieron tres personas, quienes colocaron cartulinas con mensajes sobre la reja de entrada.
“Es tal vez parte de los muchos problemas que hay”, comentó la mujer respecto a la poca asistencia.
Ayer, varias organizaciones pro derechos humanos, entre las que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como periodistas mexicanos urgieron al Gobierno a través de las redes sociales a que encuentre con vida al activista y periodista José Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido la noche del 2 de enero en Medellín de Bravo, Veracruz. Todas las organizaciones denuncian las continuas agresiones contra periodistas en el estado.
Moisés Sánchez, director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo –medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio–, fue sacado con violencia de su casa y privado de su libertad alrededor de las 19:00 horas, según testigos.
El pasado 3 de enero, la organización internacional Artículo 19 denunció que el periodista veracruzano recibió amenazas del Alcalde panista de este municipio, Omar Cruz Reyes, tres días antes de que fuera secuestrado por hombres armados.
La organización detalló a través de un comunicado que de acuerdo con información proporcionada de manera anónima, el trabajo periodístico y el activismo de Sánchez Cerezo pudo haber provocado el enojo del Edil pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
La organización internacional con sede en Londres PEN México también condenó los hechos. En su comunicado denuncia “enérgicamente la detención arbitraria y violenta de que fue víctima el periodista y fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo” y aporta datos sobre la violencia en el estado: “Veracruz continúa siendo el estado más violento para la prensa. Desde el año 2000, se han registrado el asesinato de 15 comunicadores en el estado, y cinco más se encuentran desaparecidos, todos estos casos aún en completa impunidad”.
La CIDH emitió un informe en el que destacó la situación de violencia padecida contra los periodistas en Veracruz. De acuerdo con sus registros, de 2010 al día de hoy, la Comisión recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación y ha confirmado 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Además, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
36 POLICÍAS DE VERACRUZ DECLARAN
El Procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que 36 policías del municipio Medellín de Bravo fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.
Ángel Bravo detalló en entrevista radiofónica para Grupo Imagen que los elementos policiacos rendirán su declaración en torno al caso en las instalaciones de la PGJ en Xalapa.
“En este momento, la Policía Ministerial está tomando 36 policías municipales de Medellín, los va a presentar a declarar a la Procuraduría, aquí a la dirección general”, dijo el Procurador.
El fiscal de Veracruz señaló el activismo del director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo como una de las líneas más sólidas sobre su desaparición: “Es debido al diferendo que sostenía Moisés como activista, demandando constantemente al Alcalde obras incumplidas, demandando seguridad, demandando tantas cosas del gobierno municipal”, especificó.
Acerca de la posible detención del Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, dijo que “el derecho veracruzano tutela con fuero a los alcaldes”, pero mencionó que más adelante se darán a conocer “los medios y formas a través de los cuales se hará comparecer al alcalde cuando ya los indicios que se tengan sean contundentes”.
Mediante en un comunicado, la PGJ explicó que el operativo para trasladar a los 36 efectivos de la Policía de Medellín se realizó esta mañana y que la seguridad pública del municipio “queda en responsabilidad de las autoridades estatales a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
El boletín informa que en las próximas horas se definirá la situación legal de los policías municipales, incluidos los dos elementos que fueron retenidos para la investigación el lunes pasado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1211346.
“Exigimos justicia por los 43, por Tlatlaya y los miles de desaparecidos. Es un agravio más. Una prueba de que México está en emergencia”, dijo María Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
El periodista Témoris Grecko afirmó en la manifestación que “los periodistas estamos expuestos, sobre todo en las localidades pequeñas. El gobierno de Veracruz está enviando el mensaje de que no le importa garantizar la libertad de expresión ni el derecho a la información”.
Al llamado de Chávez en redes sociales para acudir a protestar frente a la casona ubicada en La calle de Marsella, acudieron tres personas, quienes colocaron cartulinas con mensajes sobre la reja de entrada.
“Es tal vez parte de los muchos problemas que hay”, comentó la mujer respecto a la poca asistencia.
Ayer, varias organizaciones pro derechos humanos, entre las que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como periodistas mexicanos urgieron al Gobierno a través de las redes sociales a que encuentre con vida al activista y periodista José Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido la noche del 2 de enero en Medellín de Bravo, Veracruz. Todas las organizaciones denuncian las continuas agresiones contra periodistas en el estado.
Moisés Sánchez, director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo –medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio–, fue sacado con violencia de su casa y privado de su libertad alrededor de las 19:00 horas, según testigos.
El pasado 3 de enero, la organización internacional Artículo 19 denunció que el periodista veracruzano recibió amenazas del Alcalde panista de este municipio, Omar Cruz Reyes, tres días antes de que fuera secuestrado por hombres armados.
La organización detalló a través de un comunicado que de acuerdo con información proporcionada de manera anónima, el trabajo periodístico y el activismo de Sánchez Cerezo pudo haber provocado el enojo del Edil pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
La organización internacional con sede en Londres PEN México también condenó los hechos. En su comunicado denuncia “enérgicamente la detención arbitraria y violenta de que fue víctima el periodista y fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo” y aporta datos sobre la violencia en el estado: “Veracruz continúa siendo el estado más violento para la prensa. Desde el año 2000, se han registrado el asesinato de 15 comunicadores en el estado, y cinco más se encuentran desaparecidos, todos estos casos aún en completa impunidad”.
La CIDH emitió un informe en el que destacó la situación de violencia padecida contra los periodistas en Veracruz. De acuerdo con sus registros, de 2010 al día de hoy, la Comisión recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación y ha confirmado 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Además, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
“La situación de violencia contra los y las periodistas en México – especialmente en el estado de Veracruz – ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen está asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o su labor de defensa de los derechos humanos. De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales”.La CIDH también destaca que Sánchez Cerezo había denunciado ser víctima de amenazas de un grupo armado que rondó su casa tres días antes de su desaparición.
36 POLICÍAS DE VERACRUZ DECLARAN
El Procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que 36 policías del municipio Medellín de Bravo fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.
Ángel Bravo detalló en entrevista radiofónica para Grupo Imagen que los elementos policiacos rendirán su declaración en torno al caso en las instalaciones de la PGJ en Xalapa.
“En este momento, la Policía Ministerial está tomando 36 policías municipales de Medellín, los va a presentar a declarar a la Procuraduría, aquí a la dirección general”, dijo el Procurador.
El fiscal de Veracruz señaló el activismo del director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo como una de las líneas más sólidas sobre su desaparición: “Es debido al diferendo que sostenía Moisés como activista, demandando constantemente al Alcalde obras incumplidas, demandando seguridad, demandando tantas cosas del gobierno municipal”, especificó.
Acerca de la posible detención del Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, dijo que “el derecho veracruzano tutela con fuero a los alcaldes”, pero mencionó que más adelante se darán a conocer “los medios y formas a través de los cuales se hará comparecer al alcalde cuando ya los indicios que se tengan sean contundentes”.
Mediante en un comunicado, la PGJ explicó que el operativo para trasladar a los 36 efectivos de la Policía de Medellín se realizó esta mañana y que la seguridad pública del municipio “queda en responsabilidad de las autoridades estatales a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.
El boletín informa que en las próximas horas se definirá la situación legal de los policías municipales, incluidos los dos elementos que fueron retenidos para la investigación el lunes pasado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1211346.
El Alcalde priista de Ensenada, regidores y hasta secretarios tienen familiares en nómina
Secretarios, directores, regidores y hasta el Alcalde de Ensenada, el priista Gilberto Hirata Chico, mantienen en la nómina municipal a familiares directos que se benefician del erario público, con sueldos que alcanzan el millón de pesos al año.
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Baja California, que advierte que ningún funcionario de primer nivel puede favorecer a cónyuges, parientes o consanguíneos hasta en cuarto grado.
En un análisis hecho a la nómina municipal a través de Transparencia, se detectó que existen empleados cuyos nombres siguen en la nómina y fueron despedidos hace más de un año, con sueldos por asesorías desde 2 mil hasta 15 mil pesos. Además, estos ex trabajadores aseguran que los sueldos que se reflejan a través de Transparencia están inflados, ya que jamás recibieron esas cantidades. Apellidos como Navarro en Oficialía Mayor, Lozano en Tesorería y Medina en el DIF, aparecen en la relación de sueldos sin que éstos tengan alguna relación laboral con dichas instituciones.
Una solicitud de ZETA hecha a través de Transparencia para saber cuánto gasta el Ayuntamiento de Ensenada en pago de empleados que se encuentran en la modalidad Asimilables a Sueldos, no fue respondida en su totalidad. En lo que va de la administración han recortado al 25 por ciento del personal que trabajaba con el ex presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, pero no detallan si han contratado a más personas de las que prescindieron.
LOS HIJOS DE HIRATA
Uno de los primeros en poner el ejemplo fue el Alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, quien devenga 86 mil pesos mensuales y, al inicio de su administración, reconoció que su hijo, Takayuki Hirata, se encargaba del diseño de imagen de su gobierno, y aunque no aparece en la nómina como tal, se le encomendaron dichos trabajos por ser la persona de mayor “confianza” para el primer Edil.
“La Ley te lo prohíbe… no así tajante, pero puedes adquirir servicios profesionales; podría ser por diferentes fuentes, pero por esa parte quiero decirles que, bueno, es la primera oportunidad y, después de 15 años que [Takayuki] ha estado colaborando conmigo, el hecho de que le dé la oportunidad de colaborar con nosotros, es que se le está brindando la oportunidad. Si vemos que hay un problema más grande, pues desistiremos del servicio”, declaró el presidente municipal en aquella ocasión.
Otra forma de apoyar a la economía de la familia de su primogénito, Hirata Novoa, fue contratando a su nuera Raquel Novoa Martínez como asistente de la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Consuelo Mora de Hirata, quien percibe un sueldo mensual de 14 mil 594 pesos, según datos de la plantilla de empleados de confianza del XXI Ayuntamiento que se encuentra en el portal de Transparencia.
De igual manera, el Secretario de Desarrollo Social, Samuel Albestrain Pérez, tiene a su padre, Samuel Albestrain Cárdenas, como coordinador de Salones y Videojuegos del Departamento de Alcohole. Los dos se llevan alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Por su parte, José Guadalupe Ríos Vela, oficial mayor del Ayuntamiento, tiene en la plantilla de trabajadores a su hijo Salvador Ríos Montes, encargado del Departamento de Normatividad en Sindicatura, entre otros familiares indirectos. Ambos cobran cerca de 60 mil pesos al mes, mientras que entre el regidor César García Urías, su esposa Brenda Razo Higuera en Oficialía Mayor, y el hermano del edil, Miguel García Urías en el Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE), se llevan casi 93 mil pesos cada treinta días.
ZETA buscó una entrevista en Oficialía Mayor, pero no hubo respuesta por parte de la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento. Ante la negativa, se hizo un segundo intento de una entrevista informal, donde el servidor público acaso advirtió que desconoce las anomalías en la nómina, tampoco sabe la penalización por los casos de nepotismo ni el número de empleados a su cargo. “No le voy a responder nada”, dijo Ríos Vela, tajante y evasivo.
También Julio César Herrera es asesor del Presidente Municipal, y su hijo, Jorge Carlos Herrera Valleján, funge como subsecretario del Ayuntamiento.
La Regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ana Daniela García Salgado, tiene a su hermano, Sergio García Salgado, quien es subdirector de Ecología Municipal. A esta lista se suman apellidos como Villalobos, Alor, Valleján, entre otros que, a pleno conocimiento de Oficialía Mayor, violan lo estipulado por la Ley.
Al respecto, el Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, informó que en su momento inició una investigación sobre el posible caso de nepotismo por parte del alcalde, pero como el hijo no se encuentra en la nómina, no hay delito qué perseguir. Por otra parte, aclaró que independientemente de que sea una falta o no, el beneficiar a familiares a través de la función pública es un hecho que “se ve mal”.
DENUNCIAN A OFICIAL MAYOR
El Oficial Mayor, Guadalupe Ríos Vela, recibió una queja y denuncia por parte del Síndico Social, Félix Francisco Ojeda Ortega, por incurrir en actos de nepotismo en el gobierno de Ensenada.
El documento presentado a Sindicatura Municipal refiere que el Oficial Mayor contrató a Carmen Elena Gómez Gloria, como directora de Recursos Materiales del XXI ayuntamiento, misma que procreó un hijo con el hermano de éste.
Aunque Carmen Elena Gómez aparece en el directorio del ayuntamiento con dicho cargo, en la nómina de Transparencia omitieron su puesto y el sueldo catorcenal que cobra.
El panista informó que, de acuerdo al Artículo 6, 7 y 16 fracción décima de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, el señalado cometió conductas o actos irregulares para favorecer a familiares.
“Todo está comprobado y por eso exhibí una copia original del acta de nacimiento donde acreditó que el hermano del Oficial tiene un hijo con ella. Esas son conductas son graves”, resaltó.
El documento entregado al Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, refiere que la denuncia es contra quien resulte responsable por las irregularidades administrativas. Por lo anterior, pidió que se sancione a las personas involucradas en este delito.
A HIRATA LE FALTA LIDERAZGO: PAN
Para el dirigente del comité local del Partido Acción Nacional (PAN), Hugo Zepeda Berrelleza, el gobierno de Hirata Chico reprobó en los primeros 120 días de iniciada su gestión, y lo enmarcó como “decepcionante”, en función de las altas expectativas que se formaron al inicio de su campaña electoral durante el proceso, después de que fue electo y en su toma de posesión.
“No podemos echarle la culpa a la falta de recursos, sino aplicarse en los temas y ser creativos para resolverlos. Tiene que tomar decisiones importantes dentro de su gabinete y su estructura del gasto en relación con la nómina, que finalmente no le ha permitido operar de manera adecuada al Ayuntamiento, y la ciudad de Ensenada requiere de alguien que ejerza un profundo liderazgo, alguien que esté consciente de la problemática en la que vivimos y que anteponga los intereses personales y de grupo en beneficio de los ciudadanos”, expuso.
Según el dirigente, Hirata Chico ha contratado a más personas de las que pudo recortar porque, en términos de los montos que se manejan, no ha habido una disminución real.
“No hay una planeación financiera adecuada y de nada sirve que en papel hayan disminuido el presupuesto del ex presidente Enrique Pelayo Torres, porque el presupuesto de ingresos es irreal para soportar el gasto esperado y lo han venido haciendo sobre las rodillas. Esas proyecciones no reflejan la realidad, pero lo importante es que asuman su responsabilidad con seriedad y un comienzo con los ciudadanos de Ensenada, además que sean transparentes con su actividad profesional”, finalizó Zepeda.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/Lorena Lamas.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1209963.
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Baja California, que advierte que ningún funcionario de primer nivel puede favorecer a cónyuges, parientes o consanguíneos hasta en cuarto grado.
En un análisis hecho a la nómina municipal a través de Transparencia, se detectó que existen empleados cuyos nombres siguen en la nómina y fueron despedidos hace más de un año, con sueldos por asesorías desde 2 mil hasta 15 mil pesos. Además, estos ex trabajadores aseguran que los sueldos que se reflejan a través de Transparencia están inflados, ya que jamás recibieron esas cantidades. Apellidos como Navarro en Oficialía Mayor, Lozano en Tesorería y Medina en el DIF, aparecen en la relación de sueldos sin que éstos tengan alguna relación laboral con dichas instituciones.
Una solicitud de ZETA hecha a través de Transparencia para saber cuánto gasta el Ayuntamiento de Ensenada en pago de empleados que se encuentran en la modalidad Asimilables a Sueldos, no fue respondida en su totalidad. En lo que va de la administración han recortado al 25 por ciento del personal que trabajaba con el ex presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, pero no detallan si han contratado a más personas de las que prescindieron.
LOS HIJOS DE HIRATA
Uno de los primeros en poner el ejemplo fue el Alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, quien devenga 86 mil pesos mensuales y, al inicio de su administración, reconoció que su hijo, Takayuki Hirata, se encargaba del diseño de imagen de su gobierno, y aunque no aparece en la nómina como tal, se le encomendaron dichos trabajos por ser la persona de mayor “confianza” para el primer Edil.
“La Ley te lo prohíbe… no así tajante, pero puedes adquirir servicios profesionales; podría ser por diferentes fuentes, pero por esa parte quiero decirles que, bueno, es la primera oportunidad y, después de 15 años que [Takayuki] ha estado colaborando conmigo, el hecho de que le dé la oportunidad de colaborar con nosotros, es que se le está brindando la oportunidad. Si vemos que hay un problema más grande, pues desistiremos del servicio”, declaró el presidente municipal en aquella ocasión.
Otra forma de apoyar a la economía de la familia de su primogénito, Hirata Novoa, fue contratando a su nuera Raquel Novoa Martínez como asistente de la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Consuelo Mora de Hirata, quien percibe un sueldo mensual de 14 mil 594 pesos, según datos de la plantilla de empleados de confianza del XXI Ayuntamiento que se encuentra en el portal de Transparencia.
De igual manera, el Secretario de Desarrollo Social, Samuel Albestrain Pérez, tiene a su padre, Samuel Albestrain Cárdenas, como coordinador de Salones y Videojuegos del Departamento de Alcohole. Los dos se llevan alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Por su parte, José Guadalupe Ríos Vela, oficial mayor del Ayuntamiento, tiene en la plantilla de trabajadores a su hijo Salvador Ríos Montes, encargado del Departamento de Normatividad en Sindicatura, entre otros familiares indirectos. Ambos cobran cerca de 60 mil pesos al mes, mientras que entre el regidor César García Urías, su esposa Brenda Razo Higuera en Oficialía Mayor, y el hermano del edil, Miguel García Urías en el Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE), se llevan casi 93 mil pesos cada treinta días.
ZETA buscó una entrevista en Oficialía Mayor, pero no hubo respuesta por parte de la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento. Ante la negativa, se hizo un segundo intento de una entrevista informal, donde el servidor público acaso advirtió que desconoce las anomalías en la nómina, tampoco sabe la penalización por los casos de nepotismo ni el número de empleados a su cargo. “No le voy a responder nada”, dijo Ríos Vela, tajante y evasivo.
También Julio César Herrera es asesor del Presidente Municipal, y su hijo, Jorge Carlos Herrera Valleján, funge como subsecretario del Ayuntamiento.
La Regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ana Daniela García Salgado, tiene a su hermano, Sergio García Salgado, quien es subdirector de Ecología Municipal. A esta lista se suman apellidos como Villalobos, Alor, Valleján, entre otros que, a pleno conocimiento de Oficialía Mayor, violan lo estipulado por la Ley.
Al respecto, el Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, informó que en su momento inició una investigación sobre el posible caso de nepotismo por parte del alcalde, pero como el hijo no se encuentra en la nómina, no hay delito qué perseguir. Por otra parte, aclaró que independientemente de que sea una falta o no, el beneficiar a familiares a través de la función pública es un hecho que “se ve mal”.
DENUNCIAN A OFICIAL MAYOR
El Oficial Mayor, Guadalupe Ríos Vela, recibió una queja y denuncia por parte del Síndico Social, Félix Francisco Ojeda Ortega, por incurrir en actos de nepotismo en el gobierno de Ensenada.
El documento presentado a Sindicatura Municipal refiere que el Oficial Mayor contrató a Carmen Elena Gómez Gloria, como directora de Recursos Materiales del XXI ayuntamiento, misma que procreó un hijo con el hermano de éste.
Aunque Carmen Elena Gómez aparece en el directorio del ayuntamiento con dicho cargo, en la nómina de Transparencia omitieron su puesto y el sueldo catorcenal que cobra.
El panista informó que, de acuerdo al Artículo 6, 7 y 16 fracción décima de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, el señalado cometió conductas o actos irregulares para favorecer a familiares.
“Todo está comprobado y por eso exhibí una copia original del acta de nacimiento donde acreditó que el hermano del Oficial tiene un hijo con ella. Esas son conductas son graves”, resaltó.
El documento entregado al Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, refiere que la denuncia es contra quien resulte responsable por las irregularidades administrativas. Por lo anterior, pidió que se sancione a las personas involucradas en este delito.
A HIRATA LE FALTA LIDERAZGO: PAN
Para el dirigente del comité local del Partido Acción Nacional (PAN), Hugo Zepeda Berrelleza, el gobierno de Hirata Chico reprobó en los primeros 120 días de iniciada su gestión, y lo enmarcó como “decepcionante”, en función de las altas expectativas que se formaron al inicio de su campaña electoral durante el proceso, después de que fue electo y en su toma de posesión.
“No podemos echarle la culpa a la falta de recursos, sino aplicarse en los temas y ser creativos para resolverlos. Tiene que tomar decisiones importantes dentro de su gabinete y su estructura del gasto en relación con la nómina, que finalmente no le ha permitido operar de manera adecuada al Ayuntamiento, y la ciudad de Ensenada requiere de alguien que ejerza un profundo liderazgo, alguien que esté consciente de la problemática en la que vivimos y que anteponga los intereses personales y de grupo en beneficio de los ciudadanos”, expuso.
Según el dirigente, Hirata Chico ha contratado a más personas de las que pudo recortar porque, en términos de los montos que se manejan, no ha habido una disminución real.
“No hay una planeación financiera adecuada y de nada sirve que en papel hayan disminuido el presupuesto del ex presidente Enrique Pelayo Torres, porque el presupuesto de ingresos es irreal para soportar el gasto esperado y lo han venido haciendo sobre las rodillas. Esas proyecciones no reflejan la realidad, pero lo importante es que asuman su responsabilidad con seriedad y un comienzo con los ciudadanos de Ensenada, además que sean transparentes con su actividad profesional”, finalizó Zepeda.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/Lorena Lamas.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1209963.
“¿Y el compromiso ante notario?”, recriminan a diputada ‘chapulina’ (6 ENERO 2015)
XALAPA, Ver: La presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal, Ana Guadalupe Ingram, solicitó este martes licencia temporal para buscar la candidatura del PRI a la diputación federal por el distrito de Veracruz urbano.
Ingram Vallines renunció a su gestión pese a que en las campañas de 2013 firmó ante notario público un documento intitulado “Compromisos por Veracruz”, en donde juraba “cumplir con el periodo completo de la Legislatura”.
Sin embargo, en redes sociales los cibernautas ya empezaron a tundir a la virtual candidata del PRI a una diputación federal: “Te lo firmo, te lo cumplo y no cumplió”, “Si ya fuiste diputada y no hiciste nada, ten vergüenza”, “Tan fácil brincar de puesto como cambiarse de nombre” y “¿Y el compromiso ante notario?”, son algunos de los reclamos y frases colocados en su cuenta de Twitter: @AniluIngram.
Hace dos años, la priista señalaba en entrevistas que la ciudadanía estaba harta y desencantada de los políticos que “brincaban” de un cargo público a otro.
No obstante, hoy en rueda de prensa en el puerto de Veracruz y respaldada por el coordinador de los diputados del PRI, Juan Nicolás Callejas y Arroyo –quien ha sido seis veces diputado local y federal–; por el expanista José Ramón Gutiérrez de Velasco, y por el legislador local Tonatiuh Pola –exconductor de Noticieros Televisa–, Ingram Vallines aseguró que irá por la diputación federal porque la “ciudadanía” y la “militancia” así se lo demandaron.
“He sido una mujer que ha cumplido con sus compromisos, he trabajado con base en las necesidades de los veracruzanos, y en ese sentido mi compromiso continúa desde otra trinchera. El trabajo hecho desde hace años, los compromisos cumplidos con los ciudadanos del distrito 20 y el cariño de la militancia me llevaron a tomar la decisión”, justificó.
Como presidenta del Congreso, Ingram Vallines siempre estuco envuelta en la polémica, pues durante el primer periodo ordinario de sesiones evitó subir a tribuna y tampoco acudió a las comparecencias de los secretarios de despacho del gabinete de Javier Duarte.
Ya en el segundo periodo, intervino por primera vez en tribuna para solicitar la inscripción con letras de oro de “A los Defensores del Puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914”.
Su pasado en la función pública y su meteórica carrera tampoco apuntalan sus aspiraciones, pues Ana Guadalupe Ingram, antes de ser legisladora local, sólo se había desempeñado como directora de Radio de la coordinación general de Comunicación Social en el sexenio de Javier Duarte y en el de Fidel Herrera.
Anteriormente, únicamente tenía una barra en el programa “Pasarela” de Televisa Veracruz, denominada “Amigas y confidentes”, espacio que le fue otorgado en 1999 luego de haber participado como reina del carnaval jarocho.
Este miércoles 7, de nueve de la mañana a tres de la tarde, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI recibirá las solicitudes de registro de los precandidatos a diputadores federales; además del registro de Ingram Vallines, los priistas ya aguardan la inscripción de tres exfuncionarios que renunciaron al gabinete de Duarte este martes por la mañana.
Así, Jorge Carvallo Delfín renunció a la Secretaría de Desarrollo Social para contender por una diputación federal en el distrito de Los Tuxtlas; Marco Aguilar Yunes –compadre de Duarte de Ochoa– renunció a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para buscar la diputación federal en el distrito de Córdoba, y la extitular de Protección Civil, Nohemí Guzmán, buscará una curul en el distrito de Coatepec.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Ingram Vallines renunció a su gestión pese a que en las campañas de 2013 firmó ante notario público un documento intitulado “Compromisos por Veracruz”, en donde juraba “cumplir con el periodo completo de la Legislatura”.
Sin embargo, en redes sociales los cibernautas ya empezaron a tundir a la virtual candidata del PRI a una diputación federal: “Te lo firmo, te lo cumplo y no cumplió”, “Si ya fuiste diputada y no hiciste nada, ten vergüenza”, “Tan fácil brincar de puesto como cambiarse de nombre” y “¿Y el compromiso ante notario?”, son algunos de los reclamos y frases colocados en su cuenta de Twitter: @AniluIngram.
Hace dos años, la priista señalaba en entrevistas que la ciudadanía estaba harta y desencantada de los políticos que “brincaban” de un cargo público a otro.
No obstante, hoy en rueda de prensa en el puerto de Veracruz y respaldada por el coordinador de los diputados del PRI, Juan Nicolás Callejas y Arroyo –quien ha sido seis veces diputado local y federal–; por el expanista José Ramón Gutiérrez de Velasco, y por el legislador local Tonatiuh Pola –exconductor de Noticieros Televisa–, Ingram Vallines aseguró que irá por la diputación federal porque la “ciudadanía” y la “militancia” así se lo demandaron.
“He sido una mujer que ha cumplido con sus compromisos, he trabajado con base en las necesidades de los veracruzanos, y en ese sentido mi compromiso continúa desde otra trinchera. El trabajo hecho desde hace años, los compromisos cumplidos con los ciudadanos del distrito 20 y el cariño de la militancia me llevaron a tomar la decisión”, justificó.
Como presidenta del Congreso, Ingram Vallines siempre estuco envuelta en la polémica, pues durante el primer periodo ordinario de sesiones evitó subir a tribuna y tampoco acudió a las comparecencias de los secretarios de despacho del gabinete de Javier Duarte.
Ya en el segundo periodo, intervino por primera vez en tribuna para solicitar la inscripción con letras de oro de “A los Defensores del Puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914”.
Su pasado en la función pública y su meteórica carrera tampoco apuntalan sus aspiraciones, pues Ana Guadalupe Ingram, antes de ser legisladora local, sólo se había desempeñado como directora de Radio de la coordinación general de Comunicación Social en el sexenio de Javier Duarte y en el de Fidel Herrera.
Anteriormente, únicamente tenía una barra en el programa “Pasarela” de Televisa Veracruz, denominada “Amigas y confidentes”, espacio que le fue otorgado en 1999 luego de haber participado como reina del carnaval jarocho.
Este miércoles 7, de nueve de la mañana a tres de la tarde, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI recibirá las solicitudes de registro de los precandidatos a diputadores federales; además del registro de Ingram Vallines, los priistas ya aguardan la inscripción de tres exfuncionarios que renunciaron al gabinete de Duarte este martes por la mañana.
Así, Jorge Carvallo Delfín renunció a la Secretaría de Desarrollo Social para contender por una diputación federal en el distrito de Los Tuxtlas; Marco Aguilar Yunes –compadre de Duarte de Ochoa– renunció a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para buscar la diputación federal en el distrito de Córdoba, y la extitular de Protección Civil, Nohemí Guzmán, buscará una curul en el distrito de Coatepec.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Acusa MC a Javier Duarte de presionar a alcaldes para que se pasen al PRI (6 ENERO 2015)
XALAPA, Ver. (apro).- La dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) acusó hoy al gobernador Javier Duarte de “amenazar”, “presionar” y “chantajear” a alcaldes y miembros de ese y otros organismos políticos para desertar y afiliarse al PRI.
En un desplegado publicado en dos diarios de circulación nacional y en conferencia de prensa, el dirigente nacional del MC, Dante Delgado Rannauro, aseguró que al menos una decena de alcaldes de su partido fueron amenazados por el gobierno de Duarte de que si no aceptaban sumarse al PRI se les aplicaría “toda la fuerza” del Estado: juicios de procedencia, recortes a sus participaciones federales, suspensión del flujo de recursos y cárcel.
Según el desplegado, “estas amenazas y presiones tuvieron sus primeras consecuencias el pasado 3 de enero, cuando al reunirse con 10 alcaldes de Movimiento Ciudadano, el gobernador Javier Duarte los ‘invitó’ a abandonar su instituto político para incorporarse al PRI, con lo cual violó el principio de equidad en la contienda electoral; es ilegal que, en pleno proceso, el Ejecutivo estatal llame a ediles de distintos institutos políticos y los conmine a cambiar de partido político, propiciando con ello un duro golpe a la voluntad popular y a la democracia en Veracruz.
“Los gobernadores de los estados, por mandato de ley, deben servir a la población sin importar su filiación partidista; por ello resulta inadmisible la forma en que se conduce el Ejecutivo en Veracruz que se preocupa más por la vida de su partido que por el destino de los veracruzanos”.
Veracruz, dice el desplegado, tiene una deuda pública de más de 60 mil millones de pesos, lo que lo convierte en una de las entidades más endeudadas del país; es el que más derrocha dinero público, cuando más de cuatro millones de veracruzanos viven en condiciones de pobreza; tiene el mayor rezago educativo del país y el mayor número de analfabetas ; ocupa uno de los últimos lugares en crecimiento económico; el desempleo ha aumentado; ocupa el segundo lugar nacional en secuestros, el cuarto en abuso de menores y en feminicidios, el quinto en violación a los derechos humanos y está convertido en el estado más peligroso para ejercer el periodismo.
Remacha:
Javier Duarte se dedica a violar la ley, a amenazar a la oposición y a dividir cada vez más a la sociedad veracruzana”.
El pasado sábado por la noche una decena de alcaldes de MC convocaron a una rueda de prensa para anunciar su adhesión al PRI.
A nombre de sus compañeros, el edil de Huiloapan de Ocampo, Luis Francisco Soto Palacios, dijo que Dante Delgado y el propio Movimiento Ciudadano “prometieron mucho y cumplieron poco”.
Los ediles del MC que se adscribieron al PRI fueron: el Filiberto Sánchez, de Acula; Álvaro Zepahua, de Coetzala; Alejandro Rojas, de Chocamán; Martín Lagunes, de Manlio Fabio; Vinicio Mojica, de Saltabarranca; Pablo Prieto, de Uxpanapa; Rafael Figueroa, de Villa Aldama; José Aguirre, de Isla, y Lorenzo Velásquez, de Hueyapan de Ocampo.
En la rueda de prensa nocturna, el edil de Acula reveló que la reunión se llevó a cabo en la casa donde vive el gobernador Javier Duarte y que estuvo presente el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez, quien se perfila como el próximo líder estatal del PRI.
“Estuvimos con el gobernador en la Casa Veracruz, estuvimos con el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez Marín, con el secretario de Gobierno, Erick Lagos. Yo respeto todas las opiniones de los alcaldes, yo quiero dejar muy claro que tomé esta decisión, no de ahorita sino desde hace cinco o seis meses atrás, ya estoy en el PRI, porque la poquita o mucha gestión que he hecho, solamente me la ha dado el PRI”, dijo Sánchez.
En el desplegado y en la rueda de prensa, el exgobernador interino de Veracruz de 1988 a 1992, acusó a Duarte de presionar a sus ediles para “abandonar” al MC con lo cual se le dio un “duro golpe” a la voluntad popular y a la democracia.
Recientemente, el MC admitió en sus filas al exdiputado local priista, Renato Tronco Gómez; una semana después, se dio la desbandada de alcaldes del Movimiento Ciudadano.
Delgado Rannauro aseguró que de los 10 ediles que decidieron irse al PRI sólo dos cumplieron lo dicho.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Apatzingán: 2 versiones de las muertes, el 6 de enero
"Yo vivo a dos calles de ahí, vi todo, a uno que ya se había rendido le metieron tres balas, pero eran balazonones, pum pum pum, se dobló", contó un testigo al diario Reforma, contradiciendo la versión oficial.
De los hechos ocurridos el martes en Apatzingán existen dos versiones: la primera, difundida por la comisión que encabeza Alfredo Castillo, señala que hubo dos enfrentamientos que dejaron 9 muertos; la segunda, señala que hubo ejecuciones, con un saldo de 11 muertos.
Aquí la “tarjeta informativa”, difunda por el gobierno federal:
Tarjeta Informativa Acontecimientos en Apatzingán:
Morelia, Michoacán a 6 de enero de 2014.- La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán informa que esta mañana fuerzas federales realizaron acciones para detener a manifestantes que se encontraban en instalaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán portando armas de fuego.
Como resultado de esas acciones fueron detenidas 44 personas presuntamente armadas, 42 de ellos varones y dos mujeres quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, para que realice las diligencias correspondientes y deslinde responsabilidades.
En estos hechos un civil perdió la vida y será la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, quien investigue las causas de la muerte.
De igual forma en este operativo fueron aseguradas 14 armas largas, 5 armas cortas, una granada de fragmentación, cartuchos útiles de diversos calibres y 23 vehículos.
Posteriormente, al ser trasladados los vehículos a un depósito para su resguardo, elementos de la Policía Federal presuntamente fueron agredidos por civiles armados. Al repeler la agresión, 7 civiles del grupo de atacantes perdieron la vida en el lugar y uno más falleció al ser atendido en un nosocomio de la localidad.
De igual forma cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio para su atención. Por parte de la Policía Federal, dos elementos fueron lesionados.
Cabe señalar que inmediatamente después de que ocurrieran estos hechos, elementos de la Policía Ministerial y Fuerzas Federales aseguraron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan esclarecerlos.
Una vez que predominó la calma, fue realizado un operativo para proteger a la población.
La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán rechaza toda manifestación social realizada con actividades ilegales y ratifica su compromiso por colaborar con las autoridades encargadas del esclarecimiento y puesta a disposición de los responsables ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
—oOo—
Por otra parte, el diario Reforma difundió hoy una versión, con base en testigos, que señala que varias de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por policías federales.
Un testigo, cuya identidad fue autentificada por Reforma, pero que pidió anonimato por razones de seguridad, reveló que por lo menos tres personas fueron ejecutadas cuando se habían rendido, que tenían las manos en la nuca e iban desarmadas.
“Uno de los ocupantes bajó y se puso de rodillas con las manos en la nuca; dijo que no tenían armas y suplicó a los federales que no dispararan, pero cayó muerto de tres balazos que hasta retumbó cuando se escucharon”, narró el informante.
Conforme una revisión de las fotografías difundidas de los saldos de la refriega, se contabilizaron 11 personas muertas y no 9, como dijo el comisionado. Inclusive, aparecen perfectamente alineadas. Una de ellas tiene a un lado un fusil y repartidos tres cargadores, pero de un arma diferente.
Entrevistado vía telefónica, el testigo contó que agentes federales mataron a un grupo de personas en Avenida Constitución, en el Centro de la ciudad, tras el operativo federal para desalojar la sede Ayuntamiento.
Indicó que poco antes de las 8:00 horas, dos camionetas particulares fueron alcanzadas por los federales y los elementos les apuntaron con sus armas de cargo.
“¡No disparen!”, gritaron desde los vehículos las ahora víctimas, dijo el testigo.
“Lo que vi no se le puede llamar enfrentamiento porque los civiles no estaban armados; eran civiles que, si acaso, tenían un bat o palos, una persona se bajó de una camioneta y suplicó a los azules (federales) que no dispararan, que no tenían armas. Los civiles nunca dispararon, por eso no es un enfrentamiento”, aseguró.
“Los venían persiguiendo, eran una camioneta gris y una negra y le dieron alcance los federales, cuatro vehículos de los azules (policías), se bajaron y los rodearon. Yo vi todo desde el principio y vi que los civiles nunca tuvieron un arma en sus manos”, insistió el testigo.
Oriundo de Apatzingán y vecino del centro de esa ciudad, el testigo indicó que salió temprano de su casa a comprar material de construcción y al caminar sobre la avenida Constitución Norte, por la Plaza de la Cultura, se topó con la persecución.
“Yo vivo a dos calles de ahí, vi todo, a uno que ya se había rendido le metieron tres balas, pero eran balazonones, pum pum pum, se dobló, eran como unas cuatro camionetas de los azules (policías federales), después unas dos camionetas de los militares llegaron, luego ya no supe qué pasó; me fui por miedo”, reiteró.
Tras el operativo para desalojar la Alcaldía de Apatzingán, circularon en redes sociales fotografías en la que se observan al menos 11 cuerpos de personas muertas junto a dos camionetas sobre la avenida Constitución.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
De los hechos ocurridos el martes en Apatzingán existen dos versiones: la primera, difundida por la comisión que encabeza Alfredo Castillo, señala que hubo dos enfrentamientos que dejaron 9 muertos; la segunda, señala que hubo ejecuciones, con un saldo de 11 muertos.
Aquí la “tarjeta informativa”, difunda por el gobierno federal:
Tarjeta Informativa Acontecimientos en Apatzingán:
Morelia, Michoacán a 6 de enero de 2014.- La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán informa que esta mañana fuerzas federales realizaron acciones para detener a manifestantes que se encontraban en instalaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán portando armas de fuego.
Como resultado de esas acciones fueron detenidas 44 personas presuntamente armadas, 42 de ellos varones y dos mujeres quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, para que realice las diligencias correspondientes y deslinde responsabilidades.
En estos hechos un civil perdió la vida y será la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, quien investigue las causas de la muerte.
De igual forma en este operativo fueron aseguradas 14 armas largas, 5 armas cortas, una granada de fragmentación, cartuchos útiles de diversos calibres y 23 vehículos.
Posteriormente, al ser trasladados los vehículos a un depósito para su resguardo, elementos de la Policía Federal presuntamente fueron agredidos por civiles armados. Al repeler la agresión, 7 civiles del grupo de atacantes perdieron la vida en el lugar y uno más falleció al ser atendido en un nosocomio de la localidad.
De igual forma cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio para su atención. Por parte de la Policía Federal, dos elementos fueron lesionados.
Cabe señalar que inmediatamente después de que ocurrieran estos hechos, elementos de la Policía Ministerial y Fuerzas Federales aseguraron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan esclarecerlos.
Una vez que predominó la calma, fue realizado un operativo para proteger a la población.
La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán rechaza toda manifestación social realizada con actividades ilegales y ratifica su compromiso por colaborar con las autoridades encargadas del esclarecimiento y puesta a disposición de los responsables ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
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Por otra parte, el diario Reforma difundió hoy una versión, con base en testigos, que señala que varias de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por policías federales.
Un testigo, cuya identidad fue autentificada por Reforma, pero que pidió anonimato por razones de seguridad, reveló que por lo menos tres personas fueron ejecutadas cuando se habían rendido, que tenían las manos en la nuca e iban desarmadas.
“Uno de los ocupantes bajó y se puso de rodillas con las manos en la nuca; dijo que no tenían armas y suplicó a los federales que no dispararan, pero cayó muerto de tres balazos que hasta retumbó cuando se escucharon”, narró el informante.
Conforme una revisión de las fotografías difundidas de los saldos de la refriega, se contabilizaron 11 personas muertas y no 9, como dijo el comisionado. Inclusive, aparecen perfectamente alineadas. Una de ellas tiene a un lado un fusil y repartidos tres cargadores, pero de un arma diferente.
Entrevistado vía telefónica, el testigo contó que agentes federales mataron a un grupo de personas en Avenida Constitución, en el Centro de la ciudad, tras el operativo federal para desalojar la sede Ayuntamiento.
Indicó que poco antes de las 8:00 horas, dos camionetas particulares fueron alcanzadas por los federales y los elementos les apuntaron con sus armas de cargo.
“¡No disparen!”, gritaron desde los vehículos las ahora víctimas, dijo el testigo.
“Lo que vi no se le puede llamar enfrentamiento porque los civiles no estaban armados; eran civiles que, si acaso, tenían un bat o palos, una persona se bajó de una camioneta y suplicó a los azules (federales) que no dispararan, que no tenían armas. Los civiles nunca dispararon, por eso no es un enfrentamiento”, aseguró.
“Los venían persiguiendo, eran una camioneta gris y una negra y le dieron alcance los federales, cuatro vehículos de los azules (policías), se bajaron y los rodearon. Yo vi todo desde el principio y vi que los civiles nunca tuvieron un arma en sus manos”, insistió el testigo.
Oriundo de Apatzingán y vecino del centro de esa ciudad, el testigo indicó que salió temprano de su casa a comprar material de construcción y al caminar sobre la avenida Constitución Norte, por la Plaza de la Cultura, se topó con la persecución.
“Yo vivo a dos calles de ahí, vi todo, a uno que ya se había rendido le metieron tres balas, pero eran balazonones, pum pum pum, se dobló, eran como unas cuatro camionetas de los azules (policías federales), después unas dos camionetas de los militares llegaron, luego ya no supe qué pasó; me fui por miedo”, reiteró.
Tras el operativo para desalojar la Alcaldía de Apatzingán, circularon en redes sociales fotografías en la que se observan al menos 11 cuerpos de personas muertas junto a dos camionetas sobre la avenida Constitución.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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