Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que ante “la situación de excepcionalidad que se está viviendo en algunas partes del estado de Guerrero” es muy probable que se reajuste el calendario electoral.
“Es muy posible que tengamos que reajustar el calendario y eventualmente redimensionar los objetivos de la organización de la elección vista la situación de excepcionalidad que esta viviéndose en algunas partes de Guerrero de manera particular”, comentó Córdova Vianello en conferencia de prensa en el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules.
Córdova dijo que ”la situación de Guerrero se mueve día a día, y por lo tanto la comunicación con los órganos desconcentrados del Instituto tiene que ser de manera permanente, periódica”.
El titular del órgano electoral explicó que además existe un desfase en el calendario electoral. Precisó que el 20 de diciembre pasado debieron de haberse realizado en todo el país los exámenes para los capacitadores a asistentes electorales, situación que no sucedió en Chilpancingo.
“Se realizaron en todo el país salvo en el distrito de Chilpancingo y en una de las cinco sedes del distrito de Tlapa, en Tlapa con posterioridad se realizó el examen, pero todavía no se ha realizado en Chilpancingo”, explicó.
Dijo que esta situación ya implica un desfase en el calendario electoral. “Lo digo con todas las letras, es muy probable y fue parte de la reunión ayer, que tengamos que reajustar el calendario y eventualmente redimensionar los objetivos de la organización de la elección”, comentó.
Indicó que el blindaje en torno al financiamiento del crimen organizado en campañas electorales es una responsabilidad colectiva, en la que el INE aunque no sea una instancia de investigación criminal, tiene responsabilidades.
“El INE no es una instancia de investigación criminal, de investigación policiaca, pero por supuesto que tiene responsabilidades para vigilar que las cuentas de los partidos políticos reciban los ingresos que legalmente están permitidos y se destinen en términos de los egresos para las finalidades que los partidos y los candidatos están concebidos en el marco legal”, señaló Córdova.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1212298.
jueves, 8 de enero de 2015
Confirma Pemex que importará 100 mil barriles de petróleo diarios de EU
MÉXICO, D.F: Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó hoy que comprará 100 mil barriles de petróleo a Estados Unidos en el primer trimestre de este año.
Ayer el embajador de México en Estados Unidos, Manuel Medina Mora, reveló la pretensión de Pemex, empresa que este jueves corroboró la noticia y precisó que el año pasado presentó a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadunidense una propuesta de intercambio de petróleo crudo.
Según el esquema propuesto, México importaría hasta 100 mil barriles diarios de crudos ligeros y condensados de Estados Unidos para mezclarlos con el petróleo mexicano y con ello, mejorar el proceso en las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz.
El beneficio, agregó, sería lograr una mayor producción de gasolina y diesel, una menor generación de combustóleo y de petrolíferos con alto contenido de azufre en el Sistema Nacional de Refinación y una mejor utilización de la capacidad instalada de dicho sistema.
A cambio, nuestro país exportaría crudos mexicanos pesados para ser procesados en las refinerías estadunidenses de alta conversión.
Petróleos Mexicanos destacó que entre otros beneficios, el intercambio fortalecería las relaciones comerciales México-EU, habría más eficiencia logística y menor costo de transporte, uso preferente de transporte marítimo hacia México y reducción del transporte terrestre en el vecino país. Incluso, permitiría maximizar el margen de refinación, según la configuración de las refinerías de cada país.
La paraestatal aclaró que dicha operación “no representa un compromiso adicional a los 803 mil barriles diarios de crudo mexicano exportados en promedio a Estados Unidos el año pasado”.
De acuerdo con la dependencia, hasta ahora continúan las negociaciones. Sin embargo, según un despacho de la agencia Reuters, el intercambio comercial comenzaría entre finales de febrero y principios de marzo de este año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ayer el embajador de México en Estados Unidos, Manuel Medina Mora, reveló la pretensión de Pemex, empresa que este jueves corroboró la noticia y precisó que el año pasado presentó a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadunidense una propuesta de intercambio de petróleo crudo.
Según el esquema propuesto, México importaría hasta 100 mil barriles diarios de crudos ligeros y condensados de Estados Unidos para mezclarlos con el petróleo mexicano y con ello, mejorar el proceso en las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz.
El beneficio, agregó, sería lograr una mayor producción de gasolina y diesel, una menor generación de combustóleo y de petrolíferos con alto contenido de azufre en el Sistema Nacional de Refinación y una mejor utilización de la capacidad instalada de dicho sistema.
A cambio, nuestro país exportaría crudos mexicanos pesados para ser procesados en las refinerías estadunidenses de alta conversión.
Petróleos Mexicanos destacó que entre otros beneficios, el intercambio fortalecería las relaciones comerciales México-EU, habría más eficiencia logística y menor costo de transporte, uso preferente de transporte marítimo hacia México y reducción del transporte terrestre en el vecino país. Incluso, permitiría maximizar el margen de refinación, según la configuración de las refinerías de cada país.
La paraestatal aclaró que dicha operación “no representa un compromiso adicional a los 803 mil barriles diarios de crudo mexicano exportados en promedio a Estados Unidos el año pasado”.
De acuerdo con la dependencia, hasta ahora continúan las negociaciones. Sin embargo, según un despacho de la agencia Reuters, el intercambio comercial comenzaría entre finales de febrero y principios de marzo de este año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Emite Interpol ficha roja para la captura de dueño de Ficrea
MÉXICO, D.F: Interpol México emitió una ficha roja para la búsqueda, localización y captura del dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera.
Con ello se espera que los 190 países integrantes de la Interpol, incluido México, inicien los trabajos para la detención del socio mayoritario de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
A Olvera Amezcua se le vincula con un fraude en contra de ahorradores e inversionistas por más de 2 mil 700 millones de pesos.
El ilícito fue descubierto el año pasado, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó la intervención a la Sofipo y presentó una denuncia ante la PGR.
No obstante, no sólo se investiga a Olvera Amezcua, sino a otros directivos de Ficrea, de quienes se reservaron los nombres para no afectar la indagatoria.
En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, anunció que presentará una denuncia penal ante la PGR por el fraude cometido por Ficrea.
El TSJDF, advirtió, “va a ir con todo contra Ficrea, no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieron a cualquier ahorrador”.
Además, detalló, el Consejo de la Judicatura local instruyó a la Contraloría interna a que investigue si hay responsabilidad del órgano judicial en la inversión de cerca de 120 millones de pesos.
Con la investigación, admitió Elías Azar, se busca conocer “si existía información de que se hubiera inhibido la inversión, si hay alguna responsabilidad por parte de nuestro asesor financiero, en fin, a ver si hay algún tipo de responsabilidad interna”.
El magistrado presidente del TSJDF detalló que esos recursos provienen del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es manejado por el pleno del Consejo de la Judicatura local, instancia que integran siete consejeros.
Los siete consejeros, reconoció, “tenemos contratado un asesor financiero que es el que nos ayuda a tener las mejores tasas que no representen riesgo. Así se hizo y así se ubicó a Ficrea como una institución financiera no señalada con irregularidades por la CNBV y, en consecuencia, eso, como cualquier otra institución bancaria, nos dejaba a nosotros expedito el camino para poder invertir en ella”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con ello se espera que los 190 países integrantes de la Interpol, incluido México, inicien los trabajos para la detención del socio mayoritario de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
A Olvera Amezcua se le vincula con un fraude en contra de ahorradores e inversionistas por más de 2 mil 700 millones de pesos.
El ilícito fue descubierto el año pasado, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó la intervención a la Sofipo y presentó una denuncia ante la PGR.
No obstante, no sólo se investiga a Olvera Amezcua, sino a otros directivos de Ficrea, de quienes se reservaron los nombres para no afectar la indagatoria.
En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, anunció que presentará una denuncia penal ante la PGR por el fraude cometido por Ficrea.
El TSJDF, advirtió, “va a ir con todo contra Ficrea, no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieron a cualquier ahorrador”.
Además, detalló, el Consejo de la Judicatura local instruyó a la Contraloría interna a que investigue si hay responsabilidad del órgano judicial en la inversión de cerca de 120 millones de pesos.
Con la investigación, admitió Elías Azar, se busca conocer “si existía información de que se hubiera inhibido la inversión, si hay alguna responsabilidad por parte de nuestro asesor financiero, en fin, a ver si hay algún tipo de responsabilidad interna”.
El magistrado presidente del TSJDF detalló que esos recursos provienen del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es manejado por el pleno del Consejo de la Judicatura local, instancia que integran siete consejeros.
Los siete consejeros, reconoció, “tenemos contratado un asesor financiero que es el que nos ayuda a tener las mejores tasas que no representen riesgo. Así se hizo y así se ubicó a Ficrea como una institución financiera no señalada con irregularidades por la CNBV y, en consecuencia, eso, como cualquier otra institución bancaria, nos dejaba a nosotros expedito el camino para poder invertir en ella”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Si los precios del petróleo siguen bajos habrá recorte al gasto público, dice Videgaray
Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que una de las prioridades de la actual administración es mantener la estabilidad macroeconómica del país ante la depreciación del petróleo y el cambio de la política monetaria de Estados Unidos por lo que, dijo, de seguir este ambiente habrá la necesidad de hacer un ajuste o reducción al gasto público.
Ayer, el Banco Mundial dijo que los precios del petróleo no se recuperarán durante todo 2015. Esto reconfirma, entonces, que un eventual recorte al gasto viene. La institución sostuvo que para las autoridades responsables de formular políticas en los países en desarrollo importadores de petróleo, la caída en los precios constituye la oportunidad de llevar a cabo reformas estructurales y financiar programas sociales.
Videgaray Caso dijo, en el marco de la presentación de las recomendaciones de la estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es que si se mantienen las actuales condiciones habrá un ajuste pero “no se elevarán los impuestos”.
“En este entorno, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente en la política fiscal, donde la decisión del Presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público, es decir, no habrá un incremento en el déficit público, por el contrario, el objetivo este año será mantener la promesa de no elevar impuestos”, comentó en el evento que encabezó el presidente de la OCDE, Ángel Gurría.
El encargado de la finanzas públicas del país dijo que existen las condiciones para que 2015 sea “el año de arranque” para la implementación de las reformas estructurales. Indicó que cada de las reformas aprobadas por el Congreso debe ser correctamente implementada para que “este acción se note en los bolsillo de la gente” y “que pase de la tribuna legislativa a la economía familiar”.
Videgaray aseguró que esto ya se dio con la eliminación del cobro de las llamadas a larga distancia, en la disminución de las tarifas eléctricas y con el fin de los aumentos mensuales a las gasolinas. “Y que no quepa duda, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá por este camino que le ha rendido frutos, y buenos frutos, a la economía mexicana desde hace 20 años”, expresó en la presentación del Estudio Económico de México 2015, elaborado por la OCDE.
En el informe, la OCDE plantea que si el audaz y ambicioso paquete de reformas estructurales derivadas del Pacto por México es aplicado de manera plena, se impulsará el crecimiento del país en el mediano plazo.
“Si estas reformas se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del crecimiento del PIB per cápita anual en un punto porcentual durante los próximos 10 años”, sostiene el organismo del cual México es integrante desde 1994.
De esta manera, el organismo proyecta una notable mejoría en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a casi 4.0 por ciento en 2015 y de 4.2 por ciento en 2016, desde una tasa estimada de 2.6 por ciento para el año pasado.
A futuro, prevé, las reformas complementarias podrían ir más lejos para resolver los cuellos de botella estructurales que persistan, pues con la adopción de mejores prácticas sería posible aumentar el crecimiento potencial “en otro punto porcentual anual”.
Subraya que estas reformas adicionales, incluidas la judicial, de salud y la agrícola, aumentarán aún más el crecimiento, al calcular que estos cambios incrementarían el avance del PIB en un punto porcentual.
“A futuro, el principal reto es asegurar la implementación cabal de las reformas y avanzar más en aquellas áreas que no se han abordado y que resultan esenciales para asegurar el éxito del paquete actual”, expone.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: Fernanda García Cruz.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1212111.
Ayer, el Banco Mundial dijo que los precios del petróleo no se recuperarán durante todo 2015. Esto reconfirma, entonces, que un eventual recorte al gasto viene. La institución sostuvo que para las autoridades responsables de formular políticas en los países en desarrollo importadores de petróleo, la caída en los precios constituye la oportunidad de llevar a cabo reformas estructurales y financiar programas sociales.
Videgaray Caso dijo, en el marco de la presentación de las recomendaciones de la estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es que si se mantienen las actuales condiciones habrá un ajuste pero “no se elevarán los impuestos”.
“En este entorno, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente en la política fiscal, donde la decisión del Presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público, es decir, no habrá un incremento en el déficit público, por el contrario, el objetivo este año será mantener la promesa de no elevar impuestos”, comentó en el evento que encabezó el presidente de la OCDE, Ángel Gurría.
El encargado de la finanzas públicas del país dijo que existen las condiciones para que 2015 sea “el año de arranque” para la implementación de las reformas estructurales. Indicó que cada de las reformas aprobadas por el Congreso debe ser correctamente implementada para que “este acción se note en los bolsillo de la gente” y “que pase de la tribuna legislativa a la economía familiar”.
Videgaray aseguró que esto ya se dio con la eliminación del cobro de las llamadas a larga distancia, en la disminución de las tarifas eléctricas y con el fin de los aumentos mensuales a las gasolinas. “Y que no quepa duda, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá por este camino que le ha rendido frutos, y buenos frutos, a la economía mexicana desde hace 20 años”, expresó en la presentación del Estudio Económico de México 2015, elaborado por la OCDE.
En el informe, la OCDE plantea que si el audaz y ambicioso paquete de reformas estructurales derivadas del Pacto por México es aplicado de manera plena, se impulsará el crecimiento del país en el mediano plazo.
“Si estas reformas se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del crecimiento del PIB per cápita anual en un punto porcentual durante los próximos 10 años”, sostiene el organismo del cual México es integrante desde 1994.
De esta manera, el organismo proyecta una notable mejoría en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a casi 4.0 por ciento en 2015 y de 4.2 por ciento en 2016, desde una tasa estimada de 2.6 por ciento para el año pasado.
A futuro, prevé, las reformas complementarias podrían ir más lejos para resolver los cuellos de botella estructurales que persistan, pues con la adopción de mejores prácticas sería posible aumentar el crecimiento potencial “en otro punto porcentual anual”.
Subraya que estas reformas adicionales, incluidas la judicial, de salud y la agrícola, aumentarán aún más el crecimiento, al calcular que estos cambios incrementarían el avance del PIB en un punto porcentual.
“A futuro, el principal reto es asegurar la implementación cabal de las reformas y avanzar más en aquellas áreas que no se han abordado y que resultan esenciales para asegurar el éxito del paquete actual”, expone.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: Fernanda García Cruz.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1212111.
Los mexicanos desconfían de sus policías y creen que la inseguridad empeorará: Inegi
La percepción de los mexicanos en materia de seguridad pública empeora. Los ciudadanos han modificado sus conductas ante la percepción de que se observan más delitos en las calles y desconfían del desempeño de la policía, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) al pasado mes de diciembre de 2014 indica que, en términos de delincuencia, 67.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Se mantiene en el mismo nivel de percepción en comparación con diciembre de 2013 que fue de 68 por ciento.
En cuanto a la expectativa social sobre la seguridad pública, el 35.3 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual en los próximos 12 meses y 27.9 por ciento que empeoraría.
La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generaron por diversos elementos, como la atestiguación de conductas delictivas y antisociales que ocurren en el entorno de la población y la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía.
Al considerar los resultados obtenidos en diciembre de 2013, se observa que es mayor la proporción de población que considera que la situación de la delincuencia “seguirá igual de mal” o que “empeorará”, y en particular este último tuvo un incremento de 1.8 puntos porcentuales. Asimismo, hay una disminución en la expectativa de “mejora” de la seguridad pública de 3.4 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2013.
Sobre las conductas delictivas o antisociales, para el pasado mes de diciembre de 2014 las tres de mayor frecuencia que la población ha escuchado o visto en los alrededores de su vivienda en los últimos tres meses fueron el consumo de alcohol en las calles (68.3 por ciento), robos o asaltos (67.9 por ciento) y vandalismo (60 por ciento).
Las de menor frecuencia fueron, venta o consumo de drogas (41.5 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (36.4 por ciento) y disparos frecuentes con armas (27.2 por ciento).
En la percepción del desempeño de las policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia, el Inegi documentó que el 70.7 por ciento de la población consideró el trabajo de los uniformados como “poco o nada efectivo”, mientras que el 28.8 por ciento lo calificó como “muy o algo efectivo”.
“Se puede observar que es mayor la proporción de población que considera que el desempeño de las policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia es ‘poco o nada efectivo’, así como un incremento de 1.1 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2013″, refiere el informe.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se realiza durante los primeros 20 días del último mes de cada trimestre en una muestra de 2 mil 336 viviendas urbanas distribuidas en todas las entidades federativas del país.
La ENSU tiene una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública, tales como: la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción); expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción); atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento); cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias) y percepción del desempeño de la policía estatal y municipal como autoridades responsables en materia de seguridad pública.
AUTOR: REDACCIÓN.
En plena Nochebuena, Puebla liberó a policías agresores en Chalchihuapan: activistas
Los seis policías involucrados en la muerte del menor José Alberto Tehuatile Tamayo, fueron liberados durante la víspera de Navidad, denunciaron a la prensa poblana Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, dirigentes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).
Jose Alberto murió en julio de 2014 tras la lesión que le produjo un objeto arrojado por los uniformados durante el desalojo de una protesta en San Bernardino Chalchihuapan. De acuerdo con los activistas, se trata de Juan Máximo Jiménez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez, Luis Bernardo González Santos y Francisco López Domínguez, contra quienes no se habrían encontrado elementos para inculparlos.
La misma información refiere que en la pasada Nochebuena, el Juez Tercero de lo Penal desvaneció las pruebas en contra de los mandos medios de la Policía Estatal detenidos por haber participado en la protesta del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo la muerte del menor y un centenar de lesionados.
Mazatle Rojas y Jiménez Ávila explicaron a la prensa que sólo dos de los policías estatales son acusados del homicidio de José Luis Tehuatlie. Dijeron que el resto de los agentes enfrentan cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas.
La prensa poblana informó que el mismo juez que lleva el caso de los policías dictó auto de formal prisión contra los pobladores Fausto Montes, Bernardino Ocotl Ocotl o Bernardino Montes, así como a Vicente Juárez Varela y Florentino Camayo Ponce, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación.
A Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes o Raúl Contreras López se les fincaron cargos por motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que sólo estas dos personas tienen posibilidades de obtener su libertad bajo caución, según los mismos reportes.
En rueda de prensa Elia Tamayo, la madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, exigió justicia por la muerte de su hijo y tachó de cómplice al Gobernador Rafael Moreno Valle al poner en libertad a los policías que ejecutaron la orden de matar al menor.
La mujer externó que se siente indigna porque mientras los policías están libres, sus compañeros, los pobladores de Chalchihuapan continúan en prisión. “Los que mataron a mi hijo están en la calle y Moreno Valle está pasando por encima de nosotros; no hay respeto”, declaró.
El abogado de Elia, Alejandro del Castillo, anunció que interpondrán un amparo para impugnar la determinación de reducir los cargos para que los hechos aparezcan como accidentales.
EL CASO CHALCHIHUAPAN
La muerte del niño José Luis Tehuatlie fue el resultado de un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y elementos de la policía poblana, que, amparados bajo la llamada “Ley Bala”, replegaron la manifestación con el uso de balas de goma.
La ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado, conocida como “Ley Bala”, se aprobó el 19 de mayo de 2014 en el Congreso de Puebla, tras de la muerte del niño José Luis, el mandatario estatal envió una iniciativa para cambiar la normativa.
El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de distintas comunidades del municipio de Chalchihuapan, Puebla, en un desalojo que se prolongó durante más de tres horas.
Los habitantes mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares. Además exigían la liberación de presos políticos.
El enfrentamiento dejó más de 30 heridos y la herida de gravedad de un menor por el impacto de una bala de goma, quien moriría días después por las lesiones.
Como consecuencia de la muerte del menor José Alberto Tehuatlie Tamayo y ante la presión por parte de activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la administración de Puebla ofrecer disculpas a los afectados.
Sin embargo, el gobierno estatal sólo citó a los afectados con tres horas de anticipación al evento del 17 de octubre en el que también se iniciarían los trámites de reparación del daño, por lo que ninguna de las víctimas acudió. Aún así, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio por cumplida la recomendación.
En noviembre del año pasado se informó que el gobierno del estado de Puebla clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
El gobierno poblano también reservó los nombres y cargos de los tres mandos de la dependencia que fueron destituidos, así como las sanciones e identidades de los seis elementos operativos detenidos.
LIBERTAD A CAMBIO DE SILENCIO
Personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consultado por el sitio e-consulta comentó que el pasado 24 de diciembre, cuando los policías fueron liberados, se emitió un comunicado de prensa junto con la Secretaría General de Gobierno (SGG), mismo que nunca se envió a los medios de comunicación.
Fuentes policiales consultadas por el mismo medio, señalaron que el gobierno del estado habría negociado la liberación de los policías, “a cambio de que sus familiares no hicieran escándalo en los medios de comunicación por las detenciones”.
Agregaron que la liberación de uniformados fue pactada “hace meses para ejecutarse en diciembre”, y el acuerdo se hizo a los pocos días que fueren detenidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1211972.
Jose Alberto murió en julio de 2014 tras la lesión que le produjo un objeto arrojado por los uniformados durante el desalojo de una protesta en San Bernardino Chalchihuapan. De acuerdo con los activistas, se trata de Juan Máximo Jiménez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez, Luis Bernardo González Santos y Francisco López Domínguez, contra quienes no se habrían encontrado elementos para inculparlos.
La misma información refiere que en la pasada Nochebuena, el Juez Tercero de lo Penal desvaneció las pruebas en contra de los mandos medios de la Policía Estatal detenidos por haber participado en la protesta del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo la muerte del menor y un centenar de lesionados.
Mazatle Rojas y Jiménez Ávila explicaron a la prensa que sólo dos de los policías estatales son acusados del homicidio de José Luis Tehuatlie. Dijeron que el resto de los agentes enfrentan cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas.
La prensa poblana informó que el mismo juez que lleva el caso de los policías dictó auto de formal prisión contra los pobladores Fausto Montes, Bernardino Ocotl Ocotl o Bernardino Montes, así como a Vicente Juárez Varela y Florentino Camayo Ponce, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación.
A Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes o Raúl Contreras López se les fincaron cargos por motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que sólo estas dos personas tienen posibilidades de obtener su libertad bajo caución, según los mismos reportes.
En rueda de prensa Elia Tamayo, la madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, exigió justicia por la muerte de su hijo y tachó de cómplice al Gobernador Rafael Moreno Valle al poner en libertad a los policías que ejecutaron la orden de matar al menor.
La mujer externó que se siente indigna porque mientras los policías están libres, sus compañeros, los pobladores de Chalchihuapan continúan en prisión. “Los que mataron a mi hijo están en la calle y Moreno Valle está pasando por encima de nosotros; no hay respeto”, declaró.
El abogado de Elia, Alejandro del Castillo, anunció que interpondrán un amparo para impugnar la determinación de reducir los cargos para que los hechos aparezcan como accidentales.
EL CASO CHALCHIHUAPAN
La muerte del niño José Luis Tehuatlie fue el resultado de un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y elementos de la policía poblana, que, amparados bajo la llamada “Ley Bala”, replegaron la manifestación con el uso de balas de goma.
La ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado, conocida como “Ley Bala”, se aprobó el 19 de mayo de 2014 en el Congreso de Puebla, tras de la muerte del niño José Luis, el mandatario estatal envió una iniciativa para cambiar la normativa.
El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de distintas comunidades del municipio de Chalchihuapan, Puebla, en un desalojo que se prolongó durante más de tres horas.
Los habitantes mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares. Además exigían la liberación de presos políticos.
El enfrentamiento dejó más de 30 heridos y la herida de gravedad de un menor por el impacto de una bala de goma, quien moriría días después por las lesiones.
Como consecuencia de la muerte del menor José Alberto Tehuatlie Tamayo y ante la presión por parte de activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la administración de Puebla ofrecer disculpas a los afectados.
Sin embargo, el gobierno estatal sólo citó a los afectados con tres horas de anticipación al evento del 17 de octubre en el que también se iniciarían los trámites de reparación del daño, por lo que ninguna de las víctimas acudió. Aún así, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio por cumplida la recomendación.
En noviembre del año pasado se informó que el gobierno del estado de Puebla clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
El gobierno poblano también reservó los nombres y cargos de los tres mandos de la dependencia que fueron destituidos, así como las sanciones e identidades de los seis elementos operativos detenidos.
LIBERTAD A CAMBIO DE SILENCIO
Personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consultado por el sitio e-consulta comentó que el pasado 24 de diciembre, cuando los policías fueron liberados, se emitió un comunicado de prensa junto con la Secretaría General de Gobierno (SGG), mismo que nunca se envió a los medios de comunicación.
Fuentes policiales consultadas por el mismo medio, señalaron que el gobierno del estado habría negociado la liberación de los policías, “a cambio de que sus familiares no hicieran escándalo en los medios de comunicación por las detenciones”.
Agregaron que la liberación de uniformados fue pactada “hace meses para ejecutarse en diciembre”, y el acuerdo se hizo a los pocos días que fueren detenidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1211972.
Mario Anguiano, el gobernador que triplicó la deuda e hipotecó a Colima
(07 de enero, 2014).-En contradicción con su carrera de economista, de la que se graduó con honores en la Universidad de Colima, el gobernador Mario Anguiano Moreno ha evidenciado que el desequilibrio de las finanzas públicas es una de las principales debilidades en los primeros cinco años de su administración.
Al menos así lo muestra el gran crecimiento de la deuda pública del gobierno estatal con instituciones bancarias, que según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prácticamente se triplicó desde la llegada del actual mandatario al poder, pues mientras en 2009 recibió las arcas con un adeudo de 819.7 millones de pesos, al cierre del tercer trimestre de 2014 la suma de pasivos de su gobierno ascendía ya a 2 mil 259.8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 175.6 por ciento.
Y todo esto, sin contar la deuda con proveedores, que en 2013 ascendía a 243 millones de pesos, según el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado sobre la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.
En lo que se refiere a los adeudos de los diez ayuntamientos, la SHCP reporta que durante el mismo periodo del sexenio de Anguiano Moreno, éstos subieron únicamente un 24.5 por ciento, al pasar de 279 millones de pesos al cierre de 2009 a un total de 347.6 millones al finalizar el tercer trimestre de 2014.
De acuerdo con la misma fuente, la deuda conjunta del gobierno del estado, organismos descentralizados y municipios era de mil 270 millones de pesos al cierre de 2009 y creció a 2 mil 737.7 millones al 30 de septiembre de 2014, esto es, la elevación fue de 115.5 por ciento.
En este sentido, los datos de la SHCP colocan el crecimiento de la deuda pública del estado muy por encima del promedio nacional, pues el incremento general de los pasivos en las entidades del país de 2009 a 2014 fue de 94.2 por ciento, o sea, 21.3 puntos porcentuales menos que el registrado en Colima.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Al menos así lo muestra el gran crecimiento de la deuda pública del gobierno estatal con instituciones bancarias, que según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prácticamente se triplicó desde la llegada del actual mandatario al poder, pues mientras en 2009 recibió las arcas con un adeudo de 819.7 millones de pesos, al cierre del tercer trimestre de 2014 la suma de pasivos de su gobierno ascendía ya a 2 mil 259.8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 175.6 por ciento.
Y todo esto, sin contar la deuda con proveedores, que en 2013 ascendía a 243 millones de pesos, según el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado sobre la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.
En lo que se refiere a los adeudos de los diez ayuntamientos, la SHCP reporta que durante el mismo periodo del sexenio de Anguiano Moreno, éstos subieron únicamente un 24.5 por ciento, al pasar de 279 millones de pesos al cierre de 2009 a un total de 347.6 millones al finalizar el tercer trimestre de 2014.
De acuerdo con la misma fuente, la deuda conjunta del gobierno del estado, organismos descentralizados y municipios era de mil 270 millones de pesos al cierre de 2009 y creció a 2 mil 737.7 millones al 30 de septiembre de 2014, esto es, la elevación fue de 115.5 por ciento.
En este sentido, los datos de la SHCP colocan el crecimiento de la deuda pública del estado muy por encima del promedio nacional, pues el incremento general de los pasivos en las entidades del país de 2009 a 2014 fue de 94.2 por ciento, o sea, 21.3 puntos porcentuales menos que el registrado en Colima.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Policía comunitaria y padres se unen en la búsqueda de los 43
Ante la inacción del gobierno federal en el esclarecimiento de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres buscan alternativas. En este sentido, una comitiva de los los familiares se reunió este miércoles con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el estado de Guerrero.
En una reunión que duró poco más de dos horas, los padres invitaron a la policía comunitaria a unirse a la próxima búsqueda, programada para el 10 de enero, indicó Melitón Ortega, uno de los familiares. Asimismo, señaló que si se llegó a la decisión de solicitar la ayuda de los policías comunitarios y organizaciones en la exploración para hallar a los 43, fue porque aún no hay respuesta de las autoridades municipales y federales.”Ya se le dio la oportunidad, trabajamos con ellos y sólo hemos visto simulación”, agregó.
El recorrido iniciará este 9 de enero en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde partirán a Iguala para realizar los trayectos correspondientes, para los cuales se espera a 500 policías comunitarios, pues este crimen no se olvida.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
En una reunión que duró poco más de dos horas, los padres invitaron a la policía comunitaria a unirse a la próxima búsqueda, programada para el 10 de enero, indicó Melitón Ortega, uno de los familiares. Asimismo, señaló que si se llegó a la decisión de solicitar la ayuda de los policías comunitarios y organizaciones en la exploración para hallar a los 43, fue porque aún no hay respuesta de las autoridades municipales y federales.”Ya se le dio la oportunidad, trabajamos con ellos y sólo hemos visto simulación”, agregó.
El recorrido iniciará este 9 de enero en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde partirán a Iguala para realizar los trayectos correspondientes, para los cuales se espera a 500 policías comunitarios, pues este crimen no se olvida.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Gabinete de EPN comparecerá ante el Congreso, por economía y seguridad
Citan a Monte Alejandro Rubido, a Mariana Benítez Tiburcio, a Alfredo Castillo, entre otros funcionarios.
La Comisión Permanente del Congreso dio a conocer las comparecencias de funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto, tanto en comisiones de trabajo de la Permanente, como a las comisiones ordinarias de las cámaras de Senadores y de Diputados.
La primera Comisión de la Permanente sostendrá reuniones de trabajo con el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García y la subprocuradora general de la República, Mariana Benítez Tiburcio, con la finalidad de abordar temas de seguridad nacional.
Por otra parte, con el propósito de abordar los temas de seguridad pública de Michoacán, se reunirá con Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de dicho estado.
La tercera Comisión se reunirá con Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y con Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para abordar el caso Ficrea.
Además, celebrará encuentros con el titular de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme Sastre, a fin de revisar la situación de las autopistas de peaje; con los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela Rodríguez y de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, analizarán temas sobre las variables económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo, y con Rodolfo Lacy Tamayo, representante del Fideicomiso Río Sonora, revisarán el funcionamiento de dicho fideicomiso y el pago a los afectados por el desastre en esa entidad.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado deberá reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribeña, para abordar los temas tratados en la reunión sostenida entre el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente Barack Obama.
Por otra parte, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados celebrará una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan López, para abordar los temas relativos a la profesionalización de enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas.
El diputado Silvano Aureoles presentó un formato para regular comparecencias, sin embargo, precisó que serán las comisiones quienes tomen la decisión correspondiente respecto a las reuniones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Permanente del Congreso dio a conocer las comparecencias de funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto, tanto en comisiones de trabajo de la Permanente, como a las comisiones ordinarias de las cámaras de Senadores y de Diputados.
La primera Comisión de la Permanente sostendrá reuniones de trabajo con el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García y la subprocuradora general de la República, Mariana Benítez Tiburcio, con la finalidad de abordar temas de seguridad nacional.
Por otra parte, con el propósito de abordar los temas de seguridad pública de Michoacán, se reunirá con Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de dicho estado.
La tercera Comisión se reunirá con Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; con Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y con Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para abordar el caso Ficrea.
Además, celebrará encuentros con el titular de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme Sastre, a fin de revisar la situación de las autopistas de peaje; con los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela Rodríguez y de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, analizarán temas sobre las variables económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo, y con Rodolfo Lacy Tamayo, representante del Fideicomiso Río Sonora, revisarán el funcionamiento de dicho fideicomiso y el pago a los afectados por el desastre en esa entidad.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado deberá reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribeña, para abordar los temas tratados en la reunión sostenida entre el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente Barack Obama.
Por otra parte, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados celebrará una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan López, para abordar los temas relativos a la profesionalización de enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas.
El diputado Silvano Aureoles presentó un formato para regular comparecencias, sin embargo, precisó que serán las comisiones quienes tomen la decisión correspondiente respecto a las reuniones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se agita calendario electoral: Del Mazo va por diputación; Monreal, por la Cuauhtémoc
El primero es cercano al presidente Enrique Peña Nieto y busca llegar a San Lázaro. El segundo es el ex coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
En México comenzaron los movimientos políticos rumbo a las próximas elecciones, a mediados de este año.
El miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Alfredo del Mazo -ex aspirante al gobierno del Estado de México- presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Por otra parte, Ricardo Monreal -actual diputado por el partido Movimiento Ciudadano-, se registró ayer como aspirante a candidato, por el partido Morena, para jefe de la Delegación Cuauhtémoc, una de las más importantes del DF, en poder del PRD desde hace años.
El calendario electoral de este año:
ISU_Cal_Elect-2015.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En México comenzaron los movimientos políticos rumbo a las próximas elecciones, a mediados de este año.
El miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Alfredo del Mazo -ex aspirante al gobierno del Estado de México- presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Por otra parte, Ricardo Monreal -actual diputado por el partido Movimiento Ciudadano-, se registró ayer como aspirante a candidato, por el partido Morena, para jefe de la Delegación Cuauhtémoc, una de las más importantes del DF, en poder del PRD desde hace años.
El calendario electoral de este año:
ISU_Cal_Elect-2015.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Ejército sí tiene hornos crematorios; lo negó, pero están en el centro del país
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mintió al negar la existencia de crematorios en sus instalaciones. Entre 2006 y 2013 ha incinerado, mediante sus propios y exclusivos servicios funerarios, a 674 personas fallecidas, según datos oficiales.
Ayer, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario, emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.
“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer el miércoles.
Sin embargo, las incineraciones han sido reportadas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) en sus memorias anuales y, respecto a los servicios funerarios que ofrece, se puede leer en el documento público correspondiente a 2013:
“El Velatorio Militar ubicado en Puebla, Puebla, en el Campo Militar 25-A cuenta con servicios funerarios en sus tres salas de velación, además de ofrecer servicio de carrozas, transporte de dolientes, gestoría y horno crematorio”.
Ayer, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario, emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.
“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer el miércoles.
Sin embargo, las incineraciones han sido reportadas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) en sus memorias anuales y, respecto a los servicios funerarios que ofrece, se puede leer en el documento público correspondiente a 2013:
“El Cementerio Militar se encuentra ubicado en el Km. 21 de la Autopista México Cuernavaca, está construido en forma vertical, en módulos constantes de seis niveles, rodeado de 12 mil 670 metros cuadrados de áreas verdes, ofrece la venta de gavetas y nichos, y proporciona servicios funerarios en sus cuatro salas de velación, cuenta con carrozas, transporte de dolientes, gestoría y un horno crematorio entre otros servicios”.Y también:
“El Velatorio Militar ubicado en Puebla, Puebla, en el Campo Militar 25-A cuenta con servicios funerarios en sus tres salas de velación, además de ofrecer servicio de carrozas, transporte de dolientes, gestoría y horno crematorio”.
En esta tabla se puede apreciar el incremento constante del uso de los crematorios al servicio de las Fuerzas Armadas a partir de 2006, año de inicio de la llamada guerra contra las drogas del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa:
Respecto del servicio de cremación, se indica:
El personal, tanto del Cementerio como del Velatorio, está adscrito a las fuerzas armadas: ejército, armada o fuerza área. Ambas instalaciones pertenecen al ISSFAM, organismo cuya junta directiva se integra por nueve miembros: tres designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, tres por la de Marina y tres por la de Hacienda y Crédito Público. Su director general es el general de división DEM, Jesús Javier Castillo Cabrera.
Si se atiende al presupuesto del ISSFAM para el año 2008, ese año se otorgaron 65 mil pesos para el mantenimiento del horno situado en Puebla.
Según el manual, “el horno crematorio prestará servicio de las 08:00 horas a las 18:00 horas con ampliación de horario en casos especiales o extraordinarios”.
Un mayor del ejército ofrece detalles de la cremación vía telefónica: “La incineración se realiza por completo en tres horas con un equipo de gas 100 por ciento ecológico”, dice, aunque la prestación de servicios es exclusiva de militares y marinos.
O al menos esto es lo que el reglamento prevé.
Ayer, Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.
La Presidencia de México y la Sedena negaron la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.
Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.
Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.
José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, capital del estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1211431.
Respecto del servicio de cremación, se indica:
“Con el afán de brindarle servicios funerarios de calidad, se hace del conocimiento de los usuarios que tanto el Cementerio Militar, Tlalpan, D.F., como el Velatorio Militar de la ciudad de Puebla, Puebla, cuentan con el servicio de incineración, mismo que podrán solicitar con la debida oportunidad, para realizarse después de velar en nuestras salas y en el caso que la velación se lleve a cabo en el domicilio particular o en otro lugar, se le brindará el apoyo necesario para el traslado del cuerpo al Cementerio Militar o el Velatorio Militar”.La tarifa vigente de cremación de cuerpo completo en el Cementerio Militar es de un mil 100 pesos, mientras que en el Velatorio poblano es de un mil 800 pesos. La incineración de restos áridos –huesos secos– y miembros superiores es de 800 pesos en la primera de las instalaciones y de mil pesos en la segunda. Los miembros inferiores se reducen a cenizas por 500 pesos en el horno del Distrito Federal y por 1 mil 200 en el de Puebla.
El personal, tanto del Cementerio como del Velatorio, está adscrito a las fuerzas armadas: ejército, armada o fuerza área. Ambas instalaciones pertenecen al ISSFAM, organismo cuya junta directiva se integra por nueve miembros: tres designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, tres por la de Marina y tres por la de Hacienda y Crédito Público. Su director general es el general de división DEM, Jesús Javier Castillo Cabrera.
Si se atiende al presupuesto del ISSFAM para el año 2008, ese año se otorgaron 65 mil pesos para el mantenimiento del horno situado en Puebla.
Según el manual, “el horno crematorio prestará servicio de las 08:00 horas a las 18:00 horas con ampliación de horario en casos especiales o extraordinarios”.
Un mayor del ejército ofrece detalles de la cremación vía telefónica: “La incineración se realiza por completo en tres horas con un equipo de gas 100 por ciento ecológico”, dice, aunque la prestación de servicios es exclusiva de militares y marinos.
O al menos esto es lo que el reglamento prevé.
Ayer, Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.
La Presidencia de México y la Sedena negaron la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.
Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.
Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.
José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, capital del estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1211431.
Las detenciones de activistas continuaron durante las vacaciones navideñas
A cuatro días de la celebración de la Navidad y entrando al periodo vacacional de fin de año para escuelas y oficinas, el gobierno de Puebla detuvo a Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA) del Mercado Hidalgo.
El luchador social fue detenido a las 11 de la mañana del viernes 19 de diciembre mientras se dirigía a una reunión con el Secretario de Gobernación del municipio de Puebla, Guillermo Aréchiga, donde hablarían sobre el desalojo de comerciantes en Plaza Los Gallos. Justo en la entrada del edificio de gobierno, Simitrio fue detenido por alrededor de 10 hombres y 2 mujeres, de acuerdo a información del Tribunal Permanente de los Pueblos, quienes no se identificaron ni presentaron orden de aprehensión, y lo subieron a un automóvil Jetta negro sin placas. Sarabia fue llevado a la Procuraduría General del Estado de Puebla (PGJ) y para aproximadamente las 3 de la tarde ya había ingresado al penal de San Miguel.
Horas más tarde, la PGJ envió un boletín argumentando que Simitrio fue detenido “como consecuencia de que se le revocó el beneficio de libertad anticipada que le fue concedido, en relación al proceso penal 113/1989 en el que Sarabia Sánchez fue sentenciado a 25 años 6 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo de vehículo en agravio de un ciudadano.” Pese a las denuncias hechas por Rita Amador, pareja de Simitrio, responsabilizando al gobierno de Rafael Moreno Valle de cualquier cosa que le pase al líder comerciante y diciendo que la detención de Simitrio es un acto de represión para criminalizar la protesta social, el gobierno dijo en un comunicado oficial que todo el proceso de la detención se dio “con respeto pleno a sus derechos humanos y brindándole las garantías que corresponden”.
El 23 de diciembre por la noche, uno de los hijos de Simitrio, Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna, fue detenido en la Ciudad de México, cuando estaba en su automóvil cerca del Ángel de la Independencia, en el marco de un evento de varias organizaciones sociales para exigir la liberación de Simitrio. Alrededor de 20 elementos de la Policía Ministerial poblana rompieron los cristales del vehículo de Rubén, nuevamente sin presentar orden de aprehensión alguna, y lo llevaron a Puebla, al mismo penal de San Miguel. Ese mismo martes la PGJ difundió un boletín diciendo que la detención del hijo de Simitrio fue porque “está demostrada la actividad ilícita de narcomenudeo del detenido”, y asegurando que “en todo momento se respetaron los derechos humanos de la persona.” Tres días después, el 26 de diciembre, a Rubén se le dictó auto de formal prisión por el delito de narcomenudeo.
El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOYPP) denunció el 28 de diciembre que el gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, violó las medidas cautelares que pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La cuarta visitadora general de la dependencia, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, había hecho ya la recomendación para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Simitrio y varios de sus hijos, entre ellos el también preso Atltonatiuh. Dichos documentos fueron recibidos el 12 de diciembre por el gobierno estatal en el oficio v4–73508, de acuerdo a información del FOSYPP.
Pese a las recomendaciones de la CNDH con fechas del 24 y 26 de noviembre y del 5 de diciembre, las autoridades detuvieron al líder social sin orden de aprehensión y lo mantuvieron incomunicado y desaparecido por un plazo de aproximadamente tres horas.
Un día antes de terminar el año, el 30 de diciembre, la UPVA 28 de octubre se manifestó afuera del penal de San Miguel, exigiendo la liberación de sus presos en un acto simbólico.
2015 y la huelga de hambre
Y el año comenzó con más presión de parte de los propios presos políticos, quienes iniciaron el 2015 con una huelga de hambre. Nueve presos políticos en la Ciudad de México y Puebla anunciaron que desde el 1o de enero empezarían una huelga de hambre indefinida, quedando a la espera de saber si los familiares de más de 300 autodefensas michoacanos presos se unirán a la protesta.
Los presos que se coordinaron en el acto de rebeldía pacífico son Brayan Reyes, Fernando Bárcenas, Alejandro Montaño y Fernando Sotelo –detenidos en protestas del 1o de diciembre de 2013 y 13 de diciembre de 2014 en el Distrito Federal– junto con los poblanos Adán y Paul Xicale y Primo y Albino Tlachi –todos detenidos por oponerse a la construcción del parque de las 7 culturas en los terrenos que rodean la milenaria Pirámide de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios– y Simitrio.
A días de llevar a cabo la huelga, la UPVA denunció este lunes 5 de enero que Simitrio tiene un estado de salud delicado por la diabetes que padece, y dentro del penal no ha recibido la atención médica adecuada, pues cuando presentó un aumentó en los niveles de azúcar el personal de la prisión no le suministró la insulina necesaria. Actualmente el líder de los comerciantes tiene también una denuncia por despojo interpuesta en el estado de Tlaxcala.
El martes 6 de enero algunos legisladores federales visitarán a los presos políticos en los penales de Cholula y San Miguel, anunció en rueda de prensa el vocero de la 28 de octubre, e informó que a partir de la próxima semana se retomarán las movilizaciones masivas, entre ellas el contrainforme de gobierno y una marcha hacia el zócalo de Puebla.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/LADOBE
AUTOR: Aranzazú Ayala Martínez.
El luchador social fue detenido a las 11 de la mañana del viernes 19 de diciembre mientras se dirigía a una reunión con el Secretario de Gobernación del municipio de Puebla, Guillermo Aréchiga, donde hablarían sobre el desalojo de comerciantes en Plaza Los Gallos. Justo en la entrada del edificio de gobierno, Simitrio fue detenido por alrededor de 10 hombres y 2 mujeres, de acuerdo a información del Tribunal Permanente de los Pueblos, quienes no se identificaron ni presentaron orden de aprehensión, y lo subieron a un automóvil Jetta negro sin placas. Sarabia fue llevado a la Procuraduría General del Estado de Puebla (PGJ) y para aproximadamente las 3 de la tarde ya había ingresado al penal de San Miguel.
Horas más tarde, la PGJ envió un boletín argumentando que Simitrio fue detenido “como consecuencia de que se le revocó el beneficio de libertad anticipada que le fue concedido, en relación al proceso penal 113/1989 en el que Sarabia Sánchez fue sentenciado a 25 años 6 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo de vehículo en agravio de un ciudadano.” Pese a las denuncias hechas por Rita Amador, pareja de Simitrio, responsabilizando al gobierno de Rafael Moreno Valle de cualquier cosa que le pase al líder comerciante y diciendo que la detención de Simitrio es un acto de represión para criminalizar la protesta social, el gobierno dijo en un comunicado oficial que todo el proceso de la detención se dio “con respeto pleno a sus derechos humanos y brindándole las garantías que corresponden”.
El 23 de diciembre por la noche, uno de los hijos de Simitrio, Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna, fue detenido en la Ciudad de México, cuando estaba en su automóvil cerca del Ángel de la Independencia, en el marco de un evento de varias organizaciones sociales para exigir la liberación de Simitrio. Alrededor de 20 elementos de la Policía Ministerial poblana rompieron los cristales del vehículo de Rubén, nuevamente sin presentar orden de aprehensión alguna, y lo llevaron a Puebla, al mismo penal de San Miguel. Ese mismo martes la PGJ difundió un boletín diciendo que la detención del hijo de Simitrio fue porque “está demostrada la actividad ilícita de narcomenudeo del detenido”, y asegurando que “en todo momento se respetaron los derechos humanos de la persona.” Tres días después, el 26 de diciembre, a Rubén se le dictó auto de formal prisión por el delito de narcomenudeo.
El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOYPP) denunció el 28 de diciembre que el gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, violó las medidas cautelares que pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La cuarta visitadora general de la dependencia, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, había hecho ya la recomendación para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Simitrio y varios de sus hijos, entre ellos el también preso Atltonatiuh. Dichos documentos fueron recibidos el 12 de diciembre por el gobierno estatal en el oficio v4–73508, de acuerdo a información del FOSYPP.
Pese a las recomendaciones de la CNDH con fechas del 24 y 26 de noviembre y del 5 de diciembre, las autoridades detuvieron al líder social sin orden de aprehensión y lo mantuvieron incomunicado y desaparecido por un plazo de aproximadamente tres horas.
Un día antes de terminar el año, el 30 de diciembre, la UPVA 28 de octubre se manifestó afuera del penal de San Miguel, exigiendo la liberación de sus presos en un acto simbólico.
2015 y la huelga de hambre
Y el año comenzó con más presión de parte de los propios presos políticos, quienes iniciaron el 2015 con una huelga de hambre. Nueve presos políticos en la Ciudad de México y Puebla anunciaron que desde el 1o de enero empezarían una huelga de hambre indefinida, quedando a la espera de saber si los familiares de más de 300 autodefensas michoacanos presos se unirán a la protesta.
Los presos que se coordinaron en el acto de rebeldía pacífico son Brayan Reyes, Fernando Bárcenas, Alejandro Montaño y Fernando Sotelo –detenidos en protestas del 1o de diciembre de 2013 y 13 de diciembre de 2014 en el Distrito Federal– junto con los poblanos Adán y Paul Xicale y Primo y Albino Tlachi –todos detenidos por oponerse a la construcción del parque de las 7 culturas en los terrenos que rodean la milenaria Pirámide de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios– y Simitrio.
A días de llevar a cabo la huelga, la UPVA denunció este lunes 5 de enero que Simitrio tiene un estado de salud delicado por la diabetes que padece, y dentro del penal no ha recibido la atención médica adecuada, pues cuando presentó un aumentó en los niveles de azúcar el personal de la prisión no le suministró la insulina necesaria. Actualmente el líder de los comerciantes tiene también una denuncia por despojo interpuesta en el estado de Tlaxcala.
El martes 6 de enero algunos legisladores federales visitarán a los presos políticos en los penales de Cholula y San Miguel, anunció en rueda de prensa el vocero de la 28 de octubre, e informó que a partir de la próxima semana se retomarán las movilizaciones masivas, entre ellas el contrainforme de gobierno y una marcha hacia el zócalo de Puebla.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/LADOBE
AUTOR: Aranzazú Ayala Martínez.
De la mano de empresas ligadas a Televisa, Moreno Valle se promociona en todo el país
Make Pro y Radiorama son dos de las empresas ligadas a Televisa a través de las cuales Rafael Moreno Valle, el gobernador panista que aspira a la silla presidencial, ha hecho llegar al resto del país su imagen, violando con ello la ley y la constitución, sin que hasta el momento haya recibido sanción alguna.
A la andada mediática con la que el actual mandatario poblano busca cimentar su camino rumbo al 2018 también se ha sumado Cablevisión, empresa subsidiaria del consorcio televisivo a quien se le señala como copartícipe del regreso del PRI a Los Pinos.
Aunque el Instituto Nacional de Elecciones (INE) no pudo documentar su participación en la transmisión de 294 spots del tercer informe insertos en la programación de 14 canales de cable, su participación se reflejó en el monitoreo que pidió y pagó el PRI y que sirvió de base para iniciar un proceso especial sancionador por parte de la autoridad electoral.
De poco sirvió pues el documento que entregó Anuar Julián de los Santos, subdirector jurídico de Puebla Comunicaciones y apoderado legal para pleitos y cobranzas por el organismo estatal, fechado el 10 de junio, en el que se reconoce que el organismo firmó contratos con Televisa, Canal 40, Uno TV, Telefórmula, Milenio TV, Grupo Imagen, Megacable, MVS, Ultra y PCTV por 44 millones –20 de ellos tan sólo para Televisa— relacionados con el tercer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, no fue ratificado.
Y no fue ratificado a pesar de la petición formal del INE pues a Anuar de los Santos primero se le levantó un acta administrativa, y más tarde dejó de laborar para el gobierno del estado. El funcionario fue buscado y citado en varias ocasiones a comparecer en la investigación, sin que atendiera al llamado.
A la par, el director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya, rechazó durante la investigación la existencia de dichos contratos, aun cuando el propio gobierno ha reconocido la relación laboral con varias de las empresas citadas.
26 estado en 2014
Para la transmisión de 8 mil 99 spots de radio y televisión, el gobierno de Rafael Moreno Valle contrató, entre otras empresas, a Radiorama SA de CV, compañía que incluye entre sus varias razones sociales a las siguientes firmas:
Grupo HK SA de CV
Comercializadora en Servicios de Guadalajara SA de CV
Grupo DK SA de CV
Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV
Contromedios SA de CV
BAC comunicaciones, SA de CV
El monto que pagó por los servicios de la compañía que mantiene una sociedad con Televisa Radio y la española Grupo Prisa, hasta el momento se desconoce, pues la administración estatal no ha dado a conocer su gasto en medios de comunicación en el 2014. Lo que sí se tiene registrado es el pago de 2.6 millones de pesos a Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV en el 2013.
Para el 2014, Radiorama transmitió spots del tercer informe del gobernador Rafael Moreno Valle en 26 estados y a través de más de 80 radiodifusoras de las 431 que registra el grupo como afiliadas, en las que se incluyen lo mismo emisoras de los grupos Exa, Ultra, y Milenio Radio.
La transmisión de spots, según verificó, documentó y comprobó el INE, se realizó no sólo fuera del territorio que gobierna Moreno Valle, sino incluso fuera de los tiempos legales que concede la constitución para la promoción de las acciones anuales de gobierno.
Y los estados con el mayor número de impactos, fuera de Puebla fueron:
Distrito Federal (383)
Sonora (350)
Nayarit (313)
Guanajuato (319)
Jalisco (290)
Prácticamente, uno de cada cinco spots que se transmitió para promocionar el 3er informe de labores del mandatario estatal se radió en una de estas entidades.
Y aunque la investigación del INE decidió no sancionar directamente a grupo Radiorama, sí estableció sanciones contra 82 estaciones de radio vinculadas al grupo que encabeza Enrique Pereda Gómez. Sanciones que se buscó impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), aunque el magistrado Pedro Esteban Penagos López rechazó y confirmó la sentencia dictada en junio de 2014.
Lo que hasta el momento no se ha resuelto es el tipo de amonestación que recibirá el gobernador del estado, pues a pesar de que el INE ordenó al Congreso revisar el caso y castigar al funcionario estatal, hasta el momento los diputados no han acatado la resolución del organismo electoral.
Radiorama y la reincidencia
La sanción de 2014 al grupo radiofónico del que forman parte Organización Radiorama, Televisa y Grupo Prisa, no es la primera que les aplican por poner la cadena radiofónica al servicio de los intereses promocionales de Moreno Valle.
En 2012, la investigación que realizó el organismo electoral –entonces conocido como Instituto Federal Electoral— tras la denuncia presentada por Jesús Hernández Torralba confirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle ya había transmitido 177 spots de manera ilegal en los estados de Tamaulipas –La Poderosa–, Jalisco –Ciudad 1480 y Frecuencia Deportiva– y Colima –Los 40 Principales–.
Por su parte el quejoso documentó la transmisión de 33 spots en una de las estaciones que Radiorama tiene en la ciudad de México: La Romántica 1380.
Hernández Torralba también documentos la transmisión de spots en estaciones del Distrito Federal pertenecientes a las empresas Grupo Radiocentro y Radiofórmula.
Todo el país en 2012 de la mano de Make Pro
En el 2012, el gobierno de Rafael Moreno Valle inundó las salas de cines del país con anuncios propagandísticos al transmitir 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”, es decir 54 horas y 43 minutos de productos promocionales que fueron reproducidos entre el 6 y del 19 de enero en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.
Y para dicha tarea se contrató a la empresa Make Pro, compañía subsidiaria de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (CIE), que a su vez mantiene nexos económicos y sociedad con Televisa.
Llama la atención que, de acuerdo con el entonces responsable de la comunicación social en el gobierno poblano, Sergio Ramírez Robles, la dirección a su cargo asignó la publicidad gubernamental basada en “criterios de impacto y efectividad para la difusión de acciones, campañas de servicios y obras que se pretende lleguen a la población con una amplia cobertura”, pero no existe un documento rector para dicho fin, según reconoció el funcionario en una solicitud de información.
Resalta también que las campañas, al menos la cinematográfica y la radiofónica como lo comprobó el IFE se llevaron a cabo fuera del territorio poblano e incluso en el segundo caso, superando el periodo permitido por ley para promocionar el informe de gobierno.
Resultado de dichas investigaciones el IFE ordenó se iniciaran procedimientos de sanción en contra del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a cargo del Congreso del estado, y de su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
Violando la constitución sin consecuencias
En los dos procesos, el de 2012 iniciado por un ciudadano y el de 2014 iniciado por el PRI, aun cuando la autoridad electoral –primero el IFE después el INE– encontró responsable al mandatario estatal de la violación reiterada de la constitución, la impunidad ha prevalecido.
Así lo señaló el organismo en el primer caso: “esta autoridad considera que debe establecerse un juicio de reproche en contra del actual Gobernador del estado de puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”, y se llegó a la conclusión de que el Congreso local es el único facultado para establecer un juicio del tipo referido, pero la visión no fue compartida por los diputados locales.
La anterior legislatura desechó el caso relacionado con Make Pro, pues a decir del entonces presidente de la comisión de Gobernación, Gerardo Mejía, citado por el diario La Jornada de Oriente: “el Poder Legislativo se encuentran imposibilitado para sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, por violar la Constitución del país en la difusión del primer informe de labores”.
Y aunque la actual legislatura no ha entrado a analizar el caso de 2014 se espera que mantenga la misma línea de declararse incompetente y dejar sin sanción al mandatario estatal por violar de manera reiterada a través de “actos de promoción personalizada a su favor, en detrimento del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según se lee en la resolución que tomó el organismo electoral.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
A la andada mediática con la que el actual mandatario poblano busca cimentar su camino rumbo al 2018 también se ha sumado Cablevisión, empresa subsidiaria del consorcio televisivo a quien se le señala como copartícipe del regreso del PRI a Los Pinos.
Aunque el Instituto Nacional de Elecciones (INE) no pudo documentar su participación en la transmisión de 294 spots del tercer informe insertos en la programación de 14 canales de cable, su participación se reflejó en el monitoreo que pidió y pagó el PRI y que sirvió de base para iniciar un proceso especial sancionador por parte de la autoridad electoral.
De poco sirvió pues el documento que entregó Anuar Julián de los Santos, subdirector jurídico de Puebla Comunicaciones y apoderado legal para pleitos y cobranzas por el organismo estatal, fechado el 10 de junio, en el que se reconoce que el organismo firmó contratos con Televisa, Canal 40, Uno TV, Telefórmula, Milenio TV, Grupo Imagen, Megacable, MVS, Ultra y PCTV por 44 millones –20 de ellos tan sólo para Televisa— relacionados con el tercer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, no fue ratificado.
Y no fue ratificado a pesar de la petición formal del INE pues a Anuar de los Santos primero se le levantó un acta administrativa, y más tarde dejó de laborar para el gobierno del estado. El funcionario fue buscado y citado en varias ocasiones a comparecer en la investigación, sin que atendiera al llamado.
A la par, el director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya, rechazó durante la investigación la existencia de dichos contratos, aun cuando el propio gobierno ha reconocido la relación laboral con varias de las empresas citadas.
26 estado en 2014
Para la transmisión de 8 mil 99 spots de radio y televisión, el gobierno de Rafael Moreno Valle contrató, entre otras empresas, a Radiorama SA de CV, compañía que incluye entre sus varias razones sociales a las siguientes firmas:
Grupo HK SA de CV
Comercializadora en Servicios de Guadalajara SA de CV
Grupo DK SA de CV
Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV
Contromedios SA de CV
BAC comunicaciones, SA de CV
El monto que pagó por los servicios de la compañía que mantiene una sociedad con Televisa Radio y la española Grupo Prisa, hasta el momento se desconoce, pues la administración estatal no ha dado a conocer su gasto en medios de comunicación en el 2014. Lo que sí se tiene registrado es el pago de 2.6 millones de pesos a Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV en el 2013.
Para el 2014, Radiorama transmitió spots del tercer informe del gobernador Rafael Moreno Valle en 26 estados y a través de más de 80 radiodifusoras de las 431 que registra el grupo como afiliadas, en las que se incluyen lo mismo emisoras de los grupos Exa, Ultra, y Milenio Radio.
La transmisión de spots, según verificó, documentó y comprobó el INE, se realizó no sólo fuera del territorio que gobierna Moreno Valle, sino incluso fuera de los tiempos legales que concede la constitución para la promoción de las acciones anuales de gobierno.
Y los estados con el mayor número de impactos, fuera de Puebla fueron:
Distrito Federal (383)
Sonora (350)
Nayarit (313)
Guanajuato (319)
Jalisco (290)
Prácticamente, uno de cada cinco spots que se transmitió para promocionar el 3er informe de labores del mandatario estatal se radió en una de estas entidades.
Y aunque la investigación del INE decidió no sancionar directamente a grupo Radiorama, sí estableció sanciones contra 82 estaciones de radio vinculadas al grupo que encabeza Enrique Pereda Gómez. Sanciones que se buscó impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), aunque el magistrado Pedro Esteban Penagos López rechazó y confirmó la sentencia dictada en junio de 2014.
Lo que hasta el momento no se ha resuelto es el tipo de amonestación que recibirá el gobernador del estado, pues a pesar de que el INE ordenó al Congreso revisar el caso y castigar al funcionario estatal, hasta el momento los diputados no han acatado la resolución del organismo electoral.
Radiorama y la reincidencia
La sanción de 2014 al grupo radiofónico del que forman parte Organización Radiorama, Televisa y Grupo Prisa, no es la primera que les aplican por poner la cadena radiofónica al servicio de los intereses promocionales de Moreno Valle.
En 2012, la investigación que realizó el organismo electoral –entonces conocido como Instituto Federal Electoral— tras la denuncia presentada por Jesús Hernández Torralba confirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle ya había transmitido 177 spots de manera ilegal en los estados de Tamaulipas –La Poderosa–, Jalisco –Ciudad 1480 y Frecuencia Deportiva– y Colima –Los 40 Principales–.
Por su parte el quejoso documentó la transmisión de 33 spots en una de las estaciones que Radiorama tiene en la ciudad de México: La Romántica 1380.
Hernández Torralba también documentos la transmisión de spots en estaciones del Distrito Federal pertenecientes a las empresas Grupo Radiocentro y Radiofórmula.
Todo el país en 2012 de la mano de Make Pro
En el 2012, el gobierno de Rafael Moreno Valle inundó las salas de cines del país con anuncios propagandísticos al transmitir 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”, es decir 54 horas y 43 minutos de productos promocionales que fueron reproducidos entre el 6 y del 19 de enero en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.
Y para dicha tarea se contrató a la empresa Make Pro, compañía subsidiaria de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (CIE), que a su vez mantiene nexos económicos y sociedad con Televisa.
Llama la atención que, de acuerdo con el entonces responsable de la comunicación social en el gobierno poblano, Sergio Ramírez Robles, la dirección a su cargo asignó la publicidad gubernamental basada en “criterios de impacto y efectividad para la difusión de acciones, campañas de servicios y obras que se pretende lleguen a la población con una amplia cobertura”, pero no existe un documento rector para dicho fin, según reconoció el funcionario en una solicitud de información.
Resalta también que las campañas, al menos la cinematográfica y la radiofónica como lo comprobó el IFE se llevaron a cabo fuera del territorio poblano e incluso en el segundo caso, superando el periodo permitido por ley para promocionar el informe de gobierno.
Resultado de dichas investigaciones el IFE ordenó se iniciaran procedimientos de sanción en contra del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a cargo del Congreso del estado, y de su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
Violando la constitución sin consecuencias
En los dos procesos, el de 2012 iniciado por un ciudadano y el de 2014 iniciado por el PRI, aun cuando la autoridad electoral –primero el IFE después el INE– encontró responsable al mandatario estatal de la violación reiterada de la constitución, la impunidad ha prevalecido.
Así lo señaló el organismo en el primer caso: “esta autoridad considera que debe establecerse un juicio de reproche en contra del actual Gobernador del estado de puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”, y se llegó a la conclusión de que el Congreso local es el único facultado para establecer un juicio del tipo referido, pero la visión no fue compartida por los diputados locales.
La anterior legislatura desechó el caso relacionado con Make Pro, pues a decir del entonces presidente de la comisión de Gobernación, Gerardo Mejía, citado por el diario La Jornada de Oriente: “el Poder Legislativo se encuentran imposibilitado para sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, por violar la Constitución del país en la difusión del primer informe de labores”.
Y aunque la actual legislatura no ha entrado a analizar el caso de 2014 se espera que mantenga la misma línea de declararse incompetente y dejar sin sanción al mandatario estatal por violar de manera reiterada a través de “actos de promoción personalizada a su favor, en detrimento del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según se lee en la resolución que tomó el organismo electoral.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Llevan a penal de Nayarit a los 44 detenidos en Apatzingán, Michoacán
MÉXICO, D.F: La PGR consignó ante un juez federal a los 44 detenidos que participaron en la toma de la alcaldía de Apatzingán, en Michoacán, realizada el 22 de diciembre pasado
Los detenidos, señalaron fuentes federales, fueron enviados al penal federal de Nayarit, y se les consignó por el delito de acopio de armas.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los 44 imputados fueron trasladados al aeropuerto de Morelia con destino al penal federal.
Durante el desalojo de las presuntas autodefensas que tenían tomada la alcaldía, éstos supuestamente se resistieron a la acción del Ejército y de la Policía Federal (PF).
En el enfrentamiento ocho personas murieron y una decena más resultaron heridas, entre ellos militares, por lo que la PGR inició una averiguación previa.
Por otra parte, los 62 elementos y tres mandos de la PF que participaron en el presunto enfrentamiento del martes pasado en Apatzingán rinden declaración ante la PGR por la muerte de ocho personas.
El comisionado general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, explicó que se trata de los elementos que aparecen en los videos del C4 dados a conocer por el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes.
“Se presentaron a rendir su declaración 62 elementos y tres mandos, prácticamente todos los que ustedes ven en el convoy, que participan, que vieron, que observaron algo serán los que rendirán su declaración ante el Ministerio Público”.
En conferencia de prensa en la ciudad de Morelia, acompañado por Castillo Cervantes, el titular de la PF dijo que la dependencia a su cargo está dispuesta a participar en las investigaciones para saber qué sucedió la mañana del martes pasado.
“Con la instrucción del señor secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) estamos aquí en Michoacán para establecer todos los medios y mecanismos necesarios para aclarar los hechos lamentables, sin lugar a dudas, pero donde la Policía Federal mantiene una posición muy clara de compromiso con la verdad, con la ley, con la legalidad de las cosas.
“Desde luego nuestra intención es coadyuvar con la autoridad ministerial y poderle entregar todos los elementos que estén a nuestra disposición para poder llegar a la verdad de los hechos”, subrayó Galindo Ceballos.
Y garantizó que en caso de que exista responsabilidad de los elementos durante los hechos, “se actuará conforme a derecho y en apego a los lineamientos de la PF”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los detenidos, señalaron fuentes federales, fueron enviados al penal federal de Nayarit, y se les consignó por el delito de acopio de armas.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los 44 imputados fueron trasladados al aeropuerto de Morelia con destino al penal federal.
Durante el desalojo de las presuntas autodefensas que tenían tomada la alcaldía, éstos supuestamente se resistieron a la acción del Ejército y de la Policía Federal (PF).
En el enfrentamiento ocho personas murieron y una decena más resultaron heridas, entre ellos militares, por lo que la PGR inició una averiguación previa.
Por otra parte, los 62 elementos y tres mandos de la PF que participaron en el presunto enfrentamiento del martes pasado en Apatzingán rinden declaración ante la PGR por la muerte de ocho personas.
El comisionado general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, explicó que se trata de los elementos que aparecen en los videos del C4 dados a conocer por el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes.
“Se presentaron a rendir su declaración 62 elementos y tres mandos, prácticamente todos los que ustedes ven en el convoy, que participan, que vieron, que observaron algo serán los que rendirán su declaración ante el Ministerio Público”.
En conferencia de prensa en la ciudad de Morelia, acompañado por Castillo Cervantes, el titular de la PF dijo que la dependencia a su cargo está dispuesta a participar en las investigaciones para saber qué sucedió la mañana del martes pasado.
“Con la instrucción del señor secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) estamos aquí en Michoacán para establecer todos los medios y mecanismos necesarios para aclarar los hechos lamentables, sin lugar a dudas, pero donde la Policía Federal mantiene una posición muy clara de compromiso con la verdad, con la ley, con la legalidad de las cosas.
“Desde luego nuestra intención es coadyuvar con la autoridad ministerial y poderle entregar todos los elementos que estén a nuestra disposición para poder llegar a la verdad de los hechos”, subrayó Galindo Ceballos.
Y garantizó que en caso de que exista responsabilidad de los elementos durante los hechos, “se actuará conforme a derecho y en apego a los lineamientos de la PF”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Comparecerán ante el Congreso funcionarios por fraude de Ficrea
MÉXICO, D.F: Los titulares del sector público financiero comparecerán ante la Tercera Comisión de la Permanente para detallar el fraude de Ficrea, sociedad financiera popular (Sofipo).
Por unanimidad, diputados y senadores que conforman la Comisión Permanente, organismo que en momentos de recesos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados opera como máximo órgano del Poder Legislativo, decidieron lo anterior.
A propuesta del perredista Trinidad Secundino Morales, PRI y PAN decidieron con sus votos mayoritarios la comparecencia de Mario Di Costanzo, titular de la Condusef; Jaime González Aguadé, de la CNBV, y Alberto Bazbaz, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aunque no precisaron fecha.
Al fundamentar la propuesta, el perredista argumentó que una de las causas del declive y fraude perpetrado por Ficrea se encuentra en los actos de negligencia de la CNBV, pues no detectó a tiempo las irregularidades y la triangulación de recursos con que operaba esa Sofipo.
También advirtió que se ha puesto “en jaque” al sistema financiero del país, y además se puso en duda el actuar de los funcionarios federales. Incluso, habló de la suspicacia que generó el que un día antes de la intervención de Ficrea por parte del gobierno se sustrajeran de la caja de la sociedad alrededor de 470 millones de pesos.
Morales Vargas definió el fraude perpetrado contra ahorradores como “un hecho injusto que raya en la crueldad”.
En tanto, la diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales defendió la actuación de la CNBV al asegurar que su proceder oportuno permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores, aparte de que se puso freno al deterioro de sus activos para evitar un daño mayor a los ahorradores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Por unanimidad, diputados y senadores que conforman la Comisión Permanente, organismo que en momentos de recesos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados opera como máximo órgano del Poder Legislativo, decidieron lo anterior.
A propuesta del perredista Trinidad Secundino Morales, PRI y PAN decidieron con sus votos mayoritarios la comparecencia de Mario Di Costanzo, titular de la Condusef; Jaime González Aguadé, de la CNBV, y Alberto Bazbaz, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aunque no precisaron fecha.
Al fundamentar la propuesta, el perredista argumentó que una de las causas del declive y fraude perpetrado por Ficrea se encuentra en los actos de negligencia de la CNBV, pues no detectó a tiempo las irregularidades y la triangulación de recursos con que operaba esa Sofipo.
También advirtió que se ha puesto “en jaque” al sistema financiero del país, y además se puso en duda el actuar de los funcionarios federales. Incluso, habló de la suspicacia que generó el que un día antes de la intervención de Ficrea por parte del gobierno se sustrajeran de la caja de la sociedad alrededor de 470 millones de pesos.
Morales Vargas definió el fraude perpetrado contra ahorradores como “un hecho injusto que raya en la crueldad”.
En tanto, la diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales defendió la actuación de la CNBV al asegurar que su proceder oportuno permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores, aparte de que se puso freno al deterioro de sus activos para evitar un daño mayor a los ahorradores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Hallan muerta en una cisterna a edecán reportada como desaparecida
MÉXICO, D.F: El 18 de febrero del año pasado Yanira Esparza Noriega, una joven edecán de 27 años que soñaba con ser actriz, desapareció sin dejar rastro.
Inicialmente sus padres sospecharon que había sido víctima de una red de trata de personas, la buscaron incansablemente, realizaron campañas en redes sociales.
A 10 meses del suceso, el cadáver de Yanira fue encontrado en la cisterna del edificio de departamentos que habitaba, en el residencial Grand Chapultepec, ubicados en Río Atoyac 89, colonia Cuauhtémoc.
Un desperfecto llevó a los encargados del edificio a abrir la cisterna y ahí encontraron el cadáver de la joven psicóloga egresada de la Universidad Anáhuac de Cancún, en avanzado estado de putrefacción.
Tras el hallazgo los encargados dieron parte a las autoridades, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y envió el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia de ley para conocer la causa de muerte.
En vísperas de Nochebuena la familia Esparza Noriega recibió una llamada de las autoridades que les pidieron reconocer el cadáver. Los elementos que llevaron a su plena identificación fueron los implantes que tenía en busto y cadera y una cirugía en la nariz.
Cuando desapareció, Carmen Yanira vestía ropa deportiva. Algunas personas señalaron que la vieron por última vez cuando salió del edificio y otras cuando se retiró del gimnasio al que acudía.
Su familia inició entonces su búsqueda, lanzó campañas en redes sociales, pegó carteles en las calles con su fotografía y señas particulares.
En el expediente 142/EXT/2014 de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) se describe a Yanira como una mujer de tez blanca y ojos medianos y cabello ondulado teñido de castaño, de 1.53 metros de estatura y complexión delgada.
Ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga la muerte de la joven.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Inicialmente sus padres sospecharon que había sido víctima de una red de trata de personas, la buscaron incansablemente, realizaron campañas en redes sociales.
A 10 meses del suceso, el cadáver de Yanira fue encontrado en la cisterna del edificio de departamentos que habitaba, en el residencial Grand Chapultepec, ubicados en Río Atoyac 89, colonia Cuauhtémoc.
Un desperfecto llevó a los encargados del edificio a abrir la cisterna y ahí encontraron el cadáver de la joven psicóloga egresada de la Universidad Anáhuac de Cancún, en avanzado estado de putrefacción.
Tras el hallazgo los encargados dieron parte a las autoridades, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y envió el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia de ley para conocer la causa de muerte.
En vísperas de Nochebuena la familia Esparza Noriega recibió una llamada de las autoridades que les pidieron reconocer el cadáver. Los elementos que llevaron a su plena identificación fueron los implantes que tenía en busto y cadera y una cirugía en la nariz.
Cuando desapareció, Carmen Yanira vestía ropa deportiva. Algunas personas señalaron que la vieron por última vez cuando salió del edificio y otras cuando se retiró del gimnasio al que acudía.
Su familia inició entonces su búsqueda, lanzó campañas en redes sociales, pegó carteles en las calles con su fotografía y señas particulares.
En el expediente 142/EXT/2014 de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) se describe a Yanira como una mujer de tez blanca y ojos medianos y cabello ondulado teñido de castaño, de 1.53 metros de estatura y complexión delgada.
Ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga la muerte de la joven.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Bloquean Centro Histórico de Xalapa por caso Moisés Sánchez
XALAPA, Ver: Reporteros y fotoperiodistas radicalizaron sus protestas para exigir la aparición con vida del periodista de “La Unión” y activista social Moisés Sánchez Cerezo, y de paso fustigaron que la SSP y la PGJE mantengan en “veto de silencio” las investigaciones sobre el caso.
Una treintena de comunicadores, acompañados de estudiantes universitarios, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir la aparición con vida de Moisés Sánchez.
Sin embargo, ante la indiferencia gubernamental, decidieron cerrar el tráfico vehicular de la arteria principal (Juan de la Luz Enríquez) desde las cinco de la tarde hasta las 20:30 horas, cuando el procurador Luis Ángel Bravo anunció una rueda de prensa para poner fin a las especulaciones.
En su oficina, Bravo reconoció que el pasado lunes, en la congregación de “Piedra del Indio” del municipio de Soledad de Doblado –cerca de Medellín, donde fue secuestrado el reportero de “La Unión” el viernes anterior– hicieron el levantamiento de un cadáver del sexo masculino, tirado a orilla de la carretera.
El titular de la PGJE pidió a la prensa un plazo de “tres o cuatro” días para saber si se trata del cuerpo de Sánchez Cerezo.
“El cadáver está irreconocible”, justificó el fiscal.
A través de reporteros de la nota roja, elementos de la Policía Ministerial filtraron a la prensa que el lunes por la noche “el cuerpo del reportero” había sido hallado en la carretera Soledad de Doblado-Camarón de Tejeda.
Hoy se cumplen seis días de la desaparición de Sánchez Cerezo y su secuestro a manos de un comando hizo que en los últimos días periodistas, activistas y estudiantes de Xalapa marcharan por el centro de la ciudad exigiendo al gobierno de Javier Duarte la pronta aparición con vida de su colega.
La periodista de La Jornada Veracruz, Norma Trujillo, dijo que existe un temor de que se esté realizando una estrategia de silencio similar a la llevada a cabo en el caso de Gregorio “Goyo” Jiménez, asesinado el 6 de febrero pasado, cuando se guardó silencio sobre la investigación y se informó sobre su muerte días después de tener indicios sobre la ubicación de su cuerpo.
Con cartulinas y gritos de consignas de “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, los manifestantes exigieron claridad en la investigación del caso. Además, lamentaron la falta de protocolos preventivos de seguridad para los periodistas en el estado.
También advirtieron que “tal parece que estamos frente a una estrategia que ha llevado a cabo la Procuraduría en cuanto a las desapariciones. Si recordamos el caso de Gregorio Jiménez nos damos cuenta de que fue el mismo procedimiento. Se han encontrado cuerpos en las últimas horas y todo indica que de un momento a otro podría aparecer una noticia no tan esperada por nosotros”.
Ayer el gobierno de Duarte decidió “detener” a todo el cuerpo de la Policía Municipal de Medellín (38 elementos) para obtener una línea de investigación clara de quién y bajo qué motivos secuestró al reportero y activista social veracruzano.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Exalcalde de SLP solicita amparo contra detención y actos de tortura
MÉXICO, D.F: El alcalde con licencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, interpuso un amparo contra su captura y cualquier acto de incomunicación y tortura por parte de la autoridades federales.
La juez Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio trámite a la demanda de garantías y concedió al exfuncionario una suspensión provisional contra cualquier acto de incomunicación en su agravio, según el expediente 10/2015.
La solicitud de amparo fue promovido el pasado 6 de enero, después de que el aspirante a la candidatura del PRD para la gubernatura de San Luis Potosí fue detenido en su municipio, en un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su captura, fue llevado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió declaración y luego fue internado en el penal de Hermosillo, Sonora.
Gallardo Cardona pidió amparo en contra de cualquier acto de tortura, azotes, malos tratos, golpes, custodia, vigilancia, así como el impedimento directo a una adecuada defensa, según los listados del juzgado.
Se espera que el próximo 29 de enero se realice la audiencia constitucional de su amparo, en la que el juez decidirá si le otorga o no la protección de la justicia que solicita.
En el anuncio de la detención el pasado martes, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que el acusado declaró tener un violín con un valor superior a los cinco millones de pesos. Además, se le detectaron transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos a diversas razones sociales, incluyendo algunas en el extranjero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La juez Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio trámite a la demanda de garantías y concedió al exfuncionario una suspensión provisional contra cualquier acto de incomunicación en su agravio, según el expediente 10/2015.
La solicitud de amparo fue promovido el pasado 6 de enero, después de que el aspirante a la candidatura del PRD para la gubernatura de San Luis Potosí fue detenido en su municipio, en un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su captura, fue llevado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió declaración y luego fue internado en el penal de Hermosillo, Sonora.
Gallardo Cardona pidió amparo en contra de cualquier acto de tortura, azotes, malos tratos, golpes, custodia, vigilancia, así como el impedimento directo a una adecuada defensa, según los listados del juzgado.
Se espera que el próximo 29 de enero se realice la audiencia constitucional de su amparo, en la que el juez decidirá si le otorga o no la protección de la justicia que solicita.
En el anuncio de la detención el pasado martes, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que el acusado declaró tener un violín con un valor superior a los cinco millones de pesos. Además, se le detectaron transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos a diversas razones sociales, incluyendo algunas en el extranjero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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