El Ejército sí tiene hornos crematorios; lo negó, pero están en el centro del país

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mintió al negar la existencia de crematorios en sus instalaciones. Entre 2006 y 2013 ha incinerado, mediante sus propios y exclusivos servicios funerarios, a 674 personas fallecidas, según datos oficiales.

Ayer, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario, emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.

“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer el miércoles.


Sin embargo, las incineraciones han sido reportadas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) en sus memorias anuales y, respecto a los servicios funerarios que ofrece, se puede leer en el documento público correspondiente a 2013:

“El Cementerio Militar se encuentra ubicado en el Km. 21 de la Autopista México Cuernavaca, está construido en forma vertical, en módulos constantes de seis niveles, rodeado de 12 mil 670 metros cuadrados de áreas verdes, ofrece la venta de gavetas y nichos, y proporciona servicios funerarios en sus cuatro salas de velación, cuenta con carrozas, transporte de dolientes, gestoría y un horno crematorio entre otros servicios”.

Y también:

“El Velatorio Militar ubicado en Puebla, Puebla, en el Campo Militar 25-A cuenta con servicios funerarios en sus tres salas de velación, además de ofrecer servicio de carrozas, transporte de dolientes, gestoría y horno crematorio”.

En esta tabla se puede apreciar el incremento constante del uso de los crematorios al servicio de las Fuerzas Armadas a partir de 2006, año de inicio de la llamada guerra contra las drogas del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa:

Respecto del servicio de cremación, se indica:

“Con el afán de brindarle servicios funerarios de calidad, se hace del conocimiento de los usuarios que tanto el Cementerio Militar, Tlalpan, D.F., como el Velatorio Militar de la ciudad de Puebla, Puebla, cuentan con el servicio de incineración, mismo que podrán solicitar con la debida oportunidad, para realizarse después de velar en nuestras salas y en el caso que la velación se lleve a cabo en el domicilio particular o en otro lugar, se le brindará el apoyo necesario para el traslado del cuerpo al Cementerio Militar o el Velatorio Militar”.

La tarifa vigente de cremación de cuerpo completo en el Cementerio Militar es de un mil 100 pesos, mientras que en el Velatorio poblano es de un mil 800 pesos. La incineración de restos áridos –huesos secos– y miembros superiores es de 800 pesos en la primera de las instalaciones y de mil pesos en la segunda. Los miembros inferiores se reducen a cenizas por 500 pesos en el horno del Distrito Federal y por 1 mil 200 en el de Puebla.

El personal, tanto del Cementerio como del Velatorio, está adscrito a las fuerzas armadas: ejército, armada o fuerza área. Ambas instalaciones pertenecen al ISSFAM, organismo cuya junta directiva se integra por nueve miembros: tres designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, tres por la de Marina y tres por la de Hacienda y Crédito Público. Su director general es el general de división DEM, Jesús Javier Castillo Cabrera.

Si se atiende al presupuesto del ISSFAM para el año 2008, ese año se otorgaron 65 mil pesos para el mantenimiento del horno situado en Puebla.

Según el manual, “el horno crematorio prestará servicio de las 08:00 horas a las 18:00 horas con ampliación de horario en casos especiales o extraordinarios”.

Un mayor del ejército ofrece detalles de la cremación vía telefónica: “La incineración se realiza por completo en tres horas con un equipo de gas 100 por ciento ecológico”, dice, aunque la prestación de servicios es exclusiva de militares y marinos.


O al menos esto es lo que el reglamento prevé.

Ayer, Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.

La Presidencia de México y la Sedena negaron la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.

Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.

Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.


José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, capital del estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2015/1211431.

Las detenciones de activistas continuaron durante las vacaciones navideñas

A cuatro días de la celebración de la Navidad y entrando al periodo vacacional de fin de año para escuelas y oficinas, el gobierno de Puebla detuvo a Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA) del Mercado Hidalgo.

El luchador social fue detenido a las 11 de la mañana del viernes 19 de diciembre mientras se dirigía a una reunión con el Secretario de Gobernación del municipio de Puebla, Guillermo Aréchiga, donde hablarían sobre el desalojo de comerciantes en Plaza Los Gallos. Justo en la entrada del edificio de gobierno, Simitrio fue detenido por alrededor de 10 hombres y 2 mujeres, de acuerdo a información del Tribunal Permanente de los Pueblos, quienes no se identificaron ni presentaron orden de aprehensión, y lo subieron a un automóvil Jetta negro sin placas. Sarabia fue llevado a la Procuraduría General del Estado de Puebla (PGJ) y para aproximadamente las 3 de la tarde ya había ingresado al penal de San Miguel.

Horas más tarde, la PGJ envió un boletín argumentando que Simitrio fue detenido “como consecuencia de que se le revocó el beneficio de libertad anticipada que le fue concedido, en relación al proceso penal 113/1989 en el que Sarabia Sánchez fue sentenciado a 25 años 6 meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo de vehículo en agravio de un ciudadano.” Pese a las denuncias hechas por Rita Amador, pareja de Simitrio, responsabilizando al gobierno de Rafael Moreno Valle de cualquier cosa que le pase al líder comerciante y diciendo que la detención de Simitrio es un acto de represión para criminalizar la protesta social, el gobierno dijo en un comunicado oficial que todo el proceso de la detención se dio “con respeto pleno a sus derechos humanos y brindándole las garantías que corresponden”.

El 23 de diciembre por la noche, uno de los hijos de Simitrio, Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna, fue detenido en la Ciudad de México, cuando estaba en su automóvil cerca del Ángel de la Independencia, en el marco de un evento de varias organizaciones sociales para exigir la liberación de Simitrio. Alrededor de 20 elementos de la Policía Ministerial poblana rompieron los cristales del vehículo de Rubén, nuevamente sin presentar orden de aprehensión alguna, y lo llevaron a Puebla, al mismo penal de San Miguel. Ese mismo martes la PGJ difundió un boletín diciendo que la detención del hijo de Simitrio fue porque “está demostrada la actividad ilícita de narcomenudeo del detenido”, y asegurando que “en todo momento se respetaron los derechos  humanos de la persona.” Tres días después, el 26 de diciembre, a Rubén se le dictó auto de formal prisión por el delito de narcomenudeo.

 El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOYPP) denunció el 28 de diciembre que el gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, violó las medidas cautelares que pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La cuarta visitadora general de la dependencia, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, había hecho ya la recomendación para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Simitrio y varios de sus hijos, entre ellos el también preso Atltonatiuh. Dichos documentos fueron recibidos el 12 de diciembre por el gobierno estatal en el oficio v4–73508, de acuerdo a información del FOSYPP.

Pese a las recomendaciones de la CNDH con fechas del 24 y 26 de noviembre y del 5 de diciembre, las autoridades detuvieron al líder social sin orden de aprehensión y lo mantuvieron incomunicado y  desaparecido por un plazo de aproximadamente tres horas.

Un día antes de terminar el año, el 30 de diciembre, la UPVA 28 de octubre se manifestó afuera del penal de San Miguel, exigiendo la liberación de sus presos en un acto simbólico.

2015 y la huelga de hambre

Y el año comenzó con más presión de parte de los propios presos políticos, quienes iniciaron el 2015 con una huelga de hambre. Nueve presos políticos en la Ciudad de México y Puebla anunciaron que desde el 1o de enero empezarían una huelga de hambre indefinida, quedando a la espera de saber si los familiares de más de 300 autodefensas michoacanos presos se unirán a la protesta.

Los presos que se coordinaron en el acto de rebeldía pacífico son Brayan Reyes, Fernando Bárcenas, Alejandro Montaño y Fernando Sotelo –detenidos en protestas del 1o de diciembre de 2013 y 13 de diciembre de 2014 en el Distrito Federal– junto con los poblanos Adán y Paul Xicale y Primo y Albino Tlachi –todos detenidos por oponerse a la construcción del parque de las 7 culturas en los terrenos que rodean la milenaria Pirámide de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios– y Simitrio.

A días de llevar a cabo la huelga, la UPVA denunció este lunes 5 de enero que Simitrio tiene un estado de salud delicado por la diabetes que padece, y dentro del penal no ha recibido la atención médica adecuada, pues cuando presentó un aumentó en los niveles de azúcar el personal de la prisión no le suministró la insulina necesaria. Actualmente el líder de los comerciantes tiene también una denuncia por despojo interpuesta en el estado de Tlaxcala.


El martes 6 de enero algunos legisladores federales visitarán a los presos políticos en los penales de Cholula y San Miguel, anunció en rueda de prensa el vocero de la 28 de octubre, e informó que a partir de la próxima semana se retomarán las movilizaciones masivas, entre ellas el contrainforme de gobierno y una marcha hacia el zócalo de Puebla.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/LADOBE
AUTOR: Aranzazú Ayala Martínez.

De la mano de empresas ligadas a Televisa, Moreno Valle se promociona en todo el país

Make Pro y Radiorama son dos de las empresas ligadas a Televisa a través de las cuales Rafael Moreno Valle, el gobernador panista que aspira a la silla presidencial, ha hecho llegar al resto del país su imagen, violando con ello la ley y la constitución, sin que hasta el momento haya recibido sanción alguna.

A la andada mediática con la que el actual mandatario poblano busca cimentar su camino rumbo al 2018 también se ha sumado Cablevisión, empresa subsidiaria del consorcio televisivo a quien se le señala como copartícipe del regreso del PRI a Los Pinos.

Aunque el Instituto Nacional de Elecciones (INE) no pudo documentar su participación en la transmisión de 294 spots del tercer informe insertos en la programación de 14 canales de cable, su participación se reflejó en el monitoreo que pidió y pagó el PRI y que sirvió de base para iniciar un proceso especial sancionador por parte de la autoridad electoral.

De poco sirvió pues el documento que entregó Anuar Julián de los Santos, subdirector jurídico de Puebla Comunicaciones y apoderado legal para pleitos y cobranzas por el organismo estatal, fechado el 10 de junio, en el que se reconoce que el organismo firmó contratos con Televisa, Canal 40, Uno TV, Telefórmula, Milenio TV, Grupo Imagen, Megacable, MVS, Ultra y PCTV por 44 millones –20 de ellos tan sólo para Televisa— relacionados con el tercer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, no fue ratificado.

Y no fue ratificado a pesar de la petición formal del INE pues a Anuar de los Santos primero se le levantó un acta administrativa, y más tarde dejó de laborar para el gobierno del estado. El funcionario fue buscado y citado en varias ocasiones a comparecer en la investigación, sin que atendiera al llamado.

A la par, el director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya, rechazó durante la investigación la existencia de dichos contratos, aun cuando el propio gobierno ha reconocido la relación laboral con varias de las empresas citadas.

26 estado en 2014


Para la transmisión de 8 mil 99 spots de radio y televisión, el gobierno de Rafael Moreno Valle contrató, entre otras empresas, a Radiorama SA de CV, compañía que incluye entre sus varias razones sociales a las siguientes firmas:

Grupo HK SA de CV
Comercializadora en Servicios de Guadalajara SA de CV
Grupo DK SA de CV
Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV
Contromedios SA de CV

BAC comunicaciones, SA de CV

El monto que pagó por los servicios de la compañía que mantiene una sociedad con Televisa Radio y la española Grupo Prisa, hasta el momento se desconoce, pues la administración estatal no ha dado a conocer su gasto en medios de comunicación en el 2014. Lo que sí se tiene registrado es el pago de 2.6 millones de pesos a Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV en el 2013.

Para el 2014, Radiorama transmitió spots del tercer informe del gobernador Rafael Moreno Valle en 26 estados y a través de más de 80 radiodifusoras de las 431 que registra el grupo como afiliadas, en las que se incluyen lo mismo emisoras de los grupos Exa, Ultra, y Milenio Radio.

La transmisión de spots, según verificó, documentó y comprobó el INE, se realizó no sólo fuera del territorio que gobierna Moreno Valle, sino incluso fuera de los tiempos legales que concede la constitución para la promoción de las acciones anuales de gobierno.


Y los estados con el mayor número de impactos, fuera de Puebla fueron:

Distrito Federal (383)
Sonora (350)
Nayarit (313)
Guanajuato (319)

Jalisco (290)

Prácticamente, uno de cada cinco spots que se transmitió para promocionar el 3er informe de labores del mandatario estatal se radió en una de estas entidades.



Y aunque la investigación del INE decidió no sancionar directamente a grupo Radiorama, sí estableció sanciones contra 82 estaciones de radio vinculadas al grupo que encabeza Enrique Pereda Gómez. Sanciones que se buscó impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), aunque el magistrado Pedro Esteban Penagos López rechazó y confirmó la sentencia dictada en junio de 2014.

Lo que hasta el momento no se ha resuelto es el tipo de amonestación que recibirá el gobernador del estado, pues a pesar de que el INE ordenó al Congreso revisar el caso y castigar al funcionario estatal, hasta el momento los diputados no han acatado la resolución del organismo electoral.

Radiorama y la reincidencia

La sanción de 2014 al grupo radiofónico del que forman parte Organización Radiorama, Televisa y Grupo Prisa, no es la primera que les aplican por poner la cadena radiofónica al servicio de los intereses promocionales de Moreno Valle.

En 2012, la investigación que realizó el organismo electoral –entonces conocido como Instituto Federal Electoral— tras la denuncia presentada por Jesús Hernández Torralba confirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle ya había transmitido 177 spots de manera ilegal en los estados de Tamaulipas –La Poderosa–, Jalisco –Ciudad 1480 y Frecuencia Deportiva– y Colima –Los 40 Principales–.

Por su parte el quejoso documentó la transmisión de 33 spots en una de las estaciones que Radiorama tiene en la ciudad de México: La Romántica 1380.

Hernández Torralba también documentos la transmisión de spots en estaciones del Distrito Federal pertenecientes a las empresas Grupo Radiocentro y Radiofórmula.

Todo el país en 2012 de la mano de Make Pro

En el 2012, el gobierno de Rafael Moreno Valle inundó las salas de cines del país con anuncios propagandísticos al transmitir 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”, es decir 54 horas y 43 minutos de productos promocionales que fueron reproducidos entre el 6 y del 19 de enero en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.

Y para dicha tarea se contrató a la empresa Make Pro, compañía subsidiaria de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (CIE), que a su vez mantiene nexos económicos y sociedad con Televisa.

Llama la atención que, de acuerdo con el entonces responsable de la comunicación social en el gobierno poblano, Sergio Ramírez Robles, la dirección a su cargo asignó la publicidad gubernamental basada en “criterios de impacto y efectividad para la difusión de acciones, campañas de servicios y obras que se pretende lleguen a la población con una amplia cobertura”, pero no existe un documento rector para dicho fin, según reconoció el funcionario en una solicitud de información.

Resalta también que las campañas, al menos la cinematográfica y la radiofónica como lo comprobó el IFE se llevaron a cabo fuera del territorio poblano e incluso en el segundo caso, superando el periodo permitido por ley para promocionar el informe de gobierno.

Resultado de dichas investigaciones el IFE ordenó se iniciaran procedimientos de sanción en contra del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a cargo del Congreso del estado, y de su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, a cargo de la Secretaría de la Contraloría.

Violando la constitución sin consecuencias

En los dos procesos, el de 2012 iniciado por un ciudadano y el de 2014 iniciado por el PRI, aun cuando la autoridad electoral –primero el IFE después el INE– encontró responsable al mandatario estatal de la violación reiterada de la constitución, la impunidad ha prevalecido.

Así lo señaló el organismo en el primer caso: “esta autoridad considera que debe establecerse un juicio de reproche en contra del actual Gobernador del estado de puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”, y se llegó a la conclusión de que el Congreso local es el único facultado para establecer un juicio del tipo referido, pero la visión no fue compartida por los diputados locales.

La anterior legislatura desechó el caso relacionado con Make Pro, pues a decir del entonces presidente de la comisión de Gobernación, Gerardo Mejía, citado por el diario La Jornada de Oriente: “el Poder Legislativo se encuentran imposibilitado para sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, por violar la Constitución del país en la difusión del primer informe de labores”.


Y aunque la actual legislatura no ha entrado a analizar el caso de 2014 se espera que mantenga la misma línea de declararse incompetente y dejar sin sanción al mandatario estatal por violar de manera reiterada a través de “actos de promoción personalizada a su favor, en detrimento del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según se lee en la resolución que tomó el organismo electoral.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Llevan a penal de Nayarit a los 44 detenidos en Apatzingán, Michoacán

MÉXICO, D.F: La PGR consignó ante un juez federal a los 44 detenidos que participaron en la toma de la alcaldía de Apatzingán, en Michoacán, realizada el 22 de diciembre pasado

Los detenidos, señalaron fuentes federales, fueron enviados al penal federal de Nayarit, y se les consignó por el delito de acopio de armas.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los 44 imputados fueron trasladados al aeropuerto de Morelia con destino al penal federal.

Durante el desalojo de las presuntas autodefensas que tenían tomada la alcaldía, éstos supuestamente se resistieron a la acción del Ejército y de la Policía Federal (PF).

En el enfrentamiento ocho personas murieron y una decena más resultaron heridas, entre ellos militares, por lo que la PGR inició una averiguación previa.

Por otra parte, los 62 elementos y tres mandos de la PF que participaron en el presunto enfrentamiento del martes pasado en Apatzingán rinden declaración ante la PGR por la muerte de ocho personas.

El comisionado general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, explicó que se trata de los elementos que aparecen en los videos del C4 dados a conocer por el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes.

“Se presentaron a rendir su declaración 62 elementos y tres mandos, prácticamente todos los que ustedes ven en el convoy, que participan, que vieron, que observaron algo serán los que rendirán su declaración ante el Ministerio Público”.

En conferencia de prensa en la ciudad de Morelia, acompañado por Castillo Cervantes, el titular de la PF dijo que la dependencia a su cargo está dispuesta a participar en las investigaciones para saber qué sucedió la mañana del martes pasado.

“Con la instrucción del señor secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) estamos aquí en Michoacán para establecer todos los medios y mecanismos necesarios para aclarar los hechos lamentables, sin lugar a dudas, pero donde la Policía Federal mantiene una posición muy clara de compromiso con la verdad, con la ley, con la legalidad de las cosas.

“Desde luego nuestra intención es coadyuvar con la autoridad ministerial y poderle entregar todos los elementos que estén a nuestra disposición para poder llegar a la verdad de los hechos”, subrayó Galindo Ceballos.


Y garantizó que en caso de que exista responsabilidad de los elementos durante los hechos, “se actuará conforme a derecho y en apego a los lineamientos de la PF”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comparecerán ante el Congreso funcionarios por fraude de Ficrea

MÉXICO, D.F: Los titulares del sector público financiero comparecerán ante la Tercera Comisión de la Permanente para detallar el fraude de Ficrea, sociedad financiera popular (Sofipo).

Por unanimidad, diputados y senadores que conforman la Comisión Permanente, organismo que en momentos de recesos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados opera como máximo órgano del Poder Legislativo, decidieron lo anterior.

A propuesta del perredista Trinidad Secundino Morales, PRI y PAN decidieron con sus votos mayoritarios la comparecencia de Mario Di Costanzo, titular de la Condusef; Jaime González Aguadé, de la CNBV, y Alberto Bazbaz, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aunque no precisaron fecha.

Al fundamentar la propuesta, el perredista argumentó que una de las causas del declive y fraude perpetrado por Ficrea se encuentra en los actos de negligencia de la CNBV, pues no detectó a tiempo las irregularidades y la triangulación de recursos con que operaba esa Sofipo.

También advirtió que se ha puesto “en jaque” al sistema financiero del país, y además se puso en duda el actuar de los funcionarios federales. Incluso, habló de la suspicacia que generó el que un día antes de la intervención de Ficrea por parte del gobierno se sustrajeran de la caja de la sociedad alrededor de 470 millones de pesos.

Morales Vargas definió el fraude perpetrado contra ahorradores como “un hecho injusto que raya en la crueldad”.


En tanto, la diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales defendió la actuación de la CNBV al asegurar que su proceder oportuno permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores, aparte de que se puso freno al deterioro de sus activos para evitar un daño mayor a los ahorradores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Hallan muerta en una cisterna a edecán reportada como desaparecida

MÉXICO, D.F: El 18 de febrero del año pasado Yanira Esparza Noriega, una joven edecán de 27 años que soñaba con ser actriz, desapareció sin dejar rastro.

Inicialmente sus padres sospecharon que había sido víctima de una red de trata de personas, la buscaron incansablemente, realizaron campañas en redes sociales.

A 10 meses del suceso, el cadáver de Yanira fue encontrado en la cisterna del edificio de departamentos que habitaba, en el residencial Grand Chapultepec, ubicados en Río Atoyac 89, colonia Cuauhtémoc.

Un desperfecto llevó a los encargados del edificio a abrir la cisterna y ahí encontraron el cadáver de la joven psicóloga egresada de la Universidad Anáhuac de Cancún, en avanzado estado de putrefacción.

Tras el hallazgo los encargados dieron parte a las autoridades, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y envió el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia de ley para conocer la causa de muerte.

En vísperas de Nochebuena la familia Esparza Noriega recibió una llamada de las autoridades que les pidieron reconocer el cadáver. Los elementos que llevaron a su plena identificación fueron los implantes que tenía en busto y cadera y una cirugía en la nariz.

Cuando desapareció, Carmen Yanira vestía ropa deportiva. Algunas personas señalaron que la vieron por última vez cuando salió del edificio y otras cuando se retiró del gimnasio al que acudía.

Su familia inició entonces su búsqueda, lanzó campañas en redes sociales, pegó carteles en las calles con su fotografía y señas particulares.

En el expediente 142/EXT/2014 de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) se describe a Yanira como una mujer de tez blanca y ojos medianos y cabello ondulado teñido de castaño, de 1.53 metros de estatura y complexión delgada.


Ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga la muerte de la joven.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Bloquean Centro Histórico de Xalapa por caso Moisés Sánchez

XALAPA, Ver: Reporteros y fotoperiodistas radicalizaron sus protestas para exigir la aparición con vida del periodista de “La Unión” y activista social Moisés Sánchez Cerezo, y de paso fustigaron que la SSP y la PGJE mantengan en “veto de silencio” las investigaciones sobre el caso.

Una treintena de comunicadores, acompañados de estudiantes universitarios, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir la aparición con vida de Moisés Sánchez.

Sin embargo, ante la indiferencia gubernamental, decidieron cerrar el tráfico vehicular de la arteria principal (Juan de la Luz Enríquez) desde las cinco de la tarde hasta las 20:30 horas, cuando el procurador Luis Ángel Bravo anunció una rueda de prensa para poner fin a las especulaciones.

En su oficina, Bravo reconoció que el pasado lunes, en la congregación de “Piedra del Indio” del municipio de Soledad de Doblado –cerca de Medellín, donde fue secuestrado el reportero de “La Unión” el viernes anterior– hicieron el levantamiento de un cadáver del sexo masculino, tirado a orilla de la carretera.

El titular de la PGJE pidió a la prensa un plazo de “tres o cuatro” días para saber si se trata del cuerpo de Sánchez Cerezo.

“El cadáver está irreconocible”, justificó el fiscal.

A través de reporteros de la nota roja, elementos de la Policía Ministerial filtraron a la prensa que el lunes por la noche “el cuerpo del reportero” había sido hallado en la carretera Soledad de Doblado-Camarón de Tejeda.

Hoy se cumplen seis días de la desaparición de Sánchez Cerezo y su secuestro a manos de un comando hizo que en los últimos días periodistas, activistas y estudiantes de Xalapa marcharan por el centro de la ciudad exigiendo al gobierno de Javier Duarte la pronta aparición con vida de su colega.

La periodista de La Jornada Veracruz, Norma Trujillo, dijo que existe un temor de que se esté realizando una estrategia de silencio similar a la llevada a cabo en el caso de Gregorio “Goyo” Jiménez, asesinado el 6 de febrero pasado, cuando se guardó silencio sobre la investigación y se informó sobre su muerte días después de tener indicios sobre la ubicación de su cuerpo.

Con cartulinas y gritos de consignas de “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, los manifestantes exigieron claridad en la investigación del caso. Además, lamentaron la falta de protocolos preventivos de seguridad para los periodistas en el estado.

También advirtieron que “tal parece que estamos frente a una estrategia que ha llevado a cabo la Procuraduría en cuanto a las desapariciones. Si recordamos el caso de Gregorio Jiménez nos damos cuenta de que fue el mismo procedimiento. Se han encontrado cuerpos en las últimas horas y todo indica que de un momento a otro podría aparecer una noticia no tan esperada por nosotros”.

Ayer el gobierno de Duarte decidió “detener” a todo el cuerpo de la Policía Municipal de Medellín (38 elementos) para obtener una línea de investigación clara de quién y bajo qué motivos secuestró al reportero y activista social veracruzano.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Exalcalde de SLP solicita amparo contra detención y actos de tortura

MÉXICO, D.F: El alcalde con licencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, interpuso un amparo contra su captura y cualquier acto de incomunicación y tortura por parte de la autoridades federales.

La juez Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio trámite a la demanda de garantías y concedió al exfuncionario una suspensión provisional contra cualquier acto de incomunicación en su agravio, según el expediente 10/2015.

La solicitud de amparo fue promovido el pasado 6 de enero, después de que el aspirante a la candidatura del PRD para la gubernatura de San Luis Potosí fue detenido en su municipio, en un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su captura, fue llevado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió declaración y luego fue internado en el penal de Hermosillo, Sonora.

Gallardo Cardona pidió amparo en contra de cualquier acto de tortura, azotes, malos tratos, golpes, custodia, vigilancia, así como el impedimento directo a una adecuada defensa, según los listados del juzgado.

Se espera que el próximo 29 de enero se realice la audiencia constitucional de su amparo, en la que el juez decidirá si le otorga o no la protección de la justicia que solicita.


En el anuncio de la detención el pasado martes, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que el acusado declaró tener un violín con un valor superior a los cinco millones de pesos. Además, se le detectaron transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos a diversas razones sociales, incluyendo algunas en el extranjero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El dinero fantasma de Ficrea

El escándalo de Ficrea podría revelar un intrincado esquema de lavado de dinero. Y es que de acuerdo a la autoridad solo una tercera parte de los presuntos 6 mil 800 defraudados han reclamado su dinero. ¿Dónde están los demás clientes?

Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, es señalado por un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos contra ahorradores de esa sociedad financiera.

Ayer un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por este delito, sin embargo, los ahorradores -supuestos afectados por esos malos manejos- no están ni indignados por la estafa, ni felices por la determinación de la autoridad. De hecho, prácticamente no están. 

Solo una tercera parte de los presuntos 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.

Esta aparente calma apunta cada vez más a una estructura de lavado de dinero a través de triangulación de fondos y usuarios fantasmas.

El 7 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino las operaciones de Ficrea, luego de que la autoridad encontró posibles operaciones con recursos de procedencia ilícitas realizadas entre esa empresa y otras dos compañías que tienen al mismo socio mayoritario.

La investigación de la CNBV comenzó porque la empresa no tenía clientes en cartera vencida, a diferencia del resto de las instituciones similares.

En los dos meses que hoy se cumplen de que se intervino a la compañía, más irregularidades han salido a la luz.

Solo una tercera parte de los 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.

A este beneficio que alcanza los 131 mil pesos, tienen derecho todos los supuestos defraudados. 

Las manifestaciones y reclamos han sido de solo 400 ahorradores y, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solo ha recibido 300 quejas sobre el caso. 

Reprobados desde agosto

Los primeros indicios oficiales de que algo no andaba bien con Ficrea llegaron en agosto a través de una evaluación ordinaria realizada por Condusef a las sociedades financieras para revisar la transparencia en sus prácticas.

La revisión, que busca en las letras chiquitas de los contratos, se complementa con una verificación de expedientes reales para comprobar que estén usando el mismo contrato que tienen registrado.

Ficrea quedó reprobada con 3.7 puntos de 10 en esta revisión realizada por la Condusef en agosto a su contrato de préstamo a pequeñas y medianas empresas, relata en entrevista su presidente, Mario Di Costanzo.

“Encontramos falta de claridad en las amortizaciones que tiene que hacer el usuario. No estaba claro cuánto tenían que ir amortizando los usuarios, la tasa de interés.

“En los estados de cuenta que se les enviaba no era clara la cuenta que llevaban de cuánto había abonado y faltaba por pagar”, dice sobre el reporte que divulgaron entonces.

Un mes más tarde, detectaron que la empresa tenía en su contrato una cláusula ilegal, por la que cobraban una multa que podía llegar a los mil pesos cuando un usuario de Ficrea quería depositar en su cuenta algún cheque que alguien le había dado pero no tenía fondos.

Les anunciaron que estaban en proceso para imponerles una serie de multas, que sumaron 2.2 millones de pesos.

Les advirtieron, pero Ficrea no hizo caso.

“Estuvimos insistiendo y cuando se cumplió lo que establece la ley y después de que se agotaron los procedimientos se decidió por primera vez en los 15 años de historia de Condusef suspender un contrato”, selaló Di Constanzo.

Mientras, el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, compraba un departamento de 1.7 millones de dólares en el condominio The Trump Towers en Miami, de acuerdo con los registros públicos locales.

La compañía corrigió el contrato después de la suspensión, Condusef hizo la aclaración y anunciaron que si había algún cliente al que se le había hecho algún cargo podía acudir para hacer su reclamación.

“Ninguno vino”, cuenta Di Costanzo.

Las quejas en contra de Ficrea nunca dieron advertencia de que se podía estar gestando un fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos.

Muy pocas quejas

“A lo largo de 2014 tuvimos 283 asesorías técnico jurídicas sobre Ficrea, era gente que venía a preguntar sobre algún producto. Solo cinco se convirtieron en quejas formales”, dice Mario Di Costanzo.

El presidente de la Condisef ha coordinado el último mes un equipo de conciliación entre los ahorradores y la autoridad.

El porcentaje de quejas era mínimo, en un universo de 1.3 millones de acciones de defensa en 2014.

“Esto no reflejaba lo que estaba pasando en Ficrea. Cuando la CNBV describe la operación que implicaba la firma de dos contratos me llamó la atención porque nunca tuvimos una queja de ningún usuario sobre esa irregularidad.

“Era una institución que podía mejorar su transparencia y que estábamos en la posibilidad de recibir quejas por la cláusula del cheque, pensábamos iniciar una acción colectiva si se juntaban 30 quejas, pero nunca sucedió”, afirma Di Costanzo.

Aquí comenzaron las sospechas. Ficrea hacía los préstamos por medio de la compañía Leadman Trade, propiedad del mismo Olvera Amezcua.

El escándalo sobre el caso estalló el 7 de noviembre, cuando la empresa fue intervenida. Desde entonces hasta el 19 de diciembre, cuando se determinó liquidar sus activos, el centro de atención telefónica de la Condusef solo recibió mil 400 llamadas sobre el caso y atendieron 300 quejas.


“Si sumamos las quejas y las llamadas, aunque en las llamadas hubo gente que marcaba varias veces, son mil 700 gentes. ¿Dónde están los demás?”, se pregunta el presidente de la Condusef.

Esto se suma a que no ha habido más de 400 manifestantes y que la CNBV anunció que al 2 de enero solo habían recibido 2 mil 317 solicitudes para cobrar el seguro de depósito sobre los préstamos de los usuarios, aunque los 6 mil 800 usuarios que tenía registrada la compañía tenían derecho de hacerlo.

“Aquí el fabricar ahorradores o cuentas puede ser para meter dinero malo, que provenga de actividades ilícitas, lo está guardando un usuario que tú inventaste, que además no te va a reclamar el dinero. Lo sacas mediante un préstamo a otra persona para adquirir un bien o justificar el dinero, como se dice técnicamente, lavarlo”, dice el funcionario.

¿Cuántos son los usuarios reales?

Los meses previos a la intervención de Ficrea coinciden con la adquisición de mayor número de propiedades de Olvera Amezcua en Estados Unidos y la inyección de 8.9 millones de pesos a su compañía Leadman Trade España, con sede en Madrid.

El presidente de Condusef insiste en que estas adquisiciones tuvieron que hacerse con dinero de los ahorradores y no de las ganancias que Olvera pudo estar obteniendo.

“El mayor crecimiento de la cartera de Ficrea se da entre marzo y octubre de 2014. Fortalece su publicidad, su penetración, empieza a captar más ahorradores, hay más ingreso de dinero y hay que ver cómo iban a seguir pagando los intereses y cómo ir preparando la canalización de esos recursos.

“Llega un momento en que Ficrea tenía que pagar los intereses que le pagaba a los ahorradores con los ingresos de estas casas o con la utilización de estos activos, diferentes al esquema tradicional que es: te presto, te cobro una tasa de interés, hago una utilidad con eso y pago el interés a los ahorradores”, detalla.

El funcionario explica que el 98 por ciento de la cartera la otorgaba Leadman, Ficrea otorgaba el dos por ciento.

“El juego estaba llegando a su fin. Cada vez necesitaba más nuevos clientes y que sus bienes raíces o sus activos le permitieran pagar esos intereses”.

De aquí que la determinación de cuántos usuarios eran ficticios es clave para la investigación.

“Los propios ahorradores que sí existen deberían estar preocupados por lo que no existen, porque se divide entre menos.


“Si 2 mil 300 ahorradores van a salir con el seguro de depósito, el resto de lo que se venda hay que dividirlo entre 4 mil. Si se dan cuenta que hay 2 mil fantasmas se divide entre 2 mil nada más. Es un tema importante tanto para el esclarecimiento de las acciones ilegales que hizo Olvera como para buscar el mayor beneficio en cuanto al retorno de los ahorradores de sus ahorros”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Se encienden los focos rojos

Congresistas piden plan de contingencia por baja en el petróleo. Esperan que el Gobierno Federal establezca ya un plan de contingencia para evitar una ‘catástrofe económica’.

La alerta por la situación económica del país ya prendió los focos rojos en el Congreso de la Unión, donde se espera que el Gobierno Federal establezca ya un plan de contingencia para evitar una “catástrofe económica”.

La principal alerta proviene de la baja en los precios del petróleo. El precio de la mezcla mexicana se ubica ya por debajo de los 40 dólares por barril: casi la mitad de lo previsto en la Ley de Ingresos para el 2015, cuyo precio fue fijado en 79 dólares.

Otra preocupación de los legisladores es la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.

En la Ley de Ingresos, el precio del dólar fue fijado en 13.4. En los últimos días, el tipo de cambio ha rebasado los 15 pesos por dólar.

Los legisladores prendieron sus alertas por un posible recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por cada dólar que baja la cotización del petróleo, dejan de ingresar al país 4 mil millones de pesos.

Es decir, con una baja de 39 dólares en el precio del petróleo, las arcas del país dejarán de recibir 156 mil millones de pesos.

Esta cantidad representa el total del presupuesto de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, juntas.

Representa también más del doble de todos los recursos destinados al programa Prospera (que sustituyó a Oportunidades); o la mitad de todo el dinero dedicado al campo mexicano en el Programa Especial Concurrente (PEC).

A la disminución del precio del barril de petróleo, debe sumarse la baja en la producción, lo que sí pondría en aprietos a las finanzas nacionales por no ser un factor externo.

En el Congreso de la Unión, las fuerzas de oposición esperan que el Gobierno Federal comience a pensar en un plan de contingencia no solo para el 2015, sino para años posteriores.

Apuesta por ¿austeridad?

Las fuerzas políticas de oposición también pugnan porque el Gobierno Federal presente un plan de austeridad que contemple recortes al gasto corriente y no a programas sociales o que contribuyan a la activación económica.

Legisladores de izquierda reclaman que en realidad no existe un programa de ahorro del Gobierno que permita mejorar la calidad del gasto.

Paradójicamente, aunque cada vez entran menos recursos a las arcas nacionales, la clase política de primer nivel mantiene ingresos con prestaciones onerosas.

Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen ingresos anuales por más de 6 millones 760 mil pesos, en los que van incluidos prestaciones como la “Ayuda para la compra de anteojos” por 3 mil 100 pesos y un “Estímulo por el día de la madre”, por mil pesos.

Para Lilia Aguilar, diputada del PT, la existencia de privilegios para la alta burocracia son una muestra de la inexistencia real de un programa de austeridad.

“Es lo primero que debería hacer el Gobierno, una evaluación real, verdadera, de aquellas áreas que pueden ser tocadas sin afectar a los ciudadanos y que representan un gasto millonario”, sentenció.

Las posturas

> Lilia Aguilar
Vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT)

Sostuvo que es inminente un recorte en el Presupuesto de Egresos para este año, mismo que debe registrarse en el gasto corriente de todos los sectores gubernamentales.

 “Una vez aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, una vez aprobadas una serie de obras de infraestructura muy grande, esas ya no se pueden cancelar o el impacto social que se tendría sería mucho mayor, así que el recorte inicial tiene que ser al gasto corriente”, expuso Aguilar.

> Javier Lozano
Senador del PAN 

Para el PAN, además de la situación adversa que enfrenta el país por factores del exterior, México podría entrar en una recesión económica también por los efectos de la reforma fiscal.

“Dinero tienen, y si hay que hacer algún ajuste, que lo hagan en servicios personales y no le vayan a pegar a proyectos de infraestructura que, por cierto, deben ejercerse con más transparencia”, sostuvo Lozano.

> Héctor Gutiérrez
Diputado del PRI

El PRI mantiene su esperanza en el seguro de coberturas del precio del petróleo que fue contratado por la Secretaría de Hacienda para el 2015, pero ve un panorama nublado para el 2016.


“Lo que sí es preocupante en este momento es que se nos caiga la producción de barriles de petróleo, pues (con esto) se complica mucho más la licitación que pueda existir, derivada de la propia reforma energética”, expuso Gutiérrez.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Ediles ‘ilícitos’

Aún no se resuelve el caso de Abarca en Guerrero, y en lo que va del 2015 ya detuvieron a otros dos alcaldes por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en SLP y Michoacán.

Mientras continúa la investigación contra el exedil de Iguala José Luis Abarca iniciada en septiembre pasado tras la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que resolver dos nuevos casos de corrupción en gobiernos municipales. 

Este martes la dependencia anunció la detención de José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Según explicó Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se tienen contabilizadas tres empresas en las que Gallardo Cardona posee participación accionaria, y que eran utilizadas para triangular recursos, presumiblemente con origen ilícito.

“Un dato que ilustra el estilo de vida mantenido por este exservidor público es que en su declaración patrimonial manifestó ser propietario de un violín valuado en más de 5 millones de pesos”, agregó Zerón de Lucio.

Horas después de que el perredista ingresara al Cefereso de Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán informó sobre la aprehensión de Simón Vicente Pacheco, edil de Charapan señalado por enriquecimiento ilícito. 


De acuerdo con la PGJE, el político, también militante del PRD, presentó un “notorio aumento en su patrimonio, el cual fue considerado desproporcional a lo que pudiese percibir con motivo de su función”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF.

Peña no hará “mea culpa” por “Casa Blanca”: vocero presidencial

MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto no hará un “mea culpa” por el escándalo de la “Casa Blanca” de Angélica Rivera y la relación que el gobierno tiene con el Grupo Higa, advirtió el vocero presidencial Eduardo Sánchez.

De acuerdo con un cable de la Agencia Reuters, en una entrevista con sus corresponsales, Simon Gardner y Ana Isabel Martínez, el vocero reiteró que no existe conflicto de intereses.

“Habrá un mea culpa, y lo habrá siempre cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee. En esa medida lo habrá”, dijo Eduardo Sánchez.

Sin variación en el posicionamiento que expuso desde que se publicó la información de la “Casa Blanca”, la primera quincena de noviembre, el vocero presidencial defendió también la política de seguridad del gobierno federal en la entrevista con Reuters.


“La aplicación de la estrategia nos dice que estamos caminando en el sentido correcto, en la dirección adecuada. Vamos a ser disciplinados, vamos a mantener esta estrategia, le haremos los ajustes necesarios para tener mayor eficacia”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena: en los cuarteles no hay crematorios; Los Pinos: el Ejército no estuvo en Iguala

La Presidencia de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salieron este miércoles a negar la participación de las fuerzas castrenses en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de tres meses.

Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno mexicano, dijo que “son total y absolutamente falsas” las “afirmaciones” que involucran a elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes. Por su parte, en una carta a la prensa, la Sedena niega que los cuerpos hayan sido quemados en cuarteles militares como lo afirma un grupo de científicos y padres de los normalistas.

Las versiones de que el Ejército participó en los hechos, como lo sugieren padres de familia y organizaciones civiles “son total y absolutamente falsas. No hay ningún dato y, mucho menos, una prueba que sugiera ello. No existe el más mínimo indicio que pueda referir la participación de algún miembro del Ejército mexicano en estos hechos”, dijo Sánchez Hernández en entrevista con el diario español El País.

En tanto, el director general de Comunicación Social de la Sedena, el General Brigadier Martín Terrones Calvario emitió una aclaración en la prensa sobre “la hipótesis científica que se centra en los crematorios del Ejército y en privados”.

“Al respecto, le hago saber que ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, dice la aclaración dada a conocer este día.

Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.

José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado. VER ADEMÁS: ¿QUEMARON MILITARES A LOS 43 EN HORNOS?

“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados. Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron. El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.

El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.

Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.

Sobre estas versiones, el Vocero del gobierno mexicano dijo que “quienes han hecho estas imputaciones lo han hecho con una enorme ligereza y ninguno de ellos ofrece no digamos una prueba, el más mínimo dato”.

Sanchéz Hernández comentó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas “se ha llevado a cabo bajo los más altos estándares de investigación a nivel internacional”.


“Se han consultado laboratorios de medicina forense e identificación genética de Innsbruck, en Austria. En este sentido, no hemos reparado en cualquier apoyo técnico y tecnológico. La investigación está en etapa conclusiva”, refirió el funcionario federal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1210874.

Alfredo Castillo muestra VIDEOS sobre el enfrentamiento en Apatzingán; rechaza que escena del crimen haya sido manipulada

Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aseguró en conferencia de prensa, con base en videos, que el enfrentamiento durante el desalojo de la Alcaldía en Apatzingán se debió a una emboscada, no a ejecuciones por parte de policías federales.

La confrontación de ayer dejó al menos nueve muertos. Sin embargo, las imágenes de los cuerpos sin vida –difundidas en redes sociales por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia– daban cuenta de más decesos.

Castillo mostró tres videos del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4, los cuales muestran camionetas persiguiendo el convoy de la corporación federal que se dirigía al corralón para el resguardo de vehículos asegurados.

“Hay casquillos percutidos de escopetas, así como de .9 milímetros y .380, armas que no son utilizadas por la Policía Federal, por lo que hay posibilidades de que al menos las cinco víctimas que quedaron en una de las camionetas hayan estado en fuego cruzado”, dijo.

Además, el Comisionado rechazó que la escena del crimen haya sido manipulada. 

OTRO TLATLAYA: MONREAL

El Diputado federal Ricardo Monreal Ávila aseguró que Apatzingán es otro Tlatlaya y que el Comisionado de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, debe renunciar.

“Los acontecimientos de Apatzingán apuntan a otro Tlatlaya, donde los escuadrones de la muerte en México amparados, protegidos y pagados desde el Estado mexicano están actuando sin ninguna contemplación y sin ninguna sujeción al estado de derecho”, dijo el Diputado.


Monreal Ávila indicó que los derechos humanos en el país están en su “parte más crítica” y que Alfredo Castillo debe renunciar porque “no creo que le haya dado a Michoacán paz y tranquilidad”, afirmó.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-01-2015/1211364.

Protestas por Ayotzinapa siguen a Peña en su gira por Veracruz

BOCA DEL RÍO, Ver: Al tiempo que el presidente Enrique Peña Nieto recibía los aplausos de miles de “acarreados” de la CNC, afuera del World Trade Center de esta ciudad cientos de manifestantes repudiaban su gobierno y exigían justicia por Ayotzinapa.

“Lamehuevos del Estado. Sin dignidad”, se advertía en las pancartas y lonas de tela que portaban estudiantes universitarios, ataviados de negro y con los rostros pintados de rojo –para simular sangre–, quienes criticaron el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 26 y 27 de septiembre.

Afuera del centro de convenciones también se manifestaron, megáfono en mano, familiares del reportero de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” por un comando el viernes 2 y cuyo paradero aún no se alcanza ni por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).

José Sánchez Ordóñez, hijo del periodista y activista, solicitó la intervención de la PGR y del propio Peña Nieto para que se atraiga la investigación y, de paso, se inicie una investigación formal en contra de Omar Cruz Reyes, alcalde panista de Medellín –municipio donde fue secuestrado Sánchez Cerezo–, quien días antes había lanzado amenazas al reportero de La Unión.

“Ya no podemos esperar más, sabemos que en estos casos los primeros días son vitales. Lo que pedimos es la aparición de Moisés Sánchez, pues sospechamos del alcalde de Medellín Omar Cruz; él ya declaró ante la prensa y dice que tiene la conciencia tranquila, pues que renuncie, se presente a declarar y que el juez determine”, emplazó.

Durante la protesta, los familiares de Moisés Sánchez fueron hostigados por policías estatales, federales y por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), quienes quisieron arrebatar a los inconformes las cartulinas y posteriormente robar el megáfono en donde éstos alzaban su voz de protesta.

Incluso, a los reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que apoyaban la manifestación de la familia del periodista, elementos del EMP los empezaron a “seguir” y tomar fotos y videos de sus rostros y de los logotipos de los medios que representaban.

Aunque en el salón Tajín Peña Nieto exaltaba que al comenzar su tercer año de gobierno ya se empieza a sentir “un proyecto de nación” y una sociedad que trabaja por “el país que todos queremos”, afuera, a unas cuadras, en la entrada al fraccionamiento Costa de Oro, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, más de un centenar de empleados sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) fueron “encapsulados” por elementos de la Policía Estatal Acreditable y por fuerzas federales para evitar a toda costa que llegaran al centro comercial Plaza Américas y al WTC, donde acudiría, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, el Ejecutivo federal.

Los sindicalizados del SAS reclaman el pago del aguinaldo, la segunda quincena de diciembre, el fondo de la Caja de Ahorro, así como la compra de uniformes, entre otras prestaciones, que el órgano público descentralizado del gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de solventar, pues recientemente se declaró en quiebra financiera.

En el parque Zamora, cerca del Centro Histórico del puerto de Veracruz, un centenar de trabajadores disidentes de Tenaris Tamsa, agrupados en la organización Movimiento por la Democracia, aprovecharon la visita de Peña Nieto para llamar su atención y repudiar el liderazgo vitalicio del líder priista Pascual Lagunas, quien lleva más de 25 años al frente de los sindicalizados de esa empresa trasnacional.

En el cato del centenario de la promulgación de la Ley Agraria, acontecida en 1915 en Veracruz y promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza, alrededor de diez mil campesinos de Durango, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, Peña Nieto reconoció que aún hay “rezagos” y en el país hay miles de productores que no han podido tener acceso a una “vida digna”.

Sin embargo, el presidente señaló que con el impulso del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan) y el Programa de Apoyo Directo a la Pesca (Propesca), el gobierno de la República busca incentivar la productividad y la fertilidad de la tierra, con lo que se podrán abatir muchos rezagos.

Peña Nieto presumió que para este 2015 hay una bolsa federal de 12 mil millones de pesos para “comercializar” los productos del campo en el ámbito nacional.

De la reunión con su homólogo estadunidense, Barack Obama, el presidente sólo dedicó líneas de disculpas, pues dicha agenda de trabajo le impidió celebrar la promulgación de la Ley Agraria el martes 6 y recorrer el evento un día después.

El político priista optó –en su primera visita a Veracruz en lo que va del año– por resaltar que gracias a las reformas energética y hacendaria, recién aprobadas, se “acabaron” los gasolinazos que “mes con mes lastimaban a las familias mexicanas” y ahora, prometió, vendrá una “disminución paulatina” de las tarifas de luz eléctrica.

Al acto asistió el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el senador Humberto Cota Jiménez, quien expresó que Peña Nieto es el “amigo de los campesinos”.

“La verdad es que lo queremos mucho, señor presidente”, remató Cota Jiménez.

En su intervención, el gobernador Javier Duarte aseguró que el presidente Peña Nieto “es un hombre comprometido con el campo”, cuya demostración queda fuera de duda, al etiquetar, subrayó, un “presupuesto histórico” de 350 mil millones de pesos destinado para el campo.

“En Veracruz usted tiene aliados convencidos de que el rumbo que lleva el campo en el país es el correcto”, expresó Duarte, quien recordó a Peña Nieto que en esta entidad cerca de 40% de la población vive en zonas rurales y, por ende, se dedican a actividades agropecuarias.

Antes de que finalizara el evento y mientras Peña Nieto aún tenía la palabra, un millar de campesinos adheridos a la CNC salieron casi corriendo del recinto, pues debieron movilizarse para no perder los autobuses que los llevarían de regreso a sus lugares de origen.


Sin embargo, para que pasara desapercibida la atropellada salida del campesinado del WTC, personal de logística enfocó las pantallas gigantes del recinto en un close up al rostro del Ejecutivo federal priista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.