Empresas fuera de México, triangulación de recursos, cómplices de confianza. El dueño de Ficrea armó un plan prácticamente impecable para desviar más de 2 mil millones de pesos de los clientes de la Sociedad Financiera Popular.
El fraude de más de 2.7 millones de pesos con el que Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, perjudicó a sus ahorradores tiene detrás una red de empresas en Inglaterra, Madrid y Miami, la triangulación de recursos y muchos cómplices.
El dinero que Olvera Amezcua sacó de México pasa por otras compañías manejadas por su hijo Rafael Olvera Silva, un empleado, y el exrepresentante de Proméxico en el Reino Unido.
Hasta ahora, a Olvera Silva no se le ha vinculado en el esquema de lavado de dinero, con el que el empresario originario de Tamaulipas habría colocado fuera del país el dinero de los ahorradores de la sociedad financiera.
Pero los nexos de estas compañías con Ficrea son innegables. El esquema de apertura de empresas, las fechas de creación y los socios, indican que Vindu formaría parte del Grupo Trade, que incluía a Leadman Trade, la compañía espejo de Ficrea por medio de la cual el dinero salía del sistema financiero sin ser detectado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mientras los ahorradores buscan depurar el padrón de usuarios de la sociedad financiera y determinar cuánto debe tocarles en la liquidación, esta red podría aportar recursos extra que no han sido mencionados por la autoridad.
Primero socio, luego víctima
Dos meses antes de que Ficrea fuera intervenida, Grupo Leadman creó una filial en Inglaterra por medio de un exempleado de alto rango de Proméxico.
Un documento del registro público del Reino Unido obtenido por Reporte Indigo indica que el único empleado de la compañía, registrado en el puesto de director, fue José Neif Jury Fabre, de 46 años, con nacionalidad francesa.
El nombre de la empresa fue Leadman Trade UK LTD y su director había dejado la administración pública tres meses antes del 19 de septiembre de 2014, cuando creó la filial.
En entrevista con Reporte Indigo desde Londres, Jury Fabre cuenta que a principios de septiembre la oficina de Proméxico en esa ciudad lo contactó con Eduardo Rafael Torre Aliseda, director de Inmuebles de Ficrea, quien le pidió trabajar juntos para comprar un edificio en Londres que rentarían por medio del Grupo Trade.
“Me pidieron que les ayudara a encontrar un edificio bueno que les dejara un buen rendimiento, que armara una estructura de una empresa que administrara el edificio”, relata.
El 13 de octubre, el empleado de Ficrea se decidió por un edificio en la zona de Central London, con un costo de 4.2 millones de libras esterlinas (94.5 millones de pesos).
Dos días más tarde, desde una cuenta en Bancomer de la compañía Baus and Jackman Leasing, parte de Grupo Trade, le transfirieron a Jury Fabre 30 mil libras esterlinas las cuales usó para pagar el anticipo del edificio, trámites de registro de la empresa y algunos gastos del abogado.
Con el anticipo negoció que se apartara la propiedad hasta el 17 de noviembre, cuando debía depositar otras 650 mil libras esterlinas.
Dos semanas antes de que Ficrea fuera intervenida, el 21 de octubre, la compañía le depositó al exfuncionario de Proméxico otras 85 mil 648 libras para continuar con el proceso de compra. Luego vino el silencio.
Jury Fabre se enteró por las noticias de la intervención de Ficrea. Contactó en México a Luis Fabre Pruneda, director de técnico de la Condusef, para pedirle orientación sobre cómo pagar el finiquito del abogado y regresar a México el dinero que quedaba en su poder de lo que le habían depositado desde Ficrea. Sumaban 89 mil 130 libras (1.9 millones de pesos).
El apoderado de Baus and Jackman Leasing, Gilberto Cerón Poo, de acuerdo con un oficio del que Reporte Indigo obtuvo una copia, le indicó que debía depositar el dinero de regreso en Ficrea.
Jury Fabre lo transfirió desde una cuenta en el banco Barclays el 22 de diciembre, según la copia del recibo a la que este diario tuvo acceso.
“Tuve muy mala suerte, pero jamás pensamos nadie que Ficrea estaba tan mal, ya mandé a cancelar (Leadman Trade UK), el registro público se tarda nueve meses en cerrarla totalmente” asegura Jury Fabre.
Raíces en México
Aunque José Neif Jury Fabre firmó la creación de Leadman como ciudadano francés, toda su carrera se ha desarrollado en México.
Antes de ingresar como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2008, trabajó como especialista en Inversiones Internacionales en Grupo Financiero Banorte.
Se convirtió en delegado diplomático de Proméxico en febrero de 2008. Desde febrero de ese año hasta agosto de 2011 fue delegado de comercio de Proméxico para Medio Oriente con sede en Dubai.
En junio de 2011, lo nombraron en ese mismo puesto pero esta vez en Londres, para atender todo lo relativo a Proméxico en Reino Unido.
Estuvo en el cargo hasta abril de este año, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Actualmente, su puesto es como presidente de la compañía Servicios para el Individuo y la Familia, en Londres, al mismo tiempo que maneja la sucursal de Leadman en ese país.
Las redes de Vindu
La fortuna de Rafael Olvera Amezcua fuera de México, alimentada con la compra de propiedades en Texas, Nevada y Florida, no explica su estructura corporativa sin la intervención de su hijo, Rafael Olvera Silva.
El joven aparece como socio fundador y director financiero de Vindu, una empresa de venta de suplementos alimenticios, clasificados como un “sistema de nutrición especializada” que vendían productos por medio de una farmacéutica de herbolaria.
Aunque Vindu no aparece formalmente como parte de Grupo Trade en el reporte de calificación crediticia que realizó HR Ratings en abril de 2012, sus nexos son innegables.
Rafael Olvera Silva se presenta en el sitio Web de Vindu como licenciado en Finanzas y contabilidad, con estudios en Análisis Bursátiles en Madrid, una maestría en marketing en Brighton, Inglaterra, una maestría ejecutiva en Finanzas y experiencia como directivo en “diversas compañías de México y Puerto Rico”.
El nombre de su padre, socio mayoritario de Ficrea, no luce en el directorio pero sí en la foto de portada del sitio Web, donde el ahora prófugo buscado por la Interpol se ve cortando el listón inaugural de una sucursal de Vindu.
Más aún: la propia matriz en México de esta compañía dice a sus clientes que cuentan con “un respaldo financiero importante, ya que formamos parte de una prestigiado grupo de sólidas y reconocidas financieras, mismas que hacen posible que la propuesta de soluciones de VINDU sea única en la industria. Gran parte de los beneficios del Plan de Vida, exclusivos de Vindu, son posibles a gracias a esta fortaleza financiera”.
La “fortaleza financiera” a la que se refieren es Ficrea, como lo refleja el logo de la sociedad financiera popular, que acompaña esta explicación de la “solidez de Vindu”.
Esta empresa, sin embargo, no ha sido mencionado hasta ahora como parte del paquete de liquidación, de donde se obtendrán fondos para liquidar a los clientes defraudados de Ficrea.
Nexos fuera de México
Las conexiones entre Vindu, empresa de Rafael Olvera Silva, con el dinero que perdieron los ahorradores de Ficrea se encuentran también en España y Estados Unidos.
En mayo del año pasado, el hijo del dueño de Ficrea se registró como gerente de Vindu Holdings en Miami.
La dirección fiscal que ubicaron para la empresa es el edificio en el 20900 del noroeste y la avenida 30 en la zona de Aventura, al norte de la ciudad.
El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.
Además de Olvera Silva, el otro socio de Vindu en Estados Unidos es Leadman Trade Inc., una filial de la compañía que trianguló el dinero y las deudas de los clientes de Ficrea.
Mientras Vindu mantiene la dirección en Aventura, Leadman Trade Inc., que estaba originalmente ubicada en una oficina virtual en Miami Beach, cambió su domicilio fiscal a esta misma locación y sufrió modificaciones en sus socios en los mismos días en que se concretó la intervención de la sociedad financiera en México.
El registro público de corporaciones de Florida muestra que en abril de este año, Leadman Trade Inc. hizo su registro anual con la dirección de Miami Beach.
Como funcionarios estaban Samuel Strauch, agente de bienes raíces para todas las operaciones de Olvera en ese estado, su hijo Rafael y Leadman Trade, S.A. de C.V., con su dirección de Monte de Camerún 120, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Pero el 17 de noviembre, cuando Ficrea estaba intervenida y comenzaba a destaparse en México el esquema de triangulación con Leadman, los Olvera salieron de los registros de esta sociedad.
Un documento de enmienda del registro que obtuvo este diario muestra que en esa fecha Samuel Strauch eliminó del registro de la empresa a la matriz mexicana de Leadman, a Rafael Olvera Amezcua y Rafael Olvera Silva.
A pesar de esta eliminación, la vinculación de las compañías aún puede realizarse, pues al cierre de esta edición el hijo del dueño de Ficrea aún aparecía como gerente de Vindu Holdings.
La red con Vindu se remonta al 3 de octubre de 2013, cuando se creó en Madrid la compañía Comercializadora Vindu España.
El socio único de esta compañía es Rafael Olvera Amezcua, aunque su hijo es la cabeza visible de la matriz de esta empresa en México.
La empresa inició con un capital de 3 mil euros y su patrimonio neto, pero en un año, Leadman Trade España SL, logró pasar a 8.96 millones, según los registros públicos.
> El mismo edificio
El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
PUEBLA, Pue: A tres días del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, organizaciones políticas, sindicales, sociales y académicos cuestionaron que el mandatario poblano pretenda llegar a la Presidencia de la República, cuando tiene a la entidad sumida en la pobreza, el atraso, el endeudamiento y bajo políticas “depredadoras, privatizadoras y represivas”.
Integrantes del Consejo Magisterial Poblano, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la 28 de Octubre, la Asamblea Social del Agua, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), el Movimiento en Defensa de Cholula, académicos y sindicalistas, entre otros, realizaron esta tarde una concentración en el Zócalo poblano.
Ahí, la abogada Miriam Pascual dijo que el gobierno de Moreno Valle es el más represor del país, por encima de Oaxaca y Veracruz, luego de que en los cuatro años que lleva su administración, más de 200 personas han sido encarceladas por participar en luchas sociales.
El dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alberto Lozano Ortega, acusó al mandatario estatal de violar reiteradamente las garantías constitucionales de los poblanos, especialmente de los pueblos indígenas.
La administración morenovallista, aseguró, ha afectado el derecho humano al agua al decretar la privatización del servicio; el derecho de audiencia con la ley de Expropiación; así como el de manifestación y protesta, con la llamada “Ley Bala”.
Además, dijo que el gobierno ha causado un daño económico y patrimonial al retirar concesiones a los propietarios de verificentros. También ha afectado el derecho al trabajo de los transportistas y mototaxistas y ha perjudicado la posibilidad de transporte para los pobladores al imponer el deficiente servicio del metrobús.
Lozano Ortega denunció que los más afectados por las políticas de Moreno Valle han sido las poblaciones indígenas que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil, pues les retiraron servicios y derechos que tenían desde hace décadas.
El gobierno, continuó, ha recurrido al uso de la fuerza y de balas de goma para reprimir a habitantes de comunidades originarias, como ocurrió en Chalchihuapan, donde las balas lanzadas por la policía causaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. También ha violentado derechos de pobladores como lo hizo con Delfino Flores Melga, luchador social que murió en la prisión pues aunque tenía 90 años de edad, el gobierno se negó a otorgarle la prisión domiciliaria.
El economista Alejandro Chávez Palma dijo que en los cuatro años de su gobierno, Moreno Valle ha ejercido un presupuesto de más de 278 mil millones de pesos. Sin embargo, Puebla se mantiene como la tercera entidad del país con mayor población en condiciones de pobreza.
La administración estatal, agregó, ha concentrado su gasto en obras “faraónicas”, en mantener la burocracia estatal y en publicitar su imagen.
El maestro Miguel Guerra, del Consejo Magisterial Poblano, cuestionó las cifras que Moreno Valle publicita en los spots sobre sus logros de gobierno. Y es que, criticó, en los mensajes asegura que ha repartido 2 millones 189 mil becas, cuando la cobertura de educación básica de Puebla es de un millón y medio de alumnos.
“¿A quién le ha entregado esos más de 2 millones de becas?”, cuestionó, “¿a la educación privada, a los empresarios de la educación, a la población abierta? Yo desmiento esas cifras, nos quieren obligar a creer en cosas que no podemos aceptar de ninguna manera”, reclamó.
En representación del MIOCUP, una habitante de Cuetzalan denunció que el gobierno poblano ha impulsado proyectos de minería, hidroeléctricas y gasoductos que afectan el medio ambiente, las actividades productivas y la forma de vida de los pueblos.
Mireya León, representante de la Asamblea Social del Agua, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de afectar a toda la población de la zona conurbada del estado al entregar a una empresa privada la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que ha encarecido las tarifas.
El dirigente del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Guillermo López Mayo, dijo que el mandatario estatal ha combatido a los movimientos sindicales independientes a los que ha negado la toma de nota, mientras impulsa la creación de otras representaciones “a las que puede manipular”.
“La política del gobierno neoliberal de Moreno Valle ha sido depredadora, sólo ha beneficiado a los grandes consorcios empresariales extranjeros, en perjuicio de los locales, pero sobre todo arrasando con los derechos e intereses de los sectores populares”, acusó.
“¿Cómo es posible entender que el gobernador Rafael Moreno Valle piensa proyectarse hacia la Presidencia de la República si lo ha hecho sobre la base de atropellar, asesinar y meter a la cárcel a muchos luchadores sociales?”.
López Mayo mencionó los casos de Chalchihuapan, el parque en Cholula, el Gasoducto Morelos, las juntas Auxiliares de la Resurrección y de Canoa. Sin embargo, enfatizó en la detención del dirigente de la organización de vendedores ambulante “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, conocido como Simitrio, y su hijo.
“El compañero Simitrio no está en la cárcel por cometer algún delito, está en la cárcel en represalia por su capacidad como dirigente social”, expresó.
“No puede haber en Puebla presos políticos para favorecer una carrera política de alguien que no ha demostrado el menor conocimiento y sensibilidad a las necesidades de la población de esta entidad”, finalizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
MONTERREY, N.L: Familiares buscarán a sus desaparecidos en el interior de los penales de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, debido a que tienen información de en estos lugares se encuentran personas que son obligadas a purgar condenas de delincuentes sentenciados que están libres, señaló Irma Alma Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
También anunció que entregará información a las autoridades penitenciarias en esas entidades para precisar dónde creen que se encuentran las personas que suponen secuestradas o muertas, para que aquéllas las busquen, pues no hay forma de que sus familiares accedan directamente a las víctimas.
“Es muy difícil el acceso a ellos, por ello se estarán solicitando los registros fotográficos y dactilográficos, porque hay confirmación, por declaraciones, de que algunos desaparecidos pueden estar purgando condenas que no les corresponden. Es un tema muy delicado y que tenemos que irnos con mucho cuidado, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas y Veracruz”, dijo.
La activista comentó que ya se entrevistaron con algunos subprocuradores, quienes les pidieron que aportaran información, pero dejándoles a ellos la tarea de hacer la investigación.
“En esa posición nos ponen y así la vamos a tomar. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos. Ya no queremos siquiera justicia, buscar a los perpetradores. Lo que hacemos únicamente es buscar a nuestros desaparecidos”, acotó.
También dijo que tienen informes de que algunos ausentes pueden estar encerrados, por lo menos, en alguno de los tres centros penitenciarios de Nuevo León: Topo Chico, Cadereyta y Apodaca.
Luego comentó que el colectivo que integra tiene información de que en algunos penales del país ya han sido localizadas personas que suponían muertas o plagiadas, lo que les hace suponer que existe la posibilidad de encontrar a sus parientes en los centros de readaptación social, donde estarían incomunicados y sin posibilidad de exponer su situación al exterior.
“No puedo dar los datos exactos, ya que no estamos autorizados, pero con base en lo que conocemos, estamos decididos a emprender esa búsqueda. No son leyendas urbanas, como algunas veces nos hacen ver funcionarios públicos, como si pidiéramos locuras. Tenemos datos exactos de gente encontrada así.
“Contacto con el exterior no tienen. Lo que se ha conocido es que están purgando condenas que no les corresponden, de gente que está fuera. Esas son las historias que nos están comentando, de los casos que se han sabido y de gente que puede ser rescatada y que estaba considerada desaparecida”, mencionó.
La posible suplantación de identidades confirmaría el descontrol en el que se encuentra el sistema penitenciario mexicano, y haría evidente el infierno en el que se vive en el interior de las prisiones, denunció.
También las fosas
La activista dijo que además de buscar a sus ausentes en las penitenciarías, los familiares emprenderán una búsqueda personal en lugares donde sospechan que hay fosas clandestinas, debido a que aceptaron como un hecho que el gobierno del priista Rodrigo Medina optó por ignorar su demanda de justicia.
Para esta investigación particular han pedido respaldo a la organización nacional Ciencia Forense Ciudadana, de reciente creación, que ha comenzado a registrar los casos de desaparecidos en todo el país y que ha contribuido a la búsqueda de restos humanos en Guerrero.
“Tenemos algunos puntos donde la gente ha comentado que posiblemente haya concentración de restos humanos en algunas partes de Nuevo León. Hemos pedido asesoría a Ciencia Forense Ciudadana, a la que pertenecemos, que ha apoyado a Iguala en la búsqueda ciudadana en cuanto a las cuestiones legales, para no entorpecer y no invalidar alguna prueba en caso de que la encontremos”, señaló.
Fundenl envió el 1 de diciembre al gobierno de Medina de la Cruz un emplazamiento para que diera muestras genuinas de interés en buscar a los desaparecidos en la entidad.
Irma Alma Hidalgo comentó que indicaron a los investigadores sitios precisos en la entidad donde sospechan que hay restos óseos humanos, en puntos que aún no puede revelar, sin embargo, la PGJE no ha dado indicios de querer acompañarlos a la pesquisa en esos sitios.
“Como siempre nos ignoran olímpicamente. Estamos agotando todas las situaciones para que ellos tomen acciones y, al no haber respuesta, hemos decidido llevar las acciones como regularmente lo hacemos las familias de los desaparecidos, que hacemos nuestras propias investigaciones”, dijo.
Fundenl ha tomado como ejemplo a los padres de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, quienes decidieron emprender su propia búsqueda ante la indiferencia de las autoridades, y en esa tarea encontraron en fosas clandestinas restos humanos que han ayudado a resolver casos de homicidios.
“En diferentes ocasiones estuvimos con el procurador (Adrián de la Garza), donde nomás nos escucha y no vemos ninguna acción, ningún resultado o avance. Y el gobernador Rodrigo Medina jamás nos recibió, aunque constantemente solicitamos audiencia”, señaló.
Antes de hacer públicos los sitios de la búsqueda, los activistas aguardarán a que la PGJE integre esa información a las averiguaciones previas que se llevan en los casos de los desaparecidos, como una forma de agotar, primero, las líneas legales.
Si no hay respuesta, advirtieron, entonces harán público el plan de búsqueda, aunque no acuda con ellos el MP, como es su propósito, reveló Hidalgo.
Fundenl se integró en 2012 y actualmente la integran unas 20 familias que buscan a un centenar de desaparecidos en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F: El juez sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, estimó que la profesora Elba Esther Gordillo debe ser considerada legalmente adulto mayor, condición que le permitirá cumplir el resto de su juicio en su casa.
El abogado de la exdirigente del SNTE, Marco Antonio del Toro, aseveró que el juez basa su determinación en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ayer, el diario Reporte Índigo publicó una entrevista con Marco Antonio del Toro Carazo en la que recordó que la maestra sólo tiene un riñón y corre el riesgo de sufrir una infección que obligaría a someterla a una diálisis.
“Está pasando el peor de los mundos: no está en un área de un reclusorio ni en una prisión domiciliaria, está en un cuarto de un hospital”, manifestó.
La exlideresa del SNTE está acusada de haber defraudado al fisco con 2 millones 199 mil pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Genéricos y artesanales son preferidos desde el año pasado por su menor costo: Anpec. Para hacer rendir el dinero se adquiere menos de lo necesario y lo más barato, dicen comerciantes.
Bebidas y alimentos industrializados de marca, como los panes de Bimbo, las botanas de Sabritas o Barcel y los refrescos de Coca-Cola o de otras compañías, redujeron su presencia en los anaqueles de las tiendas de abarrotes y misceláneas.
Fueron desplazados por productos genéricos y artesanales que, al costar menos, resurgieron desde el año pasado como alternativas de compra ante la cascada de aumentos desatada por la reforma fiscal, y se consolidaron como tendencia hasta la presente cuesta de enero, aseguró Cuauhtémoc Rivera, dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
La gente se está enseñando a comprar diferente porque tiene menor capacidad de compra y trata de hacer rendir su dinero, de sacarle el máximo provecho comprando menos cantidad de lo que necesita y más barato.
Es un deporte nacional. En lugar de refrescos compran aguas de sabor embotelladas y sin marca. Los polvos saborizantes y jarabes han tenido un repunte de ventas y desplazan a productos conocidos como Tang y Kool-Aid. La gente compra pan artesanal, del que se vende en canastas, en lugar de Bimbo, Marinela o Tía Rosa, o bien el llamado pan frío de estas marcas, o sea el que no está tan fresco y se vende más barato en locales especiales del Metro u otros lugares, ejemplificó.
Son opciones que los abarroteros han incorporado a su mercancía para garantizar sus ventas que, dijo, han mantenido una estabilidad a la baja o están estancadas. Aseguró que todavía no se han observado aumentos de precios en estos productos que, aunque no son básicos son de consumo generalizado, pero previó que en las próximas semanas haya alzas a consecuencia del incremento de 1.9 por ciento en el precio de las gasolinas.
Esos productos artesanales o a granel representan también oportunidades de trabajo y sobrevivencia, más que de negocio, para miles de personas que se ocupan de preparar aguas saborizadas, botanas o pan en sus casas para vender en las calles y, si se puede, en negocios establecidos.
Rivera aclaró que tampoco significa que las grandes empresas del sector hayan dejado de surtir a los pequeños negocios del país o sus repartidores recojan la totalidad de la mercancía que les dejan porque no se vende, pero sí dejan menos cantidad y variedad, porque hay menos rotación o circulación de los productos.
En su momento, Fomento Económico Mexicano (Femsa), principal embotellador de Coca-Cola y sus diferentes marcas en el país, reportó que sus ganancias disminuyeron en 179 millones de pesos o 1.2 por ciento de enero a septiembre del año pasado, al llegar a mil 503.7 millones de pesos contra mil 521.6 millones de igual periodo de 2013, situación que atribuyó a gastos de financiamiento por la emisión de bonos.
Las ventas de Bimbo en México se redujeron 1.3 por ciento en esos nueve meses y sólo en el tercer trimestre, el último reportado a sus inversionistas, cayeron 3.1 por ciento por el débil entorno en el consumo y el aumento de precios implementado desde el cuarto trimestre de 2013, aunque sus ganancias crecieron 25 por ciento compensadas por otras operaciones.
Arca Continental, el segundo embotellador más grande de Coca-Cola y otros refrescos en el país, indicó que de enero a septiembre sus ventas de refrescos de cola disminuyeron 2.9 por ciento, las de refrescos de sabores cayeron 8.3 y las de bebidas no carbonatadas que se refieren a tés, jugos, néctares, isotónicos y bebidas energéticas se redujeron 8.5 por ciento. Pese a ello sus ganancias subieron 4.7 por ciento en términos anuales.
El dirigente de la Anpec reconoció que los productos artesanales, a granel y sin marca no cumplen con la normatividad sanitaria y de calidad a la que está sujeta la mercancía de las grandes empresas, pero insistió en que el origen del problema es que la gente sigue padeciendo una disminución en su poder adquisitivo que la obliga a buscar y pedir otras alternativas.
Abundó que los abarroteros no le hemos entrado a la venta a granel de todos los productos aunque se haya generalizado. Es el caso de los líquidos de limpieza, que van desde blanqueadores y limpiadores hasta detergentes y suavizantes líquidos y aromatizados para lavar la ropa, que se venden en locales especiales o bien con repartidores que llevan varios galones o botes en triciclos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLES.
MONTERREY, N.L: La senadora con licencia Ivonne Álvarez García fue designada esta noche candidata por el PRI a la gubernatura de Nuevo León.
En el camino por la nominación, la exalcaldesa de Guadalupe dejó a su compañera de la Cámara alta, Cristina Díaz Salazar, y al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Álvarez García, de 36 años, se dio a conocer en la entidad como conductora de segmentos de espectáculos en Multimedios y por su participación como animadora en programas gruperos, antes de convertirse en diputada local (2003-2006) con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
A partir de ahí, la guadalupense tuvo un ascenso meteórico: cuando Cristina Díaz era alcaldesa guadalupense, Ivonne Álvarez era su directora general del DIF municipal. Luego en el 2009 se convirtió en alcaldesa de Guadalupe, puesto que abandonó para ser nominada y ganar la senaduría de Nuevo León.
Álvarez García había empeñado su palabra en la campaña municipal para mantenerse los tres años en el cargo, aunque ignoró su promesa y buscó una posición mayor, lo que ocasionó que enfrentara demandas de ciudadanos que le exigían concluir su gestión al frente del cabildo guadalupense, recurso legal que no prosperó.
Durante todo el año pasado en la efervescencia previa al arranque del año electoral, Ivonne Álvarez se mantuvo como puntera en las encuestas de opinión, por encima de Cristina Díaz, exdirigente nacional del PRI y finalista en la carrera por la nominación.
César Camacho, dirigente nacional del PRI, dio a conocer la designación en la sede nacional priista, acompañado de los otros once aspirantes a la posición.
Se espera que Álvarez enfrente, en la jornada electoral del domingo 7 de junio, a la alcaldesa panista con licencia Margarita Arellanes Cervantes, quien también incurrió en “chapulineo”, pese a la promesa de concluir el periodo edilicio y que ahora es precandidata, aunque se da como un hecho que gane la postulación de su partido en la contienda interna.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Padres de los normalistas desaparecidos se enfrentaron ayer con militares en Iguala; aseguran tener pruebas de que soldados participaron en los hechos del 26 de septiembre.
En Iguala, la violencia no cesa. Elementos del 27 Batallón de Infantería se enfrentaron ayer con normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos cuando estos ingresaron al cuartel general para exigir la presentación con vida de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Aproximadamente a las 13:45 horas, de acuerdo con Milenio, los inconformes arribaron a Iguala y se dirigieron hacia la zona militar, que ya estaba resguardada con vallas de metal y alambradas, para exigir justicia.
Mientras los padres daban un discurso en el que denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, estudiantes lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.
Sin embargo, minutos después los padres lograron burlar la seguridad e ingresar al interior del cuartel.
Una vez dentro, los militares efectuaron detonaciones de petardos para intentar dispersar la movilización, pero solo consiguieron que los manifestantes intensificaran su embate.
Durante la gresca, miembros de las fuerzas castrenses e inconformes se agredieron con piedras y palos. Asimismo, ambos bandos utilizaron los contenidos de un camión de cerveza que habían tomado los manifestantes.
Según detalla Milenio, aproximadamente a las 14:15 horas la confrontación cesó cuando los normalistas se replegaron hacia sus autobuses y los soldados se atrincheraron en la entrada del cuartel.
En Chilpancingo también
De forma similar, familiares de los estudiantes e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron una protesta en la 35 Zona Militar para pedir la presentación con vida de los normalistas.
Una comisión de padres llegó hasta la entrada de la zona militar para exigir que se abran los cuarteles, ya que, según sus testimonios, ahí es donde se encuentran los estudiantes.
Pese a que los familiares llamaron a no caer en provocaciones, algunos manifestantes arrojaron piedras a los elementos antimotines ahí presentes. También quemaron una camioneta.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido horas atrás en Iguala, en Chilpancingo no hubo confrontación con las fuerzas castrenses.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: El obispo Raúl Vera y miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) realizarán una gira por Europa para denunciar casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, así como la impunidad imperante en Guerrero.
Con esa gira, Vera López “pretende advertir que si bien en este momento el caso reciente de mayor gravedad es la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, esto no habría ocurrido si la masacre de El Charco, cometido por militares, no siguiera en la impunidad”, apuntó Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red.
La activista explicó que el obispo estará en Europa del 29 de enero al 4 de febrero próximo, para reunirse con parlamentarios alemanes en Berlín; con eurodiputados en Bruselas y con relatores especiales para las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Entre los casos que expondrá el grupo serán la matanza de 11 indígenas desarmados en la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla, en junio de 1998; el hostigamiento y amenazas a los dirigentes de la Organización Indígena del Pueblo Me’phaa, Obtilia Euginio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, y el hostigamiento a la Casa de la Justicia de El Paraíso, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria.
Como un asunto de preocupación, apuntó López Paulino, el obispo pondrá en la mesa el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, homicidio que se le adjudica al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Aunque sabemos que Abarca está siendo procesado y encarcelado por el asesinato de Arturo, lo cierto es que no tenemos acceso a todo el expediente ni se nos ha permitido revisar otras averiguaciones contra el exalcalde de alguna manera relacionados con el homicidio de Arturo”, aseguró la activista.
Para López Paulino “es muy importante que a nivel internacional se conozcan estos casos porque podrían considerarse antecedentes del caso de Ayotzinapa, en el que hay indicios de que el ejército estuvo detrás”.
Por desgracia, añadió, “en Guerrero las violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra la población civil no se restringen al caso Ayotzinapa. La matanza de 11 indígenas desarmados en El Charco, es uno de tantos que se mantiene en la impunidad, por eso consideramos que se conozcan estos hechos”.
A ese caso se suman las amenazas y hostigamiento hacia líderes de organizaciones indígenas, “hechos en los que también hay indicios de la mano del ejército, sin que haya un castigo a responsables a pesar de que hay múltiples denuncias”.
Magdalena López Paulino explicó que además de ella, acompañaran al obispo de Saltillo, Sofía Mendoza, viuda de Hernández Cardona, y el abogado de la RSDCIAC, Ernesto Rodríguez Cabrera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Padres de normalistas desaparecidos, integrantes del magisterio disidentes y miembros de organizaciones sociales protestaron este lunes en diferentes sedes castrenses de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal para exigir que se investigue al Ejército sobre su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
El movimiento social sacudió la estructura castrense en Guerrero y desencadenó las manifestaciones en otros puntos del país.
La protesta más relevante se dio precisamente en suelo guerrerense. En la ciudad de Iguala, los manifestantes se enfrentaron a pedradas con soldados que resguardaban con equipo antimotín el cuartel del 27 batallón de Infantería. La gresca dejó un saldo de varios golpeados con lesiones sin gravedad.
Incluso, los inconformes lanzaron petardos y bombas molotov contra las instalaciones militares y derribaron una barricada con un trailer de la empresa cervecera Corona, retenido previamente.
En su retirada a Chilpancingo, los normalistas y cetegistas incendiaron dos unidades de empresas particulares a la altura del crucero que conduce al municipio de Huitzuco, conocido como Rancho del Cura y que se ubica sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Luego, quemaron otra unidad frente a la entrada principal de la 35 Zona Militar, ubicada sobre el bulevar Vicente Guerrero en la capital guerrerense.
La primera manifestación contra instalaciones castrenses se realizó cerca de las 11:30 horas, en la sede de la Octava Zona Regional Naval Militar, ubicada sobre la principal vía turística de Acapulco, la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la colonia Icacos, al oriente del puerto.
En el lugar se concentró un centenar de manifestantes, quienes portaron pancartas y lanzaron consignas que también plasmaron con aerosol en las paredes del cuartel y en unidades de la Marina.
La sede de la Armada de México estuvo resguardada por unos 50 policías estatales con equipo antimotín y más de 100 infantes de Marina, quienes portaron toletes.
No obstante, el hecho no pasó a mayores y, una hora después, los manifestares se retiraron del lugar a bordo de vehículos particulares.
De forma paralela, campesinos y docentes de la región de la Costa Chica protestaron frente al 48 Batallón de Infantería en el municipio de Florencio Villarreal.
Las protestas sociales frente a los cuarteles forman parte de la estrategia del movimiento popular para proseguir con el reclamo de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinpa.
Maestros de Chiapas en la 31 Zona Militar
Alrededor de mil maestros protestaron esta tarde frente a las instalaciones de la Guarnición de la 31 Zona Militar, en San Cristóbal de las Casas, para repudiar la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el pasado 26 de septiembre.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en su mayoría de la región indígena de los Altos de Chiapas, a quienes se unieron estudiantes de diversas escuelas normales, realizaron un mitin en ese lugar y reclamaron: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Desde el otro lado de los muros de concreto y trincheras verde olivo, los militares sacaron cámaras fotográficas y de video para documentar la protesta. En respuesta, los manifestantes realizaron pintas con aerosol en las paredes.
El mitin concluyó sin incidentes poco después de las seis de la tarde.
Manuel Mendoza, maestro de la CNTE y orador del mitin, señaló que las acciones continuarán hasta que aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y adelantó que la próxima manifestación se realizará el próximo lunes 26.
Oaxaca: protestas en Sedena, PGR y Marina
Docentes de la sección 22, normalistas y colectivos realizaron hoy mítines en instalaciones de la Sedena, Marina y PGR en la capital de Oaxaca, la Mixteca e Istmo de Tehuantepec en protesta por los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Los inconformes realizaron mítines frente a las sedes militares ante el impedimento de inspeccionar las instalaciones castrenses en búsqueda de los 42 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre anterior.
Alrededor de las 17:00 horas, maestros de la región de Valles Centrales se apostaron frente al cuartel de la 28 Zona Militar, donde realizaron pintas como: “26 de Sept 2014 Ayotzi, Ejército Mexicano cómplice”, “Faltan 43”, “¡Fuera Peña!”, “¡Asesinos!” y “Ayotzi vive”.
Los profesores también realizaron pintas en el piso con el mensaje: “¡Ejército, asesino!”, y colocaron lonas con mensajes de apoyo a los normalistas desaparecidos, en contra de las reformas estructurales, así como reclamos para poner un alto al “terrorismo de Estado” y la criminalización de la protesta social.
En el Istmo de Tehuantepec, el comité de solidaridad con Ayotzinapa acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), localizadas en el puerto de Salina Cruz, en donde se les permitió inspeccionar sus instalaciones.
Posteriormente, con una lona donde aparecen los rostros de los normalistas de Ayotzinapa, el contingente se dirigió a las instalaciones de la Marina Armada de México, en donde entregaron un documento sin que se les permitiera ingresar al cuartel.
Oscar de Lima Santiago, quien encabeza esta jornada de búsqueda y también lidera el colectivo Vientos de Cambio, manifestó que “la situación de los normalistas es considerada tragedia social.
“Lo que hacemos es lo menos que deberíamos hacer como mexicanos, los padres de ellos ahora sufren en demasía, porque han salido a relucir muchos atropellos que han encabezado la policía y el Ejército, entonces ahora ya no se sabe en quién confiar”.
De igual forma, integrantes de la sección 22 del SNTE-CNTE y alumnos de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH) se plantaron a las afueras de la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) en la agencia municipal de Acatlima, en reclamo de la presentación con vida de los normalistas.
El vocero magisterial Mohamed Otaqui Toledo adelantó que para el lunes 26 se realizará una “acción global” por Ayotzinapa, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
DF: van al cuartel de Guardias Presidenciales
La búsqueda de los normalistas desaparecidos en cuarteles militares de todo el país llegó hoy al Distrito Federal.
Decenas de personas Integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal, se apersonaron durante más de una hora frente al cuartel de Guardias Presidenciales, ubicado en la calzada de Tlalpan donde entregaron una carta dirigida al general de Brigada de Arma, Inocente Prado López.
En ella solicitaron que se permitiera a una comisión acceder a las instalaciones para continuar con la búsqueda de los normalistas “secuestrados por las autoridades estatales y municipales”.
La misiva explica que los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 septiembre del año pasado, solicitaron al Estado mexicano entrar a los cuarteles e instalaciones militares de todo país a fin de comprobar que sus hijos no se encuentran en esos lugares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El escrito lo recibió Ignacio Martínez, comandante en turno, sin embargo no hubo respuesta.
Los manifestantes exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que continúan desaparecidos, lanzaron consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto y desplegaron mantas con distintos mensajes.
En algunas de ellas podía leerse: “¡Ya basta de encubrir a funcionarios Asesinos!”, “¡Peña, dónde está la justicia!”, “¡Queremos justicia!”, “¡Todos somos Ayotzinapa!”, “Ya todo el mundo sabe que fue el Estado. ¡Ya renuncien!” y “¡Fuera Peña!”.
Después de más de una hora y sin una respuesta los manifestantes se retiraron no sin antes anunciar que el próximo 26 de enero realizarán una jornada de movilizaciones pacíficas por Ayotzinapa, en esta ciudad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Armando Ríos Piter asegura para alcanzar la gubernatura de Guerrero tenía que aceptar un pacto de impunidad para Ángel Aguirre y los suyos. El candidato natural del PRD decidió que ese camino lo llevaría a perder su capital político y declinó.
Armando Ríos Piter trabajó por más de 10 años en las comunidades de su estado para construir las bases de su candidatura. Era el candidato natural del PRD a la gubernatura de Guerrero.
Sin embargo, cuando la tenía en la bolsa, decidió declinar.
¿El motivo? La complicidad dentro de su partido para ocultar la corrupción de la cúpula perredista en Guerrero, que incluye al exgobernador de la entidad, Ángel Aguirre.
Ríos Piter asegura que prefirió no participar que ser arrastrado al vacío junto al PRD en el estado.
El senador por Guerrero detalla para Reporte Indigo que le condicionaron la candidatura: se la darían a cambio de que no permitiera que se investigara la colusión de Ángel Aguirre y otros perredistas con grupos del crimen organizado.
“A mí me insinuaron que para procesar mi candidatura era importante tener un acuerdo político con varios actores y he subrayado el tema del (ex) gobernador que yo creo que es parte del problema y es parte de las soluciones que hoy requiere Guerrero.
“Yo no creo en un acuerdo de ese tipo (…) uno solamente tiene que ponerse creativo para saber de qué se trataría de cualquier tipo de acuerdo y no estoy dispuesto a participar en un acuerdo de ninguna naturaleza que tenga que ver con el anterior gobernador”, expuso Ríos Piter.
Indica que la cúpula nacional y estatal del perredismo le pidió que protegiera a Ángel Aguirre y a los suyos y les garantizara que no serían relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Además, encubrir actos de corrupción que se traducen en asesinatos, desapariciones o violaciones a derechos humanos desde el poder.
Luego de los hechos de Iguala, Guerrero, donde los 43 normalistas fueron secuestrados, el entonces gobernador Ángel Aguirre tuvo que pedir licencia por la presión de los padres de los estudiantes y diferentes grupos sociales de la entidad.
Aunque no se le señaló como responsable, medios de comunicación locales y nacionales refirieron la relación personal que existía entre Aguirre Rivero y María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y el posible encubrimiento a la pareja.
Por eso, cuando a Ríos Piter le explicaron que para alcanzar su máxima aspiración política tenía que aceptar un pacto de impunidad para Aguirre y los suyos, decidió que ese camino lo llevaría a perder su capital político.
“Hay quienes piensan que para alcanzar el poder hay que construir un acuerdo pragmático a costa de lo que sea, con el fin de alzarse con el triunfo electoral en Guerrero. No comparto esta visión”, sentenció el legislador.
Ríos Piter habló sobre la motivación para declinar su participación en la contienda interna por la gubernatura de su estado en un mensaje ofrecido junto a su esposa, Alexandra Zenzes.
Comentó que la sola insinuación de “alguien” en su partido –de quien no dio nombre- de realizar un pacto de impunidad, fue suficiente para darse cuenta de que, de ganar las elecciones, su gobierno estaría comprometido con los corruptos.
“Eso debería generarnos suficiente indignación a todos. A mí me genera indignación y por esa indignación decido no participar. Porque la intención es no ser cómplice de una dinámica. Y no ser cómplice de una dinámica es también hacer política. Es buscar que la política sirva para señalar lo que está mal”, expuso.
Esta declinación termina con más de una década de trabajo de “El Jaguar”, como se le conoce en Guerrero, quien construía su candidatura desde varios frentes.
Quería ‘lavar la cara’ al PRD
Fuentes cercanas a la presidencia del PRD revelaron que Armando Ríos Piter habló en varias ocasiones con el líder nacional de su partido, Carlos Navarrete, sobre la necesidad de desvincularse de los políticos que impulsó en años pasados como candidatos externos.
Le pidió, aseguran, que se buscaran sanciones ejemplares para quienes hubieran cometido actos indebidos, a fin de “lavar la cara” al partido.
El senador pidió que se realizaran análisis exhaustivos a los nuevos aspirantes a ocupar cargos de elección popular para evitar que el PRD se viera envuelto nuevamente en escándalos relacionados con la seguridad pública.
En devolución, Ríos Piter recibió la condicionante para ser candidato
¿Va por el PRI?
Armando Ríos Piter dijo apostar por un proyecto que no requiera “pactos oscuros” y aseguró que, por el momento, no buscará ser candidato a gobernador por ningún partido político.
Así, Ríos Piter dejó abierta la puerta para tener acercamiento con otras fuerzas políticas.
Esto ocurre cuando, entre la clase política de Guerrero, se ha mencionado la posibilidad de que el PRI guerrerense lo invite como candidato externo, dejando de lado a Manuel Añorve Baños, el diputado federal que es la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara Baja.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí denuncian la intervención de diputados federales del PRD y del gobernador interino de Guerrero, quienes gestionan la liberación de la ‘Comandanta Salgado’ y otros supuestos dirigentes sociales acusados de secuestro.
En reuniones privadas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y su entonces procurador, Iñaki Blanco Cabrera, supuestos líderes sociales exigieron la libertad de Nestora Salgado García a cambio de apaciguar el caso de Iguala, en que asesinaron y desaparecieron a estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Así lo denunciaron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, quienes responsabilizan al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, de cualquier escalamiento de violencia.
Después del episodio ocurrido en Iguala, en donde siete personas fueron asesinadas y 42 estudiantes siguen en calidad de desaparecidos, habría ocurrido esta serie de reuniones privadas con la cúpula del Gobierno del Estado para presionar por la libertad de Nestora u otro grupo de supuestos dirigentes sociales que están presos.
“Nosotros somos dirigentes sociales, no somos nuevos en ese asunto, no es la primera vez que nos sentamos a negociar con el Gobierno Estatal o Federal; gobierno perredista o priista.
“Lo que nosotros venimos a plantear es cómo encauzamos políticamente este tema y que no nos metamos en el asunto jurídico, para no litigar un asunto que quién sabe en qué termine, tratemos de llegar a un acuerdo político”, se escucha la voz de uno de los negociadores ante las autoridades de Guerrero que fueron grabados sin darse cuenta.
Los audios fueron difundidos por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, luego que se diera a conocer la petición que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, hizo al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
El gobernador le solicitó que se desistiera de la acción penal en contra de Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía Comunitaria, que está presa en el penal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, desde el año 2013.
“Si hay un escalamiento de violencia, responsabilizo al gobernador de Guerrero”, acusó Miranda de Wallace, quien pidió al Gobierno Federal monitorear de cerca lo que ocurre entre dicho grupos que simpatizan con guerrilleros de la zona y el PRD.
La insistencia perredista
Los activistas Miranda y Martí, acompañados por víctimas de secuestro de Nestora Salgado y sus policías comunitarios, denunciaron la intervención activa y persistente de un grupo de diputados federales del PRD, quienes se muestran a favor de que la “Comandanta Nestora” y otros supuestos dirigentes sociales de la región sean excarcelados.
Las negociaciones ocurrieron cuando la presión por el tema de Ayotzinapa estaba por todo lo alto y se intentó negociar con el gobierno la libertad de Nestora, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a cambio de que el resto de las organizaciones afines bajaran el tono de las exigencias y desmanes en Guerrero con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En este grupo de diputados perredistas que intervienen por la libertad de Nestora se encuentran Margarita Elena Tapia Fonllen, Carlos de Jesús Alejandro, Vicario Portillo Martínez, José Luis Muñoz Soria, María de Lourdes Amaya Reyes y Roberto López Suárez.
Los legisladores que se han trasladado hasta el estado de Guerrero para negociar la libertad de Nestora son: Arturo Campos Herrera, Francisco Ambrosio Abad, Ángel García García, Florentino García Castro y Benito Morales Justo.
Todos han insistido en buscar una ruta más allá de la jurídica para buscar la libertad de Nestora.
En el caso específico del diputado federal Roberto López, manifestó públicamente que sostiene intercambios con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para hablar de la posibilidad de que Nestora Salgado sea internada en un reclusorio de la Ciudad de México, una vez que se apruebe su traslado de Tepic, Nayarit, y a fin de que pueda ver con mayor frecuencia a familiares y abogados.
¿Se encuentra enterada la dirigencia del PRD de estas acciones de sus diputados? Se le cuestionó a Miranda de Wallace.
La activista respondió que el grupo de diputados federales del Sol Azteca intentó meter un punto de acuerdo respecto a este tema, por lo que, infiere, la dirigencia del PRD que encabeza Carlos Navarrete debe estar enterada.
En las reuniones privadas que fueron grabadas, algunas de las cuales se han desarrollado en la Casa de Gobierno y en las oficinas de la secretaría de Turismo del estado, algunos de los supuestos líderes sociales que abogan por la libertad de Nestora reiteran que la salida al problema debe ser política, aunque están enterados que la fundadora de la policía comunitaria de Olinalá es acusada por secuestro.
Pese al testimonio de las víctimas, que narran de frente las vejaciones que sufrieron en manos de Nestora y sus policías, son varios factores que intervienen a favor de ella: el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Anthony Wayne, quien ha solicitado oficialmente la revisión del caso; el PRD, a través de sus diputados federales, otras organizaciones afines y el despacho de abogados Gómez Mont, que lleva el litigio.
Víctimas mantienen su acusación
Un grupo de víctimas que fue detenido y secuestrado por Nestora Salgado y su grupo de policías comunitarios en el municipio de Olinalá, Guerrero, se trasladó hasta la Ciudad de México para acompañar a Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.
Las víctimas Eugenio Sánchez González, Dulce Rubí Burgos Pérez, Yesenia Castillo Meza, Armando Patrón Jiménez y Gustavo Rodríguez Patrón sostienen su acusación de secuestro contra Nestora Salgado.
Armando Patrón Jiménez, síndico del Municipio de Olinalá, quien fue detenido por Nestora y sus comunitarios, explica que la población del municipio se encuentra temerosa ante la posibilidad de que la líder de las policías comunitarias quede libre.
Aunque se dijeron gente de bien, los habitantes de Olinalá ya preparan una contraofensiva: armarse y dar la pelea a Nestora y sus policías comunitarios.
“Saldrá a matarnos”, expresa nerviosa y a punto del llanto Dulce Rubi, una jovencita que estuvo secuestrada por Nestora y sus comunitarios por poco más de tres meses, periodo en el que fue obligada a realizar trabajos forzados en la zona de la montaña.
Refiere que el haberse atrevido a denunciar a Nestora y sus policías le negó toda posibilidad de estudiar, ya que las autoridades de la escuela simpatizan con el movimiento del magisterio disidente de la CETEG en la región y saben que ella es una de las denunciantes que llevó a Salgado a la prisión.
A la fecha, Dulce Rubí no puede pisar las instalaciones de la escuela.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO, D.F: El senador perredista Armando Ríos Piter denunció que el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tiene una “fuertísima injerencia” en el actual proceso electoral.
Además, señaló que Jesús Ortega, uno de los principales líderes de la corriente Nueva Izquierda, le pidió pactar con Aguirre para obtener la candidatura a la gubernatura de Guerrero.
En entrevista con Primero Noticias, de Televisa, Ríos Piter aseguró que Aguirre actualmente mantiene un alto poder de decisión en Guerrero.
“A mí no me parece que tener un acuerdo con alguien que desde mi punto de vista todavía es parte del problema y no es la solución”, recalcó Ríos Piter, quien ayer hizo pública su decisión de desistir en sus intenciones de ser candidato al gobierno de Guerrero.
“Las cosas en Guerrero están muy mal y uno no tiene que seguir contribuyendo a que estén mal. No vale la pena llegar a donde no vas a poder realizar lo que quieres hacer. Guerrero tiene problemas de pobreza, violencia e injusticia, hay que cambiarlos de raíz”, insistió.
El pasado 23 de octubre, Ángel Aguirre renunció a la gubernatura de Guerrero, presionado por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: No hubo sorpresas: La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó como candidata a diputada plurinominal a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, distinción que sí logró Gustavo Madero, quien se prevé regrese a su cargo de presidente y luego sea también coordinador parlamentario.
Previamente Zavala rechazó competir por una diputación de mayoría por la delegación Álvaro Obregón, donde ha vivido la mayor parte de su vida, como se lo propuso Blanca Judith Díaz, secretaria de Premoción Política de la Mujer, única facultada por la dirigencia del PAN para tener interlocución con ella.
Todavía hoy por la mañana, apoyada por la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, el expresidente panista Germán Martínez y el prócer Luis H. Alvarez, registró su solicitud con la esperanza de recibir el apoyo del PAN del Distrito Federal, pero se le atravesó Cecilia Romero.
En efecto, la expresidenta interina del PAN y excomisionada del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió la masacre de 72 indocumentados centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, fue electa como candidata a diputada federal plurinominal por la cuarta circunscripción que corresponde al DF y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Los otros dos que fueron electos por esa circunscripción son el exdiputado local Santiago Taboada, un testaferro del delegado en Benito Juárez, Jorge Romero, quien controla al PAN en la capital, y Eukid Castañón Herrera, diputado local de Puebla y operador electoral y financiero del gobernador Rafael Moreno Valle.
Como se ha informado en la revista Proceso, Moreno Valle y Madero pactaron cerrarle el paso a Margarita Zavala para evitar que desde la diputación federal pudiera convertirse en coordinadora parlamentaria y en esa posición buscar la candidatura presidencial del PAN en 2018, un proyecto que también tienen ellos.
La única apuesta de la esposa de Calderón es buscar la dirigencia nacional del PAN en la elección interna posterior a la federal de este año. Pero también es remota su posibilidad de triunfo: por una parte, el PAN observa una ligera recuperación hacia las elecciones de junio, que opera en su contra, y se prevé que enfrente al gobernador Guillermo Padrés Elías, quien se fortalece como el candidato de Madero y de Moreno Valle, los aliados dominantes en ese partido.
De hecho, tras una reunión entre Madero y Moreno Valle, a principios de diciembre en La Paz, Baja California Sur, el gobernador de Puebla se convirtió en el prospecto presidencial del grupo, luego de que el primero, quien será diputado federal plurinominal y coordinador parlamentario, buscará ser gobernador de Chihuahua, porque –afirma– las encuestas lo colocan como puntero (Proceso 1992).
La Comisión Permanente, creada con la reforma de estatutos del año pasado y cuya integración es mayoritariamente afín a Madero, sesionó hoy para definir 15 candidatos a diputados plurinominales, tres por cada una de las cinco circunscripciones, que son seguros diputados y que forman parte del grupo hegemónico en el PAN.
En la primera circunscripción, correspondiente a varios de los estados del norte del país, el primero que se aprobó por número de votos fue precisamente Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN con licencia, quien en breve retomará el cargo que ostenta de manera interina Ricardo Anaya, el secretario general que también ambiciona competir ante Zavala.
Los otros dos son la bajacaliforniana Eloísa Talavera, amiga del asesor de Madero, Juan Molinar Horcasitas, y el tercero es Agustín Rodríguez, exserectario particular y operador financiero del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
En la segunda circunscripción fueron avalados la guanajuatense Mayra Angélica Enríquez, quien buscaba ser candidata al gobierno de León; el regiomontano Alfredo Rodríguez y el exalcalde de Querétaro Armando Rivera Castillejos.
El expriista veracruzano Miguel Ángel Yunes, discípulo de Elba Esther Gordillo y aliado de Madero, será también diputado federal por la tercera circunscripción junto con la capitalina Janette Ovando Realoza, colaboradora de Blanca Judit Díaz, y el yucateco Joaquín Díaz.
Los tres de la quinta circunscripción son también netamente de Madero: Marko Cortés Mendoza, coordinador de su campaña de reelección y quien declinó su aspiración a ser candidato en Michoacán a favor de Luisa María Calderón; el expriista Ulises Ramírez Núñez, cacique del Estado de México, y Minerva Hernández Ramos, exsenadora perredista de Tlaxcala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F: Grupo Higa, el consorcio del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, proveedor predilecto del gobierno del Estado de México, no sólo transportó en sus aviones a Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral de 2012 y logró colocar a una de sus empresas en la licitación del tren rápido a Querétaro; logró, además, otros contratos en cinco secretarías de Estado y seis organismos descentralizados.
Aunque el monto es relativamente pequeño –unos 125 millones de pesos— si se compara con los contratos logrados con el gobierno federal, la suma es considerable si se toma en cuenta que se trató de “adjudicaciones directas”.
El diputado del partido Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo hoy en rueda de prensa que además de la ampliación del hangar presidencial, que tendrá un costo de por lo menos mil millones de pesos, diversas dependencias federales han firmado contratos con ese consorcio que alcanzan los 124 millones 965 mil 725 pesos.
Entre las que favorecieron a HIGA destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la misma dependencia que adjudicó a ese consorcio, junto con una empresa china, la fallida concesión del tren rápido a Querétaro–, con tres contratos por un monto de 86 millones 799 mil 183 pesos.
Le sigue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con un contrato por 10 millones 700 mil pesos. Tanto SCT como Banobras estuvieron encabezadas por dos mexiquenses cercanos a Peña Nieto. El primero es Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT en el Estado de México, y el segundo Alfredo del Mazo, quien la semana pasada dejó la dirección de Banobras para contender por una diputación federal.
Además, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México, Del Mazo se desempeñaba como alcalde de Huixquilucan.
Le siguen nueve contratos de Pemex Exploración y Producción por 15 millones 959 mil 198 pesos; un contrato de Sociedad Hipotecaria Nacional (SHN) por 6 millones; un contrato con Banco Nacional de Comercio Exterior por 4 millones 50 mil pesos, y dos con Nacional Financiera por 2 millones 633 mil 369 pesos.
El diputado federal de la nueva fracción de Morena, Manuel Huerta, presentó un documento en donde se detallan cada uno de los contratos.
En el reporte aparecen otros contratos por montos menores, como los de Pemex Refinación por 476 mil 809 pesos; dos de la Secretaría de Economía por 153 mil 120 pesos; dos más de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seduvi) por 189 mil 612 pesos, y siete contratos con Sagarpa por 404 mil 434 pesos.
Al presentar la denuncia, Manuel Huerta recordó que falta sumar los contratos realizados con los gobiernos de Nuevo León y Puebla.
El legislador informó que este martes 13, durante la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), exigirá la creación de la comisión especial de Higa, ya que es un derecho que la Constitución otorga a las minorías, las cuales desde el 10 de diciembre pasado juntaron 190 firmas para constituir esa instancia investigadora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
.jpg)
