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CNDH reconsidera masacre en Tlatlaya: abre “Investigación de Violaciones Graves”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó como una “Investigación de Violaciones Graves” lo ocurrido el pasado 29 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar del cambio a las víctimas, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como al Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas.

“Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso”, refirió el organismo autónomo.

Precisó que el 11 de julio inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

SinEmbargo presentó en días pasados la reconstrucción de los minutos de la matanza con base en el conjunto de declaraciones y peritajes –declarados como “confidenciales” por el Gobierno federal y del Estado de México–. En las 268 páginas del apretado texto pericial, se observa el horror de una madre al encontrar a su hija de 15 años agonizante, y luego muerta.

En el texto que firma el periodista Humberto Padgett se da cuenta cómo Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un muchacho de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero, fue el primero en ser ejecutado en Tlatlaya por un militar, quien luego sembró esa arma junto al cuerpo de otro para así cuadrar la escena en la masacre que usó como coartada un enfrentamiento.


El expediente revela más: que hay otros involucrados en esta tragedia (que descarriló el gobierno de Enrique Peña Nieto como la de los 43 normalistas desaparecidos) y siguen libres.

En diciembre pasado, la agencia norteamericana The Associated Press (AP) publicó que funcionarios del Estado de México golpearon a una testigo de la ejecución de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya para que firmara una declaración falsa. La mujer dijo a la agencia que el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no un fusilamiento de elementos castrenses.

En el reporte de AP se citan documentos judiciales del caso a los que obtuvo acceso el medio y los cuales refieren que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen. También indican que el Coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría estatal.

“Los documentos señalan que el Coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos, llegó a la escena antes que los investigadores del Estado de México. En los reportes no se especifica cuál habría sido el rol que jugó este mando castrense y no se ha informado si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento”, informó AP, que además afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió a sus solicitudes para comentar el caso.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso AP, los cuales están integrados a la investigación contra los siete militares procesados, dice que funcionarios del Estado de México tuvieron información desde el inicio de que la escena de los hechos fue alterada.

“Supieron, por ejemplo, que en al menos en diez casos las armas largas ubicadas junto a los cuerpos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban los fallecidos y que manchas de sangre en la ropa indicaban que los cuerpos habían sido movidos. También se puso por escrito que, al menos nueve de los muertos, presentaban heridas recibidas ‘al momento de realizar maniobras instintivas de defensa’, lo que sugiere que habrían intentado evitar los impactos de bala, algo que no habrían hecho si estuviesen disparando”, refiere el medio.

Sin embargo, agrega, investigadores estatales presentaron un reporte en el que validaban la versión del ejército y que nada se había alterado: “por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este sí fue preservado en su estadio original”.

Los documentos judiciales contienen declaraciones de los soldados involucrados que aseguran que el Ejército nunca los interrogó sobre el encubrimiento y que la PGR hizo poco para investigar la matanza antes de que AP y la revista Esquire entrevistaran a la mamá de una de las víctimas.

El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. “Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce  su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el pasado 1 de julio.

Aunado a esto, las autoridades recurrieron a “congelar” o reservar la información. Primero fue el gobierno del Edomex quien determinó  declarar “reservada” la investigación del caso. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación. A principios de este mes la Procuraduría General de la República (PGR) hizo lo mismo y catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación.

El 19 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución extrajudicial de 22 personas ocurrida el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, por la que siete militares enfrentan un proceso civil.

Este día, Associated Press da cuenta del testimonio de una testigo de estos hechos quien relató al medio cómo funcionarios del Edomex estatales la patearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon para firmar una declración falsa.

“Conforme me iban pegando…. decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran”, dijo la mujer a The Associated Press. La testigo dijo que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada a la capital del país, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República la presionaron para que firmara la declaración falsa.

“No, le digo, yo no voy a firmar nada… y me empieza a gritar”, dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que las muertes fueron producto de un enfrentamiento.


En respuesta a una petición de AP, la Procuraduría del Estado de México informó que hay dos investigaciones, una administrativa y otra penal, para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y/o delito los funcionarios estatales que intervinieron en el caso. Hasta ahora, sin embargo, nadie ha sido detenido ni suspendido de sus labores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217205.

Castillo culpa a Calderón del desastre en Michoacán; y a él le reclaman en protesta

Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, culpó durante su comparecencia ante diputados y senadores de la Comisión Permanente a la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa por haber desatado la violencia en la entidad.

En respuesta a las críticas directas de legisladores panistas, quienes aseveraron que existe un completo clima de ingobernabilidad en la entidad desde que Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado, aseveró que al haber declarado muerto a Nazario Moreno, líder del cártel del crimen organizado conocido como “La Familia Michoacana”, le dio más capacidad para operar desde el anonimato.

“Para mí hay un error, lo demás son consecuencias, y el gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y la señora Senadora que está a su lado [Luisa María Calderón Hinojosa] no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”, dijo Castillo.

El pasado 10 de diciembre de 2010, Alejandro Poiré, entonces vocero del gabinete de Seguridad Nacional de Felipe Calderón, informó que cayó abatido Nazario Moreno González conocido también como “El Más Loco”, “El Chayo” o “El Doctor”.

Castillo fue más allá y mencionó que tanto los servicios de inteligencia del Gobierno de Calderón como su aparato de justicia cometieron yerros consecutivos que terminaron por darle más fuerza a “El Chayo” y le dieron la posibilidad de continuar con su dominio desde el anonimato.

“Que sus áreas de inteligencia en esa investigación concretamente el Cisen, no les pudiera decir que estaba vivo, algo que en tres semanas yo ya sabía, esto llevo a que esta situación se crecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío”, dijo.

Alfredo Castillo también criticó la debilidad jurídica del Gobierno de Calderón para consignar a diversos criminales detenidos durante el sexenio pasado, muchos de los cuales fueron arraigados para ser investigados y tuvieron que ser liberados por falta de pruebas en su contra.

“Lo que más le ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran, error de declarar muerto a Nazario Moreno, eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de estas personas, porque esto lo único que hizo es que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando”, recalcó.

Ante las críticas realizadas por el Comisionado, la Senadora Luisa María Calderón, hermana del ex Presidente Felipe Calderón y candidata panista a la gubernatura michoacana, intentó hacer uso del micrófono para responder al comisionado, pero le fue denegada la palabra, por estar fuera del procedimiento aprobado para realizar la comparecencia.

Previamente, el Comisionado para Michoacán había afirmado ante los legisladores que el trabajo realizado por él mismo había rescatado a la entidad que había pasado de ser un Estado fallido a un estado en vías de desarrollo.


Mencionó que de continuar con la estrategia implementada hasta el momento, Michoacán bien podría ser la quinta economía a nivel nacional.



Mientras Castillo comparecía, habitantes de los municipios michoacanos de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Paracho se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados para exigir su renuncia. “Pedimos la renuncia de Castillo, que se vaya de Michoacán no lo necesitamos, no lo queremos, nos ha hecho mucho daño y ¡ya basta!”, dijo la señora Luz Palomino en entrevista para Sin Embargo.

La manifestación tuvo lugar minutos antes de que Alfredo Castillo Cervantes compareciera ante los diputados y senadores de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para explicar los detalles de la estrategia para pacificar Michoacán.

El grupo exigió también la libertad inmediata del doctor José Manuel Mireles, de Hipólito Mora y de cientos de autodefensas detenidos desde que Alfredo Castillo llegó a Michoacán. “Castillo se paró el cuello con ellos, agarró gente inocente nada más para pararse el cuello con ellos, si tuvieran delitos usted cree que se hubieran presentado a que los levantaran”, dijo Rosa Cisneros, habitante de Tumbiscatío.

Este día el diario estadounidense Los Angeles Times, dijo que el caso Michoacán y la muerte de al menos nueve personas el pasado 6 de enero, presuntamente a manos de fuerzas federales en Apatzingan, pone en entredicho nuevamente la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

La publicación dijo que pacificar Michoacán ha puesto en entredicho la “tan altamente promocionada estrategia de seguridad del gobierno” de Peña Nieto. “Al menos 25 personas han perdido la vida en el último mes en emboscadas, enfrentamientos y tiroteos, que involucran a autodefensas, miembros del crimen organizado, civiles, elementos del Ejército y de la Policía Federal”, refiere el medio.

El hecho más destacado por el diario estadounidense fue el desalojo de la Alcaldía de Apatzingán por elementos del Ejército mexicano, que dejó un saldo de al menos nueve personas muertas. En conferencia de prensa, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el Ejército y elementos policiacos respondieron al fuego de las personas que resultaron muertas.

LAS VERSIONES DE CASTILLO 

El 16 de diciembre, un enfrentamiento entre los grupos de autodefensas de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres “El Americano” en la comunidad La Ruana dejó 11 muertos. Entre ellos, el hijo de Mora Chávez.

El pasado 23 de diciembre, Castillo Cervantes advirtió que si Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, no declaraban frente a las autoridades, las Fuerzas Armadas intervendrían en su búsqueda.

Por el enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo más de 50 órdenes de aprehensión.

Las 201 pruebas periciales y 113 declaraciones tomadas, permitieron establecer que 57 de las personas investigadas efectuaron disparos durante el tiroteo, entre ellos Hipólito Mora y Luis Antonio Torres. Sin embargo hasta ayer sólo 27 personas se habían entregado.

Mora Chávez y 26 personas más, entre ellas su sobrina, Norma Alicia Torres Mora, fueron detenidos la tarde del sábado 27 de diciembre por los actos violentos en La Ruana.

El 3 de enero les fue dictado el auto de formal prisión ante lo cual, el líder los autodefensas expresó: Me siento como un pendejo, no entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno; yo quisiera que alguien que sepa de leyes me lo explique”.

El 11 de enero, cinco supuestas autodefensas murieron y dos más resultaron heridas luego de ser emboscadas por sujetos desconocidos en la comunidad de Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

“Lo que estamos viviendo ahorita ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social”, consideró Castillo Cervantes tras la entrega de Mora Chávez y su gente.

En distintas ocasiones, lejos de reconocer que en la entidad la violencia sigue presente, y que incluso se ha recrudecido, el Comisionado federal designado en enero de 2014 por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto negó que lo sucedido sea un tema de seguridad e incluso ha dicho que Michoacán “está construyendo su futuro”.


El 15 de enero de 2014, el Gobierno federal envió a Alfredo Castillo a Michoacán para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de Autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural.

Desde el 28 de abril pasado, Castillo anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido a la violencia. El 10 de mayo se presentó en su lugar, la llamada Fuerza Rural, conformada por ex comunitarios.


Pese a la creación de la figura del Comisionado y la regularización de las autodefensas, la violencia y el terror no se han ido de ese estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217169.

Empresarios y grupos civiles exigen cancelar contratos del cuñado de CSG en Sinaloa

Debido a que ha sido un procedimiento opaco y que resulta hasta el triple más costoso que construir un hospital privado, la Iniciativa Privada y la Sociedad Civil solicitaron que se repongan las licitaciones aprobadas para los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán y no se pongan recursos federales en garantía.

La construcción de los nosocomios la llevarán a cabo las empresas del cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, Prodemex y GIA+A .

En conferencia de prensa, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la organización Congreso Abierto Sinaloa exhortaron al Congreso del Estado a que no apruebe la solicitud para modificar los decretos 976 y 977 que comprometen el 25 por ciento de l Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por los próximos años.

“Que se declaren nulas las licitaciones ya aprobadas de los dos nuevos hospitales generales del estado de Sinaloa. Que se cancelen procesos que son y se sienten opacos y se repongan desde el principio de una manera transparente y participativa”, pidieron los organismos en un documento.

Los empresarios y miembros de la sociedad civil pidieron “que se replanteen desde el origen los proyectos de construcción de los dos nuevos hospitales generales, revisando la pertinencia de los proyectos en el marco de las premisas del Diagnóstico de Salud 2013, del Plan Integral de Salud 2014, y de las políticas de salud pública del Gobierno de México”.

Los representantes de los organismos enfatizaron que la información proporcionada hasta ahora no justifica la pertinencia de los dos nuevos hospitales y, de construirse, los nosocomios costarían cerca del doble y el triple de lo que cuesta construir un hospital privado.

Con la información a la que han tenido acceso, los representantes de la IP concluyeron que construir los dos hospitales solamente trae un aumento de 20 camas de hospital para el estado por un costo “inmenso” de 14 mil millones de pesos.

Luis Enrique Pun Hung, vicepresidente de Coparmex, manifestó que el hecho de hacer la solicitud de cancelar el proceso no implica que rompan el diálogo que han mantenido con los legisladores locales debido a que está previsto que se discuta el tema este mes.

“Ya hicimos la petición oficial para estar presentes en la reunión de comisiones unidas, el diálogo sigue abierto, sin embargo, queremos manifestar la posición que tiene la sociedad sinaloense”, expresó.  Por ello pidió “que se cancelen procesos que son y se sienten opacos y se repongan desde el principio de una manera transparente y participativa”.

EL CABILDEO DE MALOVA

El año pasado, con un cabildeo para comprometer un fondo federal para garantizar la obra de sustitución del Hospital General de Mazatlán, el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, buscó proteger el negocio del constructor Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Gerard Rivero es el director general de GIA+A S. A. de C. V., que construirá, operará y dará mantenimiento al hospital por 25 años.

Según la licitación EA-925006998-N54-2013, el Gobierno del Estado erogará 239 millones de pesos anuales. Lo que significa que en 23 años y 6 meses pagará 5 mil 616 millones de pesos por dicho servicio.

Desde 1996, la empresa ha realizado más de 550 proyectos, trabajando desde la arquitectura hasta infraestructura y construcción pesada, con clientes tanto del sector privado como público, según su reporte anual de 2013.

GIA factura al año cerca de 4 mil millones de pesos y se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país.

LAS ACUSACIONES CONTRA GIA

La compañía no ha estado exenta de señalamientos por anomalías en la ejecución de algunas obras, como el Hospital de Ixtapaluca, en el Estado de México, y el Hospital del Salvador, en Chile.

En la capital sinaloense, GIA+A no cumplió el contrato original que suscribió con el Gobierno de Sinaloa. En diciembre de 2012, se comprometió a construir el “Parque Temático Más Culiacán”, que no ha concluido, aun cuando la fecha acordada fue el 15 de diciembre de 2013.

Gerard Rivero es hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Salinas de Gortari.

Con la propuesta de modificación a los decretos 976 y 977, López Valdez cabildea con los diputados para trasladar al Gobierno de Sinaloa los riesgos de la inversión de las empresas constructoras de los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, que pertenecen a Gerard Rivero y al magnate Olegario Vázquez Raña [de Grupo Ángeles], respectivamente.

El documento plantea pasar los riesgos de la inversión del constructor al Gobierno del Estado, al comprometer el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas como garantía ante el crédito que contraten las empresas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El artículo 111 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado impide que el Gobierno estatal asuma los riesgos que pertenecen al proveedor.

“Ninguna modificación deberá implicar transferen­cias de riesgos del desarrollador (el proveedor) a la contratante (el Gobierno), en términos distintos a los pactados en el contrato ori­ginal”, estipula.

LOS CONTRATOS DE HIPÓLITO

Una solicitud de transparencia hecha por sin embargo el 5 de noviembre para solicitar los contratos de obra federal que GIA tiene celebrados con los distintos estados durante la actual administración que inició el 1 de diciembre de 2012 arrojó que Constructora y Edificadora GIA + A tiene cinco obras en proceso que en su conjunto superan los mil millones de pesos.

“La primera de estas obras es la “construcción de terracerías, estructuras, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca –Jilotepec, tramo desde el Km 131+000 al Km 139+000 en el Estado de México”, por un monto de 156 millones 617 mil 958 pesos. En la respuesta de transparencia se aclara que la obra fue adjudicada en la Dirección General de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Ciudad de México.

“Otra de las obras adjudicadas a la empresa es la “construcción del entronque Chiná y sus accesos del Km 12+500 al Km 14+000, del tramo del libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche y del Ramal Aeropuerto, entronque Chiná”, por un valor de 304 millones 981 mil 457 pesos. Al final del documento en el cual se informa de esta obra, emitido por la SCT Campeche, se aclara que en la concesión participan dos empresas: Fosmon Construcciones S.A de C.V, con e 30 por ciento y Constructora y Edificadora GIA + A con el 70 por ciento.

“En este contrato participan dos empresas, la cual Constructora y Edificadora GIA + A es accionista el Sr. Hipólito Gerard”, señala la respuesta.

“El estado de Nayarit es la entidad en la que la compañía registra más contratos en proceso, de acuerdo con las respuestas vía transparencia. En esta entidad cuenta con tres obras en curso que registran un avance de entre 31 y 1 por ciento.

“La obra de mayor monto es la que corresponde a la licitación LO-009000999-T349- 2013: “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, del Km. 46+380 al Km. 553+960”, que registra un avance de 31.2 por ciento y cuyo monto del contrato es de 313 millones 067 mil 113 pesos. Este contrato fue adjudicado a GIA y a Construcciones Urales, S.A de C.V y AZVI, S.A.

“La segunda obra es la licitación LO-009000999-N479- 2013, adjudicada a las mismas dos empresas, referente a la “construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, entronque a desnivel, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela del km. 0+000 al km. 7+520 y obras complementarias del km. 7+520 al km. 20+000”, por un valor de 279 millones 296 mil 767 pesos, con un avance de 24.4 por ciento.


“La tercera obra con número de licitación LO-009000999-T255- 2014 es la construcción del entronque a desnivel Compostela II ubicado en el km 554+697.32 de la carretera Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, con un avance de 1.40 por ciento y un monto de contrato por 137 millones 214 mil 324 pesos, según información del Centro SCT Nayarit.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Marcela Guerrero.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216857.

Margarita Zavala buscará presidencia nacional del PAN

México, DF. Margarita Zavala acusó a las decisiones de grupo al interior del PAN, que habrían sido la razón por lo que su fórmula no fue incluida en la lista de los candidatos plurinominales a diputados federales para las elecciones del próximo 7 de junio.

En conferencia de prensa, adelantó que buscará la presidencia nacional de su partido, en un proceso electoral interno que se llevará a cabo en el segundo semestre del año, pasadas los comicios de junio.

Por el momento, informó, se dedicará a apoyar de manera decidida a los candidatos de Acción Nacional en el proceso electoral próximo, donde estarán en juego no sólo la elección de la Cámara de Diputados, sino también la representaciones populares en 17 procesos estatales concurrentes, nueve de ellos para elegir gobernador.

Previo a la conferencia de prensa, la esposa del ex presidente Felipe Calderón leyó un pronunciamiento en el que señaló que la prevalencia de los intereses de grupo sobre la idoneidad de las candidaturas los constató durante la reunión de la comisión permanente del PAN, en la que, algunos de sus miembros se lo expresaron de esa manera.

Ese es el tono, de lo que ocurrió al interior del PAN. “Ante las decisiones más importantes del partido, lo que prevalece son los intereses de grupo por encima de los interese del partido y de la ciudadanía, la exclusión en vez de la integración, la división en vez de la unidad, la cerrazón y no la apertura”.

En el pronunciamiento, Margarita Zavala advierte que este problema va más allá de las postulación de las candidaturas, por eso desde su perspectiva se trata de un problema de identidad y de rumbo, que debe corregirse desde la raíz.

En el acto, realizado en uno de los salones del World Trade Center, Zavala informó que de ahora en adelante se dedicará a la reconstrucción del PAN, un partido -dijo- que es más grande que sus grupos y más duradero que sus crisis.

“Con todo y lo mucho que hay que cambiar dentro del partido, el reto inmediato del PAN es ganar las elecciones del 7 de julio. Por eso indudablemente estaré apoyando a los candidatos de Acción Nacional en este proceso”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Aseguran siete inmuebles y 23 vehículos al crimen organizado en Michoacán

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán continuó hoy con los operativos para debilitar las finanzas de los grupos del crimen organizado que operan en la entidad y aseguró siete inmuebles más y 23 vehículos con reporte de robo en el municipio de Apatzingán.

José Martín Godoy Castro, titular de esa dependencia, comentó que además de los inmuebles y los vehículos en operativos realizados en las últimas horas en Apatzingán se decomisaron 18 armas largas, 10 cortas y varias piezas de armamento.

En uno de los inmuebles ubicado en la colonia El Tarepe, comentó, se detectaron pintas con mensajes y juramentos de obediencia como los que realizaban los Templarios.

Además, informó que la unidad antisecuestros de la PGJ acudió a un inmueble, ubicado cerca de la autopista de occidente en el municipio de Huaniqueo, donde detuvieron a cinco presuntos secuestradores y liberaron a una mujer desaparecida desde el 6 de enero pasado.

Con estos inmuebles, suman más de 100 las propiedades incautadas por las autoridades en los últimos meses en diferentes puntos de la región de la Tierra Caliente.


El lunes pasado el procurador dio cuenta de 20 casas en los municipios de Apatzingán, Múgica y Parácuaro que pertenecían a los exlíderes templarios abatidos Nazario Moreno González, Enrique Plancarte Solís y Francisco Galeana Núñez, El Pantera, así como a Mario Alberto Romero Rodríguez y Víctor Hugo Almazán Mendoza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo Higa tiene 30 contratos con el gobierno federal, afirma diputado

Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que se debe conformar una comisión en San Lázaro, que investigue los contratos conseguidos por Grupo Higa.

El diputado del Partido del Trabajo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,  afirmó que hay elementos para crear una comisión de investigación en San Lázaro, que revise los contratos que, secretarias de Estado, organismos descentralizados y empresas de administración estatal, han otorgado a Grupo Higa.

El legislador aseguró que la Junta de Coordinación Política debe avalar la creación de esta comisión, pues ya detectó más de 30 contratos de adjudicación directa por más de 110 millones de pesos para Grupo Higa.

“Evidentemente existe materia para que la comisión de investigación que propusimos… hemos detectado ya más de 30 contratos de adjudicación directa por más de 110 millones de pesos entre empresas del señor Juan Armando Hinojosa Cantú, la propia Higa tiene más de 30 contratos de adjudicación directa por cerca de 111 millones de pesos con organismos descentralizados y empresas de administración estatal”, aseveró.

“Hemos encontrado nueve contratos por adjudicación directa por un monto aproximado a los 16 millones de pesos con Pemex Exploración y Producción; con Pemex Refinación, tres contratos por cerca de medio millón de pesos; con la Sociedad Hipotecaria Federal, un contrato por adjudicación directa por 6 millones de pesos; con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, un contrato por cerca de 11 millones de pesos, con el Banco Nacional de Comercio Exterior, un contrato por adjudicación directa por más de 4 millones de pesos; con Nacional Financiera, dos contratos por cerca de 3 millones de pesos”, expuso.

Según el petista, este miércoles la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informará sobre la petición para crear una comisión que investigue los contratos del Grupo Higa con entidades públicas.

El diputado adelantó que, de determinarse la no procedencia, se dedicará de manera individual a la investigación y procederá de manera penal y administrativa ante posibles actos de corrupción.


Higa fue la encargada de construir y aún es propietaria de la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera. La misma empresa renta otro inmueble a Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia. Además, vendió una casa en Malinalco, Estado de México, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Wallace y Martí, contra liberación de Nestora Salgado

Salgado o La Comandanta fue detenida el 21 de agosto de 2013, durante un operativo realizado por fuerzas federales, como presunta responsable de una serie de secuestros realizados en Olinalá, Guerrero.

Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, presidente de México SOS, exigieron al gobierno de Guerrero que no desista de una acción penal contra Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria en la entidad, a quien calificaron como “secuestradora”.

Wallace dijo el lunes que el gobierno encabezado por Rogelio Ortega, y el diputado perredista por Zacatecas, Roberto López, negociaron la liberación de Nestora.

“Estamos buscando una salida política al asunto; nosotros hemos hablado con Nestora; ella está en la mejor disposición para que pueda llegarse a un acuerdo político con el gobierno estatal y, en este sentido, lo que nosotros estamos pidiendo de forma muy concreta es que coadyuvemos de manera conjunta, legisladores y el gobierno estatal para liberar a Nestora”, se escucha en una grabación del diputado del PRD, presentada por Wallace y Martí en una conferencia de prensa.

“Están haciendo el frontis (muro del frontón o trinquete contra el que se lanza la pelota) a los narcotraficantes, y desde luego se genera esta narco guerrilla, yo siento que el gobierno está oprimido o en complicidad, amenazado o en complicidad, y eso nos genera un caldo de cultivo enorme para tener este estado, que yo diría es fallido, en donde ya no se sabe quién es quién”, acusó Martí.

“Exijo al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, respete el estado de derecho, así como la independencia del fiscal y de Poder Judicial, y a éstos hacer valer su autonomía en el caso de la señora Nestora Salgado… Esta misma exigencia la hacemos extensiva a todos los actores políticos, como son los diputados federales y locales; pero en especial la hago extensiva al diputado Roberto López, él es diputado por Zacatecas y no entendemos qué está haciendo, metiéndose en un problema en Guerrero”, comentó Miranda, desde el DF.

Responde el diputado

El 8 de enero, el gobernador Ortega Martínez solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal, a favor de Nestora Salgado García.

Al respecto, en Noticias MVS primera emisión, el diputado perredista, Roberto López, aseguró que Nestora está encarcelada porque tocó “intereses políticos” y narró cómo ocurrió su detención.

“(Nestora) Está reconocida como parte de la policía comunitaria, tiene autoridad para detener a presuntos delincuentes, eso es lo que Wallace y Martí llaman secuestro”, mencionó.

Sobre la grabación presentada por Wallace, dijo que se trata de una reunión con el gobernador Ortega.

El legislador reveló que Ricardo Martínez, subprocurador en Guerrero, quien había presentado las acusaciones contra la líder de la Policía comunitaria, es el abogado del caso Wallace.

“Es su empleado… fungía como subprocurador del estado”, refirió.


“Lo que estamos haciendo es defender derechos humanos… Si Nestora Salgado sale (de la cárcel) puede hacer acusaciones contra el subprocurador, su amigo y abogado (de Wallace)”, agregó.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Suspender spot del PRD, por queja de López-Dóriga, violenta libertad de expresión: Figueroa

"Después de haber visto cientos de casos de promocionales de todo tipo, (el spot en el que aparecía Dóriga) no es ni siquiera un caso difícil, ni siquiera diría que es un spot que me parezca muy fuerte o agresivo", comentó el ex consejero.

Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, calificó como una “sorpresa” la decisión de la comisión de quejas, del Instituto Nacional Electoral, de suspender un spot del PRD, por una queja del comunicador Joaquín López-Dóriga, cuya imagen aparecía unos segundos en el promocional del partido.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Figueroa dijo que se trata no sólo de un “asunto de censura”, sino que ”se violenta la libertad de expresión y se limita el debate público”.

Precisó que cuando se acusa “calumnia” -como lo hizo López Dóriga y la empresa Televisa- “no es un hecho subjetivo, es una imputación indudable de un delito”. ”La calumnia da lugar a menos polémica. Te estoy imputando un delito, sí o no”.

El ex consejero consideró que la decisión de suspender el promocional no se hizo con razones legales ni constitucionales.

“Tiene que iniciarse investigación para ver cuál es el verdadero fondo, cuál es la verdadera racionalidad por lo que estos consejeros… han determinado la suspensión de este promocional”, sugirió.

La decisión del INE, consideró, muestra o nos permite especular el “extraordinario poder o influencia que tiene Televisa y este comunicador“, ya que “no se advierte alguna razón que pueda ser sostenida”, para suspender el anuncio.

Para Figueroa, el promocional del PRD ni siquiera es “un spot muy fuerte” ni agresivo. Cuando él estuvo en la comisión de quejas, observó promocionales en los que se veía una mano manchada de sangre, ”cosas más violentas y vinculadas a la posible imputación de un delito a una persona específica, a un gobernante, etcétera”.


“Sí que llama la atención que se plantee que el señor López-Dóriga ha sido calumniado porque aparece en una imagen”, mencionó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El cuestionado spot del PRD

Retira INE promocional del PRD en donde aparece el presentador de noticias de Televisa Joaquín López Dóriga; acusa Carlos Navarrete al organismo electoral de censura.

Si no es el caso Iguala, es Morena. Y si no es Morena, es Joaquín López-Dóriga.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cada vez tiene más obstáculos rumbo a las elecciones de 2015.

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar un spot en el que aparece la imagen del conductor de Televisa ha sido cuestionada tanto por perredistas como por funcionarios del propio organismo.

En el promocional, la imagen del presentador de noticias aparece junto con la de varios políticos –incluido Enrique Peña Nieto– , al mismo tiempo que una voz reprocha “los errores” que se repiten año tras año en el país.

“En el PRD somos conscientes de lo que no funciona en México, por eso desde hoy queremos ser tu voz”, alega el comercial prohibido el domingo pasado, un día después de que empezara la precampaña. 

Después de su difusión a nivel nacional, López-Dóriga alegó que el partido incurría en “alusiones calumniosas”, y el INE coincidió. 

Sin embargo, la consejera electoral Pamela San Martín dijo ayer que no comparte la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias porque esta va en contra de distintos precedentes.

“Me parece que este promocional no se excedía de los límites de lo permitido dentro de la campaña, si esa debiera ser o no debiera ser la estrategia política de los partidos políticos, es una valoración que le corresponde hacerla a los partidos políticos y también a la ciudadanía”, consideró.

”En 2006, el Instituto permitió una campaña de división social que acusaba al candidato de la izquierda, López Obrador, de ser “un peligro para México”, recordó ayer Paula Chouza en un artículo para El País. 

Sobre el video de 29 segundos, el dirigente de PRD, Carlos Navarrete, dijo que el periodista “ha usado y abusado de la pantalla para deformar la realidad nacional y las noticias nacionales”, y acusó al organismo electoral de censura.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF

Fraude casi perfecto

Empresas fuera de México, triangulación de recursos, cómplices de confianza. El dueño de Ficrea armó un plan prácticamente impecable para desviar más de 2 mil millones de pesos de los clientes de la Sociedad Financiera Popular.

El fraude de más de 2.7 millones de pesos con el que Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, perjudicó a sus ahorradores tiene detrás una red de empresas en Inglaterra, Madrid y Miami, la triangulación de recursos y muchos cómplices.

El dinero que Olvera Amezcua sacó de México pasa por otras compañías manejadas por su hijo Rafael Olvera Silva, un empleado, y el exrepresentante de Proméxico en el Reino Unido.

Hasta ahora, a Olvera Silva no se le ha vinculado en el esquema de lavado de dinero, con el que el empresario originario de Tamaulipas habría colocado fuera del país el dinero de los ahorradores de la sociedad financiera.

Pero los nexos de estas compañías con Ficrea son innegables. El esquema de apertura de empresas, las fechas de creación y los socios, indican que Vindu formaría parte del Grupo Trade, que incluía a Leadman Trade, la compañía espejo de Ficrea por medio de la cual el dinero salía del sistema financiero sin ser detectado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Mientras los ahorradores buscan depurar el padrón de usuarios de la sociedad financiera y determinar cuánto debe tocarles en la liquidación, esta red podría aportar recursos extra que no han sido mencionados por la autoridad.

Primero socio, luego víctima

Dos meses antes de que Ficrea fuera intervenida, Grupo Leadman creó una filial en Inglaterra por medio de un exempleado de alto rango de Proméxico.

Un documento del registro público del Reino Unido obtenido por Reporte Indigo indica que el único empleado de la compañía, registrado en el puesto de director, fue José Neif Jury Fabre, de 46 años, con nacionalidad francesa.

El nombre de la empresa fue Leadman Trade UK LTD y su director había dejado la administración pública tres meses antes del 19 de septiembre de 2014, cuando creó la filial.

En entrevista con Reporte Indigo desde Londres, Jury Fabre cuenta que a principios de septiembre la oficina de Proméxico en esa ciudad lo contactó con Eduardo Rafael Torre Aliseda, director de Inmuebles de Ficrea, quien le pidió trabajar juntos para comprar un edificio en Londres que rentarían por medio del Grupo Trade.

“Me pidieron que les ayudara a encontrar un edificio bueno que les dejara un buen rendimiento, que armara una estructura de una empresa que administrara el edificio”, relata.

El 13 de octubre, el empleado de Ficrea se decidió por un edificio en la zona de Central London, con un costo de 4.2 millones de libras esterlinas (94.5 millones de pesos).

Dos días más tarde, desde una cuenta en Bancomer de la compañía Baus and Jackman Leasing, parte de Grupo Trade, le transfirieron a Jury Fabre 30 mil libras esterlinas las cuales usó para pagar el anticipo del edificio, trámites de registro de la empresa y algunos gastos del abogado.

Con el anticipo negoció que se apartara la propiedad hasta el 17 de noviembre, cuando debía depositar otras 650 mil libras esterlinas.

Dos semanas antes de que Ficrea fuera intervenida, el 21 de octubre, la compañía le depositó al exfuncionario de Proméxico otras 85 mil 648 libras para continuar con el proceso de compra. Luego vino el silencio.

Jury Fabre se enteró por las noticias de la intervención de Ficrea. Contactó en México a Luis Fabre Pruneda, director de técnico de la Condusef, para pedirle orientación sobre cómo pagar el finiquito del abogado y regresar a México el dinero que quedaba en su poder de lo que le habían depositado desde Ficrea. Sumaban 89 mil 130 libras (1.9 millones de pesos).

El apoderado de Baus and Jackman Leasing, Gilberto Cerón Poo, de acuerdo con un oficio del que Reporte Indigo obtuvo una copia, le indicó que debía depositar el dinero de regreso en Ficrea.

Jury Fabre lo transfirió desde una cuenta en el banco Barclays el 22 de diciembre, según la copia del recibo a la que este diario tuvo acceso.

“Tuve muy mala suerte, pero jamás pensamos nadie que Ficrea estaba tan mal, ya mandé a cancelar (Leadman Trade UK), el registro público se tarda nueve meses en cerrarla totalmente” asegura Jury Fabre.

Raíces en México

Aunque José Neif Jury Fabre firmó la creación de Leadman como ciudadano francés, toda su carrera se ha desarrollado en México.

Antes de ingresar como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2008, trabajó como especialista en Inversiones Internacionales en Grupo Financiero Banorte.

Se convirtió en delegado diplomático de Proméxico en febrero de 2008. Desde febrero de ese año hasta agosto de 2011 fue delegado de comercio de Proméxico para Medio Oriente con sede en Dubai.

En junio de 2011, lo nombraron en ese mismo puesto pero esta vez en Londres, para atender todo lo relativo a Proméxico en Reino Unido.

Estuvo en el cargo hasta abril de este año, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Actualmente, su puesto es como presidente de la compañía Servicios para el Individuo y la Familia, en Londres, al mismo tiempo que maneja la sucursal de Leadman en ese país.

Las redes de Vindu

La fortuna de Rafael Olvera Amezcua fuera de México, alimentada con la compra de propiedades en Texas, Nevada y Florida, no explica su estructura corporativa sin la intervención de su hijo, Rafael Olvera Silva.

El joven aparece como socio fundador y director financiero de Vindu, una empresa de venta de suplementos alimenticios, clasificados como un “sistema de nutrición especializada” que vendían productos por medio de una farmacéutica de herbolaria.


Aunque Vindu no aparece formalmente como parte de Grupo Trade en el reporte de calificación crediticia que realizó HR Ratings en abril de 2012, sus nexos son innegables.

Rafael Olvera Silva se presenta en el sitio Web de Vindu como licenciado en Finanzas y contabilidad, con estudios en Análisis Bursátiles en Madrid, una maestría en marketing en Brighton, Inglaterra, una maestría ejecutiva en Finanzas y experiencia como directivo en “diversas compañías de México y Puerto Rico”.

El nombre de su padre, socio mayoritario de Ficrea, no luce en el directorio pero sí en la foto de portada del sitio Web, donde el ahora prófugo buscado por la Interpol se ve cortando el listón inaugural de una sucursal de Vindu.

Más aún: la propia matriz en México de esta compañía dice a sus clientes que cuentan con “un respaldo financiero importante, ya que formamos parte de una prestigiado grupo de sólidas y reconocidas financieras, mismas que hacen posible que la propuesta de soluciones de VINDU sea única en la industria. Gran parte de los beneficios del Plan de Vida, exclusivos de Vindu, son posibles a gracias a esta fortaleza financiera”.

La “fortaleza financiera” a la que se refieren es Ficrea, como lo refleja el logo de la sociedad financiera popular, que acompaña esta explicación de la “solidez de Vindu”.

Esta empresa, sin embargo, no ha sido mencionado hasta ahora como parte del paquete de liquidación, de donde se obtendrán fondos para liquidar a los clientes defraudados de Ficrea.

Nexos fuera de México

Las conexiones entre Vindu, empresa de Rafael Olvera Silva, con el dinero que perdieron los ahorradores de Ficrea se encuentran también en España y Estados Unidos.

En mayo del año pasado, el hijo del dueño de Ficrea se registró como gerente de Vindu Holdings en Miami.

La dirección fiscal que ubicaron para la empresa es el edificio en el 20900 del noroeste y la avenida 30 en la zona de Aventura, al norte de la ciudad.

El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.

Además de Olvera Silva, el otro socio de Vindu en Estados Unidos es Leadman Trade Inc., una filial de la compañía que trianguló el dinero y las deudas de los clientes de Ficrea.

Mientras Vindu mantiene la dirección en Aventura, Leadman Trade Inc., que estaba originalmente ubicada en una oficina virtual en Miami Beach, cambió su domicilio fiscal a esta misma locación y sufrió modificaciones en sus socios en los mismos días en que se concretó la intervención de la sociedad financiera en México.

El registro público de corporaciones de Florida muestra que en abril de este año, Leadman Trade Inc. hizo su registro anual con la dirección de Miami Beach.

Como funcionarios estaban Samuel Strauch, agente de bienes raíces para todas las operaciones de Olvera en ese estado, su hijo Rafael y Leadman Trade, S.A. de C.V., con su dirección de Monte de Camerún 120, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Pero el 17 de noviembre, cuando Ficrea estaba intervenida y comenzaba a destaparse en México el esquema de triangulación con Leadman, los Olvera salieron de los registros de esta sociedad.

Un documento de enmienda del registro que obtuvo este diario muestra que en esa fecha Samuel Strauch eliminó del registro de la empresa a la matriz mexicana de Leadman, a Rafael Olvera Amezcua y Rafael Olvera Silva.

A pesar de esta eliminación, la vinculación de las compañías aún puede realizarse, pues al cierre de esta edición el hijo del dueño de Ficrea aún aparecía como gerente de Vindu Holdings.

La red con Vindu se remonta al 3 de octubre de 2013, cuando se creó en Madrid la compañía Comercializadora Vindu España.

El socio único de esta compañía es Rafael Olvera Amezcua, aunque su hijo es la cabeza visible de la matriz de esta empresa en México.

La empresa inició con un capital de 3 mil euros y su patrimonio neto, pero en un año, Leadman Trade España SL, logró pasar a 8.96 millones, según los registros públicos.

> El mismo edificio


El edificio es el mismo donde están ubicadas las oficinas de Delta Integrator LLC, la consultora de seguridad que abrió Genaro García Luna en Miami después de que concluyó el sexenio de Felipe Calderón.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

En “contrainforme”, organizaciones sociales reprueban a Moreno Valle

PUEBLA, Pue: A tres días del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, organizaciones políticas, sindicales, sociales y académicos cuestionaron que el mandatario poblano pretenda llegar a la Presidencia de la República, cuando tiene a la entidad sumida en la pobreza, el atraso, el endeudamiento y bajo políticas “depredadoras, privatizadoras y represivas”.

Integrantes del Consejo Magisterial Poblano, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la 28 de Octubre, la Asamblea Social del Agua, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), el Movimiento en Defensa de Cholula, académicos y sindicalistas, entre otros, realizaron esta tarde una concentración en el Zócalo poblano.

Ahí, la abogada Miriam Pascual dijo que el gobierno de Moreno Valle es el más represor del país, por encima de Oaxaca y Veracruz, luego de que en los cuatro años que lleva su administración, más de 200 personas han sido encarceladas por participar en luchas sociales.

El dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alberto Lozano Ortega, acusó al mandatario estatal de violar reiteradamente las garantías constitucionales de los poblanos, especialmente de los pueblos indígenas.

La administración morenovallista, aseguró, ha afectado el derecho humano al agua al decretar la privatización del servicio; el derecho de audiencia con la ley de Expropiación; así como el de manifestación y protesta, con la llamada “Ley Bala”.

Además, dijo que el gobierno ha causado un daño económico y patrimonial al retirar concesiones a los propietarios de verificentros. También ha afectado el derecho al trabajo de los transportistas y mototaxistas y ha perjudicado la posibilidad de transporte para los pobladores al imponer el deficiente servicio del metrobús.

Lozano Ortega denunció que los más afectados por las políticas de Moreno Valle han sido las poblaciones indígenas que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil, pues les retiraron servicios y derechos que tenían desde hace décadas.

El gobierno, continuó, ha recurrido al uso de la fuerza y de balas de goma para reprimir a habitantes de comunidades originarias, como ocurrió en Chalchihuapan, donde las balas lanzadas por la policía causaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. También ha violentado derechos de pobladores como lo hizo con Delfino Flores Melga, luchador social que murió en la prisión pues aunque tenía 90 años de edad, el gobierno se negó a otorgarle la prisión domiciliaria.

El economista Alejandro Chávez Palma dijo que en los cuatro años de su gobierno, Moreno Valle ha ejercido un presupuesto de más de 278 mil millones de pesos. Sin embargo, Puebla se mantiene como la tercera entidad del país con mayor población en condiciones de pobreza.

La administración estatal, agregó, ha concentrado su gasto en obras “faraónicas”, en mantener la burocracia estatal y en publicitar su imagen.

El maestro Miguel Guerra, del Consejo Magisterial Poblano, cuestionó las cifras que Moreno Valle publicita en los spots sobre sus logros de gobierno. Y es que, criticó, en los mensajes asegura que ha repartido 2 millones 189 mil becas, cuando la cobertura de educación básica de Puebla es de un millón y medio de alumnos.

“¿A quién le ha entregado esos más de 2 millones de becas?”, cuestionó, “¿a la educación privada, a los empresarios de la educación, a la población abierta? Yo desmiento esas cifras, nos quieren obligar a creer en cosas que no podemos aceptar de ninguna manera”, reclamó.

En representación del MIOCUP, una habitante de Cuetzalan denunció que el gobierno poblano ha impulsado proyectos de minería, hidroeléctricas y gasoductos que afectan el medio ambiente, las actividades productivas y la forma de vida de los pueblos.

Mireya León, representante de la Asamblea Social del Agua, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de afectar a toda la población de la zona conurbada del estado al entregar a una empresa privada la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que ha encarecido las tarifas.

El dirigente del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Guillermo López Mayo, dijo que el mandatario estatal ha combatido a los movimientos sindicales independientes a los que ha negado la toma de nota, mientras impulsa la creación de otras representaciones “a las que puede manipular”.

“La política del gobierno neoliberal de Moreno Valle ha sido depredadora, sólo ha beneficiado a los grandes consorcios empresariales extranjeros, en perjuicio de los locales, pero sobre todo arrasando con los derechos e intereses de los sectores populares”, acusó.

“¿Cómo es posible entender que el gobernador Rafael Moreno Valle piensa proyectarse hacia la Presidencia de la República si lo ha hecho sobre la base de atropellar, asesinar y meter a la cárcel a muchos luchadores sociales?”.

López Mayo mencionó los casos de Chalchihuapan, el parque en Cholula, el Gasoducto Morelos, las juntas Auxiliares de la Resurrección y de Canoa. Sin embargo, enfatizó en la detención del dirigente de la organización de vendedores ambulante “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, conocido como Simitrio, y su hijo.

“El compañero Simitrio no está en la cárcel por cometer algún delito, está en la cárcel en represalia por su capacidad como dirigente social”, expresó.


“No puede haber en Puebla presos políticos para favorecer una carrera política de alguien que no ha demostrado el menor conocimiento y sensibilidad a las necesidades de la población de esta entidad”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Buscarán a desaparecidos en penales de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León

MONTERREY, N.L: Familiares buscarán a sus desaparecidos en el interior de los penales de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, debido a que tienen información de en estos lugares se encuentran personas que son obligadas a purgar condenas de delincuentes sentenciados que están libres, señaló Irma Alma Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

También anunció que entregará información a las autoridades penitenciarias en esas entidades para precisar dónde creen que se encuentran las personas que suponen secuestradas o muertas, para que aquéllas las busquen, pues no hay forma de que sus familiares accedan directamente a las víctimas.

“Es muy difícil el acceso a ellos, por ello se estarán solicitando los registros fotográficos y dactilográficos, porque hay confirmación, por declaraciones, de que algunos desaparecidos pueden estar purgando condenas que no les corresponden. Es un tema muy delicado y que tenemos que irnos con mucho cuidado, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas y Veracruz”, dijo.

La activista comentó que ya se entrevistaron con algunos subprocuradores, quienes les pidieron que aportaran información, pero dejándoles a ellos la tarea de hacer la investigación.

“En esa posición nos ponen y así la vamos a tomar. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos. Ya no queremos siquiera justicia, buscar a los perpetradores. Lo que hacemos únicamente es buscar a nuestros desaparecidos”, acotó.

También dijo que tienen informes de que algunos ausentes pueden estar encerrados, por lo menos, en alguno de los tres centros penitenciarios de Nuevo León: Topo Chico, Cadereyta y Apodaca.

Luego comentó que el colectivo que integra tiene información de que en algunos penales del país ya han sido localizadas personas que suponían muertas o plagiadas, lo que les hace suponer que existe la posibilidad de encontrar a sus parientes en los centros de readaptación social, donde estarían incomunicados y sin posibilidad de exponer su situación al exterior.

“No puedo dar los datos exactos, ya que no estamos autorizados, pero con base en lo que conocemos, estamos decididos a emprender esa búsqueda. No son leyendas urbanas, como algunas veces nos hacen ver funcionarios públicos, como si pidiéramos locuras. Tenemos datos exactos de gente encontrada así.

“Contacto con el exterior no tienen. Lo que se ha conocido es que están purgando condenas que no les corresponden, de gente que está fuera. Esas son las historias que nos están comentando, de los casos que se han sabido y de gente que puede ser rescatada y que estaba considerada desaparecida”, mencionó.

La posible suplantación de identidades confirmaría el descontrol en el que se encuentra el sistema penitenciario mexicano, y haría evidente el infierno en el que se vive en el interior de las prisiones, denunció.

También las fosas

La activista dijo que además de buscar a sus ausentes en las penitenciarías, los familiares emprenderán una búsqueda personal en lugares donde sospechan que hay fosas clandestinas, debido a que aceptaron como un hecho que el gobierno del priista Rodrigo Medina optó por ignorar su demanda de justicia.

Para esta investigación particular han pedido respaldo a la organización nacional Ciencia Forense Ciudadana, de reciente creación, que ha comenzado a registrar los casos de desaparecidos en todo el país y que ha contribuido a la búsqueda de restos humanos en Guerrero.

“Tenemos algunos puntos donde la gente ha comentado que posiblemente haya concentración de restos humanos en algunas partes de Nuevo León. Hemos pedido asesoría a Ciencia Forense Ciudadana, a la que pertenecemos, que ha apoyado a Iguala en la búsqueda ciudadana en cuanto a las cuestiones legales, para no entorpecer y no invalidar alguna prueba en caso de que la encontremos”, señaló.

Fundenl envió el 1 de diciembre al gobierno de Medina de la Cruz un emplazamiento para que diera muestras genuinas de interés en buscar a los desaparecidos en la entidad.

Irma Alma Hidalgo comentó que indicaron a los investigadores sitios precisos en la entidad donde sospechan que hay restos óseos humanos, en puntos que aún no puede revelar, sin embargo, la PGJE no ha dado indicios de querer acompañarlos a la pesquisa en esos sitios.

“Como siempre nos ignoran olímpicamente. Estamos agotando todas las situaciones para que ellos tomen acciones y, al no haber respuesta, hemos decidido llevar las acciones como regularmente lo hacemos las familias de los desaparecidos, que hacemos nuestras propias investigaciones”, dijo.

Fundenl ha tomado como ejemplo a los padres de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, quienes decidieron emprender su propia búsqueda ante la indiferencia de las autoridades, y en esa tarea encontraron en fosas clandestinas restos humanos que han ayudado a resolver casos de homicidios.

“En diferentes ocasiones estuvimos con el procurador (Adrián de la Garza), donde nomás nos escucha y no vemos ninguna acción, ningún resultado o avance. Y el gobernador Rodrigo Medina jamás nos recibió, aunque constantemente solicitamos audiencia”, señaló.

Antes de hacer públicos los sitios de la búsqueda, los activistas aguardarán a que la PGJE integre esa información a las averiguaciones previas que se llevan en los casos de los desaparecidos, como una forma de agotar, primero, las líneas legales.

Si no hay respuesta, advirtieron, entonces harán público el plan de búsqueda, aunque no acuda con ellos el MP, como es su propósito, reveló Hidalgo.


Fundenl se integró en 2012 y actualmente la integran unas 20 familias que buscan a un centenar de desaparecidos en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Juez abre vía para que Gordillo cumpla condena en reclusión domiciliaria

MÉXICO, D.F: El juez sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, estimó que la profesora Elba Esther Gordillo debe ser considerada legalmente adulto mayor, condición que le permitirá cumplir el resto de su juicio en su casa.

El abogado de la exdirigente del SNTE, Marco Antonio del Toro, aseveró que el juez basa su determinación en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Ayer, el diario Reporte Índigo publicó una entrevista con Marco Antonio del Toro Carazo en la que recordó que la maestra sólo tiene un riñón y corre el riesgo de sufrir una infección que obligaría a someterla a una diálisis.

“Está pasando el peor de los mundos: no está en un área de un reclusorio ni en una prisión domiciliaria, está en un cuarto de un hospital”, manifestó.


La exlideresa del SNTE está acusada de haber defraudado al fisco con 2 millones 199 mil pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.