Trabajadores del sector salud paran labores en Oaxaca

MÉXICO, D.F: Trabajadores afiliados a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) pararon labores en hospitales y clínicas de Oaxaca, para exigir el pago de salarios y la entrega de equipo médico para dar servicio a la comunidad.

El paro de labores afecta las áreas de laboratorio, consulta externa y cirugías programadas. Sólo se atiende a la ciudadanía en urgencias y hospitalización.

De acuerdo con los inconformes, Germán Tenorio Vasconcelos, titular de la Secretaría de Salud del estado, había ofrecido cumplir sus demandas, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

Detallaron que hasta ahora no les han cubierto la segunda quincena del salario de diciembre y tampoco han cobrado el segundo pago del aguinaldo.

El dirigente de la Sección 35 del SNTSS, Mario Félix Pacheco, precisó que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre asciende a 48 millones de pesos y el de la segunda parte del aguinaldo suma aproximadamente 24 millones, mientras que el adeudo a terceros es cercano a los mil millones de pesos.


El gobierno de Gabino Cué, dijo, “le da largas” al asunto, por lo que los trabajadores –advirtió– se mantendrán en asamblea permanente hasta que sean atendidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN ordena separar del cargo a administrador fiscal en Guerrero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la separación de Antonio Peláez Herrera como administrador fiscal estatal uno de la Secretaría de Finanzas del estado de Guerrero, por incumplir con una sentencia de amparo.

El ministro José Ramón Pardo Rebolledo informó que el funcionario desacató la decisión judicial de no aplicar ciertos impuestos a un quejoso y se le devolvieran las cantidades que ha pagado por esas contribuciones, lo que procedió hasta que el caso llegó a la Corte.

El quejoso demandó al funcionario de Guerrero por la aplicación del cobro por derechos de los servicios de inscripción del Registro Público de la Propiedad del Comercio y contra impuestos adicionales para fomento educativo y caminos.

Por ello el 9 de diciembre de 2009 el Juzgado Octavo de Distrito en la entidad dictó sentencia en favor del quejoso, para que el administrador fiscal estatal número uno no aplicara los gravámenes y se le devolvieran las cantidades ya entregadas por esos conceptos.

Pardo Rebolledo detalló que al cumplirse la sentencia de amparo, le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de 555 mil 217 pesos, aunque el afectado argumentó que la cantidad debía ser actualizada, por lo cual se le pagaron 14 mil 710.63 pesos más por ese concepto.

Sin embargo le siguieron cobrando dichos gravámenes, por lo que el quejoso denunció la repetición del acto reclamado, que se declaró fundado el 23 de marzo de 2012 y se requirió al administrador fiscal que no se le aplicaran.

La autoridad remitió al quejoso un cheque por 374 mil 248 pesos, con lo que se dio por cumplido el fallo, derivado de una primera denuncia de repetición de acto reclamado, aunque el 21 de junio de 2013 se denunció ante un juez de Distrito el nuevo cobro de esos gravámenes.

El 19 de julio de 2013 se declaró fundada la segunda denuncia de repetición de acto reclamado, se volvió a pedir que no se aplicaran esos impuestos al quejoso y se le devolvieran las cantidades que ya habían sido cubiertas por ese concepto, lo que no se acató.

El caso llegó en marzo de 2014 al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien lo remitió a la Suprema Corte al determinar que existía incumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Pardo Rebolledo aclaró que al estar ese asunto en la Corte, el juez de Distrito comunicó que la autoridad responsable ya había cumplido la resolución del segundo incidente de resolución de acto reclamado y había devuelto las cantidades a la parte quejosa.

Sin embargo el ministro externó que si bien la sentencia finalmente fue cumplida, ante la repetición del acto reclamado procede imponer las sanciones que el Artículo 107 constitucional establece para el caso de repetición de acto reclamado a la autoridad responsable.


En su ponencia, que se aprobó con nueve votos, argumentó que “existe un principio de dolo de la autoridad responsable” y aunque “haya dejado insubsistente el acto que repitió al reclamado, sí es procedente imponerle las sanciones que establece el artículo 107”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217529.

Morena queda como “grupo” en la Cámara, y no como fracción; no recibirá subvenciones

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por lo cual se reconoce el grupo de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dentro de esa soberanía.

Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aclaró que no se trata de crear una fracción legislativa, sino de reconocer a diputados de otras fracciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) que decidieron conformar ese grupo.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que debido a que no es un grupo legislativo no tendrá subvenciones como tal, sino que los diputados recibirán las que les corresponden como legisladores y podrán participar en la Jucopo, pero sólo con voz y no con voto, y en las comisiones legislativas, pero no en la mesa de la Mesa Directiva.

“El tema principal de la Junta el día de hoy fue el reconocimiento para que un grupo de diputados y diputadas federales emanadas de diversos grupos parlamentarios solicitaron a la Jucopo su reconocimiento como agrupación de diputados y diputadas ahora en el caso de Morena”, precisó.

En diciembre pasado, la Jucopo de 15 legisladores del PRD, PT y MC para crear la bancada de Morena, y las turnó para su análisis a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, resultado que hoy se dio a conocer.

Dado que no tienen el carácter de grupo legislativo no podrán participar en la Mesa Directiva como grupo parlamentario, o en el caso de la Jucopo, participan con voz pero no con voto, como un reconocimiento del acuerdo político.

Agregó que el acuerdo fue tomado de manera favorable y va a empezar a surtir efecto a partir de que estos integrantes garanticen a cada uno de la Jucopo la documentación que los acredita como grupo, y deberán entregar también a la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

La documentación que entregarán es el acta constitutiva con firma de los integrantes, su norma interna y el acuerdo de coordinador de este grupo de diputados, y lo que se tomó en cuenta para aprobar este grupo es “un acuerdo político que tiene sustento jurídico”, detalló.

“El sustento jurídico está en el Artículo 70 de la Constitución, no se le está dando el carácter de grupo parlamentario, pero sí el reconocimiento a la agrupación de diputados” de otra manera sería para nosotros pretender tapar el sol con un dedo, expresó.

“Los legisladores que tienen la intensión de participar en Morena y hay un reconocimiento a su trabajo, reciben las subvenciones que corresponden a los legisladores como derechos de los propios”, pero no una subvención como grupo legislativo, puntualizó.

El diputado priista agregó que los diputados que conformarán este grupo tendrán también derecho de participar tanto en pleno como en comisiones.

Indicó que hay un acuerdo suscrito por todos los grupos legislativos, que se dará a conocer mañana en el Pleno de la Comisión Permanente, que es una modificación al Artículos 24 del Reglamento de Diputados, que establece que “posterior al acto fundacional, no existe la posibilidad de la creación de algún grupo parlamentario”.

Con ello, precisó, ambos reglamentos van a quedar homologados para prever que este tipo de situaciones no se vuelvan a verificar en el futuro.

Los diputados que solicitaron conformar este grupo de Morena son: Ricardo Monreal, quien el pasado 7 de enero se inscribió como precandidato de Morena para jefe delegacional en Cuauhtémoc, y que posiblemente sea el coordinador de este grupo.

Los perredistas Andrés Eloy Cantú y Delfina Guzmán, los petistas Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Loretta Ortiz, Arturo López Cándido y Jaime Bonilla.

También de Movimiento Ciudadano estarían Aída Valencia, Rodrigo Chávez, Lorena Méndez, Juan Luis Martínez, Gerardo Villanueva, Luisa María Alcalde, María Fernanda Romero y Alfonso Durazo.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: REDACCIÓN.

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La Policía Militar usó “piedras y gas” contra padres de los 43 y estudiantes: Tlachinollan

Padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” denunciaron que en la protesta que realizaron el día de ayer en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, la Policía Militar con equipo antimotines ya esperaba su arribo y los agredió “con gas lacrimógeno y piedras”.

Otras versiones indican que fueron los padres y los estudiantes los que lanzaron piedras, palos y cohetones contra elementos de la Policía Militar que cruzaron la barricada de alambre con puntas de acero.


Pero los padres y los estudiantes tienen la propia:

“Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos denunciamos la agresión cobarde que sufrimos. El Estado Mexicano no conforme con desaparecer y matar a nuestros hijos y compañeros y negarse a abrir líneas de investigación relacionadas con el Instituto Armado nos agrede nuevamente. Los militares aprovechando su superioridad numérica y entrenamiento nos agreden, cuando nuestro único delito es exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros”, denunciaron los padres y compañeros de los 43.

Mediante un comunicado de prensa difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual suscriben Dayro Ángel García y Miguel Sánchez del comité estudiantil, y Meliton Ortega y Felipe Cruz del Comité de Padres de Familia, los familiares denunciaron que alrededor de la una de la tarde de ayer lunes, “los padres de familia llegamos a las instalaciones del cuartel en la ciudad de Iguala, donde éramos esperados por decenas de militares con equipos antimotines”.

Precisaron que tras realizar un mitin y cuando los padres y estudiantes demandaron la apertura del cuartel para buscar a los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, fueron agredidos “por los elementos castrenses que con gas lacrimógeno y piedras empezaron a golpearnos”.


“Para evitar ser más agredidos los estudiantes optamos por retirarnos abordando los camiones para trasladarnos a la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’. En la agresión resultaron heridos los padres de familia Mario César González Contreras, Bernabé Abrajam Gaspar, María Concepción Tlatempa y los estudiantes Omar García, Sergio Ochoa Campos y José Hernández Peña”, refiere el documento fechado ayer.

Esta mañana, en entrevista para Radio Fórmula, Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan, dijo que efectivos militares arrojaron gas lacrimógeno y piedras a los manifestantes, por lo que los normalistas y padres de familia, utilizando un camión, quitaron una barricada hecha con malla de alambre.

“Los padres intentaron ingresar metros más adentro. Se quitó la barricada de alambre. [Los militares] empezaron a tirar gases lacrimógenos y piedras”, comentó Rosales.

Dijo que los estudiantes derribaron con un tráiler una malla y es cuando se da “un enfrentamiento más directo [...] De parte de militares vienen las piedras”.

“Son los militares los que empiezan a tirar gas lacrimógeno primero, quieren impedir que nos acerquemos más”, comentó Rosales.

Los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos manifestaron su alarma de que se utilice al Ejército en la disuasión de manifestaciones públicas “lo que es propio de regímenes autoritarios”.

“De igual forma es desproporcionada la forma en que el Ejercito Mexicano se apresta a contener manifestaciones públicas y reprimir a los movimientos sociales, contrario a la actitud omisa y timorata que muestra ante la delincuencia organizada, que le permite libertad de acción y movimiento”, denunciaron.

Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos reiteraron que no descansarán hasta encontrarlos con vida, “y alcanzar verdad y justicia para nuestros hijos y para nuestro pueblo”.

Hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a seguir pendientes frente “a la represión que estamos sufriendo y a mantener sus acciones de solidaridad para vencer la impunidad”.


Asimismo exigieron al Estado mexicano la presentación con vida e inmediata de los 42 normalistas, justicia para los estudiantes ejecutados extrajudicialmente y reparación integral de daños para los caídos y lesionados en los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014 y cese a la represión contra los familiares de los estudiantes desaparecidos, estudiantes normalistas y el movimiento nacional e internacional que se ha solidarizado con nuestra justa lucha.

EL ENFRENTAMIENTO

Mario César González, padre de César Manuel González, dijo ayer a SinEmbargo que fueron 27 padres los que ingresaron al cuartel de Iguala y el resto en Acapulco para sacar a sus hijos con sus propias manos, afirmó, porque están seguros que las fuerzas castrenses los tienen.

“Queríamos que se nos abrieran las puertas para buscar a nuestros hijos, era lo que pedíamos, porque estamos seguros que ellos participaron, ellos les quitaron los teléfonos en el hospital. Cuando entramos había muchísimos militares y nos mandaron a los antimotines y tuvimos que defendernos”, indicó.

De acuerdo con el padre de familia, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, canceló una cita que tendría con ellos en la Ciudad de México.

“Ya estábamos listos para salir a las seis de la mañana y un tal Jaime nos habla y nos dice que Osorio Chong no va a estar, que nada más [Jesús] Murillo Karam, que se cancelaba. Ya a los padres no nos quieren ni ver, entonces más tarde, como a las tres que ya estábamos en el cuartel nos hablan para decirnos que nos estaban esperando”, dijo el padre de César Manuel.

Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.

Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel, para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses.

Mario César indicó que a pesar de los golpes recibidos hoy, seguirán buscando a sus hijos y no descansarán hasta encontrarlos.

“Si ellos tienen armas, no nos interesa, lo que nos interesa a nosotros es la vida de nuestros hijos. Ya ni la Procuraduría tiene tiempo para nosotros, entonces, decidimos buscarlos por nuestra cuenta, aunque nos sigan reprimiendo”, dijo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, participó en la protesta en el cuartel de Acapulco y dijo que lo único que los padres querían, era que los altos mandos salieran a dar la cara.


“Queríamos que los altos mandos dieran la cara, para exigirles que ya los busquen, con los mismos militares, ellos los tienen porque hay evidencia de que el Ejército estaba resguardando a los 43, hay testigos y no han hecho nada”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216869.

Petroleros denuncian estrategia del gobierno para desmantelar Pemex

SALAMANCA, Gto: La “suspensión intencionada” en la producción y la importación de 100 mil barriles de crudo de Estados Unidos podría acarrear el desabasto de gasolina, alertó este martes la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP).

El dirigente de la organización, Juan Carlos Chávez, aseguró que estrategias similares, que en el pasado derivaron en el cierre de plantas como la de amoníaco, han sido orquestadas por el gobierno federal con la complicidad del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, en perjuicio de los trabajadores y para favorecer la inversión privada.

“Sabemos que la estancia de Carlos Romero en el sindicato es un proyecto que se generó desde Carlos Salinas para privatizar a Pemex, como se ha venido dando y como ocurrió en 2008, cuando pretendieron privatizar el área de petroquímica, pero por cuestiones de inversión no pudieron”, subrayó en entrevista con Apro.

Recordó que desde 1999 la ANDTP –grupo disidente del STPRM– ha denunciado la estrategia del gobierno y de la paraestatal, la misma que, dijo, pretenden instrumentar ahora.

“Cuando quieren desechar alguna instalación, como ocurrió con la unidad petroquímica de Salamanca o la refinería de Tula, originan paros abruptos y fuera de programa. Dicen que las instalaciones ya no están en condiciones de producir, para cancelar la vida útil de esas plantas”.

De acuerdo con Chávez, a raíz de las reformas en materia energética los trabajadores petroleros (del movimiento disidente) han detectado pasos muy concretos, y “el fondo es dejar que la misma empresa muera sola, ellos no la tienen que matar. Si le retiran las refacciones, los recursos para mantenimiento, la liquidez, pues de forma natural la empresa irá entrando en una situación de paro.

“Pensamos que todo esto se va a generar para facilitar el cierre de instalaciones y la construcción de nuevas plantas” por parte de los inversionistas privados favorecidos por el gobierno federal, señaló.

El dirigente de ANDTP dijo que detectaron la supresión de 10 mil plazas contratadas vía outsourcing en las áreas marítimas de Pemex, y “aunque no estábamos de acuerdo con el pago de salarios y las prestaciones, porque no son plazas que dan estabilidad laboral, nosotros nos ponemos en los zapatos de esos compañeros y claro que nos preocupa”.

Por ahora, explicó, la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” de esta ciudad suspendió las actividades de sus dos plantas refinadoras Hidro II y III, bajo el argumento oficial de que se efectuarán labores de mantenimiento por un exceso de sales que habrían afectado los equipos.

“Eso es una insensatez porque en ningún momento de la historia de Salamanca, salvo cuando fue un accidente mayor, salió fuera la totalidad de la refinería y tampoco hubo desabasto, aunque no hubo producción por unos 20 días. Ahora dicen que las dos plantas Hidro están fuera de servicio, dicen que se tiene suficiente producto para abastecer durante 30 días, pero se está constatando el desabasto” no sólo en Guanajuato, sino en otros estados, sostuvo.

Chávez también resaltó que desconocen el contenido de un convenio firmado por Romero Deschamps después del último contrato colectivo de trabajo. Los disidentes, apuntó, no hemos podido tener acceso al documento, pese a que lo han solicitado por diversas vías.

La respuesta a sus solicitudes es que se trata de un asunto de seguridad nacional, pero se sabe que el convenio habla de una “optimización de recursos humanos”, por lo que –refirió– “hay preocupación porque no tenemos información o claridad de los convenios”.


Remató: “No quisiéramos encontrarnos que tanto la empresa como el gobierno, alevosamente, aduciendo este tipo de problemas, decidan cerrar nuestras fuentes laborales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Gordillo seguirá su proceso por videoconferencia

MÉXICO, D.F: La exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, está lejos de enfrentar las acusaciones penales desde su domicilio.

Fuentes judiciales dijeron a la Agencia Proceso que el acuerdo emitido por un juez que lleva uno de los procesos penales en su contra es sólo para que Gordillo no sea traslada del penal femenil de Tepepan a los juzgados federales debido a su condición de adulto mayor enfermo.

La maestra podrá enfrentar las actuaciones judiciales por videoconferencia, pero desde el penal, según la información del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El pasado miércoles 7, el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, Alejandro Caballero Vértiz, emitió un acuerdo en el que reconoció la condición de adulto mayor enfermo de Gordillo, quien el próximo 6 de febrero cumple los 70 años de edad.

El juez Caballero Vértiz tomó ese acuerdo apoyado en la fracción primera del artículo tercero de la Ley de Derechos de las Personas de Adultas Mayores en el Distrito Federal y en las Buenas Prácticas a las Personas Privadas de a Libertad, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, considera que el acuerdo le permitiría a su cliente enfrentar el proceso penal en su casa.

El 26 del próximo mes, la maestra cumplirá dos años en prisión, detenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto bajo la acusación de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Del Toro dijo que tras el acuerdo del juez, Gordillo no tendrá que esperar a cumplir los 70 años para solicitar la prisión domiciliaria.


Según publicó el periódico Reforma en su edición del martes, el abogado apelará también a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a los adultos mayores enfermos seguir los procesos penales bajo prisión en su propio domicilio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

CNDH reconsidera masacre en Tlatlaya: abre “Investigación de Violaciones Graves”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó como una “Investigación de Violaciones Graves” lo ocurrido el pasado 29 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar del cambio a las víctimas, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como al Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas.

“Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso”, refirió el organismo autónomo.

Precisó que el 11 de julio inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

SinEmbargo presentó en días pasados la reconstrucción de los minutos de la matanza con base en el conjunto de declaraciones y peritajes –declarados como “confidenciales” por el Gobierno federal y del Estado de México–. En las 268 páginas del apretado texto pericial, se observa el horror de una madre al encontrar a su hija de 15 años agonizante, y luego muerta.

En el texto que firma el periodista Humberto Padgett se da cuenta cómo Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un muchacho de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero, fue el primero en ser ejecutado en Tlatlaya por un militar, quien luego sembró esa arma junto al cuerpo de otro para así cuadrar la escena en la masacre que usó como coartada un enfrentamiento.


El expediente revela más: que hay otros involucrados en esta tragedia (que descarriló el gobierno de Enrique Peña Nieto como la de los 43 normalistas desaparecidos) y siguen libres.

En diciembre pasado, la agencia norteamericana The Associated Press (AP) publicó que funcionarios del Estado de México golpearon a una testigo de la ejecución de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya para que firmara una declaración falsa. La mujer dijo a la agencia que el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no un fusilamiento de elementos castrenses.

En el reporte de AP se citan documentos judiciales del caso a los que obtuvo acceso el medio y los cuales refieren que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen. También indican que el Coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría estatal.

“Los documentos señalan que el Coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos, llegó a la escena antes que los investigadores del Estado de México. En los reportes no se especifica cuál habría sido el rol que jugó este mando castrense y no se ha informado si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento”, informó AP, que además afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió a sus solicitudes para comentar el caso.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso AP, los cuales están integrados a la investigación contra los siete militares procesados, dice que funcionarios del Estado de México tuvieron información desde el inicio de que la escena de los hechos fue alterada.

“Supieron, por ejemplo, que en al menos en diez casos las armas largas ubicadas junto a los cuerpos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban los fallecidos y que manchas de sangre en la ropa indicaban que los cuerpos habían sido movidos. También se puso por escrito que, al menos nueve de los muertos, presentaban heridas recibidas ‘al momento de realizar maniobras instintivas de defensa’, lo que sugiere que habrían intentado evitar los impactos de bala, algo que no habrían hecho si estuviesen disparando”, refiere el medio.

Sin embargo, agrega, investigadores estatales presentaron un reporte en el que validaban la versión del ejército y que nada se había alterado: “por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este sí fue preservado en su estadio original”.

Los documentos judiciales contienen declaraciones de los soldados involucrados que aseguran que el Ejército nunca los interrogó sobre el encubrimiento y que la PGR hizo poco para investigar la matanza antes de que AP y la revista Esquire entrevistaran a la mamá de una de las víctimas.

El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. “Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce  su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el pasado 1 de julio.

Aunado a esto, las autoridades recurrieron a “congelar” o reservar la información. Primero fue el gobierno del Edomex quien determinó  declarar “reservada” la investigación del caso. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación. A principios de este mes la Procuraduría General de la República (PGR) hizo lo mismo y catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación.

El 19 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución extrajudicial de 22 personas ocurrida el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, por la que siete militares enfrentan un proceso civil.

Este día, Associated Press da cuenta del testimonio de una testigo de estos hechos quien relató al medio cómo funcionarios del Edomex estatales la patearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon para firmar una declración falsa.

“Conforme me iban pegando…. decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran”, dijo la mujer a The Associated Press. La testigo dijo que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada a la capital del país, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República la presionaron para que firmara la declaración falsa.

“No, le digo, yo no voy a firmar nada… y me empieza a gritar”, dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que las muertes fueron producto de un enfrentamiento.


En respuesta a una petición de AP, la Procuraduría del Estado de México informó que hay dos investigaciones, una administrativa y otra penal, para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y/o delito los funcionarios estatales que intervinieron en el caso. Hasta ahora, sin embargo, nadie ha sido detenido ni suspendido de sus labores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Castillo culpa a Calderón del desastre en Michoacán; y a él le reclaman en protesta

Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, culpó durante su comparecencia ante diputados y senadores de la Comisión Permanente a la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa por haber desatado la violencia en la entidad.

En respuesta a las críticas directas de legisladores panistas, quienes aseveraron que existe un completo clima de ingobernabilidad en la entidad desde que Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado, aseveró que al haber declarado muerto a Nazario Moreno, líder del cártel del crimen organizado conocido como “La Familia Michoacana”, le dio más capacidad para operar desde el anonimato.

“Para mí hay un error, lo demás son consecuencias, y el gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y la señora Senadora que está a su lado [Luisa María Calderón Hinojosa] no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”, dijo Castillo.

El pasado 10 de diciembre de 2010, Alejandro Poiré, entonces vocero del gabinete de Seguridad Nacional de Felipe Calderón, informó que cayó abatido Nazario Moreno González conocido también como “El Más Loco”, “El Chayo” o “El Doctor”.

Castillo fue más allá y mencionó que tanto los servicios de inteligencia del Gobierno de Calderón como su aparato de justicia cometieron yerros consecutivos que terminaron por darle más fuerza a “El Chayo” y le dieron la posibilidad de continuar con su dominio desde el anonimato.

“Que sus áreas de inteligencia en esa investigación concretamente el Cisen, no les pudiera decir que estaba vivo, algo que en tres semanas yo ya sabía, esto llevo a que esta situación se crecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío”, dijo.

Alfredo Castillo también criticó la debilidad jurídica del Gobierno de Calderón para consignar a diversos criminales detenidos durante el sexenio pasado, muchos de los cuales fueron arraigados para ser investigados y tuvieron que ser liberados por falta de pruebas en su contra.

“Lo que más le ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran, error de declarar muerto a Nazario Moreno, eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de estas personas, porque esto lo único que hizo es que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando”, recalcó.

Ante las críticas realizadas por el Comisionado, la Senadora Luisa María Calderón, hermana del ex Presidente Felipe Calderón y candidata panista a la gubernatura michoacana, intentó hacer uso del micrófono para responder al comisionado, pero le fue denegada la palabra, por estar fuera del procedimiento aprobado para realizar la comparecencia.

Previamente, el Comisionado para Michoacán había afirmado ante los legisladores que el trabajo realizado por él mismo había rescatado a la entidad que había pasado de ser un Estado fallido a un estado en vías de desarrollo.


Mencionó que de continuar con la estrategia implementada hasta el momento, Michoacán bien podría ser la quinta economía a nivel nacional.



Mientras Castillo comparecía, habitantes de los municipios michoacanos de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Paracho se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados para exigir su renuncia. “Pedimos la renuncia de Castillo, que se vaya de Michoacán no lo necesitamos, no lo queremos, nos ha hecho mucho daño y ¡ya basta!”, dijo la señora Luz Palomino en entrevista para Sin Embargo.

La manifestación tuvo lugar minutos antes de que Alfredo Castillo Cervantes compareciera ante los diputados y senadores de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para explicar los detalles de la estrategia para pacificar Michoacán.

El grupo exigió también la libertad inmediata del doctor José Manuel Mireles, de Hipólito Mora y de cientos de autodefensas detenidos desde que Alfredo Castillo llegó a Michoacán. “Castillo se paró el cuello con ellos, agarró gente inocente nada más para pararse el cuello con ellos, si tuvieran delitos usted cree que se hubieran presentado a que los levantaran”, dijo Rosa Cisneros, habitante de Tumbiscatío.

Este día el diario estadounidense Los Angeles Times, dijo que el caso Michoacán y la muerte de al menos nueve personas el pasado 6 de enero, presuntamente a manos de fuerzas federales en Apatzingan, pone en entredicho nuevamente la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

La publicación dijo que pacificar Michoacán ha puesto en entredicho la “tan altamente promocionada estrategia de seguridad del gobierno” de Peña Nieto. “Al menos 25 personas han perdido la vida en el último mes en emboscadas, enfrentamientos y tiroteos, que involucran a autodefensas, miembros del crimen organizado, civiles, elementos del Ejército y de la Policía Federal”, refiere el medio.

El hecho más destacado por el diario estadounidense fue el desalojo de la Alcaldía de Apatzingán por elementos del Ejército mexicano, que dejó un saldo de al menos nueve personas muertas. En conferencia de prensa, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el Ejército y elementos policiacos respondieron al fuego de las personas que resultaron muertas.

LAS VERSIONES DE CASTILLO 

El 16 de diciembre, un enfrentamiento entre los grupos de autodefensas de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres “El Americano” en la comunidad La Ruana dejó 11 muertos. Entre ellos, el hijo de Mora Chávez.

El pasado 23 de diciembre, Castillo Cervantes advirtió que si Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, no declaraban frente a las autoridades, las Fuerzas Armadas intervendrían en su búsqueda.

Por el enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo más de 50 órdenes de aprehensión.

Las 201 pruebas periciales y 113 declaraciones tomadas, permitieron establecer que 57 de las personas investigadas efectuaron disparos durante el tiroteo, entre ellos Hipólito Mora y Luis Antonio Torres. Sin embargo hasta ayer sólo 27 personas se habían entregado.

Mora Chávez y 26 personas más, entre ellas su sobrina, Norma Alicia Torres Mora, fueron detenidos la tarde del sábado 27 de diciembre por los actos violentos en La Ruana.

El 3 de enero les fue dictado el auto de formal prisión ante lo cual, el líder los autodefensas expresó: Me siento como un pendejo, no entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno; yo quisiera que alguien que sepa de leyes me lo explique”.

El 11 de enero, cinco supuestas autodefensas murieron y dos más resultaron heridas luego de ser emboscadas por sujetos desconocidos en la comunidad de Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

“Lo que estamos viviendo ahorita ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social”, consideró Castillo Cervantes tras la entrega de Mora Chávez y su gente.

En distintas ocasiones, lejos de reconocer que en la entidad la violencia sigue presente, y que incluso se ha recrudecido, el Comisionado federal designado en enero de 2014 por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto negó que lo sucedido sea un tema de seguridad e incluso ha dicho que Michoacán “está construyendo su futuro”.


El 15 de enero de 2014, el Gobierno federal envió a Alfredo Castillo a Michoacán para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de Autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural.

Desde el 28 de abril pasado, Castillo anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido a la violencia. El 10 de mayo se presentó en su lugar, la llamada Fuerza Rural, conformada por ex comunitarios.


Pese a la creación de la figura del Comisionado y la regularización de las autodefensas, la violencia y el terror no se han ido de ese estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217169.

Empresarios y grupos civiles exigen cancelar contratos del cuñado de CSG en Sinaloa

Debido a que ha sido un procedimiento opaco y que resulta hasta el triple más costoso que construir un hospital privado, la Iniciativa Privada y la Sociedad Civil solicitaron que se repongan las licitaciones aprobadas para los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán y no se pongan recursos federales en garantía.

La construcción de los nosocomios la llevarán a cabo las empresas del cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, Prodemex y GIA+A .

En conferencia de prensa, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la organización Congreso Abierto Sinaloa exhortaron al Congreso del Estado a que no apruebe la solicitud para modificar los decretos 976 y 977 que comprometen el 25 por ciento de l Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por los próximos años.

“Que se declaren nulas las licitaciones ya aprobadas de los dos nuevos hospitales generales del estado de Sinaloa. Que se cancelen procesos que son y se sienten opacos y se repongan desde el principio de una manera transparente y participativa”, pidieron los organismos en un documento.

Los empresarios y miembros de la sociedad civil pidieron “que se replanteen desde el origen los proyectos de construcción de los dos nuevos hospitales generales, revisando la pertinencia de los proyectos en el marco de las premisas del Diagnóstico de Salud 2013, del Plan Integral de Salud 2014, y de las políticas de salud pública del Gobierno de México”.

Los representantes de los organismos enfatizaron que la información proporcionada hasta ahora no justifica la pertinencia de los dos nuevos hospitales y, de construirse, los nosocomios costarían cerca del doble y el triple de lo que cuesta construir un hospital privado.

Con la información a la que han tenido acceso, los representantes de la IP concluyeron que construir los dos hospitales solamente trae un aumento de 20 camas de hospital para el estado por un costo “inmenso” de 14 mil millones de pesos.

Luis Enrique Pun Hung, vicepresidente de Coparmex, manifestó que el hecho de hacer la solicitud de cancelar el proceso no implica que rompan el diálogo que han mantenido con los legisladores locales debido a que está previsto que se discuta el tema este mes.

“Ya hicimos la petición oficial para estar presentes en la reunión de comisiones unidas, el diálogo sigue abierto, sin embargo, queremos manifestar la posición que tiene la sociedad sinaloense”, expresó.  Por ello pidió “que se cancelen procesos que son y se sienten opacos y se repongan desde el principio de una manera transparente y participativa”.

EL CABILDEO DE MALOVA

El año pasado, con un cabildeo para comprometer un fondo federal para garantizar la obra de sustitución del Hospital General de Mazatlán, el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, buscó proteger el negocio del constructor Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Gerard Rivero es el director general de GIA+A S. A. de C. V., que construirá, operará y dará mantenimiento al hospital por 25 años.

Según la licitación EA-925006998-N54-2013, el Gobierno del Estado erogará 239 millones de pesos anuales. Lo que significa que en 23 años y 6 meses pagará 5 mil 616 millones de pesos por dicho servicio.

Desde 1996, la empresa ha realizado más de 550 proyectos, trabajando desde la arquitectura hasta infraestructura y construcción pesada, con clientes tanto del sector privado como público, según su reporte anual de 2013.

GIA factura al año cerca de 4 mil millones de pesos y se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país.

LAS ACUSACIONES CONTRA GIA

La compañía no ha estado exenta de señalamientos por anomalías en la ejecución de algunas obras, como el Hospital de Ixtapaluca, en el Estado de México, y el Hospital del Salvador, en Chile.

En la capital sinaloense, GIA+A no cumplió el contrato original que suscribió con el Gobierno de Sinaloa. En diciembre de 2012, se comprometió a construir el “Parque Temático Más Culiacán”, que no ha concluido, aun cuando la fecha acordada fue el 15 de diciembre de 2013.

Gerard Rivero es hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Salinas de Gortari.

Con la propuesta de modificación a los decretos 976 y 977, López Valdez cabildea con los diputados para trasladar al Gobierno de Sinaloa los riesgos de la inversión de las empresas constructoras de los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, que pertenecen a Gerard Rivero y al magnate Olegario Vázquez Raña [de Grupo Ángeles], respectivamente.

El documento plantea pasar los riesgos de la inversión del constructor al Gobierno del Estado, al comprometer el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas como garantía ante el crédito que contraten las empresas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El artículo 111 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado impide que el Gobierno estatal asuma los riesgos que pertenecen al proveedor.

“Ninguna modificación deberá implicar transferen­cias de riesgos del desarrollador (el proveedor) a la contratante (el Gobierno), en términos distintos a los pactados en el contrato ori­ginal”, estipula.

LOS CONTRATOS DE HIPÓLITO

Una solicitud de transparencia hecha por sin embargo el 5 de noviembre para solicitar los contratos de obra federal que GIA tiene celebrados con los distintos estados durante la actual administración que inició el 1 de diciembre de 2012 arrojó que Constructora y Edificadora GIA + A tiene cinco obras en proceso que en su conjunto superan los mil millones de pesos.

“La primera de estas obras es la “construcción de terracerías, estructuras, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca –Jilotepec, tramo desde el Km 131+000 al Km 139+000 en el Estado de México”, por un monto de 156 millones 617 mil 958 pesos. En la respuesta de transparencia se aclara que la obra fue adjudicada en la Dirección General de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Ciudad de México.

“Otra de las obras adjudicadas a la empresa es la “construcción del entronque Chiná y sus accesos del Km 12+500 al Km 14+000, del tramo del libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche y del Ramal Aeropuerto, entronque Chiná”, por un valor de 304 millones 981 mil 457 pesos. Al final del documento en el cual se informa de esta obra, emitido por la SCT Campeche, se aclara que en la concesión participan dos empresas: Fosmon Construcciones S.A de C.V, con e 30 por ciento y Constructora y Edificadora GIA + A con el 70 por ciento.

“En este contrato participan dos empresas, la cual Constructora y Edificadora GIA + A es accionista el Sr. Hipólito Gerard”, señala la respuesta.

“El estado de Nayarit es la entidad en la que la compañía registra más contratos en proceso, de acuerdo con las respuestas vía transparencia. En esta entidad cuenta con tres obras en curso que registran un avance de entre 31 y 1 por ciento.

“La obra de mayor monto es la que corresponde a la licitación LO-009000999-T349- 2013: “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, del Km. 46+380 al Km. 553+960”, que registra un avance de 31.2 por ciento y cuyo monto del contrato es de 313 millones 067 mil 113 pesos. Este contrato fue adjudicado a GIA y a Construcciones Urales, S.A de C.V y AZVI, S.A.

“La segunda obra es la licitación LO-009000999-N479- 2013, adjudicada a las mismas dos empresas, referente a la “construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, entronque a desnivel, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela del km. 0+000 al km. 7+520 y obras complementarias del km. 7+520 al km. 20+000”, por un valor de 279 millones 296 mil 767 pesos, con un avance de 24.4 por ciento.


“La tercera obra con número de licitación LO-009000999-T255- 2014 es la construcción del entronque a desnivel Compostela II ubicado en el km 554+697.32 de la carretera Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, con un avance de 1.40 por ciento y un monto de contrato por 137 millones 214 mil 324 pesos, según información del Centro SCT Nayarit.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Marcela Guerrero.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216857.

Margarita Zavala buscará presidencia nacional del PAN

México, DF. Margarita Zavala acusó a las decisiones de grupo al interior del PAN, que habrían sido la razón por lo que su fórmula no fue incluida en la lista de los candidatos plurinominales a diputados federales para las elecciones del próximo 7 de junio.

En conferencia de prensa, adelantó que buscará la presidencia nacional de su partido, en un proceso electoral interno que se llevará a cabo en el segundo semestre del año, pasadas los comicios de junio.

Por el momento, informó, se dedicará a apoyar de manera decidida a los candidatos de Acción Nacional en el proceso electoral próximo, donde estarán en juego no sólo la elección de la Cámara de Diputados, sino también la representaciones populares en 17 procesos estatales concurrentes, nueve de ellos para elegir gobernador.

Previo a la conferencia de prensa, la esposa del ex presidente Felipe Calderón leyó un pronunciamiento en el que señaló que la prevalencia de los intereses de grupo sobre la idoneidad de las candidaturas los constató durante la reunión de la comisión permanente del PAN, en la que, algunos de sus miembros se lo expresaron de esa manera.

Ese es el tono, de lo que ocurrió al interior del PAN. “Ante las decisiones más importantes del partido, lo que prevalece son los intereses de grupo por encima de los interese del partido y de la ciudadanía, la exclusión en vez de la integración, la división en vez de la unidad, la cerrazón y no la apertura”.

En el pronunciamiento, Margarita Zavala advierte que este problema va más allá de las postulación de las candidaturas, por eso desde su perspectiva se trata de un problema de identidad y de rumbo, que debe corregirse desde la raíz.

En el acto, realizado en uno de los salones del World Trade Center, Zavala informó que de ahora en adelante se dedicará a la reconstrucción del PAN, un partido -dijo- que es más grande que sus grupos y más duradero que sus crisis.

“Con todo y lo mucho que hay que cambiar dentro del partido, el reto inmediato del PAN es ganar las elecciones del 7 de julio. Por eso indudablemente estaré apoyando a los candidatos de Acción Nacional en este proceso”.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Aseguran siete inmuebles y 23 vehículos al crimen organizado en Michoacán

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán continuó hoy con los operativos para debilitar las finanzas de los grupos del crimen organizado que operan en la entidad y aseguró siete inmuebles más y 23 vehículos con reporte de robo en el municipio de Apatzingán.

José Martín Godoy Castro, titular de esa dependencia, comentó que además de los inmuebles y los vehículos en operativos realizados en las últimas horas en Apatzingán se decomisaron 18 armas largas, 10 cortas y varias piezas de armamento.

En uno de los inmuebles ubicado en la colonia El Tarepe, comentó, se detectaron pintas con mensajes y juramentos de obediencia como los que realizaban los Templarios.

Además, informó que la unidad antisecuestros de la PGJ acudió a un inmueble, ubicado cerca de la autopista de occidente en el municipio de Huaniqueo, donde detuvieron a cinco presuntos secuestradores y liberaron a una mujer desaparecida desde el 6 de enero pasado.

Con estos inmuebles, suman más de 100 las propiedades incautadas por las autoridades en los últimos meses en diferentes puntos de la región de la Tierra Caliente.


El lunes pasado el procurador dio cuenta de 20 casas en los municipios de Apatzingán, Múgica y Parácuaro que pertenecían a los exlíderes templarios abatidos Nazario Moreno González, Enrique Plancarte Solís y Francisco Galeana Núñez, El Pantera, así como a Mario Alberto Romero Rodríguez y Víctor Hugo Almazán Mendoza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo Higa tiene 30 contratos con el gobierno federal, afirma diputado

Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que se debe conformar una comisión en San Lázaro, que investigue los contratos conseguidos por Grupo Higa.

El diputado del Partido del Trabajo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,  afirmó que hay elementos para crear una comisión de investigación en San Lázaro, que revise los contratos que, secretarias de Estado, organismos descentralizados y empresas de administración estatal, han otorgado a Grupo Higa.

El legislador aseguró que la Junta de Coordinación Política debe avalar la creación de esta comisión, pues ya detectó más de 30 contratos de adjudicación directa por más de 110 millones de pesos para Grupo Higa.

“Evidentemente existe materia para que la comisión de investigación que propusimos… hemos detectado ya más de 30 contratos de adjudicación directa por más de 110 millones de pesos entre empresas del señor Juan Armando Hinojosa Cantú, la propia Higa tiene más de 30 contratos de adjudicación directa por cerca de 111 millones de pesos con organismos descentralizados y empresas de administración estatal”, aseveró.

“Hemos encontrado nueve contratos por adjudicación directa por un monto aproximado a los 16 millones de pesos con Pemex Exploración y Producción; con Pemex Refinación, tres contratos por cerca de medio millón de pesos; con la Sociedad Hipotecaria Federal, un contrato por adjudicación directa por 6 millones de pesos; con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, un contrato por cerca de 11 millones de pesos, con el Banco Nacional de Comercio Exterior, un contrato por adjudicación directa por más de 4 millones de pesos; con Nacional Financiera, dos contratos por cerca de 3 millones de pesos”, expuso.

Según el petista, este miércoles la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informará sobre la petición para crear una comisión que investigue los contratos del Grupo Higa con entidades públicas.

El diputado adelantó que, de determinarse la no procedencia, se dedicará de manera individual a la investigación y procederá de manera penal y administrativa ante posibles actos de corrupción.


Higa fue la encargada de construir y aún es propietaria de la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera. La misma empresa renta otro inmueble a Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia. Además, vendió una casa en Malinalco, Estado de México, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Wallace y Martí, contra liberación de Nestora Salgado

Salgado o La Comandanta fue detenida el 21 de agosto de 2013, durante un operativo realizado por fuerzas federales, como presunta responsable de una serie de secuestros realizados en Olinalá, Guerrero.

Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, presidente de México SOS, exigieron al gobierno de Guerrero que no desista de una acción penal contra Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria en la entidad, a quien calificaron como “secuestradora”.

Wallace dijo el lunes que el gobierno encabezado por Rogelio Ortega, y el diputado perredista por Zacatecas, Roberto López, negociaron la liberación de Nestora.

“Estamos buscando una salida política al asunto; nosotros hemos hablado con Nestora; ella está en la mejor disposición para que pueda llegarse a un acuerdo político con el gobierno estatal y, en este sentido, lo que nosotros estamos pidiendo de forma muy concreta es que coadyuvemos de manera conjunta, legisladores y el gobierno estatal para liberar a Nestora”, se escucha en una grabación del diputado del PRD, presentada por Wallace y Martí en una conferencia de prensa.

“Están haciendo el frontis (muro del frontón o trinquete contra el que se lanza la pelota) a los narcotraficantes, y desde luego se genera esta narco guerrilla, yo siento que el gobierno está oprimido o en complicidad, amenazado o en complicidad, y eso nos genera un caldo de cultivo enorme para tener este estado, que yo diría es fallido, en donde ya no se sabe quién es quién”, acusó Martí.

“Exijo al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, respete el estado de derecho, así como la independencia del fiscal y de Poder Judicial, y a éstos hacer valer su autonomía en el caso de la señora Nestora Salgado… Esta misma exigencia la hacemos extensiva a todos los actores políticos, como son los diputados federales y locales; pero en especial la hago extensiva al diputado Roberto López, él es diputado por Zacatecas y no entendemos qué está haciendo, metiéndose en un problema en Guerrero”, comentó Miranda, desde el DF.

Responde el diputado

El 8 de enero, el gobernador Ortega Martínez solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal, a favor de Nestora Salgado García.

Al respecto, en Noticias MVS primera emisión, el diputado perredista, Roberto López, aseguró que Nestora está encarcelada porque tocó “intereses políticos” y narró cómo ocurrió su detención.

“(Nestora) Está reconocida como parte de la policía comunitaria, tiene autoridad para detener a presuntos delincuentes, eso es lo que Wallace y Martí llaman secuestro”, mencionó.

Sobre la grabación presentada por Wallace, dijo que se trata de una reunión con el gobernador Ortega.

El legislador reveló que Ricardo Martínez, subprocurador en Guerrero, quien había presentado las acusaciones contra la líder de la Policía comunitaria, es el abogado del caso Wallace.

“Es su empleado… fungía como subprocurador del estado”, refirió.


“Lo que estamos haciendo es defender derechos humanos… Si Nestora Salgado sale (de la cárcel) puede hacer acusaciones contra el subprocurador, su amigo y abogado (de Wallace)”, agregó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Suspender spot del PRD, por queja de López-Dóriga, violenta libertad de expresión: Figueroa

"Después de haber visto cientos de casos de promocionales de todo tipo, (el spot en el que aparecía Dóriga) no es ni siquiera un caso difícil, ni siquiera diría que es un spot que me parezca muy fuerte o agresivo", comentó el ex consejero.

Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, calificó como una “sorpresa” la decisión de la comisión de quejas, del Instituto Nacional Electoral, de suspender un spot del PRD, por una queja del comunicador Joaquín López-Dóriga, cuya imagen aparecía unos segundos en el promocional del partido.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Figueroa dijo que se trata no sólo de un “asunto de censura”, sino que ”se violenta la libertad de expresión y se limita el debate público”.

Precisó que cuando se acusa “calumnia” -como lo hizo López Dóriga y la empresa Televisa- “no es un hecho subjetivo, es una imputación indudable de un delito”. ”La calumnia da lugar a menos polémica. Te estoy imputando un delito, sí o no”.

El ex consejero consideró que la decisión de suspender el promocional no se hizo con razones legales ni constitucionales.

“Tiene que iniciarse investigación para ver cuál es el verdadero fondo, cuál es la verdadera racionalidad por lo que estos consejeros… han determinado la suspensión de este promocional”, sugirió.

La decisión del INE, consideró, muestra o nos permite especular el “extraordinario poder o influencia que tiene Televisa y este comunicador“, ya que “no se advierte alguna razón que pueda ser sostenida”, para suspender el anuncio.

Para Figueroa, el promocional del PRD ni siquiera es “un spot muy fuerte” ni agresivo. Cuando él estuvo en la comisión de quejas, observó promocionales en los que se veía una mano manchada de sangre, ”cosas más violentas y vinculadas a la posible imputación de un delito a una persona específica, a un gobernante, etcétera”.


“Sí que llama la atención que se plantee que el señor López-Dóriga ha sido calumniado porque aparece en una imagen”, mencionó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El cuestionado spot del PRD

Retira INE promocional del PRD en donde aparece el presentador de noticias de Televisa Joaquín López Dóriga; acusa Carlos Navarrete al organismo electoral de censura.

Si no es el caso Iguala, es Morena. Y si no es Morena, es Joaquín López-Dóriga.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cada vez tiene más obstáculos rumbo a las elecciones de 2015.

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar un spot en el que aparece la imagen del conductor de Televisa ha sido cuestionada tanto por perredistas como por funcionarios del propio organismo.

En el promocional, la imagen del presentador de noticias aparece junto con la de varios políticos –incluido Enrique Peña Nieto– , al mismo tiempo que una voz reprocha “los errores” que se repiten año tras año en el país.

“En el PRD somos conscientes de lo que no funciona en México, por eso desde hoy queremos ser tu voz”, alega el comercial prohibido el domingo pasado, un día después de que empezara la precampaña. 

Después de su difusión a nivel nacional, López-Dóriga alegó que el partido incurría en “alusiones calumniosas”, y el INE coincidió. 

Sin embargo, la consejera electoral Pamela San Martín dijo ayer que no comparte la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias porque esta va en contra de distintos precedentes.

“Me parece que este promocional no se excedía de los límites de lo permitido dentro de la campaña, si esa debiera ser o no debiera ser la estrategia política de los partidos políticos, es una valoración que le corresponde hacerla a los partidos políticos y también a la ciudadanía”, consideró.

”En 2006, el Instituto permitió una campaña de división social que acusaba al candidato de la izquierda, López Obrador, de ser “un peligro para México”, recordó ayer Paula Chouza en un artículo para El País. 

Sobre el video de 29 segundos, el dirigente de PRD, Carlos Navarrete, dijo que el periodista “ha usado y abusado de la pantalla para deformar la realidad nacional y las noticias nacionales”, y acusó al organismo electoral de censura.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF