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Elba Esther Gordillo cumple con la Ley de Adultos Mayores del Distrito Federal, por lo que realizará sus declaraciones por videoconferencia. Su defensa aún no ha solicitado la prisión domiciliaria para la exlideresa del SNTE.

A partir de mañana, Elba Esther Gordillo, acusada por las autoridades federales de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, declarará por videoconferencia, desde su camilla de su cuarto hospitalario del penal de Tepepan, en el Distrito Federal.

Así lo determinó el 7 de enero pasado el juez sexto de distrito de procedimientos penales de la capital del país, Alejandro Caballero Vertiz, informó ayer el poder Judicial de la Federación.

El acuerdo, confirmaron vía telefónica las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal es “única y exclusivamente, para que las audiencias programadas en el caso de Elba Esther Gordillo se lleven a cabo a través de videoconferencias”.

La Judicatura federal explicó que el acuerdo del juez no establece que Gordillo continúe su proceso penal desde su casa, pues su defensa aún no ha solicitado la prisión domiciliaria para la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En el acuerdo, el juzgador estableció que Gordillo cumple con los requisitos enmarcados en la fracción primera del artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal.

“Personas adultas mayores: aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o de paso en el Distrito Federal”, según la norma.

La citada legislación detalla además que se entiende por persona adulta “en situación de riesgo o amparo”, aquella que tiene problemas de salud.

El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, declaró a Reporte Indigo, que el estado de salud de su cliente “pende de un hilo” y que ella vive hoy en “el peor de los mundos” al estar hospitalizada por más de 600 días.

Del Toro aseguró que Gordillo necesita una neurocirugía urgente y que además, es candidata a recibir los beneficios de la ley de adultos mayores.

Buenas prácticas

Para dictar el acuerdo de hace una semana, el juez sexto de distrito de procedimientos penales de la capital del país, Alejandro Caballero Vertiz también tomó como base los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con la Judicatura federal, el acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, le fue concedido así a Gordillo, por su condición de salud y su edad (está por cumplir los 70 años de edad en este año).

Prisión domiciliaria

El abogado defensor de Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, adelantó ayer que solicitará la prisión domiciliaria para su cliente.

En entrevista para Reporte Indigo, Del Toro Carazo explicó que las autoridades judiciales federales reconocieron que Gordillo cumple con los requisitos de la legislación en materia de adultos mayores de la capital del país, por lo que la prisión domiciliaria, es un beneficio que le otorga la ley.

“Es un derecho que otorga la ley, nosotros vamos a pedir la prisión domiciliaria a más tardar la semana próxima, solo estamos esperando un dictamen médico que se nos entregará esta misma semana”, dijo el defensor.


Detalló que la parte jurídica para solicitar la prisión domiciliaria está lista para entregarse a las autoridades; sólo resta el dictamen de tipo clínico, para incorporarlo, dijo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER.

Los militares nos agredieron: madres de normalistas

MÉXICO, D.F: Tras la refriega de ayer con los huéspedes del cuartel militar del 27 batallón de Infantería, madres de los estudiantes advirtieron que insistirán que se les permita buscar a sus hijos en la base militar y advirtieron de antemano que impedirán la celebración de los comicios de junio próximo.

“El Presidente no nos quiere hacer caso, piensa que ya se cerró el asunto. Nosotros vamos a seguirle hasta sus últimas consecuencias, y hacemos responsables al presidente Enrique Peña Nieto y a Rogelio Ortega (gobernador interino) de todo lo que nos pase y a todos los funcionarios y políticos que no hacen nada. Están para proteger al pueblo, no para joderlo porque él es el que les está pagando”, dice en entrevista María Inés Abraham Gaspar, tía de Adán Abraham de la Cruz, de 24 años de edad, uno de los 42 normalistas desaparecidos.

Ayer a las 11 de la mañana, un grupo de familiares y normalistas en el que participaron al menos 25 mujeres (entre madres, tías y abuelas de los jóvenes desaparecidos) salió en camiones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, rumbo al cuartel militar del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

María Inés cuenta que las familias sólo traían consigo retratos de los estudiantes. “Fuimos porque supimos que los militares tenían a los jóvenes, a los desaparecidos”.

El propósito del viaje era realizar un mitin pacífico para exigir que el cuartel abriera sus puertas a las familias. “Nosotros íbamos en son de paz para que nos dieran permiso de que revisáramos si los tenían o no, pero íbamos furiosos porque el gobierno ya no está buscando a los chamacos”, explica la mujer que acompaña la lucha de su hermano Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán.

Al llegar al cuartel –alrededor de la una de la tarde–, decenas de militares ya estaban esperando a las familias y estudiantes con equipos antimotines. “Estaban todos juntos y tenían vallas para que no pasáramos”, refiere Inés.
Las familias extendieron sus retratos impresos en lona blanca e iniciaron la protesta por la aparición con vida de los normalistas. Al finalizar el mitin, las madres y padres pidieron entrar al cuartel.

Pero en respuesta fueron agredidos por los militares con gas lacrimógeno y piedras. “Ellos empezaron, nos dieron empujones y no nos dejaron entrar”, asegura.

Y sigue su relato:

“Estábamos enojados, quitamos el alambre de púas y otros empujaron con el carro contra las puertas del cuartel”.

En medio del enfrentamiento, Inés vio la mano de un elemento del Ejército en el momento en el que lanzó una piedra contra uno de los padres.

“Por eso me metí al cuartel; iba tras el militar que le pegó a un padre de familia. Ya estaba enojada, por eso me metí a hablar con él (el militar), pero se escondió”.

Inés estuvo dentro del cuartel casi media hora. Junto a ella estaba un reportero. Tres militares que la vigilaban le dijeron que se metiera a uno de los cuartos que estaban al interior, pero ella se negó porque pensó que después ya no podría salir.

Los militares permitieron que el reportero saliera, pero a ella le dijeron que se quedaría detenida porque había ido con los padres de familia y la iban a investigar.

Inés explicó a los elementos castrenses que entró porque uno de los militares golpeó a un padre de familia y que ella se metió a buscarlo porque él no dio la cara. “Mi idea era quedarme dentro a ver si me encerraban donde estaban los chamacos, porque si uno tiene miedo más la agreden”, añade la mujer de 47 años.

Los militares siguieron intimidando a Inés hasta que otro elemento se acercó a ella y la dejó salir. Una vez afuera, descubrió que las otras mujeres también tenían algunas lesiones en los brazos provocadas por pedazos de vidrio.
Tras las agresiones, las familias y los estudiantes abordaron sus camiones y regresaron a la Normal para recibir atención médica.

Inés detalla que pedirán que el gobierno federal firme un oficio para permitir la entrada pacífica de las familias al cuartel.

Responsabilidad del Ejército

En un comunicado, el Comité de Padres de Familia informó que María Concepción Tlatempa, madre de un estudiante desaparecido, así como dos padres y tres estudiantes resultaron heridos.

El Comité informó que su visita al cuartel formaba parte de la búsqueda por la desaparición de sus hijos, ya que el Estado mexicano –según se asienta en el documento– “ha sido renuente en iniciar una línea de investigación tendiente a esclarecer el nivel de responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

También agregó que la búsqueda en vida de sus hijos por parte del gobierno federal está suspendida, y que la falta de información nueva sobre el avance de las investigaciones los orilló a realizar labores de búsqueda e investigación por sus propios medios.


En el documento, las familias y el Comité Estudiantil de la Normal denunciaron que los militares aprovecharon su superioridad numérica y entrenamiento para agredir; y repudiaron que se emplee al Ejército para disuadir la protesta social.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.

En caída libre, la mezcla mexicana; se ubica en 37.36 dpb

MÉXICO, D.F: El precio de la mezcla mexicana continúa en caída libre, luego de que al finalizar esta jornada se cotizó en 37.36 dólares por barril (dpb), de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ese nivel es parecido al registrado en la pasada crisis del 2009. Sin embargo, hoy el costo de este hidrocarburo desbarrancó ante la negativa de las naciones integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir su producción ante la sobreoferta global.

Esta situación también afectó al petróleo West Texas Intermediate (WTI), que retrocedió 18 centavos, es decir, 0.4% para venderse en 45.89 dpb en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el nivel más bajo desde abril de 2009.

En tanto que el Brent de Londres cerró en 46.59 dólares por barril, 1.77% menos que al cierre de la sesión anterior. El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un descenso de 84 centavos respecto de la negociación de ayer, cuando finalizó en 47.43 dpb.

BMV, tres sesiones a la baja

Arrastrada por la baja en los precios del petróleo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.72%, luego de que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador accionario, retrocedió 302.52 unidades respecto del nivel previo, para ubicarse en 41 mil 478 unidades, presionado por emisoras como Walmart, Grupo México y Alfa.

Por su parte, el peso recuperó terreno ante el dólar, una vez que el billete verde se cotizó en 14.6215 pesos en operaciones al mayoreo, es decir, tuvo una ganancia de 0.2% respecto del cierre del lunes 12, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).


En ventanillas bancarias el dólar se compra en 14.33 pesos y se vende hasta en 14.93 pesos. Según los analistas, el avance del peso mexicano ocurrió después de que algunos inversores comenzaron a dudar de si es pertinente subir las tasas de interés en Estados Unidos debido a la caída global en la inflación, causada particularmente por los precios del crudo, que este martes cerraron con precios registrados hace seis años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Habrían dejado desangrar a acribillados de Apatzingán

MÉXICO, D.F: La madrugada del 6 de enero, pasadas las tres de la mañana, elementos de la Gendarmería desalojaron la presidencia municipal de Apatzingán que se encontraba tomada por diversos grupos de autodefensa desde el 22 de diciembre. Además, varios vehículos que estaban bajo resguardo fueron recuperados por miembros de la Policía Federal.

Ya con el amanecer, cuando la Gendarmería y policías se llevaban los autos, varios hombres desarmados, según la versión de miembros de las autodefensas, intentaron recuperarlos. De acuerdo con la versión oficial, esa operación de rescate provocó un enfrentamiento entre los mismos integrantes de los grupos civiles del que resultaron varios muertos.


En un video de 41 segundos de duración tomado después de la balacera y que acompaña esta información, se aprecia a varias personas tendidas en el asfalto, aparentemente sin vida. Sin embargo, en los segundos 5, 6, 7 y 8 de la grabación, se observa que al menos dos de los acribillados hacen movimientos, lo que podría indicar que no estaban muertos.

Al respecto, la diputada local de Michoacán, Selene Vázquez declaró que la zona del enfrentamiento llevaba por lo menos 40 minutos acordonada, por lo que se puede inferir que “los dejaron desangrar y que la policía no les prestó ayuda. No sólo alteraron la escena colocando una escopeta y varios cartuchos de arma AR15 que no coinciden con las armas, además, los dejaron morir y no importa si son o no delincuentes, no se puede dejar morir a nadie”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Apagón analógico: amenaza ambiental

Colectivos ambientalistas manifiestan preocupación por el incierto destino de millones de aparatos analógicos que serán desechados. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha trazado un plan concreto para su acopio y reciclaje.

El apagón analógico, conocido oficialmente como la transición a la Televisión Digital Terrestre, está a punto de llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara en marzo próximo.

El plan es que se implemente en todo el país el 31 de diciembre de 2015, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya ha entregado una gran parte de televisores en la capital de Jalisco.

Según los datos de la dependencia federal, hasta el viernes 19 de diciembre se habían entregado en esta zona, 187 mil 204 televisores de un total de 477 mil –uno para cada hogar– que se entregarán en todo el estado antes que termine febrero.

Las poblaciones de 107 municipios de la entidad tendrán tele digital hacia ese mes. La SCT se ha desvivido en promover las bondades de esta tecnología de última generación. 

En total, entregará en todo el país 3.8 millones de televisores digitales de 24 pulgadas, de acuerdo con un mandato constitucional, basado además en los padrones de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en cada entidad.

Organizaciones no gubernamentales, defensoras del medio ambiente, han manifestado preocupación sobre el fin que tendrán los millones de televisores análogos que serán sustituidos en los hogares por las nuevas pantallas planas.

La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a Residuos (Somers) ha calculado que más de 16 millones de televisores análogos serán desechados en todo el país. Eso se traducirá en la generación de más de 19 mil toneladas de óxido de plomo.

La consecuencia ambiental

En el medio ambiente, el óxido de plomo puede llegar y causar contaminación en ríos y lagos desde los tiraderos de basura y posteriormente en seres humanos. 

El óxido de plomo también puede llegar a personas por el aire y provocar afectaciones en el cerebro, el sistema nervioso y la presión sanguínea.

A organizaciones locales como Proyecto Ecovía y Casa CEM (Cultura, Educación y Medio Ambiente) les preocupa que no exista un programa institucional para definir el destino de las televisiones analógicas, y han tenido que cerrar sus centros de acopio de desechos residuales para éstas. 

“Estamos muy preocupados porque en este país se está hablando mucho de las ventajas del cambio a la televisión digital, pero no se habla de la consecuencia ambiental del apagón analógico, y eso es algo que realmente nos tiene atravesados. 

“Creo que las autoridades federales, cuando tomaron la decisión de dar televisiones en vez de dar decodificadores, nunca pensaron en la problemática que iba a ser el acopio de las televisiones analógicas, ni su reciclaje”, señaló Sofía Chávez, coordinadora de Proyecto Ecovía y Casa CEM.

En noviembre pasado, el coordinador del programa en la SCT, Javier Lizárraga, defendió que la compra de un televisor digital es más barato –en todos los sentidos– que el mantenimiento de un análogo con un decodificador especial.

“Estamos proponiendo que la población analice los costos. La televisión digital LED de bajo consumo ahorra 60 por ciento de energía eléctrica. ¿Qué significa? La televisión se paga sola con el ahorro de energía de seis a siete años, pues el decodificador consume más energía”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con los documentos oficiales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), alrededor de 15.3 millones de hogares en el país se podrían quedar sin posibilidad de ver la televisión debido a la falta de un aparato que reciba la señal directa, o la ausencia de un servicio de canales de paga que no requiera de una antena digital.

“El manejar 15.3 millones de televisiones o 15.3 millones de hogares con televisor, es un problema mayúsculo. Trabajamos con proyectos del electroacopio desde hace seis años en Jalisco, lo que nosotros acopiamos cada año es un porcentaje verdaderamente irrisorio comparado con el problemón”, detalló Sofía Chávez.

Lo que más preocupa a los ambientalistas es el desecho contaminante que existe en los tubos de rayos catódicos de los televisores, en cuyo interior hay varias cantidades de óxido de plomo.

“Una televisión de 21 ó 25 pulgadas llega a tener más de un kilogramo de óxido de plomo, el plomo es un metal pesado. La Organización Mundial de la Salud habla de que no hay un rango seguro de exposición al plomo, o sea el rango seguro es cero. 

“El problema del manejo de estos tubos de rayos catódicos, a nivel mundial, es muy serio. No hay un tratamiento para estos tubos de rayos catódicos que sea ambiental, económica y suficientemente viable”, dijo la especialista. 

Proyecto sin información

Javier Lizárraga también dijo en diciembre del año pasado que los televisores analógicos serían recolectados, por lo que invitó a la población a no tirarlos a la basura.

Pero hasta la fecha, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha informado de manera detallada la existencia de un programa o plan institucional para reciclar estos residuos.

Por parte del funcionario federal, la cifra de televisores analógicos obsoletos ha ido más allá de la señalada por los colectivos ambientalistas.

Lizárraga informó que se tratarían de alrededor de 40 millones de aparatos analógicos los que dejarían de funcionar para el año 2016, que podrían ser desechados en los tiraderos.

Pese a las críticas, el 13 de diciembre del 2014 se anunció por parte de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, un programa para el reciclaje de las televisiones, sin mayores detalles.


“Los televisores como tal son residuos sólidos urbanos, pero al momento que se desarman los televisores se convierten en residuos peligrosos”, fue lo único que declaró el burócrata.

Álvaro Núñez Solís, director general de Recicla Electrónicos México (Remsa), empresa mexicana de reciclaje de residuos electrónicos, declaró el 11 de noviembre pasado al diario El Economista que su empresa estaba lista para el acopio y reciclaje de estos productos, y que el tema ambiental del apagón analógico era el mayor reto para instituciones como la Semarnat.

Señaló que estaban participando de manera activa en busca de una licitación federal para el acopio de estos productos que pronto serán obsoletos, aunque en aquel momento dijo que sólo esperaba que la Semarnat determinara las condiciones para participar. 

Sin embargo el panorama es desalentador, ya que de acuerdo con información en el diario Milenio Jalisco, del 29 de noviembre de 2014, la entidad no está preparada para la recolección de televisiones analógicas, pese a ser líder nacional en reciclaje electrónico.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que las autoridades federales cuando tomaron la decisión de hacer el cambio a la televisión digital, y dotar de televisiones a la ciudadanía en vez de dotar de decodificadores como lo hicieron en Tijuana, no vieron esta parte (…) hasta últimas fechas se está empezando a contemplar la problemática”, sentenció Sofía Chávez.

TV contaminante

Los daños del óxido de plomo en el cuerpo humano:

> Por aire o por agua, el óxido de plomo, que es un metal pesado, puede llegar al ser humano. 

> Causa afectaciones en cerebro, sistema nervioso y presión sanguínea.

> A los ambientalistas les preocupa el desecho contaminante que existe en los tubos de rayos catódicos de los televisores.

> Un televisor de 21 ó 25 pulgadas llega a tener más de un kilo de óxido de plomo.


> La Organización Mundial de la Salud considera que no hay un rango seguro de exposición al plomo, es decir, el rango seguro es cero.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.

Michoacán pone en duda la estrategia de seguridad: LAT; protestan contra Castillo

Ciudad de México, 13 de enero: El caso Michoacán y la muerte de al menos nueve personas el pasado 6 de enero, presuntamente a manos de fuerzas federales en Apatzingan, pone en entredicho nuevamente la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, dice hoy el diario estadounidense Los Angeles Times.

La publicación dice que pacificar Michoacán ha puesto en entredicho la “tan altamente promocionada estrategia de seguridad del gobierno” de Peña Nieto. “Al menos 25 personas han perdido la vida en el último mes en emboscadas, enfrentamientos y tiroteos, que involucran a autodefensas, miembros del crimen organizado, civiles, elementos del Ejército y de la Policía Federal”, refiere el medio.

El hecho más destacado por el diario estadounidense es el desalojo de la Alcaldía de Apatzingán por elementos del Ejército mexicano, que dejó un saldo de al menos nueve personas muertas. En conferencia de prensa, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el Ejército y elementos policiacos respondieron al fuego de las personas que resultaron muertas.

Sin embargo, detalla el medio norteamericano, días después, Castillo Cervantes dijo que las autopsias y las investigaciones indicaban que seis de los nueve muertos perdieron la vida en fuego cruzado; que otros dos murieron por heridas de bala de la Policía Federal y que uno más murió atropellado por un vehículo.

Los Angeles Times señala que “no está claro si los mexicanos creerán la versión de los hechos de un gobierno que ya presenta una severa pérdida de confianza. Los mexicanos aún están indignados por la probable muerte de 43 estudiantes a manos de policías corruptos”.


Esta mañana, el Comisionado federal para la Seguridad en Michoacán tendrá una reunión con Palacio Legislativo de San Lázaro. Antes de su llegada, fue recibido con pancartas por michoacanos que lo acusan de causar más violencia y muerte con su llegada a la entidad. También lo acusan de arrestar a inocentes.



Habitantes de los municipios michoacanos de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Paracho, así como sus familiares que viven en el Distrito Federal se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados para exigir la renuncia de Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán.

“Pedimos la renuncia de Castillo, que se vaya de Michoacán no lo necesitamos, no lo queremos, nos ha hecho mucho daño y ¡ya basta!”, recalcó la señora Luz Palomino en entrevista para Sin Embargo.

La manifestación se desarrolló minutos antes de que Alfredo Castillo compareciera ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Comisión Permanente para explicar detalles de la estrategia para pacificar Michoacán, a unos días de que la violencia se reavivara tras el tiroteo entre fuerzas comandadas por Hipólito Mora y las de Luis Antonio Torres “El Americano”.

El grupo que poco a poco se va nutriendo con la llegada de más ciudadanos y simpatizantes, exige también la libertad inmediata del doctor Juan Manuel Mireles, de Hipólito Mora y de cientos de autodefensas detenidos desde que Alfredo Castillo llegó a Michoacán.

“Castillo se paró el cuello con ellos, agarró gente inocente nada más para pararse el cuello con ellos, si tuvieran delitos usted cree que se hubieran presentado a que los levantaran”, dijo Rosa Cisneros, habitante de Tumbiscatío.

La señora relató que tiene dos hijos y un cuñado detenidos en el Cereso Francisco J. Mújica, dijo que la Policía Federal se los llevo por defender a su pueblo y que hasta el momento existen muchas irregularidades en su proceso legal.

Agregó que su familia es humilde y no tiene recursos para costear la defensa legal de tres personas. “Nosotros lo que pedimos es que por favor los investiguen, para que los tiene allí pues si no tiene delitos, y los meros culpables, los que sí tienen delitos, andan afuera.

La mayoría de los manifestantes expresan que sienten temor por protestar en contra de Alfredo Castillo, pero también recalcaron que están cansados de sufrir atropellos constantes, pero más importante que están hartos de que se siga asesinando a sus familiares.


LAS VERSIONES DE CASTILLO

El 16 de diciembre, un enfrentamiento entre los grupos de autodefensas de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres “El Americano” en la comunidad La Ruana dejó 11 muertos. Entre ellos, el hijo de Mora Chávez.

El pasado 23 de diciembre, Castillo Cervantes advirtió que si Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, no declaraban frente a las autoridades, las Fuerzas Armadas intervendrían en su búsqueda.

Por el enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo más de 50 órdenes de aprehensión.

Las 201 pruebas periciales y 113 declaraciones tomadas, permitieron establecer que 57 de las personas investigadas efectuaron disparos durante el tiroteo, entre ellos Hipólito Mora y Luis Antonio Torres. Sin embargo hasta ayer sólo 27 personas se habían entregado.

Mora Chávez y 26 personas más, entre ellas su sobrina, Norma Alicia Torres Mora, fueron detenidos la tarde del sábado 27 de diciembre por los actos violentos en La Ruana.

El 3 de enero les fue dictado el auto de formal prisión ante lo cual, el líder los autodefensas expresó: Me siento como un pendejo, no entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno; yo quisiera que alguien que sepa de leyes me lo explique”.

El 11 de enero, cinco supuestas autodefensas murieron y dos más resultaron heridas luego de ser emboscadas por sujetos desconocidos en la comunidad de Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.


“Lo que estamos viviendo ahorita ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social”, consideró Castillo Cervantes tras la entrega de Mora Chávez y su gente.



En distintas ocasiones, lejos de reconocer que en la entidad la violencia sigue presente, y que incluso se ha recrudecido, el Comisionado federal designado en enero de 2014 por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto negó que lo sucedido sea un tema de seguridad e incluso ha dicho que Michoacán “está construyendo su futuro”.

El 15 de enero de 2014, el Gobierno federal envió a Alfredo Castillo a Michoacán para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de Autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural.

Desde el 28 de abril pasado, Castillo anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido a la violencia. El 10 de mayo se presentó en su lugar, la llamada Fuerza Rural, conformada por ex comunitarios.


Pese a la creación de la figura del Comisionado y la regularización de las autodefensas, la violencia y el terror no se han ido de ese estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216914.

Nueva orden de captura contra exedil de Iguala por secuestro de normalistas

MEXICO, D.F: El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, anunció esta noche una nueva orden de captura en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En rueda de prensa tras la reunión en la sede de la PGR con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, Zerón también sostuvo que se logró acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Poco después, la PGR destacó en un comunicado que los cuarteles militares “están abiertos a todos los ciudadanos”, condicionado a un ingreso ordenado y con respeto a sus instituciones, luego de que los padres de los normalistas han expresado su interés en visitar las instalaciones castrenses.

No obstante, Zerón de Lucio insistió en que de ninguna de las declaraciones tomadas hasta el momento se desprende que elementos del Ejército o personal de corporaciones federales hayan participado en la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios también expusieron a los familiares las líneas de investigación, destacando la exposición de peritajes y dictámenes científicos.

Incluso, se presentó a los padres de los jóvenes desaparecidos un video donde se detalló paso a paso el resultado de las investigaciones, material que “en su momento” será a dado a conocer a los medios.


El funcionario de la PGR resaltó que a la fecha hay 97 detenidos y 45 personas con órdenes de aprehensión, entre ellos las dictadas a Abarca Velázquez y su esposa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscaremos en todos los cuarteles del país: vocero de padres de normalistas

MÉXICO, D.F: Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aseveró que el movimiento tiene “la intención de buscar en todos los cuarteles del país”.

El vocero anunció que este día se reunirán los integrantes del movimiento para determinar cuándo iniciarían las visitas a los cuarteles militares.

En entrevista con Radio Fórmula, Felipe de la Cruz aclaró que no existió un acuerdo preciso entre el gobierno federal y los padres de los normalistas para determinar qué cuarteles serían abiertos a los padres de los normalistas.

Ayer, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, anunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a valorar la pertinencia de que los miembros del movimiento acudan a instalaciones militares para indagar sobre el paradero de sus hijos.


Los padres de los normalistas tienen la sospecha de que el gobierno federal está protegiendo al Ejército ante su posible participación en la desaparición de los estudiantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

PAN elige al casinero Ricardo Villarreal como candidato a alcalde de San Miguel de Allende

GUANAJUATO, Gto: El grupo del dirigente nacional del PAN con licencia, Gustavo Madero, impuso como candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende a Ricardo Villarreal García –hermano del excoordinador de la bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal–, pese a que participó en la instalación y operación irregular de casinos y tiene relación con operadores del capo Héctor Beltrán Leyva.

Villarreal García, diputado federal por mayoría relativa por el distrito en San Miguel de Allende, es mencionado como uno de los integrantes del Grupo Win, encargado de operar el Grand Casino de la ciudad de León, asociado con Jaguar Entertainment, empresa cuya gerente era la exdiputada federal suplente del PRD, Talía del Carmen Vázquez Alatorre.

El aspirante panista garantizó la edificación del casino y su equipamiento mediante la hipoteca de algunas de sus propiedades en el municipio que ahora pretende gobernar.

Información divulgada en agosto del 2011 por el portal Zonafranca.mx refiere que, de acuerdo con documentos oficiales sobre la constitución de ambas empresas y su sociedad, tanto el Grupo Win como Jaguar Entertainment operaban el Grand Casino en León con una autorización a nombre de un tercero, denominado Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey.

Dicha empresa contaba con una autorización administrativa –no un permiso- otorgado por la Secretaría de Gobernación en el 2005, la cual valuaron en 2.5 millones de dólares.

La instalación y apertura del casino a principios del 2011, tuvo el aval del entonces alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla, integrante del grupo político de Luis Alberto Villarreal García.

Según el convenio publicado por Zonafranca.mx, el presidente municipal concedió un acuerdo para que el sitio pudiera operar videojuegos y otras atracciones de azar.

Talía del Carmen Vázquez Alatorre denunció posteriormente la existencia de una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación que traficaba con permisos para casinos en todo el país. Acusó que al frente de ésta figuraba su exesposo Iván Peña Neder, excoordinador de asesores del exsubsecretario de Gobernación, el panista Abraham González.

Relaciones peligrosas

Pero ahí no terminan los señalamientos que ponen en entredicho al legislador que aspira a ser presidente municipal de San Miguel de Allende.

A principios de octubre pasado, un par de días después de la captura de Héctor Beltrán Leyva y su operador financiero, el empresario Germán Goyeneche –en un restaurante del municipio–, circuló en redes sociales una fotografía del diputado Villarreal en una reunión con empresarios. Ahí, micrófono en mano y en primera fila aparecía Goyeneche.

En ese momento, el diputado federal negó cualquier relación cercana o amistad con Goyeneche, sólo dijo haberlo visto en una reunión de empresarios a la que fue invitado. Sin embargo, después se confirmó que el encuentro fue convocado por el propio Villarreal, y uno de sus invitados había sido el empresario queretano avecindado en San Miguel.

“A Goyeneche lo conoce todo el mundo”, dijo entonces el legislador al ser cuestionado sobre su relación. Incluso, aseveró que el empresario también tenía relación con el actual presidente municipal de San Miguel, el priista Mauricio Trejo Pureco.

Goyeneche y Villarreal aparecieron en otras fotografías de reuniones familiares y sociales, juntos y sonrientes. Por ejemplo, el bautizo de un hijo del empresario a mediados del año pasado.


Egresado de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Villarreal fue asesor del grupo panista en la Cámara de Diputados del 2003 al 2005.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

La PGR ha pagado $290 mil por estudios sobre restos hallados en Cocula

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que hasta ahora ha desembolsado 16 mil 830 euros (alrededor de 290 mil pesos) por los estudios de ADN que forenses del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria, realizan a los restos encontrados en el basurero del municipio de Cocula y que, a decir de la dependencia, pertenecen a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

“Se hace de su conocimiento que su petición se derivó para su atención a la Oficialía Mayor y a la Coordinación General de Servicios Periciales, las cuales refieren que hasta la fecha el costo que debe cubrir esta Procuraduría General de la República al Institute of Legal Medicine Innsbruck Medical University de Insbrook, Austria, por concepto de análisis de las muestras de ADN que les fueron enviadas, asciende a la cantidad de 16,830.00 €”, respondió la dependencia a una solicitud de información realizada por CNNMéxico vía transparencia.

El 7 de noviembre pasado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que los restos enviados a Innsbruck fueron encontrados en un basurero del municipio guerrerense de Cocula.

En dicha ocasión, el funcionario federal declaró que el hallazgo se produjo a raíz de la detención de tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y quienes supuestamente pertenecen al cártel Guerreros Unidos.

Según el procurador, los sujetos confesaron que los estudiantes les fueron entregados la noche del 26 de septiembre por policías municipales de Iguala y de Cocula, quienes horas antes los detuvieron por órdenes del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Después los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos quemados, de acuerdo con la PGR.
Murillo Karam y los peritos de la Universidad de Innsbruck han dicho a medios de comunicación que el análisis de las cenizas encontradas puede tardar meses.

El pasado 19 de noviembre, alrededor de 200 personas protestaron frente al laboratorio de la Universidad de Innsbruck y entregaron una carta al doctor Richard Scheithauer, director del instituto de medicina forense de esa institución, pidiéndole que tuviera en cuenta “que su primer compromiso como científico es el compromiso con la verdad, antes del compromiso con sus ‘clientes’”.

El objetivo, señalaron en aquella ocasión, es enviar un mensaje a los familiares de los normalistas desaparecidos y a los distintos movimientos de protesta en México, y en Innsbruck, añadieron, “también vamos a estar atentos a que se tergiverse la información”.


En su carta a Scheithauer, los manifestantes austriacos señalaron que con esos análisis forenses “está mucho en juego: la ansiedad y el dolor de los familiares desaparecidos, pero también la credibilidad del gobierno mexicano que parece buscar la legitimidad de su versión de los hechos apoyado en los resultados científicos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores del sector salud paran labores en Oaxaca

MÉXICO, D.F: Trabajadores afiliados a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) pararon labores en hospitales y clínicas de Oaxaca, para exigir el pago de salarios y la entrega de equipo médico para dar servicio a la comunidad.

El paro de labores afecta las áreas de laboratorio, consulta externa y cirugías programadas. Sólo se atiende a la ciudadanía en urgencias y hospitalización.

De acuerdo con los inconformes, Germán Tenorio Vasconcelos, titular de la Secretaría de Salud del estado, había ofrecido cumplir sus demandas, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

Detallaron que hasta ahora no les han cubierto la segunda quincena del salario de diciembre y tampoco han cobrado el segundo pago del aguinaldo.

El dirigente de la Sección 35 del SNTSS, Mario Félix Pacheco, precisó que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre asciende a 48 millones de pesos y el de la segunda parte del aguinaldo suma aproximadamente 24 millones, mientras que el adeudo a terceros es cercano a los mil millones de pesos.


El gobierno de Gabino Cué, dijo, “le da largas” al asunto, por lo que los trabajadores –advirtió– se mantendrán en asamblea permanente hasta que sean atendidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN ordena separar del cargo a administrador fiscal en Guerrero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la separación de Antonio Peláez Herrera como administrador fiscal estatal uno de la Secretaría de Finanzas del estado de Guerrero, por incumplir con una sentencia de amparo.

El ministro José Ramón Pardo Rebolledo informó que el funcionario desacató la decisión judicial de no aplicar ciertos impuestos a un quejoso y se le devolvieran las cantidades que ha pagado por esas contribuciones, lo que procedió hasta que el caso llegó a la Corte.

El quejoso demandó al funcionario de Guerrero por la aplicación del cobro por derechos de los servicios de inscripción del Registro Público de la Propiedad del Comercio y contra impuestos adicionales para fomento educativo y caminos.

Por ello el 9 de diciembre de 2009 el Juzgado Octavo de Distrito en la entidad dictó sentencia en favor del quejoso, para que el administrador fiscal estatal número uno no aplicara los gravámenes y se le devolvieran las cantidades ya entregadas por esos conceptos.

Pardo Rebolledo detalló que al cumplirse la sentencia de amparo, le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de 555 mil 217 pesos, aunque el afectado argumentó que la cantidad debía ser actualizada, por lo cual se le pagaron 14 mil 710.63 pesos más por ese concepto.

Sin embargo le siguieron cobrando dichos gravámenes, por lo que el quejoso denunció la repetición del acto reclamado, que se declaró fundado el 23 de marzo de 2012 y se requirió al administrador fiscal que no se le aplicaran.

La autoridad remitió al quejoso un cheque por 374 mil 248 pesos, con lo que se dio por cumplido el fallo, derivado de una primera denuncia de repetición de acto reclamado, aunque el 21 de junio de 2013 se denunció ante un juez de Distrito el nuevo cobro de esos gravámenes.

El 19 de julio de 2013 se declaró fundada la segunda denuncia de repetición de acto reclamado, se volvió a pedir que no se aplicaran esos impuestos al quejoso y se le devolvieran las cantidades que ya habían sido cubiertas por ese concepto, lo que no se acató.

El caso llegó en marzo de 2014 al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien lo remitió a la Suprema Corte al determinar que existía incumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Pardo Rebolledo aclaró que al estar ese asunto en la Corte, el juez de Distrito comunicó que la autoridad responsable ya había cumplido la resolución del segundo incidente de resolución de acto reclamado y había devuelto las cantidades a la parte quejosa.

Sin embargo el ministro externó que si bien la sentencia finalmente fue cumplida, ante la repetición del acto reclamado procede imponer las sanciones que el Artículo 107 constitucional establece para el caso de repetición de acto reclamado a la autoridad responsable.


En su ponencia, que se aprobó con nueve votos, argumentó que “existe un principio de dolo de la autoridad responsable” y aunque “haya dejado insubsistente el acto que repitió al reclamado, sí es procedente imponerle las sanciones que establece el artículo 107”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217529.

Morena queda como “grupo” en la Cámara, y no como fracción; no recibirá subvenciones

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por lo cual se reconoce el grupo de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dentro de esa soberanía.

Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aclaró que no se trata de crear una fracción legislativa, sino de reconocer a diputados de otras fracciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) que decidieron conformar ese grupo.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que debido a que no es un grupo legislativo no tendrá subvenciones como tal, sino que los diputados recibirán las que les corresponden como legisladores y podrán participar en la Jucopo, pero sólo con voz y no con voto, y en las comisiones legislativas, pero no en la mesa de la Mesa Directiva.

“El tema principal de la Junta el día de hoy fue el reconocimiento para que un grupo de diputados y diputadas federales emanadas de diversos grupos parlamentarios solicitaron a la Jucopo su reconocimiento como agrupación de diputados y diputadas ahora en el caso de Morena”, precisó.

En diciembre pasado, la Jucopo de 15 legisladores del PRD, PT y MC para crear la bancada de Morena, y las turnó para su análisis a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, resultado que hoy se dio a conocer.

Dado que no tienen el carácter de grupo legislativo no podrán participar en la Mesa Directiva como grupo parlamentario, o en el caso de la Jucopo, participan con voz pero no con voto, como un reconocimiento del acuerdo político.

Agregó que el acuerdo fue tomado de manera favorable y va a empezar a surtir efecto a partir de que estos integrantes garanticen a cada uno de la Jucopo la documentación que los acredita como grupo, y deberán entregar también a la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

La documentación que entregarán es el acta constitutiva con firma de los integrantes, su norma interna y el acuerdo de coordinador de este grupo de diputados, y lo que se tomó en cuenta para aprobar este grupo es “un acuerdo político que tiene sustento jurídico”, detalló.

“El sustento jurídico está en el Artículo 70 de la Constitución, no se le está dando el carácter de grupo parlamentario, pero sí el reconocimiento a la agrupación de diputados” de otra manera sería para nosotros pretender tapar el sol con un dedo, expresó.

“Los legisladores que tienen la intensión de participar en Morena y hay un reconocimiento a su trabajo, reciben las subvenciones que corresponden a los legisladores como derechos de los propios”, pero no una subvención como grupo legislativo, puntualizó.

El diputado priista agregó que los diputados que conformarán este grupo tendrán también derecho de participar tanto en pleno como en comisiones.

Indicó que hay un acuerdo suscrito por todos los grupos legislativos, que se dará a conocer mañana en el Pleno de la Comisión Permanente, que es una modificación al Artículos 24 del Reglamento de Diputados, que establece que “posterior al acto fundacional, no existe la posibilidad de la creación de algún grupo parlamentario”.

Con ello, precisó, ambos reglamentos van a quedar homologados para prever que este tipo de situaciones no se vuelvan a verificar en el futuro.

Los diputados que solicitaron conformar este grupo de Morena son: Ricardo Monreal, quien el pasado 7 de enero se inscribió como precandidato de Morena para jefe delegacional en Cuauhtémoc, y que posiblemente sea el coordinador de este grupo.

Los perredistas Andrés Eloy Cantú y Delfina Guzmán, los petistas Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Loretta Ortiz, Arturo López Cándido y Jaime Bonilla.

También de Movimiento Ciudadano estarían Aída Valencia, Rodrigo Chávez, Lorena Méndez, Juan Luis Martínez, Gerardo Villanueva, Luisa María Alcalde, María Fernanda Romero y Alfonso Durazo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Policía Militar usó “piedras y gas” contra padres de los 43 y estudiantes: Tlachinollan

Padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” denunciaron que en la protesta que realizaron el día de ayer en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, la Policía Militar con equipo antimotines ya esperaba su arribo y los agredió “con gas lacrimógeno y piedras”.

Otras versiones indican que fueron los padres y los estudiantes los que lanzaron piedras, palos y cohetones contra elementos de la Policía Militar que cruzaron la barricada de alambre con puntas de acero.


Pero los padres y los estudiantes tienen la propia:
“Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos denunciamos la agresión cobarde que sufrimos. El Estado Mexicano no conforme con desaparecer y matar a nuestros hijos y compañeros y negarse a abrir líneas de investigación relacionadas con el Instituto Armado nos agrede nuevamente. Los militares aprovechando su superioridad numérica y entrenamiento nos agreden, cuando nuestro único delito es exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros”, denunciaron los padres y compañeros de los 43.
Mediante un comunicado de prensa difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual suscriben Dayro Ángel García y Miguel Sánchez del comité estudiantil, y Meliton Ortega y Felipe Cruz del Comité de Padres de Familia, los familiares denunciaron que alrededor de la una de la tarde de ayer lunes, “los padres de familia llegamos a las instalaciones del cuartel en la ciudad de Iguala, donde éramos esperados por decenas de militares con equipos antimotines”.

Precisaron que tras realizar un mitin y cuando los padres y estudiantes demandaron la apertura del cuartel para buscar a los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, fueron agredidos “por los elementos castrenses que con gas lacrimógeno y piedras empezaron a golpearnos”.


“Para evitar ser más agredidos los estudiantes optamos por retirarnos abordando los camiones para trasladarnos a la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’. En la agresión resultaron heridos los padres de familia Mario César González Contreras, Bernabé Abrajam Gaspar, María Concepción Tlatempa y los estudiantes Omar García, Sergio Ochoa Campos y José Hernández Peña”, refiere el documento fechado ayer.

Esta mañana, en entrevista para Radio Fórmula, Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan, dijo que efectivos militares arrojaron gas lacrimógeno y piedras a los manifestantes, por lo que los normalistas y padres de familia, utilizando un camión, quitaron una barricada hecha con malla de alambre.

“Los padres intentaron ingresar metros más adentro. Se quitó la barricada de alambre. [Los militares] empezaron a tirar gases lacrimógenos y piedras”, comentó Rosales.

Dijo que los estudiantes derribaron con un tráiler una malla y es cuando se da “un enfrentamiento más directo [...] De parte de militares vienen las piedras”.

“Son los militares los que empiezan a tirar gas lacrimógeno primero, quieren impedir que nos acerquemos más”, comentó Rosales.

Los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos manifestaron su alarma de que se utilice al Ejército en la disuasión de manifestaciones públicas “lo que es propio de regímenes autoritarios”.

“De igual forma es desproporcionada la forma en que el Ejercito Mexicano se apresta a contener manifestaciones públicas y reprimir a los movimientos sociales, contrario a la actitud omisa y timorata que muestra ante la delincuencia organizada, que le permite libertad de acción y movimiento”, denunciaron.

Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos reiteraron que no descansarán hasta encontrarlos con vida, “y alcanzar verdad y justicia para nuestros hijos y para nuestro pueblo”.

Hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a seguir pendientes frente “a la represión que estamos sufriendo y a mantener sus acciones de solidaridad para vencer la impunidad”.


Asimismo exigieron al Estado mexicano la presentación con vida e inmediata de los 42 normalistas, justicia para los estudiantes ejecutados extrajudicialmente y reparación integral de daños para los caídos y lesionados en los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014 y cese a la represión contra los familiares de los estudiantes desaparecidos, estudiantes normalistas y el movimiento nacional e internacional que se ha solidarizado con nuestra justa lucha.

EL ENFRENTAMIENTO

Mario César González, padre de César Manuel González, dijo ayer a SinEmbargo que fueron 27 padres los que ingresaron al cuartel de Iguala y el resto en Acapulco para sacar a sus hijos con sus propias manos, afirmó, porque están seguros que las fuerzas castrenses los tienen.

“Queríamos que se nos abrieran las puertas para buscar a nuestros hijos, era lo que pedíamos, porque estamos seguros que ellos participaron, ellos les quitaron los teléfonos en el hospital. Cuando entramos había muchísimos militares y nos mandaron a los antimotines y tuvimos que defendernos”, indicó.

De acuerdo con el padre de familia, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, canceló una cita que tendría con ellos en la Ciudad de México.

“Ya estábamos listos para salir a las seis de la mañana y un tal Jaime nos habla y nos dice que Osorio Chong no va a estar, que nada más [Jesús] Murillo Karam, que se cancelaba. Ya a los padres no nos quieren ni ver, entonces más tarde, como a las tres que ya estábamos en el cuartel nos hablan para decirnos que nos estaban esperando”, dijo el padre de César Manuel.

Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.

Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel, para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses.

Mario César indicó que a pesar de los golpes recibidos hoy, seguirán buscando a sus hijos y no descansarán hasta encontrarlos.

“Si ellos tienen armas, no nos interesa, lo que nos interesa a nosotros es la vida de nuestros hijos. Ya ni la Procuraduría tiene tiempo para nosotros, entonces, decidimos buscarlos por nuestra cuenta, aunque nos sigan reprimiendo”, dijo.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, participó en la protesta en el cuartel de Acapulco y dijo que lo único que los padres querían, era que los altos mandos salieran a dar la cara.


“Queríamos que los altos mandos dieran la cara, para exigirles que ya los busquen, con los mismos militares, ellos los tienen porque hay evidencia de que el Ejército estaba resguardando a los 43, hay testigos y no han hecho nada”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216869.

Petroleros denuncian estrategia del gobierno para desmantelar Pemex

SALAMANCA, Gto: La “suspensión intencionada” en la producción y la importación de 100 mil barriles de crudo de Estados Unidos podría acarrear el desabasto de gasolina, alertó este martes la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP).

El dirigente de la organización, Juan Carlos Chávez, aseguró que estrategias similares, que en el pasado derivaron en el cierre de plantas como la de amoníaco, han sido orquestadas por el gobierno federal con la complicidad del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, en perjuicio de los trabajadores y para favorecer la inversión privada.

“Sabemos que la estancia de Carlos Romero en el sindicato es un proyecto que se generó desde Carlos Salinas para privatizar a Pemex, como se ha venido dando y como ocurrió en 2008, cuando pretendieron privatizar el área de petroquímica, pero por cuestiones de inversión no pudieron”, subrayó en entrevista con Apro.

Recordó que desde 1999 la ANDTP –grupo disidente del STPRM– ha denunciado la estrategia del gobierno y de la paraestatal, la misma que, dijo, pretenden instrumentar ahora.

“Cuando quieren desechar alguna instalación, como ocurrió con la unidad petroquímica de Salamanca o la refinería de Tula, originan paros abruptos y fuera de programa. Dicen que las instalaciones ya no están en condiciones de producir, para cancelar la vida útil de esas plantas”.

De acuerdo con Chávez, a raíz de las reformas en materia energética los trabajadores petroleros (del movimiento disidente) han detectado pasos muy concretos, y “el fondo es dejar que la misma empresa muera sola, ellos no la tienen que matar. Si le retiran las refacciones, los recursos para mantenimiento, la liquidez, pues de forma natural la empresa irá entrando en una situación de paro.

“Pensamos que todo esto se va a generar para facilitar el cierre de instalaciones y la construcción de nuevas plantas” por parte de los inversionistas privados favorecidos por el gobierno federal, señaló.

El dirigente de ANDTP dijo que detectaron la supresión de 10 mil plazas contratadas vía outsourcing en las áreas marítimas de Pemex, y “aunque no estábamos de acuerdo con el pago de salarios y las prestaciones, porque no son plazas que dan estabilidad laboral, nosotros nos ponemos en los zapatos de esos compañeros y claro que nos preocupa”.

Por ahora, explicó, la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” de esta ciudad suspendió las actividades de sus dos plantas refinadoras Hidro II y III, bajo el argumento oficial de que se efectuarán labores de mantenimiento por un exceso de sales que habrían afectado los equipos.

“Eso es una insensatez porque en ningún momento de la historia de Salamanca, salvo cuando fue un accidente mayor, salió fuera la totalidad de la refinería y tampoco hubo desabasto, aunque no hubo producción por unos 20 días. Ahora dicen que las dos plantas Hidro están fuera de servicio, dicen que se tiene suficiente producto para abastecer durante 30 días, pero se está constatando el desabasto” no sólo en Guanajuato, sino en otros estados, sostuvo.

Chávez también resaltó que desconocen el contenido de un convenio firmado por Romero Deschamps después del último contrato colectivo de trabajo. Los disidentes, apuntó, no hemos podido tener acceso al documento, pese a que lo han solicitado por diversas vías.

La respuesta a sus solicitudes es que se trata de un asunto de seguridad nacional, pero se sabe que el convenio habla de una “optimización de recursos humanos”, por lo que –refirió– “hay preocupación porque no tenemos información o claridad de los convenios”.


Remató: “No quisiéramos encontrarnos que tanto la empresa como el gobierno, alevosamente, aduciendo este tipo de problemas, decidan cerrar nuestras fuentes laborales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Gordillo seguirá su proceso por videoconferencia

MÉXICO, D.F: La exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, está lejos de enfrentar las acusaciones penales desde su domicilio.

Fuentes judiciales dijeron a la Agencia Proceso que el acuerdo emitido por un juez que lleva uno de los procesos penales en su contra es sólo para que Gordillo no sea traslada del penal femenil de Tepepan a los juzgados federales debido a su condición de adulto mayor enfermo.

La maestra podrá enfrentar las actuaciones judiciales por videoconferencia, pero desde el penal, según la información del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El pasado miércoles 7, el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, Alejandro Caballero Vértiz, emitió un acuerdo en el que reconoció la condición de adulto mayor enfermo de Gordillo, quien el próximo 6 de febrero cumple los 70 años de edad.

El juez Caballero Vértiz tomó ese acuerdo apoyado en la fracción primera del artículo tercero de la Ley de Derechos de las Personas de Adultas Mayores en el Distrito Federal y en las Buenas Prácticas a las Personas Privadas de a Libertad, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, considera que el acuerdo le permitiría a su cliente enfrentar el proceso penal en su casa.

El 26 del próximo mes, la maestra cumplirá dos años en prisión, detenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto bajo la acusación de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Del Toro dijo que tras el acuerdo del juez, Gordillo no tendrá que esperar a cumplir los 70 años para solicitar la prisión domiciliaria.


Según publicó el periódico Reforma en su edición del martes, el abogado apelará también a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a los adultos mayores enfermos seguir los procesos penales bajo prisión en su propio domicilio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.