En México la cifra de menores robados asciende a 50 mil, según Guillermo Gutiérrez Romero, Presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P.
Dentro de las principales causas del robo de infantes se encuentra el tráfico o la trata de personas, la cual se caracteriza por el reclutamiento, traslado y el alojamiento de cualquier persona, implicando a su vez secuestro, engaño o fraude, así como el abuso de autoridad. Esta actividad delictiva arroja ingresos hasta por 32 mil millones de dólares al año a nivel mundial, convirtiéndolo en el tercer negocio ilícito más redituable internacionalmente, según datos de Gutiérrez Romero.
En México la Fundación que preside Gutiérrez Romero nace de la necesidad de brindar apoyo a las familias que han padecido el robo de un infante, además de instar a la implementación de una cultura de la seguridad infantil a nivel nacional, es por ello que dentro de las actividades que realiza dicho órgano, se encuentran las conferencias que su fundador y otros miembros más realizan a nivel nacional e internacional para la concientización y prevención de dicho delito.
Gutiérrez Romero lamenta que, aunque las ponencias acerca de dicho tema llegan hasta los micrófonos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y a la Organización de los Estados Americanos (OEA), no son requeridas por las autoridades mexicanas, pese a que su proceso de búsqueda de infantes presenta deficiencias, como por ejemplo la atención a las demandas de familiares, que deben esperar 48 horas para su interposición, incluso cuando los menores les fueron arrebatados o mantienen pruebas de que fue sustraído.
Según Gutiérrez Romero, a lo largo y ancho del país las autoridades mantienen oídos sordos; dentro de los estados con mayores índices de robo de infantes se encuentra Michoacán, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Estado de México, incluyendo el Distrito Federal y las fronteras Sur y Norte, siendo también zonas donde no existe una cultura de protección a los menores. Tal es el caso de Chiapas que debido a la problemática de “puertas abiertas” en su zona limítrofe con Guatemala, la impunidad tiene vía libre y por lo tanto el riesgo de robo y desaparición tiene mayor incidencia.
Pese a la insistencia de Gutiérrez Romero, quien ha solicitado a los gobiernos en turno, la implementación de un Centro Nacional Especializado para la Búsqueda Niños Robados, éste no se ha hecho posible; “porque al parecer no les interesa la problemática”, enfatiza.
Aunado a ello, la creación de una policía especializada y dedicada exclusivamente a la búsqueda de menores; la creación de un banco de datos y otro con registro del ADN de las familias que tienen a un familiar perdido, facilitaría el proceso de búsqueda, según Gutiérrez Romero.
Y aunque los puntos anteriores no parecen ser tema de discusión, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos mantiene su labor de prevención por medio de conferencias en cualquier parte de la República de manera gratuita, dirigidas a maestros, alumnos y padres de familia que soliciten su colaboración.
Teniendo como principal meta repartir una Cartilla de identificación infantil, la cual además de resguardar datos como el nombre, sexo, tipo de sangre y fecha de nacimiento, también incluye un recuadro para colocar las 20 huellas dactilares del menor y un espacio para un mechón de cabello que serviría en la identificación del ADN del menor, en caso de robo.
Gutiérrez Romero mantiene la certeza que si el Gobierno Federal invirtiera en la impresión y repartición de dicho documento a nivel nacional, habría mejores resultados frente a la problemática.
Puntualmente sobre la desaparición enfatizó que, hasta la fecha se han contabilizado un total de 2 mil casos, teniendo como principales víctimas a los adolescentes y aunque parece una cifra menor frente a los casos de robo, es un problema que puede estallar y elevar el número si las autoridades competentes no crean estrategias de prevención.