Hacienda prevé sacar 50 mmdp del Fondo Petrolero para cubrir el hoyo en las finanzas

Los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, y de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, dijeron ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que si continúa la caída en los precios del petróleo tendrán que recurrir a ingresos tributarios, antes de un recorte en el gasto público. Asimismo mencionaron que de seguir esta tendencia, en 2016 el gobierno federal utilizará 50 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

“En caso de que se materializarán choques adicionales que pudiesen afectar los ingresos públicos, cabe recordar cual es el procedimiento marcado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se seguiría. En el caso de cualquier disminución en un rubro particular de ingresos, eso se puede compensar con excedentes que hubiesen en otros rubros. Es lo que se observó en 2014 donde el faltante en ingresos petroleros fue compensado con ingresos tributarios, por lo que no fue necesario un ajuste en el gasto público”, dijo este día Messmacher.

En tanto, Aportela Rodríguez comentó que si los precios del crudo mantienen su tendencia a la baja, el gobierno federal contará con 50 mil millones de pesos en 2016 para enfrentar esa adversidad. Sin embargo, el funcionario precisó que ese Fondo contaba al cierre de 2014 con  36 mil millones de pesos, monto que aún no incluye la subcuenta de los 2.6 dólares por barril, “es decir, es lo que tenemos libre al cierre del año pasado y durante este año, de acuerdo al presupuesto, se le abonarán 16 mil millones”.

“Quiere decir que para 2016 tendríamos en principio 50 mil millones de pesos para enfrentar estas variantes o diferencias en los ingresos públicos”, comentó Aportela. Indicó además que el presupuesto del país para 2016 podría incluir una menor estimación en el precio del petróleo que el previsto este año, de continuar el declive en los precios internacionales del combustible.

“De continuar estos valores observados y los valores que se estiman tendría que ser un precio menor al que estamos saliendo hoy día”, dijo el subsecretario, al referirse al presupuesto de 2016.

Aportela Rodríguez y  Miguel Messmacher Linartas sostienen una compareciencia ante la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).

Los temas que abordan los funcionarios federales ante este órgano legislativo, presidido por Héctor Gutiérrez de la Garza, son las variables económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobada para 2015, el precio de petróleo se estimó en 79 dólares por barril y el tipo de cambio en 13.4 pesos por dólar.

Ante la volatilidad reciente que han registrados los mercados internacionales, en las últimas semanas el precio de la mezcla mexicana de exportación se ubica por debajo de los 40 dólares por barril, mientras que el tipo de cambio ronda los 15 pesos por dólar.

El escenario macroeconómico para 2015 prevé además un crecimiento económico de 3.7 por ciento, inflación de 3.0 por ciento, déficit presupuestario de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tasa de interés al fin del periodo de 3.5 por ciento.


En tanto, la plataforma de producción de petróleo crudo se establece en 2.4 millones de barriles diarios, entre otros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-01-2015/1219585.

Roberto Servitje, fundador de Bimbo: “Se ha dado a Ayotzinapa una dimensión que no tiene”

El empresario Roberto Servitje, fundador de Grupo Bimbo, dijo que algunos grupos inconformes se han aprovechado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le han dado al caso “una dimensión que no tiene”.

“Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene. Y se están aprovechando. Con respeto a todos ustedes los medios, también exacerban la situación”, dijo este día Servitje en una reunión con empresarios.

El ex presidente del Consejo de Administración de la panificadora más grande del mundo manifestó su confianza en que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto actuará para devolverle al país la estabilidad. “La base de México es sólida. En comparación con otros países tiene situaciones muy ventajosas. Soy optimista de este país”, dijo.

Servitje criticó a los empresarios del país que no tienen idea de la responsabilidad social que les toca. “Engañan a sus clientes y a sus trabajadores y los despiden, cuando en realidad deben ser los principales generadores de bienestar, de empleo”, indicó.

“La sociedad está enormemente influida por lo que hacemos los empresarios. En una sociedad donde las empresas sean honestas, responsables y respetuosas es muy probable que la sociedad se conduzca de esa manera. También en una sociedad donde sus empresas sean corruptas, irresponsables, que engañen a sus consumidores y al fisco, seguramente esa sociedad será igual”, agregó.

EMPRESARIOS RECHAZAN ACTOS VIOLENTOS 

Por su parte, los empresarios de México agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazaron los actos de violencia en contra de instalaciones del sector privado y equipo de transporte, los cuales se han registrado los últimos días en el país y, afirman, afectan “gravemente” la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social.

“Las acciones ilegales que hemos venido observando en diversas regiones del país constituyen una provocación de grupos que afectan gravemente la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social”, manifestó en un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La cúpula empresarial mexicana reconoció las legítimas demandas sociales que existen en el estado de Guerrero y en México por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, rechazó la violencia y las agresiones “de grupos que utilizan este tema como un pretexto para dañar instalaciones y equipo de transporte de las empresas y del sector oficial”.

“Condenamos los ataques a las policías, federal y estatales, y en especial en contra de las instalaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas”, refiere el documento.

Además de vulnerar aún más la seguridad de la población y fracturar el orden social, aseguró el CCE, estos abusos, así como la impunidad con que se realizan, “han perjudicado de manera significativa la actividad económica de los estados y desincentivan la inversión y la generación de empleos, de los que dependen millones de mexicanos”, apuntó.

El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a las autoridades para contener estas acciones.  ”Hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contener este tipo de expresiones violentas en contra de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población”, dice el comunicado.

“Basta de impunidad. Respetar la ley es obligación de todos”, añadió el organismo.

El sector empresarial reiteró su compromiso de seguir trabajando para construir un México incluyente, justo, seguro y próspero.

En días anteriores profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ahí realizaron saqueos y desvalijaron camiones repartidores de productos de empresas como parte de la protesta por los 43.

El pasado 12 de enero, el CCE afirmó que la violencia y la percepción de inseguridad están limitando el potencial de crecimiento y la confianza en un futuro más promisorio del país.


En un comunicado, los empresarios consideraron también que el desarrollo en México no alcanzará todo su potencial y será frágil si no existe una transformación en el tema de la corrupción que es el gran pendiente nacional, clave para la economía y también para abatir la delincuencia y los vacíos de gobernabilidad que hay en algunas zonas de la República mexicana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-01-2015/1219666.

Maestros enfrentan a policías con palos y piedras en rechazo al Gobernador de Guerrero

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se enfrentaron con policías estatales a las afueras del Congreso estatal donde el Gobernador Rogelio Ortega rendía el Cuarto Informe del gobierno.

Con palos, tubos y piedras los manifestantes se confrontaron con policías estatales en uno de los accesos al estacionamiento del recinto.

Posteriormente, los profesores de la Ceteg desalojaron una conferencia magistral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impartida por el rector de la Universidad de Guerrero, Javier Saldaña, en el auditorio “Sentimientos de la Nación”.

Afuera del lugar quemaron una patrulla de tránsito estatal que se encontraba en el estacionamiento.
Antes, jóvenes encapuchados y maestros de la Ceteg intentaron clausurar un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acapulco, sin embargo ciudadanos impidieron que se llevara a cabo la toma de las instalaciones electorales.

De acuerdo con reportes de prensa, alrededor de 10 personas con el rostro cubierto ingresaron a las oficinas de Costera 125, donde se encontraban más de 300 personas que acudieron a sacar su credencial de elector en el último día que el INE ha puesto de plazo para realizar el trámite. Las personas sacaron a los embozados a gritos y empujones.

“Ya estamos cansados de ustedes, lárguense de aquí, ya no los aguantamos”, gritó una de las personas en el acto.
Se informó que agentes de la Policía Federal y la Gendarmería resguardaron el inmueble y cerraron las puertas de acceso al público en general.

David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Guerrero, dijo a la prensa que ”diez embozados acudieron a Costera 125, a intentar evitar el trámite de la credencial con fotografía, afortunadamente no lo lograron, la gente protestó y exigió que se reanudarán el servicio.

Delgado Arroyo indicó a reporteros que ningún módulo fue cerrado ni vandalizado por el grupo de personas embozados.

Luego de estos hechos, los maestros de la CETEG llevaron su manifestación a la Fiscalía General del Estado (FGE).


Reportes de prensa local señalan que los profesores ordenaron al personal desalojar el inmueble mientras gritaban consignas en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la liberación de presos políticos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades dan información falsa a Ana, que busca a su hermano desaparecido

Ana Luisa Pérez cuenta el viacrucis que ha vivido desde que su hermano menor, de 22 años, desapareció. Autoridades le han dado información falsa y confusa.

En el servicio forense del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, un mes después de que Julio César Pérez desapareciera, intentaron convencer a Ana Luisa Pérez que el cuerpo de su hermano había sido enterrado por una funeraria y debía pagar 35 mil pesos por el servicio. “Yo no tengo estudios, pero no les creí.

Les pedí una fotografía o algo para saber si era”, relata la mujer de 34 años. Su sospecha resultó cierta. Nadie le pudo comprobar que el cadáver de una supuesta tumba era el del joven desaparecido el 22 de julio de 2011, justo cuando cumplió 22 años.

Con ese antecedente, Ana Luisa insistió con mayor vehemencia que el Semefo de La Perla buscara entre sus archivos para descartar que su hermano estuviera muerto. “Casi me le hinqué al director, pero sí me hizo caso”.

A los pocos días le informaron que el cuerpo había sido encontrado en el Río de los Remedios, tres días después de que el joven se suicidara, según concluyeron los médicos pues no encontraron rastros de golpes o heridas. Otra vez parecía que el fin a la tortura de cuatro semanas había llegado.

La hinchazón del cuerpo complicó la identificación y lo único que coincidía era un tatuaje en el brazo izquierdo del joven. Aunque este dato solo lo corroboró una de las hermanas, con quien Julio César tenía rencillas, pues el padre no recuerda dicha característica y Ana tenía mucho tiempo de no verlo.

Sin embargo, la declaración del médico forense sobre que el cuerpo correspondía a una persona de entre 35 y 40 años de edad, hizo dudar a Ana de que se tratara de su hermano. “Mi hija (de 15 años) ve las noticias, lee y me dijo que el Estado nos tenía que garantizar el derecho a una prueba de ADN”.

Así lo hizo y en el Palacio Municipal de Chimalhuacán hicieron el trámite para la realización del examen y compararlo con el cuerpo encontrado.

Han pasado tres años y cinco meses y aún desconoce el resultado. “Me dicen que vuelva en un mes, que en en 15 días porque el perito está en una diligencia. Luego regreso y que no está, que me siente a esperarlo. Han pasado los años y todavía me dicen que espere cinco minutos más”, dice Ana mientras intenta contener las lágrimas.

En este tiempo de incertidumbre ha perdido 40 kilogramos de peso, tuvo una parálisis en la mitad del cuerpo y lidia contra la diabetes. Son los estragos de sus gritos desesperados que no han conseguido hallar a su hermano. “Han de querer que llegue con billetes, pero no lo tengo, si lo tuviera, se los daría”.

Su desesperación tuvo un desfogue el 16 de octubre de 2014, cuando participó por primera vez en una manifestación en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. En un momento de “rabia” comenzó a gritar hacia el edificio de la Procuraduría General de la República como si todos los funcionarios con quienes ha tratado en los últimos tres años pudieran escucharla. Lloraba y suplicaba que le devolvieran a su hermano mientras las cámaras de televisión la enfocaban.

Al otro día, algunos conocidos le avisaron que había salido en fotografías de periódicos y notas televisivas. “Me dio gusto, dice, así más gente se entera de lo que está pasando, que son miles de desaparecidos en el país. Y alguien tiene que saber que yo sigo buscando al mío, que no me canso”.

Después de ese día, Ana y su hija menor, han ido a todas las manifestaciones por Ayotzinapa. Ella más que nadie puede decir “tu dolor es mi dolor”, como rezan las pancartas. “Ahí nadie me ve raro si lloro, si grito, porque sabemos lo que es tener una familia incompleta”.

Cuando ve en televisión las noticias sobre las fosas halladas en Guerrero le da “rabia y coraje” porque esos cuerpos no son de los normalistas, pero puede ser mi hermano o el hijo de una madre que sigue llorando” sin que hagan algo por identificarlos.

Cuando se le pregunta a Ana Luisa sobre la ocupación de Julio César, dice no saberlo exactamente, aunque reconoce que “se portaba mal”. Un año antes de su desaparición se drogaba y por eso decidió enviarlo a casa de otra hermana, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. No trabajaba ni estudiaba; solo terminó la primaria.

El 5 de julio, el día que desapareció, vehículos policíacos circulaban por el Río de los Remedios, según la investigación de Ana. Los vecinos le relataron que esa noche escucharon que a bordo de las patrullas varios jóvenes iban gritando que no habían hecho nada y pidiendo auxilio”. Los levantones policíacos es un secreto a voces en el municipio, insiste. Ha escuchado que jóvenes son secuestrados para trabajar para el crimen organizado y piensa que tal vez eso pudo pasarle a su hermano.

En las noches de insomnio ha buscado miles de explicaciones sobre el paradero del joven, por eso recorrió semefos, hospitales y reclusorios, agotando las posibilidades que la legalidad permitiría para hallar a una persona y aunque hay más caminos, “mi capacidad no me da para lugares peligrosos”, dice.

De las autoridades espera poco pues después de tres años, su confianza ha disminuido. Y es que entre enero de 2006 y julio de 2014, se han reportado 29 mil 707 casos de desaparición forzada en México, pero sólo se han iniciado 291 averiguaciones previas por este delito, equivalentes al 1%.

Hace aproximadamente seis meses, varios amigos de Julio César fueron aprehendidos y presentados en la Procuraduría del Estado de México como presuntos secuestradores. “Si mi hermano cometió un delito tendría que pagarlo conforme a la ley, pero no que lo desaparezcan. ¿por qué desaparecen a un ser humano, por lo que haya sido?”.


Todos tienen el derecho de sepultar a sus muertos o saber el paradero de sus seres queridos y Ana Luisa se levanta todos los días con el mismo deseo: saber dónde está Julio y “el día que lo sepa será el último que llore”, asegura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

13 días después, la Fiscalía contra delitos a la prensa aún no busca a Moisés Sánchez

El procurador de Veracruz dijo que la principal línea de investigación del caso se centra hasta el momento en la diferencias entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz. El Ayuntamiento rechaza que el edil tuviera una mala relación con el periodista.

A casi dos semanas de que un grupo de nueve personas armadas entrara violentamente a la casa del periodista veracruzano Moisés Sánchez en Medellín de Bravo y se lo llevara en una camioneta, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  “sigue valorando” si atrae o no el caso.

Así lo da a conocer la organización defensora de la libertad expresión Artículo 19, luego que el pasado 8 de enero enviara un escrito a esta fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se solicitó formalmente la intervención de la dependencia federal para investigar la desaparición forzada del director del semanario La Unión.

Ante esta petición, autoridades federales informaron a Animal Político que la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra periodistas sí atraerá el caso del reportero Moisés Sánchez, aunque no especificaron cuándo.

“La Fiscalía ya tiene todos los elementos suficientes para tomar una decisión”, señala al respecto Ricardo González, integrante de Artículo 19. “Y creemos que ya se tardaron mucho, sobre todo porque cuando se trata de privaciones ilegales de la libertad, o de desapariciones forzadas, las primeras 72 horas son claves”, hace hincapié el activista, que explica que a 13 días de que las autoridades no den con el paradero del comunicador, “lo más importante es sacar este caso del fuero local”.

“Cuando se hizo la reforma a esta Fiscalía (en mayo de 2013), la idea era precisamente que cuando se dudara de la capacidad o de la voluntad de las autoridades locales, la Federación pudiera atraer el caso directamente”, explica González.

“En cambio, aunque durante años se impulsó que la Fiscalía pudiera atraer los casos, ésta lo hace de manera muy discrecional y sin que estén muy claros los criterios –agrega-. Por lo que creemos que el caso de Moisés es la prueba de fuego para que la Fiscalía demuestre cómo va a utilizar sus capacidades para atraer casos de los fueros locales”.

En este sentido, Artículo 19 recuerda que en el estado que gobierna el priista Javier Duarte ya hay varios ejemplos -como el de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez y Regina Martínez- en los que las autoridades trataron de desechar la labor periodística de los reporteros como móvil de las agresiones. Situación que se repitió un día después de la desaparición forzosa de Moisés Sánchez, el pasado 3 de enero, cuando Duarte aseguró ante los medios de comunicación que el director de La Unión no es un periodista, sino un “conductor de taxi”.

“El gobierno de Veracruz siempre trata descartar en primer lugar el ejercicio periodístico como el móvil de las agresiones a comunicadores. No quieren entrar a investigar lo que estaban diciendo estos periodistas. Se salen por la tangente porque evidentemente estos reporteros estaban haciendo señalamientos sobre corrupción, asesinatos, o sobre cuestiones de seguridad”, expone por su parte Francisco Sandoval, también integrante de Artículo 19, que insiste en la necesidad de que la Federación sea la que investigue el caso, sobre todo tras las declaraciones del mandatario descartando sin previa investigación la labor periodística del veracruzano como motivo de su desaparición forzada.


En este sentido, Artículo 19 destaca que de acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés Sánchez aplica en al menos seis de los supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la Fiscalía puede atraer delitos contra la libertad de expresión.

Diferencias entre Moisés y alcalde, “línea de investigación sólida”

En cuanto a la principal línea de investigación del caso, el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmó en el programa Punto de Partida que ésta se centra hasta el momento en la diferencias existentes entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz; quien según denuncia Artículo 19 habría amenazado al comunicador tres días antes de su desaparición, debido a las notas críticas que éste publicaba en su semanario La Unión.

“La línea de investigación más sólida es parte de diferendos que existían entre Moisés y el Alcalde”, apuntó el procurador.

No obstante, fuentes de comunicación social del ayuntamiento de Medellín consultadas por Animal Político negaron que el edil panista tuviera una mala relación con el reportero, y que éste tenga algo que ver con su desaparición.

“No es cierto, no había tal diferencia con Moisés. Él venía aquí (al Ayuntamiento) y se manifestaba sin que nadie le dijera ‘ya vete Moisés’. Él hacía uso de su libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”, apuntó comunicación social.

Días antes, el pasado lunes 11 de enero, el alcalde panista de Medellín fue “invitado” a declarar a la Procuraduría General del Estado de Veracruz sobre este caso. Durante siete horas, Omar Cruz negó haber participado en el atentado contra Moisés Sánchez.


Hasta el momento, el balance de las investigación de las autoridades de Veracruz se reduce a 13 policías municipales de Medellín arraigados desde el 7 de enero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

CNDH busca revisar cuartel militar en Iguala, junto con padres de Ayotzinapa

Las visitas (al cuartel o los cuarteles) tienen que ser en función de la propia necesidad de la investigación, indicó el ombudsman.

La CNDH invitará a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a asistir juntos al cuartel militar en Iguala, Guerrero.

El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, dijo esta mañana en Noticias MVS primera emisión:

“Nos hemos enterado que se va a invitar a la CNDH, esperaremos la invitación formal, para acudir al cuartel de Iguala, nosotros desde luego lo haremos y desde luego buscaríamos ir acompañados de una representación de padres de familia… A mí me gustaría que lo hiciéramos juntos (la visita).

Yo invitaría a los representantes de los padres de familia y que fuera una visita ordenada, de manera pacífica, que podamos realmente cumplir con el objetivo que se busca… yo transmitiré a los padres de familia el que pudiéramos ir juntos, pero repito, de manera ordenada… y que no se diera en un contexto donde hubiera desorden”, dijo en entrevista para MVS Radio.

El ombudsman pidió que se visiten los cuarteles militares “que se tengan que visitar”.

“Yo me pronunciaría porque fuera de inmediato la visita (al cuartel de Iguala) si se puede hoy mismo, hoy mismo”, dijo. “Yo quisiera ir acompañado de los padres de familia”, insistió.

“Pero hago un exhorto a que (la visita) sea de manera ordenada y pacífica, sin ningún acto de violencia… ante ese reclamo legítimo de conocer y de ver, ante la duda que se tiene de que hay (estudiantes) dentro del cuartel, y la apertura que está mostrando la Secretaría de la Defensa Nacional… y que se documente lo que sucede al interior de este cuartel”, apuntó.


“Si se puede hoy, hoy”, urgió. “Yo estaría porque fuera hoy mismo, ojalá logremos ponernos de acuerdo con las autoridades y padres de familia”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionarios de la Procuraduría del Edomex, investigados por tortura

EL funcionario aceptó la reclasificación que hizo la CNDH, para considerar la matanza como un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

Veinte funcionarios de la Procuraduría del Estado de México son investigados por presunta tortura, cometida contra testigos del asesinato de 22 personas, en un operativo militar realizado el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.

El procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó el miércoles: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado su denuncia, en la cual señala y ustedes lo podrán ver en la propia recomendación, una serie de personas que estuvieron involucrados en los hechos. Todos estos servidores públicos son materia de investigación. Alrededor de veinte”.

La recomendación sobre el caso Tlatlaya, emitida por la comisión el pasado 21 de octubre, concluyó que funcionarios, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia mexiquense, torturaron a tres testigos para que aceptaran una supuesta culpabilidad, y dijeran que pertenecían a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada, además de que les pidieron que no declararan sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra los civiles desarmados.

En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:

“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.

Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.


El procurador del Estado de México no dio una fecha para concluir la investigación: “Yo no quiero adelantar una fecha, disculpen ustedes que eso no se puede hacer. Se realizarán todas y cada una de las diligencias que sean necesarias, se practicarán todas las entrevistas que resulten necesarias, para aclarar, todos y cada uno de los puntos igualmente que resulten controvertidos y poder establecer, consecuentemente, si hay una probable responsabilidad de carácter penal y por qué delito, en dado caso”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Procuraduría del Edomex se investiga a sí misma por el caso Tlatlaya

Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México cometieron conductas violatorias de derechos humanos y pueden ser constitutivas de delito, indicó el ombudsman. Además, informa que los peritajes ya están "disponibles", para ser revisados.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció que la Procuraduría del Estado de México es la encargada de investigar a sus propios integrantes, quienes participaron en el caso Tlatlaya, y están acusados de cometer actos de tortura contra testigos de los hechos.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el ombudsman explicó que la CNDH decidió reclasificar la recomendación sobre lo ocurrido en Tlatlaya, porque hubo violaciones graves a los derechos humanos.

Refirió que en la comisión a su cargo serán cuidadosos de las investigaciones para que no quede en la impunidad lo sucedido. “(En la recomendación) Nos dirigimos al gobernador del estado (Eruviel Ávila) para que instruyera que se iniciaran procedimientos administrativos y averiguaciones previas”, expuso.

Elementos de la Procuraduría del Estado de México cometieron conductas violatorias de derechos humanos y pueden ser constitutivas de delito, advirtió.

Explicó que la recomendación a la PGJEM se debe a que, por ejemplo, los peritajes que hizo, no señalaban que se había alterado la escena del crimen ni que hubo muertes arbitrarias ni tampoco que se incurrió en actos de tortura, contra dos mujeres, quienes fueron encarceladas, pero ya quedaron libres.

Además, confirmó que el acceso a los peritajes ya “está disponible”. 

En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:

“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.


Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se busca candidato ‘rentable’

La estrategia del PRI en el reparto de cargos de elección popular apunta hacia las encuestas. El modelo busca garantizar al partido la mayor cosecha de votos en la próxima contienda electoral.

En el PRI y en Los Pinos pesará más la popularidad que la sustancia en la selección de candidatos para la próxima contienda electoral.

Ese es el mensaje que se envió esta semana al priismo nacional con la designación en la Ciudad de México de la carismática senadora Ivonne Álvarez como “candidata de unidad” del PRI a la gubernatura de Nuevo León.

Álvarez –una exconductora de televisión de Monterrey con una corta carrera política- encabezaba las encuestas tricolores en Nuevo León rumbo a la elección del 7 de junio.

Ella no era la candidata oficial de Los Pinos. 

El presidente Enrique Peña Nieto había perfilado a Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, como su gallo para el gobierno de Nuevo León.

Una parte del priismo de Nuevo León estaba seguro que Guajardo –que no figuraba en las encuestas preelectorales- finalmente iba a ser designado“por dedazo” presidencial como el candidato del PRI.

Esta vez no fue así.

La noche del lunes, César Camacho, dirigente nacional priista, anunció que Álvarez sería la candidata de unidad del PRI a la gubernatura de Nuevo León por encima de Guajardo y otros 10 aspirantes más que habían manifestado interés de participar en la contienda interna tricolor.

Álvarez no era de entre los aspirantes la mejor preparada. No contaba con una carrera política amplia, pero sí era la que garantizaba al PRI la mayor cosecha de votos en la contienda electoral, según los sondeos y encuestas hechos  por el Partido.

La palabra clave hoy en el PRI Nacional y en Los Pinos es rentabilidad electoral.

Es decir, los votos.

Una estrategia conocida

En Nuevo León, Peña Nieto no quiso correr riesgos y optó finalmente por “palomear” la candidatura de Álvarez, que era impulsada por el gobernador Rodrigo Medina y el poderoso senador Emilio Gamboa.

Es una estrategia que Peña Nieto ya había utilizado en el pasado: en la sucesión de su gobierno en el Estado de México en el 2011. 

El hoy mandatario designó al entonces alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila, que encabezaba las preferencias, como candidato del PRI a la gubernatura en lugar de su amigo Alfredo del Mazo.

El priismo en ese momento no se podía dar el lujo de perder el Estado de México en la antesala a la elección presidencial de 2012.

En ese momento el PRI apostó por el candidato mejor posicionado y ganó la elección.

Hoy la cúpula priista hace lo mismo con Álvarez, quien se impuso en la recta final a Guajardo, responsable de la economía del País y con 30 años en el servicio público.

La exalcaldesa del municipio de Guadalupe también venció a Cristina Díaz, senadora y dirigente nacional de la CNOP, quien era apoyada por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Y derrotó además a Héctor Gutiérrez, legislador federal que pertenece al grupo tricolor que encabeza Manlio Fabio Beltrones, el poderoso jefe de la bancada priista en la Cámara de Diputados.

En la designación de Álvarez pesó sin duda que es quizás la única priista que en este momento puede competir en popularidad y en las encuestas con la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien se perfila como la candidata del PAN a la gubernatura de Nuevo León.

Modelo regio a nivel nacional

El PRI nacional buscará replicar en el resto de las designaciones de candidatos por venir el modelo Nuevo León. 

La dirigencia operará con los grupos por un candidato de unidad - el mejor posicionado en las encuestas- para ser postulado en sus estados como el abanderado tricolor con el apoyo del PRI Nacional y el respaldo de Los Pinos.

Los aspirantes priistas más populares y más conocidos serán los que lleven mano en los procesos de designación de candidatos en el país.

La popularidad estará por encima de componendas, amiguismos y grupos, que eran paradigmas que históricamente han influido en el PRI en el reparto de cargos de elección popular.

La militancia priista ha quedado relegada –como casi siempre en la historia del PRI- en el proceso de selección de sus representantes.

La designación de los candidatos priistas se definen históricamente en la Ciudad de México, en una mesa de negociación política que hoy encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente nacional del PRI, César Camacho.

En los próximos días, una vez designada Ivonne Álvarez como candidata al gobierno de Nuevo León, el PRI definirá a sus candidatos a gobernador para los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

La operación política será la misma que se hizo con Nuevo León.

El martes el PRI lanzó la convocatoria para la elección del candidato a San Luis Potosí y se espera que este fin de semana se publique el resto de las convocatorias priistas.

En San Luis Potosí algunos sondeos son encabezados por el actual alcalde de la ciudad, Mario García Valdez, pero también por el secretario de Educación estatal, Juan Manuel Carreras López.

En otras encuestas se menciona el nombre del empresario local de medios de comunicación, Juan Carlos Valladares, como un posible candidato tricolor.

Michoacán y el acuerdo

En Michoacán existe una terna de aspirantes para competir por la candidatura priista a la gubernatura conformada por el senador Ascención Orihuela, el delegado de la Sedesol en esa entidad, Víctor Silva Tejeda, y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

Los tres aspirantes se han reunido con la dirigencia nacional del PRI, encabezada por César Camacho, para tener un acuerdo de unidad como se hizo en el caso de Nuevo León.

En Guerrero se perfila por segunda vez la candidatura al gobierno del estado del actual diputado federal del PRI, Manuel Añorve Baños.

En el 2010 Añorve Baños perdió la elección con el expriista postulado por el PRD, Ángel Aguirre, quien tuvo que renunciar a su cargo el año pasado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En Sonora la candidatura del PRI a la gubernatura es disputada por el senador Ernesto Gándara Camou y por la senadora Claudia Pavlovich, apoyada por Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada tricolor en el Congreso federal.

Para el gobierno de Colima, el PRI Nacional está midiendo al actual presidente municipal de la capital del estado, Federico Rangel, y al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal, Ignacio Peralta, como posibles candidatos priistas al gobierno.

En Campeche hay varios aspirantes como son el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas; el senador Raúl Pozos,  además de la alcaldesa de la ciudad Ana Martha Escalante Castillo.

Un candidato de unidad el PRI busca también para la gubernatura de Baja California Sur, que es disputada por la exalcaldesa Esthela Ponce, y por los senadores Ricardo Barroso e Isaías González, líder nacional de la CROC.

El PRI se juega mucho en la elección federal del 7 de junio. Además de la elección de 9 gubernaturas, estará en disputa el control del Congreso federal con la renovación de 500 nuevos legisladores.

Por el control del Congreso

El presidente Enrique Peña Nieto no puede darse el lujo de perder el control del Congreso federal.

Hoy el PRI, con su alianza con el Partido Verde y el Panal, tiene mayoría pero no la suficiente para llevar a cabo reformas constitucionales.

La participación por primera vez en una elección del partido político Morena, que encabeza el exaspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, preocupa a la cúpula tricolor.

No hay duda que el PRI apostará por la elección del 7 de junio –la intermedia del actual sexenio- por candidatos que garanticen votos por su alta rentabilidad electoral en las urnas.

La cosecha de votos será la que mandarán en el PRI.

> La unidad por el más popular

La dirigencia operará con los grupos por un candidato de unidad - el mejor posicionado en las encuestas- para ser postulado en sus estados como el abanderado tricolor.

> Michoacán sigue el ejemplo

Los tres aspirantes se han reunido con la dirigencia nacional del PRI para tener un acuerdo de unidad como se hizo en el caso de Nuevo León.

- Ascención Orihuela

- Víctor Silva Tejeda

- Wilfrido Lázaro Medina

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Cuartel por cuartel

El Gobierno accedió a la demanda de los padres de los normalistas desaparecidos y permitirá su ingreso a bases militares.

Para los padres de los estudiantes desaparecidos, otra etapa en la búsqueda de sus hijos acaba de comenzar. 

Después de que esta semana contingentes de padres, apoyados por estudiantes y sindicalistas, demandaran poder buscar a los jóvenes dentro de cuarteles militares, el Gobierno federal accedió y prometió abrir las puertas de las instalaciones castrenses. 

No obstante, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, consideró ayer que hay un “interés de querer involucrar a nuestro ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos” y recalcó que el Gobierno federal “rechaza categóricamente los señalamientos que sin sustento se han hecho a nuestras fuerzas armadas”.

El anuncio ocurrió después de que el lunes un grupo de padres y simpatizantes se confrontaron con policías militares cuando intentaron irrumpir en una base castrense en la ciudad guerrerense de Iguala. 

‘No es un favor’

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, comentó ayer en Radio Fórmula que el hecho que el Ejército abra los cuarteles militares no es un favor de las fuerzas castrenses, sino una exigencia de los padres de los desaparecidos.


De la Cruz aclaró que la intención de los familiares “es buscar en todos los cuarteles del país”, no sólo en los del estado sureño de Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Votos y balas 2015

MÉXICO, D.F: Antes de las elecciones del 2000 las amenazas principales eran la compra del voto, el robo de urnas y la operación ratón. Hoy la lobreguez del crimen organizado y la violencia son algunas de las preocupaciones fundamentales para la elección intermedia de este año, sobre todo, si nos atenemos a los últimos hechos en los que las bandas delincuenciales siguen mostrando su poderío y el gobierno su fragilidad.

En julio del 2015 habrá votaciones para elegir a gobernadores en Sonora, San Luis Potosí, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Colima, Guerrero, Michoacán y Nuevo León. Mientras que en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Chiapas, se renovarán los congresos. Eso mismo pasara con la Cámara de Diputados a nivel federal.

Con un costo de 18 mil millones de pesos el Instituto Nacional Electoral (INE) se estrena organizando todos estos procesos electorales, pero sus máximos retos no son sólo ofrecer votaciones transparentes y legítimas, sino enfrentar los enormes riesgos que representa para el ejercicio ciudadano elegir a sus representantes populares bajo la presencia del crimen organizado. Los partidos políticos están sumidos en una severa crisis de gobernabilidad y la selección de sus candidatos a gobernadores, diputados o presidentes municipales pasan por un tamiz de desconfianza e incredulidad por la enorme cantidad de casos de corrupción y colusión con las bandas criminales.

Ninguno de los partidos participantes se escapa de las manchas indelebles que han dejado sus vinculaciones con grupos criminales.

Michoacán y Guerrero son los ejemplos más claros del impacto de la violencia y la infiltración del crimen organizado con los exgobernadores Fausto Vallejo y Ángel Aguirre Rivero, acusados de recibir dinero y apoyo de bandas del narcotráfico para ganar sus respectivas elecciones.

Las otras entidades no se escapan de esta espiral de violencia y corrupción, pero hay algunas como Chiapas, Campeche y Yucatán donde las oligarquías locales son las que habrán de representar el principal riesgo para que se realicen elecciones limpias y transparentes.

Mientras que otras como el Distrito Federal y Estado de México tienen el problema de las mafias clientelares corrompidas y corruptoras a las que sólo les interesa alcanzar un puesto político para enriquecerse a través de los negocios que pueden realizar bajo la égida de un cargo popular.

En elecciones anteriores ya ha habido intervención directa con dinero o con hombres armados por parte de los diferentes cárteles que si bien en un principio no se interesaban en ocupar puestos políticos, hoy si lo desean a través de candidatos surgidos de sus filas criminales.


Votos y balas podrían ser la constante en las elecciones intermedias de este año, si esto pasa el riesgo será para la elección presidencial del 2018 pues el camino estará allanado para que cualquier grupo del crimen organizado llegue a posiciones de poder político afianzando las bases de un narcoestado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)

Solicitan licencia cuatro senadores; dos del PRI, uno del PRD y uno del PVEM

MÉXICO, D.F: Los senadores del PRI, Ricardo Barroso Agramont e Isaías González Cuevas, solicitaron licencia a la Comisión Permanente del Congreso para buscar la candidatura de su partido por Baja California Sur.

El perredista Sofío Ramírez Hernández también solicitó licencia para postularse como candidato a gobernador en Guerrero, y el senador del Partido Verde, Jorge Emilio González, mejor conocido como El Niño Verde, se irá por tiempo indefinido para atender “asuntos personales”.

En la bancada de esa fuerza política se mencionó que el padre del Niño Verde y fundador del partido, Jorge Emilio González Torres, se encuentra enfermo. En lugar de Jorge Emilio González quedará su suplente Jorge Aréchiga Ávila, y el senador Carlos Puente, integrante de la telebancada, se convertiría en el coordinador de la bancada.


Este miércoles también se reincorporaron a sus actividades como senadoras las priistas Cristina Díaz y Marcela Guerra, quienes aspiraban a ser candidatas a la gubernatura de Nuevo León.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Ejecutan a juez en Coyuca de Catalán

MEXICO, D.F: Jesús Sales Vargas, juez civil de Coyuca de Catalán, Guerrero, fue asesinado a balazos esta tarde cuando se encontraba en su domicilio en esa localidad de la región de Tierra Caliente.

El asesinato ocurrió en el domicilio de Sales Vargas, localizado a sólo 50 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, confirmaron autoridades estatales.

El reporte señala que el funcionario del Poder Judicial estatal recibió varios balazos y su muerte fue instantánea.

Al sitio arribaron los elementos de Servicio Médico Forense, personal del Ministerio Público y el médico legista Daniel Salgado.


La esposa del juez, Mar y Cielo Cruz Pineda, fue la que identificó el cadáver, según el informe, pero aún se desconocen las causas de su homicidio, por lo que las líneas de investigación siguen abiertas.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.

El bunker energético

Hoy Pemex pondrá a la venta un paquete de información para la explotación y exploración de aguas profundas. Esta será administrada durante los próximos cinco años por la compañía texana Schlumberger.

El primer paquete de información de 14 bloques de aguas profundas de México para su exploración y explotación sale hoy sale a la venta con una novedad: Cualquier empresa interesada en concursar por uno de esos espacios nacionales tendrá que contactar a una empresa texana.

A partir de la Reforma Energética, toda la información generada y resguardada por Pemex, más la que genere ésta y las petroleras privadas que explotarán yacimientos en México, se concentra en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos operado por empleados de la compañía Schlumberger, que durante años también ha recopilado información de gran interés para Pemex.

La contratación a Schlumberger, compañía texana de servicios petroleros Schlumberger, con sede en Houston, fue firmada el 29 de septiembre pasado por 254.3 millones de pesos. Tendrá vigencia hasta septiembre de 2019 y fue producto de una invitación a tres empresas, en la que compitió contra la francesa CGG y la texana Halliburton.

Durante los próximos cinco años administrará la información más sensible del sector petrolero, que hasta finales del año pasado estuvo a resguardo de Pemex. 

No está exenta de polémica ni de riesgo, reconoce Oscar Roldán Flores, funcionario de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se encargó de la licitación. 

En entrevista con Reporte Indigo, defiende por qué determinaron la elección de la compañía, cuyo trabajo de implementación se concretará hoy con la venta de los primeros paquetes de información geofísica para los licitantes de la ronda uno. 

Responsabilidad de resguardo

Uno de los cambios más radicales de la reforma energética consistió en la colocación, desde los artículos transitorios de la reforma constitucional, de un mandato para que toda la información sísmica, de geofísica, de pozos y de producción pasara a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Estos datos históricamente fueron generados y guardados por Pemex. Incluyen desde muestras físicas de petróleo y rocas del interior de los pozos, hasta cantidad de producción y reacciones químicas en cada yacimiento. 

La responsabilidad de resguardo y manejo de toda la información ya existente, más la recopilación de la que generarán en el futuro tanto Pemex como las petroleras privadas que ahora explotarán yacimientos en México, se concentró en los últimos meses en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

El centro de datos se ubicó en un bunker en Monterrey y dos fibras ópticas trasladarán la información hasta el edificio a unos pasos del Parque Hundido, en la Ciudad de México. 

Durante el próximo lustro, cuando se firmarán los contratos de las primeras rondas para privados, que podrán durar hasta 35 años, los operadores de este Centro no serán empleados de gobierno sino de la compañía texana Schlumberger, que durante años también ha recopilado información de un interés crucial para Pemex. 

La decisión para contratarlos, dice en entrevista el director general de Estadística y Evaluación Económica de la CNH, Oscar Roldán, fue en principio por falta de tiempo. 

Después de la aprobación de las leyes secundarias, la CNH tuvo entre julio y octubre para elaborar y terminar la licitación, para comenzar a operar y tener listos hoy los cuartos de datos, de acuerdo con el calendario de implementación de la reforma que la propia Comisión publicó cuando dieron a conocer la ronda uno. 

Hicieron una invitación a tres porque son de las únicas compañías en el mundo que tienen softwares de manejo de datos para ligar la información petrolera que tendrán en el centro de datos y hacer un mapa comprensible para trabajar los millones de datos digitales, que sólo con la primera entrega de Pemex de cuatro activos es ya de 15 mil archivos, dice Roldán.

Una característica esencial de este nuevo Centro es que todos los datos son propiedad de la Nación, lo que hace doblemente delicado su resguardo.  

Aunque Schlumberger dará un “servicio integrado”, que va desde la colocación de cada cable hasta la operación de todo el sistema digital, el funcionario defiende que “cada puerta de decisión requiere supervisión y aprobación nuestra. Ahí es donde entra este contrato con la Universidad de Coahuila. La decisión sobre qué control de calidad le van a aplicar a la sísmica es de nosotros”.

Se refiere a un segundo contrato por tres millones de pesos, firmado con la Universidad Autónoma de Coahuila para supervisar el de Schlumberger.

“El gran riesgo es que pierdes control de lo que está pasando al interior de ese contrato. Se vuelven cajas negras, eso le pasó a Colombia, que tiene una mala experiencia con esta misma empresa, Schlumberger. 

“La empresa no es hermana de la caridad. Si haces un mal contrato y una mala supervisión te van a llevar al baile. La empresa no va a decir: ay, pobre regulador. Si haces mal la elaboración y supervisión del contrato tu proyecto sin duda fracasa”, acepta el director del área.


A pesar de esta triangulación y de que firmaron otra asesoría técnica por 1.4 millones de pesos con el ingeniero en sistemas con experiencia en manejo de sistemas integrados, Juan Alfonso Mireles Belmonte, para ayudarles en el proceso de licitación, Roldán asegura que este depositario “es el más barato en el mundo. A Brasil le cuesta solamente la parte de la base de datos 85 millones de dólares”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

La carrera por el poder

Algunos muy conocidos, otros no tanto, pero cerca de una veintena de precandidatos buscan una diputación, alguna alcaldía y la gubernatura en Nuevo León. Esta es la oferta de los partidos políticos para las elecciones de este 2015: casi nada nuevo.

Este es un año electoral inédito en Nuevo León.

Y es que más de una veintena de aspirantes a una candidatura levantaron la mano, en busca del poder gubernamental de los diferentes puestos de elección popular que se juegan el próximo 7 de junio.

Algunos precandidatos muy conocidos, otros no tanto, pero todos buscan una diputación, alguna alcaldía y la gubernatura, esto es la oferta de los partidos políticos en este 2015: casi nada nuevo.

Se juega mucho en estas elecciones. Los proyectos federales y la apertura para explorar energía en Nuevo León traerán fuertes dividendos a la ciudadanía, y todos buscan colgarse la “medallita”.

Se renovarán la gubernatura del estado, los 51 municipios, 12 diputaciones federales y 26 diputaciones locales.

GOBERNADOR

> Ivonne Álvarez (PRI)

Aunque había prometido ante notario no “chapulinear” cuando ganó la alcaldía de Guadalupe, esto no tuvo un efecto negativo cuando se separó del cargo para buscar y ganar la senaduría, incluso ahora que ya es candidata del PRI a la gubernatura, está arriba de las preferencias.

Designada como abanderada tricolor para gobernadora, tendrá que mostrar un proyecto renovado que estabilice las finanzas de Nuevo León, por lo que su equipo de campaña tendrá una dura tarea para presentar algo distinto.

Aunque rompió con la CTM por un desacuerdo con Ismael Flores, líder de esta central obrera, aparentemente sí tiene el apoyo de los cetemistas de Guadalupe en su campaña.

No obstante este camino no podría estar lleno de flores y aliento, la “guerra sucia” estará presente a lo largo de toda su campaña política.

> Margarita Arellanes (PAN)

Su lado fuerte podría centrarse en que es la mejor posicionada como aspirante del PAN a la Gubernatura, pero el poco “timing” para conciliar y negociar podría ser su debilidad en su carrera por la votación interna.

Ella apuesta al apoyo de los líderes del grupo San Nicolás, de Seferino Salgado, y una parte de la División del Norte.

Pero el grupo de la Santísima Trinidad, encabezado por Raúl Gracia y un ala de la División del Norte, de José Serrano, podría desestabilizar la aspiración de Arellanes, que aparentemente está en un reacomodo de estrategia con su equipo.

> Jaime Rodríguez ( i )

Continúa en su cabalgata en busca del aval de al menos unos 100 mil ciudadanos, esto para poder registrase como candidato independiente ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y continuar su camino hacia la gubernatura.

Arrojado y decidido, su imagen de “Bronco” ha llegado a la simpatía de los nuevoleoneses, y su sueño de acabar con el bipartidismo está más fuerte que nunca, pero él está 100 por ciento convencido que no irá con ningún partido.

Pretende acabar con la corrupción, el problema en el transporte público, la inseguridad, la educación y retirar el impuesto sobre la nómina a los empresarios para que aumenten el salario a sus trabajadores.

> Felipe Cantú  (PAN)

Con una imagen renovada, Felipe de Jesús Cantú se perfila para darle batalla a su contrincante panista para la candidatura del PAN a la Gubernatura, y sus baterías se concentran en convencer que él es la mejor opción entre electorado albiazul.

Y todo parece indicar que ya tiene como aliados a una parte del grupo la División del Norte y a la Santísima Trinidad, de Raúl Gracia, pues aparentemente ha tenido un buen discurso para convencer a la militancia de Acción Nacional.

Su carta fuerte está concentrada en que, como diputado federal en la Comisión de Energía, conoce a la perfección los “detalles” de la reforma energética, por lo que tiene la confianza de llevar a buen puerto el “boom” energético en Nuevo León.

> Fernando Elizondo (PRD)

Pese a que Fernando Elizondo, habría descartado buscar una candidatura independiente para la gubernatura de Nuevo León, en las últimas semanas su nombre es mencionado en varios partidos pequeños.

El exgobernador ha tenido pláticas con la dirigencia del PRD, en busca de negociar su candidatura, pero no ha anunciado nada en concreto.

En su cumpleaños, el 6 de enero, mencionó entre sus invitados que muy pronto tendría buenas noticias.

> Fernando Margáin (PRD) (PT)

Fernando Margáin continúa en pie de lucha para registrarse como aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura de Nuevo León, y refutó la falta de imparcialidad por parte de la dirigencia estatal albiazul.

Presentó una impugnación al proceso ante la sala nacional del Tribunal Federal Electoral, el cual será resuelto este día.

Según la Comisión Organizadora Electoral del PAN, Margáin recabó 2 mil 216 firmas, pero sólo entregó mil 875.

> PRD Y PT

La coalición “Paz y Bienestar” del PRD Y PT aún no tiene definido su candidato a la gubernatura de Nuevo León.

Sus cartas fuertes están en cuatro aspirantes: Sandra Guadalupe Guerra Garza y Humberto González Sesma, por el PRD; mientras que por el Partido del Trabajo, Sergio Arellano Balderas y Karla García Marqueda.

Hasta el cierre de esta edición esta coalición no ha informado quién sería su abanderado para las próximas elecciones.

MONTERREY

> Iván garza  (PAN)


En el Partido Acción Nacional ya está anotado su nombre como precandidato a la alcaldía regia.

Quien fungiera como presidente del PAN municipal cuenta con el apoyo de la alcaldesa con licencia, Margarita Arellanes. Pero el grupo conservador lo ha criticado por sus supuestos lazos con el “Zar de los casinos” José Rojas Cardona, factura que le podrían cobrar en la elección.

> Adrián de la Garza  (PRI)

El procurador del estado con licencia ha estado haciendo su luchita desde meses atrás.

Al quedar fuera de la candidatura al gobierno del estado, es uno de los posibles contendientes por la alcaldía de Monterrey. Ante las cámaras de TV y hasta para la foto de Facebook, el procurador inició su camino a una candidatura.

> Federico Vargas y Marcela Guerra  (PRI)

A pesar de que buscaban la candidatura del PRI para la gubernatura, los nombres de Federico Vargas y Marcela Guerra resurgieron de las cenizas.

Y ahora buscarán entrar a la terna por la alcaldía de Monterrey, municipio que contará con cuatro aspirantes priistas.

La suerte está echada en este partido, y la contienda luce cerrada, por lo que se espera que en los próximos días se decida quién será “el gallo” del PRI para el municipio regio.

> Adalberto Madero  (PAN)

El ya una vez alcalde de la capital se registró y asegura que resolverá los problemas de vialidad y estará cerca de los más vulnerables.

Hace algunos meses emprendió una campaña publicitaria con su imagen.

> Humberto González ( i )

Ya contendió por ese puesto en el 2009, perdiendo contra Fernando Larrazabal. Este año también se le menciona con aspiraciones a la gubernatura.

Para Monterrey no se ha anotado ningún independiente, y en el caso de “la chiquillada”, el partido Humanista, Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, aún no tienen suspirante.

> Aldo Fasci  (PRI)

El presidente del PRI en Monterrey ha manifestado su intención por ocupar la silla de la administración regia.

El exprocurador estatal y exsecretario de seguridad pública de Nuevo León plantea un plan integral para la ciudad, que optimice la movilidad, mejore la economía y el desarrollo urbano, atendiendo el tema de la seguridad.

SAN PEDRO

> Mauricio Fernández  (PAN)

La mayor ventaja de Mauricio Fernández es simple: buscará la candidatura por Acción Nacional, partido en el que milita y con el que ha llegado a la alcaldía de San Pedro en dos ocasiones.

Hay que tomar en cuenta que este municipio ha sido gobernado por el PAN durante muchos años, por lo que puede llegar al Palacio Municipal “caminando”, sin importar quién sea su candidato.

Pero Fernández tiene severos problemas. Recientemente se destacó el expediente que integra la PGR , donde lo involucra con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

También señala que en noviembre del 2009 intentó cruzar con marihuana y 209 pastillas de metanfetamina a Estados Unidos, según un cable revelado por WikiLeaks y publicado por Reporte Indigo durante diciembre del 2014.

Estos hechos dañaron la imagen de Mauricio Fernández previo a las elecciones, por lo que los sampetrinos podrían pensarlo dos veces antes de votar por él.

> Jorge González  ( i )

El aspirante a candidato independiente, Jorge González, encontró su mayor fuerza en las colonias populares de San Pedro.

Hasta ayer había logrado conseguir cerca de 2 mil, de las 7 mil rúbricas que necesita para conseguir su registro. Le apostará al trabajo de calle para ganarse el respeto y la firma de los sampetrinos.

> Álvaro Suárez ( i )

El activista y ahora aspirante a munícipe, Álvaro Suárez (también conocido como el 5X), buscará arrebatarle al PAN la alcaldía de San Pedro como independiente.

El también empresario sacará ventaja de su personaje como luchador social enmascarado, con el que además de pelear en el ring, lo hace en las calles, promoviendo valores en este municipio.

> Francisco Garza  (PRI)

Para muchos resulta extraño que se mencione como probable candidato al expresidente del Consejo Asesor de Cemex  para América Latina y Asesor del director general para Relaciones Institucionales.

Con una larga trayectoria en la empresa Cemex, de cristalizarse los rumores, Garza Zambrano daría una buena sorpresa a muchos suspirantes.

> Alberto Coronado  (PAN)

Buscará sacarle provecho a la imagen deteriorada de Mauricio Fernández, quien es su único contrincante por representar al PAN rumbo a la alcaldía de San Pedro.

Ya que se ha mantenido lejos de escándalos políticos, su persona resulta manejable a la hora de hacer campaña electoral, aunque en su contra está su bajo perfil político.

> Lorenia Canavati ( i )


La integrante de Evolución Mexicana, Lorenia Canavati, camina a marcha forzada para conseguir las 7 mil firmas que requiere para que la Comisión Estatal Electoral le otorgue su registro como candidata independiente por San Pedro.

La mejor jugada de la también activista será el hartazgo de los sampetrinos por los candidatos reciclados en los partidos políticos, principalmente del PAN.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.