Maestros y normalistas irrumpen en informe de gobierno de Guerrero

MÉXICO, D.F: Maestros de la Ceteg irrumpieron en el Congreso de Guerrero, desalojaron a empresarios del auditorio e incendiaron dos patrullas durante las movilizaciones de este jueves en la ciudad de Chilpancingo.

Las manifestaciones en Guerrero comenzaron desde la mañana cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas irrumpieron en el Congreso local cuando el mandatario Rogelio Ortega entregaba el cuarto informe de Gobierno.


Los disidentes quemaron una patrulla de la Policía de Tránsito Estatal en la calle y una más al interior del estacionamiento del auditorio “Sentimientos de la Nación”. Una persona que se inconformó con la actitud de los manifestantes fue agredida.

Policías antimotines evitaron el avance de los maestros al interior del Congreso y estos respondieron lanzándoles piedras y palos. Los inconformes desalojaron de las instalaciones a miembros de la Coparmex que tenían un acto oficial; les reprocharon las declaraciones que su dirigencia ha hecho contra el movimiento magisterial.

También acusaron que en el lugar estaba el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, aspirante a gobernar la entidad.


Más tarde fueron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir a su titular, Miguel Ángel Godínez, la liberación de su compañero Jesús Fernando Ortiz, detenido esta madrugada en Acapulco al trasladarse en una patrulla de tránsito estatal decomisada por el movimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los errores del general Cienfuegos

MÉXICO, D.F: El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha ido de error en error, exhibiendo la incapacidad política del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cambiaron de tajo el panorama del gobierno de Peña Nieto y en ambas el Ejército y su Alto Mando han tenido un papel central.

En el caso Tlatlaya, el error del general secretario fue inequívoco: trató de ocultar un crimen de lesa humanidad y sólo con la presión directa del gobierno de Estados Unidos aceptó que sus hombres cometieron actos graves contra el derecho humanitario internacional.

En el escándalo, que pronto se volvió mundial por investigaciones periodísticas, arrastró al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República.

El general de división, Diplomado de Estado Mayor, falló en la estrategia. Primero, hizo suya la versión del enfrentamiento que dejó 22 supuestos delincuentes abatidos.

Coronó la cadena de mando que inició con la versión del teniente responsable del pelotón militar agresor, que siguió con el capitán del agrupamiento y el coronel del 102 Batallón de Infantería asentado en el Estado de México. La cadena siguió con el aval de la jefatura castrense: el comandante de la 22 Zona Militar, el comandante de la I Región Militar y el jefe del Ejército.

Desde el teniente hasta el general secretario ocultaron oficial y deliberadamente que hubo ejecuciones extrajudiciales; ocho, según la Procuraduría General de la República; 15, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Después de que los hechos cayeron por su peso, el general secretario aceptó el exceso, pero evitó investigar y castigar a los responsables de la mentira. Sólo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

El general no quedó bien ni con sus hombres. Entre la tropa existe la idea de que decidió “entregar” a los soldados señalados en el caso Tlatlaya para proteger a los jefes. Excepto con éstos, el general secretario no ha quedado bien con nadie.

La moral del Ejército está diezmada. Es tiempo de política para el Ejército y el general parece rebasado en la batalla.

Aunque hasta ahora no hay evidencia de la participación directa de elementos del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas, el general secretario ha hecho una defensa inverosímil sobre la actuación del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes. Casi todos los hombres del Batallón estaban francos, ha dicho.

Los padres de familia acusan al Ejército de complicidad y en una escalada de sus protestas, el pasado lunes 12, atacaron la sede del Batallón, en una acción que ningún otro general secretario había padecido.

El papel del Ejército en Iguala no está nada claro y a la confusión ha contribuido el general Cienfuegos. En una decisión política tardía, porque debió tener información de que se preparaba el ataque al cuartel, ha aceptado que los padres de los desaparecidos y la CNDH entren a la instalación militar para buscar a los estudiantes. No pasará de la fotografía, con la infraestructura militar como escenario.

Si en el sexenio de Felipe Calderón el Ejército fue sometido al desgaste de la “guerra al narcotráfico”, con Peña Nieto la pérdida de esa fuerza armada es aún mayor, ante su responsabilidad en la violación de derechos humanos por su acción en Tlatlaya y su omisión en Ayotzinapa.


Para recuperar terreno a favor del Ejército y del gobierno de Peña Nieto, el general Cienfuegos sólo tiene una salida: transparentar y sancionar la actuación de sus hombres como corresponde a un Estado moderno. Pero esa parece una batalla que no está dispuesto a dar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Caso Tlatlaya: La tortura a tres mujeres sobrevivientes

MÉXICO, D.F: Las tres mujeres que sobrevivieron a la masacre de Tlatlaya fueron víctimas de todo tipo de abusos y tratos degradantes por al menos 20 servidores públicos mexiquenses que se encuentran actualmente sujetos a investigación, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según la recomendación de la CNDH 51/2014 del 21 de octubre del año pasado, las mujeres fueron amarradas de pies y manos; además, simularon asfixiarlas hundiendo sus cabezas en el agua de una taza de baño y/o con una bolsa de plástico, amenazaron con violarlas y golpearon en lugares que no dejaran huella para que se declararan culpables y aceptaran su pertenencia a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada.

También para que omitieran declarar sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra civiles rendidos.

En su recomendación, la CNDH señala que logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la PGEM, en agravio de las tres mujeres que estuvieron presentes en la bodega donde perdieron la vida 22 personas delas cuales ocho habrían sido ejecutadas por soldados.

Según los testimonio de las sobrevivientes, tras el enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de junio de 2014, que duró entre cinco y 10 minutos según su versión, debido a que las personas que estaban adentro de la bodega se rindieron rápidamente, elementos militares entraron y las aseguraron, igual que a otros dos hombres de entre 17 y 20 años que, igual que ellas, estaban secuestrados.

Las tres mujeres y los dos hombres permanecieron en el fondo de la bodega y después fueron trasladadas a un cuarto frontal de la bodega, del lado sur.

Durante este lapso, seguían oyendo disparos aislados. Eran las armas del ejército accionadas contra las personas rendidas, según las sobrevivientes.

Una de ellas declaró que aproximadamente a las 7:00 de la mañana, un par de horas después del enfrentamiento, llegó a la bodega una persona “alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares”, quien se acercó a los dos jóvenes y les preguntó en qué trabajaban y su edad.

Luego dijo que “los acompañara, que les iban a tomar una foto”. En ese momento escuchó disparos provenientes del fondo del cuarto, y enseguida regresó el mismo sujeto ya sin los dos jóvenes.

Más tarde, el mismo militar se dirigió en tono molesto con ella y le dijo que “si no cooperaba, él se encargaría de llevarla a la cárcel”.

El verdadero infierno para las tres mujeres inició cuando fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial del fuero común y llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de asuntos especiales en Toluca.

La CNDH entrevistó a una de las víctimas el 30 de septiembre del año pasado. La identifica como V24 en su recomendación.

Ella contó que una de las mujeres del personal ministerial de la PGJEM no las trataba bien
Cuando llegaron a las instalaciones de la Procuraduría en Toluca, la sentaron y le informaron que le iban a tomar su declaración. Un abogado de unos 35 años, calvo, la llevó a una oficina donde la interrogó, con él estaban tres personas más, entre ellas una mujer, quien le pidió su contraseña de Facebook.

Mientras la mujer hurgaba en el perfil de la víctima, el abogado calvo le decía que la iban a hacer hablar, “que tenía una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes”. La pateó en los costados del cuerpo y la amenazó con hacer daño a su familia, de la que estaban tomando nota en su perfil de la red social, le dijo que “no les costaba nada poner sus manos en las armas”.

Tomándola de los cabellos, la volvieron a poner en la silla y le preguntaron “quién era el (líder) de ahí”, le dijeron que era la mujer de alguno de ellos y le exigieron decir a qué sicarios conocía.

Cuando contestaba que no sabía le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. “Ahora resulta que te vienes a hacer la inocente”, le dijeron.

El “interrogatorio” duró unos 30 minutos, según el testimonio, y al final la amenazaron de no decir nada de lo ocurrido o de lo contrario “su hija quedaría en un orfanato”.

Al día siguiente, en la madrugada, la llevaron a otro lugar cercano. La metieron a un baño con tres hombres y uno de ellos le dijo que ahí “ellos hacían hasta que los muertos hablaran”.

Le jalaron el cabello, le pegaron en las costillas, y con una bolsa de plástico la asfixiaron. No se podía mover le colocaron brazos y piernas cruzadas por la espalda. Intercalaron el interrogatorio y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo “esa vieja se nos va a morir”.

Luego metieron su cabeza a la taza del baño, unas cuatro veces mientras le decían que tenía que decir que las personas fallecidas “habían matado a 10”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados.

No paró ahí. Uno de los hombres amenazó con violarla, se bajó el pantalón y le ordenó que se inclinara. En ese momento ella accedió a declarar lo que le indicaran, firmó lo que le dieron, sin leerlo.

Otra de las sobrevivientes, identificada como V25, corrió la misma suerte. En su declaración dijo que los militares habían ultimado a varios en la bodega y una de las abogadas que estuvo presente en la bodega tras el enfrentamiento la llamó mentirosa, “que los militares no habían matado a nadie” y ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado.

También la llevaron al baño, pero en esta ocasión había seis hombres. Uno de ellos le preguntó si “quiere que la traten como persona o como animal, aquí sabemos pegarle a las personas sin que se note”. Luego entre todos la golpearon en la cabeza con los nudillos y las palmas, la insultaron, hasta que uno de ellos sacó la bolsa de plástico para asfixiarla. La maniobra se repitió en cinco ocasiones.

Al intentar librarse, le preguntaron “si ya iba a hablar”, entonces sacaron una lista con nombres y una videocámara y le dijeron que a lo que le preguntaran, tendrían que decir que sí. También la amenazaron con violarla y también firmó una declaración que no leyó.
La tercera mujer corrió con mejor, suerte porque no la golpearon.

La CNDH solicitó a peritos médicos y psicólogos una valoración por posibles violaciones a derechos humanos, tortura, malos tratos o inhumanos y/o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.

La valoración se realizó el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre y se tomaron en cuenta los certificados médicos y estudios psíquicos físicos realizados por peritos de la PGJEM, Procuraduría General de la República (PGR), y del personal médico del Cefereso No. 4 Noroeste.

Los certificados médicos corroboraron el dictamen de integridad física realizado por peritos de la PGR el 6 de julio de 2014 “en donde se certificó, respecto a V24, que presentó dos costras hemáticas puntiformes en codo izquierdo, equimosis rojo violácea irregular de 3×13 centímetros en cara lateral derecha del tórax a nivel de línea axilar media y noveno arco costal, equimosis difusa rojiza irregular de 5×2 centímetros en flanco izquierdo”, señaló la CNDH.

En cuanto a la valoración psicológica, se le diagnosticó que “tiene problemas para conciliar el sueño, miedo por ella y su familia, recuerdos recurrentes e invasores y sentimientos de tristeza”.

En el caso de V25, los síntomas psicológicos diagnosticados fueron: “labilidad emocional, sentimiento de soledad y desprotección, hipersomnia, aislamiento o intolerancia, recuerdos permanentes de lo ocurrido en la bodega y durante su detención, que no puede ser limitados voluntariamente y despersonalización (pérdida de la identidad que suele ir acompañada de un sentimiento de extrañeza hacia sí misma, confusión y desorientación en el tiempo y espacio)”.

En su recomendación, la CNDH, estimó que “si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.


Además, señaló que “es muy probable” que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la PGJEM, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La compañía aeronáutica Bombardier eliminará empleos en México y EU

MÉXICO, D.F: Ante la baja demanda por el avión ejecutivo Learjet 85, la compañía aeronáutica canadiense Bombardier anunció que este año eliminará mil empleos en sus plantas en México y Estados Unidos.

“Teniendo en cuenta la debilidad del mercado, hemos tomado la difícil decisión de hacer una pausa en el programa del Learjet 85 en este momento. Centraremos nuestros recursos en nuestros otros dos programas de aviones en fase de desarrollo, el CSeries y Global 7000/8000″, señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de la empresa, Pierre Beaudoin.

De acuerdo con un despacho informativo de la agencia AP, el recorte de personal en la división de aviación de negocios es la tercera ola de despidos en la empresa en poco más de un año.

En diciembre 2013 había anunciado la supresión de mil 700 empleos y el verano pasado informó del recorte de otros mil 800.

Además del despido de trabajadores, para lo cual desembolsará 25 millones de dólares por compensaciones en el primer trimestre de 2105, Bombardier anunció que reducirá el valor de su programa de Learjet 85, lo que resultará en un cargo previo a impuestos de mil 400 millones de dólares.

Señaló, asimismo, que sus operaciones en Wichita, Kansas, Estados Unidos, y Querétaro, México, siguen siendo importantes para la compañía, tanto para Learjet como otros tipos de aviones que produce.

La planta en Wichita realiza el ensamblaje final del Learjet 70 y el Learjet 75 y tiene un centro de pruebas de vuelo y servicios.


La planta en Colón, Querétaro, inaugurada en 2010, es la encargada de la fabricación de 85% del Lear Jeat.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones sociales acusan a Peña de intimidar y reprimir

MÉXICO, D.F: Organizaciones sociales acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de utilizar “la acción penal como estrategia de intimidación y represión”, luego de que un juez federal notificó la apelación contra el auto de libertad obtenido por activistas detenidos tras participar en una manifestación para exigir la presentación con vida de los estudiantes de Atoyzinapa.

En un comunicado, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia (ODI) informaron que el 12 de enero fueron notificados de una apelación interpuesta por el Ministerio Público Federal el pasado 29 de noviembre, “en contra del auto de liberación por falta de elementos para procesar”, a favor de 11 personas detenidas durante los disturbios del 20 de noviembre.

Las organizaciones que defienden a siete de los 11 detenidos recordaron que el mismo 29 de noviembre el juez 17 de Distrito con sede en Xalapa, Juan Carlos Martínez Gómora, resolvió que las acusaciones formuladas por la PGR en contra los 11 detenidos eran inconsistentes. Los acusaban de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.

El IMDHD y la ODI recordaron que el juez federal evaluó que el Ministerio Público Federal no aportó “elementos suficientes para acreditar los delitos que pretendía imputarles”, decisión que puso en evidencia “la falta de elementos, la simulación de una detención en flagrancia, la detención arbitraria y la pobre argumentación jurídica y fáctica”.

Para las organizaciones que participaron en la defensa de los detenidos, con las pruebas aportadas “quedó claro que la acusación montada por la PGR no esclarecía ni buscaba dar con la verdad histórica de los hechos”.

A casi tres meses de las detenciones, los activistas y sus defensores recibieron una notificación del Sexto Tribunal Unitario en materia Penal del Tercer Circuito, con sede en el Distrito Federal en el que se les informaba de la apelación interpuesta por el Ministerio Público Federal “en contra del auto de liberación por falta de elementos para procesar, dictado por el juzgado Decimoséptimo de Distrito de Xalapa”, mismo que declinó competencia a favor del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Para las organizaciones, el recurso interpuesto por la PGR “se encuadra en el uso de la acción penal como estrategia de intimidación y represión pues significa que el proceso se mantenga jurídicamente vivo”.

Avivar el juicio contra los activistas, agregaron, abre “la posibilidad de ser reaprendidos en cualquier momento”, en tanto que para la PGR es “un intento por salvar lo insalvable: la legitimidad de una acusación sustentada en una simulación de flagrancia contra personas detenidas al azar el 20 de noviembre de 2014”.

Acusaron que “la PGR ha ocultado información a la defensa, mostrando una copia de la averiguación previa incompleta”, por lo que siete de los detenidos representados por el IMDHD y la ODI han presentado amparos “por obstaculización de una defensa adecuada”.

En la apelación presentada por la PGR, agregaron, no argumentó agravios “mostrando con ello una actuación oscura para continuar intimidación a estas personas, a quienes, por cierto, se les ha identificado como ‘los compas”.

Las organizaciones apelaron al Tribunal Unitario en materia penal del Tercer Circuito, a “ejercer su función jurisdiccional con independencia y apego a los más altos estándares de protección a los derechos humanos”.

Para el IMDHD y la ODI advirtieron que “la única forma de incrementar la capacidad de investigación de la PGR es que existan contrapesos reales que desincentiven las prácticas autoritarias ajenas a un Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.

Las personas defendidas por estas organizaciones son Tania Damián Rojas, Hugo Bautista Hernández, Liliana Garduño Ortega, Isacc Domínguez Ayala, Atzin Andrade González, Luis Carlos Pichardo Moreno y Hillary Analí González Olguín.


Los cuatro varones estuvieron encarcelados en el penal federal de Perote, Veracruz, en tanto que las jóvenes estuvieron recluidas en la prisión federal de Tepic, Nayarit.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Trabajadores de la salud de Oaxaca mantienen el paro por retraso de pagos de salario y aguinaldo

10 mil empleados de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud pararon labores en todas las clínicas y hospitales públicos de Oaxaca.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó este jueves 15 de enero que la Secretaría de Salud federal intervenga para restablecer los servicios médicos en las instituciones de la Secretaría de Salud Estatal para evitar violaciones a los derechos de los pobladores, tras tres días de paro de labores en los 50 hospitales y mil clínicas del estado.

Cerca de 10 mil empleados de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) dejaron sus puestos en todas las clínicas y hospitales públicos de Oaxaca, según un reporte de Proceso.

El ombudsman estatal, Arturo Peimbert,  informó que se inició de oficio el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/0038/(01)/OAX/2015, al enterarse de la protesta que ya cumple tres días.

Peimbert tuvo conocimiento de que la protesta se debe a que los  trabajadores de salud no han obtenido respuesta a las demandas hechas a las autoridades estatales, principalmente por pago de salarios y aguinaldo de trabajadores contratados por el denominado Seguro Popular, así  como por la deuda que mantiene la dependencia con instituciones de crédito, de acuerdo con un reporte de Milenio.

El ombudsman estatal solicitó a la Secretaría de Salud federal y estatal que atiendan “de inmediato las peticiones de los trabajadores de la Sección 35 del SNTSS, así como dar a conocer un informe detallado de los avances de las mesa de negociación.

Las demandas de los trabajadores

Los inconformes demandan a los gobiernos estatal y federal una mesa de trabajo del más alto nivel y la liberación de los pagos a empresas de línea blanca: como Fonacot, inmobiliarias y cajas de ahorro, según el semanario Proceso.

Mario Félix Pacheco, líder del SNTSA, exigió una mesa con el gobierno federal para pagarles a terceros institucionales (Fovissste y Afores, entre otros), un monto que supera los 800 millones de pesos.

La deuda por salarios caídos es de aproximadamente 48 millones de pesos, sólo por la quincena del 31 de diciembre, que afecta a poco más de 4 mil trabajadores regularizados. el lídr sindical sostuvo que hasta la noche del miércoles no había ningún acuerdo con la Secretaría de Salud de Oaxaca para resolver la demanda.


Félix Pacheco dijo que se emitió una nueva convocatoria para que continuara el paro de labores, en la modalidad de asamblea permanente, sin afectar las atenciones de urgencia ni las cirugías programadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

48 mil profesores se quedan sin quincena en México

Autoridades educativas acordaron que se revisarían todos los casos y se pagará del 13 al 25 de enero.

En todo el país hay 48 mil 442 casos de maestros y trabajadores de la educación cuya situación laboral no ha sido aclarada por las autoridades educativas estatales, por lo que no cobraron la primera quincena de este año, informó este jueves 15 de enero la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Las solicitudes de pago, que se recibieron por parte de los estados, fueron validadas en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, determinándose procedente el pago efectuado a 918 mil 222 servidores públicos que ocupan plazas registradas y conciliadas en el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo), y cuentan con la constancia de nombramiento, debidamente autorizada por las entidades federativas.

“Asimismo existen 48 mil 442 casos que son objeto de aclaración por parte de las entidades federativas y que están referidos principalmente a constancias de nombramientos pendientes de informar”, señaló Rodolfo Alor Muñoz, director de la dirección general de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de la SEP.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, Oaxaca es la entidad con el mayor número de casos por aclarar, puesto que 6 mil 904 trabajadores se encuentran en esa situación.

Para que la nómina de cada uno de esos 48 mil 442 casos sea cubierta, la SEP aclaró que las autoridades educativas de cada estado deben proporcionar la información faltante que aclare su situación. “Los casos que no se aclaren o se determinen improcedentes, deberán ser pagados con recursos de las entidades federativas, en términos de las disposiciones normativas”, indicó.

Alor Muñoz agregó que la SEP sí realizó el pago a 918 mil 222 trabajadores.

El diario Reforma publicó este 15 de enero que del total de la nómina reconocida por los líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estaban pendientes 7 mil que no habían sido reconocidos por la SEP.


Sin embargo, tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, se acordó que se revisarían todos los casos y se pagará del 13 al 25 de enero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Agotadas las líneas de investigación en caso de normalistas desaparecidos: PGR (13 ENERO 2015)

México, DF. El director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, se encuentra dando una conferencia de prensa en la que ha afirmado que hay más órdenes de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda y 52 personas más por los delitos de delincuencia organizada, así como otra contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y 45 policías por secuestro. Hasta el momento se ha interrogado a un total de 380 personas, entre ellos 36 militares.

De manera textual, Tomás Zerón señaló: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”

Durante una lectura de comunicado, realizada en la sede de la PGR, mencionó que el encuentro, sostenido por funcionarios federales con asesores jurídicos y padres de los 43 normalistas desaparecidos tuvo “la finalidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas (...) así como establecer y aclarar las dudas que habían surgido de la exposición”, pues dijo que se mostró un video con una cronología de los hechos elaborada a raíz de las declaraciones tomadas en este caso.

Dijo que en esta exposición se destacó la presentación de peritajes y dictámenes “científicos que constan en la averiguación previa y de las que se desprende de las declaraciones de los involucrados, especialmente de quienes participaron en la última etapa de los hechos que tienen sustento y que fueron el 26 de septiembre”.

Indicó que el video presentado a los padres y los asesores “en breve será dado a conocer a la opinión pública” y aseguró que en esa grabación “se detalló paso a paso el resultado de la investigación”.

Informó que el Ministerio Público federal ha obtenido en esta indagatoria 221 órdenes de aprehensión por diversos delitos y que ya suman 97 personas detenidas en contra de las cuales se cumplimentó más de una orden de captura.

En esta investigación, la PGR indagó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Iguala y en los que se vieron involucrados policías de los ayuntamientos de Iguala y Cocula, y también integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Indicó que en la investigación se acreditó la vinculación de María de los Ángeles Pineda Villa y el grupo Guerreros Unidos y añadió que se obtuvo una orden de captura contra ella y 52 personas más por el delito de delincuencia organizada, mandamiento judicial que se agrega a la acusación que le había sido formulada con anterioridad por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Dio a conocer también la emisión de otra orden de captura en contra de 45 personas, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, como presuntos responsables del delito de secuestro en agravio de los estudiantes normalistas.

Este mandamiento judicial es el primero que Pineda Villa enfrenta en el ámbito federal por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Expuso también que se giró una orden de captura en contra de cinco elementos de la policía municipal de Igual por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, ya que están vinculados o acusados de haber participado en el homicidio e inhumación clandestina de 30 personas que fueron victimadas y cuyos restos se localizaron en nueve fosas descubiertas en los municipios de Iguala y Cocula tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Zerón de Lucio mencionó que de los 30 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, doce de ellos ya han sido plenamente identificados y en breve serán entregados a sus familiares.

Expuso que en esta investigación se interrogó a 380 personas, entre ellas 36 militares, sin embargo dijo que no existe ningún señalamiento directo contra los integrantes del Ejército Mexicano.

Finalmente dijo que se otorgará apoyo a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para el otorgamiento de una ambulancia y la dignificación de la escuela normal.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

Si los comicios fueran hoy no habría elecciones en Guerrero, admite el INE

MÉXICO, D.F: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, admitió hoy que la inestabilidad social y política que privan actualmente en el estado de Guerrero pone en riesgo la elección de junio próximo.

“Si los comicios fueran hoy no podríamos hacer las elecciones en Guerrero, pero estamos trabajando para que se hagan; faltan meses para los comicios y estamos en ello trabajando”, dijo.

En entrevista con Grupo Imagen, el funcionario electoral reconoció que hay muchas voces que piden la suspensión de los comicios en Guerrero ante los conflictos que se viven tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin embargo, subrayó, eso no abonaría a la democracia. “Lo que está en juego en las elecciones es la viabilidad del sistema democrático, pues de no realizarse habría un terrible vacío de poder”, dijo.

Añadió: “Sobre las elecciones en algunos distritos, en particular en Guerrero, la respuesta es no (realizarlas), pero tenemos unos meses para poder hacer que las elecciones se desarrollen.”

El presidente consejero del INE afirmó que estos comicios serán los más complejos y también los más fiscalizados.

“Las próximas elecciones serán las más fiscalizadas en la historia del país, aunque por supuesto que la rendición de cuentas se debe dar en todos los planos”, señaló.

Ayer, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, aseguró que sí habrá elecciones en la entidad en junio entrante, apoyado en el principio de que “nadie le puede ocultar al pueblo guerrerense su legítimo derecho de elegir a sus autoridades”.


Pese a los amagos del magisterio de impedir los comicios, el mandatario dijo que existen las condiciones para realizar los comicios de este año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hacienda prevé sacar 50 mmdp del Fondo Petrolero para cubrir el hoyo en las finanzas

Los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, y de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, dijeron ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que si continúa la caída en los precios del petróleo tendrán que recurrir a ingresos tributarios, antes de un recorte en el gasto público. Asimismo mencionaron que de seguir esta tendencia, en 2016 el gobierno federal utilizará 50 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

“En caso de que se materializarán choques adicionales que pudiesen afectar los ingresos públicos, cabe recordar cual es el procedimiento marcado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se seguiría. En el caso de cualquier disminución en un rubro particular de ingresos, eso se puede compensar con excedentes que hubiesen en otros rubros. Es lo que se observó en 2014 donde el faltante en ingresos petroleros fue compensado con ingresos tributarios, por lo que no fue necesario un ajuste en el gasto público”, dijo este día Messmacher.

En tanto, Aportela Rodríguez comentó que si los precios del crudo mantienen su tendencia a la baja, el gobierno federal contará con 50 mil millones de pesos en 2016 para enfrentar esa adversidad. Sin embargo, el funcionario precisó que ese Fondo contaba al cierre de 2014 con  36 mil millones de pesos, monto que aún no incluye la subcuenta de los 2.6 dólares por barril, “es decir, es lo que tenemos libre al cierre del año pasado y durante este año, de acuerdo al presupuesto, se le abonarán 16 mil millones”.

“Quiere decir que para 2016 tendríamos en principio 50 mil millones de pesos para enfrentar estas variantes o diferencias en los ingresos públicos”, comentó Aportela. Indicó además que el presupuesto del país para 2016 podría incluir una menor estimación en el precio del petróleo que el previsto este año, de continuar el declive en los precios internacionales del combustible.

“De continuar estos valores observados y los valores que se estiman tendría que ser un precio menor al que estamos saliendo hoy día”, dijo el subsecretario, al referirse al presupuesto de 2016.

Aportela Rodríguez y  Miguel Messmacher Linartas sostienen una compareciencia ante la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).

Los temas que abordan los funcionarios federales ante este órgano legislativo, presidido por Héctor Gutiérrez de la Garza, son las variables económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobada para 2015, el precio de petróleo se estimó en 79 dólares por barril y el tipo de cambio en 13.4 pesos por dólar.

Ante la volatilidad reciente que han registrados los mercados internacionales, en las últimas semanas el precio de la mezcla mexicana de exportación se ubica por debajo de los 40 dólares por barril, mientras que el tipo de cambio ronda los 15 pesos por dólar.

El escenario macroeconómico para 2015 prevé además un crecimiento económico de 3.7 por ciento, inflación de 3.0 por ciento, déficit presupuestario de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tasa de interés al fin del periodo de 3.5 por ciento.


En tanto, la plataforma de producción de petróleo crudo se establece en 2.4 millones de barriles diarios, entre otros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-01-2015/1219585.

Roberto Servitje, fundador de Bimbo: “Se ha dado a Ayotzinapa una dimensión que no tiene”

El empresario Roberto Servitje, fundador de Grupo Bimbo, dijo que algunos grupos inconformes se han aprovechado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le han dado al caso “una dimensión que no tiene”.

“Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene. Y se están aprovechando. Con respeto a todos ustedes los medios, también exacerban la situación”, dijo este día Servitje en una reunión con empresarios.

El ex presidente del Consejo de Administración de la panificadora más grande del mundo manifestó su confianza en que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto actuará para devolverle al país la estabilidad. “La base de México es sólida. En comparación con otros países tiene situaciones muy ventajosas. Soy optimista de este país”, dijo.

Servitje criticó a los empresarios del país que no tienen idea de la responsabilidad social que les toca. “Engañan a sus clientes y a sus trabajadores y los despiden, cuando en realidad deben ser los principales generadores de bienestar, de empleo”, indicó.

“La sociedad está enormemente influida por lo que hacemos los empresarios. En una sociedad donde las empresas sean honestas, responsables y respetuosas es muy probable que la sociedad se conduzca de esa manera. También en una sociedad donde sus empresas sean corruptas, irresponsables, que engañen a sus consumidores y al fisco, seguramente esa sociedad será igual”, agregó.

EMPRESARIOS RECHAZAN ACTOS VIOLENTOS 

Por su parte, los empresarios de México agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazaron los actos de violencia en contra de instalaciones del sector privado y equipo de transporte, los cuales se han registrado los últimos días en el país y, afirman, afectan “gravemente” la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social.

“Las acciones ilegales que hemos venido observando en diversas regiones del país constituyen una provocación de grupos que afectan gravemente la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social”, manifestó en un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La cúpula empresarial mexicana reconoció las legítimas demandas sociales que existen en el estado de Guerrero y en México por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, rechazó la violencia y las agresiones “de grupos que utilizan este tema como un pretexto para dañar instalaciones y equipo de transporte de las empresas y del sector oficial”.

“Condenamos los ataques a las policías, federal y estatales, y en especial en contra de las instalaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas”, refiere el documento.

Además de vulnerar aún más la seguridad de la población y fracturar el orden social, aseguró el CCE, estos abusos, así como la impunidad con que se realizan, “han perjudicado de manera significativa la actividad económica de los estados y desincentivan la inversión y la generación de empleos, de los que dependen millones de mexicanos”, apuntó.

El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a las autoridades para contener estas acciones.  ”Hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contener este tipo de expresiones violentas en contra de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población”, dice el comunicado.

“Basta de impunidad. Respetar la ley es obligación de todos”, añadió el organismo.

El sector empresarial reiteró su compromiso de seguir trabajando para construir un México incluyente, justo, seguro y próspero.

En días anteriores profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ahí realizaron saqueos y desvalijaron camiones repartidores de productos de empresas como parte de la protesta por los 43.

El pasado 12 de enero, el CCE afirmó que la violencia y la percepción de inseguridad están limitando el potencial de crecimiento y la confianza en un futuro más promisorio del país.


En un comunicado, los empresarios consideraron también que el desarrollo en México no alcanzará todo su potencial y será frágil si no existe una transformación en el tema de la corrupción que es el gran pendiente nacional, clave para la economía y también para abatir la delincuencia y los vacíos de gobernabilidad que hay en algunas zonas de la República mexicana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-01-2015/1219666.

Maestros enfrentan a policías con palos y piedras en rechazo al Gobernador de Guerrero

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se enfrentaron con policías estatales a las afueras del Congreso estatal donde el Gobernador Rogelio Ortega rendía el Cuarto Informe del gobierno.

Con palos, tubos y piedras los manifestantes se confrontaron con policías estatales en uno de los accesos al estacionamiento del recinto.

Posteriormente, los profesores de la Ceteg desalojaron una conferencia magistral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impartida por el rector de la Universidad de Guerrero, Javier Saldaña, en el auditorio “Sentimientos de la Nación”.

Afuera del lugar quemaron una patrulla de tránsito estatal que se encontraba en el estacionamiento.
Antes, jóvenes encapuchados y maestros de la Ceteg intentaron clausurar un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acapulco, sin embargo ciudadanos impidieron que se llevara a cabo la toma de las instalaciones electorales.

De acuerdo con reportes de prensa, alrededor de 10 personas con el rostro cubierto ingresaron a las oficinas de Costera 125, donde se encontraban más de 300 personas que acudieron a sacar su credencial de elector en el último día que el INE ha puesto de plazo para realizar el trámite. Las personas sacaron a los embozados a gritos y empujones.

“Ya estamos cansados de ustedes, lárguense de aquí, ya no los aguantamos”, gritó una de las personas en el acto.
Se informó que agentes de la Policía Federal y la Gendarmería resguardaron el inmueble y cerraron las puertas de acceso al público en general.

David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Guerrero, dijo a la prensa que ”diez embozados acudieron a Costera 125, a intentar evitar el trámite de la credencial con fotografía, afortunadamente no lo lograron, la gente protestó y exigió que se reanudarán el servicio.

Delgado Arroyo indicó a reporteros que ningún módulo fue cerrado ni vandalizado por el grupo de personas embozados.

Luego de estos hechos, los maestros de la CETEG llevaron su manifestación a la Fiscalía General del Estado (FGE).


Reportes de prensa local señalan que los profesores ordenaron al personal desalojar el inmueble mientras gritaban consignas en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la liberación de presos políticos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades dan información falsa a Ana, que busca a su hermano desaparecido

Ana Luisa Pérez cuenta el viacrucis que ha vivido desde que su hermano menor, de 22 años, desapareció. Autoridades le han dado información falsa y confusa.

En el servicio forense del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, un mes después de que Julio César Pérez desapareciera, intentaron convencer a Ana Luisa Pérez que el cuerpo de su hermano había sido enterrado por una funeraria y debía pagar 35 mil pesos por el servicio. “Yo no tengo estudios, pero no les creí.

Les pedí una fotografía o algo para saber si era”, relata la mujer de 34 años. Su sospecha resultó cierta. Nadie le pudo comprobar que el cadáver de una supuesta tumba era el del joven desaparecido el 22 de julio de 2011, justo cuando cumplió 22 años.

Con ese antecedente, Ana Luisa insistió con mayor vehemencia que el Semefo de La Perla buscara entre sus archivos para descartar que su hermano estuviera muerto. “Casi me le hinqué al director, pero sí me hizo caso”.

A los pocos días le informaron que el cuerpo había sido encontrado en el Río de los Remedios, tres días después de que el joven se suicidara, según concluyeron los médicos pues no encontraron rastros de golpes o heridas. Otra vez parecía que el fin a la tortura de cuatro semanas había llegado.

La hinchazón del cuerpo complicó la identificación y lo único que coincidía era un tatuaje en el brazo izquierdo del joven. Aunque este dato solo lo corroboró una de las hermanas, con quien Julio César tenía rencillas, pues el padre no recuerda dicha característica y Ana tenía mucho tiempo de no verlo.

Sin embargo, la declaración del médico forense sobre que el cuerpo correspondía a una persona de entre 35 y 40 años de edad, hizo dudar a Ana de que se tratara de su hermano. “Mi hija (de 15 años) ve las noticias, lee y me dijo que el Estado nos tenía que garantizar el derecho a una prueba de ADN”.

Así lo hizo y en el Palacio Municipal de Chimalhuacán hicieron el trámite para la realización del examen y compararlo con el cuerpo encontrado.

Han pasado tres años y cinco meses y aún desconoce el resultado. “Me dicen que vuelva en un mes, que en en 15 días porque el perito está en una diligencia. Luego regreso y que no está, que me siente a esperarlo. Han pasado los años y todavía me dicen que espere cinco minutos más”, dice Ana mientras intenta contener las lágrimas.

En este tiempo de incertidumbre ha perdido 40 kilogramos de peso, tuvo una parálisis en la mitad del cuerpo y lidia contra la diabetes. Son los estragos de sus gritos desesperados que no han conseguido hallar a su hermano. “Han de querer que llegue con billetes, pero no lo tengo, si lo tuviera, se los daría”.

Su desesperación tuvo un desfogue el 16 de octubre de 2014, cuando participó por primera vez en una manifestación en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. En un momento de “rabia” comenzó a gritar hacia el edificio de la Procuraduría General de la República como si todos los funcionarios con quienes ha tratado en los últimos tres años pudieran escucharla. Lloraba y suplicaba que le devolvieran a su hermano mientras las cámaras de televisión la enfocaban.

Al otro día, algunos conocidos le avisaron que había salido en fotografías de periódicos y notas televisivas. “Me dio gusto, dice, así más gente se entera de lo que está pasando, que son miles de desaparecidos en el país. Y alguien tiene que saber que yo sigo buscando al mío, que no me canso”.

Después de ese día, Ana y su hija menor, han ido a todas las manifestaciones por Ayotzinapa. Ella más que nadie puede decir “tu dolor es mi dolor”, como rezan las pancartas. “Ahí nadie me ve raro si lloro, si grito, porque sabemos lo que es tener una familia incompleta”.

Cuando ve en televisión las noticias sobre las fosas halladas en Guerrero le da “rabia y coraje” porque esos cuerpos no son de los normalistas, pero puede ser mi hermano o el hijo de una madre que sigue llorando” sin que hagan algo por identificarlos.

Cuando se le pregunta a Ana Luisa sobre la ocupación de Julio César, dice no saberlo exactamente, aunque reconoce que “se portaba mal”. Un año antes de su desaparición se drogaba y por eso decidió enviarlo a casa de otra hermana, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. No trabajaba ni estudiaba; solo terminó la primaria.

El 5 de julio, el día que desapareció, vehículos policíacos circulaban por el Río de los Remedios, según la investigación de Ana. Los vecinos le relataron que esa noche escucharon que a bordo de las patrullas varios jóvenes iban gritando que no habían hecho nada y pidiendo auxilio”. Los levantones policíacos es un secreto a voces en el municipio, insiste. Ha escuchado que jóvenes son secuestrados para trabajar para el crimen organizado y piensa que tal vez eso pudo pasarle a su hermano.

En las noches de insomnio ha buscado miles de explicaciones sobre el paradero del joven, por eso recorrió semefos, hospitales y reclusorios, agotando las posibilidades que la legalidad permitiría para hallar a una persona y aunque hay más caminos, “mi capacidad no me da para lugares peligrosos”, dice.

De las autoridades espera poco pues después de tres años, su confianza ha disminuido. Y es que entre enero de 2006 y julio de 2014, se han reportado 29 mil 707 casos de desaparición forzada en México, pero sólo se han iniciado 291 averiguaciones previas por este delito, equivalentes al 1%.

Hace aproximadamente seis meses, varios amigos de Julio César fueron aprehendidos y presentados en la Procuraduría del Estado de México como presuntos secuestradores. “Si mi hermano cometió un delito tendría que pagarlo conforme a la ley, pero no que lo desaparezcan. ¿por qué desaparecen a un ser humano, por lo que haya sido?”.


Todos tienen el derecho de sepultar a sus muertos o saber el paradero de sus seres queridos y Ana Luisa se levanta todos los días con el mismo deseo: saber dónde está Julio y “el día que lo sepa será el último que llore”, asegura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

13 días después, la Fiscalía contra delitos a la prensa aún no busca a Moisés Sánchez

El procurador de Veracruz dijo que la principal línea de investigación del caso se centra hasta el momento en la diferencias entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz. El Ayuntamiento rechaza que el edil tuviera una mala relación con el periodista.

A casi dos semanas de que un grupo de nueve personas armadas entrara violentamente a la casa del periodista veracruzano Moisés Sánchez en Medellín de Bravo y se lo llevara en una camioneta, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  “sigue valorando” si atrae o no el caso.

Así lo da a conocer la organización defensora de la libertad expresión Artículo 19, luego que el pasado 8 de enero enviara un escrito a esta fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se solicitó formalmente la intervención de la dependencia federal para investigar la desaparición forzada del director del semanario La Unión.

Ante esta petición, autoridades federales informaron a Animal Político que la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra periodistas sí atraerá el caso del reportero Moisés Sánchez, aunque no especificaron cuándo.

“La Fiscalía ya tiene todos los elementos suficientes para tomar una decisión”, señala al respecto Ricardo González, integrante de Artículo 19. “Y creemos que ya se tardaron mucho, sobre todo porque cuando se trata de privaciones ilegales de la libertad, o de desapariciones forzadas, las primeras 72 horas son claves”, hace hincapié el activista, que explica que a 13 días de que las autoridades no den con el paradero del comunicador, “lo más importante es sacar este caso del fuero local”.

“Cuando se hizo la reforma a esta Fiscalía (en mayo de 2013), la idea era precisamente que cuando se dudara de la capacidad o de la voluntad de las autoridades locales, la Federación pudiera atraer el caso directamente”, explica González.

“En cambio, aunque durante años se impulsó que la Fiscalía pudiera atraer los casos, ésta lo hace de manera muy discrecional y sin que estén muy claros los criterios –agrega-. Por lo que creemos que el caso de Moisés es la prueba de fuego para que la Fiscalía demuestre cómo va a utilizar sus capacidades para atraer casos de los fueros locales”.

En este sentido, Artículo 19 recuerda que en el estado que gobierna el priista Javier Duarte ya hay varios ejemplos -como el de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez y Regina Martínez- en los que las autoridades trataron de desechar la labor periodística de los reporteros como móvil de las agresiones. Situación que se repitió un día después de la desaparición forzosa de Moisés Sánchez, el pasado 3 de enero, cuando Duarte aseguró ante los medios de comunicación que el director de La Unión no es un periodista, sino un “conductor de taxi”.

“El gobierno de Veracruz siempre trata descartar en primer lugar el ejercicio periodístico como el móvil de las agresiones a comunicadores. No quieren entrar a investigar lo que estaban diciendo estos periodistas. Se salen por la tangente porque evidentemente estos reporteros estaban haciendo señalamientos sobre corrupción, asesinatos, o sobre cuestiones de seguridad”, expone por su parte Francisco Sandoval, también integrante de Artículo 19, que insiste en la necesidad de que la Federación sea la que investigue el caso, sobre todo tras las declaraciones del mandatario descartando sin previa investigación la labor periodística del veracruzano como motivo de su desaparición forzada.


En este sentido, Artículo 19 destaca que de acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés Sánchez aplica en al menos seis de los supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la Fiscalía puede atraer delitos contra la libertad de expresión.

Diferencias entre Moisés y alcalde, “línea de investigación sólida”

En cuanto a la principal línea de investigación del caso, el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmó en el programa Punto de Partida que ésta se centra hasta el momento en la diferencias existentes entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz; quien según denuncia Artículo 19 habría amenazado al comunicador tres días antes de su desaparición, debido a las notas críticas que éste publicaba en su semanario La Unión.

“La línea de investigación más sólida es parte de diferendos que existían entre Moisés y el Alcalde”, apuntó el procurador.

No obstante, fuentes de comunicación social del ayuntamiento de Medellín consultadas por Animal Político negaron que el edil panista tuviera una mala relación con el reportero, y que éste tenga algo que ver con su desaparición.

“No es cierto, no había tal diferencia con Moisés. Él venía aquí (al Ayuntamiento) y se manifestaba sin que nadie le dijera ‘ya vete Moisés’. Él hacía uso de su libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”, apuntó comunicación social.

Días antes, el pasado lunes 11 de enero, el alcalde panista de Medellín fue “invitado” a declarar a la Procuraduría General del Estado de Veracruz sobre este caso. Durante siete horas, Omar Cruz negó haber participado en el atentado contra Moisés Sánchez.


Hasta el momento, el balance de las investigación de las autoridades de Veracruz se reduce a 13 policías municipales de Medellín arraigados desde el 7 de enero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

CNDH busca revisar cuartel militar en Iguala, junto con padres de Ayotzinapa

Las visitas (al cuartel o los cuarteles) tienen que ser en función de la propia necesidad de la investigación, indicó el ombudsman.

La CNDH invitará a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a asistir juntos al cuartel militar en Iguala, Guerrero.

El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, dijo esta mañana en Noticias MVS primera emisión:

“Nos hemos enterado que se va a invitar a la CNDH, esperaremos la invitación formal, para acudir al cuartel de Iguala, nosotros desde luego lo haremos y desde luego buscaríamos ir acompañados de una representación de padres de familia… A mí me gustaría que lo hiciéramos juntos (la visita).

Yo invitaría a los representantes de los padres de familia y que fuera una visita ordenada, de manera pacífica, que podamos realmente cumplir con el objetivo que se busca… yo transmitiré a los padres de familia el que pudiéramos ir juntos, pero repito, de manera ordenada… y que no se diera en un contexto donde hubiera desorden”, dijo en entrevista para MVS Radio.

El ombudsman pidió que se visiten los cuarteles militares “que se tengan que visitar”.

“Yo me pronunciaría porque fuera de inmediato la visita (al cuartel de Iguala) si se puede hoy mismo, hoy mismo”, dijo. “Yo quisiera ir acompañado de los padres de familia”, insistió.

“Pero hago un exhorto a que (la visita) sea de manera ordenada y pacífica, sin ningún acto de violencia… ante ese reclamo legítimo de conocer y de ver, ante la duda que se tiene de que hay (estudiantes) dentro del cuartel, y la apertura que está mostrando la Secretaría de la Defensa Nacional… y que se documente lo que sucede al interior de este cuartel”, apuntó.


“Si se puede hoy, hoy”, urgió. “Yo estaría porque fuera hoy mismo, ojalá logremos ponernos de acuerdo con las autoridades y padres de familia”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionarios de la Procuraduría del Edomex, investigados por tortura

EL funcionario aceptó la reclasificación que hizo la CNDH, para considerar la matanza como un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

Veinte funcionarios de la Procuraduría del Estado de México son investigados por presunta tortura, cometida contra testigos del asesinato de 22 personas, en un operativo militar realizado el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.

El procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó el miércoles: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado su denuncia, en la cual señala y ustedes lo podrán ver en la propia recomendación, una serie de personas que estuvieron involucrados en los hechos. Todos estos servidores públicos son materia de investigación. Alrededor de veinte”.

La recomendación sobre el caso Tlatlaya, emitida por la comisión el pasado 21 de octubre, concluyó que funcionarios, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia mexiquense, torturaron a tres testigos para que aceptaran una supuesta culpabilidad, y dijeran que pertenecían a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada, además de que les pidieron que no declararan sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra los civiles desarmados.

En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:

“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.

Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.


El procurador del Estado de México no dio una fecha para concluir la investigación: “Yo no quiero adelantar una fecha, disculpen ustedes que eso no se puede hacer. Se realizarán todas y cada una de las diligencias que sean necesarias, se practicarán todas las entrevistas que resulten necesarias, para aclarar, todos y cada uno de los puntos igualmente que resulten controvertidos y poder establecer, consecuentemente, si hay una probable responsabilidad de carácter penal y por qué delito, en dado caso”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Procuraduría del Edomex se investiga a sí misma por el caso Tlatlaya

Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México cometieron conductas violatorias de derechos humanos y pueden ser constitutivas de delito, indicó el ombudsman. Además, informa que los peritajes ya están "disponibles", para ser revisados.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció que la Procuraduría del Estado de México es la encargada de investigar a sus propios integrantes, quienes participaron en el caso Tlatlaya, y están acusados de cometer actos de tortura contra testigos de los hechos.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el ombudsman explicó que la CNDH decidió reclasificar la recomendación sobre lo ocurrido en Tlatlaya, porque hubo violaciones graves a los derechos humanos.

Refirió que en la comisión a su cargo serán cuidadosos de las investigaciones para que no quede en la impunidad lo sucedido. “(En la recomendación) Nos dirigimos al gobernador del estado (Eruviel Ávila) para que instruyera que se iniciaran procedimientos administrativos y averiguaciones previas”, expuso.

Elementos de la Procuraduría del Estado de México cometieron conductas violatorias de derechos humanos y pueden ser constitutivas de delito, advirtió.

Explicó que la recomendación a la PGJEM se debe a que, por ejemplo, los peritajes que hizo, no señalaban que se había alterado la escena del crimen ni que hubo muertes arbitrarias ni tampoco que se incurrió en actos de tortura, contra dos mujeres, quienes fueron encarceladas, pero ya quedaron libres.

Además, confirmó que el acceso a los peritajes ya “está disponible”. 

En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:

“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.


Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.