Asistentes a inauguración de festival de cine en Chiapas abuchean y le gritan “asesino” a Manuel Velasco

Ciudad de México, 17 de enero: Manifestantes exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se pronunciaron a favor de comunidades indígenas, durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. El grupo de disidentes alzó mantas, gritó consignas e increparon al Gobernador Manuel Velasco Coello, a quién lo acusaron de “asesino”.

Durante la ceremonia, los reclamos y abucheos se escucharon. Un video da muestra de ello. En la presentación de los invitados a la inauguración que se realizó ayer, los protestantes le gritaron al mandatario estatal “asesino”. Al escuchar, los gritos, el semblante de Manuel Velasco cambió a serio, se observa en la grabación.

Mario Uvence Rojas, Secretario de Turismo de Chiapas, pidió a los asistentes “respeto porque están en un festival internacional de cine”. E hizo comentarios donde refirió que las personas que estaban gritando no dimensionaban la importancia del evento.

“Bienvenidas todas las voces porque son importantes en un estado plural”, declaró Uvence Rojas a nombre del Gobernador.

Momentos después, se escucha en el video, una voz femenina que comienza el conteo del 1 al 43, seguida de más personas.

En la inauguración estuvieron presentes Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional; Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía; Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros invitados,.

Con la presencia de personalidades como el director Costa-Gavras y Jorge Fons, fue inaugurada la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en el Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”.

“Es un gusto estar en esta ciudad mágica porque el cine es una forma de conocer el mundo y estamos orgullosos de haber traído películas de más de 40 países porque el cine es un medio de reflexión”, afirmó el director del festival, Miguel Camacho.

Posteriormente se dio paso a las diferentes autoridades, entre ellas el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Francisco José Martínez, así como el secretario de Turismo del estado, Mario Uvence Rojas.


La primera edición del FIC San Cristóbal de las Casas llevará a cabo actividades desde este viernes hasta el 24 de enero.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2015/1221896.

Apatzingán, Los Viagras, La Ruana: dudas sobre Castillo se afianzan en México y EU

Un funcionario de Apatzingán, Michoacán, reveló al medio estadounidense The Daily Beast que el 6 de enero pasado, cuando federales disolvieron primero la ocupación de la Alcaldía y luego una manifestación, los civiles estaban desarmados y no representaban un peligro para las las fuerzas de seguridad. Es un nuevo testimonio a otros que, de testigos presenciales, se han liberado en México y en Estados Unidos.

El artículo de The Daily Beast se llama: “El loco plan de México, de entregar armas a las pandillas”. Narra cómo la violencia y el descontrol han vuelto a Michoacán, mientras crecen las dudas sobre el papel que ha jugado el Comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes. Cita a Selene Vázquez Alatorre, regidora de Morelia por Movimiento Ciudadano, quien se lo refiere como el “policía corrupto”. También narra cómo en Michoacán se insiste en que el enviado desde Los Pinos ha llevado al poder a criminales y a otro cártel: el de Los Viagras, antagónico de los mermados Caballeros Templarios.

Apenas unos días antes, Los Ángeles Times había expuesto cómo el papel de Castillo pone en duda la estrategia federal en Michoacán.

El autor del artículo, Jason Mcgaham toca dos temas escabrosos más: uno es el arresto de Hipólito Mora tras el asesinato de su hijo, y el otro es la matanza de civiles en Apatzingán apenas el 6 de enero pasado.

A las 3 de la mañana del 6 de enero, recuerda, la Policía Federal irrumpió en el ayuntamiento de Apatzingán y expulsó a los manifestantes que ocupaban la oficina del Alcalde. La Policía Federal tomó una serie de camionetas, que según ellos fueron reportadas como robadas. Castillo informó una baja durante la expulsión: la de un manifestante que fue atropellado por un camión cuando intentaban huir.

“Un testigo, un funcionario gubernamental en Apatzingán, dijo a The Daily Beast que sospechaba que había muchos más heridos de los que el Comisario reconoció. ‘Tenían que ser heridas de bala porque había sangre por todo el lugar, y lo vi con mis propios ojos. Sabemos que hubo muchos heridos, porque había sangre por todo el Ayuntamiento’. Los vehículos en cuestión, dijo el funcionario, efectivamente fueron robados, muchos que fueron robados a los miembros de Los Caballeros Templarios durante su persecución en meses anteriores. Agregó que la Policía Rural, por su parte, habían estado robando camiones de ciudadanos de a pie en la zona”.

De la segunda manifestación, en donde fue la mayor matanza, el mismo funcionario local dijo al medio estadounidense que los manifestantes estaban armados con palos y piedras, no con armas de fuego.

“Le puedo decir lo que he visto por mí mismo aquí, en la avenida de la Constitución, donde todo pasó”, dijo. “Aproximadamente a las 7:45 de la mañana, escuchamos disparos y vimos a las personas de los grupos de autodefensa saltar desde sus camiones, y estaban gritando: ‘Estamos desarmados, no disparen!’ Y a la policía no le importó un bledo. Mataron a un pobre niño en ese mismo momento. Había mujeres y niños alrededor y que no les importa un bledo. Los mataron todos así. Uno de ellos gritó: ‘¡No disparen! Estamos desarmados! Por favor, no nos maten!’ Y a ellos no les importa un bledo. Igual que todo fue hecho a propósito, bajo órdenes. Asqueroso. Peor que un tiroteo. Esta fue una masacre”.

El artículo no reseña otros eventos, sobre todo los últimos. Hoy, por ejemplo, un Juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas durante el enfrentamiento en la Presidencia Municipal de Apatzingán. Dictó formal prisión a seis de los detenidos, pero cinco salieron bajo libertad provisional y sólo uno quedó en prisión.

También hoy, el Gobernador Salvador Jara Guerrero indicó que podría ser evaluada la permanencia de Castillo Cervantes luego de los enfrentamientos ocurridos en La Ruana (donde murió un hijo de Hipólito Mora y otros ciudadanos más) y los de Apatzingan la semana pasada. “No lo sé. Necesitamos evaluar la situación, no es una cuestión sencilla, después de los hechos que ocurrieron ahí en La Ruana, y estos acontecimientos de diciembre y enero, estamos evaluando, precisamente, la pertinencia”, expresó.

Y dos días antes, el 14 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que está investigando la matanza en Apatzingán donde las cifras oficiales hablan de nueve muertos, pero videos y fotos (como las difundidas por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia) indican que pudo haber más. La CNDH pidió explicaciones a las autoridades federales y locales señaladas como probables responsables de los hechos. El organismo continuará con su investigación. Para ello, un grupo de visitadores se trasladó a la zona para iniciar el expediente.


“La delincuencia organizada en Michoacán no desapareció por magia, se escondió. Ahí siguen y frente a una debilidad institucional vuelven a salir”, afirmó el 12 de enero la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, originaria del estado, en una entrevista con SinEmbargo.

MICHOACÁN EN GUERRA 

Cuando Los Caballeros Templarios tomaron el control de Michoacán y de sus plantaciones de amapola y mariguana, así como de los cultivos de lima y aguacate y las exportaciones de metales a China, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Comisionado federal, Castillo Cervantes, armó y organizó a un grupo de defensas civiles (vigilantes en inglés) que ahora opera rampante, dice The Daily Beast.

“Los Caballeros se tomaban otras libertades. Extorsionaban por protección a los dueños de negocios locales; controlaron el secuestro ocasional y la expropiación de tierras y ganado. El cartel había infiltrado en los gobiernos locales y estatales de tal manera que no había salida para la acumulación de resentimiento popular. Luego, en febrero de 2013, grupos de hombres, muchos de ellos agricultores, formaron docenas de guardias armados autodefensa en todo el estado para combatir los Templarios”, agrega.

Jason Mcgaham, el autor del texto, describe cómo Castillo entró a la escena y le dio sus alternativas a los grupos de autodefensa: se unen al gobierno, o se enfrentan a lo que venga. Cita cómo, a la vez, el Comisionado federal se fue acercando a hombre y grupos vinculados con el crimen organizado, como “El Abuelo” Farías o “Simón El Americano”.

Y “hoy en día, la situación de seguridad en Michoacán se está desmoronando rápidamente”, agrega Mcgaham en el texto de The Daily Beast.

Indica que la Fuerza Rural, conformada por los ex integrantes de los grupos de autodefensa, es “ridiculizada” por la ciudadanía que identifica a algunos de sus elementos como miembros del crimen organizado. Y fuentes en varias partes del estado al medio norteamericano que los delincuentes están en todas partes. “En feudos históricos localizados entre los pueblos y ciudades, se han intensificado los enfrentamientos sangrientos entre unidades fuertemente armadas de la Policía Rural. La Comisión [para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que dirige Castillo] parece para muchos a estar perdiendo el control sobre las fuerzas de policía rural que creó”, dice.

“El problema ahora es que la Policía Rural se convirtió en sí en un bastión, no sólo para los pandilleros hostiles a Los Caballeros Templarios sino para criminales de menor rango, a quienes se refiere despectivamente entre las filas como ‘los arrepentidos’. El término ‘la legítima fuerza de defensa’ fue acuñado como una manera de distinguir de elementos corruptos dentro la Policía Rural”.

The Daily Beast alerta sobre “el crecimiento y la consolidación de un cartel peligroso de fuera del estado, llamado Los Viagras y, más concretamente, la falta de una respuesta de la Comisión a las solicitudes de detención de los miembros del cártel”.

Jorge Vázquez, un autodefensa levantado en Aguililla apenas en septiembre pasado, dijo al diario que Los Viagras había infiltrado en la Policía Rural y estaban utilizando la impunidad que les otorga la placa y el uniforme para extorsionar a la gente de todo Michoacán.


Agregó que muchos de los “arrepentidos” que forman parte de la Policía Rural continúan trabajando para Servando Gómez “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios.

FUENTE: SIN MEBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

PRI paga 10 mdp a empresa de su presidente por asesorías

Cesar Camacho Quiroz, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es también dueño de una empresa de consultores y asesores legales, fundada en 2006, dicha empresa ha sido beneficiada con 10 millones de pesos en el Estado de México, a través de contratos dados por ayuntamientos locales, la administración del estado e incluso el Poder Judicial.

Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre 2011 y 2014.

La empresa, de la cual es propietario el también ex gobernador, se llama Estrategia Integral Consultores S.A. de C.V.

De 50 acciones 40 pertenecen a Camacho, las 10 restantes son del otro dueño, su también socio, Arturo Huicochea Alanís y el papel de administrador único recae sobre José Fidel Zarco Miranda.

Entre los ayuntamientos priistas, a los que se les ha adjudicado contratos con la firma por diversas cantidades, están Tlaneplantla, Huixquilucan y Metepec, en este último también gobernó Camacho y es encabezado por Carolina Monroy del Mazo, esposa del secretario de Desarrollo Social del gobierno federal Ernesto Nemer Álvarez, misma que dejó su cargo para postularse como diputada federal del PRI. En este caso se otorgó a la empresa tres contratos equivalentes a 3.9 millones de pesos y el gobierno mexiquense otorgó otro por un millón 598 mil 712 pesos.

Los servicios que se les ha brindado han sido relacionados con aspectos legales, programas de comunicación social, cursos a personal y manejo de imagen.

Los contratos dados a la empresa, por instancias del gobierno y algunos de adjudicación directa, ascienden a 544 mil 538 pesos.

El Poder Judicial del Estado de México también aparece como cliente de la empresa; tuvo dos contratos, en 2011 y 2012, por un monto total de 800 mil pesos.

Un contrato más, de 300 mil pesos, es para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la “implantación de acciones de comunicación institucional para el fortalecimiento del liderazgo dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.

Para Cesar Camacho, el hecho de ser presidente de un partido (además de miembro de la clase política nacional y mexiquense) que ha recibido beneficios por parte de su empresa, no significa que haya beneficios hacia la misma y negó algún conflicto de intereses ya que “no es servidor público”.


En función de esto quizá sería adecuado revisar las leyes, una vez más, en cuanto qué tan viable es este caso de acuerdos y también la legalidad de los mismos, ya que pareciera que pudiera haber alguna clase de trato implícito entre ganar – ganar para ambas partes.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Alfredo Castillo cumple un año de combate al crimen en Michoacán, pero la violencia sigue

En materia de homicidios dolosos la tendencia muestra un aumento del casi 10% si se comparan las cifras del 2013 con las del 2014, año con presencia de elementos militares y federales en la entidad. En el caso de las extorsiones la cifra tampoco disminuyó y se mantuvo en los mismos parámetros.

A un año de la llegada de Alfredo Castillo Cervantes a Michoacán como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, si bien se han alcanzado algunos logros, la situación de inseguridad en el estado aún no cambia.

En materia de homicidios dolosos la tendencia muestra un aumento del casi 10% si se comparan las cifras del 2013 con las del 2014, año con presencia de elementos militares y federales en la entidad.

En el caso de las extorsiones la cifra tampoco disminuyó y se mantuvo en los mismos parámetros. Donde se registraron mejores resultados fue en materia de secuestros, los cuales se redujeron 42.7%.

El martes pasado, Alfredo Castillo compareció ante los diputados y dijo que los avances en las 250 acciones planteadas dentro del Plan Michoacán podían consultarse en el portal de transparencia, sin embargo, desde octubre de 2014 la información no está disponible.

Antes que las autodefensas se convirtieran en fuerzas rurales pidieron, como parte de los acuerdos con el gobierno federal, que se capturaran a los siete líderes de Los Caballeros Templarios. Las autoridades logran detener a tres y matar a dos, pero Servando Gómez “La Tuta”, líder de la organización, y Fernando Cruz Mendoza, “El Tena”, siguen libres.


A un año de que el gobierno federal planteó la necesidad de un comisionado y del acuerdo para la seguridad de Michoacán, en distintos municipios continúan los reportes de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones y la presencia de grupos criminales.

Ante ello, diversas comunidades amenazan con volver a las armas, otras más con desconocer a sus autoridades y el resto con tomar medidas extremas para acabar con la criminalidad.

En la Fuerza Rural se dieron rupturas y muchos de sus miembros aseguran que no se tienen los resultados planteados.

El pasado 16 de diciembre, 11 personas murieron en los enfrentamientos registrados en el acceso principal a la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, luego de que chocaran a tiros dos grupos antagónicos de la Fuerza Rural de La Ruana y de la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, en los que también participó personal de la Gendarmería Nacional.

Semanas antes, el 22 de noviembre, familiares y amigos reportaron la desaparición de 12 exautodefensas dados de alta como integrantes de la Fuerza Rural del municipio de Uruapan. Dos de ellos fueron encontrados, muertos sobre la carretera que comunica esa ciudad con el municipio indígena de Paracho. El resto del grupo aún no aparece.

A estos hechos de violencia se sumó la muerte de al menos nueve personas sobre la avenida Constitución de la cabecera municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero de este año. Civiles armaron se enfrentaron con elementos de la Policía Federal tras el desalojo de inconformes apostados en las inmediaciones de la alcaldía.

Cuando llegó a territorio michoacano, Castillo se encontró con que civiles estaban levantados en armas en al menos 36 poblados de 21 municipios del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente y Sierra-Costa de la entidad. Después se extendió a la región de Tierra Fría y Occidente.

Aún con la advertencia de que todo aquel que hiciera justicia con mano propia sería desarmado o detenido, a 365 días de la llegada de la Comisión todavía hay pueblos levantados en armas. Unos se institucionalizaron por unos meses y regresaron a la lucha civil armada y otros más permanecieron como grupos de autodefensas y nunca aceptaron su legalización como cuerpo de seguridad del Estado.

Al menos la mitad de los grupos que conformaban la lucha civil armada y que ya habían limpiado una cuarta parte del territorio michoacano de jefes de plaza, halcones, extorsionadores, sicarios, secuestradores y gente al servicio de Los Caballeros Templarios, fueron institucionalizados y armados con escuadras y fusiles oficiales el 10 de mayo de 2014.

Castillo se comprometió a que, para ese mes, “La Tuta” ya estaría detenido o neutralizado. Aunque sigue libre, Servando Gómez está sin capacidad de operatividad, según el comisionado.

Continuaron los enfrentamientos y emboscadas, principalmente a elementos de la Fuerza Rural, de las Fuerzas Armadas y del recién conformado G250, grupo encargado de la búsqueda y neutralización de “La Tuta”.

En esta lucha perdieron la vida tres militares, cinco policías ministeriales, tres policías federales y al menos medio centenar de autodefensas, entre los que se encuentran los cinco recientes del pasado domingo 11 de enero en la comunidad de Huahua, del municipio de Aquila, y los ocho asesinados en Arteaga en el mes de junio, durante una emboscada del crimen organizado.

Además, también fueron asesinados los líderes de las autodefensas Rafael Sánchez Moreno “El pollo”, quien era miembro del Consejo General, y Felipe Díaz Ávila, quien era comandante de la Fuerza Rural en Coalcomán.


La primera acción en 2014 para desarmar a los guardias comunitarios mediante la fuerza pública fue el 13 de enero en la comunidad de Antúnez, del municipio de Parácuaro. Un militar abrió fuego contra los habitantes de esa población de Tierra Caliente e hirió de muerte a tres civiles, entre ellos, un menor de 10 años de edad.

Las extorsiones, secuestros, cobros de piso e incluso cobro de “diezmos” a las autoridades eran la constante por parte de Los Caballeros Templarios. En febrero de 2013 surgieron en ese estado los grupos de autodefensa para enfrentar al crimen.

Por ello, el 13 de enero de 2014, el gobierno federal decidió relanzar su estrategia de seguridad en Michoacán. Desde entonces y hasta la fecha se la logrado mermar la capacidad de fuego, acción y financiera del grupo criminal, más no reducir el impacto negativo de la violencia.

A pesar de ello, se registraron avances. No sólo se rescataron algunas importantes zonas mineras y el Puerto de Lázaro Cárdenas, que eran controlados por los criminales, sino que se detuvo o abatió a mandos altos y medios de Los Caballeros Templarios, entre los que destaca su fundador Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, quien murió el 19 de marzo de 2014, al enfrentarse con las fuerzas federales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

DF: mayoría de jefes delegacionales pedirán licencia; van por otro cargo

Comenzarán a delinear sus precandidaturas tras solicitar licencia definitiva o temporal, a fin de sumarse a la contienda por una diputación en la ALDF.

A partir del próximo domingo, se espera que por lo menos 12 de los 14 jefes delegacionales de filiación perredista pidan licencia al cargo en busca de una diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Se trata de Nora Arias Contreras, de la delegación Gustavo A. Madero; Víctor Hugo Romo Guerra, de Miguel Hidalgo; Sergio Palacios Trejo, de Azcapotzalco; Alejandro Fernández Ramírez, de Cuauhtémoc; José Manuel Ballesteros López, de Venustiano Carranza; Leticia Quezada Contreras, de Magdalena Contreras.

También dejarían su cargo Leonel Luna Estrada, de Álvaro Obregón; Elizabeth Mateos Hernández, de Iztacalco; Maricela Contreras Julián, de Tlalpan; Mauricio Toledo Gutiérrez, de Coyoacán; Miguel Ángel Cámara Arango, de Xochimilco, y Víctor Hugo Monterola Ríos, de Milpa Alta, son quienes aspiran a una diputación local.

A partir del lunes 19, los funcionarios comenzarán a delinear sus precandidaturas tras solicitar licencia definitiva o temporal, a fin de sumarse a la contienda por una diputación en la ALDF.

Únicamente Angelina Méndez Álvarez, de Tláhuac, y Jesús Valencia Guzmán, de Iztapalapa, seguirán en el cargo para el cual fueron elegidos durante tres años.

Sin embargo, Valencia Guzmán es investigado por la Contraloría del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia capitalina, luego de que se dio a conocer que la camioneta con la que chocó es propiedad de uno de los proveedores de la delegación.

En tanto, el jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Jorge Romero Herrera, y el priista Adrián Rubalcava Suárez, de Cuajimalpa, esperarán a que sus respectivos partidos emitan la convocatoria respectiva.

Rubalcava Suárez ya ha manifestado que se mantendrá en el cargo en tanto no se abran las convocatorias del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Inclusive, recordó que de acuerdo con la ley electoral vigente, los interesados en participar en la elección del 7 de junio próximo tienen que separarse del cargo 90 días antes del proceso electoral, por lo que aún hay tiempo para decidir.

A su vez, Romero Herrera afirmó que la decisión de dejar la delegación Benito Juárez dependerá de los tiempos que marque el PAN, pero dijo que de buscar una candidatura no será necesario realizar campaña.

Durante los nueve meses que restan para que concluyan los periodos de gobierno, las jefaturas delegacionales serán ocupadas como marca la ley por los directores general de Jurídico y Gobierno de cada de una, a fin de continuar con los servicios, obras y programas respectivos.

Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que el desarrollo de la ciudad y sus proyectos están garantizados y se continuará trabajando con todas y cada una de las coordinaciones que se establezcan en las jefaturas delegacionales.

“La ciudadanía puede estar segura de que yo voy a seguir trabajando sin ningún tipo de problema, vamos a seguir con los proyectos, vamos a seguir entregando todo lo que se tenga que entregar y avanzando en la ciudad”, sostuvo en entrevista el mandatario capitalino.

De acuerdo con el Ejecutivo local, sería complicado que alguien siguiera desempeñándose como jefe delegacional y participara como precandidato, pues “yo creo que ahí ese sería el punto de análisis, yo creo que es preferible que no estén participando como precandidatos”.


Confió en que toda la actividad se desarrolle dentro del marco de la legalidad, hay reglas claras en el instituto correspondiente de la ciudad de México y hay criterios establecidos en los tribunales electorales y “yo creo que eso es lo que se tiene que observar”.

Renuncia Jesús Valencia como jefe delegacional de Iztapalapa

México, DF. El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, presentó su renuncia definitiva al cargo, que hará efectiva a partir del 19 enero, a fin de no entorpecer las indagatorias por presunto conflicto de interés que realizan la contraloría interna de esta demarcación y la Procuraduría capitalina.

Valencia hace este anuncio a un mes de que protagonizara un choque en Boulevard de la Luz y Paseos del Pedregal, en el que conducía una camioneta Jeep Cherokee propiedad de la empresa Amexire, una de las proveedoras de esta demarcación.

En conferencia de prensa, indicó que será la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quien designe a su sucesor según la propuesta que haga el Ejecutivo local al respecto.

Al funcionario también presentaron sus renuncias el Director de Asesores, Rodolfo Ramírez, y la de Jurídico y Gobierno, Beatriz García Bárcenas, y quedará como encargado de despacho hasta el nuevo nombramiento Carolina Santana Nieves.

Valencia señaló que la separación de su cargo es una decisión estrictamente personal, tras señalar que no recibió ningún tipo de presión ni del gobierno capitalino ni del PRD y descartó que el escándalo en el que se vio envuelto afecte electoralmente a su partido, pues en Iztapalapa se gobernó bien y se cumplió con la gente.

Sobre sus aspiraciones políticas indicó que aún no ha tomado una decisión si participará o no en la contienda electoral en la busqueda de alguna diputación local o federal.

Destacó que no cometió ningún delito y que están abiertas las puertas para que se hagan todo tipo de auditorías.

Expresó que a pesar de la andanada mediática de la que fue objeto después del choque vehicular, similar a la captura de El Chapo, no hay descontento de los habitantes de esta demarcación.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ.

Caro Quintero sí es culpable del delito por el que lo dejaron libre

El Consejo de la Judicatura Federal resolvió este viernes que el narcotraficante es culpable del asesinato del agente antidrogas de EU, Enrique Camarena. En agosto de 2013, Caro Quintero quedó en libertad al haber obtenido un amparo.

Los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fueron declarados culpables de secuestrar y asesinar al agente de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Enrique Camarena, y a Alfredo Zavala Alvear, piloto informante de dicho órgano; ambos crímenes cometidos en febrero de 1985.

En agosto de 2013, Caro Quintero fue puesto en libertad por ese mismo delito al haber obtenido un amparo.

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó este viernes 16 de enero, en un comunicado, que el amparo que dejó libre a Caro Quintero ha quedado sin efectos y que es posible ordenar su reaprehensión.

En noviembre de 2013, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el amparo y lo revocó, de tal manera que con la resolución del Consejo, Caro Quintero se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

Cuando quedó libre, Caro Quintero cumplía una condena a 40 años de cárcel (de los cuales llevaba 28 años) por narcotráfico y por el asesinato de Camarena.

Originario de La Noria, Sinaloa, Rafael Caro Quintero fundó el llamado Cártel de Guadalajara junto con su amigo y compadre Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”.

Es considerado como una de las leyendas que dio origen a los grandes cárteles del narcotráfico en México. De hecho, en la década de los ochenta era considerado como “el narco de narcos”, y uno de los principales exponentes de la segunda generación de narcos en el país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Abogados de militares presentaron amparo, para impedir difusión del caso Tlatlaya

Ya se desistieron de este recurso judicial, por lo que la investigación del caso Tlatlaya ya está abierta de nuevo a la consulta pública.

La defensa de los militares procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, fue la responsable de promover un amparo para impedir que se hicieran públicas las investigaciones sobre el caso.

No obstante, los militares procesados ya se desistieron de este recurso judicial, por lo que la investigación del caso Tlatlaya ya está abierta de nuevo a la consulta pública.

La historia de este caso comenzó cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) giró una orden para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), entregaran una versión pública sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, sobre la muerte de 22 personas a manos del Ejército.

De acuerdo con información obtenida por Noticias MVS, el representante legal de diversos procesados por el caso Tlatlaya, promovió un juicio de amparo el 16 de diciembre de 2014, ante el juez quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, contra la orden del Ifai.

Un día después, el 17 de diciembre de 2014, el juez otorgó la suspensión provisional para que no se proporcionara información en versión pública.

Ante esta resolución, ninguna instancia podía entregar la información solicitada. El equipo de investigación de la Primera Emisión de Noticias MVS fue uno de los afectados por esta resolución, pues se interrumpió el acceso que había tenido a los peritajes en poder de la CNDH, la cual había iniciado una investigación de oficio que derivó en una recomendación.

El 23 de diciembre de 2014, se negó en definitiva la solicitud de los militares de impedir la publicación de la información, lo cual quedaría firme el 14 de enero de 2015, de acuerdo con información obtenida por la Unidad de Investigación de Noticias MVS.

Antes de cumplirse esa fecha, el 8 de enero de 2015,  los militares se desistieron de su amparo, lo cual ratificaron por escrito el 13 de enero, desde el lugar donde se encuentran internos.

Una vez ocurrida la ratificación de los militares para desistirse, el juez determinó el sobreseimiento del juicio de amparo.

Lo anterior significa que cualquier ciudadano puede solicitar versiones públicas de las investigaciones del caso Tlatlaya a la CNDH, el Ejército y la PGR y estos organismos deberán permitir su consulta.

Desde noviembre del 2014, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la identidad de los 6 soldados y el teniente a quienes se les dictó auto de formal prisión, por homicidio, alteración del lugar de los hechos, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.

Se trata de:

●             Alan Fuentes Guadarrama

●             Julio César Guerrero Cruz

●             Roberto Acevedo López

●             Samuel Torres López

●             Ezequiel Rodríguez Martínez

●             Fernando Quintero Millán

●             Leobardo Hernández Leónides


Hasta el momento, no ha sido posible identificar cuántos de ellos promovieron el amparo para impedir la publicación de una versión pública de las investigaciones.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pemex se endeuda hasta 2046 y por 6 mil millones de dólares

Petróles Mexicanos informó que los 6 mil millones de dólares se utilizarán para proyectos de inversión.

Petróleos Mexicanos hizo la mayor emisión de deuda en la historia del país.

La empresa productiva del Estado informó que realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales, por un monto total de 6 mil millones de dólares.

La deuda está dividida en tres tramos:

-Mil 500 millones de dólares, con vencimiento en julio de 2020,

-Mil 500 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2026 y

-3 mil millones de dólares, con vencimiento en enero de 2046.

“Se trata de la emisión con el mayor monto que se ha realizado en la historia de México y cuya demanda alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos”, indicó Pemex.

“Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo, se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros”, añadió la empresa.

Los agentes colocadores de la deuda fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley.


En la explicación de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre lo que significa este tipo de movimientos, señala que la emisión de deuda “es una realidad para las empresas mexicanas con visión de trascender. El principal requisito para emitir valores y obtener financiamiento es que la empresa debe ser profesional y transparente, esto es, abierta a proveer información a los inversionistas que confían sus recursos en ella”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ultimátum a la PGR: tiene 10 días para entregar informe sobre el caso Tlatlaya

Tras la reclasificación que hizo la CNDH, sobre "violaciones graves" a los derechos humanos", la dependencia federal deberá hacer públicos los peritajes.

Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reservara durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya, en donde se han acusado ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército mexicano y encubrimiento de las autoridades estatales y federales, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (Ifai) ordenó a la dependencia hacer públicos los peritajes.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia –emitido el 14 de enero pasado–, la PGR respondió a un particular que la información de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, en donde murieron 22 personas, estaba reservada por más de una década, por lo que el solicitante interpuso un recurso ante el Ifai “argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse”.

Este viernes 15 de enero, el comisionado del Ifai, Francisco Javier Acuña, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que la PGR tiene 10 días naturales para entregar los peritajes relacionados con la investigación. “Significa que dejamos sin efecto la negativa falaz de la PGR, es decir, sin sustento jurídico”, explicó.

“La PGR no puede combatir esta resolución, las resoluciones del IFAI son inatacables y son definitivas. En esto ganamos ya con la reforma constitucional, lo que está pendiente es la ley general que nos va a ayudar a perfeccionar mecanismos para garantizar que se cumpla (…)

“Tiene que entregar la información y si no lo hace, que es desgraciadamente lo que pudiera pasar, vamos a tener nosotros que regresar al caso en una cuestión pública y endurecer nuestra exigencia y a señalar incluso ya que su tardanza o su deliberado desafío, desacato, a darle aviso al órgano interno de control para que elabore acciones internas de responsabilidad por desacato“, agregó el comisionado.

Esto ocurre luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como una investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, por lo que la PGR debe informar.

Asimismo, al menos 20 funcionarios del Estado de México son investigados por señalamientos de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares mexicanos a mediados de 2014, informaron las autoridades, en tanto un organismo estatal autónomo dispuso que el público tenga acceso a los peritajes realizados en el caso.

El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo el miércoles 14 de enero que entre los 20 funcionarios se encuentran ministerios públicos (fiscales), peritos y agentes de la policía investigadora estatal.


“Ninguno ha sido separado del cargo todavía sobre la base del principio de presunción de inocencia”, dijo el procurador a periodistas y aclaró que no hay un plazo para determinar si alguno de esos funcionarios incurrieron o no en alguna responsabilidad penal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nestora Salgado, la policía comunitaria presa como de “alta peligrosidad”

Salgado, de 42 años, está presa en un penal de máxima seguridad, a pesar de que las pruebas en su contra no son claras; su hija acusa que es un tema político.

Para la justicia mexicana, Nestora Salgado, “la comandanta” de la policía comunitaria de Guerrero, es de “alta peligrosidad”, por eso fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, igual que Sandra Beltrán, presunta operadora del cártel de Sinaloa, o María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, acusada de delincuencia organizada.

En este penal de máxima seguridad pasa 23 horas en una celda, apenas tiene contacto con otras personas durante los 40 minutos que puede permanecer en el patio y solo tiene derecho a hablar con su defensa por 45 minutos en cada visita. La acusan de delincuencia organizada y secuestro, aunque en Olinalá, Guerrero, encabezaba un movimiento que pretendía garantizar la seguridad y justicia en su comunidad.

El 17 de agosto de 2013, cuatro días antes de ser detenida por elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá emitió un comunicado en el que alertaba la posibilidad de que ocurriera una “masacre” tras actos intimidatorios por parte de elementos castrenses en la casa de la dirigente.

Acusaban al presidente municipal, Eusebio González, y al líder del Comité del Consejo de Seguridad y Vigilancia, Juan Mancilla, de colaborar con Mario Ponce‚ Arsenio Coronel –alias el Cotorro–‚ Octavio Rendón –alias la Panocha–, Primitivo Jiménez y Omar Jiménez, presuntamente dedicados a la “distribución de estupefacientes‚ relación con sicarios‚ robo y secuestro”.

En ese año, cuando Nestora se volvía noticia nacional por encabezar un movimiento comunitario, advertía en entrevistas periodísticas que no le temía al crimen organizado, ni a los sicarios, sino “al gobierno”. La mujer de 42 años advertía frente a la cámara “si algún día llego a desaparecer, es el gobierno porque son los que nos están atacando”.

El 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida junto con otra treintena de policías comunitarios en el municipio de Ayutla; fue traslada a Chilpancingo y luego al Juzgado Primero del penal de las Cruces, en Acapulco. Dos días después estaba en el penal de Nayarit.

Del sueño americano a la comandancia 

Olinalá es una comunidad de la región de la montaña de Guerrero, donde 8 de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza, según el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ahí, los servicios de salud o vivienda son lujos para unos cuantos y la mayoría ni siquiera concluye la educación básica.

Nestora Salgado, como miles de mexicanos decidió buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y migró a los 20 años. Seis meses después, sus tres hijas la alcanzaron y con su esposo construyeron una vida que les permitía vivir desahogadamente. Incluso obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Para mantener a su familia, Nestora limpiaba casas, trabajó en las cocinas de restaurantes y fue mesera. Dos de sus hijas estudiaron hasta la preparatoria y otra es enfermera. Sin embargo, para no olvidar sus raíces y “valorar la vida”, “la comandanta” hacía visitas frecuentes a su comunidad. Intentaba hacer ver a sus hijas que en México había gente con menos oportunidades, que trabajaban mucho y ganaban poco, comenta Saira.

En uno de los viajes, en 2001, Nestora tuvo un accidente automovilístico que la mantuvo paralizada durante tres meses y durante los tres años siguientes se mantuvo en terapia física para recuperar la movilidad. Eso fue lo que la hizo regresar a México. Sus ahorros le permitían establecerse en su comunidad, donde su hija Saira instaló una carnicería en 2004.

Tiempo después, como el resto de los comerciantes, comenzó a sufrir extorsiones por parte de delincuentes que le pedían entre 400 y 500 pesos semanales. Después comenzaron los secuestros, hasta que un día el pueblo se cansó y decidió enfrentar a los criminales. Así nació la policía comunitaria de Olinalá, ante “una emergencia” en octubre de 2012.

Nestora, de carácter fuerte, que se atreve a decir lo que piensa a quien sea, así se trate de funcionarios o policías, fue elegida por la comunidad para liderar el movimiento. Se convirtió en “la comandanta”.

Luis, marido de Nestora dice que “ella vale por dos hombres” y Saira lo confirma. La admira por valiente y aunque siempre supo que el riesgo era alto estaba dispuesta a enfrentarlo. “Si antes íbamos a morir, ahora al menos que sea por algo que valga la pena”, parafrasea Saira a su madre.

El proceso 

La detención de Nestora fue a causa de cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas por el delito de secuestro (del fuero común) y una por delincuencia organizada (fuero federal). Precisamente por este último es que fue recluida en el Cefereso de Nayarit.

La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la comunidad, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá.

Misael Rivero, abogado de Nestora e integrante de Organización de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., explica que el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación 76/2013 sobre crimen organizado, por lo que dictó auto de formal libertad a Nestora. Sin embargo, aunque esto no permitía la liberación pues aún debía enfrentar las acusaciones restantes, si permitía que fuera trasladada a un penal local, pero no sucedió.

“El magistrado llegó a la conclusión de que la policía comunitaria está basada en los usos y costumbres y por lo tanto su actuación se encuadra en la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT. Hizo una comparación entre la visión de la comunidad indígena sobre el sistema de administración de justicia y la visión occidental”, dice Rivero a Animal Político.

Y es que la actuación de la policía comunitaria de Olinalá consistía en que cuando recibía una denuncia, detenía al presunto culpable, quien era juzgado en asamblea por toda la comunidad y así se determinaba la sanción, que podía incluir la detención o la “reeducación”, es decir, realizar trabajos de apoyo a los habitantes del pueblo.

Según el magistrado de Acapulco, este modelo es equiparable a la “reinserción social” en nuestro sistema penal. “Tampoco se podía determinar como secuestro, sino como actos fundados en los usos y costumbres”. Incluso, dice el abogado, en la declaración de las supuestas víctimas y sus familias se reconocen que estaban recluidos en la casa de justicia, donde podían recibían visitas.

Además se establecían pagos acorde a sus faltas sin que eso significara un rescate sino una “fianza”.

Dichos argumentos echan abajo la configuración de “delincuencia organizada”, pues la policía comunitaria no fue constituida para fines ilícitos, sino al amparo de la Ley 701 de “Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero”.

En el artículo 37 de dicha legislación, donde se reconoce a las policías comunitarias, se establece que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.

El caso fue considerado como una “aberración” por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, al considerar que Nestora es una presa política. Por ello solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado.

Esto obedece a la “demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero”, se explica en el comunicado emitido el 8 de enero pasado.

Aunque no hay un periodo establecido para que el fiscal resuelva, de atender la petición del gobernador, la liberación sería inmediata. Sin embargo, todo es “un cálculo político”, acusa el abogado Leonel Rivero.

Explica que las autoridades judiciales están “administrando el proceso, la tienen como rehén”, pues ni siquiera se han podido desahogar pruebas y será hasta el 29 y 30 de enero cuando se realicen los primeros careos en el penal de Nayarit, a donde deberían acudir las víctimas, pero de no hacerlo, alargarían más el proceso que lleva ya 17 meses.

¿Secuestradora? 

Los empresarios Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, después de sufrir el secuestro de sus hijos, han encabezado un activismo que consiguió incidir en políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra dicho delito.

Este lunes 12 de enero hicieron pública su inconformidad por la posible liberación de Nestora, pues, según dicen, existen pruebas de la participación de “la comandanta” en 40 secuestros, por lo que la solicitud del gobernador es una “barbaridad”.

Uno de los supuestos casos lo denunció Eugenio Sánchez González, habitante de Olinalá, quién fue recluido en la casa de justicia y realizaba labores de cultivo y limpieza en terrenos acusado de robar ganado.

Saira Rodríguez, hija de Nestora, advierte que este es un ejemplo claro de que no se trata de secuestro, pues la asamblea del pueblo determinó la culpabilidad de Sánchez González del hurto, al no poder comprobar la adquisición de cabezas de vacas que valen hasta 25 mil pesos.

Además, la familia de este hombre, dice Saira, sí tiene antecedentes penales, pues Manuel Sánchez y Adán Sanchez, formaban parte del grupo “Los Ayutla” que realizaban secuestros en la región y en 2004 fueron aprehendidos por al Procuraduría de Guerrero y enfrentan una condena de 45 años.


“Todo es político porque en todas las declaraciones dicen que las familias sabían dónde estaban detenidos. Eso no es un secuestro”, insiste la joven de 27 años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Cuál es el futuro del SME? Difieren Esparza y Osorio Chong

Mientras el dirigente del SME, Martín Esparza, habla de una nueva empresa, el secretario de Gobernación dice que ayudará a "buscarles alguna ubicación" a los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se volvería una nueva empresa, independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la que laborarían los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, dijo el jueves el líder electricista, Martín Esparza, tras una reunión en la Secretaría de Gobernación. 

“Al 31 de marzo, así está el esquema, tiene que estar constituida la empresa de generación, con el tabulador de puestos de trabajadores, la concesión a cuántos años, permisos para interconexión, quién es el que va a comprar la energía, que en este caso el gobierno federal, la cooperativa tiene que estar ya entregada la fábrica, los talleres, las naves industriales, las herramientas, contratos amarrados para suministrar al mercado nacional e internacional también”, expuso en entrevista con los medios.

Sin embargo, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que se haya hablado de una nueva empresa que compita con la CFE:  “Podemos ir resolviendo a los que no han podido, en estos 3 años, encontrar empleo, buscarles alguna ubicación, eso es el compromiso y modalidades van a ser diferentes pero la idea es buscarles empleos, colocarlos, en las posibilidades que tiene el gobierno de la República, en también las capacidades que tienen los propios ex trabajadores”.

Esparza incluso aseveró que en la nueva empresa trabajarán los más 16 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza que no aceptaron su liquidación en el gobierno de Felipe Calderón. Y fue más allá: “Serán 34 plantas de generación eléctricas las que utilizaremos, que pertenecían a la compañía de Luz y Fuerza, más las que se vayan a construir dentro y fuera de nuestra zona de atención, además de 11 fábricas centrales y talleres”.


A 5 años del famoso decreto presidencial que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre de 2009, permanece la duda de cuál será, en realidad, el futuro del SME, sindicato que volvió a marchar ayer, en las calles de la Ciudad de México, y que, por cierto, el pasado 14 de diciembre cumplió un siglo de haber sido fundado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen al “Cepillo”, de Guerreros Unidos, por normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Se trata de un cercano colaborador de Gildardo López Astudillo, "El Gil", operador de Guerreros Unidos y quien es señalado de recibir a los estudiantes de manos de policías municipales de Iguala y Cocula.

Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto sicario del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, pues supuestamente está implicado en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero.

Las autoridades lo identifican como operador de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien es un presunto lugarteniente del máximo líder de esa organización criminal, Sidronio Casarrubias Salgado; éste último está preso.

Según las investigaciones de la PGR, “El Gil” fue quien coordinó la desaparición de los 43 jóvenes normalistas tras contar con la aprobación de Sidronio Casarrubias.

La captura de Felipe Rodríguez -de acuerdo con información de Noticias MVS- habría ocurrido la madrugada de este viernes en el municipio de Jiutepec, Morelos. Tras ello, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que rinda su declaración sobre el caso de los normalistas.

Hasta el mediodía de este viernes, las autoridades federales no han proporcionado mayor información sobre la captura de “El Cepillo”.

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo em noviembre que “El Cepillo” fue quien ordenó a los miembros de Guerreros Unidos quemar la ropa de los normalistas. Aquí la narración que el procurador hizo en aquel momento:

Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal,  fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como “El Gil”, quien le informó vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. 

(…)

Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración, en más de 40 personas, esta es parte de su declaración. 

Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. 

En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de “halcón” informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía él la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. 

Los documentos, los detenidos perdón, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. 

Por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las 5 y media de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes


Después de la conferencia de prensa el 7 de noviembre, Murillo dijo que al acudir al basurero de Cocula, “al principio me confundí, porque vi algunas ropas, pedí que lo revisaran todo, pero luego ya me enteré que habían quemado todo. Dice uno de ellos que el líder, un tipo que le dicen El Cepillo —que todavía no está detenido— los obligó a quemar la ropa que ellos traían puesta, para que no quedara huella de nada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

22 muertos en Tlatlaya tenían 107 heridas de bala

Uno de los 22 recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército Mexicano, el pasado 30 de junio.

Los peritos de la Procuraduría del Estado de México tuvieron elementos para dudar de la versión del Ejército sobre el homicidio de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya. Sin embargo, sus peritajes respaldaron la hipótesis de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes, y no de ejecuciones extrajudiciales, como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las 22 víctimas de Tlatlaya registraron en total 107 heridas de bala.

Nueve personas presentaron lesiones al realizar “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.

Además, 11 de las víctimas tenían lesiones provocadas por tener contacto con superficies duras y ásperas. En sólo uno de los casos se especificó que las lesiones pudieron registrarse cuando la víctima cayó al suelo.

Los peritos llegaron a la bodega seis horas después de la balacera. Durante todo ese tiempo los soldados estuvieron en la escena del crimen sin supervisión; aún así, la Procuraduría no investigó una posible alteración de la escena del crimen.

Los peritajes fueron realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la matanza del 30 de junio en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El equipo de Noticias MVS tuvo acceso a parte de estos documentos tras una solicitud de información realizada a la CNDH, organismo que elaboró una recomendación sobre el caso.

Durante los primeros días, autoridades federales y locales mantuvieron la versión de que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos criminales, aunque revelaciones periodísticas debilitaron su discurso y actualmente siete elementos son procesados por estos hechos.

Un día después de los hechos, el gobernador Eruviel Ávila defendió la actuación del Ejército: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”.

Poder de fuego

En los 22 cadáveres se contaron 107 heridas de bala.

Los peritajes indican que nueve víctimas tenían trece heridas de arma de fuego que les fueron realizadas mientras realizaban “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.

En su recomendación, la CNDH señaló que cuando se presentan maniobras instintivas de defensa y de protección “muy probablemente” la víctima fue privada ilegalmente de su vida.

Además, se señala el caso otras seis víctimas que probablemente intentaron defenderse de una ejecución extrajudicial, porque tenían heridas de arma de fuego en los brazos.

Según los documentos que fueron mostrados a MVS, la víctima más afectada durante la agresión recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército Mexicano.

Por la descripción de los elementos se puede concluir que la hija de “Julia” (la mujer que fue entrevistada por la Revista Esquire, quien reveló la ejecución extrajudicial) recibió diez balazos.

Resguardo del lugar

La Procuraduría mexiquense concluyó que el lugar de los hechos sí fue preservado en su estado original antes de la revisión científica, sólo por el hecho de que estaba resguardado por militares.

Los hechos sucedieron alrededor de las 6:00 de la mañana.

El Ministerio Público de Tejupilco fue llamado a las 11:00 de la mañana y los peritos llegaron hasta las 12:30 horas, es decir, más de seis horas después.

Los peritos estatales fueron recibidos por un coronel del Ejército, quien informó que en ése lugar se había registrado una balacera entre miembros del Ejército y un grupo delictivo.

Con esos elementos la Procuraduría mexiquense concluyó en su informe que:

“El lugar sí fue preservado en su estadío original previo a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército Mexicano”.

Enfrentamiento

La principal y última conclusión del Ministerio Público es que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes.

Para sostener esta hipótesis se argumenta que la camioneta Chevrolet del Ejército recibió 20 impactos de bala.

En el resumen del peritaje se establece que la posición de los cadáveres corresponde a la original en que se encontraban al momento de caer.

Sin embargo, con el mismo peritaje, expertos de la CNDH concluyeron que se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales y tres cadáveres fueron movidos luego del tiroteo, por lo que no se puede determinar la forma exacta del fallecimiento.

Posteriormente, en un comunicado del 2 de noviembre de 2014, la Judicatura Federal informó que tres militares eran procesados por el homicidio de ocho personas.

En total, son siete los soldados investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo y ejercicio indebido del servicio público.

El 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por los hechos ocurridos en Tlatlaya.

Según esta investigación, dos de las tres sobrevivientes al ataque fueron torturadas. Incluso se les amenazó con ser violadas para que reconocieran ser parte de una banda de secuestradores y, con ello, quitaran toda responsabilidad al Ejército.

Con la declaración forzada, las mujeres fueron recluidas en un penal de alta seguridad y consiguieron su libertad el 15 de diciembre, luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias.


A 200 días de los homicidios se desconocen los nombres de los 20 funcionarios de la Procuraduría del Estado de México que son investigados por ejercer tortura y tampoco se ha dado a conocer la cadena de mando completa del Ejército que participó en la ejecución extrajudicial de civiles, la madrugada del 30 de junio de 2014.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.