lunes, 19 de enero de 2015

Debe abrirse línea de investigación que incluya al Ejército, exige Omar García

Si tuvieron a los 43 en el cuartel de Iguala, pues ya los sacaron, dice normalista. Los celulares indican que en el 27 Batallón de Infantería fue el último lugar donde estuvieron, señala.

Perder la vista del ojo izquierdo es lo que menos le preocupa a Omar García, después del enfrentamiento con militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala. En este momento, su mayor inquietud es encontrar a sus 42 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, aunque sabe que en esa misión se juega la vida: desde el 26 de septiembre yo vivo como si ya hubiera muerto.

Aún convaleciente, con las heridas visibles en un ojo, Omar García asume de manera estoica que puede ser el 44 en desaparecer, debido a su visible liderazgo llevado con lealtad inquebrantable y compromiso con los padres de los normalistas desaparecidos.

Explica que dejó el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste) de Chilpancingo, porque el oftalmólogo que lo atendía se dedicaba a expresarle sus opiniones en contra de las acciones que estudiantes y padres de los normalistas realizan: me hacía preguntas que no venían al caso y comentarios como que no era bueno entrar a los cuarteles militares.

Le dije que eso no le incumbía y que tenía que limitarse a su trabajo. Por eso preferí irme, dice en entrevista con La Jornada.

Pasado el momento de peligro del desprendimiento de retina, Omar García, convertido en líder estudiantil visible del caso Ayotzinapa, se recupera ahora de las graves lesiones en su ojo izquierdo con la mejor medicina: la solidaridad y el cariño de sus amigos.

Indudable, línea de indagatoria

Este joven de 24 años, que cursa el segundo año de normal, no tiene duda que la línea de investigación por el crimen de Estado de Ayotzinapa pasa necesariamente por el Ejército: Queríamos demostrar que entraríamos. Muchos dirán que estamos locos, que esa fue una acción arriesgada, pero no hay locura en esto, estamos demostrando que vamos en serio y que queremos entrar a los cuarteles para encontrar a nuestros compañeros. Y lo vamos a hacer.

El lunes 12 de enero, el golpe seco de una pedrada le provocó un ligero mareo; luego, con la vista nublada fue sintiendo un intenso dolor. La sangre corría por su rostro y lo llevaron a urgencias, junto a otros padres que también resultaron heridos.

Pudo habernos irnos peor. Sabíamos que ir a un cuartel militar no era cualquier cosa. Pero desde hace dos meses estamos insistiendo que se abra una línea de investigación al Ejército por su participación en la desaparición forzada de mis compañeros, de la cual soy testigo, como otros más que pueden confirmar la versión.

La reacción inmediata del gobierno fue anunciar la posibilidad de que los padres entraran a los cuarteles militares, pero después, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que sólo se permitiría la entrada al de Iguala.

Nosotros no somos tontos. Si tuvieron a nuestros compañeros en algún momento en el cuartel militar de Iguala, como lo demuestran algunos teléfonos celulares de mis compañeros, es obvio que ya los sacaron de allí. Eso lo sabemos.

Omar García se refiere a la localización que los familiares de los normalistas recibieron a través de sus celulares, como el caso de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, quien señala que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Celulares sin investigar

La localización de los celulares no ha sido investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), según señala, algo que les sorprende: Es una línea de investigación que no han tomado en cuenta. Existe la geolocalización y la retención de datos. Cada llamada y cada mensaje están registrados y las empresas de telecomunicaciones tienen el deber de guardar esos datos durante dos años.

–¿Y por qué la PGR no ha investigado los celulares de los normalistas desaparecidos?

–A tres meses y medio la PGR no investiga, incluso a los ocho días pudieron haber dado una localización de los 43 teléfonos de nuestros compañeros que salieron de la escuela. Todos tenían celular. En algún momento les tienen que haber quitado los celulares y en ese momento deben saber si se los llevaron juntos o los dividieron. Nosotros tenemos varios celulares de compañeros que nos indican que estuvieron en el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.

Para Omar García no sólo esto resulta sospechoso, sino también el tiempo que tardó la PGR en reaccionar sobre el caso Ayotzinapa: Se tardó 10 días. Tuvieron mucho tiempo para armar un gran teatro.


Y añade: El Ejército pudo movilizar a la gente hacia donde se le haya antojado, como al Campo Militar Número Uno y otros lugares donde se sabe que se ha torturado y encarcelado a gente que desaparece. Sabemos de vuelos de la muerte, de presos políticos, incluso hay ex guerrilleros que lo demuestran, porque estuvieron en esas prisiones y manifiestan que los militares se dedicaban a desaparecer gente. Además de los asesinos a sueldo que el gobierno tiene por donde quiera.

Una historia negra

Omar García exige, junto con los padres de los normalistas, una investigación profunda al Ejército en el caso Ayotzinapa, un crimen de Estado, dice, perfectamente planeado, y no están dispuestos a aceptar la última decisión del gobierno, que asegura haber agotado las líneas de investigación para aparentemente dar carpetazo y olvidar el asunto.

La PGR puede intentar lo que sea, pero Ayotzinapa no se olvida ni se olvidará. Nuestro plan es revisar todos los cuarteles militares. A nosotros no nos van a dejar satisfechos con entrar sólo al cuartel de Iguala. Vamos a seguir luchando, incluso después de que se demostrara que nuestros compañeros están muertos. No son 43, son miles en México.

Para sustentar su tesis se remonta a la historia negra del Ejército en otras ocasiones donde se ha demostrado que participó: El Ejército está presente en las masacres y no va a cambiar. Ese Ejército durante años se ha acostumbrado a eso. Llegando allí adoctrinan para obedecer sin cuestionar las órdenes, es un aparato vertical, burocrático, corrupto.

Dice que de acuerdo con las investigaciones que estudiantes y padres de la Normal Rural han hecho, les han llegado versiones de militares desertores que refieren de lo que sucede en las instalaciones militares: Nos han contado que son testigos de la corrupción en el Ejército, de las prisiones secretas, aparatos de tortura y todo lo que tienen clandestinamente.

–Esa línea de investigación que involucra al Ejército, ¿la van a continuar pese a que no los dejen entrar a los cuarteles?

–Nunca la vamos a descartar. Yo estuve allí frente a los soldados esa noche. Ellos insinuaron que nos iban a desaparecer.

–¿Por qué el Ejército querría desaparecer 43 jóvenes?

–No atacaron a estudiantes comunes y corrientes, se han llevado ya muchos otros, como en Cocula; esta vez eran estudiantes normalistas, jóvenes que piensan diferente al Estado. Es lo que representa Ayotzinapa en el movimiento de Guerrero.

–¿Ustedes son incómodos para el Ejército?

–Siempre lo hemos sido. Y desarmados para colmo.

–¿Son considerados subversivos?

–Nos gustaría que nos consideraran subversivos, pues nos consideran vándalos y delincuentes, que es peor.

Omar García no puede olvidar cómo aquella noche del 26 de septiembre algunos de ellos solicitaron a los soldados que atendieran su compañero Édgar, pero un militar les contestó que se lo merecía y se tenían que aguantar.

“No hay ayotzi que no haya sido encañonado en el pecho a las dos o tres semanas que haya ingresado a la escuela. Siempre llegan los marinos, la policía o los militares y te encañonan en el pecho. Eso es para probarte. Con el tiempo ellos mismos nos han quitado el miedo.”

Vamos a seguir

La reciente detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, por participar en la desaparición de los normalistas, es un hecho intrascendente para Omar: “De qué sirve que detengan a 97 personas si las estructuras detrás siguen intactas.

“A nosotros nos importa un comino las estructuras visibles de sicarios, porque detrás de ellas están los verdaderos criminales, los que mueven todo. Sin el Estado, la delincuencia organizada no funcionaría. Sin las estructuras del Estado no habría delincuencia organizada. Detrás de los que andan con sus cuernos de chivo están los otros sin armas, pero que son los que organizan todo.”'

Omar García espera recuperarse totalmente para volver en unos días a la búsqueda de sus compañeros. Sabe que el Ejército lo vigila, y desde hace tres meses y medio se mueve constantemente de lugar para sobrevivir al acoso. Pese a todo, ríe de manera espontánea y pasa su mano por el cabello para señalar a los responsables del caso Ayotzinapa:


El brazo armado del Estado es el Ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del Ejército de nada sirve que cambie el gobierno; quien tiene el poder real en México son los militares'. Y si logramos demostrar que fue el Ejército, los militares van a apuntar a muchos funcionarios y políticos como cómplices de todo lo que han hecho. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.

En Sonora, el oro más preciado que la vida

LA COLORADA, Son:- Desde hace tres años los habitantes de La Colorada sobreviven a las continuas detonaciones de la minera Pitalla, firma que genera millones de micropartículas que forman una densa “nata” visible mañanas y tardes, así como a la solución cianurada con la que se irrigan las “montañas” de piedras trituradas donde se obtiene el oro que, en esta zona del país, se aprecia más que la vida.

En esta comunidad rural, localizada a 45 kilómetros al sureste de Hermosillo, cada día hay un antes y un después de las explosiones o voladuras que estremecen el paisaje cerca de las dos de la tarde.

Los estruendos inician con el atemorizante ulular de una sirena nacido en el tajo central de la mina, donde se activan las descargas explosivas que a la postre cimbran la tierra y saturan, por segundos, el espectro de sonido del otrora apacible ejido.

Tras la voladura, que se puede dividir hasta en siete detonaciones diarias, siempre de lunes a viernes entre dos y tres de la tarde, se levantan inmensas columnas de polvo que nacen en las entrañas de esta mina extendida a lo largo de 230 hectáreas.

Y no es todo: para 2016 se proyecta que el filón alcance las 280 hectáreas en un predio superior a las mil hectáreas de superficie.

En La Colorada es común que los habitantes enfermen de las vías respiratorias, desde una crisis asmática hasta enfisema pulmonar.

También son frecuentes entre los mineros las lesiones oculares y lumbares, padecimientos que los trabajadores ocultan porque esto podría causarles el inmediato despido.

A este sigilo se suma la mansedumbre autoimpuesta de los pobladores, quienes se niegan a denunciar los tronidos de la tarde y sus consecuentes afectaciones a la salud. En tanto, quienes se atreven a romper el silencio apenas y son escuchados.

Es el caso de Francisca Amparano, quien lidera un grupo de 120 ciudadanos que redactó el 19 de enero de 2014 una denuncia formal dirigida al alcalde Armando Rodríguez; al encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Arias, y al gobernador, el panista Guillermo Padrés.

Los inconformes expusieron en el documento el deterioro que ha sufrido la parroquia, los daños estructurales en las viviendas producto de las detonaciones y los riesgos a la salud que representa esta práctica minera.

“Algunas voladuras son llevaderas, pero como en mi casa se sienten mucho, hasta taquicardia me han provocado”, relata Amparano, quien tiene un hijo que padece alergia al polvo y sufre repentinos ataques de asma.

“De esta situación ya se le informó a la Secretaría de Salud estatal y, la verdad, no sabemos qué se piensa hacer”, lamenta.

La denuncia cumplirá un año este lunes 19, y sólo provocó una breve reunión entre los aludidos, quienes se limitaron a nombrar una cuadrilla para rehabilitar las viviendas dañadas, a las que sólo colocaron una ligera capa de cemento en techos y columnas resquebrajadas.


Sin embargo, sobre las explosiones y los daños a la salud, la minera apostó al olvido y a las amenazas, porque si algún trabajador o sus familiares son sorprendidos quejándose, quedan despedidos en automático.

Salud en riesgo

Priscila Ibarra Becerra, médico pasante y responsable del Centro de Salud Rural, asegura que la principal causa de enfermedades se deriva de las prácticas mineras. El contaminado ambiente impacta en crisis asmáticas, bronquitis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), agravadas porque la mayoría de los residentes fuma o cocina en estufa de leña.

“No sólo es el polvo que se levanta, también es el sonido y el temblor que hace retumbar el centro del pueblo. Ya por la mañana, como a eso de las seis, se viene una ola, una nube baja de polvo que si se abren las puertas o ventanas se mete a las casas”, cuenta la egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La población en mayor riesgo, dice, son los niños menores de 10 años y los adultos mayores a 50.

Sueño dorado

La Colorada es un municipio con mil 663 habitantes, de acuerdo con datos del Inegi. Se ubica en el kilómetro 45 de la carretera federal 16 Hermosillo-Tecoripa. Fue fundada en 1741 por jesuitas mineros y revivió en 1895 con la llegada del tren a Sonora durante la dictadura de Porfirio Díaz.

Es un poblado de origen minero y los primeros moradores se asentaron en los cuerpos de agua, donde “lavaban” el oro que era posible encontrar a simple vista en los cauces de los arroyos.

La devastación, en una primera etapa, fue orquestada por los propietarios de la mina El Dorado, que inició operaciones en 1989 y se retiró en 2005. Después arribó minera Pitalla, empresa mexicana con recursos canadienses de la firma metalúrgica Argonauts Gold.

Desde su llegada, el 17 de febrero de 2012, el consorcio logró un permiso de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para almacenar, a sólo 100 metros del pueblo: 30 mil kilogramos de “alto explosivo”, 10 mil kilogramos de “agente explosivo” y 10 mil metros de “cordón detonante”, así como mil metros de “conductores” y 12 mil “iniciadores”.

En promedio se realizan cinco voladuras a la semana, divididas en 30 detonaciones, que al mes suman 120 y al cabo de un año totalizan mil 440. Desde 2012, los residentes de La Colorada han experimentado 4 mil 320 explosiones.

El gerente de mina de Pitalla, Francisco Badilla Peralta, explica que las voladuras “desplazan” el suelo 1.5 centímetros por cada centímetro cuadrado, lo que es “aceptable” porque los estándares internacionales y nacionales permiten el desplazamiento de hasta 6 centímetros por cada centímetro cuadrado.

Pese a ello, existe un centenar de viviendas siniestradas, como la de Jesús Anibal Ruiz Aguilar, quien inhabilitó uno de los cuartos principales de su hogar porque una grieta ancha atraviesa el techo y las columnas.

“Desconfío de la cuadrilla de trabajadores que envió la mina para arreglar los desperfectos, pues son de los que quieren poner un curita donde se requiere cirugía”, acusa.

Aníbal es residente de La Colorada desde 2011, año en el que la minera no estaba en operaciones y “cuando el pueblo todavía era un lugar tranquilo para vivir”.

Otra excepción es la escuela primaria federal “Carmen Preciado de Vázquez”, ubicada a unos cien metros de los límites de la mina, en donde los niños que permanecen en el plantel con el programa de horario extendido se ocultan en uno de los salones durante las detonaciones.

La mayoría se recuesta en el suelo, otros se resguardan bajo las cobijas que utilizan para dormir la siesta y el resto se tapa los oídos con las mochilas o con las palmas de las manos.

“Los vidrios de la escuela se tambalean bien feo… Antes me daba miedo, pero ya me acostumbré”, refiere el pequeño Gustavo, de quinto año.

No es para menos, la mina remueve diariamente 50 mil 659 toneladas de material minado y, en un mes, un millón 144
mil 672 toneladas. Tritura cada 24 horas cerca de 15 mil 966 toneladas de material que será depositado en los patios de lixiviados, donde mediante una solución de cianuro de sodio el oro se separa de los minerales sin valor.

Justo en este proceso se presenta otro factor de riesgo a la salud, pues la maquinaria pesada forma gigantescas pirámides escalonadas que son irrigadas por sistema de aspersión o por goteo con más de 100 mil litros de solución cianurada que, con un ligero viento, se traslada hasta el pueblo.

La doctora Ibarra Becerra indica que una larga exposición a esta fórmula metalúrgica causa fatiga, falta de aire y tos crónica (sin infección), multifactores que al tiempo devienen en cáncer.

Ante esta serie de señalamientos, el gerente general de minera Pitalla, Francisco Abelais, reconoce que esta empresa es el “vecino incómodo” de La Colorada.

“Siempre lo he comentado a la comunidad: Somos el vecino incómodo. Por eso tratamos de minimizar cualquier efecto negativo a la comunidad.

“Sabemos que las voladuras son ruidosas y provocan vibraciones, por tal motivo monitoreamos cómo afectamos a la comunidad”, admite el directivo.

Para este año, añade, se prevén un sinnúmero de inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), motivadas por el accidente registrado el 6 de agosto anterior en la mina Buenavista del Cobre, donde se derramaron 40 millones de litros de metales pesados y lixiviados de cobre sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, calificado como “el desastre ecológico más grande en la historia moderna de la minería”.

Durante la entrevista, Abelais también presume que minera Pitalla espera este año obtener por tercera ocasión consecutiva el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR).

Anualmente, asegure, se entrega en beneficios a la comunidad una bolsa de 120 mil dólares que se utilizan para rehabilitar viviendas, otorgar becas estudiantiles e invertir en infraestructura para la primaria local.

Se trata de una cantidad mínima si se compara con las ganancias que obtuvo minera Pitalla en 2014 con la extracción de 40 mil 535 onzas de oro a un precio de 700 dólares por unidad y por la producción de 153 mil 548 onzas de plata con un precio de mercado de 17 dólares, según lo establece el portal canadiense de Argonaut Gold.


De igual forma, el apoyo contrasta con las cifras del Centro de Salud Rural, que atendió a 42 mineros lesionados y donde, en promedio, se expide un reporte médico cada siete días, pues la mina sólo cuenta con una sala de primeros auxilios y los afectados son atendidos en hospitales públicos.

Sin iniciativa municipal

El alcalde de La Colorada, Armando Rodríguez, afirme estar dispuesto a enfrentar al consorcio si lo acompaña al menos un ciudadano.

“No sé lo que pasa, pero cuando los inconformes ven a los directivos mineros o a los gobernantes, el pueblo se queda solo”, justifica.

“Hace falta uno que esté dispuesto a denunciar”, recalca.

“Si alguno de ellos se siente afectado, yo en encabezo esa lucha, pero no me puedo lanzar solo a cerrar la mina
porque si lo logro, al cabo de unos días los mismos inconformes me culparían de clausurar el más grande centro de trabajo del municipio”, comenta.


La falta de iniciativa municipal, las laxas leyes ambientales, las amenazas mineras y el temor ciudadano son parte de un círculo vicioso que únicamente se romperá cuando en La Colorada “sólo queden vivos los fantasmas de la riqueza muerta”, como escribió el uruguayo Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, al referirse a la depredación minera que experimentó San Luis Potosí en el siglo XIX.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

La realidad refuta al “virrey” Castillo

Según el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, en el año que lleva en el cargo –como “virrey”, señalan algunos– la violencia bajó a niveles tolerables. Pero la senadora panista Luisa María Calderón señala que el enviado del presidente Peña Nieto es un factor de desorden en la entidad y nadie le cree. Y el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, lo acusa de pactar con el crimen organizado para afianzar su poder. Para colmo, dice, las próximas elecciones se realizarán bajo su control.

“Michoacán es un desorden”, repite la senadora Luisa María Calderón Hinojosa después de escuchar a Alfredo Castillo, quien a un año de ser nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, afirma que la entidad ya no tiene problemas de inseguridad, ya no se cometen extorsiones y la gente puede salir a la calle, sin temor, a cualquier hora.

El martes 13, Castillo compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en medio de críticas de los legisladores a su trabajo. Incluso lo llamaron “virrey”, cuestionando el acuerdo presidencial por el que se creó la comisión que encabeza, con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones se erogaron en “servicios personales” y el resto, más de 28 millones, en “gastos de operación”.

Durante más de tres horas el comisionado argumentó que, a un año de su llegada, Michoacán ya no sufre por culpa del crimen organizado, los enfrentamientos son por divisiones entre los líderes de las fuerzas rurales y la violencia ha disminuido a niveles tolerables.

Para apuntalar esto, dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad se ubica en el lugar 25 de 32, y las denuncias de secuestro, que en 2013 fueron 194, descendieron a 13 el año pasado.

Y aventuró: “No podemos hablar, hoy por hoy, de que exista un estado fallido, cuando a diferencia, y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”.

El comisionado rechazó los señalamientos de que permitió a integrantes del crimen organizado integrarse a la Fuerza Rural, pues “para eso habría que hacer señalamientos de averiguaciones previas que están en la SEIDO”.

El enviado del presidente Enrique Peña Nieto acusó al gobierno anterior, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, de haber dado por muerto a Nazario Moreno, El Chayo, en 2011, cuando en realidad vivió hasta 2014, y entre tanto se fortaleció la organización delictiva Los Caballeros Templarios.

Encarando a los legisladores del PAN, el comisionado insistió: “El gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y que, la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”. La legisladora señalada es Luisa María Calderón, precandidata panista a la gubernatura michoacana y hermana del expresidente Felipe Calderón.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Los pantanos de Ficrea

La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de “ahorradores” sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.

MÉXICO, D.F: El escándalo de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea apunta a una “triangulación” ilegal de fondos y también a un lavado “hormiga” de dinero en 2014. Además revela complicidad de autoridades financieras, que sabiendo de las irregularidades permitieron a entidades receptoras de dinero federal “invertir” en una empresa con crecimiento atípico.

Documentos consultados por Proceso evidencian movimientos que no corresponden a “un ahorrador popular”, que el gobierno federal centró sus indagaciones en algunos “ahorradores plus” que demandan 100% de sus pagos, ha ignorado decenas de inmobiliarias “ahorradoras” e incluso “perdonó” a la mayoría de los accionistas de Ficrea centrándose en el socio mayoritario: Rafael Antonio Olvera Amezcua.

En los documentos se revela incluso una burla: el gobierno federal debe “rescatar” a algunas de las empresas del consorcio de Olvera Amezcua, pues al menos dos de ellas “ahorraron” en Ficrea: Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V. y Leadman Trade S. A. de C. V.

De triangulación a lavado “hormiga”

Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, constituyó su primera empresa el 21 de diciembre de 2000: Leadman Trade, según publicó en El Universal la reportera Doris Gómora. La extensa investigación dio cuenta de una red de 100 empresas que se multiplicaron a partir de ese año. La sofipo Ficrea surgió en junio de 2008.

Seis años después, el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento la sofipo tenía una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales cinco mil 900 se trasladaron a tres empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.

Al socio mayoritario se le denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y un fraude de más de dos mil 700 millones de peso en agravio de 6 mil 670 ahorradores.

Hasta aquí llega la acusación oficial. Sin embargo, una tarjeta informativa –a la cual tuvo aceso este semanario– muestra que no se trata de 6 mil 670 ahorradores, sino de 4 mil 432, que son quienes cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Asistentes a inauguración de festival de cine en Chiapas abuchean y le gritan “asesino” a Manuel Velasco

Ciudad de México, 17 de enero: Manifestantes exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se pronunciaron a favor de comunidades indígenas, durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. El grupo de disidentes alzó mantas, gritó consignas e increparon al Gobernador Manuel Velasco Coello, a quién lo acusaron de “asesino”.

Durante la ceremonia, los reclamos y abucheos se escucharon. Un video da muestra de ello. En la presentación de los invitados a la inauguración que se realizó ayer, los protestantes le gritaron al mandatario estatal “asesino”. Al escuchar, los gritos, el semblante de Manuel Velasco cambió a serio, se observa en la grabación.

Mario Uvence Rojas, Secretario de Turismo de Chiapas, pidió a los asistentes “respeto porque están en un festival internacional de cine”. E hizo comentarios donde refirió que las personas que estaban gritando no dimensionaban la importancia del evento.

“Bienvenidas todas las voces porque son importantes en un estado plural”, declaró Uvence Rojas a nombre del Gobernador.

Momentos después, se escucha en el video, una voz femenina que comienza el conteo del 1 al 43, seguida de más personas.

En la inauguración estuvieron presentes Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional; Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía; Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros invitados,.

Con la presencia de personalidades como el director Costa-Gavras y Jorge Fons, fue inaugurada la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en el Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”.

“Es un gusto estar en esta ciudad mágica porque el cine es una forma de conocer el mundo y estamos orgullosos de haber traído películas de más de 40 países porque el cine es un medio de reflexión”, afirmó el director del festival, Miguel Camacho.

Posteriormente se dio paso a las diferentes autoridades, entre ellas el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Francisco José Martínez, así como el secretario de Turismo del estado, Mario Uvence Rojas.


La primera edición del FIC San Cristóbal de las Casas llevará a cabo actividades desde este viernes hasta el 24 de enero.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2015/1221896.

viernes, 16 de enero de 2015

Apatzingán, Los Viagras, La Ruana: dudas sobre Castillo se afianzan en México y EU

Un funcionario de Apatzingán, Michoacán, reveló al medio estadounidense The Daily Beast que el 6 de enero pasado, cuando federales disolvieron primero la ocupación de la Alcaldía y luego una manifestación, los civiles estaban desarmados y no representaban un peligro para las las fuerzas de seguridad. Es un nuevo testimonio a otros que, de testigos presenciales, se han liberado en México y en Estados Unidos.

El artículo de The Daily Beast se llama: “El loco plan de México, de entregar armas a las pandillas”. Narra cómo la violencia y el descontrol han vuelto a Michoacán, mientras crecen las dudas sobre el papel que ha jugado el Comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes. Cita a Selene Vázquez Alatorre, regidora de Morelia por Movimiento Ciudadano, quien se lo refiere como el “policía corrupto”. También narra cómo en Michoacán se insiste en que el enviado desde Los Pinos ha llevado al poder a criminales y a otro cártel: el de Los Viagras, antagónico de los mermados Caballeros Templarios.

Apenas unos días antes, Los Ángeles Times había expuesto cómo el papel de Castillo pone en duda la estrategia federal en Michoacán.

El autor del artículo, Jason Mcgaham toca dos temas escabrosos más: uno es el arresto de Hipólito Mora tras el asesinato de su hijo, y el otro es la matanza de civiles en Apatzingán apenas el 6 de enero pasado.

A las 3 de la mañana del 6 de enero, recuerda, la Policía Federal irrumpió en el ayuntamiento de Apatzingán y expulsó a los manifestantes que ocupaban la oficina del Alcalde. La Policía Federal tomó una serie de camionetas, que según ellos fueron reportadas como robadas. Castillo informó una baja durante la expulsión: la de un manifestante que fue atropellado por un camión cuando intentaban huir.

“Un testigo, un funcionario gubernamental en Apatzingán, dijo a The Daily Beast que sospechaba que había muchos más heridos de los que el Comisario reconoció. ‘Tenían que ser heridas de bala porque había sangre por todo el lugar, y lo vi con mis propios ojos. Sabemos que hubo muchos heridos, porque había sangre por todo el Ayuntamiento’. Los vehículos en cuestión, dijo el funcionario, efectivamente fueron robados, muchos que fueron robados a los miembros de Los Caballeros Templarios durante su persecución en meses anteriores. Agregó que la Policía Rural, por su parte, habían estado robando camiones de ciudadanos de a pie en la zona”.
De la segunda manifestación, en donde fue la mayor matanza, el mismo funcionario local dijo al medio estadounidense que los manifestantes estaban armados con palos y piedras, no con armas de fuego.

“Le puedo decir lo que he visto por mí mismo aquí, en la avenida de la Constitución, donde todo pasó”, dijo. “Aproximadamente a las 7:45 de la mañana, escuchamos disparos y vimos a las personas de los grupos de autodefensa saltar desde sus camiones, y estaban gritando: ‘Estamos desarmados, no disparen!’ Y a la policía no le importó un bledo. Mataron a un pobre niño en ese mismo momento. Había mujeres y niños alrededor y que no les importa un bledo. Los mataron todos así. Uno de ellos gritó: ‘¡No disparen! Estamos desarmados! Por favor, no nos maten!’ Y a ellos no les importa un bledo. Igual que todo fue hecho a propósito, bajo órdenes. Asqueroso. Peor que un tiroteo. Esta fue una masacre”.

El artículo no reseña otros eventos, sobre todo los últimos. Hoy, por ejemplo, un Juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas durante el enfrentamiento en la Presidencia Municipal de Apatzingán. Dictó formal prisión a seis de los detenidos, pero cinco salieron bajo libertad provisional y sólo uno quedó en prisión.

También hoy, el Gobernador Salvador Jara Guerrero indicó que podría ser evaluada la permanencia de Castillo Cervantes luego de los enfrentamientos ocurridos en La Ruana (donde murió un hijo de Hipólito Mora y otros ciudadanos más) y los de Apatzingan la semana pasada. “No lo sé. Necesitamos evaluar la situación, no es una cuestión sencilla, después de los hechos que ocurrieron ahí en La Ruana, y estos acontecimientos de diciembre y enero, estamos evaluando, precisamente, la pertinencia”, expresó.

Y dos días antes, el 14 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que está investigando la matanza en Apatzingán donde las cifras oficiales hablan de nueve muertos, pero videos y fotos (como las difundidas por el ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia) indican que pudo haber más. La CNDH pidió explicaciones a las autoridades federales y locales señaladas como probables responsables de los hechos. El organismo continuará con su investigación. Para ello, un grupo de visitadores se trasladó a la zona para iniciar el expediente.


“La delincuencia organizada en Michoacán no desapareció por magia, se escondió. Ahí siguen y frente a una debilidad institucional vuelven a salir”, afirmó el 12 de enero la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, originaria del estado, en una entrevista con SinEmbargo.

MICHOACÁN EN GUERRA 

Cuando Los Caballeros Templarios tomaron el control de Michoacán y de sus plantaciones de amapola y mariguana, así como de los cultivos de lima y aguacate y las exportaciones de metales a China, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Comisionado federal, Castillo Cervantes, armó y organizó a un grupo de defensas civiles (vigilantes en inglés) que ahora opera rampante, dice The Daily Beast.

“Los Caballeros se tomaban otras libertades. Extorsionaban por protección a los dueños de negocios locales; controlaron el secuestro ocasional y la expropiación de tierras y ganado. El cartel había infiltrado en los gobiernos locales y estatales de tal manera que no había salida para la acumulación de resentimiento popular. Luego, en febrero de 2013, grupos de hombres, muchos de ellos agricultores, formaron docenas de guardias armados autodefensa en todo el estado para combatir los Templarios”, agrega.

Jason Mcgaham, el autor del texto, describe cómo Castillo entró a la escena y le dio sus alternativas a los grupos de autodefensa: se unen al gobierno, o se enfrentan a lo que venga. Cita cómo, a la vez, el Comisionado federal se fue acercando a hombre y grupos vinculados con el crimen organizado, como “El Abuelo” Farías o “Simón El Americano”.

Y “hoy en día, la situación de seguridad en Michoacán se está desmoronando rápidamente”, agrega Mcgaham en el texto de The Daily Beast.

Indica que la Fuerza Rural, conformada por los ex integrantes de los grupos de autodefensa, es “ridiculizada” por la ciudadanía que identifica a algunos de sus elementos como miembros del crimen organizado. Y fuentes en varias partes del estado al medio norteamericano que los delincuentes están en todas partes. “En feudos históricos localizados entre los pueblos y ciudades, se han intensificado los enfrentamientos sangrientos entre unidades fuertemente armadas de la Policía Rural. La Comisión [para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que dirige Castillo] parece para muchos a estar perdiendo el control sobre las fuerzas de policía rural que creó”, dice.

“El problema ahora es que la Policía Rural se convirtió en sí en un bastión, no sólo para los pandilleros hostiles a Los Caballeros Templarios sino para criminales de menor rango, a quienes se refiere despectivamente entre las filas como ‘los arrepentidos’. El término ‘la legítima fuerza de defensa’ fue acuñado como una manera de distinguir de elementos corruptos dentro la Policía Rural”.

The Daily Beast alerta sobre “el crecimiento y la consolidación de un cartel peligroso de fuera del estado, llamado Los Viagras y, más concretamente, la falta de una respuesta de la Comisión a las solicitudes de detención de los miembros del cártel”.

Jorge Vázquez, un autodefensa levantado en Aguililla apenas en septiembre pasado, dijo al diario que Los Viagras había infiltrado en la Policía Rural y estaban utilizando la impunidad que les otorga la placa y el uniforme para extorsionar a la gente de todo Michoacán.


Agregó que muchos de los “arrepentidos” que forman parte de la Policía Rural continúan trabajando para Servando Gómez “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios.

FUENTE: SIN MEBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

PRI paga 10 mdp a empresa de su presidente por asesorías

Cesar Camacho Quiroz, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es también dueño de una empresa de consultores y asesores legales, fundada en 2006, dicha empresa ha sido beneficiada con 10 millones de pesos en el Estado de México, a través de contratos dados por ayuntamientos locales, la administración del estado e incluso el Poder Judicial.

Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre 2011 y 2014.

La empresa, de la cual es propietario el también ex gobernador, se llama Estrategia Integral Consultores S.A. de C.V.

De 50 acciones 40 pertenecen a Camacho, las 10 restantes son del otro dueño, su también socio, Arturo Huicochea Alanís y el papel de administrador único recae sobre José Fidel Zarco Miranda.

Entre los ayuntamientos priistas, a los que se les ha adjudicado contratos con la firma por diversas cantidades, están Tlaneplantla, Huixquilucan y Metepec, en este último también gobernó Camacho y es encabezado por Carolina Monroy del Mazo, esposa del secretario de Desarrollo Social del gobierno federal Ernesto Nemer Álvarez, misma que dejó su cargo para postularse como diputada federal del PRI. En este caso se otorgó a la empresa tres contratos equivalentes a 3.9 millones de pesos y el gobierno mexiquense otorgó otro por un millón 598 mil 712 pesos.

Los servicios que se les ha brindado han sido relacionados con aspectos legales, programas de comunicación social, cursos a personal y manejo de imagen.

Los contratos dados a la empresa, por instancias del gobierno y algunos de adjudicación directa, ascienden a 544 mil 538 pesos.

El Poder Judicial del Estado de México también aparece como cliente de la empresa; tuvo dos contratos, en 2011 y 2012, por un monto total de 800 mil pesos.

Un contrato más, de 300 mil pesos, es para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la “implantación de acciones de comunicación institucional para el fortalecimiento del liderazgo dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.

Para Cesar Camacho, el hecho de ser presidente de un partido (además de miembro de la clase política nacional y mexiquense) que ha recibido beneficios por parte de su empresa, no significa que haya beneficios hacia la misma y negó algún conflicto de intereses ya que “no es servidor público”.


En función de esto quizá sería adecuado revisar las leyes, una vez más, en cuanto qué tan viable es este caso de acuerdos y también la legalidad de los mismos, ya que pareciera que pudiera haber alguna clase de trato implícito entre ganar – ganar para ambas partes.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Alfredo Castillo cumple un año de combate al crimen en Michoacán, pero la violencia sigue

En materia de homicidios dolosos la tendencia muestra un aumento del casi 10% si se comparan las cifras del 2013 con las del 2014, año con presencia de elementos militares y federales en la entidad. En el caso de las extorsiones la cifra tampoco disminuyó y se mantuvo en los mismos parámetros.

A un año de la llegada de Alfredo Castillo Cervantes a Michoacán como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, si bien se han alcanzado algunos logros, la situación de inseguridad en el estado aún no cambia.

En materia de homicidios dolosos la tendencia muestra un aumento del casi 10% si se comparan las cifras del 2013 con las del 2014, año con presencia de elementos militares y federales en la entidad.

En el caso de las extorsiones la cifra tampoco disminuyó y se mantuvo en los mismos parámetros. Donde se registraron mejores resultados fue en materia de secuestros, los cuales se redujeron 42.7%.

El martes pasado, Alfredo Castillo compareció ante los diputados y dijo que los avances en las 250 acciones planteadas dentro del Plan Michoacán podían consultarse en el portal de transparencia, sin embargo, desde octubre de 2014 la información no está disponible.

Antes que las autodefensas se convirtieran en fuerzas rurales pidieron, como parte de los acuerdos con el gobierno federal, que se capturaran a los siete líderes de Los Caballeros Templarios. Las autoridades logran detener a tres y matar a dos, pero Servando Gómez “La Tuta”, líder de la organización, y Fernando Cruz Mendoza, “El Tena”, siguen libres.


A un año de que el gobierno federal planteó la necesidad de un comisionado y del acuerdo para la seguridad de Michoacán, en distintos municipios continúan los reportes de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones y la presencia de grupos criminales.
Ante ello, diversas comunidades amenazan con volver a las armas, otras más con desconocer a sus autoridades y el resto con tomar medidas extremas para acabar con la criminalidad.
En la Fuerza Rural se dieron rupturas y muchos de sus miembros aseguran que no se tienen los resultados planteados.

El pasado 16 de diciembre, 11 personas murieron en los enfrentamientos registrados en el acceso principal a la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, luego de que chocaran a tiros dos grupos antagónicos de la Fuerza Rural de La Ruana y de la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, en los que también participó personal de la Gendarmería Nacional.

Semanas antes, el 22 de noviembre, familiares y amigos reportaron la desaparición de 12 exautodefensas dados de alta como integrantes de la Fuerza Rural del municipio de Uruapan. Dos de ellos fueron encontrados, muertos sobre la carretera que comunica esa ciudad con el municipio indígena de Paracho. El resto del grupo aún no aparece.

A estos hechos de violencia se sumó la muerte de al menos nueve personas sobre la avenida Constitución de la cabecera municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero de este año. Civiles armaron se enfrentaron con elementos de la Policía Federal tras el desalojo de inconformes apostados en las inmediaciones de la alcaldía.

Cuando llegó a territorio michoacano, Castillo se encontró con que civiles estaban levantados en armas en al menos 36 poblados de 21 municipios del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente y Sierra-Costa de la entidad. Después se extendió a la región de Tierra Fría y Occidente.

Aún con la advertencia de que todo aquel que hiciera justicia con mano propia sería desarmado o detenido, a 365 días de la llegada de la Comisión todavía hay pueblos levantados en armas. Unos se institucionalizaron por unos meses y regresaron a la lucha civil armada y otros más permanecieron como grupos de autodefensas y nunca aceptaron su legalización como cuerpo de seguridad del Estado.

Al menos la mitad de los grupos que conformaban la lucha civil armada y que ya habían limpiado una cuarta parte del territorio michoacano de jefes de plaza, halcones, extorsionadores, sicarios, secuestradores y gente al servicio de Los Caballeros Templarios, fueron institucionalizados y armados con escuadras y fusiles oficiales el 10 de mayo de 2014.

Castillo se comprometió a que, para ese mes, “La Tuta” ya estaría detenido o neutralizado. Aunque sigue libre, Servando Gómez está sin capacidad de operatividad, según el comisionado.

Continuaron los enfrentamientos y emboscadas, principalmente a elementos de la Fuerza Rural, de las Fuerzas Armadas y del recién conformado G250, grupo encargado de la búsqueda y neutralización de “La Tuta”.

En esta lucha perdieron la vida tres militares, cinco policías ministeriales, tres policías federales y al menos medio centenar de autodefensas, entre los que se encuentran los cinco recientes del pasado domingo 11 de enero en la comunidad de Huahua, del municipio de Aquila, y los ocho asesinados en Arteaga en el mes de junio, durante una emboscada del crimen organizado.

Además, también fueron asesinados los líderes de las autodefensas Rafael Sánchez Moreno “El pollo”, quien era miembro del Consejo General, y Felipe Díaz Ávila, quien era comandante de la Fuerza Rural en Coalcomán.


La primera acción en 2014 para desarmar a los guardias comunitarios mediante la fuerza pública fue el 13 de enero en la comunidad de Antúnez, del municipio de Parácuaro. Un militar abrió fuego contra los habitantes de esa población de Tierra Caliente e hirió de muerte a tres civiles, entre ellos, un menor de 10 años de edad.
Las extorsiones, secuestros, cobros de piso e incluso cobro de “diezmos” a las autoridades eran la constante por parte de Los Caballeros Templarios. En febrero de 2013 surgieron en ese estado los grupos de autodefensa para enfrentar al crimen.
Por ello, el 13 de enero de 2014, el gobierno federal decidió relanzar su estrategia de seguridad en Michoacán. Desde entonces y hasta la fecha se la logrado mermar la capacidad de fuego, acción y financiera del grupo criminal, más no reducir el impacto negativo de la violencia.

A pesar de ello, se registraron avances. No sólo se rescataron algunas importantes zonas mineras y el Puerto de Lázaro Cárdenas, que eran controlados por los criminales, sino que se detuvo o abatió a mandos altos y medios de Los Caballeros Templarios, entre los que destaca su fundador Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, quien murió el 19 de marzo de 2014, al enfrentarse con las fuerzas federales.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

DF: mayoría de jefes delegacionales pedirán licencia; van por otro cargo

Comenzarán a delinear sus precandidaturas tras solicitar licencia definitiva o temporal, a fin de sumarse a la contienda por una diputación en la ALDF.


A partir del próximo domingo, se espera que por lo menos 12 de los 14 jefes delegacionales de filiación perredista pidan licencia al cargo en busca de una diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Se trata de Nora Arias Contreras, de la delegación Gustavo A. Madero; Víctor Hugo Romo Guerra, de Miguel Hidalgo; Sergio Palacios Trejo, de Azcapotzalco; Alejandro Fernández Ramírez, de Cuauhtémoc; José Manuel Ballesteros López, de Venustiano Carranza; Leticia Quezada Contreras, de Magdalena Contreras.

También dejarían su cargo Leonel Luna Estrada, de Álvaro Obregón; Elizabeth Mateos Hernández, de Iztacalco; Maricela Contreras Julián, de Tlalpan; Mauricio Toledo Gutiérrez, de Coyoacán; Miguel Ángel Cámara Arango, de Xochimilco, y Víctor Hugo Monterola Ríos, de Milpa Alta, son quienes aspiran a una diputación local.

A partir del lunes 19, los funcionarios comenzarán a delinear sus precandidaturas tras solicitar licencia definitiva o temporal, a fin de sumarse a la contienda por una diputación en la ALDF.

Únicamente Angelina Méndez Álvarez, de Tláhuac, y Jesús Valencia Guzmán, de Iztapalapa, seguirán en el cargo para el cual fueron elegidos durante tres años.

Sin embargo, Valencia Guzmán es investigado por la Contraloría del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia capitalina, luego de que se dio a conocer que la camioneta con la que chocó es propiedad de uno de los proveedores de la delegación.

En tanto, el jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Jorge Romero Herrera, y el priista Adrián Rubalcava Suárez, de Cuajimalpa, esperarán a que sus respectivos partidos emitan la convocatoria respectiva.

Rubalcava Suárez ya ha manifestado que se mantendrá en el cargo en tanto no se abran las convocatorias del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Inclusive, recordó que de acuerdo con la ley electoral vigente, los interesados en participar en la elección del 7 de junio próximo tienen que separarse del cargo 90 días antes del proceso electoral, por lo que aún hay tiempo para decidir.

A su vez, Romero Herrera afirmó que la decisión de dejar la delegación Benito Juárez dependerá de los tiempos que marque el PAN, pero dijo que de buscar una candidatura no será necesario realizar campaña.

Durante los nueve meses que restan para que concluyan los periodos de gobierno, las jefaturas delegacionales serán ocupadas como marca la ley por los directores general de Jurídico y Gobierno de cada de una, a fin de continuar con los servicios, obras y programas respectivos.

Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que el desarrollo de la ciudad y sus proyectos están garantizados y se continuará trabajando con todas y cada una de las coordinaciones que se establezcan en las jefaturas delegacionales.

“La ciudadanía puede estar segura de que yo voy a seguir trabajando sin ningún tipo de problema, vamos a seguir con los proyectos, vamos a seguir entregando todo lo que se tenga que entregar y avanzando en la ciudad”, sostuvo en entrevista el mandatario capitalino.

De acuerdo con el Ejecutivo local, sería complicado que alguien siguiera desempeñándose como jefe delegacional y participara como precandidato, pues “yo creo que ahí ese sería el punto de análisis, yo creo que es preferible que no estén participando como precandidatos”.


Confió en que toda la actividad se desarrolle dentro del marco de la legalidad, hay reglas claras en el instituto correspondiente de la ciudad de México y hay criterios establecidos en los tribunales electorales y “yo creo que eso es lo que se tiene que observar”.

Renuncia Jesús Valencia como jefe delegacional de Iztapalapa

México, DF. El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, presentó su renuncia definitiva al cargo, que hará efectiva a partir del 19 enero, a fin de no entorpecer las indagatorias por presunto conflicto de interés que realizan la contraloría interna de esta demarcación y la Procuraduría capitalina.

Valencia hace este anuncio a un mes de que protagonizara un choque en Boulevard de la Luz y Paseos del Pedregal, en el que conducía una camioneta Jeep Cherokee propiedad de la empresa Amexire, una de las proveedoras de esta demarcación.

En conferencia de prensa, indicó que será la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quien designe a su sucesor según la propuesta que haga el Ejecutivo local al respecto.

Al funcionario también presentaron sus renuncias el Director de Asesores, Rodolfo Ramírez, y la de Jurídico y Gobierno, Beatriz García Bárcenas, y quedará como encargado de despacho hasta el nuevo nombramiento Carolina Santana Nieves.

Valencia señaló que la separación de su cargo es una decisión estrictamente personal, tras señalar que no recibió ningún tipo de presión ni del gobierno capitalino ni del PRD y descartó que el escándalo en el que se vio envuelto afecte electoralmente a su partido, pues en Iztapalapa se gobernó bien y se cumplió con la gente.

Sobre sus aspiraciones políticas indicó que aún no ha tomado una decisión si participará o no en la contienda electoral en la busqueda de alguna diputación local o federal.

Destacó que no cometió ningún delito y que están abiertas las puertas para que se hagan todo tipo de auditorías.

Expresó que a pesar de la andanada mediática de la que fue objeto después del choque vehicular, similar a la captura de El Chapo, no hay descontento de los habitantes de esta demarcación.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ.

Caro Quintero sí es culpable del delito por el que lo dejaron libre

El Consejo de la Judicatura Federal resolvió este viernes que el narcotraficante es culpable del asesinato del agente antidrogas de EU, Enrique Camarena. En agosto de 2013, Caro Quintero quedó en libertad al haber obtenido un amparo.

Los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fueron declarados culpables de secuestrar y asesinar al agente de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Enrique Camarena, y a Alfredo Zavala Alvear, piloto informante de dicho órgano; ambos crímenes cometidos en febrero de 1985.

En agosto de 2013, Caro Quintero fue puesto en libertad por ese mismo delito al haber obtenido un amparo.

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó este viernes 16 de enero, en un comunicado, que el amparo que dejó libre a Caro Quintero ha quedado sin efectos y que es posible ordenar su reaprehensión.

En noviembre de 2013, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el amparo y lo revocó, de tal manera que con la resolución del Consejo, Caro Quintero se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

Cuando quedó libre, Caro Quintero cumplía una condena a 40 años de cárcel (de los cuales llevaba 28 años) por narcotráfico y por el asesinato de Camarena.

Originario de La Noria, Sinaloa, Rafael Caro Quintero fundó el llamado Cártel de Guadalajara junto con su amigo y compadre Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”.

Es considerado como una de las leyendas que dio origen a los grandes cárteles del narcotráfico en México. De hecho, en la década de los ochenta era considerado como “el narco de narcos”, y uno de los principales exponentes de la segunda generación de narcos en el país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abogados de militares presentaron amparo, para impedir difusión del caso Tlatlaya

Ya se desistieron de este recurso judicial, por lo que la investigación del caso Tlatlaya ya está abierta de nuevo a la consulta pública.

La defensa de los militares procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, fue la responsable de promover un amparo para impedir que se hicieran públicas las investigaciones sobre el caso.

No obstante, los militares procesados ya se desistieron de este recurso judicial, por lo que la investigación del caso Tlatlaya ya está abierta de nuevo a la consulta pública.

La historia de este caso comenzó cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) giró una orden para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), entregaran una versión pública sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, sobre la muerte de 22 personas a manos del Ejército.

De acuerdo con información obtenida por Noticias MVS, el representante legal de diversos procesados por el caso Tlatlaya, promovió un juicio de amparo el 16 de diciembre de 2014, ante el juez quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, contra la orden del Ifai.

Un día después, el 17 de diciembre de 2014, el juez otorgó la suspensión provisional para que no se proporcionara información en versión pública.

Ante esta resolución, ninguna instancia podía entregar la información solicitada. El equipo de investigación de la Primera Emisión de Noticias MVS fue uno de los afectados por esta resolución, pues se interrumpió el acceso que había tenido a los peritajes en poder de la CNDH, la cual había iniciado una investigación de oficio que derivó en una recomendación.

El 23 de diciembre de 2014, se negó en definitiva la solicitud de los militares de impedir la publicación de la información, lo cual quedaría firme el 14 de enero de 2015, de acuerdo con información obtenida por la Unidad de Investigación de Noticias MVS.

Antes de cumplirse esa fecha, el 8 de enero de 2015,  los militares se desistieron de su amparo, lo cual ratificaron por escrito el 13 de enero, desde el lugar donde se encuentran internos.

Una vez ocurrida la ratificación de los militares para desistirse, el juez determinó el sobreseimiento del juicio de amparo.

Lo anterior significa que cualquier ciudadano puede solicitar versiones públicas de las investigaciones del caso Tlatlaya a la CNDH, el Ejército y la PGR y estos organismos deberán permitir su consulta.

Desde noviembre del 2014, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la identidad de los 6 soldados y el teniente a quienes se les dictó auto de formal prisión, por homicidio, alteración del lugar de los hechos, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.

Se trata de:

●             Alan Fuentes Guadarrama

●             Julio César Guerrero Cruz

●             Roberto Acevedo López

●             Samuel Torres López

●             Ezequiel Rodríguez Martínez

●             Fernando Quintero Millán

●             Leobardo Hernández Leónides


Hasta el momento, no ha sido posible identificar cuántos de ellos promovieron el amparo para impedir la publicación de una versión pública de las investigaciones.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pemex se endeuda hasta 2046 y por 6 mil millones de dólares

Petróles Mexicanos informó que los 6 mil millones de dólares se utilizarán para proyectos de inversión.

Petróleos Mexicanos hizo la mayor emisión de deuda en la historia del país.

La empresa productiva del Estado informó que realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales, por un monto total de 6 mil millones de dólares.

La deuda está dividida en tres tramos:

-Mil 500 millones de dólares, con vencimiento en julio de 2020,

-Mil 500 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2026 y

-3 mil millones de dólares, con vencimiento en enero de 2046.

“Se trata de la emisión con el mayor monto que se ha realizado en la historia de México y cuya demanda alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos”, indicó Pemex.

“Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo, se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros”, añadió la empresa.

Los agentes colocadores de la deuda fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley.


En la explicación de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre lo que significa este tipo de movimientos, señala que la emisión de deuda “es una realidad para las empresas mexicanas con visión de trascender. El principal requisito para emitir valores y obtener financiamiento es que la empresa debe ser profesional y transparente, esto es, abierta a proveer información a los inversionistas que confían sus recursos en ella”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ultimátum a la PGR: tiene 10 días para entregar informe sobre el caso Tlatlaya

Tras la reclasificación que hizo la CNDH, sobre "violaciones graves" a los derechos humanos", la dependencia federal deberá hacer públicos los peritajes.

Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reservara durante 12 años la información relacionada con el caso Tlatlaya, en donde se han acusado ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército mexicano y encubrimiento de las autoridades estatales y federales, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (Ifai) ordenó a la dependencia hacer públicos los peritajes.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia –emitido el 14 de enero pasado–, la PGR respondió a un particular que la información de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, en donde murieron 22 personas, estaba reservada por más de una década, por lo que el solicitante interpuso un recurso ante el Ifai “argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse”.

Este viernes 15 de enero, el comisionado del Ifai, Francisco Javier Acuña, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que la PGR tiene 10 días naturales para entregar los peritajes relacionados con la investigación. “Significa que dejamos sin efecto la negativa falaz de la PGR, es decir, sin sustento jurídico”, explicó.

“La PGR no puede combatir esta resolución, las resoluciones del IFAI son inatacables y son definitivas. En esto ganamos ya con la reforma constitucional, lo que está pendiente es la ley general que nos va a ayudar a perfeccionar mecanismos para garantizar que se cumpla (…)

“Tiene que entregar la información y si no lo hace, que es desgraciadamente lo que pudiera pasar, vamos a tener nosotros que regresar al caso en una cuestión pública y endurecer nuestra exigencia y a señalar incluso ya que su tardanza o su deliberado desafío, desacato, a darle aviso al órgano interno de control para que elabore acciones internas de responsabilidad por desacato“, agregó el comisionado.

Esto ocurre luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como una investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, por lo que la PGR debe informar.

Asimismo, al menos 20 funcionarios del Estado de México son investigados por señalamientos de encubrimiento y tortura a sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por militares mexicanos a mediados de 2014, informaron las autoridades, en tanto un organismo estatal autónomo dispuso que el público tenga acceso a los peritajes realizados en el caso.

El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo el miércoles 14 de enero que entre los 20 funcionarios se encuentran ministerios públicos (fiscales), peritos y agentes de la policía investigadora estatal.


“Ninguno ha sido separado del cargo todavía sobre la base del principio de presunción de inocencia”, dijo el procurador a periodistas y aclaró que no hay un plazo para determinar si alguno de esos funcionarios incurrieron o no en alguna responsabilidad penal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.