Se postula para diputado federal “El Gatillero”, actor de películas de los Almada

MÉXICO, D.F: El priista Bernabé Meléndrez Hernández, El Gatillero, cantante de narcocorridos y actor, se registró como precandidato a diputado federal.

Meléndrez, quien ha participado en numerosas películas de los hermanos Almada que abordan enfrentamientos entre policías y narcotraficantes, pretende ser el candidato del tricolor por el distrito 04 de Baja California.

El Gatillero confesó que al momento de su registro estaba “tan nervioso como cuando se iba a casar”, además de asegurar que tiene una militancia de 50 años en el PRI.

“Yo siempre pedí para otros, para los compañeros que andaban bajos de rating, y ahora quiero pedir para mí”, comentó el actor al inscribirse en la contienda, en la cual, de ser avalado por el órgano comicial del PRI, enfrentará, primero, a Rosa Aurora Martínez Herrera, en las elecciones primarias tricolores.

El semanario Zeta de Tijuana describe así a Meléndrez Hernández: “Burla la muerte, carga ‘cuerno de chivo’ o pertenece al narco; mujeriego y buen amigo; Bernabé Meléndez es actor de cine mexicano desde los ochenta y ahora quiere ser diputado por el PRI”.


Algunos lo recuerdan por ser el protagonista de la película El hijo de Juan Charrasqueado o su participación en La muerte en Tijuana al lado de Mario Almada. Además, por sus videos musicales de corridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ladrón de banco se titula en la cárcel con tesis sobre la reforma energética

MÉXICO, D.F: Una pluma y un cuaderno en un mundo que sobrevalora la tecnología fueron fundamentales para que Fernando Iván Trejo logrará titularse como licenciado en Economía.

La importancia de ambas herramientas radica en que el estudiante de la UNAM no tiene acceso libre a una computadora.

“Libertad” es una palabra que por el momento sólo está en su mente y en las palabras que entreteje en una celda de tres por cuatro metros cuadrados que comparte con otras nueve personas en el Reclusorio Preventivo Norte.

Fernando fue encarcelado cuando iba a mitad de carrera y pronto se dio cuenta de que lo único que la prisión da con prodigalidad es tiempo. Le sobraba y decidió aprovecharlo para concluir su carrera y titularse a través del acuerdo establecido en 2004 entre la UNAM y la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Muy rápido se ganó entre sus profesores el mote de “el joven del récord olímpico” al inscribir 13 materias en un semestre. El promedio son tres, pero Fernando las cursó todas en seis meses y lo hizo con tan buenas calificaciones que elevó su promedio casi a nueve.

“En el sistema abierto de la carrera en Economía sólo dos personas habían logrado algo parecido, pero a diferencia de los otros chicos —y por la situación legal que enfrenta— él lo hizo sin recibir una sola asesoría”, comentó una de las académicas que revisó sus trabajos.

El mismo año que dio inicio el proyecto entre la UNAM y el gobierno capitalino, nació su hijo, lo que le dio un impulso más para concluir sus estudios.

Su familia, dice, le dio los ánimos, el programa los medios y los profesores el apoyo necesario.

Recuerda que estos últimos le enviaban material en tal cantidad que “terminé por acumular resmas que se apilaron una sobre otra”.

Fue entonces que pluma y cuaderno se volvieron esenciales y además Fernando se vio impelido a confiar en su memoria.

La pluma y el cuaderno, dice, son objetos poco apreciados en un mundo que sobrevalora lo tecnológico, “pero para mí fueron fundamentales”, dice orgulloso.

Ser estudiante en la cárcel, dice, le da a un interno un estatus diferente.

“Tus compañeros creen que lo sabes todo y por eso uno de ellos se me acercó para preguntar, ‘¿y qué onda con el asunto ése del petróleo?’. No supe contestarle —ni responderme—, por eso me dediqué a investigar”, relata.

Fue entonces que se le ocurrió hacer su tesis: Crítica económica a la reforma energética, sin tomar partido pero desglosando una iniciativa que sacudió el escenario nacional.

“No sé si lo logré, pero me sirvió para comprender un asunto que, sin las lecturas necesarias, se dificulta al entendimiento”, señala.

Y añade que si le pidieran resumir la razón detrás de esta medida, respondería: “Esta reforma constitucional responde a la invitación que ha recibido México para participar en la gran fiesta de la globalización, desafortunadamente no lo hace como convidado de honor, sino simplemente como quien llevará lo que hace falta”.

El futuro: Impartir cátedra

Para Fernando titularse en prisión es un logro personal, pero afirma que no quiere que esto quede sólo en él, sino que sea una lección para su hijo y una manera de enseñarle, con el ejemplo, “que es posible cambiar y sacar algo bueno incluso en la adversidad”.

El joven admite que, para él, más que una injusticia, la cárcel es un castigo por errores antes cometidos y hoy lamentados, pero también una oportunidad para redimensionar dos aspectos sobre los que no había reflexionado con suficiencia: la capacidad de transformación que brinda el saber y, sobre todo, la familia.

Durante su encierro, con su cuaderno y pluma escribe largas epístolas a su esposa e hijo, a algunos amigos y también a sus maestros de la facultad. Aprovecha el papel en blanco para imaginar las charlas que sostendría con ellos si los tuviera enfrente, comparte sus sentimientos y hasta hace planes para una vez que abandone la prisión.

Según algunos de sus maestros uno de los proyectos mencionados recurrentemente en las misivas de Fernando es impartir cátedra. “Ésa es una de las cosas que más me entusiasman”, confiesa el joven, quien ha llegado a dar clases de sociología en el centro escolar penitenciario.

“¿Qué me motiva? El reto de hacer inteligibles asuntos complicados. Si algo me ha conmovido en el Reno (como le dicen al Reclusorio Norte) es conocer a indígenas que han llegado sin saber leer y atestiguar su transformación tras adquirir ese conocimiento.

“Es como si a través de las letras ganaran un poco de esa libertad tan añorada”.

La tesis de Fernando concluye con una cita del estadista y filósofo irlandés Edmund Burke: “La educación es la mejor defensa de las naciones”.

La frase, dice no la eligió al azar. “La suscribo y expresa mi deseo de enseñar, pues por experiencia sé que aprender es una manera de derribar muros y, de esta forma, ser un poco más libres”.

Fernando dice que el encierro lo ha acostumbrado a esperar, sea el día de visita familiar, el caer de la noche o una probable fecha de liberación; “eso se ha hecho un hábito, pero a lo que ya no podía aguardar era a titularme”, comentó justo después de obtener el grado en una ceremonia realizada en el centro escolar del penal.

A la fecha, 11 alumnos de la UNAM han logrado obtener su título gracias al convenio con el gobierno del Distrito Federal.

El caso de Iván Trejo fue difundido en un comunicado de la UNAM. No se detalla por qué delito se encarceló ni el tiempo en que deberá permanecer tras las rejas.

Diversas notas periodísticas difundidas a finales del 2011, informan que el hoy titulado por la UNAM fue encarcelado por robar ocho millones de pesos a Banamex.

Iván Trejo trabajaba empleado de esa institución bancaria. Era supervisor en el Centro de Proceso y Administración de Efectivo. El día en que cometió el delito, 25 de noviembre de 2011, en 10 minutos, bajo un overol, guardó billetes de 500 y mil pesos. Salió a comer y ya no regresó.


Un video de Banamex captó la operación de Iván Trejo. Un mes después, la policía lo detuvo en una casa de Querétaro donde pensaba festejar las fiestas de fin de año con su familia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL)

Andamos armados

Un estudio de la Cámara de Diputados advierte en México hay arsenal suficiente para armar a uno de cada tres hombres adultos del país.

De las más de 15 millones de armas de fuego circulan en México, casi 13 millones son ilegales.

Una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados advierte que esto representa un arsenal suficiente para armar a uno de cada tres hombres adultos del país.

El reporte, que se basa en cifras y estimaciones de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, subraya esto explica por qué en el país se ha utilizado armas de fuego en más de la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012.

El estudio denominado “Tráfico de armas; entorno, propuestas legislativas y opinión pública” señala que cada día se introducen al territorio mexicano cerca de 2 mil armas de manera ilegal, lo que significaría un total de 730 mil por año.


“Resumiendo los datos dados a conocer por la PGR, además de las armas cortas y convencionales, a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país se les ha asegurado armamento con características especiales por su potencialidad, alcance, penetración y volumen de fuego”, indica.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

‘Chon’ Orihuela para gobernador

En Michoacán, el PRI eligió a José Ascensión Orihuela como su candidato, quien competirá contra la panista Luisa María Calderón y Silvano Aureoles, del PRD.

El senador con licencia José Ascensión Orihuela fue designado candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán, con lo que se completa la terna de candidatos de las tres principales fuerzas políticas que buscarán gobernar ese estado.

“Chon” Orihuela, como es conocido en Michoacán, fue electo candidato de unidad luego de que la dirigencia nacional del PRI sostuviera negociaciones con los otros cinco aspirantes.

Quienes se quedaron en el camino fueron Alfredo Anaya Gudiño, diputado federal; Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia; Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex en Michoacán; Jaime Oseguera, secretario de Gobierno del estado; y Víctor Silva Tejeda, delegado de Sedesol en la entidad.

Al igual que la senadora con licencia Ivonne Álvarez, hoy candidata a la gubernatura de Nuevo León, Orihuela es uno de los políticos más cercanos a Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

En el periodo en que Gamboa fue secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), entre el 2010 y el 2013, Orihuela fungió como secretario coordinador ejecutivo del CEN de ese organismo.

Orihuela aspiraba a la candidatura al gobierno de Michoacán desde el 2011, cuando esta le fue otorgada a Fausto Vallejo, quien ganó las elecciones y luego pidió licencia al estallar la crisis de seguridad en el estado.

El senador con licencia es originario de Zitácuaro, Michoacán, donde es empresario. Su formación es como ingeniero químico industrial.

Ha sido diputado federal en dos legislaturas y fue diputado local a finales de los 80. Fue delegado de la Secretaría de Agricultura en Michoacán, secretario de Desarrollo Agropecuario de la entidad y alcalde de Zitacuaro.

El nombramiento de Orihuela se suma a la ola de designaciones realizadas por el presidente nacional del PRI, César Camacho, de quienes representarán al PRI en las candidaturas a la gubernatura de las nueve entidades donde habrá elección para gobernador.

Con la llegada de “Chon” Orihuela a la candidatura priista, queda listo el escenario de las tres principales fuerzas políticas en Michoacán.

Orihuela tendrá que apretar el paso para alcanzar a dos candidatos que repiten de la elección pasada y llevan más de tres años con labores en todos los municipios de Michoacán; Luisa María Calderón, del PAN; y Silvano Aureoles, del PRD. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: IMELDA GARCÍA.

El narcorrancho de lujo secreto de Los Zetas en Coahuila

ALLENDE, Coah: La Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades de Coahuila mantienen en secreto el lujoso rancho desde donde operaba el líder zeta Omar Treviño Morales, Z42, el cual se ubica en la región de Cinco Manantiales.

Desde ahí se ordenó la masacre ocurrida en la región de Piedras Negras y el norte del estado, la cual comenzó desde los primeros días del año 2011.

El extenso rancho se ubica en el kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero. En ese punto está una reja blanca que se abre para recorrer un camino de al menos un kilómetro. En el sendero se puede observar una gran antena de radio escondida entre frondosos árboles que se erige a un costado de un pequeño lago donde anteriormente habitaron cocodrilos, el cual ahora luce seco.

En la entrada al rancho ya no se observan los anuncios que colocó la PGR advirtiendo que la propiedad estaba incautada por las autoridades federales. En cambio aún se pueden ver las huellas de la batalla que se protagonizó entre Los Zetas y las fuerzas de la Marina que lo “visitaron”.

El lujoso y extenso rancho fue propiedad de Heriberto Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas. Desde ahí se trazaron nuevas rutas del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo (CDG) y las huestes de El Chapo.

El excabo de Infantería Heriberto Lazcano Lazcano lo habitó a partir del año 2010 y meses después pasó a manos de Omar Treviño Morales, Z42.

El rancho, de estilo californiano, está decorado con fina madera y lujosos detalles que reflejan el buen gusto de quien lo mandó construir. El interior de la residencia central está decorado con madera fina, cuenta una amplia sala, gran cocina y habitaciones en un segundo piso que destacan por su lujo, sobriedad y un elegante diseño.

El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas, casas alternas para invitados, así como salones de juego y un gran terreno donde destaca el “pequeño” lago artificial.

El lujoso espacio contrasta con otros “narco ranchos” incautados a capos en Tamaulipas, Michoacán o incluso de Sinaloa, los cuales se distinguen por un decorado de mal gusto.

Fuentes de la Cuarta Región Militar confirmaron a proceso.com que el estratega de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses del año 2010. Lazcano lo escogió por su estratégica ubicación: está conectado por solitarias carreteras que en escasos minutos conducen a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo

León. Además, decenas de brechas para escapar a regiones serranas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

Arellanes culpa al gobierno de NL de tolerar a policías con antecedentes criminales

MONTERREY, NL: El equipo de campaña de la precandidata del PAN a la guberantura de Nuevo León, Margarita Arellanes, culpó al gobierno de Rodrigo Medina de permitir que policías con antecedentes delictivos se integraren a la corporación.

Arturo Salinas Garza, coordinador de la precampaña de la también alcaldesa con licencia de esta capital, reconoció que Antonio González Abad, detenido junto con otros tres agentes municipales, hacía trabajo de escolta de Arellanes, aunque aclaró que ejercía labor periférica de vigilancia y “no era parte de su círculo primario de seguridad”.

En una declaración que leyó ante los medios, Salinas dijo que el gobierno estatal certificó que González Abad, conocido como El Mocho, era apto para realizar funciones de seguridad y con ello permitió que el ahora acusado se mantuviera en la policía regiomontana.

“El expolicía acreditó este procedimiento por última ocasión el 3 de junio de 2013. Además, al menos tres exelementos más que forman parte de la misma investigación también los certificó el gobierno del PRI en el estado”, acusó el coordinador de la precampaña.

Explicó que la edil con licencia, como todos los alcaldes de Nuevo León y funcionarios públicos, sólo pueden tener en sus corporaciones a los elementos que han pasado por los filtros de seguridad establecidos por el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), dependiente del gobierno de Nuevo León.

El sábado se dio a conocer que Abad, un antiguo militar, formaba parte de un grupo criminal perteneciente a “Los Zetas” que había participado en, por lo menos, cinco plagios.

Junto con él fueron detenidos los agentes regios Bernardino Bautista Arenas Berna, Jesús Adrián Lara Rodríguez El Gordo, y Abraham Herrera Encina.

Otros tres policías de Monterrey están prófugos, según ha trascendido.
“Estamos muy preocupados por esta situación, porque somos víctimas, como todos los ciudadanos, de la seguridad que brinda el gobierno que encabeza Rodrigo Medina”, acusó Salinas.


Consideró que la revelación del arresto de los escoltas forma parte de la “guerra sucia” que efectúa el gobierno y lamentó que la administración estatal “este politizando el tema de seguridad en el estado, con una medida que pone en riesgo a la seguridad de los ciudadanos, de Margarita Arellanes y su familia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Solalinde se suma: que se refunde el país

Desterrar un gobierno que se convirtió en “un verdadero peligro”, acabar pacíficamente con las relaciones de explotación y convocar a un Congreso Constituyente son las ideas en torno a las cuales comenzaron a aglutinarse algunos de los activistas más comprometidos del país: el obispo Raúl Vera, el escritor Javier Sicilia y el sacerdote Alejandro Solalinde. Este último, en entrevista, endereza sus baterías contra la corrupción del Ejército, el gatopardismo de la jerarquía vaticana y la misoginia de cierta doctrina católica. “Los jóvenes y las mujeres” serán quienes concreten el cambio, afirma.

MÉXICO, D.F: El nombre de Alejandro Solalinde suele asociarse a la defensa de los derechos humanos, a los migrantes indocumentados y los movimientos sociales. En estos días el sacerdote está inmerso en su adhesión a la convocatoria del obispo Raúl Vera para desarrollar un nuevo orden constitucional y la refundación del Estado.

En un país de histórico rechazo a la implicación de curas en los asuntos políticos, Solalinde cuestiona lo mismo a la jerarquía eclesiástica que la estatal; acusa por igual tergiversaciones y ambiciones en la Biblia –“escrita por machistas y misóginos”– que en la Constitución por las reformas estructurales de calado neoliberal, o califica de mentira el dogma de la creación o la doctrina del pecado original tanto como la promesa de desarrollo económico de los gobiernos o sus políticas de seguridad.

En la entrevista con Proceso la noche del miércoles 14 no mantuvo en secreto ninguna de sus convicciones. Simplemente, afirma, nadie se las había preguntado y cuando se le inquiere la línea teológica que lo inspira, la identifica: se llama teología basilial.

Llega puntual. En torno a él se movilizan guardaespaldas que establecen un perímetro, movimiento inusual, pues no se trata de un príncipe de la Iglesia, no goza de rango arzobispal ni puede llamársele heredero de los 12 apóstoles como a un obispo. Pero Solalinde, quien se declara misionero, es incómodo a grupos criminales y gubernamentales, así que es un blanco buscado por muchos.

Sin embargo, afirma no temer a la muerte por su fe en la vida eterna y también porque, asevera, ya nada detiene el despertar de la sociedad tras lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa.

“Algo que me cuesta entender es cómo este gobierno puede seguir como va y no leer la realidad ni los signos de los tiempos”, dice, para luego añadir que la administración de Enrique Peña Nieto “heredó y sigue la inercia de un sistema caduco, corrupto y autista”.


(Fragmento de la entrevista que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

El efecto Nestora

Las autoridades de Guerrero han evaluado que, si se aprueba una Ley de Amnistía, se beneficiaría a al menos 50 de los llamados ‘presos políticos’ detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales. La decisión, ha generado un profundo debate.

La petición para liberar a la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado comenzó en julio del año pasado con la exigencia de una Ley de Amnistía al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El ahora exgobernador sostuvo una reunión con diputados federales que daban seguimiento al proceso penal de “comandanta”, detenida por el Ejército Mexicano desde el 22 de agosto de 2013 en la cabecera municipal de Olinalá acusada de al menos 50 secuestros.

A principios de este año, el gobernador interino del estado, Rogelio Ortega, solicitó al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal en favor de Nestora.

Pero liberarla abriría la puerta para excarcelar a todos aquellos que están presos por pertenecer a las Policías Comunitarias y que enfrentan cargos por lesiones, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Federales y hasta terrorismo.

Policías Comunitarias y autodefensas, tendrían que ser medidos con la misma vara.

Bajo esta premisa, bastaría con que cualquier gobernante de un estado donde se presenten autodefensas solicitara el desistimiento de cargos de quienes hayan sido detenidos.

Así, Salvador Jara -gobernador suplente de Michoacán- podría exigir la libertad de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas.

Las autoridades de Guerrero han evaluado que, si se aprueba una Ley de Amnistía, además de Nestora se beneficiaría a al menos 50 de los llamados ‘presos políticos’ detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales.

Todos ellos están asociados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) e incluso del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Por esa razón, cuando comenzaron los acercamientos entre el gobierno de Ángel Aguirre y dirigentes de diferentes grupos sociales de Guerrero, se advirtieron los riesgos de avanzar con la liberación de la “comandanta”.

El argumento es que podrían ser liberados delincuentes de alta peligrosidad acusados por delitos del fuero común.

‘Favorece la impunidad’

El documento mediante el cual se analizó el caso de Nestora Salgado detalla que la posible liberación de la “comandanta” podría generar un efecto cascada en otros estados o en el ámbito federal.

“Favorece la impunidad de organizaciones y activistas de perfil contestatario: policías comunitarias, magisterio, fachadas, antisistémicas”, apunta.

Sin embargo, desde que Rogelio Ortega tomó el mando como gobernador interino de Guerrero ha insistido en que Nestora no cuenta con delitos federales y sí tenía autoridad para retener a personas, pues pertenecía a la Policía Comunitaria.

“Se le acusa a la ciudadana Nestora Salgado de 50 secuestros, pero el juez la exoneró de un delito federal (…) Ella podía retener a las personas por ser policía comunitaria”, indicó el gobernador interino, el 15 de enero en una entrevista radiofónica.

Ortega basa su declaración en la Ley número 701 del Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, norma que reconoce y da validez a sistemas normativos internos basados en usos, costumbres y tradiciones.

Pero dicha Ley precisa que el sistema de justicia indígena no debe ser impartido por las autoridades indígenas a su libre arbitrio,

“Antes bien, el sistema normativo interno de justicia debe observar los principios procesales previstos en la constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y particularmente, la dignidad e integridad de las mujeres”, refiere.

Además, en sus declaraciones ante el Juez Cuarto de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, Nestora reconoció que no pertenece a ningún grupo indígena y que no fue elegida por los pueblos indígenas náhuatl o tlapaneco, sino por habitantes de la cabecera municipal de Olinalá después de unirse a los policías comunitarios.

Los límites de la ley

Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad y catedrático de la UNAM, explica que los grupos de autodefensa tienen sustento legal en la Constitución, por lo tanto, su existencia no está fuera de la ley.

Sin embargo, especifica que si dichas organizaciones armadas no entregan de inmediato al sospechoso de un delito y asumen funciones de ministerio público y juez, entonces sí violan la ley, tal fue el caso de Nestora.

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero, ha abogado por la libertad de la líder comunitaria.

El peregrinar de Nestora

El caso Nestora, divide

Desde la semana pasada, la exigencia para que Nestora Salgado y otros presos políticos sean liberados subió de tono.

El Movimiento Popular de Guerrero ha sido el principal promotor de la libertad de la “comandanta”.

Sin embargo, las demandas del grupo -creado en 2013 con el objetivo de revertir la reforma educativa del Gobierno Federal- van más allá. Exigen la libertad de todos los presos políticos.

Juan Rendón Mancilla, integrante del Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, describe que la figura de Nestora como “comandanta” surgió de un movimiento ciudadano legítimo a finales de 2012, cuando la comunidad de Olinalá se cansó de los secuestros, asesinatos y extorsiones cometidos por el grupo delictivo de “Los Rojos”, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva.


Sin embargo, refiere Rendón Mancilla, ella se negó a dejar las armas y comenzó a juzgar bajo su criterio.

Quienes ahora la acusan, aseguran que la “comandanta” detuvo, privó de su libertad y exigió a familiares un pago para liberar a los detenidos. Por eso, se rehúsan a que quede libre.

El lunes 12 de enero, los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, hicieron un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto y a las autoridades del Poder Judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo un debido proceso.

En conferencia de prensa, señalaron que la liberación de Nestora es “ilegal y contrario a derecho”.

“El gobernador Rogelio Ortega no tiene facultad para solicitar la libertad de Nestora”, acusaron.

Wallace aseguró que algunas de las presuntas víctimas de la “comandanta” temen por su seguridad ante la posibilidad de que Nestora que de libre.

Por su parte, Martí manifestó que la justicia en la entidad está rebasada, ya que Guerrero es un estado “narcoguerrillero”.

Al día siguiente, los familiares de Nestora enviaron un comunicado público a los medios para desmentir a Miranda de Wallace y reiteraron que han acudido a todas las instancias legales nacionales e internacionales y desde la perspectiva de derechos humanos para demostrar la inocencia de la líder y coordinadora de la Policía comunitaria de Olinalá.

En el documento, los familiares la “comandanta” también señalaron que la postura, tanto De Wallace como Martí, podría obedecer a un interés político y discriminatorio.

La Amnistía como ley

La aprobación de una Ley de Amnistía, tanto federal como estatal, ha sido una demanda histórica y recurrente de grupos armados, organizaciones fachada, radicales y de perfil contestatario.

A nivel Federal, en la historia reciente de México se emitieron tres:

En 1976
Benefició a 230 activistas, en su mayoría universitarios involucrados en el conflicto estudiantil de 1968.

En 1987
Que favoreció a mil 539 personas, muchos de los cuales formaron parte de grupos subversivos o delinquieron impulsados por móviles políticos.

En 1994
La cual pretendía beneficiar a personas que participaron en los hechos de violencia ocurridos en Chiapas del 1 al 20 de enero de 1994. Ninguna persona se acogió al beneficio.

A nivel estatal

En Oaxaca
> A finales del 2000, se aprobó una Ley de Amnistía que benefició a más de 200 personas, 60 de las cuales fueron excarceladas, la mayoría formaron parte del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

En Guerrero
> Se promulgaron leyes de amnistía en 1978, 1981 y las más reciente en el 2002 a noviembre de 2003. En la última fueron liberadas 24 personas acusadas por delitos no graves del fuero común.

El peregrinar de Nestora


Desde que fue detenida, la líder de la  CRAC ha encendido el debate sobre si es una activista o una delincuente.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNA.

Promoción energética

Del 2013 al 2014, el Gobierno Federal incrementó en un 42 % los recursos destinados para contratar propaganda oficial en medios de comunicación. El 11.29 %, fue destinado solo a la promoción de la Reforma Energética.

Para promover la reforma energética, el Gobierno Federal destinó el mayor gasto de su presupuesto en campañas de comunicación social.

En el Informe sobre los Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal en el Ejercicio Fiscal 2014, que la Secretaría de Gobernación envió al Congreso de la Unión, se indica que el gasto total en comunicación social de la Administración Federal fue de 5 mil 849 millones 628 mil pesos de enero a diciembre del año pasado.

De ellos, 660 millones 775 mil 630 pesos, el 11.29 por ciento, fue destinado solo a la promoción de la Reforma Energética.

El gasto para este tema estuvo concentrado en tres dependencias: la Secretaría de Energía, con 300 millones 434 mil 760 pesos; la Comisión Federal de Electricidad, con 145 millones 340 mil 810 pesos; y Petróleos Mexicanos, con 215 millones de pesos.

Estas erogaciones contrastan con las destinadas a la promoción del Plan Michoacán, para el que se invirtieron 29 millones 381 mil pesos o la campaña de Prevención de la Violencia, a la que solo se destinaron 4 millones 343 mil pesos.

Los más de 5 mil 849 millones que el gobierno invirtió en comunicación social en el 2014 representan un incremento del 42% con respecto al gasto total en ese rubro en el 2013, cuando el gasto en comunicación de toda la Administración Federal fue de poco más de 4 mil 100 millones, según revelan cifras del Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las más promovidas

Las cinco dependencias que más recursos utilizaron para labores de promoción fueron la Secretaría de Educación Pública, con 758 millones, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 755 millones –de los que 400 millones fueron destinados a la campaña “Chécate, Mídete, Muévete”.

La Secretaría de Gobernación, con todas las campañas de seguridad pública y prevención del delito, tuvo un gasto en comunicación por 614 millones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contó con 549 millones para la promoción de las obras de infraestructura, y la Secretaría de Desarrollo Social obtuvo 443 millones para los spots sobre la Cruzada sin hambre, entre otros.

La Presidencia de la República tuvo un gasto en comunicación social de 35 millones 903 mil pesos; de esos, 18 millones fueron destinados a la promoción del Segundo Informe de Gobierno y poco más de 17 millones a los mensajes a la ciudadanía ofrecidos por la Presidencia.

El gasto en comunicación social es una de las inversiones más polémicas que realizan los gobiernos de los tres niveles y los poderes de la Unión.

La inversión de más de 5 mil millones de pesos en el 2014 se da a conocer en un momento en que se vislumbra un posible recorte al gasto contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015 por la baja en los precios del petróleo.

Legisladores de izquierda han dicho que, en caso de realizarse recortes al gasto, los primeros que deben ser eliminados deben ser las partidas que consideran innecesarias, como la de comunicación social.

“No se pueden recortar programas de infraestructura porque esto ya está contratado, tampoco el gasto en programas de combate a la pobreza porque esos sí tendrían un grave impacto en el sector social; pero donde sí debe venir el primer recorte, en caso de que se dé, es en gastos como comunicación o gasto corriente”, comentó Lilia Aguilar, diputada por el PT.

El aumento del 42 por ciento en el gasto del Gobierno Federal en temas de comunicación social, del 2013 al 2014, representa una diferencia de mil 750 millones de pesos.

Las 5 dependencias que acapararon más recursos para labores de promoción 

> Secretaría de Educación Pública
> Instituto Mexicano del Seguro Social
> Secretaría de Gobernación
> Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

> Secretaría de Desarrollo Social

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Debe abrirse línea de investigación que incluya al Ejército, exige Omar García

Si tuvieron a los 43 en el cuartel de Iguala, pues ya los sacaron, dice normalista. Los celulares indican que en el 27 Batallón de Infantería fue el último lugar donde estuvieron, señala.

Perder la vista del ojo izquierdo es lo que menos le preocupa a Omar García, después del enfrentamiento con militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala. En este momento, su mayor inquietud es encontrar a sus 42 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, aunque sabe que en esa misión se juega la vida: desde el 26 de septiembre yo vivo como si ya hubiera muerto.

Aún convaleciente, con las heridas visibles en un ojo, Omar García asume de manera estoica que puede ser el 44 en desaparecer, debido a su visible liderazgo llevado con lealtad inquebrantable y compromiso con los padres de los normalistas desaparecidos.

Explica que dejó el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste) de Chilpancingo, porque el oftalmólogo que lo atendía se dedicaba a expresarle sus opiniones en contra de las acciones que estudiantes y padres de los normalistas realizan: me hacía preguntas que no venían al caso y comentarios como que no era bueno entrar a los cuarteles militares.

Le dije que eso no le incumbía y que tenía que limitarse a su trabajo. Por eso preferí irme, dice en entrevista con La Jornada.

Pasado el momento de peligro del desprendimiento de retina, Omar García, convertido en líder estudiantil visible del caso Ayotzinapa, se recupera ahora de las graves lesiones en su ojo izquierdo con la mejor medicina: la solidaridad y el cariño de sus amigos.

Indudable, línea de indagatoria

Este joven de 24 años, que cursa el segundo año de normal, no tiene duda que la línea de investigación por el crimen de Estado de Ayotzinapa pasa necesariamente por el Ejército: Queríamos demostrar que entraríamos. Muchos dirán que estamos locos, que esa fue una acción arriesgada, pero no hay locura en esto, estamos demostrando que vamos en serio y que queremos entrar a los cuarteles para encontrar a nuestros compañeros. Y lo vamos a hacer.

El lunes 12 de enero, el golpe seco de una pedrada le provocó un ligero mareo; luego, con la vista nublada fue sintiendo un intenso dolor. La sangre corría por su rostro y lo llevaron a urgencias, junto a otros padres que también resultaron heridos.

Pudo habernos irnos peor. Sabíamos que ir a un cuartel militar no era cualquier cosa. Pero desde hace dos meses estamos insistiendo que se abra una línea de investigación al Ejército por su participación en la desaparición forzada de mis compañeros, de la cual soy testigo, como otros más que pueden confirmar la versión.

La reacción inmediata del gobierno fue anunciar la posibilidad de que los padres entraran a los cuarteles militares, pero después, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que sólo se permitiría la entrada al de Iguala.

Nosotros no somos tontos. Si tuvieron a nuestros compañeros en algún momento en el cuartel militar de Iguala, como lo demuestran algunos teléfonos celulares de mis compañeros, es obvio que ya los sacaron de allí. Eso lo sabemos.

Omar García se refiere a la localización que los familiares de los normalistas recibieron a través de sus celulares, como el caso de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, quien señala que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Celulares sin investigar

La localización de los celulares no ha sido investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), según señala, algo que les sorprende: Es una línea de investigación que no han tomado en cuenta. Existe la geolocalización y la retención de datos. Cada llamada y cada mensaje están registrados y las empresas de telecomunicaciones tienen el deber de guardar esos datos durante dos años.

–¿Y por qué la PGR no ha investigado los celulares de los normalistas desaparecidos?

–A tres meses y medio la PGR no investiga, incluso a los ocho días pudieron haber dado una localización de los 43 teléfonos de nuestros compañeros que salieron de la escuela. Todos tenían celular. En algún momento les tienen que haber quitado los celulares y en ese momento deben saber si se los llevaron juntos o los dividieron. Nosotros tenemos varios celulares de compañeros que nos indican que estuvieron en el 27 Batallón de Infantería de Iguala”.

Para Omar García no sólo esto resulta sospechoso, sino también el tiempo que tardó la PGR en reaccionar sobre el caso Ayotzinapa: Se tardó 10 días. Tuvieron mucho tiempo para armar un gran teatro.


Y añade: El Ejército pudo movilizar a la gente hacia donde se le haya antojado, como al Campo Militar Número Uno y otros lugares donde se sabe que se ha torturado y encarcelado a gente que desaparece. Sabemos de vuelos de la muerte, de presos políticos, incluso hay ex guerrilleros que lo demuestran, porque estuvieron en esas prisiones y manifiestan que los militares se dedicaban a desaparecer gente. Además de los asesinos a sueldo que el gobierno tiene por donde quiera.

Una historia negra

Omar García exige, junto con los padres de los normalistas, una investigación profunda al Ejército en el caso Ayotzinapa, un crimen de Estado, dice, perfectamente planeado, y no están dispuestos a aceptar la última decisión del gobierno, que asegura haber agotado las líneas de investigación para aparentemente dar carpetazo y olvidar el asunto.

La PGR puede intentar lo que sea, pero Ayotzinapa no se olvida ni se olvidará. Nuestro plan es revisar todos los cuarteles militares. A nosotros no nos van a dejar satisfechos con entrar sólo al cuartel de Iguala. Vamos a seguir luchando, incluso después de que se demostrara que nuestros compañeros están muertos. No son 43, son miles en México.

Para sustentar su tesis se remonta a la historia negra del Ejército en otras ocasiones donde se ha demostrado que participó: El Ejército está presente en las masacres y no va a cambiar. Ese Ejército durante años se ha acostumbrado a eso. Llegando allí adoctrinan para obedecer sin cuestionar las órdenes, es un aparato vertical, burocrático, corrupto.

Dice que de acuerdo con las investigaciones que estudiantes y padres de la Normal Rural han hecho, les han llegado versiones de militares desertores que refieren de lo que sucede en las instalaciones militares: Nos han contado que son testigos de la corrupción en el Ejército, de las prisiones secretas, aparatos de tortura y todo lo que tienen clandestinamente.

–Esa línea de investigación que involucra al Ejército, ¿la van a continuar pese a que no los dejen entrar a los cuarteles?

–Nunca la vamos a descartar. Yo estuve allí frente a los soldados esa noche. Ellos insinuaron que nos iban a desaparecer.

–¿Por qué el Ejército querría desaparecer 43 jóvenes?

–No atacaron a estudiantes comunes y corrientes, se han llevado ya muchos otros, como en Cocula; esta vez eran estudiantes normalistas, jóvenes que piensan diferente al Estado. Es lo que representa Ayotzinapa en el movimiento de Guerrero.

–¿Ustedes son incómodos para el Ejército?

–Siempre lo hemos sido. Y desarmados para colmo.

–¿Son considerados subversivos?

–Nos gustaría que nos consideraran subversivos, pues nos consideran vándalos y delincuentes, que es peor.

Omar García no puede olvidar cómo aquella noche del 26 de septiembre algunos de ellos solicitaron a los soldados que atendieran su compañero Édgar, pero un militar les contestó que se lo merecía y se tenían que aguantar.

“No hay ayotzi que no haya sido encañonado en el pecho a las dos o tres semanas que haya ingresado a la escuela. Siempre llegan los marinos, la policía o los militares y te encañonan en el pecho. Eso es para probarte. Con el tiempo ellos mismos nos han quitado el miedo.”

Vamos a seguir

La reciente detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, por participar en la desaparición de los normalistas, es un hecho intrascendente para Omar: “De qué sirve que detengan a 97 personas si las estructuras detrás siguen intactas.

“A nosotros nos importa un comino las estructuras visibles de sicarios, porque detrás de ellas están los verdaderos criminales, los que mueven todo. Sin el Estado, la delincuencia organizada no funcionaría. Sin las estructuras del Estado no habría delincuencia organizada. Detrás de los que andan con sus cuernos de chivo están los otros sin armas, pero que son los que organizan todo.”'

Omar García espera recuperarse totalmente para volver en unos días a la búsqueda de sus compañeros. Sabe que el Ejército lo vigila, y desde hace tres meses y medio se mueve constantemente de lugar para sobrevivir al acoso. Pese a todo, ríe de manera espontánea y pasa su mano por el cabello para señalar a los responsables del caso Ayotzinapa:


El brazo armado del Estado es el Ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del Ejército de nada sirve que cambie el gobierno; quien tiene el poder real en México son los militares'. Y si logramos demostrar que fue el Ejército, los militares van a apuntar a muchos funcionarios y políticos como cómplices de todo lo que han hecho. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.

En Sonora, el oro más preciado que la vida

LA COLORADA, Son:- Desde hace tres años los habitantes de La Colorada sobreviven a las continuas detonaciones de la minera Pitalla, firma que genera millones de micropartículas que forman una densa “nata” visible mañanas y tardes, así como a la solución cianurada con la que se irrigan las “montañas” de piedras trituradas donde se obtiene el oro que, en esta zona del país, se aprecia más que la vida.

En esta comunidad rural, localizada a 45 kilómetros al sureste de Hermosillo, cada día hay un antes y un después de las explosiones o voladuras que estremecen el paisaje cerca de las dos de la tarde.

Los estruendos inician con el atemorizante ulular de una sirena nacido en el tajo central de la mina, donde se activan las descargas explosivas que a la postre cimbran la tierra y saturan, por segundos, el espectro de sonido del otrora apacible ejido.

Tras la voladura, que se puede dividir hasta en siete detonaciones diarias, siempre de lunes a viernes entre dos y tres de la tarde, se levantan inmensas columnas de polvo que nacen en las entrañas de esta mina extendida a lo largo de 230 hectáreas.

Y no es todo: para 2016 se proyecta que el filón alcance las 280 hectáreas en un predio superior a las mil hectáreas de superficie.

En La Colorada es común que los habitantes enfermen de las vías respiratorias, desde una crisis asmática hasta enfisema pulmonar.

También son frecuentes entre los mineros las lesiones oculares y lumbares, padecimientos que los trabajadores ocultan porque esto podría causarles el inmediato despido.

A este sigilo se suma la mansedumbre autoimpuesta de los pobladores, quienes se niegan a denunciar los tronidos de la tarde y sus consecuentes afectaciones a la salud. En tanto, quienes se atreven a romper el silencio apenas y son escuchados.

Es el caso de Francisca Amparano, quien lidera un grupo de 120 ciudadanos que redactó el 19 de enero de 2014 una denuncia formal dirigida al alcalde Armando Rodríguez; al encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Arias, y al gobernador, el panista Guillermo Padrés.

Los inconformes expusieron en el documento el deterioro que ha sufrido la parroquia, los daños estructurales en las viviendas producto de las detonaciones y los riesgos a la salud que representa esta práctica minera.

“Algunas voladuras son llevaderas, pero como en mi casa se sienten mucho, hasta taquicardia me han provocado”, relata Amparano, quien tiene un hijo que padece alergia al polvo y sufre repentinos ataques de asma.

“De esta situación ya se le informó a la Secretaría de Salud estatal y, la verdad, no sabemos qué se piensa hacer”, lamenta.

La denuncia cumplirá un año este lunes 19, y sólo provocó una breve reunión entre los aludidos, quienes se limitaron a nombrar una cuadrilla para rehabilitar las viviendas dañadas, a las que sólo colocaron una ligera capa de cemento en techos y columnas resquebrajadas.


Sin embargo, sobre las explosiones y los daños a la salud, la minera apostó al olvido y a las amenazas, porque si algún trabajador o sus familiares son sorprendidos quejándose, quedan despedidos en automático.

Salud en riesgo

Priscila Ibarra Becerra, médico pasante y responsable del Centro de Salud Rural, asegura que la principal causa de enfermedades se deriva de las prácticas mineras. El contaminado ambiente impacta en crisis asmáticas, bronquitis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), agravadas porque la mayoría de los residentes fuma o cocina en estufa de leña.

“No sólo es el polvo que se levanta, también es el sonido y el temblor que hace retumbar el centro del pueblo. Ya por la mañana, como a eso de las seis, se viene una ola, una nube baja de polvo que si se abren las puertas o ventanas se mete a las casas”, cuenta la egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La población en mayor riesgo, dice, son los niños menores de 10 años y los adultos mayores a 50.

Sueño dorado

La Colorada es un municipio con mil 663 habitantes, de acuerdo con datos del Inegi. Se ubica en el kilómetro 45 de la carretera federal 16 Hermosillo-Tecoripa. Fue fundada en 1741 por jesuitas mineros y revivió en 1895 con la llegada del tren a Sonora durante la dictadura de Porfirio Díaz.

Es un poblado de origen minero y los primeros moradores se asentaron en los cuerpos de agua, donde “lavaban” el oro que era posible encontrar a simple vista en los cauces de los arroyos.

La devastación, en una primera etapa, fue orquestada por los propietarios de la mina El Dorado, que inició operaciones en 1989 y se retiró en 2005. Después arribó minera Pitalla, empresa mexicana con recursos canadienses de la firma metalúrgica Argonauts Gold.

Desde su llegada, el 17 de febrero de 2012, el consorcio logró un permiso de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para almacenar, a sólo 100 metros del pueblo: 30 mil kilogramos de “alto explosivo”, 10 mil kilogramos de “agente explosivo” y 10 mil metros de “cordón detonante”, así como mil metros de “conductores” y 12 mil “iniciadores”.

En promedio se realizan cinco voladuras a la semana, divididas en 30 detonaciones, que al mes suman 120 y al cabo de un año totalizan mil 440. Desde 2012, los residentes de La Colorada han experimentado 4 mil 320 explosiones.

El gerente de mina de Pitalla, Francisco Badilla Peralta, explica que las voladuras “desplazan” el suelo 1.5 centímetros por cada centímetro cuadrado, lo que es “aceptable” porque los estándares internacionales y nacionales permiten el desplazamiento de hasta 6 centímetros por cada centímetro cuadrado.

Pese a ello, existe un centenar de viviendas siniestradas, como la de Jesús Anibal Ruiz Aguilar, quien inhabilitó uno de los cuartos principales de su hogar porque una grieta ancha atraviesa el techo y las columnas.

“Desconfío de la cuadrilla de trabajadores que envió la mina para arreglar los desperfectos, pues son de los que quieren poner un curita donde se requiere cirugía”, acusa.

Aníbal es residente de La Colorada desde 2011, año en el que la minera no estaba en operaciones y “cuando el pueblo todavía era un lugar tranquilo para vivir”.

Otra excepción es la escuela primaria federal “Carmen Preciado de Vázquez”, ubicada a unos cien metros de los límites de la mina, en donde los niños que permanecen en el plantel con el programa de horario extendido se ocultan en uno de los salones durante las detonaciones.

La mayoría se recuesta en el suelo, otros se resguardan bajo las cobijas que utilizan para dormir la siesta y el resto se tapa los oídos con las mochilas o con las palmas de las manos.

“Los vidrios de la escuela se tambalean bien feo… Antes me daba miedo, pero ya me acostumbré”, refiere el pequeño Gustavo, de quinto año.

No es para menos, la mina remueve diariamente 50 mil 659 toneladas de material minado y, en un mes, un millón 144
mil 672 toneladas. Tritura cada 24 horas cerca de 15 mil 966 toneladas de material que será depositado en los patios de lixiviados, donde mediante una solución de cianuro de sodio el oro se separa de los minerales sin valor.

Justo en este proceso se presenta otro factor de riesgo a la salud, pues la maquinaria pesada forma gigantescas pirámides escalonadas que son irrigadas por sistema de aspersión o por goteo con más de 100 mil litros de solución cianurada que, con un ligero viento, se traslada hasta el pueblo.

La doctora Ibarra Becerra indica que una larga exposición a esta fórmula metalúrgica causa fatiga, falta de aire y tos crónica (sin infección), multifactores que al tiempo devienen en cáncer.

Ante esta serie de señalamientos, el gerente general de minera Pitalla, Francisco Abelais, reconoce que esta empresa es el “vecino incómodo” de La Colorada.

“Siempre lo he comentado a la comunidad: Somos el vecino incómodo. Por eso tratamos de minimizar cualquier efecto negativo a la comunidad.

“Sabemos que las voladuras son ruidosas y provocan vibraciones, por tal motivo monitoreamos cómo afectamos a la comunidad”, admite el directivo.

Para este año, añade, se prevén un sinnúmero de inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), motivadas por el accidente registrado el 6 de agosto anterior en la mina Buenavista del Cobre, donde se derramaron 40 millones de litros de metales pesados y lixiviados de cobre sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, calificado como “el desastre ecológico más grande en la historia moderna de la minería”.

Durante la entrevista, Abelais también presume que minera Pitalla espera este año obtener por tercera ocasión consecutiva el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR).

Anualmente, asegure, se entrega en beneficios a la comunidad una bolsa de 120 mil dólares que se utilizan para rehabilitar viviendas, otorgar becas estudiantiles e invertir en infraestructura para la primaria local.

Se trata de una cantidad mínima si se compara con las ganancias que obtuvo minera Pitalla en 2014 con la extracción de 40 mil 535 onzas de oro a un precio de 700 dólares por unidad y por la producción de 153 mil 548 onzas de plata con un precio de mercado de 17 dólares, según lo establece el portal canadiense de Argonaut Gold.


De igual forma, el apoyo contrasta con las cifras del Centro de Salud Rural, que atendió a 42 mineros lesionados y donde, en promedio, se expide un reporte médico cada siete días, pues la mina sólo cuenta con una sala de primeros auxilios y los afectados son atendidos en hospitales públicos.

Sin iniciativa municipal

El alcalde de La Colorada, Armando Rodríguez, afirme estar dispuesto a enfrentar al consorcio si lo acompaña al menos un ciudadano.

“No sé lo que pasa, pero cuando los inconformes ven a los directivos mineros o a los gobernantes, el pueblo se queda solo”, justifica.

“Hace falta uno que esté dispuesto a denunciar”, recalca.

“Si alguno de ellos se siente afectado, yo en encabezo esa lucha, pero no me puedo lanzar solo a cerrar la mina
porque si lo logro, al cabo de unos días los mismos inconformes me culparían de clausurar el más grande centro de trabajo del municipio”, comenta.


La falta de iniciativa municipal, las laxas leyes ambientales, las amenazas mineras y el temor ciudadano son parte de un círculo vicioso que únicamente se romperá cuando en La Colorada “sólo queden vivos los fantasmas de la riqueza muerta”, como escribió el uruguayo Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, al referirse a la depredación minera que experimentó San Luis Potosí en el siglo XIX.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

La realidad refuta al “virrey” Castillo

Según el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, en el año que lleva en el cargo –como “virrey”, señalan algunos– la violencia bajó a niveles tolerables. Pero la senadora panista Luisa María Calderón señala que el enviado del presidente Peña Nieto es un factor de desorden en la entidad y nadie le cree. Y el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, lo acusa de pactar con el crimen organizado para afianzar su poder. Para colmo, dice, las próximas elecciones se realizarán bajo su control.

“Michoacán es un desorden”, repite la senadora Luisa María Calderón Hinojosa después de escuchar a Alfredo Castillo, quien a un año de ser nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, afirma que la entidad ya no tiene problemas de inseguridad, ya no se cometen extorsiones y la gente puede salir a la calle, sin temor, a cualquier hora.

El martes 13, Castillo compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en medio de críticas de los legisladores a su trabajo. Incluso lo llamaron “virrey”, cuestionando el acuerdo presidencial por el que se creó la comisión que encabeza, con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones se erogaron en “servicios personales” y el resto, más de 28 millones, en “gastos de operación”.

Durante más de tres horas el comisionado argumentó que, a un año de su llegada, Michoacán ya no sufre por culpa del crimen organizado, los enfrentamientos son por divisiones entre los líderes de las fuerzas rurales y la violencia ha disminuido a niveles tolerables.

Para apuntalar esto, dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad se ubica en el lugar 25 de 32, y las denuncias de secuestro, que en 2013 fueron 194, descendieron a 13 el año pasado.

Y aventuró: “No podemos hablar, hoy por hoy, de que exista un estado fallido, cuando a diferencia, y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”.

El comisionado rechazó los señalamientos de que permitió a integrantes del crimen organizado integrarse a la Fuerza Rural, pues “para eso habría que hacer señalamientos de averiguaciones previas que están en la SEIDO”.

El enviado del presidente Enrique Peña Nieto acusó al gobierno anterior, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, de haber dado por muerto a Nazario Moreno, El Chayo, en 2011, cuando en realidad vivió hasta 2014, y entre tanto se fortaleció la organización delictiva Los Caballeros Templarios.

Encarando a los legisladores del PAN, el comisionado insistió: “El gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y que, la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”. La legisladora señalada es Luisa María Calderón, precandidata panista a la gubernatura michoacana y hermana del expresidente Felipe Calderón.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Los pantanos de Ficrea

La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de “ahorradores” sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.

MÉXICO, D.F: El escándalo de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea apunta a una “triangulación” ilegal de fondos y también a un lavado “hormiga” de dinero en 2014. Además revela complicidad de autoridades financieras, que sabiendo de las irregularidades permitieron a entidades receptoras de dinero federal “invertir” en una empresa con crecimiento atípico.

Documentos consultados por Proceso evidencian movimientos que no corresponden a “un ahorrador popular”, que el gobierno federal centró sus indagaciones en algunos “ahorradores plus” que demandan 100% de sus pagos, ha ignorado decenas de inmobiliarias “ahorradoras” e incluso “perdonó” a la mayoría de los accionistas de Ficrea centrándose en el socio mayoritario: Rafael Antonio Olvera Amezcua.

En los documentos se revela incluso una burla: el gobierno federal debe “rescatar” a algunas de las empresas del consorcio de Olvera Amezcua, pues al menos dos de ellas “ahorraron” en Ficrea: Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V. y Leadman Trade S. A. de C. V.

De triangulación a lavado “hormiga”

Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, constituyó su primera empresa el 21 de diciembre de 2000: Leadman Trade, según publicó en El Universal la reportera Doris Gómora. La extensa investigación dio cuenta de una red de 100 empresas que se multiplicaron a partir de ese año. La sofipo Ficrea surgió en junio de 2008.

Seis años después, el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento la sofipo tenía una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales cinco mil 900 se trasladaron a tres empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.

Al socio mayoritario se le denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y un fraude de más de dos mil 700 millones de peso en agravio de 6 mil 670 ahorradores.

Hasta aquí llega la acusación oficial. Sin embargo, una tarjeta informativa –a la cual tuvo aceso este semanario– muestra que no se trata de 6 mil 670 ahorradores, sino de 4 mil 432, que son quienes cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.