El diario estadounidense The Wall Street Journal reveló hoy que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando era Gobernador.
Una fotografía recuperada por SinEmbargo, muestra que el hijo del empresario, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini. Ésta última falleció en el año el 11 de enero de 2007.
En la imagen también se puede observar, además de los ya mencionados, a Sara Álvarez, al Obispo Constancio Miranda Weckmann y a Gerardo Salim.
El empresario vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan, fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, aseguró el diario estadounidense.
El WSJ informó de esta situación en el marco de la revelación que hiciera el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui sobre la casa que la Primera Dama Angélica Rivera compró al contratista Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de Grupo Higa, quien también vendió una casa a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El diario indica que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.
Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.
El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.
Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 38 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.
Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó el funcionario.
La familia San Román han sido desde hace mucho tiempo cercanos a altos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, indica el WSJ.
Además, el ex Gobernador Alfredo del Mazo González, que tiene lazos familiares con Peña Nieto, fue durante un tiempo accionista de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, la firma de bienes raíces controlada por los San Román, según documentos públicos.
El diario estadounidense agregó que San Román Widerkehr murió en 2010 y su hijo Ricardo San Román Dunne tomó el control de los negocios.
En el resort de golf, la casa más barata a la venta, de 210 metros cuadrados, tiene un precio de 241 mil dólares o 3.5 millones de pesos, dijo un vendedor del resort. El terreno más barato, de 400 metros cuadrados, está a la venta por 88 mil dólares, finaliza el diario.
LA CASA BLANCA: EXPEDIENTE OSCURO
El descubrimiento periodístico de que la familia presidencial habitaba (o habita) una casa valuada en 86 millones de pesos que está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto, ha adquirido más incógnitas que certezas con el paso de los días. La esposa del Presidente, Angélica Rivera Hurtado, logró complicar el laberinto de suspicacias con su explicación a través de un video, en el que sostiene que la propiedad es de ella; pero omite el desglose de sus ingresos y su declaración de impuestos ante Hacienda. El mismo Presidente generó más dudas al ampliar su declaración patrimonial y no ser contundente.
El asunto se parece a una novela por entregas. Cuando se aproximaba el desenlace por agotamiento de elementos, la noche del 11 de diciembre, una investigación de The Wall Street Journal reveló que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró una casa a Hinojosa con las mismas condiciones financieras que lo hizo Angélica Rivera: una blanda hipoteca bajo palabra.
Los especialistas no niegan un conflicto de intereses, pero no ven la posibilidad de que ello sea juzgado por las instancias legales debido a un débil marco jurídico en la Transparencia mexicana. Y mientras transcurre el escándalo, Grupo Higa sólo cosecha éxitos empresariales.
Con excepción de la licitación del tren rápido México-Quéretaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado. Los días pasan y el nombre de Juan Armando es mencionado en las planas de México y el mundo. Pero nada ha provocado un mensaje de parte de este empresario tamaulipeco beneficiario de una lluvia de bendiciones durante veinte años del erario del Gobierno del Estado de México y ahora del Gobierno federal…
¿Va a pasar algo? ¿Logró diciembre lo que no pudieron las estrategias de comunicación y sucumbirá el escándalo mayor que representó el hallazgo de la “casa blanca”? Si se hojea la historia de conflictos de intereses en México es posible establecer una respuesta: no ocurrirá nada. No hay episodio en la última década que muestre la capacidad del Estado Mexicano para dirimir un conflicto de interés, esa circunstancia en la que las decisiones de un burócrata pueden ser influidas de manera indebida, según la definición en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La posibilidad de que el asunto fuera debatido por una comisión especial en la Cámara de Diputados fue desechada. La Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo adujo que el número de comisiones especiales permitido por el reglamento, estaba rebasado. Y la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni siquiera cuenta con titular en estos momentos dado que la Ley de la Administración Pública no ha sido votada. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013, esta legislación implica el desmantelamiento de esa dependencia para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Difundida por primera vez la noche del 19 de noviembre, la explicación videograbada de Angélica Rivera Hurtado permanece en su página oficial. Es posible escuchar el porqué la casa se encuentra a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, cuyo accionista mayoritario es el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Pero no ha sido posible ver la declaración de impuestos que –dice ella– avala su solvencia en el proceso de compra venta dados 25 años de trabajo como actriz para la empresa Televisa. El río de mensajes satíricos en las redes sociales respecto a su discurso no ha cesado y muestra más bien, un expediente de nuevas incógnitas.
“Efectivamente conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa celebráramos un contrato de compra venta”.
El analista político Enrique Toussaint observa una cadena de errores en la que el primero fue justo la decisión de que Angélica Rivera brindara explicaciones. “Así, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logró hacer un laberinto de suspicacias del que hasta ahora no ha logrado salir. En tal circunstancia concluye el año. Sin que su estrategia de comunicación logre empatía con sus gobernados. Está parado sobre la crisis, pero no hace nada por comunicar”, expone.
En diciembre de 2014, el asunto “casa blanca” se parece a una novela por entregas. Cuando se aproximaba el desenlace por agotamiento de elementos, la noche del 11 de diciembre encontró otro elemento de suspenso: una investigación de The Wall Street Journal reveló que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró una casa al Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú con las mismas condiciones financieras que lo hizo Angélica Rivera Hurtado: una blanda hipoteca bajo palabra.
Y mientras transcurre el escándalo, el Grupo Higa sólo cosecha éxitos empresariales. Con excepción de la licitación para el tren rápido México-Querétaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado. Los días pasan y el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú es mencionado en las planas de México y el mundo. Pero nada ha provocado un mensaje de parte de este empresario tamaulipeco beneficiario de una lluvia de bendiciones del erario del Gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador y del gobierno federal ahora que es Presidente.
MODELO PARA ARMAR
Esta no es una historia donde brillen las certezas. Pero en la trama hay una evidencia: la relación entre Juan Armando Hinojosa Cantú y el Presidente Enrique Peña Nieto. Piezas cruciales a disposición de la opinión pública desde 2012 permiten armar los vínculos en un fácil rompecabezas. Al voltear a las publicaciones de los tiempos de campaña, es posible ver, como muchos lo vieron siempre, una unión entre ellos.
Juan Armando Hinojosa Cantú fue el único empresario que acudió a la casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a celebrar la vuelta de ese partido al poder presidencial. Fue él quien le prestó los aviones para realizar campaña electoral, tanto en la contienda por el Gobierno del Estado de México como por la Primera Magistratura.
Cuando Enrique Peña Nieto cumplió 46 años, sus invitados fueron los de su “círculo íntimo”, según dijo él mismo. Ahí estuvo el empresario. Peña Nieto ya era candidato electo y los citó para comer en la Hacienda Cantalagua, en el Estado de México. El cariz privado de la reunión se habría mantenido si no hubiera sido por la tragedia. Al salir del encuentro, el helicóptero Augusta 109 matrícula XA-UQH se precipitó en los límites de Jiquipilco y Villa del Carbón. Viajaba ahí Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú. La aeronave era de la empresa Eolo, del mismo Grupo Higa.
Eduardo Huchim, experto en el sistema político mexicano piensa que el debate sobre si hay un conflicto de interés es ocioso. “Una simple investigación hemerográfica de este pasado reciente lo establecería. El pasado no niega el vínculo íntimo entre Peña Nieto e Hinojosa Cantú”. Mientras, el Portal de Obligaciones y Transparencia da cuenta de cómo en los dos primeros años de gobierno peñista, el Grupo Higa se hizo de contratos como la ampliación del hangar presidencial, así como la construcción de autopistas y acueductos.
Desde el punto de vista de los estilos empresariales y sin el halo de los conflictos de intereses, Juan Armando Hinojosa Cantú se parece a emprendedores como Amancio Ortega, fundador y dueño de Inditex en España, que agrupa a las tiendas de ropa Zara. O a Germán Larrea, en México, dueño de Grupo México que incluye a Buenavista del Cobre, que con derrames intencionales de tóxicos al río Sonora afectó a siete municipios. Son nombres que están presentes cuando se habla de índices bursátiles, ganancias monetarias habilidosas o accidentes laborales; pero sus presencias son fugaces. Dinero y reserva sobran. Pero las fotos de ellos son escasas. De Juan Armando Hinojosa Cantú hay muy pocas imágenes. ¿A qué hora llega a trabajar? ¿Qué piensa de lo que ahora ocurre? ¿Cuál es su ética para los negocios? Del hombre que se convirtió en la piedra que descarriló a la administración peñista con sólo dos años de gobierno no hay mucho. De su pensamiento, menos.
El diario Nuestro Tiempo del Estado de México publicó en 2012 que es originario de Tamaulipas, pero su carrera en los negocios se encuentra completa en la tierra mexiquense. A Toluca se mudó invitado por su amigo, Alfredo del Mazo González quien había sido gobernador de 1981 a 1987. En esa época, se dedicó a realizar trabajos de impresión y serigrafía al Gobierno del Estado en su empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V.
No se encuentra qué ocurrió entre su salto de la serigrafía a la construcción. Ni siquiera hay entrevistas que muestren a Juan Armando Hinojosa Cantú como pequeño emprendedor con estrategias originales y de esfuerzo, como suele ocurrir en el universo de las Pequeña y Mediana Empresas (Pymes). Lo cierto es que para 1999, cuando Arturo Montiel Rojas arribó al Gobierno del Estado, él era dueño de Empresas Constructoras Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, así como de Señales y Mantenimiento. Hinojosa Cantú ya abarcaba todas las áreas de la edificación.
Es posible ver en los archivos del sistema Infomex del Gobierno del Estado de México que fue el empresario más beneficiado de licitaciones directas, con más de 900 millones de dólares en contratos para Obras y Servicios Públicos mientras Montiel fue Gobernador, de 1999 a 2005. Las más importantes fueron el Hospital General Adolfo López Mateos y del Centro Médico ISSEMyM.
La siguiente escena en la que Juan Armando Hinojosa Cantú aparece es en la organización de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Gubernatura de la entidad mexiquense. Y se asoma porque fue el principal aportador del dinero. Pero también, en este punto de la historia, se agrega otra rama empresarial: los taxis aéreos. Para este momento, ya es dueño de Eolo Plus y la pone al servicio del candidato con dos aviones Jets tipo Hawker.
Como si se tratara de una historia donde la fortuna sólo se mantiene arriba, el Consorcio Higa se convirtió en el principal proveedor de Productos y Servicios durante el peñismo en el Gobierno del Estado de México. Más de mil 300 millones de dólares sólo en obra pública. Las obras destacadas fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y, en sociedad con la española OHL, el Viaducto Elevado Bicentenario.
En diciembre de 2014, la página de Grupo Higa muestra cuatro divisiones: Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento. Otras razones sociales con contratos que también son del empresario son Taxis Aéreos Eolo Plus y las contratistas de obra Controladora de Operaciones de Infraestructura, Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción y Autopistas de Vanguardia.
Grupo Higa obtuvo durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto un contrato por 3 mil 400 millones de dólares para construir el acueducto más extenso de América Latina; otro por cien millones de pesos para la ampliación del hangar presidencial, y otros miles de pesos repartidos en traslados en su flotilla aérea.
La última hazaña de Juan Armando Hinojosa Cantú en la vida empresarial fue cuando el conglomerado que encabezaba China Raiway y del que era parte Grupo Higa con Teya, recibió la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro. Días después el otorgamiento fue revocado. Luego, se descubrió que el Presidente vivía en una casa de su propiedad, de 86 millones de pesos.
¿POR QUÉ SUCEDIÓ ESTO?
Un millón y medio de pesos al año es el promedio de ingresos que tienen los funcionarios públicos mexicanos de los dos niveles más altos de la burocracia, incluido el Presidente de la República. A veces, sus vidas públicas transcurren en ostentosos ambientes, con comidas de hasta tres mil pesos en restaurantes de zonas exclusivas; pero no hay manera de conocer el detalle de sus gastos o sus adquisiciones. Si ellos no quieren, no hay razón legal para que le den a conocer a los ciudadanos cuáles son sus bienes e incluso, pueden ponerlos a nombre de otras personas en una figura que se volvió común en el argot de la corrupción: “Los prestanombres”.
La posibilidad de legislar para derruir esa figura se asomó con un debate en el Senado en 2009. Panistas y perredistas discutieron sobre la pertinencia de una ley que extinguiera el dominio de bienes cuando se comprobara enriquecimiento disparatado. Ello incluía casas, autos y cuentas bancarias aun cuando estuvieran a nombre de otra persona. Sólo por la sombra de la sospecha, el funcionario estaría obligado a explicar la procedencia de los bienes en caso de que rebasaran cierto límite monetario. Nada de ello prosperó.
Obligados por el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente desde 2002, los integrantes de la administración federal deben presentar por lo menos tres veces su declaración patrimonial ante la SFP. El contenido es potestativo; es decir, depende de la voluntad del funcionario y de su juramento de verdad. Tal cual se encuentra su formato, en la declaración patrimonial se incluye lo que se quiere y se omite lo que se quiere. El párrafo tercero del artículo 40 indica: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público que se trate”.
Desde el arranque de su gobierno, el Presidente se inclinó por la discreción. El 30 de marzo de 2012 firmó ante notario que haría pública su declaración de bienes. Y así lo hizo el 16 de enero. Pero en el documento que presentó no dijo cuánto dinero tiene en cuentas bancarias o en otro sitio, ni el valor de las las joyas y obras de arte que posee.
Lo que dijo fue que tenía cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte, joyas, monedas y metales, así como cuentas bancarias y fondos de inversión. Dijo también que gana 193 mil 478 pesos al mes, sueldo que por ley debe encontrarse en el POT, como el de cualquier otro funcionario público. Y dijo que parte de su fortuna se debe a donaciones.
Si la declaración patrimonial del Presidente fue escueta, la personalidad en términos de Transparencia de la primera dama, Angélica Rivera, es inexistente. A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa –quien declaró en conjunto sus bienes y los de su esposa, Margarita Zavala–, Peña Nieto no incluyó a su consorte en su documento. Y ella, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal no cuenta con un solo bien registrado bajo su nombre, de acuerdo con una búsqueda de SinEmbargo.
De la primera dama no se sabe mucho; pero tampoco de los otros habitantes de la residencia oficial de Los Pinos: los seis hijos de la pareja presidencial. La casona de Constituyentes fue remodelada para recibir a Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y los vástagos de los dos. El primer mes de su gobierno –diciembre de 2012– la familia habitó la casa en Paseo de las Lomas –que después fue ampliada y se convirtió en la “casa blanca”- porque la residencia de Los Pinos no contaba con las habitaciones suficientes para todos.
Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, exclama: “De haber declarado el origen de la “casa blanca” desde el primer día de su gobierno, el Presidente no estaría en este laberinto”.
Acorralado por las preguntas generadas en el escándalo, el Presidente de la República amplió su declaración patrimonial el 19 de noviembre. Se trata de la misma cantidad de propiedades que Peña Nieto había reportado en la primera, pero ahora con el costo detallado. Lo más caro entre sus propiedades es un terreno de 6.95 millones de pesos que le donó su padre a finales de 2009. A esto sumó otros 6.9 millones de pesos en bienes muebles –que incluyen obras de arte, joyas y el menaje de sus casas–, así como 16.9 millones de pesos en inversiones –cuentas bancarias, fondos de inversión, monedas, metales preciosos y “otros”.
De nuevo, omitió a su cónyuge.
Para el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, no hay conflicto de interés en el contrato de compra-venta de la casa que Angélica Rivera firmó con Grupo Higa. “La señora Angélica Rivera como presidenta del DIF ocupa un cargo honorario, no percibe ingresos y como lo he dicho anteriormente no es un servidor público (…) No existe conflicto (de intereses) y los hechos lo demuestran”, dijo en entrevista con la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS.
Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentó algo similar en varias entrevistas de radio y televisión, en respuesta al reportaje que publicó The Wall Street Journal en el que se dio a conocer su propia adquisición. Que “no había conflicto de intereses” porque la casa la compró cuando no era funcionario.
En su declaración patrimonial presentada ante la SFP, el Secretario de Hacienda no aceptó rendir cuentas sobre el valor de “la contraprestación y moneda” en sus bienes inmuebles. De esa forma, no especificó cuánto costaron ni en el origen del dinero con el que los adquirió. Tampoco incluyó los bienes de su cónyuge. El funcionario presentó el documento en primera instancia el 11 de enero de 2013, y lo ha modificado en dos ocasiones, el 29 de mayo de 2013 y el 30 de mayo de 2014.
En el amanecer de 2015, las declaraciones patrimoniales del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda estarán tal cual se encuentran ahora: los bienes inmuebles están declarados, pero su origen es incierto. Ello hace exclamar a Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “El mejor campo de cultivo para la corrupción ya está dado con nuestras leyes, con nuestros formatos, con nuestra propia Historia”.
Integra el antecedente más inmediato a la Casa Blanca y es un emblema de las débiles sanciones del sistema anticorrupción mexicano. Durante 2013 y parte del 2014, fue coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República y al mismo tiempo, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola México. Tres meses y un día fue el periodo determinado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su inhabilitación. Aunque protagonizó un escándalo, hoy se conoce poco de su paradero. La tragedia de Ayotzinapa y el descubrimiento de la casa blanca del Presidente lograron sepultar la atención que tuvo a mediados del año.
Su historial en los conflictos de intereses data de 1998 cuando, como presidente de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) autorizó que la empresa Unefón de Ricardo Salinas Pliego prorrogara el pago de 80 por ciento de dos mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación de su licitación para explotar por veinte años las frecuencias de telefonía inalámbrica, fija y móvil.
Diez años después, la Auditoría Superior de la Federación subrayó en su informe que la actuación de Lozano fue indebida. Pero nada más. La Función Pública no intervino en el caso. Dos años después, en su calidad de Secretario del Trabajo, en 2010, Lozano jugó un papel fundamental para que se le adjudicara fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica. De nueva cuenta, la ASF afirmó que en la licitación el Estado perdió cuatro mil 448 millones de pesos, pues las empresas sólo pagaron 883 millones de pesos. Para entonces, ya habían pasado dos años. Como Senador en la presente legislatura, elaboró un proyecto de dictamen para la Ley de Telecomunicaciones que le restó facultades al IFT y le dio poder al gobierno para censurar contenidos en medios electrónicos. En paralelo, su esposa, Silvana Ponzanelli, fue ascendida a directora en la Fundación Televisa donde trabaja. La Ley de Telecomunicaciones fue avalada por el Senado casi sin cambios.
Su distintivo es haber reconocido el conflicto de intereses en el que había incurrido con su renuncia a una empresa privada. En 2006, un mes después de dejar el cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, aceptó incorporarse al consejo de administración del Hong Kong Shangai Co. (HSBC), una multinacional financiera inglesa con operaciones en México. Un trimestre después –en marzo de 2007- decidió concluir la relación. La SFP inició una investigación pero indicó que no hubo conflicto de intereses por lo que no ameritaba ninguna sanción. El argumento fue que no hubo tiempo suficiente para incurrir en anomalías.
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, contribuyó a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) desde su cargo de Subsecretario de Ingresos. En 2007, Sánchez Ugarte renunció a la SCHP y entró a Transportación Marítima Mexicana. Desde ese puesto promovió amparos a favor de la empresa en contra del IETU. Jamás se inició investigación en su contra. El fin de este gravamen era sustituir al Impuesto sobre la Renta (ISR), pero en 2013 fue derogado una vez que el gobierno federal reconoció su inutilidad.
Fue vocera de la Presidencia de la República en los dos últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Al tiempo, constituyó Defoe, una sociedad civil que adquirió varios contratos por asesorías, cuyo monto total ascendió a unos 38 millones de pesos. De siete contratos que la Presidencia de la República otorgó a Defoe, el más alto fue por más de nueve millones de pesos, el 9 de noviembre 2012; es decir, a unos días de que concluyera el gobierno calderonista. En junio de 2014, la SFP determinó que Alejandra Sota no se enriqueció en forma ilícita cuando fue funcionaria pública, luego de investigar su evolución patrimonial.
El 28 de mayo de 2014, su nombre quedó envuelto en el manto del conflicto de interés, cuando los senadores Miguel Barbosa y Dolores Padierna, del PRD, presentaron una denuncia en su contra ante el encargado de despacho de la SFP, Julián Olivas Ugalde, por ser accionista de diversas gasolinerías en Quintana Roo, su tierra natal y la entidad que gobernó de 1981 a 1987. De acuerdo con una auditoría a Pemex de la firma BDO Castillo Miranda, a Joaquín Coldwell, quien fuera Secretario de Turismo en el salinismo, le pertenecen acciones de Servicio Cozumel, Planta de Combustible Cozumel, Gasolinera y Servicios Juárez, Combustibles Caleta, Combustibles San Miguel y Combustibles Tatich. Se negó a renunciar al cargo y se deslindó del presunto conflicto de interés al asegurar que sólo es dueño de cuatro de las casi mil franquicias de gasolinerías de Pemex. Dijo también que informó de sus empresas en su declaración patrimonial.
El 25 de junio de 2014, a unos días de que se iniciara la discusión y aprobación de las leyes secundarias de Telecomunicaciones, fue difundido un audio de una llamada telefónica de la diputada del PRD en la que proponía un “negocio” a José Gutiérrez Becerril, ex director de pymes de la empresa Telefónica. La legisladora le proponía aprovechar la reforma constitucional y de leyes secundarias en telecomunicaciones para iniciar un negocio de reventa de servicios de telefonía móvil, televisión de paga e internet. La legisladora se retiró de la votación de la Ley de Telecomunicaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-01-2015/1224910.
MÉXICO, D.F: En un lapso de seis días, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la chequera y ofreció 204 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la localización de 68 personas reportadas como desaparecidas, así como a sus captores.
Desde el pasado martes 13, la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam comenzó a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) listas de nombres y los montos de las recompensas que en promedio no sobrepasan el millón y medio de pesos y otro tanto igual por la información que lleve a la identificación y detención del o los probables responsables de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, trata de personas en la de explotación sexual, delincuencia organizada y los que resulten.
A la fecha, se han publicado 68 nombres de desaparecidos o víctimas de trata de personas.
Este martes fueron publicados los nombres de Bertha Alicia Vidal Varela, Brenda Patricia Luna Arizmendiz, Mónica Janeth Alanis Esparza, Silvia Stephanie Sánchezviesca Ortíz.
También, Daniela Xochitl Elizarrarás Rojas, Paolo César Antonio Cano Montero, Martha Kenia Porras Peniche, Jaime Pérez Castro, Moisés Domínguez Salazar, Marcos Arenas Barrera, así como Arnulfo Arizmendi Arizmendi.
El pasado lunes, proporcionó la lista de ocho personas, el viernes 16, fueron 10; el jueves 15, otros 12; el miércoles 14 publicó 17 nombres, y el martes 13 fueron 10.
Como cada día, la PGR señala que los ofrecimientos no serán aplicables a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá revelar el número, procedimiento y fecha de todas las denuncias interpuestas en contra de Grupo México, responsable del derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora, considerado por las propias autoridades federales como el peor desastre ambiental en la historia moderna del país.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la dependencia federal entregar esa información a un particular quien requirió conocer datos, del periodo 2000 a la fecha, sobre procedimientos de inspección y denuncias interpuestas contra Grupo México, así como su seguimiento en todo el país y en todas las materias ambientales.
Según el Ifai, la Profepa atendió la solicitud, pero el requirente advirtió inconsistencias respecto de la información reportada a la prensa.
El caso fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez quien advirtió en su análisis que si bien la Profepa entregó información del periodo solicitado, únicamente turnó la solicitud a dos de las seis unidades administrativas que podrían ser competentes para atenderla y tampoco consideró a sus 32 delegaciones estatales.
Salas Suárez destacó que la transparencia en las industrias extractivas “es uno de los temas prioritarios y pendientes en el país”.
México, recordó, asumió en la Alianza para el Gobierno Abierto –a escala internacional—los compromisos 23 “Minería para todos” y 26 “Adhesión de México a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas”, pero hay retrasos en su cumplimiento.
Además, dijo, la gobernanza del sector considera pocos o nulos espacios para la participación ciudadana, por lo que los sujetos obligados deben, como en este caso la Profepa, deben ser sensibles a solucionar estos problemas.
“Se debe fortalecer la transparencia en el sector para que la sociedad conozca si las decisiones tomadas efectivamente responden a las necesidades de desarrollo económico regional y nacional, así como si tales decisiones garantizan y defienden la reparación de daños ambientales y los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a las zonas de explotación”, argumentó el comisionado.
Por ello propuso al pleno del IFAI modificar la respuesta de la Profepa e instruirla a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades que puedan contar con la información solicitada.
El 6 de agosto de 2014, en los ríos Bacanuchi y Sonora se registró un derrame tóxico ocasionado por la mina Buenavista del Cobre concesionada a la empresa Grupo México.
Según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los daños ambientales podrían recuperarse parcialmente en un periodo de seis a 10 años.
Para subsanar esos daños Grupo México debió constituir un fideicomiso de dos mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente destrozaron y quemaron la sede del distrito 24 del Instituto al Electoral y Participación a Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC), ubicada en la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero.
De acuerdo a reportes oficiales, cerca de las 19:30 horas de ayer, un grupo de aproximadamente 50 manifestantes, encapuchados y armados con palos, irrumpieron en el inmueble electoral, ubicado sobre la calle Insurgentes en el barrio de El Santuario, ubicado en la parte oriente de ese municipio de la región Centro de la entidad.
Enseguida, los inconformes quemaron equipo de computo y papelería, también realizaron pintas para rechazar las elecciones en las oficinas del distrito que comprende los municipios de Quechultenango, Tixtla, Mochitlan, Chilapa y Zitlala que actualmente representa el diputado local perredista y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jimenez, señalado por sus presuntos nexos con el narco.
Los inconformes irrumpieron luego de que en la tarde de ayer, se manifestaron violentamente frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en Chilpancingo para protestar por la decisión de un juez federal con sede en Tamaulipas que negó una orden de aprehensión solicitada por la PGR en contra del ex alcalde defenestrado de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, Maria de los Ángeles Pineda Villa por el delito de desaparición forzada de personas
Autoridades electorales no han emitido un postura sobre este hecho que ocurre en el contexto del proceso electoral en Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Sergio Augusto Chan Lugo, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el monto del Fideicomiso que se conformó tras el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora es insuficiente y no es proporcional al impacto ambiental que causó la irresponsabilidad de Grupo México.
Durante la comparecencia del representante del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo ante la Tercera Comisión de la Permanente, el panista dijo que el monto establecido de dos mil millones de pesos es mínimo cuando una empresa como Grupo México que reporta utilidades por más de dos mil millones de dólares.
“Una empresa que reporta en los últimos años más de 2 mil millones de dólares en utilidades en el 2012, no le resulta nada gravoso pagar en un Fideicomiso, 2 mil millones de pesos. Esto no es proporcional al impacto que han causado y tampoco es proporcional al ingreso que le proporciona el uso de los recursos públicos que están y son de todos los mexicanos”, dijo.
Por su parte, Lacy Tamayo informó que de los dos mil millones de pesos, ya se han autorizado mil 40 millones de pesos, y de esa cantidad se han otorgado 768 millones de pesos.
“Se han pagado conceptos tales como agropecuario, tinacos, tomas de agua, comercio e industria, rehabilitación de pozos, diagnóstico ambiental, organismo municipales de agua, pipas, atención a la salud, gastos por comunicación social, libro blanco, servicios notariales y bancarios”, dijo.
Acompañado por el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, y el director general del Organismo de Cuenca Noroeste, de la Conagua, César Lagarda Lagarda, destacó los resultados en cuatro meses de operación del fideicomiso.
Estos recursos “equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la región Río Sonora, correspondiente al periodo septiembre-diciembre. El PIB per cápita mensual subió de 840 a ocho mil 198 pesos”.
Se estima que en los siete municipios de esa región en el norte del país hay una población de 22 mil 878 personas, y a la fecha se han otorgado 27 mil 522 apoyos económicos directos e individuales, que se han distribuido en efectivo, cheque o tarjeta de débito, explicó.
Por su parte, el Diputado panista lo cuestionó “¿Por qué no se tomó cuenta para la determinación del monto de este Fideicomiso, los ingresos y la utilidad que los recursos naturales de nuestro país le dan a una empresa? Es decir, en el mismo reporte del Grupo México tenemos que en el año 2011 tuvo 2 mil 472 millones de dólares de utilidad neta; en el 2012, 2 mil 402 millones de utilidad neta”.
Finalmente Lugo Chang solicitó información sobre las contribuciones que ha hecho Grupo México al Fideicomiso y sobre el calendario de aportaciones que hará la empresa en lo subsecuente, para “saber además si no se corre el riesgo de levantar suspicacias con el tema de uso clientelar de un tema tan delicado y tan sensible para Sonora y para todo el país”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-01-2015/1224905.
El Gobernador Manuel Velasco Coello designó a José Antonio Aguilar Bodegas como Secretario del Campo del Gobierno de Chiapas, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en 2012 fue buscado por la Interpol por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado.
El Gobernador, que es fuertemente criticado después de que se revelara un video en el que da una bofetada a uno de sus asistentes, expresó al nombrar a Aguilar Bodega dentro de su gabinete:
“Nos sentimos muy contentos de que el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas vaya a encabezar este proyecto a favor del campo chiapaneco en los 122 municipios del estado, va a trabajar intensamente en todas las regiones de la entidad, con un proyecto muy claro”.
Jose Antonio Aguilar Bodegas contendió por la Gubernatura de Chiapas en 2006, pero perdió en el proceso electoral frente al perredista Juan Sabines. Ha sido Alcalde de Tapachula, Diputado local, Diputado federal y Senador de la República.
A Aguilar Bodegas se le relacionó en el proceso del ex Gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía.
En diciembre de 2011, la Procuraduría chiapaneca informó que tenía pruebas de que el ex mandatario recibió diversas cantidades de dinero por ser ”promotor” del corporativo Álvarez Puga y Asociados.
Según la dependencia, Aguilar Bodegas fue investigado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en su carácter de director general y socio del despacho Álvarez Puga y Asociados, por haber dado indicaciones a sus subalternos para transferir recursos de diferentes cuentas bancarias.
En consecuencia, la Interpol emitió una ficha roja a sus países asociados para buscar a Aguilar Bodegas, director en ese tiempo del corporativo Álvarez Puga y Asociados.
La emisión de la ficha se llevó a cabo luego de que Aguilar Bodegas, candidato por el PRI y el Verde Ecologista de México (PVEM) perdiera la Gubernatura de Chiapas en 2006 ante Juan Sabines.
Cuestionado sobre las acusaciones del gobierno de Juan Sabines, Aguilar Bodegas rechazó tener problemas con la justicia chiapaneca y responsabilizó a Sabines de emprender en su contra una persecución política y de haber orquestado todo para implicarlo en delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Fui un perseguido político del peor Gobernador que Chiapas ha tenido en su historia, que es Juan Sabines Guerrero, un Gobernador que dejó a Chiapas sumido en la pobreza, que engañó al pueblo de Chiapas y que dejó una deuda impagable de más de 40 mil millones de pesos que hoy todos los chiapanecos sufren y por lo mismo lo repudian”, manifestó en julio de 2013 Aguilar Bodegas.
En ese tiempo se desempeñaba como dirigente interino del Comité Directivo de Tabasco del PRI.
José Antonio Aguilar Bodega dijo que el ex Gobernador Sabines “abusó de la autoridad, del poder y quiso inventar delitos de los cuales evidentemente nunca hubo fundamento; hay toda la exoneración jurídica correspondiente, no tengo en mi vida absolutamente nada que ver”, aseguró.
“No tengo en toda mi vida nada de qué avergonzarme, ni como funcionario público ni como un político de elección popular. Mi vida en Chiapas es abierta, mi condición humana, mi condición social y mi condición económica, mía y de mi familia, siempre han estado a la vista de todo mundo”.
Este lunes, tras ser nombrado Secretario del Gobierno de Chiapas, Aguilar Bodegas agradeció la confianza brindada por el mandatario chiapaneco y se comprometió a trabajar de forma intensa en beneficio del pueblo chiapaneco, con absoluta entrega, honestidad y transparencia.
“Esta es realmente una oportunidad invaluable, no puede haber y no hay para mi ningún interés personal que pueda estar por encima del privilegio de su confianza, y el poder servirle al pueblo chiapaneco. Lo haré con absoluta entrega, responsabilidad, honestidad, transparencia y llevando siempre en mis actividades un compromiso de ser digno a la confianza que usted me da”, indicó el nuevo Secretario del Campo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, liberó de cualquier responsabilidad a los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) de las protestas violentas en el estado.
Según el mandatario, los autores de los actos vandálicos son “anarcos” del Distrito Federal y algunos otros activistas de Oaxaca.
En declaraciones a Radio Fórmula, sostuvo que dichas personas se han aprovechado de la tragedia de Iguala para cometer todo tipo de tropelías en Guerrero.
“Son personas externas, de Oaxaca, de la Ciudad de México, que aprovechan el sentimiento, el reclamo de esos familiares de los muchachos desaparecidos para realizar acciones vandálicas en contra de las instituciones”, subrayó.
Añadió: “Quien está al frente de estas acciones, tiene el objetivo de realizar un repertorio de violencia focalizada, emblemática, hacia lo que es el símbolo de las instituciones”.
De acuerdo con Ortega Martínez, las personas que realizan actos vandálicos en Guerrero se reducen “a decenas” y muchos de ellos no son de Ayotzinapa.
“Los anarcos de la Ciudad de México han estado involucrados. (Están) reducidos ya a decenas y con la advertencia de que vamos a aplicar la ley. Cuando se aplica la ley no se reprime, se aplica la ley”, advirtió.
Según el gobernador, las protestas violentas ya no son una situación generalizada en Guerrero. Antes los manifestantes eran miles y hoy son entre 150 o 200 personas, precisó.
“Los que realizan acciones vandálicas están en plena desesperación. (Están) reducidos a un grupo de vándalos que continúan realizando violencia simbólica”, insistió.
Y sostuvo que el caso de Ayotzinapa fue el detonante de una crisis política y social “que se venía gestando en el interior de las instituciones” en Guerrero.
Ayer, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente se manifestaron frente a la sede de los juzgados Primero y Séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde incendiaron una patrulla y se enfrentaron a pedradas con policías estatales en pleno centro de Chilpancingo, Guerrero.
Los manifestantes, encabezados por los padres de los estudiantes, arribaron a la sede de los juzgados ubicados en la calle 5 de Mayo cerca de las 14:00 horas, para protestar ante la decisión del juez federal con sede en Tamaulipas, que negó la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por el delito de desaparición forzada de personas.
Al respecto, el abogado de Tlachinollan y defensor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, consideró incongruente la postura del juez federal que negó la solicitud de la PGR, al argumentar que el delito de desaparición forzada no se configura porque “posiblemente los estudiantes o normalista ya están muertos”.
Por ello, dijo, acudieron a los juzgados para expresar su rechazo ante la postura del juez federal y exigieron dialogar con los jueces de distrito radicados en la capital de Guerrero para que llevaran el mensaje de los padres a la Sala Suprema del Poder Judicial de la Federación (PJF).
No obstante, al no ser atendidos, los inconformes arremetieron contra dos patrullas y una de ellas fue incendiada frente al edificio gubernamental donde se encontraban trabajadores administrativos y guardias internos del PJF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Durante el año pasado, uno de cada mil habitantes del puerto de Acapulco murió asesinado, lo que convirtió a la ciudad turística en la tercera urbe –con una población superior a los 300 mil habitantes– más violenta del mundo, detrás de la hondureña de San Pedro Sula y la capital venezolana Caracas, según se desprende de un estudio difundido este martes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Si bien la organización no incluyó en su reporte las ciudades de países en conflictos bélicos abiertos, como es el caso de Siria o Irak, entre otros, resulta que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, la mayor parte de ellas en los estados norteños.
Así, después de Acapulco aparece en el lugar 24 la capital sinaloense, Culiacán, con una tasa de homicidios de 42.17 por cada cien mil habitantes.
La siguen Juárez, en Chihuahua, en el lugar 27; Ciudad Obregón, en Sonora, en el lugar 31; las tamaulipecas Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente, en los sitios 34 y 41; seguidos de Chihuahua capital, en el 43 y, cerrando el listado, Torreón, en Coahuila, y Cuernavaca, Morelos.
El Consejo Ciudadano destacó que Torreón conoció un descenso de 49% de su tasa de homicidios en comparación con el año pasado –pasó de 54.24 a 27.81 homicidios por cada cien mil habitantes–, pero se alarmó de la súbita aparición de Ciudad Obregón en su clasificación, ya que se ubicó en un año en el lugar 31 debido a “un aumento inusitado de la violencia homicida”.
El estudio destaca que en México existe un “alto grado de desagregación en las cifras”, debido en parte a que “los gobiernos de entidades federativas continúan reportando cifras dudosas, si no es que manipuladas, para simular una incidencia criminal menor a la realmente registrada”.
Además, subraya que “por varios años” las cifras “no se han referido a delitos, sino a averiguaciones previas iniciadas, las cuales en ocasiones tienen que ver con más de un homicidio”, aunque observó que a partir del año pasado “esta deficiencia se empezó a subsanar”.
Por razones estadísticas, la ONG eligió no incluir en sus cálculos a las ciudades menores de 300 mil habitantes, y precisó que, al considerar la urbe metropolitana entera, su concepto de ciudad puede abarcar a varios municipios.
En Latinoamérica se concentran 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo, advirtió la organización.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
MÉXICO, D.F: En medio de las denuncias por el presunto uso de armas alemanas en la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de ese país ofreció ayuda a su contraparte mexicana para contribuir a la identificación de las víctimas.
En la comparecencia pública conjunta que precedió a su reunión en Berlín con el canciller mexicano, José Antonio Meade, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, habló de la consternación que produjeron los hechos de Iguala en la sociedad alemana, y señaló que, “si es deseado, Alemania podría ayudar en las tareas de identificación”.
Asimismo celebró la forma “enérgica” en que la justicia mexicana ha trabajado para resolver el caso, encuadrado, a su juicio, dentro de los “retos” que tiene México ante sí.
Por su parte, Meade presumió en Berlín que los problemas de violencia en México han caído 25% desde 2011. Además, dijo que están desigualmente repartidos, ya que mientras algunos estados tienen tasas similares a las de Canadá, en otros son superiores a las de Colombia.
El canciller también rechazó que el acuerdo de cooperación en materia de seguridad que negocian México y Alemania, y que quedó en entredicho después de los sucesos ocurridos en Iguala, pueda provocar que información sensible que aporte la nación europea caiga en manos equivocadas al otro lado del Atlántico.
Según Meade, ese acuerdo afectaría exclusivamente a la policía federal mexicana, cuyos miembros han pasado “filtros de confianza”, y los problemas detectados en las fuerzas de seguridad del país, añadió, han sido de forma mayoritaria en el ámbito municipal.
En diciembre pasado, Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno alemán a frenar la negociación de ese acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, alegando que las fuerzas de seguridad del país torturan de forma “sistemática”.
El 25 de ese mismo mes, padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, protestaron frente a la embajada de Alemania por el presunto uso de armas alemanas en la agresión contra los estudiantes.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, explicó que se utilizaron armas HK36 automáticas en el ataque contra los normalistas, pese a que Alemania, subrayó, tiene prohibido vender armas a estados con conflictos sociales como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.
Días antes de la manifestación, medios alemanes –el TAZ y Die Zeit– dieron a conocer que armas Hecker & Koch fueron presuntamente utilizadas en el secuestro de algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“Fueron confiscadas 228 armas de fuego del cuartel de policía de (Felipe Flores) Velázquez, 97 de los cuales eran rifles de asalto, algunos de fabricación italiana y otros estadunidenses, pero también 36 rifles G36 de Hecker & Koch. Esto se ve en una lista que hizo la Procuraduría”, reportó TAZ.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tras analizar la política de desarrollo social del país, el Coneval advirtió que dentro de los derechos incluidos para medir la pobreza, la seguridad social es el que tiene peores números en el país.
El acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado en México dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% de la población carece de éste y en la mayoría de las entidades federativas la mitad de sus habitantes no lo tienen garantizado.
Así lo advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe 2014, tras concluir que el principal problema para tener acceso a la seguridad social es que el financiamiento depende de las contribuciones obrero-patronales, lo que deja fuera a los trabajadores de menores ingresos y más vulnerables.
“Para conseguir una reducción en los niveles de carencia por acceso a la seguridad social se sugiere el diseño de un sistema de protección social universal, que prevea la existencia de pisos mínimos constituidos por instrumentos no contributivos, que busquen garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida”, cita el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 que el Coneval publicó en diciembre.
Según las cifras disponibles, entre 2008 y 2010 disminuyó el porcentaje de población sin acceso a la seguridad social. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en los años siguientes y en 2012 se convirtió en la mayor carencia social del país.
De 2010 a 2011, en al menos 26 de las 32 entidades federativas más de la mitad de la población no tenía acceso a la seguridad social, confirma el Coneval, el organismo público descentralizado del gobierno federal encargado de generar información sobre la política social y la medición de la pobreza en México.
Al ser la relación obrero-patronal uno de los principales obstáculos para que la mayoría de la población tenga garantizado el acceso a la seguridad social, los ciudadanos con empleos informales son los que están más alejados de este derecho.
La cifras de Coneval muestran que 31.2 millones de personas en la economía informal no tienen seguridad social, seguido de 15.5 millones de la Población no económicamente activa y 2.3 millones de mexicanos con 65 años o más.
“La principal vía de acceso a la seguridad social es la afiliación a una institución pública como el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) o la Secretaría de Marina (SEMAR). En este caso los jefes de hogar sin derechohabiencia, pasaron de 69.3% en 1992 a 71.0% en 2006 y el porcentaje no se modificó en 2012 (71.8%)”.
Sobre las aportaciones de la población mexicana a la seguridad social, el Informe da cuenta que en 2012, el 44.1% de los hombres no cotizaba en una entidad de seguridad social y nunca lo había hecho; mientras que las mujeres eran 52.7%.
“El desempleo, el empleo informal y la inestabilidad laboral son factores que contribuyen a los altos índices de personas que nunca han cotizado a alguna institución de seguridad social, creando una situación de vulnerabilidad para los periodos de enfermedad y vejez”.
Otros datos que destaca Coneval sobre las faltas en seguridad social en el país son:
-Sólo 15.1% de la población ocupada tiene acceso a guarderías o estancias infantiles.
-36.6% tiene fondo de ahorro para el retiro.
-43.4% tiene derecho a incapacidad en caso de enfermedad, accidente o maternidad.
-El porcentaje de hogares sin cobertura de programas sociales (Procampo, Prospera y Seguro Popular) ni seguridad social contributiva era de 30% en 2012.
-53 por ciento de las personas de 65 años o más no trabajaban y no recibían pensión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Un joven denunció que un policía del DF, tras infraccionarlo y discutir, le aventó la puerta de su automóvil, lo que le causó lesiones.
El policía que presuntamente hirió a Antonio de Jesús Nieto, quien sufrió la mutilación de una oreja el 18 de enero pasado, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del DF por los delitos de abuso de autoridad y lesiones dolosas, informó la dependencia en un comunicado.
El policía acusado, Jorge Iván Trigueros, fue puesto a disposición del juez penal en turno del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para que responda por los delitos que se le imputan, detalló la PGJDF en un comunicado difundido este martes 20 de enero.
De acuerdo con la declaración de Antonio de Jesús, 18 de enero circulaba por la calle Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde fue detenidos por el elemento de seguridad, quien lo infraccionó por dar un giro prohibido en un carril confinado para la ciclovía.
El joven narró a las autoridades que el uniformado tardó más de 15 minutos en imponerle la infracción, lo que provocó una discusión entre ambos, hasta el momento en que el servidor público azotó una de las puertas del vehículo “contra el agraviado que derivó en una amputación parcial de la oreja izquierda que de acuerdo con el reporte médico, se trata de una lesión que deja deformidad incorregible en pabellón auricular izquierdo, previsto y sancionado por el artículo 130, fracción VI del Código Penal vigente para el Distrito Federal”, informó la Procuraduría.
Tras el hecho, Antonio de Jesús abrió una cuenta en Twitter para denunciar lo ocurrido. Además narró la agresión en Facebook, donde escribió que el policía, después de una discusión de unos 30 minutos le permitió ingresar a su automóvil, pero le azotó la puerta, lo que le causó la lesión.
Esta mañana, Nieto dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula que “Hasta ayer en la noche tuve una muy buena atención pero falta mucho todavía, la recuperación, sigo en el hospital, bien de salud, pero tengo que esperar hasta el viernes que le quiten la gasa para saber si respondió bien su cuerpo y pegó bien la oreja”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Son proyectos inútiles que no apoyan al crecimiento, pues no parecen ser detonadores del comercio ni del empleo, dijo el director del organismo del sector privado.
Beneficiaría más al país cancelar proyectos de trenes de alta velocidad como el México-Querétaro, dijo Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
En la presentación del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2015”, Foncerrada agregó que tales proyectos no son prioritarios porque tienen que ser subsidiados a pesar de que no parecen ser detonadores del comercio ni del empleo .
“Gasto gubernamental reducirse en proyectos inútiles q no apoyan ceecimiento. No en inversión productiva. Tren a Querétaro debe cancelarse“, también escribió desde su cuenta de Twitter @foncerrada.
Consideró que la inversión pública en nuestro país debería tener una “especial reingeniería” para estar dirigida a aquellos proyectos que generan más empleo y crecimiento económico, pero lamentablemente, dijo, vamos en sentido contrario, pues tan solo las cifras más recientes arrojan que este tipo de inversión es la menor en las últimas siete décadas, lo cual es alarmante.
Efecto negativo por violencia
Por otra parte Luis Foncerrada, dijo que el tema de la violencia e inseguridad que priva en algunas regiones del país sí ha tenido un efecto negativo en las inversiones, y en el CEESP cuentan con información sobre algunos empresarios que han tenido que mover sus capitales de dichos puntos en conflicto.
Por lo anterior, consideró que es un factor fundamental que debe atenderse para que se logre la estabilidad económica y social que nuestro país requiere.
Con respecto a la generación de empleos en México, reconoció que si bien al cierre de 2014 se registró un mayor número de afiliación al IMSS, esto no implica necesariamente que haya habido una mayor creación de empleo, toda vez que dentro de los nuevos afiliados hubo muchos que ya estaban laborando, además de que, dijo, en una buena parte de los nuevos afiliados se trata de empleos temporales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Obama planteó problemas de corrupción, impunidad y violaciones de los derechos humanos que han salido a relucir en México. "Estos temas te están debilitando", le habría dicho, según la versión recogida. Los informantes dijeron que la debilidad a la que aludió Obama no ayuda a los intereses de EU.
Según fuentes confidenciales familiarizadas con la reunión entre Barack Obama y Enrique Peña Nieto el Día de Reyes en la Casa Blanca, el encuentro fue todo menos light. El presidente Obama trajo a colación una serie de asuntos incómodos para EPN, que el mandatario mexicano simplemente no quiso discutir.
Ambos presidentes se reunieron a solas en la Oficina Oval durante poco más de 30 minutos el 6 de enero pasado. A diferencia de los asuntos económicos que EPN abordó con visible interés y hasta entusiasmo, cuando Obama introdujo los temas de derechos humanos, impunidad y corrupción, EPN no solo mostró falta de entusiasmo sino eludió entablar conversación. La asesora de Seguridad Nacional de EU Susan Rice y el jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño fueron los únicos testigos de la entrevista.
Obama se condujo con respeto y cordialidad, en ningún momento confrontó a EPN con preguntas directas sobre casos concretos de corrupción e impunidad. El único caso especifico que abordó Obama fue el de los 43 normalistas desaparecidos.
EPN se limitó a tomar apuntes de todo, pero no respondió a casi nada o si lo hizo fue superficialmente. “Asintió con la cabeza un montón de veces, pero evadió entablar conversación”, dijeron las fuentes consultadas.
Obama planteó los problemas de corrupción, impunidad y violaciones de los derechos humanos que han salido a relucir en México en términos de que son problemas que debilitan al gobierno de EPN. “Estos temas te están debilitando”, le habría dicho, según la versión recogida. Los informantes dijeron que la debilidad a la que aludió Obama no ayuda a los intereses de EU. Obama tiene un enorme interés en que México sea un país fuerte, gobernado por un socio igualmente fuerte.
En su reflexión, Obama aludió a lo difícil que es combatir la impunidad y la corrupción, e incluso se refirió a los casos de las policías en Fergurson y en Nueva York inmersas en escándalos de racismo y uso excesivo del poder. Obama dijo que ejercer la autoridad policiaca con respeto a los derechos humanos y a la sociedad civil es un trabajo constante.
No está claro si EPN no respondió porque simplemente no tenía respuestas creíbles y buenos argumentos que ofrecer, o porque sus asesores decidieron de antemano que eludiera hablar sobre temas espinosos para no tener que argumentar con Obama.
¿Qué puede decir un presidente que a la fecha no ha visitado Iguala, que no recibió a los padres de los 43 normalistas hasta 30 días después y que en lugar de ir a verlos los convocó a Los Pinos?, se preguntaron las fuentes.
Esta versión de lo que ocurrió en el encuentro a solas entre Obama y EPN es congruente con los pronunciamientos que ambos emitieron después. Mientras que Obama se refirió a los “trágicos sucesos” que terminaron con la vida de los estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto optó por no mencionar ni de pasada del hecho de los 43 normalistas desaparecidos que impactó y sigue impactando a México y al mundo.
El 6 de enero, Obama dijo que el compromiso de EU es ser amigo y solidario con México en su esfuerzo por eliminar el flagelo de la violencia y los carteles de la droga que son responsables por gran parte de la tragedia que viven los mexicanos.
EPN se limitó a agradecer la apertura, cordialidad, tono franco y disposición de Obama a seguir trabajando con México “en materia de seguridad ante el claro reto que tiene México de combatir con mayor eficacia y contundencia al crimen organizado”.
Obama reiteró que EU está dispuesto a hacer lo que esté a su alcance para continuar ayudando a México mejorar su sistema de procuración de justicia y judicial. EPN se refirió a este ofrecimiento en su pronunciamiento, pero no dijo qué respondió. Según mis fuentes, EPN le habría dicho a Obama que México sí desea la ayuda de EU.
En conclusión, en Washington hay preocupación por el vacio de liderazgo en Los Pinos. Preocupa la perspectiva de que EPN gobierne como un perfecto lame duck en los cuatro años que restan del sexenio; preocupa la falta de imaginación, de creatividad y hasta de empatía frente al caso de los 43 desaparecidos sobre el que EPN guardó silencio 10 largos días bajo el argumento de que era un delito estatal que no incumbe al gobierno federal; preocupa que el mal manejo del caso seguirá debilitando a Peña Nieto y su gobierno.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN
Quieren revisar todos los cuarteles militares en Guerrero, no sólo el de Iguala, como lo ofreció el gobierno. "No estamos diciendo que tengan qué ver, sino que al haber imputación y señalamiento, eso amerita abrir una línea de investigación", dijo Vidulfo Rosales.
La búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa en los cuarteles militares “se ha suspendido”, informó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, aseguró que el acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, era que “se revisarían en todos los cuarteles”, y no sólo el batallón de Iguala, como lo ofreció.
“Ahora nos sorprende que diga que sólo se va a revisar el de Iguala”, comentó.
Rosales comentó que si sólo se permite visitar el cuartel de Iguala, “los padres van a tener que valorar” si asisten, “porque la petición es a todos los cuarteles de Guerrero”, precisó.
El defensor de los padres de estudiantes de Ayotzinapa indicó que, en la reunión del pasado 13 de enero, Osorio Chong les dijo que sí podían accesar a los cuarteles, como parte de la investigación del caso.
“Quedamos en eso, la solicitud siempre ha sido la revisión de todos los cuarteles”, insistió.
Sobre los motivos por lo que piden ingresar a los cuarteles, expuso que ya se han hecho revisiones de todas las corporaciones policiacas y centros de detención, menos del Ejército. Además, “hay señalamientos” contra los militares, por lo que existe “una actitud defensiva por parte del gobierno federal”.
“No estamos diciendo que tengan qué ver, sino que al haber imputación y señalamiento, eso amerita abrir una línea de investigación para esclarecer lo que se tenga que esclarecer”, sostuvo.
“Por eso es que estamos pidiendo apertura… es cumplir con un procedimiento de búsqueda, así como se ha buscado en otros lados, es agotar esa parte que está pendiente”, agregó.
En la medida que mantenga el hermetismo, “va a ir creciendo la sospecha de nosotros”, advirtió.
Hasta parece que el Ejército es un poder paralelo, intocable, pese a que hay imputaciones en su contra, mencionó Vidulfo Rosales. “Todas las instituciones están bajo el imperio de la ley: si tienes un señalamiento tienes que ser objeto de investigación”, indicó.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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