A pesar de que el procurador de Veracruz dijo que están "a horas" de solucionar el caso del periodista Moisés Sánchez, tanto la familia del comunicador como Artículo 19 denuncian que, a 20 días de su desaparición, las autoridades siguen sin ofrecer pruebas de que realmente lo estén buscando.
A un día de que se cumpla tres semanas de la desaparición de Moisés Sánchez en el municipio de Medellín de Bravo, las autoridades del gobierno de Veracruz siguen sin ofrecer pruebas, testimonios, o cualquier otro elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de responsables, y a la localización del taxista, activista, y director del semanario La Unión.
Asimismo, hasta el momento tampoco han informado a la familia del comunicador sobre cuáles son los operativos y esquemas de búsqueda que se llevan a cabo para encontrar a Moisés Sánchez, ni cuáles son las áreas o zonas geográficas que se han recorrido para identificar la ruta de escape del grupo armado que se lo llevó de su domicilio el pasado 2 de enero.
Ante esta situación, y a pesar de que el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo ayer en la mañana en entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS que está haciendo su “chamba” y que está “a horas” de cerrar el caso, tanto la familia del comunicador, como la organización Artículo 19, denuncian que el Gobierno que preside Javier Duarte está tratando de dar carpetazo al asunto con anuncios mediáticos sin ofrecer pruebas consistentes de que en realidad estén buscando al reportero.
“El procurador de Veracruz dijo en la entrevista que sí están trabajando, pero tan mal está estructurada su investigación que en la reunión que tuvimos con Murillo Karam (titular de la PGR), éste nos dijo textual: ‘Vamos a empezar de cero la investigación, porque lo que han hecho en Veracruz no nos sirve’”, asegura en entrevista con Animal Político Jorge Sánchez, hijo del reportero, que critica que nadie del gobierno veracruzano se ha puesto en contacto con ellos para informarles sobre los supuestos avances del caso.
“En esa entrevista quedó muy claro que para el procurador de Veracruz no es importante buscar a Moisés”, apunta por su parte Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19 que está acompañando el caso. “Él señala que sí hay una búsqueda, y que incluso ha estado personalmente en un helicóptero de la Marina en las labores de búsqueda. Y lo que nosotros pedimos es precisamente eso: que las autoridades entreguen pruebas de esa búsqueda; que entreguen registros de dónde lo están buscando y quiénes; y que entreguen los informes de los resultados que arrojaron esas búsquedas”.
“Nadie en Veracruz está buscando a Moisés”
Artículo 19 recalca además que las autoridades no sólo no han informado a la familia de los avances de la investigación, sino que ésta tampoco se ve reflejada en el expediente del caso al que tuvieron acceso.
“Como abogados de Moisés y su familia, vimos el expediente de la investigación. Y lo que podemos decir es que estamos muy claros de que nadie de las autoridades de Veracruz lo está buscando”, expone por su parte Darío Ramírez, director de la oficina de Artículo 19 en México.
“Es decir –agrega-, en el expediente no se encuentra ninguna estrategia de acción, y no hay informes de alguna fiscalía o autoridad veracruzana sobre la búsqueda de Moisés. No hay nada. Sólo hay dichos sin pruebas periciales, y la línea de investigación que apunta a unos policía municipales”.
Por este motivo, Artículo 19 apunta que “sin ser optimistas” sí se muestran “receptivos” ante el anuncio del martes 20 de enero de la Procuraduría General de la República de que abrirá una investigación paralela a la de Veracruz.
“El compromiso de Murillo Karam en la reunión que tuvimos es que la PGR va a abrir otras líneas de investigación y que van a poner en a sus mejores investigadores y peritos a buscar a Moisés -detalla Leopoldo Maldonado-. Para empezar, la PGR está siguiendo otras líneas que no coinciden con el arraigo de 13 policías municipales. Hay muchos elementos más que seguir investigando, y consideramos que Veracruz sólo se fue con lo mediático arraigando policías y dejando de lado una investigación mucho más objetiva”.
Por su parte, al ser cuestionado sobre el anuncio de la PGR de participar en las pesquisas del caso Moisés Sánchez, el fiscal de Veracruz recordó ayer noche que la procuraduría siempre ha participado como “coadyuvante” de la averiguación a través de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y rechazó que la intervención de la Fiscalía de la República se deba a que la labor de las autoridades veracruzanas no esté dando resultados, tal y como denuncia Jorge Sánchez.
“A mí la investigación que estoy haciendo me hace sentir bien. Estoy bien y lo digo con la cara en alto. Lo que no me hace sentir bien es que todavía no tengo a Moisés con vida y con ustedes”, dijo Luis Ángel Bravo ante medios de comunicación veracruzanos.
¿Qué se sabe de la investigación?
A 20 días de la desaparición de Moisés Sánchez, el balance de la investigación se reduce a 13 policías de Medellín arraigados desde el 7 de enero, y a una línea de investigación “sólida” que, según informó el propio procurador de Veracruz, está centrada en las diferencias existentes entre el director de La Unión y el alcalde de Medellín, el panista Omar Cruz.
Según denuncia la familia del comunicador, el político habría amenazado a Moisés por sus notas críticas tres días antes de que un grupo de nueve personas armadas entrara en su vivienda y se lo llevara.
“La línea de investigación más sólida es parte de diferendos que existían entre Moisés y el Alcalde”, dijo el procurador el pasado 14 de enero en el programa Punto de Partida.
Comunicación social del Ayuntamiento de Medellín negó a Animal Político que el edil panista tuviera una mala relación con el reportero.
“No es cierto, no había tal diferencia con Moisés”, apuntó comunicación social.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE
Mientras tanto, con el gobierno federal, desde la llegada de Peña, la empresa reporta que ganó 11 contratos, pero perdió 48.
La empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan respondió, un día después, al reportaje publicado por el diario estadounidense, The Wall Street Journal, el cual reveló que Enrique Peña Nieto compró, en 2005, una casa en Ixtapan, a quien se convertiría, primero, en contratista del gobierno del Estado de México, y después del gobierno federal.
En un comunicado, la familia San Román, propietaria de la constructora, así como de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan -donde se encuentra la casa de Peña-, indicó que entre 2005 y 2001, Urbanizadora Ixtapan obtuvo contratos del gobierno del Estado de México -encabezado por EPN- por mil 50 millones de pesos.
“Todos ellos se ganaron en procesos competidos de licitación u obra financiada”, sostuvo la empresa.
Además, refirió que en el mismo periodo mencionado, ganó 213 millones de pesos, por obras en el Distrito Federal -gobernado por el PRD-, y en el municipio de Naucalpan -en ese entonces gobernado por un alcalde del PAN.
Respecto a los contratos que ha ganado con el gobierno federal, desde la llegada de Peña en 2012, la constructora indica que aunque ganó 11, perdió 48. Sin embargo, no menciona a cuánto ascienden los montos de los contratos que obtuvo ni de cuáles se trata.
Para la empresa, hay “evidencia” de que compite “en las mismas condiciones que cualquiera”, además de que subrayó que pierde “más concursos de los que ganamos”.
Comunicado íntegro firmado por el empresario Ricardo San Román:
CARTACUISA.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No fueron 11 sino 13 los contratos que ganó el consorcio de la familia San Román; ascienden a más de 596 millones de pesos.
En un año de la administración de Enrique Peña Nieto, el consorcio de la familia San Román ganó 13 contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que antes que llegara a la Presidencia sólo había obtenido un contrato.
La familia San Román es propietaria de la inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, la cual le vendió una mansión a Peña Nieto cuando éste era gobernador del Estado de México.
El pasado miércoles, el diario The Wall Street Journal difundió que la empresa de la familia San Román vendió a Peña Nieto una residencia en el club de golf por 372 mil dólares, durante el año 2005.
La investigación del diario estadounidense reveló que después de la compra de la casa, esa firma obtuvo más de 100 millones de dólares en contratos durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y con la actual administración federal lleva 11 contratos.
En una revisión hecha por la primera emisión de Noticias MVS se constató que durante el gobierno de Peña Nieto se han firmado 13 contratos entre esa constructora y la SCT, por alrededor de 596 millones 251 mil pesos.
Entre los contratos hay una adjudicación directa, seis invitaciones y seis licitaciones públicas nacionales.
De la información disponible, no hay forma de saber las razones por las cuales se llamó a esa firma a participar en los concursos.
La adjudicación directa se entregó para obras de reconstrucción en Baja California, por el paso de la tormenta tropical Ivo, el 24 de agosto de 2013 y fue por 30 millones de pesos.
El titular de la secretaría de comunicaciones y transportes es Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones del Estado de México en el sexenio de EPN.
Los 13 contratos se entregaron en un periodo de 11 meses; entre mayo del 2013 y abril del 2014. Antes del gobierno de Peña Nieto, las empresas sólo registraron un contrato con el gobierno federal.
Uno de los detalles que aparecen en los registros públicos, es que dos empresas de la misma familia formaron un grupo para ganar la construcción de carreteras licitadas por la SCT.
Se trata de las firmas constructora urbanizadora Ixtapan e inmobiliaria club de Golf Ixtapan.
El contrato más grande con la SCT es por 195 millones 228 mil pesos, para una obra carretera en el estado Querétaro.
La inmobiliaria Club de Golf Ixtapan vendió una casa a Enrique Peña Nieto, en 2005, y comenzó a figurar en las licitaciones federales tras la victoria del mexiquense en las elecciones presidenciales.
Roberto San Román Dunne es quien actualmente dirige la constructora y, por otra parte, es compadre del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con fotos difundidas por la revista Quién.
Ante los señalamientos de un posible conflicto de interés, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, ha dicho que la compra de la casa en el club de golf fue legal.
Esta residencia se suma a la llamada “Casa blanca” de la primera dama, Angélica Rivera, y la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, las cuales fueron vendidas por Grupo Higa, dirigida por Juan Armando Hinojosa Cantú, otro contratista de los gobiernos de Peña Nieto desde el Estado de México.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Hay razones de fondo (en México) que van a mantener la cotización del peso bajo control” en 2015, declaró el gobernador del Banco de México.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se mostró confiado en que el peso permanecerá “bajo control” durante este año, por la”buena situación macroeconómica” de México.
“Hay razones de fondo (en México) que van a mantener la cotización del peso bajo control” en 2015, declaró el responsable del Banxico, que este jueves inició su participación en el 45 Foro Económico Mundial de Davos.
Carstens no descartó sin embargo que pese a los buenos fundamentos pudiera haber “movimientos” en la cotización de la divisa mexicana.
“Hay bastante volatilidad. Ha habido una apreciación general del dólar prácticamente contra todas las divisas”, reconoció Carstens, quien mañana intervendrá en un debate organizado en el marco del Foro de Davos, al que también asiste su predecesor, Guillermo Ortiz.
“Pero los fundamentos fuertes de México lo van a mantener relativamente bien anclado”, reiteró el gobernador del Banco Central mexicano.
Señaló que en 2015 “la realidad muestra que las perspectivas de México son mejores que las de Latinoamérica que está más afectada por la baja en los precios de las mercancías básicas”.
“México, si bien se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo pues tiene una fortaleza macroeconómica bastante importante”, indicó.
“Y con las reformas estructurales y la recuperación de la economía de Estados Unidos va a poder tener un crecimiento económico bastante mayor que la mayoría de países de Latinoamérica”, estimó Cartens.
Sobre su participación en el Foro de Davos, al que ha asistido con diferentes cargos desde hace años, explicó que “la importancia de estar aquí es primero hacernos presente, participar en el debate”. También se trata de “explicar las realidades y los avances que ha hecho México en diferentes materias y obviamente enterarnos de que va a pasar, las perspectivas en las diferentes latitudes del mundo porque es muy importante estar muy bien informado”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El representante regional para México respaldó la intención de intervenir municipios si se tienen indicios que han sido tocados por el crimen organizado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio su visto bueno a la intención presidencial de intervenir los municipios cuando se tengan indicios haber sido tocados por el crimen organizado.
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó que, si bien no es la panacea, la intervención de municipios sería un “paso importante” para evitar que situaciones como la que se vivió en el municipio de Iguala, Guerrero, no vuelvan a repetirse.
“La posibilidad de intervenir de manera preventiva a nivel de la junta, pueden acrecentar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista, que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción, que progresivamente acaba el estado de derecho a nivel del territorio.
Ante senadores, en una de las audiencias públicas para analizar las iniciativas presidenciales sobre la intervención federal de los municipios por infiltración del crimen organizado, Mazzitelli señaló que esta medida daría resultados a corto plazo y ayudaría a prevenir la expansión de los grupos delincuenciales.
Sin embargo, para ser efectiva, la intervención debe realizarse de forma temporal y ser una medida de tipo administrativo y no penal, así como llevarse a cabo cuando exista la seguridad de la infiltración.
“(Se debe) sustentar de manera muy clara las decisiones de disolución, comprobando las infiltraciones con indicios concretos, unívocos y relevantes.
“La ley secundaria claramente deberá indicar lo que son los indicios (…) esos indicios deben llevar a una conclusión, a la demostración de que la autonomía y la capacidad de decisión del órgano electivo territorial ha sido limitado; esto debería ser suficiente”, sentenció Mazzitelli.
Esta medida debe ser acompañada, además, de una intervención integral con programas sociales, económicos, culturales y políticos que permitan volver a la normalidad al municipio.
Municipios vulnerables
En la audiencia pública realizada en el Senado, la Procuraduría General de la República dio cuenta de la intervención que realizó en 13 municipios de Guerrero porque tenían indicios de que estaban cooptados por el crimen organizado.
Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, explicó que la debilidad policial que impera en algunas regiones del país se debe, en parte, a que algunos municipios con tratados con la misma medida.
“No es lo mismo el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, al de Cocula, Guerrero, donde el nivel de delincuencia es impresionante, donde la policía formaba parte de la delincuencia organizada pero, más allá de esto, estaba bajo las órdenes de este grupo criminal”, expuso Zerón.
David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, advirtió que existen estudios que estiman que casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían tener vulnerabilidad en relación con la infiltración del crimen organizado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF
Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky reveló que seis de cada 10 mexicanos rechazan la reelección de quienes ocupan un cargo de elección popular, cualquiera que sea.
En estas próximas elecciones debe ser muy cuidadoso de a quién dará su voto, porque a partir de este año entra en vigor el sistema de reelección.
Quienes el próximo 7 de junio sean electos diputados locales podrían estar en ese cargo hasta el 2027; y los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos permanecerían en funciones hasta el 2021.
¿Será por eso que los jaloneos por las candidaturas a esos cargos de elección popular están a pedir de boca?
En los comicios venideros se elegirá a 641 diputados locales de 16 congresos estatales, a 993 alcaldes y los miembros de sus ayuntamientos en 16 estados.
Los diputados locales y miembros de los cabildos podrán seguir en sus puestos en caso de ganar nuevamente el voto de los ciudadanos en la siguiente elección.
Ese “incentivo” ha provocado que la actual temporada de chapulines sea más intensa que otros años.
Ha sorprendido, por ejemplo, que casi todos los jefes delegacionales de la Ciudad de México hayan pedido licencia para buscar una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) o que, incluso, diputados federales o senadores abandonen el Congreso de la Unión para convertirse en legisladores de los congresos de sus estados o presidentes municipales de las ciudades más importantes.
Este año, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política, los presidentes municipales y demás miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos hasta por un periodo extra, por lo que podrían permanecer en el cargo hasta por seis años.
Mientras que el artículo 116 constitucional establece que los legisladores locales podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, hasta por 12 años si ganan la simpatía de sus votantes.
La reelección para diputados federales y senadores comenzará para quienes sean electos en el 2018.
Así que la decisión de a quién se elegirá como alcalde, regidor o síndico y como diputado local, podría marcar el destino de su comunidad por más tres años, como ocurría hasta ahora.
No a los chapulines
Ante la temporada de chapulines, en la que políticos que ocupan un cargo público piden licencia o renuncian a él para buscar otro puesto de elección popular, diversos sectores se han pronunciado en contra.
Por un lado, los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamaron a los ciudadanos a no votar por los llamados chapulines.
Y la Arquidiócesis Primada de México, representada por el cardenal Norberto Rivera, llamó a trabajar en nuevas leyes para evitar que los políticos brinquen de un puesto a otro.
Una encuesta de Consulta Mitofsky realizada en el 2013, reveló que seis de cada 10 mexicanos rechaza la reelección de quienes ocupan un cargo de elección popular, cualquiera que este sea.
Con la entrada en vigor del sistema de reelección, México se unirá a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, países que registran porcentajes de reelección de casi el 70 por ciento, según datos del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina citados por Mitofsky.
Aunque la reelección de munícipes y diputados locales representa algunas oportunidades, también tiene sus peligros.
Un estudio de la consultora Integralia refiere que el principal riesgo que enfrenta el esquema de reelección es la injerencia directa de los partidos políticos.
Los partidos, el peligro de la reelección
La ratificación de diputados locales y presidentes municipales no ocurrirá de forma simple, pues la Constitución establece una serie de condicionantes que deben ser cumplidas.
La Carta Magna establece que la postulación de los alcaldes o legisladores solo “podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado”.
Esto, salvo que el servidor público haya renunciado o perdido su militancia en el partido antes de la mitad de su mandato.
Esta condicionante deja fuera la posibilidad de reelegirse a quienes lleguen a esos puestos de elección popular como candidatos independientes.
En su estudio “Reelección en perspectiva comparada”, la consultora Integralia, propiedad de Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, señala que la forma en que los partidos políticos escogen a quienes serán candidatos a un cargo de elección popular es uno de los riesgos del esquema de reelección.
“Mientras las negociaciones sigan siendo el principal método de selección de candidatos, se corre el riesgo de que se vulneren los derechos políticos de los aspirantes a reelegirse como legisladores, alcaldes, síndicos y regidores”, expone el análisis.
Este peligro radica en que “las negociaciones suelen ser opacas y excluyentes de la mayoría de la militancia”, afirma Integralia.
Esta situación, prevé la consultora, llevará a una mayor judicialización de los procesos electorales y a que muchos candidatos que se sientan vulnerados abandonen las filas de sus partidos.
Provocará también que las dirigencias nacionales y locales de los partidos políticos detenten el poder, más aún que los gobernadores o los militantes comunes y ciudadanos, para decidir quiénes serán los indicados para ser reelectos.
“Resulta preocupante que la negociación entre cúpulas partidistas siga siendo el mecanismo más común para seleccionar candidatos ya que, por definición, es excluyente tanto de los militantes del partido como de la ciudadanía”, asegura.
Mejor trabajo vs. Desvío de recursos
Aunque abre una puerta para que quienes ocupan un cargo público tenga en la reelección un incentivo para realizar mejor su trabajo, esta nueva figura también posibilita que haya un mayor desvío de recursos públicos para el financiamiento de las campañas.
“La desviación de recursos públicos con fines electorales es un problema generalizado que cuesta al erario millones de pesos anualmente (…) Es crucial que los aspirantes a reelección enfrenten la posibilidad real de ser sancionados por desviar recursos, ya sea con la pérdida de la candidatura o con multas económicas y/o administrativas”, sentencia el análisis.
De no llevarse a cabo esto, advierte Integralia, se corre el riesgo de que se institucionalice una nueva forma de “inequidad sistémica” en las campañas, lo que ocurrirá en detrimento de la competencia electoral.
Sin embargo, la posibilidad de ser reelecto también dará la posibilidad de que los legisladores locales y munícipes tengan tiempo de concluir con trabajos o tareas en un mayor periodo de tiempo, así como de profesionalizarse.
Esta profesionalización implicará que los servidores públicos tomen decisiones basados más en cuestiones técnicas y no políticas, lo que hará tener una clase política más cercana a la ciudadanía.
Lo que dice la constitución
> Artículo 115 (para miembros de los ayuntamientos):
“Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
> Articulo 116 (para diputados locales):
“Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa evalúa la conformación de un nuevo partido político ante sus diferencias con la actual dirigencia del PAN.
“Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique”, declaró Calderón en una entrevista concedida al periódico El Financiero.
A juicio de Calderón, la actual dirigencia panista liderada por Gustavo Madero cerró sus puertas a los ciudadanos y trabaja en función de “intereses de grupo que lo están arruinando como alternativa ciudadana”.
Calderón advirtió que “si el PAN sigue como va, respondiendo a intereses particulares, no va a tener éxito. Es necesario dar la lucha para recuperar al PAN y si no se logra, hay que pensar en otra opción”.
Calderón ratificó que respaldará a su esposa, Margarita Zavala, en sus intenciones de contender por la dirigencia de Acción Nacional: “La voy a apoyar cualquiera que sea la decisión que tome, dado el nivel de corrupción que hay dentro del PAN”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y miembros del magisterio disidente bloquearon la Autopista del Sol durante casi dos horas y realizaron pintas en la barda perimetral del cuartel de la 35 Zona Militar, donde acusaron al Ejército de “asesino”.
Los manifestantes advirtieron a las autoridades que seguirán exigiendo justicia, castigo a los responsables de la barbarie y la presentación de los desaparecidos.
El vocero de los padres Felipe de la Cruz dijo que no se van a limitar a ingresar sólo al cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, como lo anunció el gobierno federal.
Al respecto, señaló que los padres acordaron visitar otras instalaciones castrenses, y van a notificar a las autoridades federales y militares una hora antes de la acción.
La jornada de protestas comenzó cerca de las 11:00 horas, con una marcha pacífica que partió del norte al sur de esta ciudad.
Tres horas después, los manifestantes encabezados por los padres de los normalistas desaparecidos bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como El Parador del Marqués.
De esta forma, los inconformes retaron a las autoridades federales y estatales, quienes habían anunciado que no permitirían más bloqueos carreteros.
Durante casi dos horas, la importante vía federal fue obstruida provocando un caos que colapsó la parte sur de Chilpancingo, aunque ninguna autoridad se presentó al lugar de la protesta.
En ese lapso, los manifestantes realizaron un mitin donde los oradores insistieron en demandar justicia y castigo para los responsables de la masacre.
Ahí, Felipe de la Cruz calificó al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, de “títere” del gobierno federal y “cómplice” de la delincuencia.
También dijo que no los intimida el anuncio que hizo Ortega Martínez, quien advirtió que van a aplicar la ley en contra de los manifestantes, a los que calificó de una “minoría de vándalos”.
“No tenemos miedo al anuncio de reprimir las muestras de descontento social y coraje por los crímenes cometidos por las autoridades”, expresó el vocero de los padres.
También reiteró que van a impedir las elecciones en la entidad porque ningún político representa una opción de cambio para erradicar la violencia y los nexos entre autoridades con el narco.
“Son una bola de cínicos, desvergonzados y asesinos que sólo están buscando un hueso, hecho que exhibe su indiferencia frente al dolor de los familiares de los normalistas desaparecidos”, señaló Felipe de la Cruz.
Además criticó la actitud de los empresarios, quienes están demandando la intervención del gobierno para frenar la protesta social, pero nada dicen sobre el control que ejerce el narco en la entidad, principalmente en el puerto de Acapulco.
Después del mitin los manifestantes desbloquearon la Autopista del Sol y se retiraron en marcha hacia el centro de esta ciudad.
A su paso, los inconformes realizaron pintas sobre la fachada de la sede de la 35 Zona Militar sin que se registraran incidentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
SILAO, Gto: La fiscal Yolanda Ramírez pidió una pena de 27 meses de prisión para Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los involucrados en la agresión contra la periodista Karla Silva, corresponsal de El Heraldo en esta ciudad.
En un juicio abreviado que se realizó este miércoles, Hernández Valdenegro se declaró culpable de los delitos de lesiones calificadas, robo calificado y amenazas, pero guardó silencio sobre los funcionarios del gobierno municipal de Silao que presuntamente lo contrataron para que atacara a la reportera, pese a que su declaración había sido acordada con la fiscal para reducirle la pena.
Así lo confirmó la hermana del agresor, María Loreto Hernández Valdenegro, quien señaló directamente al presidente municipal silaoense, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, como la persona que ordenó la agresión a la reportera a través de Nicasio Aguirre Guerrero y Jorge Alejandro Fonseca Durán, director de Seguridad Pública y director operativo de la Policía, respectivamente.
El primero se encuentra prófugo y el segundo en prisión y sujeto también a proceso penal.
En entrevista, la mujer declaró que si bien su hermano incurrió en un delito contra Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, “él lo hizo porque lo contrataron y le iban a pagar cinco mil pesos, y fueron Nicasio y Jorge Alejandro por órdenes del alcalde. No se vale que Benjamín esté afuera, libre, y mi hermano y los otros refundidos en la cárcel”.
Incluso dijo que acudió a la presidencia municipal para reclamarle al alcalde un mes después de que su hermano fue detenido, y sostuvo que Solís Arzola le ofreció dinero, apoyo escolar para su hija y hasta materiales para construcción, “a cambio de que mi hermano no hablara y no dijera quién lo mandó a hacer lo que hizo. El presidente tenía sus motivos para mandarlo hacer”, subrayó.
Aseguró que el propio alcalde pagaba a los abogados de los cuatro detenidos, incluido el director operativo de la Policía municipal, pero cuando ella convenció a su hermano Luis Gerardo de acordar un juicio abreviado con la Procuraduría general de Justicia del estado (PGJE) se desentendió.
María Loreto se manifestó temerosa de posibles represalias por parte del alcalde Solís Arzola por intervenir en apoyo de su hermano. “Ya intentaron levantar a mi hija hace un mes; la interceptaron en la calle y le anduvieron dando vueltas en un vehículo por varias horas, le preguntaron su nombre y más tarde la soltaron”, precisó.
La mujer declaró que como parte del acuerdo con la Fiscalía, su hermano firmó dos pagarés, uno por 61 mil pesos y otro por 50 mil, para que ante el juez quedara como garantizada la reparación del daño en favor de Karla Silva y de Adriana Elizabeth Palacios, respectivamente.
“Pero no sé en qué condiciones; entiendo que no es porque mi hermano los vaya a pagar; al final el que va a hacerlo es (el alcalde) Solís”.
Ante el juez José Luis Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez y las propias víctimas confirmaron que habían recibido un pagaré con el que se daban por satisfechas con la reparación económica.
Ahora es culpable: juez
En el juicio abreviado que presidió Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez reclasificó las lesiones contra la reportera. Inicialmente dijo que ponían en peligro su vida por un traumatismo cráneo encefálico, pero esta vez sostuvo que, después de un nuevo peritaje solicitado por la PGJE, las lesiones no eran de la gravedad inicialmente señalada.
“Sí estamos reclasificando la gravedad de las lesiones, ya no de lesiones que ponen en peligro la vida, sino de lesiones que dejan cicatriz”, explicó la fiscal ante los cuestionamientos del juez.
“Entiendo que la expectativa del inculpado fue el que lo llevó a aceptar este acuerdo”, señaló el juez Argüello al iniciar la audiencia y preguntarle a Luis Gerardo Hernández Valdenegro si estaba consciente y seguro de ir al juicio abreviado y admitir su culpa por las lesiones causadas a Karla, y por el robo de la computadora, la cámara y los teléfonos de la oficina de El Heraldo, además de las amenazas vertidas contra Karla y Adriana Palacios, en complicidad con otros dos sujetos que habrían sido contratados por Nicasio Aguirre Guerrero.
Enseguida, la fiscal Ramírez pidió al juez aplicar al inculpado una pena de dos años y tres meses, así como una sanción de 23 días de salario mínimo vigente en el estado.
“No tenemos oposición a que se le otorguen los beneficios que usted decida y que la reparación del daño se tenga por cubierta”, planteó al juez.
Y en ese mismo momento la defensora de Hernández Valdenegro –asignada por el Estado luego de que éste despidió a los abogados particulares que inicialmente asumieron su representación– pidió el beneficio de la condena fuera de prisión.
Cuando se le concedió la palabra al procesado, éste se limitó a aceptar cada una de las acusaciones y peticiones hechas por la fiscal y su defensora de oficio.
Después de un receso, el juez Argüello dijo que en las pruebas presentadas encontró suficientes elementos para fallar en contra de Hernández Valdenegro.
“El acusado tiene fallo condenatorio; se demostró plenamente su comisión en estos delitos. La presunción de inocencia se ha derribado”, concluyó.
Sin embargo, programó una nueva audiencia para el próximo viernes 23, a fin de establecer los términos de la sentencia y la pena que impondrá por este caso.
Al término de la audiencia de este miércoles, Karla Silva se mostró satisfecha de que Luis Gerardo aceptara su intervención en los hechos, y aprobó los términos del acuerdo y la estrategia de la PGJE en su caso.
“Estamos todavía en medio de una investigación, no sabemos cuál va a ser el resultado, el tiempo que lleve ya que él acepte su intervención habla bien de él”, comentó.
Pero insistió en que con este fallo no termina todo el proceso contra los involucrados, por lo que esperará los resultados finales. “Creo que hasta el momento vamos bien”, apuntó.
No obstante, señaló que como al Estado sólo le competen los delitos del fuero común, desconoce si la Fiscalía Especializada ha continuado alguna indagatoria relacionada con su caso y los delitos contra la libertad de expresión y en agravio de ella en su calidad de periodista, porque ha solicitado informes y hasta ahora no ha recibido respuesta de la instancia federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
El senador Alejandro Encinas contesta la carta que el presidente del PRD, Carlos Navarrete, hizo pública hoy reprochándole su decisión de abandonar las filas del partido del Sol Azteca.
Alejandro Encinas, aún senador del PRD, afirmó que la carta que le dirigió Carlos Navarrete, presidente nacional del partido del sol azteca, está “entre un corrido ranchero de Guanajuato y un bolero taurino de Aguascalientes”.
“Es una carta con mucha carga personal y este no es un asunto personal, es un asunto político. Es una mala mezcla entre un corrido ranchero de Guanajuato y un bolero taurino de Aguascalientes… es una mala mezcla”, ironizó.
Este miércoles Carlos Navarrete difundió una carta abierta en la que le da el adiós a Alejandro Encinas del PRD, a unas horas de que el senador haga pública su decisión de abandonar las filas del partido del sol azteca.
Navarrete acusó a Encinas de no querer participar en la transformación que requiere el partido y de preferir “la comodidad” del Senado.
“Es claro que resulta más atractivo quedarse en el Grupo Parlamentario de los Senadores del PRD con todas las prerrogativas que ello implica, que asumir el reto de ser un Senador de un Partido nuevo en busca de su registro”, escribió Navarrete.
A ello, Encinas respondió que no tiene privilegio alguno por permanecer en la bancada del Senado y que es una decisión que él ni siquiera ha discutido con su coordinador, Miguel Barbosa.
“Yo no tengo ningún privilegio en la bancada del PRD, pero también no veo que alguien los tenga. Las prerrogativas que tienen los senadores las tenemos, supuestamente, todos en condiciones de igualdad. Pero además es una decisión que debe tomar la bancada y no la dirigencia nacional (del PRD)”, sentenció Encinas.
Se espera que este jueves durante la presentación de su informe legislativo, Alejandro Encinas dé a conocer su decisión de renunciar al Partido de la Revolución Democrática y unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Servando Gómez Martínez, líder de Los Caballeros Templarios, ha logrado permear en la política michoacana. Prácticamente todos los candidatos que contenderán en los próximos comicios han sido relacionados con él. La pregunta es ¿influirá esto en las elecciones?
El primer domingo de junio Michoacán tendrá unas elecciones que se observan como las más inciertas de toda su historia.
Esto no solo por los actores políticos que en ella intervienen, sino por las concertacesiones que se observan atrás del proceso.
Los comicios serán una calca de los celebrados el pasado 13 de noviembre del 2011, cuando el PRI ganó la gubernatura con su candidato Fausto Vallejo Figueroa y con la sospecha de la intervención de las células del crimen organizado en la contienda.
En estas próximas elecciones, un halo de sospechosismo rodea los procesos internos de los tres principales candidatos a ocupar la gubernatura del estado de Michoacán.
Los nombres del perredista Silvano Aureoles Conejo, la panista Luisa María Calderón Hinojosa y el priista Ascensión Orihuela Bárcenas han estado relacionados de una forma u otra con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
La última de los Calderón
A diferencia del proceso electoral pasado, ahora Luisa María Calderón no tiene un hermano presidente de la República que le filtre información de seguridad nacional sobre la condición de los adversarios políticos.
“La Cocoa” tampoco dispone del dispendio económico con el que operó en el pasado proceso.
La hermana del expresidente llega a la candidatura sin mayor oposición al interior de su partido.
La designación le vino desde la cúpula del CEN panista, en donde los enemigos de Felipe Calderón se han reagrupado. Observan la imposible encomienda que enfrenta “La Cocoa” y la oportunidad única que ello representa para sepultar al calderonismo en su propia casa, en donde no han ganado una sola elección los miembros de esa familia.
A diferencia de los priistas, en el CEN del PAN le apuesta a la memoria de los michoacanos.
En la dirigencia de ese partido no se les olvida que en uno de sus múltiples videos el jefe de Los Caballeros Templarios asegura que días antes de las elecciones estatales de 2011 en Michoacán, Luisa María Calderón le ofreció un acuerdo al crimen organizado, a cambio de apoyo.
El primo incómodo
El video, subido al canal YouTube el 26 de noviembre del 2013, revela un conflicto entre el cártel de Los Templarios y la familia del entonces presidente Felipe Calderón, que surgió cuando el grupo criminal secuestró a Alfonso Reyes Hinojosa, un supuesto primo de Calderón.
La razón del secuestro, según explica “La Tuta” en el video, fue porque Reyes Hinojosa se negaba a pagar una deuda de 30 millones de pesos a unos empresarios de Morelia.
El video fue seguido de oficio por la PGR, pero no se encontró delito que perseguir.
La asunción de Ascensión
Hasta hace unos días el senador priista, Ascensión Orihuela Bárcenas, era un político distante de la compleja situación en la que se encuentra sumido Michoacán.
Las fotos en su perfil de Facebook –en donde se le ve a veces viajando por el mundo, a veces en la Cámara de Senadores- evidenciaban su despreocupación por la crisis de violencia en su entidad.
Pero un día, eso cambió.
Orihuela Bárcenas fue ungido como candidato de “unidad” por la cúpula del PRI y se convirtió entonces en el michoacano más preocupado de lo que sucede en el estado.
Antes de la designación como candidato oficial, nada parecía importunar al político oriundo de Zitácuaro.
Ni siquiera el video en el que aparece su esposa y familiares políticos al lado del jefe visible del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, le mereció un posicionamiento público.
El presidente nacional del PRI, César Camacho, le apostó a la escasa memoria de los michoacanos y designó el pasado fin de semana al senador Orihuela Bárcenas para que abandere los intereses de su partido y busque la gubernatura del estado.
Orihuela Bárcenas es el candidato más cuestionable de todos los que se apuntaron para ser abanderados del PRI a la gubernatura de Michoacán.
Es el político más oscuro y por lo mismo el que tienen menos posibilidades de triunfo.
Antes que el video en cuestión saliera a la luz pública, el hoy candidato a gobernador de Michoacán ya había sido objeto de escándalo en las redes sociales, cuando se filtró una fotografía en donde aparece con un auto Porsche Panamera Turbo, que tiene un valor en el mercado de poco más de un millón 300 mil pesos.
El escándalo se centró en que Orihuela Bárcenas era senador por uno de los estados más pobres del país.
Tal vez por eso, no solo el comisionado Alfredo Castillo ha optado por no estar cerca del candidato del PRI al gobierno estatal, también incontables líderes políticos de los municipios han marcado su distancia.
Como en los viejos tiempos
La asunción de Ascensión se dio como en los viejos tiempo del PRI.
Los dolores del parto que dieron a luz al candidato oficial se dejaron sentir desde 15 días antes.
El comisionado Alfredo Castillo, congruente con sus tesis sobre la colusión de políticos con el crimen organizado, trató de cerrar el paso a todos los aspirantes con la mínima sospecha de relación con el narco.
Con el Comité Directivo Estatal bajo su control, decidió organizar la convocatoria electoral.
La Secretaría de Gobernación (Segob) le cerró el paso a la aspiración del comisionado que buscaba imponer a su candidato ciudadano, Adrián Huerta Leal.
La Segob ordenó que la convocatoria fuera revisada por el CEN del PRI y retrasaron el anuncio del candidato.
Tuvo que llegar el líder nacional del tricolor, César Camacho, para entronizar al alfil enviado desde el despacho de Miguel Ángel Osorio Chong.
La herencia maldita
En el video subido al canal de YouTube el 9 de agosto del 2014, se observa al que es reconocido como “La Tuta” en una finca de Zitácuaro haciendo funciones notariales.
Instruye a dos mujeres –una de ellas la esposa de Ascensión Orihuela Bárcenas- y tres hombres sobre la forma de distribución de la herencia del fallecido empresario Luis Miguel Estefan, cuñado del senador priista.
La escena muestra a “La Tuta” dando instrucciones sobre la forma en que se habrá de repartir la herencia del empresario hotelero.
Explica porcentajes y propiedades que habrán de ser recibidos por Salvador y Guillermo, hermanos del occiso; Nora, la esposa legal del difunto; y Estefanía, con quien el empresario procreó un hijo.
Servando Gómez también informa a los presentes en la reunión que cobrará 5 millones de pesos para saldar la deuda que el difunto tenía con “La Empresa”.
El video fue retomado por la PGR para hacer la investigación correspondiente, pero ninguno de los implicados localizables fue convocado para que explicara las condiciones en que se llevó a cabo la reunión, más allá de lo evidente.
Al día siguiente el senador emitió un comunicado de tres líneas en donde aseguró que el aludido dueño de la herencia que se repartía no era su cuñado. Nadie volvió a tocar el tema.
El candidato casi ‘ideal’
Aunque el candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, es el único de los contendientes en Michoacán que no parece tener un nexto directo con “La Tuta”, el perredista tiene que cargar con el peso de haber sido quien -hace cuatro años- impulsó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Más allá del escándalo que le representa al candidato del PRD la ridícula actuación de su hermano -el también diputado Antonio García Conejo- quien saltó a la fama el 12 de diciembre de 2013 cuando en la larga sesión en que se debatía la aprobación de la Reforma energética, terminó por desnudarse, en la memoria de los michoacanos se mantiene la idea de que Aureoles Conejo fue el candidato de Godoy Rangel, quien terminó por endeudar al estado a niveles como los de Humberto Moreira, en Coahuila.
Además, el exmandatario perredista es medio hermano de Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal del PRD acusado de tener nexos con “La Tuta” y que está prófugo de la justicia.
A Aureoles se le considera el candidato de la Iniciativa Privada en Michoacán, no en balde han sido las reuniones sostenidas con los hombres de negocios del estado.
Y también se le menciona como un hombre cercano al comisionado Alfredo Castillo, por lo que habría de dar continuidad a la gestión del enviado presidencial.
El pacto escandaloso
Reporte Indigo publicó que Luisa María Calderón fue acusada de ofrecer un acuerdo al crimen organizado, a cambio de apoyo cuando contendió en las elecciones estatales de 2011.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró hoy su “preocupación” ante la ausencia de cooperación entre las autoridades federales y veracruzanas para encontrar “sano y salvo” al periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, al que levantó un comando el viernes 2 en el municipio de Medellín de Bravo.
La responsable de la oficina de la organización en las Américas, Claire San Filippo, urgió a las autoridades, entre ellas la Fiscalía Especial en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a “explorar más a profundidad la pista profesional y la posible implicación del crimen organizado en esta desaparición, en colaboración o no con autoridades locales”.
RSF recordó que en un primer momento “las autoridades locales” –en realidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa– desvincularon la desaparición forzada con la labor periodística de Moisés Sánchez, con el argumento de que no era periodista sino taxista, “ya que sólo publicaba en las redes sociales”.
También deploró que las autoridades veracruzanas se tardaron más de cuatro horas antes de iniciar los operativos de búsqueda, a pesar de que los familiares del desaparecido dieron aviso apenas 40 minutos después de que el grupo armado se llevara a Moisés Sánchez.
En entrevista con Aristegui Noticias ayer, el director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, aseveró que la PGJE no entregó información sobre la búsqueda del comunicador, por lo que, aseveró, “nos lleva a decir que no hay investigación y que no están buscando a Moisés Sánchez”.
RSF también recordó que Veracruz es “uno de los estados más peligrosos para los periodistas”, cuya incidencia de criminalidad resulta “alarmante” debido a “la convergencia de distintos tráficos”.
“Varios profesionales de los medios afirmaron haber sido vigilados, acosados y amenazados por publicar en redes sociales informaciones relativas a la inseguridad”, planteó RSF, para luego añadir que “las autoridades (veracruzanas) tratan de ocultar la realidad de la violencia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió a legisladores afines a este partido que soliciten una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle, con el fin de exigir la libertad de los “presos políticos” y castigo a los responsables de la represión en el estado.
De gira por la entidad, el político tabasqueño consideró que la labor de los diputados y senadores es exigir el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes sociales y repudiar la criminalización de personas por cuestiones políticas.
En este trámite, solicitó a los ciudadanos no acompañar a los legisladores, pues en el gobierno poblano “hay halcones”, y por ello no se debe caer en provocaciones de gente infiltrada que justifiquen la represión y el autoritarismo gubernamental.
Sobre los partidos políticos, el dos veces excandidato presidencial criticó que se catalogue por igual a las diez fuerzas políticas con registro.
“Nosotros pensamos que se puede cambiar al país por la vía pacífica y electoral”, indicó.
López Obrador planteó que así como pide la liberación de luchadores sociales en Puebla, demandará la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a unos días de que se cumplan cuatro meses de su desaparición.
“No hay una respuesta sincera, apegada a la verdad, no crean que Peña Nieto no sepa lo que realmente sucedió, ¿sabe o no sabe? Claro que sabe y no está diciendo la verdad, y tienen ahí de intermediario al procurador Jesús Murillo Karam que no sirve para nada o que está nada más de tapadera, pero a nosotros no se nos va a olvidar lo de Ayotzinapa, pues son jóvenes de familias humildes y van a tener siempre nuestro apoyo y respaldo”, aseguró.
En Izúcar de Matamoros, López Obrador se refirió a la revelación hecha por el diario estadunidense The Wall Street Journal sobre Roberto San Román, quien vendió al presidente Enrique Peña Nieto una mansión en Ixtapa de la Sal, Estado de México, y poco después el empresario comenzó a recibir millonarios contratos por parte del gobierno.
“La verdad da pena ajena, porque la imagen en el extranjero está por los suelos por culpa del gobierno corrupto de Peña Nieto”, indicó el tabasqueño.
Luego advirtió que no habrá investigación del caso porque en el gobierno hay una asociación delictuosa, una mafia donde no sólo hay corrupción sino impunidad.
“No hay a quién acudir, no hay estado de derecho, hay un Estado chueco, y sólo se puede remediar el problema de la corrupción, actitudes como las de Peña y el apoyo a contratistas a cambios de sobornos, con un cambio de régimen, no hay otra opción, ahora nada más es cuestión de denunciarlo para no ser cómplice”, agregó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
En entrevista para Reporte Indigo, el senador Alejandro Encinas habla sobre los motivos que lo empujaron a renunciar.
En sus últimas horas como miembro del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez acusa: fueron el dinero y la ambición lo que hicieron que el partido perdiera el rumbo.
En entrevista, el senador de izquierda lamenta que en ese partido ahora cometan prácticas que antes combatían con vehemencia.
“Los grupos se convirtieron, en lugar de corrientes políticas, en grupos de interés. Y yo creo que ahí empezó a desnaturalizarse mucho del trabajo del partido y eso derivó, después, a que la ambición, el dinero, fuera lo que se impusiera fundamentalmente en la búsqueda del acomodo político.
“Tan es así que ya no solamente era conseguir recursos para reproducir las prácticas clientelares y corporativas que antes se criticaban, sino ahora incluso para vender candidaturas y postular a delincuentes a cargos de representación popular”, sentencia Encinas.
El acomodo en su oficina delata que su corazón ya no late fuerte con el PRD. En la esquina izquierda del lugar, arrumbada, la bandera de ese partido se oculta detrás de una escultura del águila devorando a la serpiente.
Su espacio en el Senado es sobrio y solo tiene algunas artesanías mexicanas y de otros países. Detrás de su escritorio, Emiliano Zapata vigila su trabajo, a través de un cuadro que fue regalo de un amigo suyo de muchos años.
Para la entrevista, sin embargo, Encinas decide colocarse frente a un cuadro de Benito Juárez que, saliendo de un billete de 50 pesos, observa a dos niños que trabajan como payasitos y guardan sus monedas en un pequeño costal.
Visiblemente más delgado por un nuevo régimen alimenticio que decidió seguir desde que su coordinador, Miguel Barbosa, perdiera un pie por problemas con la diabetes, Encinas se acomoda relajado para la entrevista, a pesar de que le llueven llamadas por la carta que, apenas unas horas antes, Carlos Navarrete hizo pública.
Encinas comienza la plática narrando sus orígenes: hijo de un par de actores de teatro con ideología comunista que tuvieron que dedicarse a otra cosa para alimentarlo a él y a sus hermanos, terminó su carrera y se fue a trabajar a las zonas cañeras de Oaxaca, Tabasco y en Chiapas.
Llegó en 1979 a la Universidad Autónoma de Chapingo y, desde ese año, no se ha vuelto a rasurar la barba, que con los años se volvió blanca y le hizo ganar el mote de “Santa Claus”, apodo que agradece porque tiene, dice, connotaciones positivas.
Es por esos orígenes que cuando ocurrió la desaparición de los normalistas en Iguala, Encinas supo que ese era su límite y decidió que no podía ser cómplice del grupo político que controla al PRD.
“Hay que asumir que estamos en la mayor crisis de derechos humanos después de 1968 y de la guerra sucia de los años 70. Hay que asumir que estamos en una descomposición de las instituciones del estado mexicano y que la delincuencia ya penetró en todos los ámbitos de la vida del país y yo no puedo ser cómplice de una situación de esa naturaleza.
“Yo no puedo mantenerme en un partido en donde se venden candidaturas y se postulan candidatos vinculados a la delincuencia organizada. Yo creo que ese es el extremo ya insostenible en el desarrollo de la vida partidaria”, dice enfático.
Para Encinas, no es solamente Nueva Izquierda, la corriente a la que pertenece el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, la culpable de la situación que llevó a ese partido a perder el rumbo. Es una “federación de corrientes”, sostiene, que ya no tienen interés por ser una opción verdadera de cambio.
Lo que Encinas sí reconoce es su afinidad con una izquierda como la que representa Andrés Manuel López Obrador, con quien lo une un lazo de amistad de muchos años.
“Con quien más identidad política tengo, como proyecto partidario, es con Morena. Con Andrés Manuel, no solamente le tengo reconocimiento a su liderazgo, sino le tengo aprecio y afecto personal.
“Hemos compartido experiencias juntos, las más difíciles en años recientes de la historia del país: el desafuero, el fraude electoral, el plantón de Reforma. Yo no tengo ninguna ambigüedad ni tengo relaciones o amistades vergonzantes”, afirma.
Mucha carga personal
Encinas remata la entrevista con su opinión sobre la carta que Carlos Navarrete hizo pública apenas unas horas antes.
“Es una carta con mucha carga personal y este no es un asunto personal, es un asunto político. Es una mala mezcla entre un corrido ranchero de Guanajuato y un bolero taurino de Aguascalientes… es una mala mezcla”, ironiza.
Sin embargo, Encinas comenta que será este jueves, cuando rinda su informe de actividades legislativas, cuando le dé a Navarrete una respuesta política a la misiva donde lo despide aún antes de irse.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
