MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad que el límite de las aportaciones del financiamiento privado para partidos políticos en el proceso electoral de 2015 –como aportaciones de su militancia, en dinero o especie–, sea de 78 millones 190 mil 916 pesos.
Durante la sesión extraordinaria de este jueves, acordó que los topes de aportaciones de financiamiento privado para precandidatos y candidatos sea de 37 mil millones 406 mil 344 pesos; la misma cantidad será de simpatizantes.
Ciro Murayama, consejero electoral, explicó en entrevista que el monto de dicho financiamiento corresponde al 2% del total del tope del gastos de la campaña presidencial de 2012.
“Estamos hablando de 78 millones de pesos. Pero aparte pueden recibir de simpatizantes 37 millones de pesos, que es el techo. Y hay un tercer techo que es el que generan los precandidatos y candidatos de los propios partidos que aportan a la contienda interna o a la contienda frente a otros. En el extremo tendríamos tres bolsas de las que se pueden nutrir los partidos”, explicó.
Tal decisión, aclaró, no implica que pueda abrirse una brecha en términos de equidad.
Y argumentó: “Hay un tope de gasto que acabamos de aprobar hace unos días de un millón 200 mil pesos y nadie, así sea con su financiamiento público o con el privado, puede pasar de ese límite de gasto en cada uno de los distritos electorales”.
Murayama detalló que la medida favorece a los partidos políticos más pequeños. “Por eso es un acuerdo que alimenta la equidad, porque los grandes rápidamente llegaron al techo. ¿Cómo se reduce rápidamente la distancia entre los pequeños y los grandes? Pues subiendo el piso a través de las aportaciones que pudieran hacer sus precandidatos y candidatos”, añadió.
Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que con el proyecto aprobado cada partido político podrá recaudar hasta 153 millones de pesos de financiamiento privado en 2015.
El límite individual anual de aportaciones de simpatizantes durante el proceso electoral actual es de un millón 870 mil 317 pesos; el de los aspirantes a candidatos independientes para la obtención del apoyo ciudadano es de 112 mil 37 pesos y para las aportaciones a los candidatos independientes en el Proceso Electoral Federal es de 126 mil tres pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉRIDA, Yuc: Pablo Gamboa Miner, vástago del coordinador de la fracción priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se registró hoy como precandidato del PRI a diputado federal por el tercer distrito electoral de Yucatán.
El joven Gamboa fungía hasta ahora en el gobierno de Rolando Zapata Bello como director de la Coordinación Metropolitana, organismo descentralizado responsable del desarrollo metropolitano, cargo al que llegó desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco, actual secretaria general del CEN del PRI.
En hombros de un militante, Gamboa Miner agradeció la presencia de seguidores que se dieron cita en la Casa del Pueblo, sede estatal del PRI, para acompañarlo en su registro, pero especialmente a las mujeres de su partido.
“Gracias a todos los priistas, gracias a todo Mérida, pero en especial a sus mujeres, porque la mujer es una prioridad para el PRI y esto lo tenemos muy en cuenta”, dijo el egresado de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana.
“¡Arriba guapo!”, le respondieron las priistas.
Pese a su incipiente trayectoria política, el hijo de Gamboa Patrón aseguró que busca ganar el voto del electorado por su propio esfuerzo y sin la intervención de su influyente padre.
Gamboa Miner llegó a registrarse acompañado por Francisco “Panchito” Torres Rivas, quien hizo lo propio como aspirante a diputado federal por el cuarto distrito electoral, así como por el cuestionado precandidato a la alcaldía de Mérida, Nerio Torres Arcila.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a la queja de una mujer discapacitada a quien el consorcio Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, le negó el crédito para un refrigerador, bajo el argumento de que carecía de huellas digitales.
“Es la primera vez en mi vida que me pasa, he tenido crédito en otras mueblerías, soy candidata por mi empleo y mi salario, porque no estoy en buró, sin embargo en Elektra me hicieron sentir mal porque no tengo mis brazos”, dijo la afectada, Alejandra Cortina Figueroa, quien acusó de discriminación a la firma comercial.
La psicóloga del Centro de Rehabilitación Integral de Matamoros señaló que luego de que el personal de la tienda Elektra le negó el crédito, acudió a la cuarta visitaduría de la CNDH para interponer una queja, y advirtió que continuará hasta las últimas consecuencias.
La mujer señaló que en ninguna parte la habían tratado de esa manera, “pero esto revela el tamaño de discriminación que enfrentamos las personas que vivimos con algún tipo de discapacidad, ya que el papeleo se pudo haber realizado, pero ellos no quisieron”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En la tribuna del Senado, ambos funcionarios intercambiaron acusaciones en las que salieron a relucir hasta referencias familiares.
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusó al senador panista Javier Corral de tratar de desestabilizar a su gobierno.
Corral ha llevado hasta la tribuna de la Cámara Alta señalamientos que involucran a Duarte con enriquecimiento ilícito y una posible vinculación con el crimen organizado.
Ayer, ambos legisladores aprovecharon la tribuna para intercambiar acusaciones en las que salieron a relucir hasta referencias familiares.
Hace unas semanas, Javier Corral hizo pública una acusación sobre la supuesta participación de César Duarte en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, con recursos estatales.
Sobre el tema, existe una denuncia presentada ante la PGR contra Duarte por los delitos de corrupción, peculado y malversación de fondos públicos presentada por un ciudadano.
Con eso en mente, desde muy temprano Corral ocupó su escaño y esperó, atento, durante más de media hora a que llegará Duarte, arropado por los senadores priistas.
El chihuahuense acudió al Senado para participar en la cuarta mesa de las audiencias públicas para analizar las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en seguridad y justicia.
Antes de comenzar la exposición, hasta el escaño de Corral llegó Emilio Gamboa, el líder de los senadores del tricolor e intercambiaron algunas palabras en voz baja, pero con ademanes fuertes.
“Se mancha al Senado trayendo aquí a ese corrupto”, lanzó Corral.
“Traerlo fue un acuerdo de todo el Senado”, le reviró Gamboa.
Con esa tensión en el aire, los senadores dieron comienzo a los trabajos y escucharon a Duarte hablar del modelo de seguridad aplicado en la entidad y que sirve ahora de modelo a otros estados con problemas de inseguridad.
A mitad del mensaje del mandatario, Corral se levantó de su escaño y desplegó una pequeña manta con un mensaje contundente que Duarte observó sonriendo desde la tribuna.
“#VeteDuarte. Qué vergüenza que en estas audiencias participe el corrupto César Duarte, sujeto a proceso penal. #NoMásCorrupción”, se leía en la manta.
Desde la tribuna, Duarte afirmó que los señalamientos en su contra son falsos, e insinuó que los intereses de Corral quizá estén relacionados con el daño que se ha hecho al Cártel de Juárez.
“Hoy, me preocupa demasiado el hecho de que sus señalamientos lleven otro fondo. Aquí se ha dicho un fondo posiblemente electoral, sería el menos malo.
“A mí me preocupa que la afectación que hemos hecho a los intereses del grupo delictivo de la frontera, sea lo que a usted lo esté motivando a pretender desestabilizar mi gobierno”, detalló.
De acuerdo con medios locales de Chihuahua, uno de los hermanos de Corral -Raúl- fue sentenciado en Estados Unidos a un año de prisión por narcotráfico, acusado de transportar 50 kilos de estupefacientes, en el 2002.
Su otro hermano -Roberto- fue acusado de un fraude financiero también en Estados Unidos y fue sentenciado a 21 meses de prisión, en el 2003.
En entrevista, el senador Javier Corral afirmó que sus hermanos ya superaron los problemas con la justicia y ahora tienen otras ocupaciones.
Acusó a Duarte de ser un “pandillero de última hora” y afirmó que es una estrategia del mandatario para distraer la atención de la denuncia penal en su contra, pero ni así frenará que se busque justicia en el caso.
“No va a distraerme ni a desanimarme; esto, por supuesto, que lo único que hace es que con mayor convicción sigamos insistiendo en la necesidad de investigar al gobernador de Chihuahua y de llevarlo ante un juez penal”, acusó Corral.
‘No tiene calidad moral’
“El problema central de México es la corrupción y la inseguridad (...) y no se van a resolver mientras persistan estos procesos de simulación, que el gobernador de Chihuahua venga a hablar de seguridad y justicia cuando está acusado con pruebas, no con dichos, con pruebas, de enriquecimiento ilícito (...) habla de la enorme simulación para entrarle en serio al problema”, señaló Corral.
El gobernador de Chihuahua no tiene calidad moral para participar en estas audiencias, lanzó.
A la defensa de Duarte, el PRI envió a Graciela Ortiz, quien acusó que Corral está cegado por motivos electorales.
“Se trata de venir a hacer estridencia, escarnio, y se trata de venir a exhibir y a denostar, y eso, eso no es de hombres, eso no es de ciudadanos, eso no es de chihuahuenses”, sentenció.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Aunque la ley federal ampara ese derecho, los regios que radican en Texas y otros estados de EU no podrán elegir al gobernador de Nuevo León por omisiones del Congreso local.
Una lucha de años ha dado a los paisanos que residen en el extranjero el derecho de elegir a los gobernantes de México. Pero este beneficio es sólo papel.
La falacia radica en que a pesar de que la legislación federal contempla que los nuevoleoneses puedan elegir gobernador en las elecciones del 2015, los diputados locales no hicieron su tarea.
Miles de regiomontanos radicados en Texas, por ejemplo, no podrán ejercer este derecho porque el Congreso de Nuevo León no trabajó en la modificación de la Ley.
El Instituto Nacional Electoral anunció modificaciones a las leyes electorales en los últimos años, en las que se permite a los mexicanos que viven en otro país elegir gobernador y presidente.
Según especialistas en el tema, este resultado a medias es la consecuencia de las pugnas partidistas por el poder, que han impedido que se cristalice en su totalidad.
Desde el 2006, todos los mexicanos, aún cuando tengan doble nacionalidad, pueden emitir su voto desde el país en el que residen para elegir al presidente de México.
Sólo en las entidades federativas de Michoacán, Morelos y el Distrito Federal se puede votar para cargos locales.
Víctor Zúñiga González, profesor de Sociología de la Universidad de Monterrey (UdeM), consideró que los partidos políticos en México no están de acuerdo con el voto electrónico y “le tienen miedo”.
- ¿Es porque son electores sobre los que no tienen control? Se le cuestionó.
“El pavor en el 98, y no creo que sea muy diferente en el 2015, era que masivamente los mexicanos que estaban en Estados Unidos iban a votar por Cuauhtémoc Cárdenas, ése era el miedo y no tenían control sobre eso”, explicó.
Zúñiga González formó parte de una comisión de especialistas que presentó un proyecto al INE en 1998, para la inclusión del voto en el extranjero a la Ley Electoral.
Al rechazo para legislar a favor del voto fuera del territorio nacional, hay que sumar el hecho de que no se ha realizado un programa real de credencialización a los connacionales.
“Lo que indagamos nosotros cerca del 2000, es que los mexicanos residentes en distintas partes de Estados Unidos nos indicaba que aproximadamente cuatro de cada 10, mayores de 18 años, sí tienen la credencial para votar.
“Esto pudo haber cambiado los últimos 14 años, pero a la baja, porque un buen número de mexicanos nacidos en México, radicados en Estados Unidos, en esa época eran menores de edad... No tienen realmente mucho interés en obtener la credencial”, precisó el especialista.
Durante la investigación percibió una fuerte corriente de resistencia para facilitar el ejercicio del voto, principalmente de los partidos PRI y PAN.
Tiempo fue corto, justifica INE
David Cuevas Fernández de Lara, vocal secretario de la Junta Local del INE en Nuevo León, confirmó que con los cambios a la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales (Legipe), todas la entidades tiene el deber de reformar su Ley.
Con ello, todos los mexicanos podrían votar por un gobernador desde el extranjero.
Argumentó que desde el momento en que se hizo la reforma, al momento de inicio del proceso electoral, fue un tiempo corto para que los estados trabajaran en ello.
Debe facultarse a cada Comisión Estatal Electoral para que pueda recibir el voto ciudadano en una elección de gobernador.
“Mínimamente gobernador, porque para otras entidades, próximamente se podría dar para otros cargos de elección popular”.
Para los nuevoleoneses, este ejercicio se dará de manera obligatoria hasta la siguiente elección, que sería en el 2021.
Por su parte, Samuel Hiram Ramírez Mejía, doctor en derecho, especialista en la rama electoral y catedrático de la UdeM, declaró que los avances en el tema sólo son normativos.
“Los efectos reales de esta modificación, por lo que hace a las elecciones federales, sólo se podrán evaluar hasta el 2018 (presidente y senadores); y respecto de Nuevo León, hasta el 2021 (gobernador)”.
En la Legipe solamente se establece el marco general y se sujeta a reglamentación futura del INE la forma de aplicación y desarrollo del tema.
Para las elecciones de Nuevo León del 2015, ninguno de estos componentes tendrá efecto.
“El legislador local no incluyó la posibilidad concreta en la Constitución y en la Ley Electoral, de votar en las elecciones de gobernador desde el extranjero”, aclara el especialista.
Partidos ‘boicotean’
Por su parte, Raúl Ross Pineda, investigador, periodista y promotor de organizaciones mexicanas en Estados Unidos, opinó que es una cuestión simple: el voto para gobernador es responsabilidad de los estados.
El veracruzano radicado en Chicago desde 1986 aseguró que el impedimento es el resultado de la negativa de los congresos locales a reformar la Ley.
“Nuevo León ha tenido tiempo de reformar su ley, siempre ha tenido la prerrogativa de modificar su ley. No es que no hubo tiempo.
“Si querían lo pudieron haber hecho hace mucho. En la legislatura ha habido iniciativas de Ley para aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero.
“(Los partidos) dicen que es muy oneroso, eso es lo que siempre van a decir. Los partidos creen que no les va a ir bien en el extranjero”, explicó el cofundador de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior.
Durante los años 90 y la primera mitad de este milenio, se presentaron aproximadamente 20 iniciativas de Ley para legislar el voto, pero fueron eliminadas o rechazadas, excepto la última, que fue la que ganó.
“La reforma para votar se logró en la Ley del 2005, apenas a tiempo para votar en la elección del 2006”, explicó Ross Pineda, quien lideró el movimiento en Estados Unidos.
Son distintos los estados en los que han existido iniciativas de Ley para ejercer el voto mexicano en el extranjero, pero no han prosperado, afirmó.
“Entre ellos Nuevo León, que se han intentado y no se ha logrado”, recordó.
Participar en las elecciones desde el extranjero es tan complicado para los connacionales, que desalientan el voto y promueven el abstencionismo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F: El excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo declaró que el exintegrante del Concejo de Autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles tenía la intención de tomar el control de todo el país y posteriormente de América Latina.
Castillo insinuó que Mireles quedó trastornado: “No sé si le afectó el accidente”. Refirió que el también exvocero del Concejo de Autodefensas de Michoacán comenzó a actuar por su cuenta, sin consultar a las autoridades.
En enero del año pasado, Mireles sufrió un accidente aéreo cuando viajaba al municipio de Zicuirán; posteriormente fue atendido por un traumatismo craneoencefálico. Actualmente está confinado en el penal de Tepic, Nayarit.
En entrevista con MVS Noticias, Castillo descartó que tenga intenciones de convertirse en Fiscal de la República, pero añadió que “haré lo que el presidente de la República disponga”.
Sin embargo, Castillo dijo que preferiría tomar un descanso, pues tiene una hija de un año con dos meses a quien “quiero cargar y no me conoce, quisiera recuperar el tiempo perdido”.
Castillo defendió su gestión durante el año que fungió como comisionado especial: “Yo veo un Michoacán totalmente distinto, depende del cristal con que se mire”.
Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que tomó la determinación de separar a Castillo de su cargo. Argumentó que la oposición había pedido la destitución del funcionario para no afectar el próximo proceso electoral.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, declaró en la averiguación previa PGR/UEIDCS/871/2014 que el exsecretario de seguridad pública de Iguala Felipe Flores Velázquez, y el subdirector de policía del ayuntamiento de Cocula César Nava González le entregaron a los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Según dicho expediente, la noche del pasado 26 de septiembre los jefes policíacos entregaron a 40 jóvenes con la cabeza rapada y a tres más con el cabello largo; todos tenían las manos amarradas.
Antes de ser entregados al grupo criminal en el sitio conocido como Loma del Coyote, los estudiantes permanecieron varias horas sometidos por policías de Iguala y Cocula.
Este viernes el periódico La Jornada publica las declaraciones de El Cepillo, quien relató: “Me dijeron que un grupo de muchachos estaban atacando Iguala, que pretendían quedarse con la plaza y que me iban a entregar tres ‘paquetes’ (sicarios) de un grupo contrario (de Los Rojos), y me entregaron más”.
La orden de los superiores de El Cepillo fue “desaparecer” a los estudiantes. El sicario entrevistó por separado a tres normalistas que supuestamente le declararon pertenecer a una banda rival. Según la declaración, todos ellos le dijeron a Rodríguez Salgado que estaban inscritos en la citada escuela rural.
Cita el diario:
“Las investigaciones de la PGR que se presentaron ante los jueces contienen la declaración de El Cepillo y los testimonios de Jonathan Orozco y Agustín García Reyes para acreditar que el primero fue quien presuntamente dirigió el homicidio de los jóvenes; que dio la orden –por indicaciones de Sidronio Casarrubias y Gildardo López– para que incineraran los cuerpos y luego tiraran al río San Juan los restos. Las acusaciones en contra de los 99 detenidos en este caso constan de 83 tomos y más de 400 peritajes”.
El Cepillo está preso el Centro Federal e Readaptación Social Número 1, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el convulsionado estado de Michoacán, donde 54.4% de la población vive en condición de pobreza, las mujeres ya pueden interrumpir su embarazo cuando su estatus económico les impida ser madres.
El nuevo Código Penal del estado –en vigor desde el 17 de diciembre de 2014– establece como excluyente de la penalidad por aborto que la mujer tenga una “precaria situación económica”.
Según el artículo 146 del Código publicado en el Periódico Oficial del estado, la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye “dentro de las primeras 12 semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida, o precaria situación económica”.
Tal artículo también establece como causales legales del aborto las malformaciones graves en el feto, peligro de afectación grave a la salud de la mujer, y cuando la interrupción del embarazo “sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012 un 54.4% del total de la población en Michoacán (2 millones 447 mil personas) se encontraba en pobreza: 39.9% presentaba pobreza “moderada” y 14.4% pobreza extrema.
En ese mismo año, 35.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) eran mujeres, y 64.3% hombres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su más reciente informe, “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: una nueva metodología”, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó que el desarrollo de las michoacanas es desigual entre los municipios y se encuentra por debajo de la media nacional.
De acuerdo con el análisis del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano en Michoacán –que sintetiza aspectos sociales y económicos básicos para el desarrollo mediante indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos– osciló entre 0.704 y 0.753, lo que se encuentra por debajo del nivel nacional y se traduce en que las mujeres no cuentan con ingresos suficientes, acceso a servicios de salud y están rezagadas en cuanto al acceso a la educación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, consideró que la salida de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad en Michoacán significará el inicio de una nueva etapa de desarrollo integral en la entidad.
De acuerdo con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), esa salida contribuirá a generar confianza y certidumbre para el proceso electoral 2015 en el estado.
En un comunicado, el líder nacional panista sostuvo que la salida de Castillo Cervantes era una demanda de diversas fuerzas políticas, y al concretarse se abre una oportunidad para reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán.
Respecto el nombramiento del general Felipe Gurrola Ramírez como mando especial de seguridad para la entidad, señaló que debe concretar el mando unificado de las policías.
Además, tendrá que continuar con la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad para lograr abatir la impunidad, y también entre sus tareas estará mejorar la procuración de justicia, evitando cualquier violación a los derechos humanos, enfatizó.
Madero Muñoz opinó que el éxito del trabajo de Gurrola Ramírez dependerá de la forma en que se concentre en recuperar la tranquilidad y seguridad de los michoacanos y de las zonas más riesgosas.
El dirigente del partido blanquiazul pidió al nuevo funcionario que garantice la seguridad para los candidatos y ciudadanos en la próxima elección, para lo cual deberá trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1227123.
El nuevo escándalo por la aparición de una casa que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un contratista de sus gobiernos, tanto en el Estado de México como en la administración federal, revelado por el diario The Wall Street Journal (WSJ), despertó el debate sobre la necesidad de crear en el país un sistema anticorrupción eficiente, así como de contar con declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos más explícitas y que no dejen lugar a dudas sobre el origen de sus bienes, demandaron representantes de partidos de oposición y de organizaciones civiles.
El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.
Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a designar un Fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente, de los secretarios de Estado, personal de la Presidencia de la República y determine si existe conflicto de interés.
Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, dijo que el partido solicitó un Comisionado Especial con independencia y probada solvencia moral para investigar la responsabilidad y el posible conflicto de intereses y actos de corrupción en los que podrían estar involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.
El legislador expuso que esta es una cuestión muy delicada porque, dijo, no acabamos de salir del escándalo de la “casa blanca” y ahora tenemos esto. “Esto lo que nos da a entender y se presume es que hay un conflicto de interés y actos de corrupción”, comentó.
“Esta revelación da cuenta de un verdadero desorden, falta de seriedad y por su puesto de actos de corrupción, ¿por qué? Porque esta empresa WSJ [SIC] propiedad de un accionista en el Estado de México tuvo contratos por más de 100 millones de dólares y ahora nuevamente esta empresa junto con la constructora y urbanizadora Ixtapan cuenta con 11 nuevos contratos del Gobierno federal”.
“Es muy lamentable y es preocupante el hecho de que México esté trascendiendo negativamente en todo el mundo, estos casos de corrupción es evidente que dañan la imagen, las instituciones y la credibilidad del Ejecutivo federal y todo su gabinete”, refirió el líder panista.
“No son filtraciones, son investigaciones que han llevado incluso los medios de comunicación, por lo tanto son legítimas”, indicó.
Carlos Navarrete Ruíz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó que la Presidencia de la República ofrezca una “puntual explicación” acerca de las nuevas revelaciones del diario The Wall Street Journal.
“Sigue la casa dando, o la mata dando. La Presidencia de la República deberá aclarar todos y cada uno de los elementos informativos que están saliendo”, dijo el dirigente.
Alejandro Sánchez Camacho, Diputado federal del PRD, calificó como una “catástrofe” que la autoridad “moral y política de Peña Nieto”, esté involucrado en el escándalo no sólo de la casa de Ixtapan de la Sal, sino de su esposa Angélica Rivera.
“Lo más sano para la sociedad en general, es que el Presidente de la República, a reserva de ver el marco legal, se retire de su cargo para que se aclaren e investiguen, no sólo esta residencia, sino todas sus demás propiedades”, dijo.
“La principal manera en la que este gobierno recuperará su legitimidad es aprobando leyes que permitan prevenir la corrupción y castigar a los corruptos, sobre todo en lo referente al conflicto de interés”, dijo a SinEmbargo Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿cómo vamos?, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), opinó que el caso de la propiedad de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, es “más de lo mismo”.
“Les duele mucho que salga en el Wall Street Journal, pero es más de lo mismo. No se termina de poner en orden en transparencia esto de las casas, quedan dudas, no se entiende el favoritismo sin un conflicto de intereses. Tienen que trasparentar y hacer algo para dejar esto claro, porque es mucho escándalo para un país tan pobre”, indicó.
El activista lamentó que la corrupción en México se alimente de la impunidad en todos los ordenes de gobierno.
“Mientras no se ataque la impunidad y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, no va a pasar nada. Es muy desesperante que salga toda esta información y no pase nada. En México el más corrupto es el poder Judicial, porque está dedicado al negocio de la impunidad, el que paga más lana, más impune”, subrayó.
“Es del dominio público que la mayoría de los diputados y senadores de este país tienen cola que les pisen. Ellos no se van auditar, no se van a echar la soga al cuello, pero quien podría meter orden es el Poder Judicial, pero no lo hace”, agregó.
Otro activista, Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, indicó que el tema de la casa de Enrique Peña Nieto se debe explicar, esclarecer y si hay un caso de corrupción, castigar.
“Vemos una sombra de corrupción, de conflictos de intereses, que poco ayudan a la situación en la que se encuentra el país”, manifestó.
“Al final son temas que hay que explicar y esclarecer, vemos una sombra de corrupción, de conflicto de intereses, que poco ayuda a la situación que se encubierta el país. Vemos estos conflictos donde se favorecen los negocios, el compadrazgo, generando estas situaciones que nos dejan dudas”, dijo.
Para Rodolfo Domínguez, el caso de la propiedad de Peña Nieto debe ser investigada, y no quedar en un escándalo mediático como ocurrió con la “Casa Blanca” de Angélica Rivera.
“Al final nunca pasa nada. En otras países, situaciones como esta costaría la renuncia de los funcionarios. Aquí sólo se queda en la bomba mediática y sirve para distraer de otros temas como Ayotzinapa, la inseguridad, la violencia, que no se esclarecen”, indicó.
LA PROPUESTA DE EPN
El 1 de septiembre de 2012, en su primer discurso como Presidente electo, Peña Nieto ofreció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, en la que sus comisionados fueran aprobados por el Senado de la República y tuvieran un canal de comunicación “directo y expedito con la ciudadanía”.
Esa promesa la refrendó en octubre de 2012, durante una gira por España. En esa ocasión destacó que uno de los objetivos de la Comisión sería fincar su gobierno en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad para “construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente”.
Un mes después, el 15 de noviembre de ese mismo año, los senadores Lizbeth Hernández y Pablo Escudero, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente, presentaron la iniciativa que contempla la creación de la citada comisión, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.
La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia, y que realice su trabajo de forma profesional e imparcial.
También que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos.
No obstante, contempla que “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.
La iniciativa, modifica los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, para su dictaminación. Hasta ahora, más de dos años después, no ha visto la luz, a pesar de que la demanda para la creación de esta comisión crece en la medida que aumentan los casos de corrupción y conflicto de interés en la actual administración.
LAS CASAS DE LA POLÉMICA
The Wall Street Journal reveló el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.
El hijo del empresario, según consta en una fotografía publicada por la revista Quién, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, fallecida el 11 de enero de 2007.
El diario publicó que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.
Desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, según el periódico estadounidense especializado en información financiera, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados del país, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.
El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.
Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 38 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.
Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó el funcionario.
Posteriormente, en un comunicado emitido por la madrugada, la Presidencia refrendó lo dicho por su vocero.
Indicó que “las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal”.
“La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”, indicó Presidencia.
Dijo que “al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.
Y finalizó: “Consistente con el punto anterior, a manera de contexto, tan sólo la SCT durante esta administración ha otorgado 6 mil 534 contratos a más de 4 mil empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”, concluye el comunicado de Los Pinos.
Posteriormente, Eduardo Sánchez dijo en entrevista radiofónica que no existe otra propiedad del Jefe del Ejecutivo federal que no esté registrada en su declaración patrimonial. ”Lo digo rotundamente y claramente, no hay otra propiedad que no esté incluida en su declaración patrimonial como es este caso, desde hace casi 10 años”, comentó.
Este no es el primer caso que involucra a miembros del gabinete con la posesión poco transparente de propiedades.
El 9 de noviembre, una investigación periodística reveló que una residencia habitada por la familia presidencial, ubicada en Sierra Gorda número 150 en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, no estaba registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de su esposa Angélica Rivera Hurtado ni al de sus hijos.
La casa, valuada en más de 86 millones de pesos, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, otro de los contratistas del gobierno de Peña Nieto como mandatario del Estado de México y como Presidente.
Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, fue el consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que fue revocado la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, ante las suspicacias que despertó la misma, según la explicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La investigación comprueba que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguarda la casa de Sierra Gorda 150, y que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.
La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio, la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa ha sido modificada en esta área.
Posteriormente, el Presidente aseguró que la residencia había sido entregada por la empresa Televisa a su esposa, en reconocimiento a los años que trabajó como actriz para esta televisora.
A través de un video, Rivera Hurtado explicó que “aun sin ser servidora pública me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación”.
Aseguró que tiene la capacidad económica para costearse esta casa que fue fruto de un contrato de exclusividad con Televisa.
Rivera expresó que trabajó 25 años con la empresa Televisa y que entre otras cosas realizó telenovelas, que no sólo fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo, con una alta audiencia. Destacó que con esta empresa celebró distintos contratos a lo largo de su carrera. Angélica Rivera reveló que la última renovación de estos contratos fue en el año 2004 y que en su caso, en cada renovación los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de su trabajo.
La primera dama contó que fue en el año 2008 cuando Televisa, en el marco de su contrato, le otorgó el uso de la casa y comenzó a vivir en ella ese mismo año.
Dicho contrato se finalizó de mutuo acuerdo el 15 junio de 2010 con la condición de que la actriz no trabajara con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años y la empresa le pagó la polémica propiedad, ya que era su lugar de residencia, por un monto total de 88 millones 631 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Aclaró que ese año en su declaración fiscal, demostró ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131 millones 690 mil pesos y pagó por impuestos en ese año la cantidad de 39 millones 278 mil pesos.
Días después, el mismo vocero de la Presidencia admitió que durante su campaña, Peña Nieto había utilizado otra casa de Grupo Higa, propiedad, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, incluso muy cercana a la llamada “casa blanca”.
El escándalo por las casas de Grupo Higa alcanzó también al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, luego de que el mismo WSJ revelara en diciembre pasado que el funcionario había comprado una propiedad en Malinalco, Estado de México, a Juan Armando Hinojosa en octubre de 2012, por un valor superior a los 7 millones de pesos.
El funcionario liquidó la hipoteca de la casa en sólo dos años y negó cualquier conflicto de interés, pues argumentó que la había adquirido cuando no tenía cargo público alguno.
“Para la adquisición del inmueble obtuve un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, expresó e inmediatamente aclaró que no se trataba de un conflicto de interés y que no abandonaría su cargo a raíz del escándalo.
GRUPO HIGA
El 3 de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el ganador de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro era el consorcio conformado por China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA –una de las filiales de Grupo Higa–, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana, el único que postuló una propuesta económica de 50 mil 820 millones de pesos, incluso 21 por ciento más cara de lo presupuestado por el propio gobierno federal.
Sin embargo, el 6 de noviembre, la propia Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación. El Secretario Ruiz Esparza explicó que el principal interés del gobierno federal era que no existieran cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco hubiera dudas sobre la claridad del proceso. Expertos del sector relacionaron la cancelación con la participación de Higa.
Grupo Higa suma al menos 30 contratos otorgados por organismos federales durante los primeros 25 meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Con excepción de la licitación del tren rápido México-Quéretaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado.
QUE SE INVESTIGUE, PERO A LOS FILTRADORES
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Congreso nombre a un Fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto y su gabinete, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.
“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.
“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó.
“Porque yo esperaría que con la aclaración que se haga al respecto, con la información que se dé el tema quede claro. Pero creo que hay que prender el foco rojo, algo está pasando ahí”, agregó.
Ante estas declaraciones, su compañero de bancada, Sánchez Camacho, opinó que el legislador se pone “un saco ajeno”.
“¿Cómo Silvano se pone un saco ajeno? Esto va más allá de dónde sale la información, la prioridad es que se investigue y se aplique la Ley”, aseguró.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Shaila Rosagel, David Martínez y Juliana Fregoso.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1225851.
MÉXICO, D.F: El concepto “conflicto de interés” se ha vuelto común en estos años, pero es más conocido el término que su significado, su origen, su regulación y sus alcances. Es como una marca comercial que se recuerda por su uso intensivo en los medios, pero del que no sabe bien a bien de qué se trata. Por eso es conveniente repasar algunas reflexiones sobre este fenómeno en la vida pública que lacera la vida democrática. Veamos.
Primero. De entrada, no hay una definición unívoca de lo que es “conflicto de interés”. Esto pasa porque una definición estricta limitaría las posibilidades de que una conducta pueda calificarse o no de esa forma. Se puede afirmar, empero, que dicho concepto surge cuando un gobernante, elegido o no, antepone su interés personal sobre el interés general para el que fue designado, siendo distintos uno del otro, de ahí el conflicto. Como puede verse, esta amplia definición incluye múltiples conductas que rebasan la posibilidad de enumerar un listado limitativo.
Así, por ejemplo, si se aprueba una ley penal sobre conflicto de interés, la cual por su naturaleza debe crear tipos penales o conductas que exactamente embonen en ese supuesto, tal decisión dejaría fuera muchas conductas posibles que pueden ser vistas por la sociedad como conflictos de interés. Algunos creen que el problema tendería a desaparecer teniendo leyes robustas de transparencia, de anticorrupción y de rendición de cuentas. Dichas medidas podrían ayudar, pero no bastan para sancionar todos los casos posibles de conflictos de interés que puede haber y que en México existen de manera reiterada, en todos los poderes y organismos constitucionales autónomos.
Hay algunos casos extremos que trascienden a la opinión pública, pero muchos otros, la mayoría de ellos, se esconden de la mirada de la sociedad. En las democracias el conflicto de interés es combatido bajo una sofisticada regulación acompañada de autorregulación, como los códigos de ética o de conducta de los servidores públicos que, de manera casuística, pueden reprobar actos como: a) Compartir información privilegiada para tener una ganancia personal, b) Formar parte de sociedades anónimas sin aparecer en los Registros Públicos de Propiedad, pero estar en el archivo de notarías para hacer efectiva su participación accionaria, entre muchas otras innumerables conductas.
Segundo. El conflicto de interés es una institución relativamente nueva si se le compara con las normas de acceso a la información que provienen del siglo XVIII en Suecia. Todavía entonces, por ejemplo, en Inglaterra era tolerable y aceptado que un gobernante pudiera combinar en el ejercicio público su atención al cuidado tanto del interés público como del suyo propio a pesar de ser distintos. Paradójicamente, en China, como una excepción a la regla, ya en el siglo XVIII se entendía que los gobernantes y servidores públicos debían sólo atender el interés público; ello fue por razones autoritarias de obedecer únicamente al gobernante.
El conflicto de interés por motivos vinculados a la relación mandante-mandatario propio de las sociedades democráticas nace en el siglo XIX en Inglaterra, y a principios del siglo XX adquiere carta de naturalización en las sociedades democráticas, bajo nuevos argumentos que justifican la existencia de esta figura ético-jurídica.
Hoy, en pleno siglo XXI, en México la compra de una casa a un proveedor por la esposa del presidente de la República es un clarísimo conflicto de interés. Lo es también la adquisición de un bien inmueble por el secretario de Hacienda de un futuro proveedor gubernamental o el uso de un vehículo blindado por parte del delegado de Iztapalapa que es propiedad también de un proveedor delegacional. Se trata, en la experiencia de los casos de conflictos de interés, de las conductas más burdas y obvias.
Si es así, ¿por qué no ha pasado nada?
Por cinco razones: a) Porque no hay una autorregulación regulada sobre conflicto de interés; b) Porque no hay códigos de conducta del servicio público, salvo excepciones; c) Porque las escasas vías ético-legales existentes no se cumplen; d) Porque no existe un espíritu de honorabilidad en casi todos los servidores públicos, y e) Porque la sociedad mexicana tiene todavía un amplio margen de tolerancia a esas conductas, que permite, a fin de cuentas, que las otras cuatro primeras carencias persistan.
Tercero. En este contexto, pareciera que el conflicto de interés no tuviera remedio en México. Sí lo hay, pero se requieren distintas acciones para que esta forma de corrupción pueda ser combatida o al menos reducida al mínimo posible. Para ello se necesita: a) La adopción de reglas de percepción rígidas en la opinión pública para generar intolerancia a los casos de conflictos de interés; b) La aprobación de normas legales y éticas administrativas y, eventualmente, penales, que sancionen el conflicto de interés; c) La adopción de declaraciones de interés por parte de los servidores públicos debidamente investigadas y revisadas por órganos independientes; y d) Complementariamente, la creación de normas de transparencia efectivas que permitan el escrutinio público de los documentos (no sólo de papel sino en cualquier formato) en posesión del aparato del Estado.
Estas tareas no son fáciles, pero tampoco imposibles. En este camino el reaprendizaje social que no viene en los libros de texto ni en los manuales de las escuelas normales resulta imprescindible. Hoy, en la lógica del mundo al revés, la educación y sus libros de texto preparan niños para servir al statu quo, reproducir las conductas existentes y crecer sin referentes para comparar lo que existe en México de lo que debería existir en materia de integridad pública.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS)
Según el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, en el año que lleva en el cargo –como “virrey”, señalan algunos– la violencia bajó a niveles tolerables. Pero la senadora panista Luisa María Calderón señala que el enviado del presidente Peña Nieto es un factor de desorden en la entidad y nadie le cree. Y el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, lo acusa de pactar con el crimen organizado para afianzar su poder. Para colmo, dice, las próximas elecciones se realizarán bajo su control.
MÉXICO, D.F: “Michoacán es un desorden”, repite la senadora Luisa María Calderón Hinojosa después de escuchar a Alfredo Castillo, quien a un año de ser nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, afirma que la entidad ya no tiene problemas de inseguridad, ya no se cometen extorsiones y la gente puede salir a la calle, sin temor, a cualquier hora.
El martes 13, Castillo compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en medio de críticas de los legisladores a su trabajo. Incluso lo llamaron “virrey”, cuestionando el acuerdo presidencial por el que se creó la comisión que encabeza, con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones se erogaron en “servicios personales” y el resto, más de 28 millones, en “gastos de operación”.
Durante más de tres horas el comisionado argumentó que, a un año de su llegada, Michoacán ya no sufre por culpa del crimen organizado, los enfrentamientos son por divisiones entre los líderes de las fuerzas rurales y la violencia ha disminuido a niveles tolerables.
Para apuntalar esto, dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad se ubica en el lugar 25 de 32, y las denuncias de secuestro, que en 2013 fueron 194, descendieron a 13 el año pasado.
Y aventuró: “No podemos hablar, hoy por hoy, de que exista un estado fallido, cuando a diferencia, y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”.
El comisionado rechazó los señalamientos de que permitió a integrantes del crimen organizado integrarse a la Fuerza Rural, pues “para eso habría que hacer señalamientos de averiguaciones previas que están en la SEIDO”.
El enviado del presidente Enrique Peña Nieto acusó al gobierno anterior, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, de haber dado por muerto a Nazario Moreno, El Chayo, en 2011, cuando en realidad vivió hasta 2014, y entre tanto se fortaleció la organización delictiva Los Caballeros Templarios.
Encarando a los legisladores del PAN, el comisionado insistió: “El gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y que, la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”. La legisladora señalada es Luisa María Calderón, precandidata panista a la gubernatura michoacana y hermana del expresidente Felipe Calderón.
Sin embargo, Michoacán no se atiene al guión de Castillo. El mismo día de la comparecencia, el empresario minero Sergio Corona Barragán y el excomandante de la policía municipal Romeo Luna Málaga fueron ejecutados en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Según el secretario de la Cámara Nacional de Comercio en el estado, Gonzalo Zaragoza Méndez, más de mil 400 comercios han cerrado desde 2014. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ese fue el año más violento de la historia en la entidad, con 2 mil 638 homicidios, mil 52 de ellos dolosos. Así, Michoacán ascendió del cuarto al segundo lugar de violencia.
Y a pesar del optimismo de Castillo, la entidad que fue a rescatar es una de las 10 con los mayores registros de secuestros (121) y extorsiones (275).
Comisionado sin credibilidad
Al terminar la comparecencia de Alfredo Castillo ante la Comisión Permanente aquel martes 13, la senadora Calderón estaba molesta por la alusión del comisionado, la cual podría interpretarse en el sentido de que ella sabía que el capo Nazario Moreno no murió en 2011, como afirmaba Felipe Calderón.
Y aunque no se le dio la oportunidad de responder al funcionario federal en la comparecencia, porque no forma parte de la Comisión Permanente, en una entrevista posterior la senadora califica de irresponsables las afirmaciones del enviado presidencial:
“Así es, desordenado. Hay una falta de credibilidad por todo el desorden que hay ahí. Siempre he dicho que el desorden no se puede arreglar con desorden, hay que poner orden, claridad. Lo que hay en Michoacán es desorden.”
Ella esperaba que Castillo presentara un informe real sobre la situación en Michoacán e informara si se reorganizó un grupo delictivo o si los cárteles protagonizaron los enfrentamientos recientes. Pero no fue así, por eso cuestiona las medidas que implantó el enviado federal:
“Tenemos un problema grave de credibilidad. Yo digo que el desorden no se puede organizar con desorden: legitimar a un grupo de ciudadanos que se levantaron para defender su vida y luego pedir que cuiden de la delincuencia organizada, así no es. ¿En qué cabeza cabe, con qué fundamento legal lo hizo? El Ejército tiene una figura que se llama Guardias Rurales, ¿por qué no incorporó a esos ciudadanos en esa figura constitucional y que fueran coadyuvantes, como lo son las policías rurales? Si ya está esa figura, ¿por qué no usarla y meter orden?
“Si se legitima que tengan armas y sólo dicen que no las traigan en las calles, eso es violar la Ley de Armas de Fuego. Si se entiende que por allá la gente tiene muchas armas, pues que se hable.”
–¿Que salga Castillo? –se le plantea.
–Entendemos que es un problema de largo aliento, la delincuencia organizada tiene 50 años. No hay varita mágica, pero no se entiende que quieran que lo resuelvan las fuerzas rurales que fueron enlistadas en desorden. Hay gente que estaba en la delincuencia organizada y dijo: yo también voy a entrar. El tema es que con desorden no se pueden hacer las cosas.
Aclara que no se trata de dar plazos sino de ser escuchados, de que haya claridad en la situación de Michoacán porque en la comparecencia no quedó claro si hay o no delincuencia organizada, si la fuerza rural va a ser legalizada y, sobre todo, quién manda.
Por ejemplo, pone en duda la versión de Castillo sobre la muerte de 13 civiles en Apatzingán la noche del 6 de enero, cuando un grupo ocupó la presidencia municipal exigiendo que se aclarara la muerte del hijo de Hipólito Mora semanas antes, en el enfrentamiento con las fuerzas del Americano en la comunidad de La Ruana.
Según el comisionado, la meta del operativo de la noche de Reyes no fue desalojar la presidencia municipal, sino detener a personas armadas y en posesión de autos robados. No obstante, vecinos y familiares de los fallecidos afirmaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Según ellos, las víctimas estaban desarmadas y sólo querían la libertad de amigos y familiares detenidos por militares.
“Nos preocupa que nadie cree en nadie, si fue o no alteración de la escena, si fue o no lo que ocurrió. La gente ahí dice que la fuerza federal llevaba detenidas a algunas gentes y los que estaban ahí fueron a rescatar a los suyos. Dicen que uno de ellos, llamado Miguel, se rindió, abrazó a su familia y ahí lo mataron”, apunta Calderón.
“Crimen institucionalizado”
Guillermo Valencia, expresidente del municipio de Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente, tampoco le cree a Castillo:
“Tengo mis dudas sobre lo que ha estado detrás de las últimas emboscadas, como en Aquila o Uruapan. Más que rivalidades entre grupos criminales, parece que se están incubando conflictos y que éstos vienen de personas vinculadas a la autoridad, en este caso con Castillo.”
Y como lo ha hecho en otras ocasiones, denuncia que el enviado de Peña Nieto pactó con la organización criminal encabezada por Juan José Farías, El Abuelo, con quien Castillo se reunió en Tepalcatepec a principios de 2014.
“El panorama en Michoacán está muy desdibujado porque antes teníamos muy claro quiénes eran los malos y los buenos; ahora no, todo es una confusión. La muestra es lo de Apatzingán, con Los Viagras que pactaron con el comisionado y los utilizó. Lo que está haciendo Castillo es limpiarle la plaza al cártel del Abuelo Farías, quien pactó con La Tuta haciendo negocios desde antes que nacieran las autodefensas”, acusa.
Según el exalcalde, destituido por el Congreso michoacano alegando que no había condiciones de seguridad en 2013, quien gana con este año de la gestión de Castillo es Servando Gómez, La Tuta.
Por eso considera que el comisionado “es el caballo de Troya de un nuevo cártel delictivo, porque desde adentro operó para la destrucción del cártel de Los Caballeros Templarios, haciendo una alianza con el Abuelo Farías. Por eso no agarraron a La Tuta; las autodefensas nunca atacaron su región y los que operan ahí son gentes allegadas. La Tuta goza de la protección de las autoridades, pues no se entiende que a un año de que llegó el comisionado aún no lo haya detenido: es la cereza del pastel”.
Recientemente Valencia ha querido regresar a Tepalcatepec para acabar su administración. Por lo que ha visto, rechaza que el problema en Michoacán ya no sea de seguridad sino de “conflictividad social”, como dice el comisionado:
“No se le cree. Ha engañado, ha distorsionado la realidad social. A pesar de que mucha gente confió en Alfredo Castillo, la ha traicionado, como al doctor Manuel Mireles e Hipólito Mora. Ahora están Los Viagras, que no sé si son un grupo de criminales porque no soy autoridad para decirlo, pero con ellos pacto, los empoderó y armó, les permitió actuar con impunidad, y cuando se le salieron del huacal los traicionó y los masacró.”
Para el exalcalde, “eso fue lo que pasó en Apatzingán: no fue producto de una circunstancia o un hecho que se suscitara por una confusión, accidente o emboscada. Fue una trampa, y con ella Castillo buscó demostrar que tiene el poder y que todo el que se salga del huacal tendrá las mismas consecuencias”.
–Pero Castillo dice que en Michoacán el problema no es de seguridad, incluso dio datos del Inegi de que el secuestro bajó, que ya no hay pago de derecho de piso ni extorsiones.
–El propio SNSP lo desmiente. El Inegi no veo que venga a hacer encuestas y sus datos son a través del Censo de Población y Vivienda de cada 10 años. Lo que veo en la realidad es que están cobrando cuotas a los transportistas, taxistas y comercios. Sigue el secuestro y no se denuncia porque la gente no confía en las autoridades. Es un desorden, rebasamos el récord histórico en homicidios dolosos. Así que no sé dónde saca las estadísticas el comisionado… es con base en ocurrencias y algunos medios que confían en la autoridad, pero basta profundizar e investigar para darse cuenta que son datos falsos.
Valencia sostiene que Michoacán sufre una crisis de seguridad como nunca antes en la historia: “El problema es que antes extorsionaban, secuestraban o asesinaban los criminales, pero ahora lo hace la autoridad porque los personajes oscuros que llegaron con el comisionado Castillo desde el Estado de México y de otros lugares son los que extorsionan. Entonces sólo les quitaron el trabajo a los criminales para tomarlo ellos”.
A principios de abril arrancarán las elecciones para renovar la gubernatura, las 113 presidencias municipales y el Congreso de Michoacán. Para el expresidente de Tepalcatepec, las elecciones serán difíciles por la situación de la entidad, pero el principal beneficiado será el comisionado federal:
“Alfredo Castillo será el gran elector, va a poner al candidato y al gobernador porque tiene los recursos y las instituciones a su favor. A la mejor en Morelia no se resentirá pero en las comunidades rurales y en las poblaciones más pequeñas sí, porque ahora sufrirán al crimen institucionalizado.”
Enfatiza que ese gran elector incluso va a poner a los candidatos:
“No va a importar si eres narcotraficante, secuestrador o asesino; mientras no aparezcas en un video con La Tuta, podrás conseguir cualquier puesto. Hay muchos políticos que están en videos, que tenían contacto con Los Caballeros Templarios y les debían sus puestos, y ahora al tener Castillo los videos y las fotografías que los comprometen, los tiene en sus manos.
“Esa es la forma en que se va a perpetuar en el poder porque los va a impulsar a tener cargos de elección y va a seguir manipulándolos como ahora”, concluye Valencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (REPORTAJE ESPECIAL)
