La representación en México de la organización internacional indicó que investigan las denuncias de tortura de policías y supuestos criminales, ya que las autoridades han basado en testimonios los avances de la investigación.
Al menos tres personas, de los 98 detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, han denunciado que fueron víctimas de tortura, aseguran integrantes la organización Amnistía Internacional (AI).
Se trata “tanto de policías municipales y personas vinculadas a la delincuencia organizada”, cuyos familiares se acercaron a AI para denunciarlo, dice en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización no gubernamental.
“Tenemos conocimiento de tres casos, pero eso no implica que sean los únicos. Sabemos que hay un grupo de padres de familia de los detenidos que están organizándose, que están intentando salir a la luz pública (pero) esperaremos sus tiempos”.
Afirma que el equipo de AI aún se encuentra en el proceso de documentación de los casos, toda vez que se trata de una “una alegación seria” en medio de un contexto en el que tortura es una práctica “sistemática” en México.
La denuncia cobra relevancia ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha basado el avance de las investigaciones en las declaraciones de los detenidos.
El 7 de noviembre pasado, el procurador Jesús Murillo Karam informó que tres integrantes del cártel Guerreros Unidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y posteriormente calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, aunque hasta el momento no hay resultados científicos contundentes que confirmen los dichos.
Hace dos meses, las autoridades mexicanas enviaron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, 16 restos humanos calcinados que fueron hallados en el río Cocula, los cuales presuntamente pertenecen a los normalistas que fueron atacados en un primer momento por policías municipales en Iguala, un municipio cercano, el 26 de septiembre pasado. En un informe presentado esta semana, los expertos dijeron que fue imposible identificar el perfil genético de los restos. Sin embargo, en diciembre dijeron que sí lograron identificar al estudiante Alexander Mora Venancio.
Aunque se pregunta a Quiroz si los denunciantes fueron torturados para conseguir alguna declaración, asegura que aún se encuentran en el proceso de investigación.
“No tenemos conocimiento de todo, pero cuando el procurador da esa conferencia de prensa y muestra a los jóvenes detenidos, varios de ellos claramente aparecen golpeados. No estamos diciendo que ellos sean porque no hemos tenido conocimiento, pero se levantan todas estas dudas en un contexto donde la tortura es usada sistemáticamente”.
Érika Guevara, directora de regional para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que ante esta sospecha, la PGR “tiene la responsabilidad de iniciar una línea de investigación seria frente a alegaciones de tortura como uno de los delitos y crímenes internacionales en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con cifras de las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 casos de maltrato. En tanto, la PGR, abrió 58 averiguaciones previas entre 2008 y 2011 por este delito, pero solo cuatro resultaron en acusaciones directas y no hubo ninguna en sentencia, revela el informe de AI.
Cuando se investiga un probable caso de tortura, se aplica el Protocolo de Estambul, un mecanismo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y mediante el cual se documentan los tratos recibidos y se entrega un reporte a las autoridades.
El Ejército debe ser investigado
En conferencia de prensa, los representantes de Amnistía Internacional pidieron que la PGR inicie una línea de investigación sobre la probable participación de elementos del Ejército en los ataques a los jóvenes normalistas el 26 y 27 de septiembre pasado.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, dijo Érika Guevara.
Esto porque a casi cuatro meses de los hechos, las investigaciones encabezadas por la PGR han sido “limitadas e insuficientes” para conocer con el paradero de los jóvenes, mientras que las detenciones de los que se cree como autores materiales han obedecido por los delitos de delincuencia organizada y no por lo ocurrido en Iguala.
Incluso, Perseo Quiroz advierte que parecería que existe un intento de deslegitimar la demanda de los padres de las víctimas, al hacerlos parecer como “intransigentes”, luego de la exigencia por revisar los cuarteles militares.
Ambos integrantes de AI explicaron que los jóvenes que sobrevivieron al ataque han denunciado que elementos del Ejército les negaron el auxilio a los heridos, los insultaron e ignoraron la denuncia sobre el ataque que habían recibido por parte de policías locales la noche del 26 de septiembre.
Guevara aseguró que la denuncia debe tomarse en cuenta, pues “no sería un caso aislado, existe un patrón que va desde la tortura hasta la desaparición forzada” por parte de autoridades del Estado.
México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado”, asegura Guevara; prueba de ello es que hay más de 23 mil desaparecidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
"¿Por qué no actuaron con firmeza ante las evidencias y las denuncias sobre el asesinato de al menos 4 militantes del PRD a manos del ex presidente municipal de Iguala?", es una de las preguntas del senador.
El senador Alejandro Encinas renunció el jueves 22 al PRD, partido al que le lanzó 3 preguntas:
“Es necesario formular algunas preguntas a los dirigentes del PRD.
¿Por qué no han exigido la renuncia y los deslindes de las responsabilidades de los ediles, a quienes la Procuraduría acusa de estar involucrados en el crimen organizado en Guerrero y otros estados del país?
¿Por qué no informan de las relaciones y mecanismos a través de los cuales estos delincuentes accedieron a sus candidaturas?
Y que nos digan: ¿por qué no actuaron con firmeza ante las evidencias y las denuncias sobre el asesinato de al menos 4 militantes del PRD a manos del ex presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca) al que pretendían convertir en diputado federal?”.
Encinas dijo ayer que no puede continuar en un partido en el que sus dirigentes guardan silencio sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, pese a que se trata de un municipio y un estado gobernado por el PRD.
“Me voy sin rencor, asumiendo las responsabilidades políticas que me corresponden en este cuarto de siglo. En el PRD dejo compañeras y compañeros entrañables, quienes están convencidos de que pueden rescatar al partido de su marasmo. Yo hice más de un intento”, aseguró Encinas, frente al ex perredista y fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas; u otros fundadores como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, todos invitados a su segundo informe como senador de la República, escenario que aprovechó para renunciar al partido -donde mantenía profundas diferencias-, que también ayudó a fundar en 1989.
Otros personajes que lo acompañaron: Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Armando Ríos Piter y Javier Garza.
Encinas agregó que “no se trata de renunciar a un partido para sumarme a otro con el que tengo identidad. La situación actual exige hacer un replanteamiento general de nuestras ideas, propuestas y formas de organización y de vinculación con la sociedad. A ello dedicaré mi mayor esfuerzo”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Ejército Mexicano puede mandar un mensaje de "apertura y de transparencia", si abre sus cuarteles, como lo solicitan los padres de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayudará a esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, pero es el gobierno quien está a cargo de la investigación, y ahora -junto al Ejército Mexicano- se le presenta una oportunidad, para mandar un mensaje de transparencia y confianza, sostuvo Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo internacional, en entrevista para Aristegui CNN.
“El Ejército Mexicano puede mandar un mensaje de apertura, de transparencia, para entender que hoy también las fuerzas militares son instituciones de la democracia”, refirió sobre
“Entendemos que pueden verse estas instalaciones como instalaciones de seguridad nacional, pero también entendemos que la generación de certeza, trasparencia en la normalidad democrática, puede ayudar a estos fenómenos, creo que hay que alejarse de divisiones, de amenazas y riesgo como si se estuviera atentando contra las instituciones nacionales, me parece que el Ejército y el gobierno mexicano tienen una clara oportunidad, para mandar un mensaje de transparencia y confianza”, subrayó.
Además, señaló que para visitar los cuarteles -como lo piden los padres de Ayotzinapa-, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede ser decisiva.
Sobre la asistencia técnica que la CIDH brindará en este caso, Icaza explicó que un grupo de expertos independientes “busca ser una unidad de trabajo profesionalizada, autónoma, independiente y con una alta capacidad técnica que esencialmente van a desarrollar tres trabajos contenidos en un documento de asistencia técnica”.
“Son tres líneas: la primera es la realización de una evaluación de qué está haciendo el Estado Mexicano en materia de planes de búsqueda; la segunda, es una revisión del trabajo que se hace en materia pericial y en materia penal, que tenga inclusive que ver con trabajos de criminalística; y la tercera, es una evaluación-revisión de lo que se hace en materia de atención victimal”, detalló.
“Son estos tres grandes componentes los que dotan en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzianapa, el grupo de expertos puede hacer también recomendaciones de carácter general, el problema en estructural que pueda ser atendido, este grupo de expertos bajo la figuras jurídicas mexicanas como la coadyuvancia u otras, pudiera incluso hacer denuncias penales si se encuentran elementos para ubicar algunas responsabilidades como resultado de su trabajo”, agregó.
Pero aclaró que “la responsabilidad de la investigación de los hechos es del Estado Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR) y las instancias competentes. No le toca a la cooperación internacional sustituir a los actores, es su atribución y más en este caso, porque estamos ante un escenario de desaparición forzada, un escenario de desaparición forzada supone una responsabilidad de los agentes del Estado y por lo tanto una responsabilidad del Estado, que es ineludible”.
Detalló que el grupo de expertos “viene a intervenir para coadyuvar, para generar los mayores elementos de certeza, tratar de contribuir a generar una dinámica institucional que ayude a la no repetición de estos hechos, o en su caso a generar capacidades institucionales para investigar de mejor manera este tipo de fenómenos”.
También recordó que en el caso Ayotzinapa “hay un hecho de responsabilidad local en Iguala y estatal en Guerrero y que es un fenómeno del que se tienen que hacer cargo también las autoridades de ese nivel, porque no se puede desdibujar la responsabilidad de estos niveles de gobierno dejándolo solo en un debate a nivel federal”.
“Queda la preocupación de que los esfuerzos no están siendo el tamaño del desafío, México es un país con muchos recursos y muchas capacidades y ojalá pusiera más recursos y más capacidades en buscar a las personas, que el interés que ponen los partidos políticos en buscar votos con recursos públicos”, apuntaló Emilio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 22 de enero: Alejandro Solalinde Guerra denunció que en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto pareciera haberse iniciado “una campaña de exterminio contra muchachos antisistémicos”. Dijo que lo ocurrido en Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es una foto de cómo actúa el gobierno mexicano.
“Pareciera que Peña ha iniciado una campaña de exterminio contra muchachos antisistémicos [...] lo que vivimos en México es muy serio. Ayotzinapa fue la foto que pudimos tomarle al Estado acerca de su actuar”, manifestó el fundador del Albergue Hermanos en el Camino durante el “Dialogo nacional: criminalización y militarización de la protesta social en México” realizado el día de ayer en el campus Xochimilco de la Universidad Autónoma de México (UAM).
Solalinde Guerra refirió que es necesario cambiar el sistema neoliberal porque, dijo,”tenemos que darnos cuenta que [es] el enemigo número uno del país, el que ha propiciado el contexto actual mexicano”. El religioso dijo que “el neoliberalismo ha llevado a posicionar al dinero como un ‘Dios‘ e incluso se ha impuesto a la política”.
Al denunciar esta situación, el padre Solalinde dijo que “es fundamental divulgar la voz, informar a la gente sobre la realidad, es necesario darnos cuenta que el gobierno nos ha dado la espalda y así, a partir de la concientización, construir el cambio”.
Dijo que con los recursos de la Iglesia Católica, en México se podría iniciar una “revolución pacífica”. Comentó que “la Iglesia es un gran recurso para iniciar el cambio, lo malo es que sus medios están mal implementados”.
“Yo hablo de una revolución pacifica, tenemos que tomar conciencia, tenemos que informar a la gente y contribuir a la organización desde abajo y esto sin escondernos, debemos de ser abiertamente subversivos y decirle al sistema: no te queremos”, dijo Solalinde Guerra.
Dijo que la población debe decirle al gobierno “que nos ha traicionado y dejarle en claro que si vuelve a desaparecer a un estudiante más, le vamos a reventar por la vía de la inteligencia”.
“Decirle al gobierno que no es querido o bienvenido y decirle de frente que sus días y horas están contadas, que desde abajo se va a organizar para reventar a este mal gobierno”, añadió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1226345.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, impedir a los niños salir a la calle es la principal medida de prevención adoptada por 69% de la población.
Debido a la inseguridad, los mexicanos dejaron de realizar al menos 12 actividades cotidianas como salir a divertirse, visitar amigos, caminar en la calle por la noche o viajar por carretera para evitar ser víctimas de algún delito.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada desde hace cuatro años, las rutinas han cambiado. Los datos más recientes, correspondientes a 2014, revelan que impedir a los niños salir a la calle es la principal medida de prevención adoptada por 69% de la población.
Ésta es la primera vez que se registra este resultado, pues la medida más recurrente durante 2012 y 2013 fue dejar de usar joyas con 63 y 65%, respectivamente. Este año, esta medida se ubicó en segundo lugar, con 67%.
En tanto, 53% no sale de noche, 52% ya no lleva dinero en efectivo y 42% prefiere no llevar la tarjeta de crédito o débito. En tanto, 34% eliminó de su rutina salir a caminar por la noche, 33% dejó de visitar a amigos y familiares y 31% no usa taxi.
Para evitar ser víctima de algún delito, los mexicanos también renunciaron a la recreación y la cultura, pues 29% evita salir a comer o cenar, 29% ya no va al cine ni al teatro, 27% dejó de ir al estadio y 22% no viaja por carretera a otro estado o municipio.
Este tipo de decisiones puede explicarse con otro indicador referente a la poca confianza que los mexicanos tienen hacia los servidores públicos. Entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014 la percepción sobre la “poca o nada” efectividad de la policía fue en aumento al pasar de 66 hasta 70%.
En la encuesta de 2014, solo 28% de la población mayor de 18 años aseguró que percibió el desempeño de la policía como “muy o algo efectivo”.
Durante diciembre de 2014, 73% de los encuestados consideró que “en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro”. Esto también representa un aumento con respecto a los años anteriores, cuando en 2011 fue de 69%, el año siguiente aumentó a 66% y en 2013 fue de 72%.
La percepción sobre la seguridad se alimenta de las situaciones que los ciudadanos padecen a su alrededor, como lo revelan los datos de la encuesta, donde aseguraron que las conductas delictivas o antisociales de mayor frecuencia que han escuchado o han visto en los alrededores de su vivienda en los últimos tres meses fueron el consumo de alcohol en las calles (68%), robos o asaltos (67%) y vandalismo (60%); mientras que las de menor frecuencia fueron: venta o consumo de drogas (41%), bandas violentas o pandillerismo (36%) y disparos frecuentes con armas (27%).
La ENVIPE estima 22.5 millones de víctimas mayores de 18 años, “lo cual representa una tasa de 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2013, cifra estadísticamente diferente a la estimada para 2012”, cuando se registró una tasa de 27 mil 337 víctimas. También esta cifra representó un aumento en comparación con 2011 cuando hubo una tasa de 24 mil 317 víctimas.
Con estos datos, 58% de los ciudadanos entrevistados considera que la inseguridad y delincuencia es el principal problema en su entidad federativa, seguido del desempleo (46%) y el aumento de precios con 37% e incluso la pobreza (30%).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Los directivos de la Universidad del Valle de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibieron amenazas de extorsión, secuestro y ataques directos contra la institución estudiantil; por lo que cerraron sus instalaciones desde el pasado 15 de enero.
Un campus de la Universidad del Valle de México (UVM) localizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerró sus puertas por amenazas del crimen organizado y no retomará sus actividades hasta que las autoridades garanticen un ambiente de seguridad para directivos, administrativos, docentes y estudiantes de la institución, confirmó este jueves 22 de enero la vicepresidente de Asuntos Públicos y de Comunicación de esa Universidad, Sofía Anaya.
“Hemos recibido amenazas del crimen y esto atenta directamente contra la comunidad UVM, por lo que hemos decidido cerrar las puertas del plantel en Nuevo Laredo”, dijo Anaya en entrevista con Denise Maerker en Atando Cabos de Grupo Radio Fórmula.
La directiva agregó que recibieron amenazas de extorsión, secuestro y ataques directos contra la institución estudiantil, por lo que tuvieron que cerrar sus instalaciones desde el 15 de enero pasado.
“Por causas de fuerza mayor el campus UVM Nuevo Laredo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, anunció la universidad a través de su cuenta de Facebook.
El secuestro del director de la UAT
El director de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) campus Reynosa-Rhode, José Guadalupe Rivera Martínez, fue secuestrado el 26 de diciembre pasado, confirmó este miércoles 21 de enero el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ismael Quintanilla Acosta.
En entrevista con Milenio, el procurador estatal dijo que los familiares del directivo presentaron su denuncia ante la PGJE por el secuestro de Rivera Martínez.
“Los presuntos captores se han comunicado con la familia y han solicitado un rescate, pero los familiares no han querido ceder porque no les han dado pruebas de que el señor esté vivo”, señaló el procurador Ismael Quintanilla, quien añadió que el directivo de la UAT fue plagiado afuera de su domicilio.
El rector de la UAT, Enrique Carlos Etienne Pérez del Río, ha solicitado a la policía estatal que refuerce las medidas de seguridad en los diferentes centros educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de acuerdo con un coumunicado enviado a los medios de comunicación.
Tamaulipas ocupó el primer lugar en cuanto a las denuncias de secuestro presentadas en México, en 2014, al registrar el 17.25% de los casos, según cifras de las procuradurías de Justicia de las entidades reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Policías estatales irrumpieron en el Congreso de Oaxaca, donde se celebraba la comparecencia del titular de la SSP, Alberto Esteva, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno.
Oaxaca, Oax. Elementos de las policía estatal irrumpieron en el Congreso del estado, donde se celebraba la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Esteva Salinas, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Esteva Salinas arribó a temprana hora al Congreso junto con funcionarios de su equipo de trabajo. Posteriormente, tras el arribo de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana de la LXII Legislatura local, dio inicio el acto encabezado por la titular de la comisión Martha Patricia Escamilla.
A la sede del Congreso arribaron los elementos de la policía estatal -quienes en septiembre pasado realizaron un paro de labores de 15 días- para exigir la destitución del titular de la dependencia, así como aumento salarial y la entrega de uniformes; sin embargo, el cuerpo de seguridad del recinto intentó impedirlo. A empujones y golpes, los uniformados entraron e interrumpieron momentáneamente la sesión, misma que continuó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO
"Los ciclos se cierran y se cerró este ciclo. Y a darle para adelante", comenta.
Alfredo Castillo acepta que hará lo que el presidente Enrique Peña Nieto determine, luego de que el jueves 22 dejó de ser comisionado federal en Michoacán.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, responde que no se ve como el próximo Fiscal de la República -figura que sustituirá al Procurador General- “pero haré lo que el Presidente de la República disponga”.
En su momento, dice, jamás pensó que podría ser Procurador del Estado de México o comisionado en Michoacán.
“La vida me ha llevado por cualquier tipo de circunstancias y coyunturas específicas”, comenta. E insiste en que está sujeto a la decisión de uno: el Presidente.
¿Lo destituyeron o qué fue lo que vimos ayer? Él sólo comenta que “los ciclos se cierran y se cerró este ciclo. Y a darle para adelante”.
-Te vas de Michoacán, con un Michoacán no resuelto…-, le dijo esta mañana la periodista Carmen Aristegui.
Por su parte, él destaca: “Me voy con un Michoacán que es muy distinto al que recibimos, me voy con un Michoacán totalmente diferente al de hace un año o una década, hoy por hoy la gente sale a las calles…”.
“Yo veo un escenario totalmente distinto. Todo depende del cristal con que se mire…”, considera.
Y pide “que sean los michoacanos los que juzguen”.
Además, se suelta: “Nadie vino aquí (a Michoacán) por gusto, lo hicimos por el compromiso, la instrucción, la lealtad a las instituciones”.
Castillo acepta que “12 meses (el tiempo que duró en el cargo) es y será siempre insuficiente para un problema que tiene, si no una década, sí muchos años”.
Respecto a las voces que urgieron su salida del estado, Castillo considera que esas mismas, podrían llegar a las elecciones de junio en el estado, y quienes pierdan, buscarán “aludir” ante el tribunal electoral la presencia del comisionado federal en Michoacán, como algo que incidió en el resultado.
“Lamentablemente se politiza un tema que no tiene absolutamente nada que ver”, agrega.
Su equipo que lo acompañó como comisionado -muchos, provenientes del Estado de México- podría quedarse en Michoacán, si así lo pide el gobernador Salvador Jara, indica Castillo.
Pero él ya se va del estado que comenzó a conocer en enero 2014. Por lo pronto, quiere recuperar el tiempo perdido con su familia: “Quisiera recuperar esas cosas que me he perdido”. Dice que debido a lo ocupado que lo mantuvo su cargo, cuando vuelve a ver a su pequeña hija, no lo reconoce, “y prefiere irse con otra persona”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Abren fuego contra los soldados, cuando realizaban un operativo.
Dos integrantes del Ejército Mexicano fallecieron y otros dos quedaron heridos, después de un tiroteo en Michoacán, la madrugada de este viernes.
Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en la comunidad La Soledad, en el municipio de Ecuandureo, a las 01:30 horas.
Los soldados realizaban un operativo contra la ordeña de combustible en los ductos de Pemex.
Cuando se dirigían por una brecha de esa localidad, fueron atacados a balazos, por lo cual inició el enfrentamiento.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó los decesos y apoyó en el levantamiento de los cadáveres para realizar las necropsias de ley, pero finalmente la indagatoria quedará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México debe protegerse por alzar la voz. Paco Ignacio Taibo II, escritor y activista, considera necesario retomar una ley de amnistía para la protección de luchadores sociales y líderes de comunidades que se encuentran presos por defender sus territorios o encabezar manifestaciones.
Durante una conferencia que ofreció en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el escritor habló sobre la alarmante situación de los presos de Puebla y de todo el país. Es importante que exista una oposición política que exponga estas situaciones ante el Congreso y abrace las causas sociales, agregó.
Por otro lado, el también militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) invitó a dejar de lado el abstencionismo en el próximo proceso electoral. Aseguró que el líder de este partido, Andrés Manuel López Obrador, respaldará la situación de los presos políticos de Puebla.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría violar los principios de paridad y proporcionalidad al momento de seleccionar sus candidatos para el Congreso Federal, ya que sólo presentó a 4 mujeres y a 6 hombres como aspirantes a ser diputados federales, esto en Monterrey, Nuevo León.
Al haber falta de paridad se comente una falta en la Constitución, en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que expresan que los partidos promoverán la paridad de géneros al momento de postular candidatos.
Y el PRI solamente postulará a cuatro mujeres las contempladas para el Congreso Federal, habiendo 10 espacios disponibles.
Se señala además en la Ley de Partidos Políticos, artículo 3, punto 5; “en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior”.
En función de eso solamente en el distrito III y en el XII el PRI representa, en el I y VI actualmente está el Partido Acción Nacional (PAN), a su vez los distritos, considerados “ganados”, son representados por los varones; II, V, IX y XII.
Graziella Fullvi, integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en Pro de la Defensa de los Derechos Político – Electorales de las Mujeres en Nuevo León, indicó que pareciera que el PRI busca forzar la ley lo mayor posible, cuestión irónica ya que ellos se encargaron de llevar a cabo la reforma política actual. Y, tal como lo hizo la elección pasada, quizá deberán hacer cambios de último momento para cumplir con los requisitos de 300 candidatos, donde la mitad sea de un género y la otra del otro.
Expresó además que: “Yo creo que están viendo hasta dónde le pueden dar, proponen 4 y 6 para ver qué pasa y si no se sacan a alguien de la manga, pero la pregunta es ¿por qué de entrada se viola la ley y no se hace bien a la primera?, ¿por qué esperar que un tribunal se los diga? Creo que es un tema que les sigue causando escozor”.
Al final de cuentas el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de regular dichas decisiones, pero si ya el partido lo hizo con anterioridad ¿no sería pertinente pensar en una sanción para dejar de querer mostrar o aparentar que se está encima de la ley?
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cerrar el expediente del caso Ayotzinapa para continuar con su agenda económica, acusó este miércoles Amnistía Internacional (AI).
Además alertó sobre los riesgos de perpetuar la impunidad en la desaparición de los normalistas ante los indicios de que algunos procesados habrían sido torturados.
En conferencia de prensa, los responsables de las oficinas de AI de América y México, Erika Guevara y Perseo Quiroz, respectivamente, manifestaron su preocupación por la consignación de exfuncionarios públicos por el delito de secuestro y no por desaparición forzada.
De igual manera, criticaron la resistencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una línea de investigación que considere la presunta participación del Ejército mexicano por acción u omisión en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Luego de informar que el pasado martes 20 se reunieron con familiares y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa –después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció la remota posibilidad de identificar los restos, así como el agotamiento de la línea de investigación seguida por la dependencia–, los defensores consideraron que hay actuaciones que no han sido suficientemente agotadas.
Guevara Rosas mostró su preocupación por que el anuncio de Murillo Karam, dijo, es “una justificación que utiliza la PGR para confirmar su línea de investigación y empezar a cerrar filas frente a estos graves crímenes. Nosotros consideramos que múltiples líneas tienen que seguir abiertas”, subrayó.
La representante regional de Amnistía Internacional señaló que la intención de cerrar el caso Ayotzinapa es “reflejo del gobierno de Peña Nieto para intentar limpiar su imagen y que la mirada internacional se dirija hacia otro lado y dar paso a las grandes inversiones extranjeras, que se vinieron abajo”.
Añadió: “La prisa de cerrar el caso y volver con un aparato publicitario para anunciar que todo está bien, es un intento por ocultar esta crisis de derechos humanos y meterla por debajo del tapete, pero es muy tarde para eso”.
La defensora reveló que de acuerdo con información proporcionada a representantes de AI por la Embajada de México en Londres, donde la organización tiene su sede, “la PGR consignó a los primeros detenidos por desaparición forzada, pero el juez de la causa reclasificó el delito como secuestro, por lo que las subsecuentes consignaciones fueron presentadas por ese delito. La explicación que dio la cancillería es que por ser el secuestro un delito con mayor penalidad, el juez hizo la reclasificación”.
Al insistir en la necesidad de investigar la responsabilidad de integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, “porque no es creíble que el nivel de colusión con el crimen organizado quede solamente en el alcalde (José Luis Abarca)”, la directora regional de AI puntualizó que el caso de Ayotzinapa no puede darse por concluido porque hay “alegaciones serias de tortura” por parte de los procesados.
“Sabemos, por los representantes legales de las familias de los estudiantes, que ha habido ya denuncias de personas que han sido detenidas. En algunos casos se han implementado los protocolos establecidos por la ley –el Protocolo de Estambul–, que han salido positivos, pero no sabemos de investigaciones que se estarían haciendo por parte de la PGR frente a estos hechos”.
Y advirtió: “Amnistía Internacional va a continuar investigando para tener mayor claridad de estos casos de potencial tortura y malos tratos”.
Perseo Quiroz abundó que la organización civil ha conocido de al menos tres casos de posible tortura cometida contra expolicías y presuntos miembros de la delincuencia organizada, “pero esto no implica que son los únicos, sabemos que hay un grupo de padres de familia de los que están detenidos, que están organizándose para salir a la luz pública”.
Consideró que de comprobar la tortura, se confirmaría que “el Estado está utilizando más herramientas de violaciones a derechos humanos para solucionar temas de violaciones a derechos humanos”.
Sobre el procesamiento de exservidores por secuestro y no por desaparición forzada, el director de Amnistía en México sostuvo que “más allá de cuántos años echan en la cárcel a las personas, el tema central es de verdad y justicia, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este tema”.
Subrayó: “El delito de desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos cometida por el Estado, y la reclasificación lo que hace es negar la participación del Estado, reduciéndolo a un asunto en el que participaron agentes privados”.
De acuerdo con Perseo Quiroz, la consecuencia jurídica de la reclasificación podría ser “el alargamiento de estos procesos, porque justamente lo que los padres van a buscar es que haya un reconocimiento de que fue una desaparición forzada, por eso decimos que no vemos que sea una investigación a prueba de balas, podría generar impunidad”.
En vísperas de que se cumplan cuatro meses de la desaparición de los normalistas, Quiroz alertó sobre una intentona del gobierno de Peña Nieto para criminalizar a los padres de familia por los hechos violentos que se han registrado durante las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
“Amnistía Internacional siempre ha promovido la protesta social pacífica y consideramos que debe haber límites. Si hay alegaciones de violencia en las manifestaciones, lo que tendría que haber es una investigación por parte del gobierno y de las procuradurías”, apuntó.
Respecto de las expresiones reprobatorias del movimiento por parte de algunos representantes empresariales, consideró respetables esos puntos de vista, pero advirtió que en el fondo su planteamiento es que “en este país vale más una cuestión económica que la vida de 43 personas o la vida de 22 mil. Que puede seguir habiendo muertos y desaparecidos mientras no me toquen mis intereses económicos, y es un tema que nos ha llevado a donde estamos hoy. Si hacemos caso a estas opiniones se va a profundizar esta crisis”.
Los representante de Amnistía Internacional también anunciaron el arranque de la campaña #Noesnormal, con la que se pretende concientizar a los ciudadanos a no normalizar la violencia en el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: Al igual que sus pares de origen centroamericano, cerca de 60% de los más de 15 mil niños mexicanos no acompañados, quienes deciden cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cada año huyen de una situación intolerable de violencia causada tanto por maltratos intrafamiliares como por grupos criminales.
La mayoría de los más de 50 mil niños centroamericanos detenidos por la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) el año pasado aún se encuentran en Estados Unidos, cerca de 90% de ellos en casa de un familiar o de un patrocinador, en espera de que su caso sea presentado ante una Corte de inmigración.
Pero si bien la ley estadunidense garantiza la protección a los menores migrantes en situación de peligro, también establece medidas de excepción para los niños mexicanos y canadienses.
Por la única razón de ser de un país vecino, la Patrulla Fronteriza los somete a un cuestionario exprés, en inglés, el cual deriva casi siempre en su deportación inmediata.
En 2013, cerca de 95.5% de los 17 mil niños mexicanos detenidos por la “migra” fueron retornados a México.
Una vez de este lado de la frontera, el consulado entrega a los niños a albergues estatales, de donde las autoridades mexicanas los redirigen en la gran mayoría de los casos hacia sus puntos de partida y donde una vez más se enfrentan a graves amenazas.
Ese es parte del diagnóstico que dio a conocer hoy la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), a través de un video publicado en Internet y que comenta el actor mexicano Diego Luna.
La ONG urgió a través de un informe a las autoridades, tanto mexicanas como estadunidenses, a cesar el trato diferenciado a los niños mexicanos y a considerar los riesgos que ellos enfrentan al volver a sus hogares.
“Todos conocemos la historia de los niños centroamericanos que van a Estados Unidos y que huyen de la violencia, pero la historia es muy diferente para los niños mexicanos que hacen lo propio”, narra Luna en el video, al recordar que “varias regiones de México parecen zonas de guerra”.
WOLA subraya en el informe que algunas entidades “básicamente están bajo el control de grupos del crimen organizado” donde, para muchos niños, el reclutamiento criminal “parece inevitable”.
Luego de citar un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), recordó que la tasa de homicidios de varones mexicanos menores de edad se duplicó entre 2007 y 2011.
Desde 2008, la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés) obliga a la Patrulla Fronteriza a transferir a los niños migrantes no acompañados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Ahí, las autoridades les asignan un lugar de estancia durante el tiempo que el tribunal de inmigración prepare su audiencia y determine si corren un riesgo al volver a sus países de origen.
Lo anterior casi nunca se aplica en el caso de los niños mexicanos.
“Cara no amable”
La TVPRA obliga a la Patrulla Fronteriza a determinar, en menos de 48 horas, si los niños mexicanos que acaba de detener –generalmente después de una caminata de varios días en el desierto— son o no víctimas de trata, si tienen o no un temor creíble de regresar y si están o no dispuestos a retornar voluntariamente a México.
“La teoría es buena, pero la realidad es que en muchos casos (los agentes fronterizos) no les hacen las entrevistas (a los niños)”, plantea la voz de Diego Luna en el video.
El problema, advierte WOLA en su informe, reside en que el principal objetivo de la Patrulla Fronteriza “es impedir el ingreso ilícito de bienes y personas al país”. Por lo tanto, “rara vez los agentes son una cara amable para los niños que detienen”, añade.
Además, según un informe que publicó en junio pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los agentes de la Patrulla Fronteriza tienden a no reconocer la necesidad de protección de los niños mexicanos.
Peor: WOLA afirmó que “muchos agentes de la Patrulla Fronteriza incluso pensaban que los niños mexicanos debían ser automáticamente deportados”, y observó que la corporación estadunidense no preguntó a ninguno de los siete niños deportados que la ONG entrevistó si podían correr peligros al regresar a su país.
Por el contrario, les hicieron firmar un papel, redactado en inglés, en el que se planteaba su “retorno voluntario”.
La voz de Diego Luna
Una vez en México, sigue WOLA, el Instituto Nacional de Migración recibe a los jóvenes deportados. La organización describe al INM como “otro organismo gubernamental que habitualmente ignora a potenciales víctimas”.
El INM los redirige a albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ubicados a la orilla de la frontera.
“El objetivo de estos albergues es reunificar a los niños con sus familias tan pronto como sea posible, bajo la suposición de que es el lugar más seguro para ellos”, explica WOLA en el informe.
Isabel Arvizu, directora de un albergue de menores en Nogales, Sonora, reconoció en el video que “la misión es atenderlos en sus necesidades básicas, y el fin es regresarles con sus familias porque no podemos con todos aquí en la frontera”.
Y la voz de Diego Luna insiste: “Ese es el último lugar donde los niños pueden decir si tienen miedo de volver a casa, sea por el crimen organizado o por violencia doméstica. Pero a muy pocos se les pregunta eso. Y ellos casi nunca dicen algo”.
“Niños de circuito”
En el video y el informe que lo acompaña, WOLA explica que 30% de los casos de niños repatriados es muy conocido por la Patrulla Fronteriza, ya que estos jóvenes cruzan la frontera de manera frecuente: son los “niños de circuito”.
Aquellos adolescentes no cruzan la frontera con el fin de empezar una nueva vida en Estados Unidos, sino que son utilizados –“forzosamente” o “por dinero”– por los grupos criminales para guiar a migrantes a través del desierto o transportar drogas.
Para los criminales, los menores de edad representan excelentes reclutas, ya que “saben que serán enviados de vuelta cada vez”, mientras los adultos detenidos terminan procesados como traficantes.
Si bien este fenómeno ya existe desde hace más de una década, sigue siendo un problema grave, pues “una vez reclutados, a los niños no se les permite fácilmente dejar de realizar tareas de tráfico, y se ven atrapados en una red de actividad criminal y amenazas contra su seguridad y bienestar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: El futbolista Cuauhtémoc Blanco se registró esta tarde como precandidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata (PSD).
El actual jugador del Puebla llegó a la sede del partido estatal a las 17:30 horas acompañado de un grupo musical y un puñado de simpatizantes.
Blanco entregó su credencial de elector y una constancia de residencia que supuestamente acredita que vive en Cuernavaca.
“Yo no he votado desde hace mucho tiempo porque ya no creemos en los políticos… No soy político. Me lanzo por ustedes. No vengo por un contrato ni por dinero ni publicidad”, declaró en una breve conferencia de prensa.
En las redes sociales ya circula propaganda del futbolista en la que aparecen las frases: “Me la voy a jugar por la seguridad de tu familia” y “Cuauhtémoc Blanco Presidente Municipal 2015- 2018″.
El exseleccionado nacional juega cada fin de semana con su equipo en la Liga Mx y se supone que entrena de lunes a viernes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ni a Morena ni a ningún otro partido, Encinas anunció que se dedicará a formar un bloque de izquierda que sí vincule a los ciudadanos.
Aunque su renuncia al PRD fue una salida anunciada durante semanas, Alejandro Encinas no cumplió la otra parte de la profecía que se creía casi consumada: unirse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En su segundo informe de labores legislativas, el senador Encinas anunció que dedicará sus esfuerzos a construir un bloque de fuerzas de izquierda, para formar un núcleo que vaya más allá de los partidos y sus límites.
“Quiero asumir una causa política mayor. No se trata de renunciar a un partido para sumarme a otro con el que tengo identidad. La situación actual exige hacer un replanteamiento de las ideas, propuestas y formas de vinculación con la sociedad. A ello dedicaré mi mayor esfuerzo”, expuso el senador.
Encinas estuvo acompañado de personajes de la izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez; y también otros que, solidarios, acudieron al acto, como los senadores del PAN Javier Corral y Laura Rojas.
Encinas afirmó que su salida del PRD es un asunto estrictamente personal y su idea es conformar una red de ciudadanos que, independientemente del partido en el que militen, ayuden a construir una opción política para la población.
“El PRD ha abandonado los postulados que le dieron origen (…), es necesario erradicar a todos los Abarcas”, sentenció.
Sin resentimientos
Encinas afirmó que deja el sol azteca “sin rencor” y que, contrario a lo que acusó Carlos Navarrete en su misiva, sí hizo varios intentos por reformar el partido.
El legislador reiteró que el PRD perdió el rumbo y la izquierda no puede dedicarse únicamente a pensar en las elecciones, sino que debe ser parte de la reconstrucción del país, que vive una de sus peores crisis de derechos humanos desde 1968.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las inconsistencias de la averiguación del enfrentamiento en el que murió el hijo de Hipólito Mora habrían detonado la salida del comisionado. Aún con la remoción, las autoridades federales aseguran que no se van del estado.
Tras un año de haber estado al frente de la administración estatal de Michoacán, designado como funcionario con plenos poderes presidenciales para resolver el conflicto de las autodefensas, el comisionado para el desarrollo y seguridad del estado Alfredo Castillo fue relevado ayer de su encargo.
El inesperado anuncio de la salida del comisionado lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su vista a Michoacán.
Osorio Chong llegó para evaluar el programa de intervención del Gobierno Federal, que tiene como objetivo establecer el estado de derecho.
Apenas el pasado 22 de octubre, el mismo Osorio Chong, ante la insistencia de reporteros que “candidateaban” a Castillo para resolver el problema de seguridad en Guerrero -surgido tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- aseguró: “Castillo no se va a Guerrero, se queda en Michoacán”.
Este jueves, el encargado de la política interna del país aseguró que la salida de Castillo no representa la culminación de la presencia de la Federación en la entidad.
“En Michoacán continuarán las acciones para detonar el desarrollo integral”, aseguró y anunció que el nuevo enlace con la Federación será el general Felipe Gurrola Ramírez.
El militar de la vieja escuela tiene experiencia en el combate al narcotráfico.
Castillo apenas tuvo tiempo de despedirse. Los últimos renglones de su informe los destinó a agradecer al gobernador Salvador Jara el apoyo brindado a las acciones del Gobierno Federal.
También manifestó su convencimiento de que será la historia la que habrá de emitir el juicio final sobre el trabajo realizado en un año a favor de los michoacanos.
Investigaciones con reacciones
Pese a que la salida del comisionado Alfredo Castillo se había tornado en el tópico del discurso de todos los actores políticos de la entidad, fue finalmente la balacera del pasado 6 de enero en Apatzingán -en donde perdieron la vida al menos 9 personas y otras 10 resultaron heridas- la que propició su salida del cargo.
Antes de la matanza de Apatzingán, Castillo había soportado estoicamente toda suerte de cuestionamientos.
Ni siquiera la detención y encarcelamiento del fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, había hecho que se minara su posición.
La liberación de los 43 acusados de homicidio fue la puntilla que no esperaba. 72 horas antes de la salida de Castillo, la PGR había ordenado el cese del delegado de esa dependencia en Michoacán, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, un hombre muy cercano al comisionado.
Se le culpó de haber integrado al vapor las averiguaciones previas penales con las que fueron consignadas 44 personas.
Y es que en solo 24 horas la PGR estableció que los consignados dispararon sobre sus compañeros y que algunos de ellos estuvieron en dos lugares a la vez, agrediendo a las Fuerzas Federales.
Las inconsistencias de la averiguación fueron recriminadas por un juez federal, quien ordenó la inmediata liberación de los detenidos, que habían sido recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit.
La liberación de los detenidos por la matanza de Apatzingán, ocurrida el pasado 6 de enero por la madrugada, fue un duro revés al trabajo de pacificación de la comisión encabezada por Alfredo Castillo.
La misma subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, reconoció “irregularidades en la actuación del Ministerio Público” que arrojó falsos positivos en los peritajes de balística, lo que representó la exoneración de la mayoría de los acusados.
La Segob por encima de la Comisión
El subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos fue el que materializó la decisión de remover al delegado de la PGR en Michoacán, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, asignando en el cargo a Bertha Paredes Garduño, una mujer muy cercana a la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, con quien trabajó desde la coordinación jurídica de la entonces SIEDO.
Paredes Garduño ha sido también delegada de la PGR en el estado de México.
La salida del delegado de la PGR en Michoacán que fue gestionada al más alto nivel de la Presidencia de la República significó el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación por encima de la comisión presidencial encabezada por Castillo.
Este jueves se hablaba que la presencia de Osorio Chong en Michoacán sería para oficializar el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto al trabajo del comisionado.
Hasta el último momento de su visita Osorio Chong dejó ver su ponderación del trabajo del comisionado.
El último acto
El rostro del comisionado Alfredo Castillo nunca evidenció su salida. A lo largo de la jornada que enmarcó la visita del secretario de Gobernación para hacer una evaluación del Plan Michoacán, el rostro de Castillo fue el mismo: parco, serio, pensativo. Ni un asomo de enojo, tristeza o desencanto. La institucionalidad se impuso, o su inocencia lo sorprendió.
Antes de saberse fuera de la comisión para el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo fue claro al precisar en un informe los logros obtenidos en un año de trabajo: anunció el retornó al estado de derecho, aseguró la desarticulación de la mayoría de las células del cartel de Los Caballeros Templarios y logró la desmovilización de diversos grupos de autodefensa.
La información que se ventiló en lo que fue una réplica del informe que el propio comisionado ya había presentado ante la cámara de diputados el pasado 13 de enero, resaltó la disminución en el índice de secuestros y extorsiones en los municipios de la zona de Tierra Caliente.
Destacó el trabajo que hizo para fortalecer las instituciones policiales en la entidad, las que –reconoció- estaban minadas por la corrupción de los grupos criminales. A ello atribuyó el restablecimiento gradual del estado de derecho en Michoacán.
No los mencionó por su nombre, pero el comisionado hizo clara referencia al logro que en materia de seguridad significó la anulación de los principales líderes del cartel michoacano de las drogas, en donde destacan los nombres de los abatidos Nazario Moreno Gonzalez, Enrique Plancarte Solís y Francisco Galeana Núñez, así como el encarcelamiento de Dionisio Loya Plancarte y de otros 16 jefes de plaza y encargados de las células criminales que asolaron las principales poblaciones del estado de Michoacán.
El balance final del comisionado, para ubicar al Michoacán de hace un año con el actual, se aludió a la detención de 224 servidores públicos, quienes se encuentran procesados en cárceles federales por delitos graves como halconeo (informar al crimen organizado sobre movimientos de los elementos de seguridad pública), homicidio, secuestro, delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y peculado.
Poco sirvió
Entre la información expuesta –que de nada sirvió para sostenerse en el cargo- destaca la consignación penal contra un exgobernador interino y secretario de gobierno, tres exsecretarios de primer nivel, un exdiputado local, seis presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales.
Ya pedían que se fuera
Pese al saldo positivo ofreció públicamente el comisionado Alfredo Castillo, desde su comparecencia ante diputados federales, las voces de los principales aspirantes al cargo de gobernador insistían en que era necesaria su salida de la entidad, en donde su labor ya era cuestionada por ejercer la administración pública por encima de la autoridad constitucionalmente establecida.
Luisa María Calderón, la aspirante del PAN a la gubernatura de Michoacán, refirió que de llegar ella al mando del ejecutivo estatal, buscaría que no existiera el cargo de comisionado, toda vez que los trabajos de seguridad y desarrollo de la entidad corresponden legalmente a la coordinación entre gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación.
En repetidas ocasiones pidió públicamente la salida de Castillo y que el mando de la seguridad en Michoacán lo coordinara el secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
El precandidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, también cuestionó la comisión que encabezó Castillo.
El senador adujo que hubo invasión de funciones que eran de competencia exclusiva del gobierno estatal, por ello estimó que de llegar a la gubernatura de Michoacán no permitiría que el comisionado siguiera ejerciendo el poder que por decreto se le entregó sobre la entidad desde el 15 de enero del 2014.
El abanderado del PRI, Ascención Orihuela fue menos agresivo en su discurso.
Se manifestó por llevar a cabo una discusión –nunca dijo con quién- a fin de valorar la permanencia del comisionado Alfredo Castillo una vez que se designara por voto popular al nuevo encargado de la gubernatura de Michoacán.
Fue el único de los precandidatos que reconoció el avance en materia de seguridad que se logró por parte del enviado del presidente Peña Nieto.
¿Quién es Gurrola?
> El General Pedro Felipe Gurrola Ramírez que fue anunciado como nuevo enlace de la Federación y el estado para coordinar las acciones de seguridad en Michoacán, era hasta ayer el jefe de la 21 zona militar con sede en Morelia.
> Fue hasta hace poco jefe de la 12 Zona militar con sede en Irapuato.
> El general es originario de la comunidad de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, donde nació el 25 de marzo de 1956.
> Se dio a de alta en el Ejército Mexicano como cadete del Heroico Colegio Militar en Septiembre de 1970. Fue ascendido a General de Brigada, el 20 de noviembre del 2003.
> Es egresado del Colegio Militar, estudió la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.
> Tiene experiencia en el combate al narcotráfico. Es experto paracaidista y egresado como Ranger de la escuela de Infantería en el Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos. También tiene formación en Economía Política por el Instituto de Integración Iberoamericana y una Maestría en Planeación y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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