En 2015, “tenemos algunos focos electorales que hay que ver”: Mussali

En México "parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno (PRI)", señaló la analista.

En este 2015, habrá alrededor de  50 elecciones en el mundo, entre presidenciales, parlamentarias, locales y municipales. Sin embargo, no es un año electoral de gran importancia geopolítica, indicó la analista internacional, Rina Mussali Galante.

En entrevista para Aristegui CNN dijo que no es un año electoral tan relevante, “a diferencia del 2012, que sí hubo elecciones en cuatro de los cinco países integrantes del Consejo de Seguridad; hubo elecciones  en Francia, Estados Unidos, Rusia y las indirectas en China”.

“Ahora no hay ninguna elección de una potencia central. Tampoco es un año electoral de gran relevancia para economías emergentes, a diferencia del 2014, de cinco países BRICS, hubieron elecciones en Brasil, en India y en Sudáfrica”, precisó.

Además “vemos que el 2015 no es un año electoral tan importante para América Latina, el año pasado hubo siete elecciones en la región. En 2015 tenemos algunos focos electorales que hay que ver”, comentó la especialista.

La especialista explicó cuáles son las elecciones esperadas en el mundo en este año, aparte de las que se realizarán en estados y la capital de México. Señaló que “en el mapa europeo, en mayo elecciones en Polonia y Reino Unido, hay elecciones legislativas en Finlandia, Portugal y España a finales de 2015”.

“En América las de Canadá, también elecciones en Argentina, Guatemala, y en el Caribe destacan las de Haití”, señaló.

“En Asia habrá elecciones en Birmania, país que ha tenido 50 años de regímenes militares. Es un caso muy excepcional. También Tailandia, en Asia son muy importantes estas elecciones”.

Y agregó que “vienen elecciones anticipadas en Israel, donde el primer ministro va en búsqueda de un cuarto mandato. Además en África habrá varias elecciones de gran importancia, el 14 de febrero en Nigeria; también en Sudán”.

Específicamente habló de España, donde considera que hay dos determinantes, “primero, la parte económica. España ha salido de su peor momento, ya ha salido de la crisis económica, está en la senda de la recuperación y ha creado crecimiento y empleos. La otra condición, es el descalabro tradicional del bipartidismo en España, los dos partidos políticos tradicionales están acusados por actos de corrupción”. Por lo que “hay que estar muy pendiente”.

En cuanto Argentina dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no se puede reelegir por un nuevo mandato, lo prohíbe la Constitución, aquí la pregunta es si ¿va a regresar en el 2019?, justamente lo hizo Michelle Bachelet en Chile y lo pudo hacer Tabaré Vázquez en Uruguay”.


De México aseveró que “parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno. Tenemos la llegada del PRI a los Pinos después de 12 años de transición política con el PAN y en donde hay una espectacular caída de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, los actos de corrupción, Tlatlaya y Ayotzinapa. Me parece que el PRI posiblemente se puede seguir apuntando como actor hegemónico”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya

Además, un comando de elementos de La Marina llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.

No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.

El manual de uso de la fuerza del Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.

Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.

Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de La Familia.

Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.

La respuesta oficial fue firmada por el  comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:

“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.

En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de Noticias MVS.

En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.

Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:

“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”

La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.

Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.

El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.

Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.

El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.

La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.

Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.

“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay”.

“No hay ninguna posibilidad que  una autoridad le niege acceso a la  CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.

La Marina participó

El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.

En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas  sobre una balacera entre soldados y delincuentes.

El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.

Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.

Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.

Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.

La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CN DH.

Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.

Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.

Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.

Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.

Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.

Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.

La apertura del expediente

El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.

De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.

Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo,  la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.

La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.

La alteración de la escena

Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.

Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.

Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014, producto de una filtración.

En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.

La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.

En una de las imágenes (que se muestra en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta.

Detrás,  hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.

Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.

La misma mujer indicó que, en otra foto, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.

Sobre otra de las fotografías,  la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.

En otra imagen se aprecia el cadáver de la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.


Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Lizárraga y Sebastián Barragán (INVESTIGACIONES MVS)

Crimen re-organizado

Al tiempo que la clase política concentra su atención en acomodar las piezas para la próxima contienda electoral, los cárteles aprovechan el momento. En diversas áreas de la Zona Metropolitana reclutan jóvenes y crean nuevos métodos en la distribución de droga, operación y vigilancia.

Mientras los partidos políticos “reacomodan” a sus militantes en un puesto de elección popular, el crimen organizado se reorganiza.

Y esta distracción electoral de los funcionarios está siendo aprovechada por los cárteles de la droga para resurgir de manera discreta en el área metropolitana.

Habitantes de sectores vulnerables aseguran que es imposible que este reacomodo pase desapercibido para las autoridades estatales, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey.

“‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina,  aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo.

Ante todo, discreción

Aseguran que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes, para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos, incluso están instalando casas de seguridad en los sectores.

Y ha llegado la reorganización a Nuevo León de manera discreta, pues, dicen los residentes, no quieren los cárteles llamar la atención de las autoridades estatales.

“Ofrecen trabajo en los cárteles, pero ya de una manera más ‘sordeada’ (discreta), y la indicación es no llamar mucho la atención y sin andar de ‘paletoso’ (ostentoso) por las calles con las armas”, dice Martín, un joven de 15 años de la colonia Lomas Modelo.

Al preguntarle sobre la vigilancia de autoridades policiales, respondió que es poca.

“No llegan hasta acá (la parte alta de la colonia) Fuerza Civil”, dijo el joven.

Asegura que la operación sería bajo el esquema de la vieja guardia del narcotráfico.

Reveló que integrantes del Cártel de Sinaloa llegaron a varios sectores a reclutar a jóvenes en esta entidad.

“Mira la pinta… esos vinieron a reclutar. Las pintas tienen poco… algunos dos meses”, dice un joven, con el rostro tapado.

Otro vecino de la misma colonia recuerda que hace meses llegaron sin armas a ofrecer ser parte del Cártel, esto para la venta de droga y vigilancia.

“También nos dijeron que había una unión entre los zetas y golfos, y que todo sería distinto”, reveló el joven, quien no aceptó unirse al crimen organizado.

Fuentes de inteligencia militar y federal consultadas por Reporte Indigo aseguran estar informados de esta reorganización, del supuesto pacto y fusión entre el Cártel del Golfo y Zetas en Tamaulipas.

Golpe oportuno

La madrugada del 20 de noviembre, elementos de Fuerza Civil aseguraron un arsenal y droga en una casa de seguridad en la colonia Fernando Amilpa, en Escobedo.

El gobernador Rodrigo Medina informó en un comunicado que se iniciaría una investigación para dar con las personas que custodiaban el inmueble.

“En Nuevo León estamos enviando ese mensaje, estamos trabajando cotidianamente para menguar las capacidades del crimen para poder dar este golpe y sobre todo hacer a un lado las armas y las drogas de la gente”, dijo el gobernador.

El decomiso incluye 20 paquetes de mariguana de 5 kilogramos cada uno, 200 bolsas con piedra de cocaína, 12 armas largas R15, 17 armas AK47, un arma corta calibre .45.

Además, cargadores calibre .223, 46 cargadores .762, 4 cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos, mil 100 cartuchos hábiles calibre .223, mil 500 cartuchos hábiles de calibre .762, un chaleco antibalas, fornituras y cartucheras.

Puntos al menudeo

Y el pasado 22 de diciembre, jóvenes armados atacaron el bar RE en San Nicolás, que dejó como saldo tres personas muertas y 13 heridas.

La investigación de la Procuraduría de Justicia estatal informó que el móvil del atentado pudiera estar relacionado por la venta de droga al menudeo.

También se informó que los pistoleros habrían operado en un taxi.

El martes 13 de enero, las autoridades detuvieron a 22 personas identificadas como integrantes de Los Zetas; al menos a siete de ellos se les relaciona con el ataque al Bar Re.

Otros vecinos entrevistados por Reporte Indigo, en la colonia Genero Vázquez, explicaron que el crimen organizado intenta recuperar los puntos de venta de droga al menudeo en la zona centro.

Dicen que están en la introducción de droga en bares y table dance, pero su venta es de manera sigilosa,  no de manera atrevida como en años anteriores a plena luz del día, en la puerta de los establecimientos y en la vía pública.

La reagrupación de los cárteles está integrada por exreos, que habrían salido recientemente de los penales de esta entidad.

Son ellos mismos, a decir de los vecinos, los que están pasando la voz del reclutamiento de “jóvenes soldados” para su organización, en este caso para el Cártel del Golfo.

“Lo que buscan es fortalecer sus finanzas por medio de la venta de cocaína, piedra base y mariguana”, dicen las fuentes.

La versión de estos vecinos presenta muchas coincidencias con la información recabada con taxistas, quienes revelan que compañeros del gremio están trabajando con la delincuencia.

El decomiso reciente

> 200
bolsas con piedra de cocaína

> 12
armas largas R15

> 17
armas AK47

> 1
arma corta calibre .45

> 46
cargadores calibre .762

> 4
cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos

> 1,100
cartuchos hábiles calibre .223 

> 1,500

cartuchos hábiles calibre .762

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

No hay certeza

No existe ‘certidumbre científica’ para vincular los restos encontrados en Cocula con los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, reiteran peritos argentinos a cuatro meses de la tragedia.

A cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, solo se ha comprobado científicamente la identidad de uno de los jóvenes, pero no existen evidencias suficientes para concluir, como afirma el gobierno, que fue calcinado en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los otros 42, denunciaron investigadores ayer.

El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), que trabaja con la procuraduría como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, explicó a The Associated Press (AP) que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero, con los sucesos que, de acuerdo a la versión oficial, tuvieron lugar en el basurero de esa misma localidad.

Evidencia testimonial

Los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la fiscalía, confirmaron la identificación del estudiante desaparecido Alexander Mora, pero al ser consultados por la AP recordaron, como dijeron en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une al basurero con los restos encontrados en el río “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.

Para el procurador Jesús Murillo Karam, la identificación de Mora, las declaraciones de varios detenidos y otros datos que no especificó, son pruebas suficientes para decir que en el basurero de Cocula “mataron por lo menos a uno”. Eso “me hace pensar que ahí fue todo”, ha dicho.

Agotan investigación

La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”, palabras que enojaron a los padres de familia, que no han dejado de manifestarse exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.


Piden también saber la verdad de un crimen que ha conmocionado dentro y fuera de México y para el que la ONU ha exigido una investigación transparente. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Je suis Pepone y Rodolfo y Regina

MÉXICO, D.F: Desde la distancia de América Latina, el asalto terrorista a Charlie Hebdo se siente aterradoramente cercano, tristemente familiar.

No hace mucho, acá en Santiago de Chile, no lejos de la casa en que vivo parte del año con mi mujer Angélica, periodistas y escritores que se atrevían a enfrentar al régimen del general Pinochet fueron sistemáticamente asesinados, sufriendo, muchos de ellos, torturas antes de que los mataran.

Entre tantos, recuerdo especialmente a José Carrasco (lo llamábamos Pepone), quien fuera alumno mío en la universidad, luego amigo y compañero de revolución y exilio, y, ya de vuelta en Chile, redactor de Análisis, una revista semiclandestina que publicaba frecuentemente artículos satíricos, semejantes a algunos que se suelen leer en Charlie Hebdo.

La policía secreta vino por Pepone justo antes del amanecer del 8 de septiembre de 1986. Le advirtieron que no se molestara en ponerse los zapatos. No iban a hacerle falta, dijeron. Unas horas más tarde apareció su cadáver acribillado a balazos. Otro mártir de tantos que, sí, efectivamente en forma aterradora y familiar pueblan América Latina.

Al otro lado de los Andes, en la vecina Argentina, centenares de autores, intelectuales y trabajadores de los medios fueron detenidos por escuadrones de la muerte, desapareciendo para siempre. Ante la necesidad de singularizar aquella tragedia en una persona, me quedo con el nombre de Rodolfo Walsh. El 5 de marzo de 1977, Walsh, uno de los grandes escritores argentinos, fundador del periodismo testimonial del continente, fue emboscado y secuestrado por un comando militar. Justo el día anterior le había enviado a la Junta que malgobernaba su país una Carta Abierta provocadora, insultante, mordaz, denunciando no sólo los abusos a los derechos humanos, sino también la política económica neoliberal que hambreaba a su pueblo. Su cuerpo sigue desaparecido. Aquella Carta Abierta recuerda el tono audaz e irreverente que se encuentra en las páginas de Charlie Hebdo.

Tanto Chile como Argentina, por cierto, como muchos otros países latinoamericanos que aguantaron despiadadas dictaduras –Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Bolivia, Haití, El Salvador–, son ahora democracias donde los trabajadores de la prensa pueden realizar sus labores sin temer, por lo general, el golpe en la puerta, el cuchillo en la garganta, la zanja a la medianoche.

Y, sin embargo, durante la última década una lenta masacre de periodistas ha venido asolando, infectando, corrompiendo Latinoamérica, un asedio casi invisible contra la libertad de información. No se trata de incidentes tan espectaculares ni dramáticos como el de Charlie-Hebdo, ni se insertan en el contexto de los conflictos suscitados por una pequeña minoría de fanáticos islámicos, pero estamos presenciando, de todas maneras, una agresión incesante y desmedida y metódica. Los casos más pavorosos se concentran en Honduras, Guatemala y México.

Tomemos el mes de agosto de 2013: Tres periodistas guatemaltecos fueron muertos a tiros, incluido Luis de Jesús Lima, un prominente personaje de la radio que discutía en sus programas asuntos controversiales. Y México: Entre las decenas de trabajadores de la prensa recientemente ultimados se presenta la figura señera de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso. Una pandilla entró a su casa y la golpeó brutalmente para enseguida estrangularla. Qué coincidencia: Ella había estado investigando los lazos entre los narcos y los políticos de Veracruz. Y Honduras, el lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión de periodista: El 9 de marzo de 2012, Alfredo Villatoro, que tenía un programa radial de gran sintonía, fue secuestrado en Tegucigalpa. Seis días más tarde, su cuerpo apareció con una bala en la cabeza. Estaba vestido con ropa militar, su cara cubierta con un siniestro pañuelo rojo. Las amenazas de muerte que había recibido desde hacía meses finalmente se volvieron realidad.

El mundo, básicamente, ha ignorado estos atentados.

Tiendo, para decir la verdad, a desconfiar de la frase que corrientemente se usa para expresar nuestra identificación con los perseguidos: I am Salman Rushdie, Je suis Charlie, Todos somos Ayotzinapa, si bien muchas veces firmo denuncias que ostentan palabras similares. Claramente, hay algo conmovedor en el hecho de sentirse uno parte de millones que, desde todos los continentes, demuestran su solidaridad con las víctimas del terror. Pero tal reacción lingüística suele ser un tantico fácil y cómoda. No somos, todos nosotros, Charlie. No estuvimos de veras a su lado cuando arribaron los homicidas ni los vamos a proteger con nuestros cuerpos. Y muchos de aquellos que recitan esas palabras, Je suis, Je suis, especialmente si son autoridades del gobierno o miembros de las fuerzas de seguridad, no exhibieron ayer la tolerancia que proclaman hoy con tanto fervor. Aun así, importa, sin duda, que quienes no enfrentan ningún peligro inmediato hagan saber al mundo –y especialmente a aquellos que pretenden volver a asesinar mañana– que no vamos a dejarnos amedrentar ni a permitir que el miedo y el silencio ejerzan su dominio letal.

Y tal vez, después de todo, el grito de Je suis Charlie se justifica en este caso debido a que el ataque a esa revista satírica parisina fue particularmente salvaje y masiva y, por cierto, institucional. Se quiso mandar un mensaje a toda la sociedad, y tiene sentido, por lo tanto, que toda la sociedad, la francesa y más allá de sus fronteras, afirme en forma pública y colectiva su dolor y coraje.

No obstante lo cual, visto desde Santiago de Chile, desde la perspectiva de una América Latina donde los colegas mexicanos y guatemaltecos y hondureños de Charle Hebdo mueren a mansalva en este mismo momento sin que nadie se fije, es urgente preguntarse por qué las calles de nuestro desafortunado planeta no se llenan de cientos de miles de ciudadanos que declaren je suis Alfredo Villatoro, je suis Regina Martínez, je suis Luis de Jesús Luna. ¿Por qué tan pocos pensaron siquiera en gritar je suis Rodolfo Walsh? ¿Por qué millones no advirtieron que ellos eran José Carrasco, je suis Pepone?


Palabras como éstas no habrán de detener, probablemente, horrores futuros. Parecen inevitables en un mundo enloquecido por el fanatismo y el odio. Pero por lo menos aquellos que casi anónimamente, en rincones remotos del mundo, lejos de los Champs Elysées y las luces fulgurantes de los medios, continúan levantando la voz contra la estupidez y la opresión, podrán sentirse quizás un poco menos solos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARIEL DORFMAN.

Peña, sus cuates y las “villitas de descanso”

MÉXICO, D.F: Los priistas Alfredo del Mazo y Arturo Montiel –jefes políticos de Enrique Peña Nieto–, y no sólo el inquilino de Los Pinos, así como algunos de sus subalternos, como Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y su amigo el empresario Luis Maccise –quien por cierto anda tras una de las nuevas cadenas de televisión–, son parte de la élite que tiene sus “villitas de descanso” en el paradisiaco Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Más aún, Arturo Montiel vive en la calle Paseo de la Cima, y su sobrino Peña Nieto, en Real de la Cantera.

La amplia zona de aguas termales, clubes de golf, zonas residenciales y parques recreativos son administrados por los hijos del patriarca, Arturo San Román Chávez, quien con visión empresarial obtuvo en 1947 la concesión del gobierno federal para explotar las aguas termales de San Gaspar del mismo municipio mexiquense.

El pueblo de Ixtapan de la Sal se convirtió entonces en todo un atractivo turístico y, hábil como empresario, San Roman Chávez logró que a fines de los años setenta la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le diera una de las 13 concesiones de riego. Once pertenecen a distintas comunidades, entre ellas las que hoy luchan por cancelar la vía Toluca-Naucalpan que construye Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito de Peña Nieto, y que a su paso destruye bosques, maizales y casas de los comuneros.

La otra concesión la tiene el municipio, pero a diferencia de la de los San Román, apenas brotan 16.2 litros de agua por segundo, mientras que la del patriarca es de 158.7 litros por segundo.

Y ¡vaya que los San Román demandan el agua!, pues el resto de la familia posee hoteles, campos de golf y villas.

De esta forma el patriarca logró conformar un emporio que más tarde heredaría a sus descendientes: Roberto San Román Dunne es el propietario original de los terrenos del exclusivísimo Country Club Gran Reserva.

Y Arturo San Román Widerkehr es el accionista principal del parque Acuático Ixtapan y quien, a través de su empresa Zona Uno S. de R.L. de C.V., construyó la llamada zona Residencial Ixtapan y en donde hay por lo menos 400 viviendas de tipo popular.

Otro de los San Román, Ricardo, es el dueño del Ixtapan Golf Resort Country Club el cual, según su página de Internet, tiene 18 hoyos, canchas para tenis, padel y raquet, además de club hípico, un fraccionamiento, un spa de clase mundial, lago para la pesca deportiva, lago para remar y salones de juego.

Otra de las firmas de los San Román es CUISA, Constructora Urbanizadora Ixtapan, que durante el gobierno de Peña Nieto tuvo la ampliación de los laterales de la carretera Toluca-Tenango del Valle.

Comuneros de la región otomí narraron que desde hace años los San Román han ido despojando de sus tierras a sus pobladores originarios para luego construir grandes campos de golf y zonas residenciales.

Varios de ellos, que entre 2006 y 2007 laboraron en la construcción del aeropuerto que “ganó” CUISA, han relatado que mientras Teya, la empresa de Hinojosa Cantú se encargaba de edificar el estacionamiento del aeropuerto de Toluca, los San Román ganaban la licitación para los acabados de la terminal.

Incluso, a los mismos trabajadores de CUISA les tocó, años más tarde, construir la mansión que Peña Nieto compró en la Gran Reserva; también detallaron que cuando éste fue gobernador, a su casa acudían el titular de Conagua, David Korenfeld, Luis Miranda y otros que hoy están en el gobierno federal para disfrutar de largas parrandas.


La casa de Peña Nieto en Country Club Gran Reserva salió a la luz pública la segunda semana de abril de 2010, cuando la revista de la farándula de Televisa, TV Notas, publicó fotografías de la residencia, acompañadas de una foto de Peña Nieto y Angélica Rivera, entonces novia del aún gobernador mexiquense. La “cabeza” principal del reportaje advertía: “El gobernador Enrique Peña Nieto quiere tanto a su ‘Gaviota’, que ya mandó construir un enorme ‘nidito de amor’ para los dos, en Ixtapan de la Sal, Estado de México”.

Luego dos fotos aéreas y cinco más que mostraban la terraza, la rampa para estacionamiento, una fuente que semeja un río, la fachada, amplia área de juegos y los dos lotes que conforman la “villa de descanso”.

A dos páginas, la revista destaca que “la casa ocupa dos terrenos y es de las más grandes de la zona”; bajo las fotos anuncia: “En un mes, la pareja y sus 6 hijos podrían estrenar la propiedad que está en un exclusivo club de golf”.

Más adelante, señala que, “la casa en la que la pareja pasará sus fines de semana, se construye sobre dos terrenos, tiene dos pisos, cinco recámaras, estacionamiento, jardín con fuente que simula un río, dos salas de TV, estancia y acabados de lujo, como pisos de mármol, siendo la propiedad más grande de la zona, ubicada en un exclusivo club de golf”.

La semana que acaba de concluir, el diario estadunidense The Wall Street Journal (WSJ) llamó la atención sobre esta mansión de Peña Nieto, pues reveló que CUISA, una de las empresas de los San Román, ganó licitaciones por más de 100 millones de dólares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y otros 40 millones de dólares desde que es presidente de México.

El WSJ exhibió así el conflicto de interés en el que, de nueva cuenta, Peña Nieto se ve envuelto.

Es evidente entonces el descaro de Peña Nieto al establecer relaciones de complicidad política y empresarial. Y lo que más asombra a la prensa mundial es que el jefe del Ejecutivo no ha hecho nada por ocultar su ambición al otorgar licitaciones a sus amigos a cambio de lujosas residencias.

Primero se reveló que Armando Hinojosa Cantú, dueño del emporio HIGA y quien se vio fuertemente beneficiado con licitaciones millonarias en el Estado de México, “le vendió” a Angélica Rivera la hoy llamada “Casa Blanca” en la calle Sierra Gorda en Las Lomas.

Después se reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también compró en el municipio mexiquense de Malinalco, en cómodos pagos, otra residencia a Hinojosa Cantú. Y el caso más reciente, el de CUISA de los San Román, “los dueños” de Ixtapan de la Sal, también beneficiarios de los gobiernos de Peña Nieto, que le “vendió” una villa de descanso al hoy presidente de México.

El conflicto de interés es claro, así como el abuso del poder, el tráfico de información privilegiada y la entrega de grandes obras para sus cuates es algo que debiera estarse investigando con un fiscal independiente, ciudadano, en tanto que Peña Nieto debiera dejar la Presidencia para facilitar el desarrollo de las indagatorias.


En otro país, un escándalo de este tipo ya hubiera provocado la caída de un mandatario quien, por decencia, ya habría anticipado su renuncia al cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón

MÉXICO, D.F: Acostumbrado a controlar y manipular a personajes como Germán Martínez y César Nava, a quienes impuso como presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) con todo el poder que tenía como jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón quiso hacer lo mismo con Gustavo Madero. No pudo.

Y ese es el origen de una guerra en la que Madero le ha ganado todas las batallas a Calderón, quien perfila ya su capitulación con el anuncio, justo en medio del proceso electoral, de su eventual renuncia al PAN para construir una nueva “opción política” de largo plazo.

En entrevista con El Financiero el jueves 22 –desde Davos, Suiza–, criticó que el PAN cerró la puerta a los ciudadanos, que lo gobierna una “coalición de intereses” y la corrupción “de ciertos líderes”, pero también anticipó la derrota de Margarita Zavala, su esposa, en las elecciones internas para presidente de ese partido.

“Tendrá éxito en lo que haga, no estoy seguro que sea en el PAN”, admitió. “Si este partido sigue siendo un instrumento de participación ciudadana y opción de bien común, lo va a tener. Y si se ha convertido ya en un instrumento de intereses parciales no lo va a tener; más vale que no sea ahí.”

Estas insólitas declaraciones de Calderón perfilan otra ruptura en la cúpula del PAN, derivada de una disputa de más de cuatro años con Madero –su antiguo aliado– para controlar ese partido.

“No ha habido presidente del PAN más acosado desde la Presidencia de la República que Madero”, aseguró al reportero a finales de 2012 Juan Molinar, quien adujo que Calderón y sus operadores querían controlar al chihuahuense desde antes de la elección interna de 2010 y, al no lograrlo, postularon a Roberto Gil Zuarth.

Este es un adelanto del número 1995 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Sin dinero, no hay paso

Maestros de la CNTE y más de 20 mil sindicalizados en Michoacán toman las calles para exigir al gobierno local pagos retenidos desde hace cuatro meses. Los inconformes no descartan la posibilidad de intensificar sus movilizaciones

Cerca de 20 mil empleados sindicalizados del gobierno Michoacán, encabezados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon centros comerciales, bancos, avenidas principales y carreteras federales y estatales en todo el estado.

Reclamaron la atención del gobierno local para que les liquide adeudos salariales y prestaciones laborales que fueron retenidas desde hace cuatro meses, sin ninguna explicación.

Al momento solo se sabe que la administración estatal no ha podido liquidar sus compromisos económicos con sus asalariados debido a la falta de liquidez económica, según ha reconocido el propio gobernador Salvador Jara.

Sin entrar a fondo en el tema, el mandatario ordenó la suspensión del pago a los trabajadores de base de toda la estructura administrativa del gobierno local.

La causa atribuible pudiera ser el abandono económico en el que se encuentra la administración estatal de Michoacán, en donde el propio gobernador no tiene manejo autónomo de las finanzas locales.

Esta situación es parte del acuerdo del que nace el Plan Michoacán, que aplica la Federación desde enero del 2014, lo que ha obligado suspender pagos del gasto corriente.

La medida dictada por Jara es lo que ha hecho que miles de trabajadores salgan molestos a estrangular el estado.

Pero además, la actitud omisa de la Federación, cuyas instancias tampoco aceptan responsabilidad alguna en los compromisos salariales con los trabajadores en Michoacán, ha incentivado el descontento.

Una reacción tardía

Los miembros de los sindicatos de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), de la Sección 16 de la CNTE, del Frente Estatal Sindical de Educación Media Superior y Superior, así como el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres fueron los que presionaron al gobierno estatal mediante el desquiciamiento de las labores a la población civil. 

Aun así, el gobernador tardó en reaccionar.

Los líderes del movimiento, Antonio Ferreyra Piñón, Juan José Ortega Madrigal, José Hernández Arreola y, Gaspar Romero Campos, no descartaron la posibilidad de intensificar sus movilizaciones en reclamo de los salarios y prestaciones económicas que no han sido pagados por parte del gobierno local, los que se tasan globalmente en más de mil millones de pesos.

Los sindicatos de trabajadores, a los que los une la suspensión de pagos del gobierno estatal, han conformado una nueva agrupación sindical en la entidad, bajo la denominación de denominado Frente Cívico Social, el primer órgano sindical que ha entrado en plena confrontación con el gobernador en turno, al que le reclaman su tibia actuación para atender los problemas coyunturales de Michoacán.

Esta no es la primera ocasión en que se hace un estrangulamiento a las arterias de comunicación en todo el estado de Michoacán. 

Las otras tomas

Ya habían ocurrido con anterioridad tres tomas de vialidades, sin que el gobernador estatal quisiera establecer el dialogo con sus trabajadores.

Hasta antes de la toma generalizada de la entidad que se registró este miércoles, el gobernador Jara Guerrero –siguiendo su línea política desde que asumió el encargo público- no había manifestado interés alguno por explicar a los trabajadores la razón del retraso de los pagos o la suspensión de algunas prestaciones laborales.

En cuatro ocasiones Salvador Jara Guerrero suspendió las reuniones programadas con los líderes sindicales para revisar los reclamos de pago de salarios, argumentando asuntos de último momento. La mayoría de esos líderes rompieron el diálogo al observar la despreocupada actitud del gobernador, quien ha reconocido públicamente que la administración estatal que él encabeza no cuenta con fondos para hacer frente a los compromisos de pago de salarios y prestaciones de los trabajadores del estado.

Sin autonomía financiera

El gobierno de Michoacán no cuenta con autonomía administrativa ni financiera desde que el gobierno federal asumió el control de todas las instituciones de Michoacán. Desde enero del 2014 el manejo de las finanzas locales lo hacen funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron asignados a la tesorería del estado, a fin de ordenar el desbarajuste financiero legado en la gestión de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo y Jesús Reyna García.

Y es que en los primeros arqueos que hizo la federación a las cuentas públicas de Michoacán, encontró malos manejos que apuntaban al desvío de fondos. De entrada se ha encontrado que falta por explicar el destino de más de 9 mil millones de pesos, los que fueron contratados en deuda pero nunca desglosados en sus aplicaciones.

Esa situación empujo a la federación a negarle al gobierno estatal la autonomía financiera natural. 


En su visita a la entidad el secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso lo explicó claramente: aun cuando el estado financiero no es tan crítico como el de otros estados, el gobierno federal no reconoció ninguna urgencia para aportar recursos relativos a un rescate económico, pero se aseguró la asistencia técnica para alcanzar un estado de finanzas saludables.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Crece la red de Ficrea

La lista de bienes en el extranjero vinculados al dueño de la sociedad financiera crece. Una nueva red integrada al menos con otras 18 compañías está asentada en Florida.

La lista de bienes en el extranjero vinculadas con Rafael Olvera, el dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, en liquidación a causa de un fraude por 2 mil 700 millones de pesos, sigue en aumento.

Dos operadores en Florida que se especializan en bienes raíces han comprado inmuebles durante los últimos dos años en una red de compañías cuyos nombres comienzan con LT, las iniciales de Leadman Trade.

Estas iniciales coinciden con la empresa que trianguló en México los fondos de la sociedad financiera popular para sacar el dinero de los ahorradores del país, según la versión de las autoridades financieras.

La participación de manera directa de Olvera Amezcua, en más de 30 compañías en Estados Unidos, se ha vinculado con la compra de casas, departamentos y hasta una farmacia.

Fueron adquiridas mayormente después de marzo de 2014, cuando ya había iniciado la investigación por fraude por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Pero esta nueva red, que integran al menos otras 18 compañías asentadas en Florida, comenzó a comprar inmuebles en esa región estadounidense desde mediados de 2013. 

Los operadores principales de estas empresas son los agentes de bienes raíces Samuel Strauch y Alberto Galante, ambos residentes en el sur de esa entidad.

Durante la mesa de trabajo ante la Comisión permanente del Congreso el 16 de enero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz, aseguró que la Procuraduría General de la República ya se encuentra en trámites para recuperar las propiedades que el dueño de la sociedad financiera obtuvo en el extranjero. 

A menos que Strauch y Galante sean involucrados en una investigación paralela que se desarrolle en Estados Unidos, la recuperación no incluirían las casas compradas por medio de ellos bajo los nombres de compañías en las que no se menciona a Olvera ni alguno de sus familiares.

Un emporio con las iniciales LT

Un año y medio antes de que la CNBV interviniera a Ficrea por la presunción de que se habían desviado 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores para compras de autos, casas y otros gastos, su dueño, Rafael Olvera, dispuso de una gran cantidad de dinero en el extranjero. 

Abrió en Miami la compañía LT Florida City LLC. Los socios fundadores fueron Alberto Galante, el dueño de Ficrea y el agente de bienes raíces Samuel Strauch, que participa como funcionario en la mayoría de las empresas de Olvera y su hijo en Florida.

Alberto Galante tiene licencias de Florida vigentes para vender yates y bienes raíces. Se presenta en su página de Linkedin como gerente en Miami del Grupo Investa, una compañía especializada en “gestión de patrimonios” con sede en Barcelona, España, fundada en 2002.

Al mismo tiempo asegura que dirige desde abril de 2011 el programa de obtención de visas permanentes para Estados Unidos en TSG Capital Group, una firma de capital privado especializada en manejo de crecimiento, adquisiciones y ampliaciones para otras compañías. 

El nombre de la empresa contiene las iniciales de la compañía que triangulaba en México el dinero de Ficrea, Leadman Trade, la cual formaba parte del Grupo Trade, del que Olvera tenía en propiedad el 99.99 por ciento de las acciones. 

Aunque Olvera es socio fundador, su nombre se eliminó del reporte anual de la compañía en 2014 y 2015.

Por medio de esta empresa, los socios compraron trece casas, todas las de ambas aceras de una cuadra en la zona conocida como Florida City, en el extremo sur de la ciudad de Miami. 

Las casas costaron 1.6 millones de dólares cada una y fueron construidas en 2006. Tienen una extensión de 520 metros cuadrados de terreno, tres recámaras y dos baños, según el registro público del condado de Miami. 

En esta misma zona compraron en diciembre de 2013 en 1.7 millones de dólares un edificio para renta de espacios de almacén de 5 mil 400 metros cuadrados. 

Esta compra, realizada por medio de la empresa LT N 1380 Krome, Inc. contempla igualmente a los agentes de bienes raíces como los únicos nombres en el registro. 

Multifamiliares y almacenes

La participación de Galante en las compañías con las iniciales LT se extendió a 18 empresas. 

El otro socio, Samuel Strauch, es también agente de bienes raíces y dueño de las compañías de compra y renta de inmuebles Affinity Group, que administra las propiedades por medio de otra empresa: Level 5 Services.

Bajo el mismo modus operandi, el 31 de mayo de 2013 los socios de Olvera crearon LT Lauderdale Lakes, LLC. Con ésta compraron el primero de julio una propiedad en el condado de Broward, al norte de Miami, por otros 685 mil dólares.

Con LT 103 Aventura One, Inc., adquirieron en 5.5 millones de dólares las suites 103 y 307 de un edificio para uso comercial en la zona de Aventura, al norte de Miami. 

Ese edificio concentra varias de sus empresas. En otro piso del mismo inmueble se registró la dirección fiscal de la consultora en seguridad que puso en Miami el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al término de la administración calderonista. 

El 14 de abril del año pasado, Galante, Strauch y Leadman Trade Inc, filial en Miami de la sociedad mexicana, compraron un edificio de multifamiliar con 10 unidades habitacionales en el norte de Miami por 825 mil dólares. Usaron para esto otra empresa, llamada LT 77 NW 77 Inc.


Meses antes, en diciembre de 2013, habían adquirido otro multifamiliar de 16 unidades en Lake Worth, condado de Palm Beach, igualmente en el sur de la Florida. Pagaron 850 mil dólares por medio de LT Lake Worth Inc.

La búsqueda de multifamiliares se extendió hasta una zona cercana, donde LT Riviera Beach LLC, adquirió en octubre de 2013 uno de 10 unidades por 150 mil dólares y otro de cuatro unidades por 840 mil dólares.

En el condado de Broward, al norte de Miami, compraron seis inmuebles el primero de mayo del año pasado, todos el mismo día, con la empresa LT Broward Properties, Inc. a un precio total de 755 mil dólares. Los socios son los mismos: Galante, Strauch y Leadman.


La adquisición de estas propiedades, si bien no contó con la participación directa de Rafael Olvera en su puesto de dueño de Ficrea y Leadman Trade, muestra claramente el camino hacia el dinero de estas compañías que defraudaron en México a más de 6 mil personas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

En desangelado acto, el PRI registra a su candidato en Campeche

CAMPECHE, Camp: En una desconcertante “fiesta democrática”, en la que el desánimo de la concurrencia, nutrida eso sí, fue más que pronunciado, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz dictó hoy “la consigna” a los priistas campechanos de cerrar filas para catapultar al diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, su candidato “de unidad”, a la gubernatura.

Tras largas semanas de negociaciones, en que ninguno de los grupos que están detrás de los cinco que aspiraban a la candidatura cedía en favor de los otros, y las confrontaciones entre los equipos subieron de intensidad, el PRI presentó ayer en la capital del país a Moreno Cárdenas como el elegido.

Y hoy, día fijado en la convocatoria para el registro de aspirantes, abriéndose paso entre la muchedumbre, Moreno Cárdenas se presentó a las 12:30 horas a la sede estatal de su partido para cumplir el protocolo de registro. De inmediato le fue resuelta la aprobación de su candidatura.

Pasadas las dos de la tarde, cerrado el plazo, Moreno Cárdenas acudió a recibir a Camacho Quiroz, quien vino a Campeche acompañado por la secretaria general del CEN priista, Ivonne Ortega Pacheco, para respaldar la designación.

Durante la espera, un joven animador se desgañitó infructuosamente tratando de motivar a la gente, que aunque estoicamente esperó horas bajo el sol, no mostró entusiasmo a la hora del mitin.

“¡¡¡¡¿Dónde está ese ánimo Campeche?!!!”, gritaba, pero sólo respondían las personas colocadas más cerca del entarimado. La inmensa mayoría sólo observaba.

Al quite entró Gonzalo Brito, exsecretario técnico del CDE y operador político de Moreno Cárdenas. Tampoco pudo despertar el entusiasmo de la concurrencia.

Casi cuarenta minutos después, el precandidato reapareció en el templete acompañado de los dos dirigentes, así como los senadores Raúl Pozos Lanz y Oscar Rosas González y la alcaldesa Ana Martha Escalante Castillo, quienes declinaron en su favor.

El coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, el cuarto aspirante, ya esperaba a Moreno Cárdenas en el templete en el que, en lugar de los representantes de los sectores y organizaciones, reaparecieron los exgobernadores Antonio González Curi y su esposa la diputada federal Elvia Pérez Escalante; Jorge Carlos Hurtado Valdés, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Abelardo Carrillo Zavala, quien adusto observaba la situación.

Ni la llegada de Camacho Quiroz y Ortega Pacheco, quien también se mostró excesivamente seria, incitó al jolgorio.

“Como resultado de este proceso que se llevó a cabo en los mejores términos con actitudes caballerosas, con urbanidad política, siempre con respeto y actitud sumadora hoy el precandidato de la unidad es, con el apoyo del priismo comprometido de Campeche, Alejandro Moreno a quien le damos una ovación apretada”, pidió el líder nacional de los priistas.

Apenas una minoría le hizo eco.

“La consigna de hoy en el PRI de Campeche es la unidad”, dictó entonces, y, suavizó: “pero la unidad no la puede decretar nadie, no es una fórmula protocolaria. La unidad es decisión de gente libre, se construye con sentido de responsabilidad, con generosidad y con confianza unidad activa pero también efectiva que no sólo queremos que así empiece hoy en este evento de familia priista, queremos que se prolongue en la campaña y después en la campaña, porque el protagonista exitoso en este proceso electoral es el ciudadano que quiere vivir mejor y nosotros en familia lo vamos a conseguir”, insistió.

Reconoció que requieren “mucho trabajo, muchos planteamientos, muchos compromisos y una gran capacidad para escuchar” y pidió a los priistas ayudar a Moreno “a hacer el plan de campaña y el proyecto de gobierno”.

De nuevo obtuvo una débil respuesta.

“….y lo tiene que hacer porque vamos bien, vamos bien porque estos años hemos tenido un político que aunque tiene origen priista, ha sabido servir y responder a la comunidad campechana completa”, dijo en alusión al gobernador Fernando Ortega Bernés.

Pero la mención del mandatario, quien no asistió al evento, también fue escuchada con indiferencia por la inmensa mayoría, lo mismo que cuando pronunció el nombre del presidente Enrique Peña Nieto, “alguien que por convicción se apega y se somete a la ley”.

Y se despidió con un nuevo llamado a la unidad partidista en torno a la candidatura de Moreno Cárdenas, porque “las grandes obras de la vida siempre son obras en equipo, siempre trabajo en familia, y este que es el inicio de un proceso complejo que empieza con el pie derecho, pisando fuerte en terreno seguro, juntos no nos gana nadie”.

“Ustedes van a escribir una página gloriosa en la historia contemporánea de Campeche, porque la política se diseña con la cabeza, pero se hace con el corazón, así las cosas, sólo termino diciéndoles que vamos a mantenernos cerca de Alejandro, de las candidatos y candidatas del PRI”, concluyó.

Luego tocó el turno al micrófono a Moreno Cárdenas –quien a medio discurso destacó la llegada del exgobernador oaxaqueño José Murat Casab, uno de sus impulsores–, pero la mayoría de los asistentes se mantuvo en su desánimo.

El precandidato agradeció a los otros cuatro aspirantes su declinación y aunque la ovación para ninguno tampoco fue estruendosa, en el caso de Pozos Lanz fue un poco más sonora, por lo que tuvo que levantar el brazo a Moreno como una señal para su gente de que ahora los aplausos deben ser para él.


Con un apagado grito de “¡unidad, unidad!” se dio por terminado el evento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

Amar a Dios en tierra de narcos

CIUDAD ALTAMIRANO, Gro: Triste por los recientes asesinatos de cuatro sacerdotes de su diócesis, Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, comenta: “Esos crímenes me duelen profundamente. Son golpes muy duros, durísimos, pues mis sacerdotes son como mis hijos o mis hermanos. Pero debo hacerme fuerte y reponerme. Ni modo, me tocó desempeñar mi ministerio en esta violenta zona de Guerrero”.

–Los informes señalan que a escala mundial su diócesis es la más peligrosa para ejercer el sacerdocio. ¿Es cierto?

–Al menos en los últimos meses no conozco otra donde se haya dado tanto crimen y tanta violencia contra el clero. ¡No la conozco! Quizá en algunos lugares convulsos del oriente islámico exista una violencia parecida, pero no en el mundo católico.

En su reporte de 2014, El riesgo de ser sacerdote en México, el Centro Católico Multimedial asegura que por lo menos en América, el país más peligroso para la Iglesia Católica es México, donde “la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza”. Sólo en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ejemplifica, los ataques aumentaron 100% respecto del mismo periodo del sexenio anterior.

El informe ubica a Guerrero como la entidad más violenta de México; y entre las cuatro diócesis guerrerenses, a Ciudad Altamirano como la más peligrosa.

Acababa de salir ese documento cuando un nuevo crimen en Ciudad Altamirano sacudió a la opinión pública internacional: el del joven sacerdote Gregorio López Gorostieta, levantado el pasado 22 de diciembre y tres días después localizado muerto, con un balazo en la cabeza.


Este es un adelanto del número 1995 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA (REPORTAJE ESPECIAL).

Expediente Tlatlaya: La Sedena encubre a sus altos mandos

MÉXICO, D.F: Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

En él voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicadas en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.

Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustituyó semanas después a Plascencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo “violaciones graves” a derechos humanos.

Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014, 11 días después de que la Sedena y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles en un “enfrentamiento” en el que un soldado resultó herido.

La recomendación de Plascencia Villanueva –quien al principio respaldó la versión oficial de la Sedena–, admitió que hubo entre 12 y 15 ejecuciones, mientras que la PGR mencionó sólo ocho, de acuerdo a la consignación del caso realizada en octubre.


Este es un adelanto del número 1995 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.