"Dudo que sea él, por ciertos rasgos marcados... no se parece", aseguró Jorge, quien pidió a la PGR que confirme o descarte si el cuerpo encontrado, el sábado, es su padre.
Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, manifestó sus dudas sobre que el cuerpo encontrado el sábado por las autoridades de Veracruz corresponda a su padre.
“Yo he visto el cuerpo que mencionan, y yo dudo que sea él, ciertas características no coinciden“, dijo este lunes, en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
“Solicité una prueba de ADN, ya en la PGR tienen nuestro perfil genético para que descarten o confirmen lo que el Procurador (de Veracruz) menciona. Hasta el momento, yo vi el cuerpo que dicen y no lo reconozco como que sea él“, afirmó.
El hijo refirió que, junto con un equipo de abogados, “estamos analizando inconsistencias… del procurador” Luis Ángel Bravo.
Jorge mencionó que cuando el funcionario exponía el domingo lo que presuntamente habría ocurrido con su padre, él todavía no veía el cuerpo.
“No me mostraron ropa alguna, nada más el cuerpo” – indicó – desconozco si haya ropa”.
Sobre la “confronta” de una huella que hizo la Procuraduría de Veracruz, considero que “no es suficiente”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Refuta las acusaciones del diputado Ricardo Monreal.
El gobierno de Puebla negó que haya contratado o establecido una relación laboral con el Grupo Higa, para la construcción del Museo Internacional Barroco.
En una carta dirigida a este portal de noticias, refutó las acusaciones del diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien acusó al gobierno de Puebla de beneficiar a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa.
“La información respecto al Museo Internacional Barroco al que el Diputado liga con el Grupo Higa, es nuevamente falsa. Esta administración en ningún momento ha contratado sus servicios o establecido una relación laboral con el mismo”, aseveró.
El gobierno estatal indicó: “Rechazamos categóricamente la información del Diputado Monreal. Son declaraciones falsas y sin ningún sustento, que sólo buscan el desprestigio y la calumnia”.
Monreal indicó que Hinojosa Cantú habría recibido contratos por 26 mil millones de pesos, a lo que el gobierno poblano precisó que: “Tal es la desinformación del legislador, que el monto de 26 mil millones de pesos que asegura se han otorgado, excede la inversión total en materia de infraestructura en el Estado, la cual asciende a 20 mil 343 millones de pesos, lo que comprueba que el Diputado miente”.
Carta del gobierno de Puebla:
Carta Aristegui Noticias.docx by Aristegui Noticias
La semana pasada, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro anunció que propondrá investigar los contratos multimillonarios que el empresario Armando Hinojosa Cantú, contratista privilegiado del actual gobierno federal, ha recibido del gobierno poblano.
“Armando Hinojosa no sólo es uno de los principales beneficiarios de la obra pública que realiza el gobierno federal, también se beneficia de las obras realizadas en Puebla, y aún no sabemos en cuántos estados más”, comentó el diputado Ricardo Monreal Ávila.
Según Monreal, Higa “ha ganado contratos por un monto de 26 mil 212 millones de pesos, lo que representa el 34 por ciento del presupuesto de la entidad, y el 600 por ciento del gasto anualizado de la capital poblana”; lo anterior ha sido rechazado por el gobierno de Puebla.
El diario Reforma publicó, en diciembre pasado, que existe un contrato valuado en más de 7,000 millones de pesos, que obtuvo Concretos y Obra Civil del Pacífico, la cual es filial de Grupo Higa.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya se encuentran en el Zócalo capitalino, donde insisten en que no habrá elecciones este año en Guerrero "aunque el gobernador del Estado, Rogelio Ortega, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, digan lo contrario".
El grupo de manifestantes que partió del Metro Taxqueña, integrado por profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y por familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ya se encuentra en el Zócalo del Distrito Federal, donde los padres ya comenzaron con el mitin a pesar de que los últimos contingentes apenas están ingresando a la plancha.
Durante el mitin, el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz, insistió en el llamado a no participar en las elecciones del próximo 7 de junio, ya que dijo: “Votar es votar por el crimen organizado”.
“No habrá elecciones aunque el gobernador del Estado, Rogelio Ortega, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, digan lo contrario. El pueblo de Guerrero no lo va a permitir”, aseguró de la Cruz.
Durante su discurso, la madre del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Carmen Cruz, aseguró que los padres de los normalistas piensan que el gobierno mantiene retenidos a sus hijos y que hasta ahora no los han buscado de forma adecuada. “A cuatro meses de vivir esta pesadilla, nos nos cabe la duda de que este gobierno tiene a nuestros hijos”, señaló.
El padre de Alexander Mora Venancio —el único de los estudiantes desaparecidos, cuyos restos ya fueron identificados—, Ezequiel Mora, acusó que no ha visto los restos de su hijo, por lo que continuará buscándolo con vida y convocó a que la sociedad vaya a Ayotzinapa el próximo 5 de febrero para realizar un encuentro nacional con el objetivo de transformar al país.
Mientras los padres continúan con su discurso, un grupo de manifestantes prendió una hoguera en la esquina de 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, a un costado de la Catedral Metropolitana, mientras que otro grupo de personas prendió otra a un lado del asta bandera, por lo que los padres de los normalistas pidieron apagar el fuego y anunciaron el fin del mitin.
Al término del mitin, las autoridades capitalinas informaron que “alrededor de 15 mil personas participaron en las movilizaciones” de este 26 de enero en la Ciudad de México.
Este lunes 26 de enero se cumplen cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que se tenga certeza científica sobre su paradero, por esa razón, los padres de los jóvenes encabezan las cuatro marchas, como parte de la Octava Jornada por Ayotzinapa.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, aseguró que aún cuando ya pasaron cuatro meses, “vamos a seguirlos buscando hasta que no nos comprueben de manera científica que están muertos como quieren hacernos creer”.
De la Cruz dijo que esperan el apoyo de miles de ciudadanos que, como ellos, no están dispuestos a bajar la guardia porque “cada momento es de coraje y desesperación, pero nunca de rendimiento”.
El 8 de diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en un basurero de Cocula, Guerrero.
“Con base a los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determino que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”, aseguró el titular de la PGR en aquella ocasión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
El expresidente señaló que Florence Cassez debería estar preocupada por demandas de carácter civil, luego de que el abogado de la ciudadana francesa dijo que ella, tras su encarcelamiento, está "muerta en vida".
que presentó la ciudadana francesa Florence Cassez en su contra por daño moral es absurda.
“Me parece absurda, pero en fin, en términos de la ley de víctimas, aún cuando la Corte haya decidido lo que decidió sobre este tema, la Corte no se pronunció sobre el fondo y las conductas de la señora y en todo caso la que tendría preocupación acerca de consecuencias de demandas de carácter civil sería ella y yo no”, señaló en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula.
Las declaraciones del expresidente se dieron luego de que Florence Cassez presentó el viernes 23 de enero una demanda por daño moral en contra de las personas que considera fueron responsables de su encarcelamiento en México, informó su abogado, José Patiño.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Patiño explicó que la demanda es por el daño moral causado por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012); el exprocurador de justicia, Daniel Cabeza de Vaca; el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como los periodistas Carlos Loret de Mora y Pablo Reinah, de Televisa.
“Realmente ella está muerta en vida, eso es lo que estamos señalando en la demanda, porque le ha afectado tanto el montaje. La demanda fue presentada el viernes pasado que se vencía el término en la Oficialía de Partes en los juzgados de Distrito en San Lázaro”, dijo el abogado.
En otra entrevista, en Noticias MVS, Patiño agregó: “estamos presentado una demanda por daño moral por el daño que le ocasionaron a Florence Cassez en donde en su propia persona, en sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su decoro, su honor, su reputación, su vida privada, a esta señora la mataron en vida, esas personas no obstante de estar en calidad de garantes de la seguridad y del derecho, en México le montaron y le escenificaron algo ajeno a la realidad”.
Patiño detalló que la demanda es por 36 millones de dólares, debido al daño que sufrió Cassez, quien pasó casi ocho años presa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con motivo del segundo informe de gobierno, del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, Joaquín López-Doriga viajó en enero de 2013 a entrevistarlo en el Centro Integral de Servicios (CIS) donde fue transmitido el programa de radio.
En el documento “Inversión en Difusión del Gobierno del Estado de Puebla” se lee que la empresa, de la cual es propiedad Joaquín López-Doriga, recibió un pago de un millón 120 mil pesos.
Dicha empresa, Astron Publicidad S.A. de C.V., también fue acusada de recibir pagos de 6 mdp por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina, esto último en febrero del año pasado.
La apoderada legal de la empresa es Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín.
“La publicidad oficial se ha convertido en un instrumento de propaganda y una plataforma política de funcionarios públicos. Por ejemplo, entre el año 2013 y 2014 diversos actores políticos como el gobernador de Chiapas y algunos delegados del Distrito Federal, se promocionaron utilizando su propia imagen mientras publicitaban el informe de labores o las actividades públicas que realizaron por representación y mandato”, indica el índice de acceso al gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas 2013.
En la entrevista se denota la falta de rigor periodístico además de que es sumamente tendenciosa y promover “logros” del gobernador además de no avisar a los radioescuchas que ese programa estaba pagada por el gobierno del Estado de Puebla.
De nuevo una vinculación entre el comunicador y el enriquecimiento ilícito con el gobierno. Quizá el hecho de que el gobernador de Puebla esté un poco más “en boga” ocasione una atención especial o que se haga a un lado cualquier posible indagación.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Ángel Aguirre Herrera, aspirante por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Acapulco, expresó que se deben investigar a todos los involucrados del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala incluyendo a su padre, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
“Yo soy el primero en aprobar y avalar este tipo de declaraciones. Hay que llegar al fondo de lo que sucedió en el tema Iguala, independientemente de que se tuviera que llamar a Ángel Aguirre Rivero. Nosotros estamos con una tranquilidad y con una limpieza sobre ese tema”, expresó determinantemente.
También declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación y responsabilidad de hacer que se lleven a cabo los comicios electorales en Guerrero.
Agregó que a pesar del clima electoral y de las adversidades, que pudieran vislumbrarse en Guerrero, no dejarán de hacer campaña y hará lo que “otros políticos de no hacen”; visitar todos los rincones de Acapulco.
Esperemos que no trate de emplear una estrategia de engaño y dar información tendenciosa en función de beneficiarse personalmente o a su partido y que lo que proponga sea por principios morales y éticos más allá de intereses mayores.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal.
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, informó este lunes 26 de enero que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras del proyecto Dragon Mart, en Quintana Roo, por daño ambiental en la zona.
En conferencia de prensa, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, detalló que entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal, por lo que esta mañana, personal de la dependencia realizó la visita de verificación y clausura a proyecto, ubicado en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez.
Al dar a conocer acciones en materia de protección ambiental, Haro Bélchez detalló que la infraestructura contemplada de este proyecto era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas de proyecto.
Sánchez Hernández expuso que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
Reveló que la Profepa demostró ante el poder judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al Medio Ambiente.
Por lo anterior, el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el juzgado de distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo.
Por su parte, el procurador ambiental Guillermo Haro Bélchez recordó que el proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, empresa con el 90% de capital nacional en una área de más de 500 hectáreas que en la década de los 70 formaba parte de la exHacienda de Las Vegas.
El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales y un total de 3 mil locales en una superficie de 561 hectáreas de las cuales en 203 se iba a llevar a cabo el proyecto y 357 hectáreas iban a ser de conservación.
Sin embargo, de acuerdo con los datos de la gráfica de 2012, se devastaron más de 200 hectáreas de las cuales 149 hectáreas eran zonas con competencia federal por lo que la Profepa inició desde 2013 las acciones para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales.
Asimismo, el Senado de la República solicitó información sobre las acciones realizadas en el proyecto y de 2013 a la fecha se han recibido más de nueve denuncias por parte de grupos ambientalistas tras lo cual en febrero de 2014 se mandató que la Profepa realizara nuevas inspecciones.
Como resultado de lo anterior, los inspectores descubrieron diversas irregularidades entre las que estaban la falta de una autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo.
Asimismo, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo; se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, y de especies manglares enlistadas en NOM 059, fundamentalmente mangle botoncillo.
Haro Bélchez aclaró que son dos leyes las que se consideraron en el asunto: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).
Detalló que agotados los procedimientos correspondientes, en septiembre de 2014 se aplicaron multas en materia forestal por más de 21 millones de pesos en materia forestal y de impacto ambiental.
Finalmente y tras una serie de investigaciones que permitieron descubrir todas estas irregularidades, el 8 de enero pasado el primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito sobresello el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseido un juez de distrito.
Con lo anterior se actualizaron las causales de improcedencia que no dan lugar al estudio del asunto promovido por los desarrolladores, quienes argumentaban que el proyecto no se encontraba sobre terrenos forestales.
Por lo anterior se declaró la clausura total del proyecto por parte de la Profepa, al determinarse que el predio si se encuentra en terrenos forestales y en un ecosistema costero e incidir negativamente en un área importante para la conservación de aves en la región hidrológica sureste del corredor Cancún-Tulum.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mujeres de Iguala, y municipios vecinos, se congregan en una Iglesia local para buscar a sus familiares, que son parte del grupo de personas desaparecidas en esa región en los últimos siete años.
Es martes por la mañana, y la iglesia de San Gerardo María Mayela está custodiada por una decena de camionetas artilladas de la Secretaría de Marina, cuyos tripulantes, con uniforme camuflado, cascos y chalecos antibalas, mantienen sus ametralladoras bien prendidas con ambas manos a la altura del pecho, siempre con un dedo cerca del gatillo. A pie, además, francotiradores de la Policía Federal hacen rondines alrededor del templo católico, portando rifles cuyo cañón es apenas más largo que sus miras telescópicas.
Éste es el templo erigido en Iguala en honor al “santo patrono de las madres y de los partos felices”. Y es también el lugar donde, desde noviembre de 2014, vienen congregándose lo mismo mujeres jóvenes que viejas, robustas o débiles, que deambulan, algunas erguidas y otras encorvadas, portando todas las mismas playeras negras que, sobre la espalda, rezan: “Mientras no te entierre, te seguiré buscando…”.
Ellas son las madres de 470 personas (sin contar a los 43 normalistas raptados por la policía de este municipio el pasado 26 de septiembre) que han sido desaparecidas en Iguala y las localidades vecinas en los últimos siete años. Son empleadas, amas de casa, campesinas, casi todas radicadas en México, pero las hay también que volvieron desde Estados Unidos, a donde emigraron hace años, sólo para buscar a sus hijos.
Muchas había callado su dolor todo este tiempo, por miedo a que el costo de denunciar fuese la pérdida de más hijos, y esa es, quizá, la razón por la cual, entre 2011 y 2014, sólo 27 privaciones de la libertad fueron denunciadas en el municipio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otras son madres que sí acudieron ante las autoridades para clamar ayuda, y que en respuesta obtuvieron amenazas, mentiras e impunidad. El desconsuelo, al final, es el mismo en unas y otras.
Leonor, por ejemplo, viene de Chiautla –localidad ubicada en Puebla, en la frontera con el estado de Guerrero–, donde su hijo, Marco Antonio Tapia Tapia, fue secuestrado el 14 de marzo de 2013 y por el cual se exigió un rescate de 3 millones de pesos.
El mismo día de su secuestro, a través de geolocalización, el teléfono celular de Marco Antonio, un maestro de telesecundaria que completaba su ingreso haciendo labores de albañilería y plomería, fue ubicado en Iguala, pero ninguna autoridad salió en su búsqueda.
Al presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, rememora Leonor, “nos dijeron que no podían ir, que era un lugar muy peligroso, donde operaba un grupo criminal muy bien organizado… ‘no podemos ir nosotros’, decían los agentes, pero, eso sí, nos pidieron que mantuviéramos activo el teléfono, para que siguieran rastreando, y el teléfono siempre estaba en Iguala o en el municipio vecino de Eduardo Neri, o sea, los delincuentes que se llevaron a mi hijo ahí estaban, y seguían usando el teléfono que le quitaron… y total que por más de un año pagamos cada mes los recibos del teléfono, que llegaban de entre 600 y 700 pesos, esperando que las autoridades investigaran, y nunca quisieron hacer nada…”
Pero eso no fue todo, y Leonor enumera: “Las autoridades se tardaron seis meses en llamar a los testigos del secuestro para hacer el retrato hablado de los delincuentes, y para entonces, muchos detalles ya se les habían olvidado; además, en Puebla no quisieron tomarnos muestras de ADN porque nos dijeron que no había reactivos; tampoco se nos ha permitido ver el expediente de la investigación; y a mi nuera y mis nietas les quitaron el ISSSTE; la SEP también se niega a otorgarle la pensión a la familia de mi hijo, e incluso la mamá de mis nietas tuvo que devolver la última quincena que él cobró, porque ya no se presentó a trabajar, y ¿cómo se iba a presentar a trabajar, si los delincuentes se lo llevaron?”
Como Leonor, desde que el pasado 26 de septiembre fueron secuestrados 43 normalistas por la Policía Municipal de Iguala, a esta iglesia llegan todos los días madres, esposas, hijas, hermanas, y padres también, de personas desaparecidas en el municipio, y en todo el norte de Guerrero, con el anhelo de que las investigaciones realizadas por la autoridad para localizar a los normalistas permitan, también, hallar a sus seres queridos.
También todos los días, en punto de las 9:00 horas, de la iglesia de San Gerardo María Mayela parte un grupo de familiares hacia los cerros de Iguala, en busca de fosas clandestinas en las que el crimen organizado hubiera ocultado los restos de sus víctimas.
“Por supuesto, ninguno de nosotros éramos expertos en búsqueda de fosas –explica Citlali Miranda, del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición de Iguala, como se denominó este grupo de ciudadanos, arropado por la iglesia de San Gerardo–, pero poco a poco vamos agarrando experiencia, y trabajamos con lo que tenemos a nuestro alcance, porque la verdad es que las autoridades estatales no han tenido ninguna intención de ayudarnos: les pedimos herramientas, como barretas, palas, picos, vehículos o gasolina, y nos dicen que no les toca, que si ya están las autoridades federales metidas en el caso, que ellas nos resuelvan.”
Aún así, su labor ha sido tan efectiva que, de noviembre a la fecha, el Comité de Familiares ha logrado localizar 31 restos óseos inhumados clandestinamente en los cerros que rodean Iguala.
Se trata de “familiares que desde hace años esperan a sus hijos desaparecidos aquí, a sus esposos, a las hijas secuestradas junto con sus nietos –afirma el padre Óscar Mauricio Prudencio, párroco de San Gerardo–, y muchos de ellos han comentado que a sus hijos e hijas se los llevaron los militares, los policías, el crimen organizado, porque desde hace años es un secreto a voces la estancia de los grupos delictivos en Iguala, que se dedican a secuestrar, a vender la droga… con perdón de la expresión, ése es, para nosotros, el pan nuestro de cada día.”
Casi como una ironía, el padre Óscar recuerda que en 2013 fue enviado a Iguala “para estar yo más tranquilo”, luego de que en su anterior parroquia, ubicada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, quedara atrapado en un enfrentamiento entre los cárteles de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, al dirigirse a un poblado rural para oficiar un bautismo.
De aquella balacera, recuerda aún afectado, debió huir corriendo por el monte, dejando atrás su camioneta incendiada en el camino, y de la que había sido arrastrado fuera por sicarios de Guerreros Unidos.
“Supuestamente yo iba a estar más tranquilo aquí, en Iguala, pero cuando llegué, a mediados de 2013, lo primero con lo que me enfrenté fue con una familia que vino a pedirme que celebrara misa para orar por la liberación de un hijo secuestrado, y luego vino otra familia, y luego otra, y luego vino más gente para solicitar una misa por la muerte de un joven también secuestrado… entonces, eso me impactó… después recibí la llamada de una persona que dijo ser comandante de Guerreros Unidos, reclamándome por no haber asistido a una reunión en la que supuestamente me esperaban, y yo le dije ‘mira, yo apenas vengo llegando a Iguala, no sé quién eres’, y él me respondió que tenía yo que dar una cuota de 10 mil pesos si no quería que nos atacaran, eso fue casi recién llegando, y en el año y medio que llevo en Iguala me han hablado otras tres veces con la misma amenaza, la última de ellas fue el pasado viernes (2 de enero de 2015)… yo, lo único que hago, es colgar”.
–¿Cómo era Iguala antes del 26 de septiembre, cómo era la seguridad y los servicios bajo la administración del exalcalde José Luis Abarca? –se pregunta al religioso.
–Yo, en lo personal, no tenía un buen concepto de él como gobernante –advierte el padre Óscar–, en cuestión de obras, no sé cuáles realizara, puedes darte cuenta cómo en las colonias de la periferia las calles están sin pavimentación, hay mucha basura, mucha gente se queja de que no hay agua o de que llega sucia. Yo llegué hace un año y algunos meses, así que el conocimiento que tengo sobe la autoridad municipal es lo que los feligreses me decían, y ellos me decían ‘cuídese, padre, de la policía’… y ahora que ha pasado lo de los muchachos de Ayotzinapa puedo darme cuenta de que lo que me decían era cierto, de quien había que cuidarse era de la autoridad…
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Luis Ángel Bravo señaló que, debido a lo irreconocible que quedó el cuerpo del periodista, encontrado el sábado, se realizaron pruebas de ADN y una "confronta" de huella dactilar.
El cuerpo del periodista Moisés Sánchez, encontrado el sábado, está irreconocible, reveló la Procuraduría de Veracruz.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el procurador Luis Ángel Bravo, afirmó que “no es un cuerpo que pueda, a través de los sentidos, reconocerse”. Estaba “brutalmente lastimado, es algo dantesco”, pero los peritos confirman que pertenece al periodista, sostuvo el funcionario.
Para sostener que se trata del cuerpo de Moisés, detalló el procurador, se hizo una prueba de huella dactilar; además de estudios de ADN cuyos resultados aún no se conocen.
Indicó que el asesino confeso del periodista señaló “de forma clara y contundente, la forma y los motivos por los cuales privaron de la vida el mismo día en que se lo llevaron”, el pasado 2 de enero.
Según el detenido, fue el chofer del alcalde de Medellín de Bravo quien le pidió “desaparecer” a Moisés, porque “calienta” la zona, “patea el avispero, mueve el avispero”, en referencia a las denuncias que hacía.
De acuerdo con el procurador, el asesinato ocurrió en un lugar a 40 minutos de Medellín, donde “de una manera cruel e inaceptable lo privan de la vida”.
Actualmente, hay “evidencias públicas, hasta en redes fluyen videos donde se acreditan diferendos entre Moisés y el alcalde” de Medellín, Omar Cruz Reyes. También hubo amenazas, apuntó.
“Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del alcalde”, sostuvo.
“Su chofer y escolta hace la petición al grupo delincuencial”, refirió.
El procurador dijo que el hijo del periodista, Jorge Sánchez, quiso ver el cuerpo encontrado el fin de semana, pero como estaba irreconocible, “está en espera de que lo confirmen las instancias federales“, con base en los estudios de ADN.
“Se le explicó (a Jorge) que lamentablemente las condiciones que presenta el cuerpo son bastante lamentables… no podría haber una identificación física, para confirmar o descartar la identidad del cuerpo”, indicó Bravo.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
El Estado de México y Guerrero, los territorios más violentos.
Mientras el staff presidencial alistaba una nueva mampara, un nuevo anuncio, un nuevo spot, otros 5 o 10 puntos para aparentemente resolver algún asunto, o un nuevo hashtag para colocarlo en las redes sociales, en diferentes partes del país, no dejó de escurrir la sangre.
En 2014 –segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto-, según las cifras oficiales, hubo 17 mil 317 asesinatos dentro del territorio mexicano. Fueron 47 ejecuciones por día; prácticamente dos cada hora; uno cada treinta minutos.
Ni el 2007 ni 2008 ni 2009 –primeros años del gobierno de Felipe Calderón- fueron tan violentos como 2014, aunque los números no llegaron -como antes- a las primeras planas.
En el presente sexenio se acumulan más de 35 mil homicidios dolosos, cifra que corresponde a la mitad de todas las ejecuciones cometidas en el sexenio anterior (70 mil muertes, aproximadamente).
Eso sí, las cifras oficiales marcan una reducción de homicidios dolosos el año pasado, si se compara con los años 2010, 2011, 2012, siempre arriba de las 20 mil muertes violentas cada año.
Ocho territorios fueron los más violentos en 2014:
-Estado de México (2 mil 278 asesinatos)
-Guerrero (mil 514 asesinatos)
-Chihuahua (mil 289 asesinatos)
-Michoacán (mil 85 muertes violentas)
-Jalisco (mil 25 ejecuciones)
-Sinaloa (986 homicidios dolosos)
-Tamaulipas (947 asesinatos)
-Y el Distrito Federal (814 asesinatos).
En el resto de los estados, los homicidios dolosos fueron menos de 800 en el año.
También hubo zonas que no se tiñeron completamente de rojo.
Aguascalientes y Yucatán fueron los estados con menos asesinatos. En el primero hubo 44 muertes violentas en todo el año; en el segundo, 42, lo que lo convierte en el más pacífico de todo el territorio. Es decir, unas tres o cuatro muertes cada mes.
Otros estados que podrían separarse de la República de la muerte son: Tlaxcala y Campeche, donde se cometieron 66 y 67 homicidios dolosos, respectivamente. Cinco o seis muertes violentas cada mes.
En contraste, los dos estados más violentos vivieron hechos que provocaron conmoción en el resto del territorio nacional.
Los 2 mil 278 asesinatos contabilizados en el Estado de México deberían incluir a los 22 muertos en Tlatlaya, donde se realizó un operativo militar que terminó con la vida de esas personas, en circunstancias que aún siguen sin esclarecerse por completo. También deben incluir los feminicidios y las muertes en transporte público, durante algún asalto.
Mientras que los mil 514 asesinatos cometidos en Guerrero, seguramente incluirán a algunos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a los decapitados de Chilapa. Y a los sacerdotes ejecutados…
Sin embargo, las cifras oficiales no incluyen ni una historia, detrás de los 17 mil 317 muertos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Gustavo Sánchez B
En México "parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno (PRI)", señaló la analista.
En este 2015, habrá alrededor de 50 elecciones en el mundo, entre presidenciales, parlamentarias, locales y municipales. Sin embargo, no es un año electoral de gran importancia geopolítica, indicó la analista internacional, Rina Mussali Galante.
En entrevista para Aristegui CNN dijo que no es un año electoral tan relevante, “a diferencia del 2012, que sí hubo elecciones en cuatro de los cinco países integrantes del Consejo de Seguridad; hubo elecciones en Francia, Estados Unidos, Rusia y las indirectas en China”.
“Ahora no hay ninguna elección de una potencia central. Tampoco es un año electoral de gran relevancia para economías emergentes, a diferencia del 2014, de cinco países BRICS, hubieron elecciones en Brasil, en India y en Sudáfrica”, precisó.
Además “vemos que el 2015 no es un año electoral tan importante para América Latina, el año pasado hubo siete elecciones en la región. En 2015 tenemos algunos focos electorales que hay que ver”, comentó la especialista.
La especialista explicó cuáles son las elecciones esperadas en el mundo en este año, aparte de las que se realizarán en estados y la capital de México. Señaló que “en el mapa europeo, en mayo elecciones en Polonia y Reino Unido, hay elecciones legislativas en Finlandia, Portugal y España a finales de 2015”.
“En América las de Canadá, también elecciones en Argentina, Guatemala, y en el Caribe destacan las de Haití”, señaló.
“En Asia habrá elecciones en Birmania, país que ha tenido 50 años de regímenes militares. Es un caso muy excepcional. También Tailandia, en Asia son muy importantes estas elecciones”.
Y agregó que “vienen elecciones anticipadas en Israel, donde el primer ministro va en búsqueda de un cuarto mandato. Además en África habrá varias elecciones de gran importancia, el 14 de febrero en Nigeria; también en Sudán”.
Específicamente habló de España, donde considera que hay dos determinantes, “primero, la parte económica. España ha salido de su peor momento, ya ha salido de la crisis económica, está en la senda de la recuperación y ha creado crecimiento y empleos. La otra condición, es el descalabro tradicional del bipartidismo en España, los dos partidos políticos tradicionales están acusados por actos de corrupción”. Por lo que “hay que estar muy pendiente”.
En cuanto Argentina dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no se puede reelegir por un nuevo mandato, lo prohíbe la Constitución, aquí la pregunta es si ¿va a regresar en el 2019?, justamente lo hizo Michelle Bachelet en Chile y lo pudo hacer Tabaré Vázquez en Uruguay”.
De México aseveró que “parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno. Tenemos la llegada del PRI a los Pinos después de 12 años de transición política con el PAN y en donde hay una espectacular caída de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, los actos de corrupción, Tlatlaya y Ayotzinapa. Me parece que el PRI posiblemente se puede seguir apuntando como actor hegemónico”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Además, un comando de elementos de La Marina llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.
El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.
No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.
El manual de uso de la fuerza del Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.
Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.
Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de La Familia.
Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.
La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:
“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.
En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de Noticias MVS.
En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.
Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:
“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”
La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.
Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.
Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.
El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.
Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.
El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.
La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.
“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay”.
“No hay ninguna posibilidad que una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.
La Marina participó
El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.
En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.
Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.
El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.
Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.
Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.
Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.
La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CN DH.
Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.
Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.
Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.
Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.
Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.
Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.
La apertura del expediente
El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.
De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.
Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo, la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.
La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.
La alteración de la escena
Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.
Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.
Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014, producto de una filtración.
En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.
La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.
En una de las imágenes (que se muestra en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta.
Detrás, hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.
Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.
La misma mujer indicó que, en otra foto, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.
Sobre otra de las fotografías, la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.
En otra imagen se aprecia el cadáver de la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.
Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Lizárraga y Sebastián Barragán (INVESTIGACIONES MVS)
Al tiempo que la clase política concentra su atención en acomodar las piezas para la próxima contienda electoral, los cárteles aprovechan el momento. En diversas áreas de la Zona Metropolitana reclutan jóvenes y crean nuevos métodos en la distribución de droga, operación y vigilancia.
Mientras los partidos políticos “reacomodan” a sus militantes en un puesto de elección popular, el crimen organizado se reorganiza.
Y esta distracción electoral de los funcionarios está siendo aprovechada por los cárteles de la droga para resurgir de manera discreta en el área metropolitana.
Habitantes de sectores vulnerables aseguran que es imposible que este reacomodo pase desapercibido para las autoridades estatales, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey.
“‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina, aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo.
Ante todo, discreción
Aseguran que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes, para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos, incluso están instalando casas de seguridad en los sectores.
Y ha llegado la reorganización a Nuevo León de manera discreta, pues, dicen los residentes, no quieren los cárteles llamar la atención de las autoridades estatales.
“Ofrecen trabajo en los cárteles, pero ya de una manera más ‘sordeada’ (discreta), y la indicación es no llamar mucho la atención y sin andar de ‘paletoso’ (ostentoso) por las calles con las armas”, dice Martín, un joven de 15 años de la colonia Lomas Modelo.
Al preguntarle sobre la vigilancia de autoridades policiales, respondió que es poca.
“No llegan hasta acá (la parte alta de la colonia) Fuerza Civil”, dijo el joven.
Asegura que la operación sería bajo el esquema de la vieja guardia del narcotráfico.
Reveló que integrantes del Cártel de Sinaloa llegaron a varios sectores a reclutar a jóvenes en esta entidad.
“Mira la pinta… esos vinieron a reclutar. Las pintas tienen poco… algunos dos meses”, dice un joven, con el rostro tapado.
Otro vecino de la misma colonia recuerda que hace meses llegaron sin armas a ofrecer ser parte del Cártel, esto para la venta de droga y vigilancia.
“También nos dijeron que había una unión entre los zetas y golfos, y que todo sería distinto”, reveló el joven, quien no aceptó unirse al crimen organizado.
Fuentes de inteligencia militar y federal consultadas por Reporte Indigo aseguran estar informados de esta reorganización, del supuesto pacto y fusión entre el Cártel del Golfo y Zetas en Tamaulipas.
Golpe oportuno
La madrugada del 20 de noviembre, elementos de Fuerza Civil aseguraron un arsenal y droga en una casa de seguridad en la colonia Fernando Amilpa, en Escobedo.
El gobernador Rodrigo Medina informó en un comunicado que se iniciaría una investigación para dar con las personas que custodiaban el inmueble.
“En Nuevo León estamos enviando ese mensaje, estamos trabajando cotidianamente para menguar las capacidades del crimen para poder dar este golpe y sobre todo hacer a un lado las armas y las drogas de la gente”, dijo el gobernador.
El decomiso incluye 20 paquetes de mariguana de 5 kilogramos cada uno, 200 bolsas con piedra de cocaína, 12 armas largas R15, 17 armas AK47, un arma corta calibre .45.
Además, cargadores calibre .223, 46 cargadores .762, 4 cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos, mil 100 cartuchos hábiles calibre .223, mil 500 cartuchos hábiles de calibre .762, un chaleco antibalas, fornituras y cartucheras.
Puntos al menudeo
Y el pasado 22 de diciembre, jóvenes armados atacaron el bar RE en San Nicolás, que dejó como saldo tres personas muertas y 13 heridas.
La investigación de la Procuraduría de Justicia estatal informó que el móvil del atentado pudiera estar relacionado por la venta de droga al menudeo.
También se informó que los pistoleros habrían operado en un taxi.
El martes 13 de enero, las autoridades detuvieron a 22 personas identificadas como integrantes de Los Zetas; al menos a siete de ellos se les relaciona con el ataque al Bar Re.
Otros vecinos entrevistados por Reporte Indigo, en la colonia Genero Vázquez, explicaron que el crimen organizado intenta recuperar los puntos de venta de droga al menudeo en la zona centro.
Dicen que están en la introducción de droga en bares y table dance, pero su venta es de manera sigilosa, no de manera atrevida como en años anteriores a plena luz del día, en la puerta de los establecimientos y en la vía pública.
La reagrupación de los cárteles está integrada por exreos, que habrían salido recientemente de los penales de esta entidad.
Son ellos mismos, a decir de los vecinos, los que están pasando la voz del reclutamiento de “jóvenes soldados” para su organización, en este caso para el Cártel del Golfo.
“Lo que buscan es fortalecer sus finanzas por medio de la venta de cocaína, piedra base y mariguana”, dicen las fuentes.
La versión de estos vecinos presenta muchas coincidencias con la información recabada con taxistas, quienes revelan que compañeros del gremio están trabajando con la delincuencia.
El decomiso reciente
> 200
bolsas con piedra de cocaína
> 12
armas largas R15
> 17
armas AK47
> 1
arma corta calibre .45
> 46
cargadores calibre .762
> 4
cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos
> 1,100
cartuchos hábiles calibre .223
> 1,500
cartuchos hábiles calibre .762
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
No existe ‘certidumbre científica’ para vincular los restos encontrados en Cocula con los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, reiteran peritos argentinos a cuatro meses de la tragedia.
A cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, solo se ha comprobado científicamente la identidad de uno de los jóvenes, pero no existen evidencias suficientes para concluir, como afirma el gobierno, que fue calcinado en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los otros 42, denunciaron investigadores ayer.
El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), que trabaja con la procuraduría como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, explicó a The Associated Press (AP) que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero, con los sucesos que, de acuerdo a la versión oficial, tuvieron lugar en el basurero de esa misma localidad.
Evidencia testimonial
Los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la fiscalía, confirmaron la identificación del estudiante desaparecido Alexander Mora, pero al ser consultados por la AP recordaron, como dijeron en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une al basurero con los restos encontrados en el río “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.
Para el procurador Jesús Murillo Karam, la identificación de Mora, las declaraciones de varios detenidos y otros datos que no especificó, son pruebas suficientes para decir que en el basurero de Cocula “mataron por lo menos a uno”. Eso “me hace pensar que ahí fue todo”, ha dicho.
Agotan investigación
La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”, palabras que enojaron a los padres de familia, que no han dejado de manifestarse exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.
Piden también saber la verdad de un crimen que ha conmocionado dentro y fuera de México y para el que la ONU ha exigido una investigación transparente.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
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