Ciudad de México, 26 de enero: Policías federales vestidos de civil participaron hoy en el seguimiento de las marchas de inconformidad por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes cumples cuatro meses ausentes.
Al finalizar las protestas en el Zócalo capitalino, los efectivos se reunieron con sus compañeros antimotines uniformados y dejaron el centro del Distrito Federal a bordo de camiones de líneas comerciales de pasajeros, entre estas de Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) que se estacionaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
En las mismas calles, entre estas Corregidora Josefa Ortíz de Domínguez, decenas de policías del Distrito Federal abordaron camionetas de la Secretaria de Gobierno cuyo titular, Héctor Serrano, ha sido señalado de infiltrar agentes capitalinos vestidos de civil en las manifestaciones, incluidas las ocurridas en demanda de la presentación con vida de los alumnos normalistas, como la ocurrida hoy.
Organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, Artículo 19, una de estas, han denunciado que el uso de policías no identificables vulnera las facultades de las personas para identificar en todo momento a las autoridades y favorece la violación de garantías y la impunidad en el uso no justificado de la fuerza pública.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1230678.
MÉXICO, D.F: No disminuye la conmoción, mucho menos el coraje, pero este 26 de enero, a cuatro meses de los sucesos de Iguala, Guerrero, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se dan el permiso de mencionar los nombres de sus hijos. No son números. Son personas.
“Manuel. Te amo. Donde quiera que estés, te vamos a encontrar”, dice Mario César y despierta la consigna general en el Zócalo: “¡No están solos! ¡No están solos!”.
“Te amo Jorge. Y te extraño”, se le quebró la voz a Epifanio Álvarez, el mismo que recuerda y le reclama a Peña Nieto sus palabras para “superar” la tragedia: “¿Ustedes superarían el dolor de un hijo desaparecido?”.
Carmelita Cruz, que ha acudido a todas las fosas encontradas en los alrededores de Iguala y Cocula, Guerrero, criticó las “búsquedas simuladas” de la PGR y del Ejército. “A mi hijo, Jorge, sólo le quiero decir que lo quiero mucho”, afirmó.
El Zócalo está triste pero no cansado ni pierde su enojo cuando Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, increpó directamente al Ejército: “fueron militares quienes les robaron sus celulares. Fueron militares quienes los golpearon. ¿Por qué se olvidaron que también ellos son del pueblo?”, acusó.
A nombre de los padres de 43 desaparecidos y de los normalistas sobrevivientes, De la Cruz exigió investigar al Ejército, al exgobernador Angel Aguirre que, en el colmo del cinismo, promueve a su hijo como candidato a alcalde de Acapulco, por las siglas del PRD.
Y en clara advertencia sobre la situación en Guerrero, en pleno año electoral, De la Cruz subrayó que no permitirán los comicios en la entidad bajo las condiciones actuales.
Acto seguido, citó el artículo 39 constitucional, tan socorrido ahora para decir que el “poder emana del pueblo y es del pueblo”:
“Votar, es votar por el crimen organizado” en Guerrero, advirtió De la Cruz, pero también reclamó a Peña Nieto que no haya investigado ni sancionado al exgobernador Aguirre.
En toda la explanada volvió a escucharse el grito de “¡Fuera Peña, Fuera Peña!” y se siguieron con “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
“Peña Nieto ha dejado de ser el presidente para nosotros”, remató De la Cruz en claro reproche al abandono del primer mandatario frente a su compromiso de hace tres meses con los padres.
Este día, en Atlacomulco, su tierra natal, Peña ni siquiera hizo mención a los cuatro meses del conflicto desatado en Iguala.
La multiplicidad de los contingentes
No son las decenas de miles que marcharon el 20 de noviembre pasado, pero sí muchos miles más de los que se esperaban en el primer mes de 2015, tras varias semanas sin convocar, con las universidades en periodo vacacional, y los contingentes sociales dispersos.
La marcha de este 26 de enero conjugó a los jóvenes del Politécnico con los de la UAM, las facultades de la UNAM, las preparatorias, más las escuelas privadas (la Ibero la más grande), pero también con los movimientos sociales recientes, como las enfermeras, los médicos, los demandantes de vivienda y contingentes sindicales.
El de telefonistas desplegó enormes pancartas vinculando a Ayotzinapa con sus demandas salariales y el incumplimiento de las promesas de la reforma en telecomunicaciones.
Los que se atribuyen ser anarquistas estuvieron menos visibles y aislados que en las anteriores manifestaciones. Hasta las 20:00 horas no se registró algún incidente con ellos o con algunos otros grupos.
“¡Ayotzi, aguanta, la Iglesia se levanta!”, coreaba un contingente de comunidades eclesiales, comprometidos con las luchas sociales que lanzaron “fueras” a Onésimo Cepeda, el obispo de Ecatepec.
A no pocos metros de ellos, unos jóvenes de la UAM coreaban algo más psicodélico: “¡Hongo, peyote y mariguana, en lucha la Metropolitana!”, mientras los chavos Ibero cantaban a Mercedes Sosa.
Guitarras y mandolinas se combinaron con instrumentos prehispánicos, con consignas contra Peña Nieto y una más que atravesó los cuatro puntos cardinales de donde partió la movilización: “¡Fue el Estado!”, “¡Fue el Estado!”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció que 92 municipios del país siguen sin reportar el destino de cerca de 4 mil millones de pesos que recibieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el ejercicio fiscal 2014.
En rueda de prensa, Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, destacó que a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal obliga a los ayuntamientos a reportar los proyectos en los que invierten los recursos, 92 de los 2 mil 461 municipios del país incumplieron con esa responsabilidad.
El funcionario federal también resaltó que se invirtieron casi 51 mil millones de pesos, de los que no se reportaron más de 4 mil millones el año pasado.
También consideró que no registrar el gasto “es el camino lógico para llegar a una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues si un municipio no te informa en qué se está gastando su dinero, o puede ser un descuido o que algo venga mal”.
El titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la dependencia, Juan Manuel López, detalló que los municipios incumplidos pertenecen, destacadamente, a Oaxaca, la entidad que gobierna Gabino Cué.
Los recursos del FAIS son coordinados entre los gobiernos municipales, estatales y federal para localidades con población en pobreza extrema, en muy alto y alto rezago social, y a zonas de atención prioritaria.
Además, los recursos deben orientarse a abatir carencias sociales en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos y alimentación.
Juan Carlos Lastiri presumió que, gracias a la coordinación entre Sedesol y los gobiernos locales, ahora se da seguimiento de 93 mil 711 proyectos registrados en mil 832 municipios, los cuales utilizan recursos del FAIS.
Asimismo, aseguró que 79% de más de 100 mil proyectos de infraestructura se destinan a mejorar indicadores de pobreza como calidad de la vivienda y servicios básicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dijo preocupada por las reiteradas violaciones a derechos humanos de periodistas y defensores, especialmente en Veracruz y también informó que observará las investigaciones sobre el asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo.
En un comunicado, el organismo autónomo indicó que tras la aparición de un cuerpo que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, probablemente corresponda al del periodista Moisés Sánchez, enviaron un grupo de visitadores con el fin de que se compruebe el resultado de las investigaciones.
La CNDH también informó que se mantendrá en contacto con las procuraduría Genera de la República (PGR) y la estatal (PGJE) hasta el final de los peritajes.
La dependencia también expresó su preocupación por las reiteradas violaciones a derechos fundamentales de periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente en el estado de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte de Ochoa.
La noche de ayer, el Procurador estatal, Luis Ángel Bravo, dijo en conferencia de prensa que el periodista Moisés Sánchez, desaparecido por 23 días, fue asesinado el mismo día que un grupo de hombres armados lo secuestró, el 2 de enero.
Moisés Sánchez fue asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del Alcalde de Medellín.
La PGJE de Veracruz informó que pedirá al Congreso del estado el desafuero del Edil panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad por el asesinato de Moisés.
Sánchez se convirtió en el onceavo periodista muerto en Veracruz durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
Este mismo día, Jorge Sánchez, hijo del periodista, no reconoció que el cuerpo hallado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz sea el de su padre.
“No me es suficiente porque he visto el cuerpo y no se parece. Dudo que sea él por ciertos rasgos muy marcados”, dijo en entrevista para Noticias MVS y pidió que otra instancia, como la Procuraduría General de la República (PGR), lo identifique.
Pero la PGR no ha querido, siquiera, atraer el caso. Y no es la primera vez que el hijo ruega a esa instancia que intervenga.
Afirmó que no quiere que por esta información dejen de buscar a su padre o pongan en riesgo su vida. Insistió que el cuerpo que le presentaron “tiene ciertas características [que] no coinciden”. Por ello, Jorge Sánchez solicitó una prueba de ADN e indicó que la Procuraduría General de la República ya tiene su perfil genético.
El hijo del periodista también aclaró que la información que le han dado es austera, informal y verbalmente “no me saben responder”, denunció.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1230370.
En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es preciso exigir que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre y al Ejército, plantean los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, y el Miguel Agustín Pro, en un informe dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Padres de los normalistas desaparecidos viajarán a Ginebra, Suiza, donde el 2 y 3 de febrero será evaluado el Estado mexicano por el Comité en su octava sesión.
El vocero de los padres de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, consideró que en la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el Estado va a decir que sus hijos están muertos.
Para desmentir al gobierno, precisó que los padres Hilda Aguileño y Bernabé Abraján irán con una abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a la sede del Comité de Contra la Desaparición forzada, en Ginebra, Suiza. “Estamos seguros que van a decir que todo esta bien, que lo de Ayotzinapa está arreglado”.
Subrayó que mientras no exista una evidencia científica del destino de los estudiantes detenidos-desaparecidos por policías municipales en Iguala, para sus padres están vivos y seguirán exigiendo su presentación a las autoridades.
Para su participación, los cuatro organismos que representan a las víctimas presentaron el 8 de enero un informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el que solicitan al Comité de la ONU que “realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.
Sostienen que “la desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”.
Solicitan “al Comité contra la Desaparición Forzada distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que, en primera instancia, reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención” Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El informe, de 22 páginas, expone los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y después analiza la actuación del Estado mexicano frente al problema de la desaparición forzada, y concluye que “la crisis de desapariciones sigue siendo soslayada por el Estado”.
Sobre la exigencia de que se investigue la participación del Ejército en los hechos, los cuatro organismos no gubernamentales explican: “Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las Fuerzas Armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las Fuerzas Armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad”.
La exigencia de que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre es parte del planteamiento de que las investigaciones “no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto. Aunque es contundente la identificación de Alexander Mora Venancio, todavía hay 42 estudiantes desaparecidos. La hipótesis oficial postulada por la PGR aún no puede considerarse plenamente consolidada”.
En esa parte del informe señala que “la investigación sobre la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas ni siquiera ha iniciado. Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el Presidente Municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex Gobernador de Guerrero y a otros funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.
El informe da cuenta de los hechos del 26 y 27 de septiembre, cuando policías de Iguala atacaron a balazos a estudiantes que regresaban a la Normal de Ayotzinapa en tres autobuses que habían tomado en esa ciudad y después de haber colectado dinero para sus actividades.
Un primer ataque a balazos ocurrió a las 21:00 horas, cuando los policías de Iguala comenzaron a disparar ráfagas desde distintas posiciones, cayó herido el estudiante Aldo Gutiérrez Solano que se encuentra con muerte cerebral; los policías no permitieron que los normalistas lo levantaran para darle atención médica.
Explican que durante el primer ataque hubo estudiantes detenidos, y después la policía de Iguala y ninguna autoridad reconoció que tuviera estudiantes detenidos: “los estudiantes que se encontraban en el autobús que ocupaba la posición trasera fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos”.
“Concluida esta primera balacera, los policías del Estado mexicano se llevaron detenidos a un número indeterminado de estudiantes en las patrullas”.
Después de la primera balacera algunos estudiantes se reorganizaron en el mismo lugar, y cerca de las 24 horas dieron una improvisada conferencia de prensa cuando repentinamente se acercó una camioneta de la que descendieron varias personas con armas largas, que dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes.
El saldo de esta segunda agresión fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, además de cinco personas heridas gravemente.
“La agresión duró alrededor de 15 minutos. Los estudiantes, profesores, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar empezaron a correr en diferentes direcciones y varios de ellos se refugiaron en casas particulares. En el caso de Edgar Andrés Vargas, el joven estudiante fue ingresado por sus compañeros a una clínica particular cerca del lugar de los hechos, donde a los 10 minutos llegaron elementos del Ejército mexicano que con violencia encañonaron y desalojaron a los muchachos”.
Señala que el gobierno federal, ante la presión nacional e internacional, intervino tardíamente en el caso, el 5 de octubre inició la averiguación, y los primeros diez días, que son fundamentales para esclarecer las desapariciones, las investigaciones quedaron en manos de autoridades estatales que son incapaces o están coludidas en el crimen.
El 7 de noviembre la PGR dio a conocer avances de sus investigaciones centradas en la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron asesinados por sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos, a quienes los entregaron policías de Iguala y de Cocula, y que fueron incinerados en el basurero de Cocula y los restos arrojados en bolsas al río.
Los padres de los desaparecidos y sus representantes exponen en el informe sus cuestionamientos a esta hipótesis de la PGR.
Cuestiona que el fundamento de la PGR son las declaraciones de tres presuntos autores materiales que presentan inconsistencias, y no pruebas científicas. “Sus declaraciones no generan certeza total de que en el basurero de Cocula hayan estado los 43 estudiantes ni de que, la noche de los eventos, todos los jóvenes hayan sido detenidos a la misma hora y hayan permanecido juntos, siempre en el mismo lugar. Tampoco es posible ignorar que en un caso de esta envergadura la verdad no puede surgir sólo de testimonios; menos cuando en México los patrones documentados de coacción contra las personas detenidas y la persistencia de un sistema de justicia escrito y opaco redundan en la poca fiabilidad de las declaraciones rendidas ante el ministerio público”.
Dice que un evento fundamental para esclarecer lo ocurrido no ha sido explicado: el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala. La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.
Otra falla importante de la PGR es que ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1229585.
Capturan al presunto "asesino confeso", quien asegura que el chofer y escolta del alcalde de Medellín le pidió "un favor muy especial" de parte del presidente municipal: desaparecer a Moisés.
Moisés Sánchez Cerezo se convirtió en el periodista número 16 que es asesinado en Veracruz desde el año 2000.
Su cuerpo fue encontrado el pasado sábado; Moisés fue “levantado” desde el pasado 2 de enero y, según la investigación oficial, fue asesinado ese mismo día.
El procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, reportó el domingo la captura del presunto asesino confeso, Clemente Noé Rodríguez Martínez, un ex policía municipal, quien dijo que el asesinato fue “por encargo” de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes.
“Rodríguez Martínez fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que solicitaba su presentación, ante quien reconoció, en presencia de su abogado defensor y en pleno respeto de sus derechos humanos, haber participado junto con otras 5 personas, en la sustracción de José Moisés Sánchez Cerezo, de su domicilio en la localidad del Tejar, municipio de Medellín, el pasado 2 de enero, dándole muerte ese mismo día, de forma inmediata a la privación de su libertad… La muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo del chofer del alcalde de Medellín, a cambio esto de protección policial para que su banda pudiera realizar la venta de droga en ese municipio, sin problema alguno”, expuso el procurador en conferencia de prensa.
El detenido confesó que el chofer y escolta personal del alcalde le pidió “si le podía hacer un favor muy especial… diciéndome que le comentó (el alcalde) que tenía que desaparecer una persona, de nombre Moisés Sánchez”.
Comunicado íntegro de la Procuraduría de Veracruz:
Detiene PGJ al asesino confeso de Moisés Sánchez Cerezo
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Luis Ángel Bravo Contreras, informó que la madrugada de este sábado fue localizado el cuerpo del ciudadano José Moisés Sánchez Cerezo, quien fuera sustraído el pasado 02 de enero por desconocidos que irrumpieron en su domicilio en la comunidad El Tejar, municipio de Medellín.
Con motivo de estos hechos se abrió la Investigación Ministerial 01/E/2015, y después de intensas indagatorias se ubicó a Clemente Noé Rodríguez Martínez, quien había sido integrante de la extinta Policía Intermunicipal, quien confesó en presencia de su abogado defensor y en pleno respeto de sus derechos, haber participado junto con otras cinco personas en estos hechos, y haber dado muerte a Sánchez Cerezo, el mismo día 02 de enero, de forma inmediata a la privación de su libertad.
El Procurador informó que Rodríguez Martínez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, quien permanece arraigado por disposición judicial para determinar la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo.
Los otros imputados fueron identificados por Noé Rodríguez Martínez como “El Harry”, “El Chelo”, “El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos”, a quienes declaró que conoce solamente por sus apodos, con excepción del último a quien refiere como José Luis Olmos, quien fuera también miembro de la desparecida Policía Intermunicipal.
Bravo Contreras señaló que dados los elementos probatorios, la PGJ solicitará a la LXIII Legislatura del Estado el juicio de procedencia en contra de Omar Cruz Reyes, Presidente Municipal de Medellín, en virtud de que goza de fuero constitucional.
La investigación continúa su curso hasta la detención de todos los implicados en este caso. En su momento, la PGJ informará de los avances y resultados de la misma.
Con la muerte de Moisés Sánchez, en la administración de Javier Duarte han sido asesinados once periodistas; ningún caso ha sido aclarado. Antes de Moisés Sánchez, de 2010 a la fecha, las víctimas fueron: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino y Gregorio Jiménez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Dudo que sea él, por ciertos rasgos marcados... no se parece", aseguró Jorge, quien pidió a la PGR que confirme o descarte si el cuerpo encontrado, el sábado, es su padre.
Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, manifestó sus dudas sobre que el cuerpo encontrado el sábado por las autoridades de Veracruz corresponda a su padre.
“Yo he visto el cuerpo que mencionan, y yo dudo que sea él, ciertas características no coinciden“, dijo este lunes, en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
“Solicité una prueba de ADN, ya en la PGR tienen nuestro perfil genético para que descarten o confirmen lo que el Procurador (de Veracruz) menciona. Hasta el momento, yo vi el cuerpo que dicen y no lo reconozco como que sea él“, afirmó.
El hijo refirió que, junto con un equipo de abogados, “estamos analizando inconsistencias… del procurador” Luis Ángel Bravo.
Jorge mencionó que cuando el funcionario exponía el domingo lo que presuntamente habría ocurrido con su padre, él todavía no veía el cuerpo.
“No me mostraron ropa alguna, nada más el cuerpo” – indicó – desconozco si haya ropa”.
Sobre la “confronta” de una huella que hizo la Procuraduría de Veracruz, considero que “no es suficiente”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Refuta las acusaciones del diputado Ricardo Monreal.
El gobierno de Puebla negó que haya contratado o establecido una relación laboral con el Grupo Higa, para la construcción del Museo Internacional Barroco.
En una carta dirigida a este portal de noticias, refutó las acusaciones del diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien acusó al gobierno de Puebla de beneficiar a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa.
“La información respecto al Museo Internacional Barroco al que el Diputado liga con el Grupo Higa, es nuevamente falsa. Esta administración en ningún momento ha contratado sus servicios o establecido una relación laboral con el mismo”, aseveró.
El gobierno estatal indicó: “Rechazamos categóricamente la información del Diputado Monreal. Son declaraciones falsas y sin ningún sustento, que sólo buscan el desprestigio y la calumnia”.
Monreal indicó que Hinojosa Cantú habría recibido contratos por 26 mil millones de pesos, a lo que el gobierno poblano precisó que: “Tal es la desinformación del legislador, que el monto de 26 mil millones de pesos que asegura se han otorgado, excede la inversión total en materia de infraestructura en el Estado, la cual asciende a 20 mil 343 millones de pesos, lo que comprueba que el Diputado miente”.
Carta del gobierno de Puebla:
Carta Aristegui Noticias.docx by Aristegui Noticias
La semana pasada, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro anunció que propondrá investigar los contratos multimillonarios que el empresario Armando Hinojosa Cantú, contratista privilegiado del actual gobierno federal, ha recibido del gobierno poblano.
“Armando Hinojosa no sólo es uno de los principales beneficiarios de la obra pública que realiza el gobierno federal, también se beneficia de las obras realizadas en Puebla, y aún no sabemos en cuántos estados más”, comentó el diputado Ricardo Monreal Ávila.
Según Monreal, Higa “ha ganado contratos por un monto de 26 mil 212 millones de pesos, lo que representa el 34 por ciento del presupuesto de la entidad, y el 600 por ciento del gasto anualizado de la capital poblana”; lo anterior ha sido rechazado por el gobierno de Puebla.
El diario Reforma publicó, en diciembre pasado, que existe un contrato valuado en más de 7,000 millones de pesos, que obtuvo Concretos y Obra Civil del Pacífico, la cual es filial de Grupo Higa.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya se encuentran en el Zócalo capitalino, donde insisten en que no habrá elecciones este año en Guerrero "aunque el gobernador del Estado, Rogelio Ortega, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, digan lo contrario".
El grupo de manifestantes que partió del Metro Taxqueña, integrado por profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y por familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ya se encuentra en el Zócalo del Distrito Federal, donde los padres ya comenzaron con el mitin a pesar de que los últimos contingentes apenas están ingresando a la plancha.
Durante el mitin, el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz, insistió en el llamado a no participar en las elecciones del próximo 7 de junio, ya que dijo: “Votar es votar por el crimen organizado”.
“No habrá elecciones aunque el gobernador del Estado, Rogelio Ortega, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, digan lo contrario. El pueblo de Guerrero no lo va a permitir”, aseguró de la Cruz.
Durante su discurso, la madre del normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Carmen Cruz, aseguró que los padres de los normalistas piensan que el gobierno mantiene retenidos a sus hijos y que hasta ahora no los han buscado de forma adecuada. “A cuatro meses de vivir esta pesadilla, nos nos cabe la duda de que este gobierno tiene a nuestros hijos”, señaló.
El padre de Alexander Mora Venancio —el único de los estudiantes desaparecidos, cuyos restos ya fueron identificados—, Ezequiel Mora, acusó que no ha visto los restos de su hijo, por lo que continuará buscándolo con vida y convocó a que la sociedad vaya a Ayotzinapa el próximo 5 de febrero para realizar un encuentro nacional con el objetivo de transformar al país.
Mientras los padres continúan con su discurso, un grupo de manifestantes prendió una hoguera en la esquina de 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, a un costado de la Catedral Metropolitana, mientras que otro grupo de personas prendió otra a un lado del asta bandera, por lo que los padres de los normalistas pidieron apagar el fuego y anunciaron el fin del mitin.
Al término del mitin, las autoridades capitalinas informaron que “alrededor de 15 mil personas participaron en las movilizaciones” de este 26 de enero en la Ciudad de México.
Este lunes 26 de enero se cumplen cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que se tenga certeza científica sobre su paradero, por esa razón, los padres de los jóvenes encabezan las cuatro marchas, como parte de la Octava Jornada por Ayotzinapa.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, aseguró que aún cuando ya pasaron cuatro meses, “vamos a seguirlos buscando hasta que no nos comprueben de manera científica que están muertos como quieren hacernos creer”.
De la Cruz dijo que esperan el apoyo de miles de ciudadanos que, como ellos, no están dispuestos a bajar la guardia porque “cada momento es de coraje y desesperación, pero nunca de rendimiento”.
El 8 de diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en un basurero de Cocula, Guerrero.
“Con base a los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determino que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”, aseguró el titular de la PGR en aquella ocasión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
El expresidente señaló que Florence Cassez debería estar preocupada por demandas de carácter civil, luego de que el abogado de la ciudadana francesa dijo que ella, tras su encarcelamiento, está "muerta en vida".
que presentó la ciudadana francesa Florence Cassez en su contra por daño moral es absurda.
“Me parece absurda, pero en fin, en términos de la ley de víctimas, aún cuando la Corte haya decidido lo que decidió sobre este tema, la Corte no se pronunció sobre el fondo y las conductas de la señora y en todo caso la que tendría preocupación acerca de consecuencias de demandas de carácter civil sería ella y yo no”, señaló en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula.
Las declaraciones del expresidente se dieron luego de que Florence Cassez presentó el viernes 23 de enero una demanda por daño moral en contra de las personas que considera fueron responsables de su encarcelamiento en México, informó su abogado, José Patiño.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Patiño explicó que la demanda es por el daño moral causado por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012); el exprocurador de justicia, Daniel Cabeza de Vaca; el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como los periodistas Carlos Loret de Mora y Pablo Reinah, de Televisa.
“Realmente ella está muerta en vida, eso es lo que estamos señalando en la demanda, porque le ha afectado tanto el montaje. La demanda fue presentada el viernes pasado que se vencía el término en la Oficialía de Partes en los juzgados de Distrito en San Lázaro”, dijo el abogado.
En otra entrevista, en Noticias MVS, Patiño agregó: “estamos presentado una demanda por daño moral por el daño que le ocasionaron a Florence Cassez en donde en su propia persona, en sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su decoro, su honor, su reputación, su vida privada, a esta señora la mataron en vida, esas personas no obstante de estar en calidad de garantes de la seguridad y del derecho, en México le montaron y le escenificaron algo ajeno a la realidad”.
Patiño detalló que la demanda es por 36 millones de dólares, debido al daño que sufrió Cassez, quien pasó casi ocho años presa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con motivo del segundo informe de gobierno, del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, Joaquín López-Doriga viajó en enero de 2013 a entrevistarlo en el Centro Integral de Servicios (CIS) donde fue transmitido el programa de radio.
En el documento “Inversión en Difusión del Gobierno del Estado de Puebla” se lee que la empresa, de la cual es propiedad Joaquín López-Doriga, recibió un pago de un millón 120 mil pesos.
Dicha empresa, Astron Publicidad S.A. de C.V., también fue acusada de recibir pagos de 6 mdp por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina, esto último en febrero del año pasado.
La apoderada legal de la empresa es Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín.
“La publicidad oficial se ha convertido en un instrumento de propaganda y una plataforma política de funcionarios públicos. Por ejemplo, entre el año 2013 y 2014 diversos actores políticos como el gobernador de Chiapas y algunos delegados del Distrito Federal, se promocionaron utilizando su propia imagen mientras publicitaban el informe de labores o las actividades públicas que realizaron por representación y mandato”, indica el índice de acceso al gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas 2013.
En la entrevista se denota la falta de rigor periodístico además de que es sumamente tendenciosa y promover “logros” del gobernador además de no avisar a los radioescuchas que ese programa estaba pagada por el gobierno del Estado de Puebla.
De nuevo una vinculación entre el comunicador y el enriquecimiento ilícito con el gobierno. Quizá el hecho de que el gobernador de Puebla esté un poco más “en boga” ocasione una atención especial o que se haga a un lado cualquier posible indagación.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Ángel Aguirre Herrera, aspirante por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Acapulco, expresó que se deben investigar a todos los involucrados del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala incluyendo a su padre, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
“Yo soy el primero en aprobar y avalar este tipo de declaraciones. Hay que llegar al fondo de lo que sucedió en el tema Iguala, independientemente de que se tuviera que llamar a Ángel Aguirre Rivero. Nosotros estamos con una tranquilidad y con una limpieza sobre ese tema”, expresó determinantemente.
También declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación y responsabilidad de hacer que se lleven a cabo los comicios electorales en Guerrero.
Agregó que a pesar del clima electoral y de las adversidades, que pudieran vislumbrarse en Guerrero, no dejarán de hacer campaña y hará lo que “otros políticos de no hacen”; visitar todos los rincones de Acapulco.
Esperemos que no trate de emplear una estrategia de engaño y dar información tendenciosa en función de beneficiarse personalmente o a su partido y que lo que proponga sea por principios morales y éticos más allá de intereses mayores.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal.
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, informó este lunes 26 de enero que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras del proyecto Dragon Mart, en Quintana Roo, por daño ambiental en la zona.
En conferencia de prensa, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, detalló que entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal, por lo que esta mañana, personal de la dependencia realizó la visita de verificación y clausura a proyecto, ubicado en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez.
Al dar a conocer acciones en materia de protección ambiental, Haro Bélchez detalló que la infraestructura contemplada de este proyecto era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas de proyecto.
Sánchez Hernández expuso que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
Reveló que la Profepa demostró ante el poder judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al Medio Ambiente.
Por lo anterior, el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el juzgado de distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo.
Por su parte, el procurador ambiental Guillermo Haro Bélchez recordó que el proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, empresa con el 90% de capital nacional en una área de más de 500 hectáreas que en la década de los 70 formaba parte de la exHacienda de Las Vegas.
El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales y un total de 3 mil locales en una superficie de 561 hectáreas de las cuales en 203 se iba a llevar a cabo el proyecto y 357 hectáreas iban a ser de conservación.
Sin embargo, de acuerdo con los datos de la gráfica de 2012, se devastaron más de 200 hectáreas de las cuales 149 hectáreas eran zonas con competencia federal por lo que la Profepa inició desde 2013 las acciones para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales.
Asimismo, el Senado de la República solicitó información sobre las acciones realizadas en el proyecto y de 2013 a la fecha se han recibido más de nueve denuncias por parte de grupos ambientalistas tras lo cual en febrero de 2014 se mandató que la Profepa realizara nuevas inspecciones.
Como resultado de lo anterior, los inspectores descubrieron diversas irregularidades entre las que estaban la falta de una autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo.
Asimismo, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo; se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, y de especies manglares enlistadas en NOM 059, fundamentalmente mangle botoncillo.
Haro Bélchez aclaró que son dos leyes las que se consideraron en el asunto: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).
Detalló que agotados los procedimientos correspondientes, en septiembre de 2014 se aplicaron multas en materia forestal por más de 21 millones de pesos en materia forestal y de impacto ambiental.
Finalmente y tras una serie de investigaciones que permitieron descubrir todas estas irregularidades, el 8 de enero pasado el primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito sobresello el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseido un juez de distrito.
Con lo anterior se actualizaron las causales de improcedencia que no dan lugar al estudio del asunto promovido por los desarrolladores, quienes argumentaban que el proyecto no se encontraba sobre terrenos forestales.
Por lo anterior se declaró la clausura total del proyecto por parte de la Profepa, al determinarse que el predio si se encuentra en terrenos forestales y en un ecosistema costero e incidir negativamente en un área importante para la conservación de aves en la región hidrológica sureste del corredor Cancún-Tulum.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mujeres de Iguala, y municipios vecinos, se congregan en una Iglesia local para buscar a sus familiares, que son parte del grupo de personas desaparecidas en esa región en los últimos siete años.
Es martes por la mañana, y la iglesia de San Gerardo María Mayela está custodiada por una decena de camionetas artilladas de la Secretaría de Marina, cuyos tripulantes, con uniforme camuflado, cascos y chalecos antibalas, mantienen sus ametralladoras bien prendidas con ambas manos a la altura del pecho, siempre con un dedo cerca del gatillo. A pie, además, francotiradores de la Policía Federal hacen rondines alrededor del templo católico, portando rifles cuyo cañón es apenas más largo que sus miras telescópicas.
Éste es el templo erigido en Iguala en honor al “santo patrono de las madres y de los partos felices”. Y es también el lugar donde, desde noviembre de 2014, vienen congregándose lo mismo mujeres jóvenes que viejas, robustas o débiles, que deambulan, algunas erguidas y otras encorvadas, portando todas las mismas playeras negras que, sobre la espalda, rezan: “Mientras no te entierre, te seguiré buscando…”.
Ellas son las madres de 470 personas (sin contar a los 43 normalistas raptados por la policía de este municipio el pasado 26 de septiembre) que han sido desaparecidas en Iguala y las localidades vecinas en los últimos siete años. Son empleadas, amas de casa, campesinas, casi todas radicadas en México, pero las hay también que volvieron desde Estados Unidos, a donde emigraron hace años, sólo para buscar a sus hijos.
Muchas había callado su dolor todo este tiempo, por miedo a que el costo de denunciar fuese la pérdida de más hijos, y esa es, quizá, la razón por la cual, entre 2011 y 2014, sólo 27 privaciones de la libertad fueron denunciadas en el municipio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otras son madres que sí acudieron ante las autoridades para clamar ayuda, y que en respuesta obtuvieron amenazas, mentiras e impunidad. El desconsuelo, al final, es el mismo en unas y otras.
Leonor, por ejemplo, viene de Chiautla –localidad ubicada en Puebla, en la frontera con el estado de Guerrero–, donde su hijo, Marco Antonio Tapia Tapia, fue secuestrado el 14 de marzo de 2013 y por el cual se exigió un rescate de 3 millones de pesos.
El mismo día de su secuestro, a través de geolocalización, el teléfono celular de Marco Antonio, un maestro de telesecundaria que completaba su ingreso haciendo labores de albañilería y plomería, fue ubicado en Iguala, pero ninguna autoridad salió en su búsqueda.
Al presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, rememora Leonor, “nos dijeron que no podían ir, que era un lugar muy peligroso, donde operaba un grupo criminal muy bien organizado… ‘no podemos ir nosotros’, decían los agentes, pero, eso sí, nos pidieron que mantuviéramos activo el teléfono, para que siguieran rastreando, y el teléfono siempre estaba en Iguala o en el municipio vecino de Eduardo Neri, o sea, los delincuentes que se llevaron a mi hijo ahí estaban, y seguían usando el teléfono que le quitaron… y total que por más de un año pagamos cada mes los recibos del teléfono, que llegaban de entre 600 y 700 pesos, esperando que las autoridades investigaran, y nunca quisieron hacer nada…”
Pero eso no fue todo, y Leonor enumera: “Las autoridades se tardaron seis meses en llamar a los testigos del secuestro para hacer el retrato hablado de los delincuentes, y para entonces, muchos detalles ya se les habían olvidado; además, en Puebla no quisieron tomarnos muestras de ADN porque nos dijeron que no había reactivos; tampoco se nos ha permitido ver el expediente de la investigación; y a mi nuera y mis nietas les quitaron el ISSSTE; la SEP también se niega a otorgarle la pensión a la familia de mi hijo, e incluso la mamá de mis nietas tuvo que devolver la última quincena que él cobró, porque ya no se presentó a trabajar, y ¿cómo se iba a presentar a trabajar, si los delincuentes se lo llevaron?”
Como Leonor, desde que el pasado 26 de septiembre fueron secuestrados 43 normalistas por la Policía Municipal de Iguala, a esta iglesia llegan todos los días madres, esposas, hijas, hermanas, y padres también, de personas desaparecidas en el municipio, y en todo el norte de Guerrero, con el anhelo de que las investigaciones realizadas por la autoridad para localizar a los normalistas permitan, también, hallar a sus seres queridos.
También todos los días, en punto de las 9:00 horas, de la iglesia de San Gerardo María Mayela parte un grupo de familiares hacia los cerros de Iguala, en busca de fosas clandestinas en las que el crimen organizado hubiera ocultado los restos de sus víctimas.
“Por supuesto, ninguno de nosotros éramos expertos en búsqueda de fosas –explica Citlali Miranda, del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición de Iguala, como se denominó este grupo de ciudadanos, arropado por la iglesia de San Gerardo–, pero poco a poco vamos agarrando experiencia, y trabajamos con lo que tenemos a nuestro alcance, porque la verdad es que las autoridades estatales no han tenido ninguna intención de ayudarnos: les pedimos herramientas, como barretas, palas, picos, vehículos o gasolina, y nos dicen que no les toca, que si ya están las autoridades federales metidas en el caso, que ellas nos resuelvan.”
Aún así, su labor ha sido tan efectiva que, de noviembre a la fecha, el Comité de Familiares ha logrado localizar 31 restos óseos inhumados clandestinamente en los cerros que rodean Iguala.
Se trata de “familiares que desde hace años esperan a sus hijos desaparecidos aquí, a sus esposos, a las hijas secuestradas junto con sus nietos –afirma el padre Óscar Mauricio Prudencio, párroco de San Gerardo–, y muchos de ellos han comentado que a sus hijos e hijas se los llevaron los militares, los policías, el crimen organizado, porque desde hace años es un secreto a voces la estancia de los grupos delictivos en Iguala, que se dedican a secuestrar, a vender la droga… con perdón de la expresión, ése es, para nosotros, el pan nuestro de cada día.”
Casi como una ironía, el padre Óscar recuerda que en 2013 fue enviado a Iguala “para estar yo más tranquilo”, luego de que en su anterior parroquia, ubicada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, quedara atrapado en un enfrentamiento entre los cárteles de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, al dirigirse a un poblado rural para oficiar un bautismo.
De aquella balacera, recuerda aún afectado, debió huir corriendo por el monte, dejando atrás su camioneta incendiada en el camino, y de la que había sido arrastrado fuera por sicarios de Guerreros Unidos.
“Supuestamente yo iba a estar más tranquilo aquí, en Iguala, pero cuando llegué, a mediados de 2013, lo primero con lo que me enfrenté fue con una familia que vino a pedirme que celebrara misa para orar por la liberación de un hijo secuestrado, y luego vino otra familia, y luego otra, y luego vino más gente para solicitar una misa por la muerte de un joven también secuestrado… entonces, eso me impactó… después recibí la llamada de una persona que dijo ser comandante de Guerreros Unidos, reclamándome por no haber asistido a una reunión en la que supuestamente me esperaban, y yo le dije ‘mira, yo apenas vengo llegando a Iguala, no sé quién eres’, y él me respondió que tenía yo que dar una cuota de 10 mil pesos si no quería que nos atacaran, eso fue casi recién llegando, y en el año y medio que llevo en Iguala me han hablado otras tres veces con la misma amenaza, la última de ellas fue el pasado viernes (2 de enero de 2015)… yo, lo único que hago, es colgar”.
–¿Cómo era Iguala antes del 26 de septiembre, cómo era la seguridad y los servicios bajo la administración del exalcalde José Luis Abarca? –se pregunta al religioso.
–Yo, en lo personal, no tenía un buen concepto de él como gobernante –advierte el padre Óscar–, en cuestión de obras, no sé cuáles realizara, puedes darte cuenta cómo en las colonias de la periferia las calles están sin pavimentación, hay mucha basura, mucha gente se queja de que no hay agua o de que llega sucia. Yo llegué hace un año y algunos meses, así que el conocimiento que tengo sobe la autoridad municipal es lo que los feligreses me decían, y ellos me decían ‘cuídese, padre, de la policía’… y ahora que ha pasado lo de los muchachos de Ayotzinapa puedo darme cuenta de que lo que me decían era cierto, de quien había que cuidarse era de la autoridad…
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Luis Ángel Bravo señaló que, debido a lo irreconocible que quedó el cuerpo del periodista, encontrado el sábado, se realizaron pruebas de ADN y una "confronta" de huella dactilar.
El cuerpo del periodista Moisés Sánchez, encontrado el sábado, está irreconocible, reveló la Procuraduría de Veracruz.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el procurador Luis Ángel Bravo, afirmó que “no es un cuerpo que pueda, a través de los sentidos, reconocerse”. Estaba “brutalmente lastimado, es algo dantesco”, pero los peritos confirman que pertenece al periodista, sostuvo el funcionario.
Para sostener que se trata del cuerpo de Moisés, detalló el procurador, se hizo una prueba de huella dactilar; además de estudios de ADN cuyos resultados aún no se conocen.
Indicó que el asesino confeso del periodista señaló “de forma clara y contundente, la forma y los motivos por los cuales privaron de la vida el mismo día en que se lo llevaron”, el pasado 2 de enero.
Según el detenido, fue el chofer del alcalde de Medellín de Bravo quien le pidió “desaparecer” a Moisés, porque “calienta” la zona, “patea el avispero, mueve el avispero”, en referencia a las denuncias que hacía.
De acuerdo con el procurador, el asesinato ocurrió en un lugar a 40 minutos de Medellín, donde “de una manera cruel e inaceptable lo privan de la vida”.
Actualmente, hay “evidencias públicas, hasta en redes fluyen videos donde se acreditan diferendos entre Moisés y el alcalde” de Medellín, Omar Cruz Reyes. También hubo amenazas, apuntó.
“Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del alcalde”, sostuvo.
“Su chofer y escolta hace la petición al grupo delincuencial”, refirió.
El procurador dijo que el hijo del periodista, Jorge Sánchez, quiso ver el cuerpo encontrado el fin de semana, pero como estaba irreconocible, “está en espera de que lo confirmen las instancias federales“, con base en los estudios de ADN.
“Se le explicó (a Jorge) que lamentablemente las condiciones que presenta el cuerpo son bastante lamentables… no podría haber una identificación física, para confirmar o descartar la identidad del cuerpo”, indicó Bravo.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
El Estado de México y Guerrero, los territorios más violentos.
Mientras el staff presidencial alistaba una nueva mampara, un nuevo anuncio, un nuevo spot, otros 5 o 10 puntos para aparentemente resolver algún asunto, o un nuevo hashtag para colocarlo en las redes sociales, en diferentes partes del país, no dejó de escurrir la sangre.
En 2014 –segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto-, según las cifras oficiales, hubo 17 mil 317 asesinatos dentro del territorio mexicano. Fueron 47 ejecuciones por día; prácticamente dos cada hora; uno cada treinta minutos.
Ni el 2007 ni 2008 ni 2009 –primeros años del gobierno de Felipe Calderón- fueron tan violentos como 2014, aunque los números no llegaron -como antes- a las primeras planas.
En el presente sexenio se acumulan más de 35 mil homicidios dolosos, cifra que corresponde a la mitad de todas las ejecuciones cometidas en el sexenio anterior (70 mil muertes, aproximadamente).
Eso sí, las cifras oficiales marcan una reducción de homicidios dolosos el año pasado, si se compara con los años 2010, 2011, 2012, siempre arriba de las 20 mil muertes violentas cada año.
Ocho territorios fueron los más violentos en 2014:
-Estado de México (2 mil 278 asesinatos)
-Guerrero (mil 514 asesinatos)
-Chihuahua (mil 289 asesinatos)
-Michoacán (mil 85 muertes violentas)
-Jalisco (mil 25 ejecuciones)
-Sinaloa (986 homicidios dolosos)
-Tamaulipas (947 asesinatos)
-Y el Distrito Federal (814 asesinatos).
En el resto de los estados, los homicidios dolosos fueron menos de 800 en el año.
También hubo zonas que no se tiñeron completamente de rojo.
Aguascalientes y Yucatán fueron los estados con menos asesinatos. En el primero hubo 44 muertes violentas en todo el año; en el segundo, 42, lo que lo convierte en el más pacífico de todo el territorio. Es decir, unas tres o cuatro muertes cada mes.
Otros estados que podrían separarse de la República de la muerte son: Tlaxcala y Campeche, donde se cometieron 66 y 67 homicidios dolosos, respectivamente. Cinco o seis muertes violentas cada mes.
En contraste, los dos estados más violentos vivieron hechos que provocaron conmoción en el resto del territorio nacional.
Los 2 mil 278 asesinatos contabilizados en el Estado de México deberían incluir a los 22 muertos en Tlatlaya, donde se realizó un operativo militar que terminó con la vida de esas personas, en circunstancias que aún siguen sin esclarecerse por completo. También deben incluir los feminicidios y las muertes en transporte público, durante algún asalto.
Mientras que los mil 514 asesinatos cometidos en Guerrero, seguramente incluirán a algunos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a los decapitados de Chilapa. Y a los sacerdotes ejecutados…
Sin embargo, las cifras oficiales no incluyen ni una historia, detrás de los 17 mil 317 muertos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Gustavo Sánchez B
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