Demanda Florance Cassez a Felipe Calderón y Genaro García Luna por daños morales. La querella, por 36 millones de dólares, incluye a Televisa.
La mañana del 9 de diciembre del 2005, Televisa transmitió en vivo una recreación del operativo en el que Florance Cassez fue detenida acusada de secuestro.
Han pasado casi 10 años, pero la ciudadana francesa no olvida.
El viernes pasado, Cassez inició una querella por daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, así como de la televisora, en especial del conductor Carlos Loret de Mola y el exreportero Pablo Reinah.
La defensa pide 36 millones de dólares para reparar la afectación que la francesa sufrió “en su persona, sus sentidos, sus sentimientos, sus afectos, su creencias, su decoro, su honor y en su vida privada”.
Cassez refirió que con el montaje televisivo se le puso en evidencia y se le juzgó y señaló como una delincuente mucho antes de seguírsele un procedimiento, sin que se reunieran las reglas del mismo.
“Y, si bien es cierto, en la sentencia de la SCJN en que se me concedió el amparo no se hizo pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o inocencia de la suscrita, los agentes de la policía, así como el titular de la misma AFI, fueron quienes desde un principio viciaron la misma y realizaron hechos totalmente ajenos a la legalidad”, detalló.
La mujer, quien estuvo presa en México durante siete años acusada del delito de secuestro, señaló que con estas acciones se le causó un daño moral irreparable.
Cassez sostenía una relación sentimental con Israel Vallarta Cisneros, señalado por las autoridades como líder de la banda Los Zodiaco, quien aún está preso.
“No solo por los siete años y un mes aproximadamente que estuve recluida en un centro penitenciario, pues luego de que recobré mi libertad, aun en mi país las personas me siguen censurando convirtiéndose mi existencia en un verdadero infierno, semejándose ello a una muerte en vida”, alegó.
El expresidente Felipe Calderón calificó como absurda la demanda que Florance Cassez interpuso en su contra por daño moral.
Los errores de la fiscalía
1. En la transmisión televisiva, los testigos hablaron sobre su secuestro. Algunos de ellos, en un primer momento, no reconocieron a Florance Cassez como parte de los secuestradores.
2. Además del montaje, a Florence Cassez no se le leyeron sus derechos y no se le permitió comunicarse con ningún funcionario de la embajada de Francia en México.
3. Fue hasta 32 horas después que las autoridades mexicanas se comunicaron a la embajada de Francia en México para notificar la detención de Cassez. Y, 35 horas después de la detención, el cónsul general de Francia en México pudo entrevistarse con la detenida.
Justicia a la francesa
> 9 de diciembre del 2005
Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos por cuatro elementos de la Policía Federal en la carretera federal libre México-Cuernavaca, en el kilómetro 28, a las 04:00 de la mañana.
> 10 de febrero de 2006
El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, reconoce en el programa Punto de Partida que la detención de los presuntos plagiarios fue una recreación y que Cassez y Vallarta habían sido detenidos desde un día antes del montaje televisivo.
> 25 de abril de 2008
Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas, asociación delictuosa y posesión de arma de fuego. Tras una apelación, la sentencia se fija en 60 años.
> 22 de junio de 2009
Felipe Calderón anuncia su oposición a permitir la extradición de Florance Cassez a Francia como lo ha solicitado Nicolás Sarkozy.
> 30 de agosto de 2010
La defensa de Cassez interpone un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
> 10 de febrero de 2011
La SCJN rechaza el amparo y ratifica la sentencia de Cassez a 60 años de prisión. La decisión origina diferencias diplomáticas entre México y Francia, lo que provoca la cancelación de las actividades del “Año de México en Francia”.
> 12 marzo del 2012
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió por primera vez el caso y fue rechazado un amparo que podía darle libertad a Florance Cassez.
> 23 de enero de 2013
Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron la libertad inmediata de Cassez por no haberse seguido el debido proceso.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Los trabajos se realizarán las 24 horas, para reabrirla en noviembre: titular de Obras. Será reparado el desgaste ondulatorio que presentan las vías en 22 curvas del tramo elevado, dice Alfredo Hernández. La línea fue construida e inaugurada en la gestión de Marcelo Ebrard.
Una tercera parte de la línea 12 del Metro –la cual fue edificada e inaugurada en el gobierno de Marcelo Ebrard– será reconstruida. Los trabajos se realizarán las 24 horas del día e incluye reparar el desgaste ondulatorio que presentan las vías en 22 curvas del viaducto elevado, a fin de reabrirlo en noviembre próximo, con un costo para el erario de 943 millones de pesos, entre obras y estudios, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Alfredo Hernández.
De acuerdo con las recomendaciones de la empresa Systra, contratada para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, con la sustitución de rieles, aparatos de cambio de vía y de cruzamiento, fijaciones, balasto, durmientes, juntas aislantes y aparatos de dilatación, que vendrán del exterior, se podrá detener el desgaste acelerado de las vías, que llevó al cierre de 11 estaciones en marzo pasado.
Hasta el momento no hemos dicho que los trenes presentan incompatibilidad entre lo contratado y lo recibido, por lo que es mejor no adelantarse a hablar de un cambio total; esperaremos las propuestas técnicas que presente Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril, y el tercer informe que lleva a cabo la empresa suiza SGS, señaló.
El funcionario explicó en entrevista que los trabajos se realizarán en dos fases y son muy complejos, pues implicará dejar una vía de paso para el traslado de trenes a los talleres de Tláhuac y del material requerido para las correcciones geométricas y sustituciones de soldaduras de riel, así como el retiro y reinstalación de equipos de señalización y pilotaje automático.
Asimismo, la nivelación y alineación de vía conforme al proyecto ejecutivo, liberación de esfuerzos y medidas geométricas, ajuste de catenaria y retiro de riel, durmientes y balasto, que se llevará a cabo en el primer trimestre del año, pues con la llegada de las piezas solicitadas a Francia, España e Inglaterra se entrará en una segunda etapa.
Dichos trabajos de rehabilitación implicarán que a la entrada y salida de cada curva se instale un tramo de transición de 30 metros con riel y durmientes nuevos y posteriormente una parte mixta de 18 metros, en el que la mitad serán con riel y durmientes actuales y otro con materiales nuevos, con lo cual se reconstruirán ocho de los 25 kilómetros que tiene la línea, de Tláhuac a Mixcoac.
En marzo pasado, recordó, se instaló una mesa de trabajo en la que participa la Contraloría General, el Sistema de Transporte Colectivo y las empresas CAF, Systra y TÜV Reinhland, donde se han dado a conocer las recomendaciones a seguir para lograr una mejor compatibilidad riel-vía y disminuir el desgaste que presenta, el cual es normal en todos los metros, pero aquí fue acelerado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.
MÉXICO, D.F. (apro).- La jornada por Ayotzinapa llegaba a su término después de un mitin en el Zócalo capitalino, cerca de las ocho de la noche, cuando uno de los oradores volvió a tomar el micrófono.
“Sólo les quiero decir que los narcotraficantes descuartizan o queman a los cuerpos, los vimos en las fosas cerca de Iguala, no hacen polvo de la gente. El gobierno es el único que hace polvo de la gente”, aseveró.
A cuatro meses de la desaparición de los estudiantes, padres y normalistas de Ayotzinapa se sucedieron en el templete durante más de una hora para emitir el mismo mensaje: los militares tuvieron un papel activo en la desaparición forzada de sus hijos y compañeros, no creerán en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) y tampoco dejarán de buscar, con vida, a los 43 desaparecidos.
Detrás de ellos se extendía una manta roja con los rostros en blanco y negro de los normalistas. Enfrente estaban de pie los miles de asistentes de las cinco marchas que salieron de distintos lugares de la Ciudad de México durante el día y convergieron hacia la Plaza de la Constitución.
“Pensaron que después de las vacaciones México olvidaría a sus desaparecidos”, recordó uno de ellos.
“Desde el pasado 26 de septiembre hemos sido la piedra en el zapato del gobierno”, agregó.
Enseguida advirtió que el gobierno “va a pagar muy caro cada lágrima de dolor”.
Bajo su sombrero de paja, Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge, lamentó que la PGR “dañó” a los familiares con “tantas mentiras”.
“Primero nos dijeron que estaban en la fosa, luego en el basurero de Cocula, no les creemos”, insistió.
Según otro padre, la PGR “anda haciendo teatro en los cerros y en las carreteras” en vez de buscar realmente a los normalistas, mientras que las autoridades siguen negando la desaparición forzada y tratan de desacreditar al grupo de padres al aseverar que actúan bajo las órdenes de guerrilleros.
Llamado al boicot
Uno de los padres leyó un comunicado en el que, además de exigir “pruebas científicas irrefutables” en la investigación de la PGR, reclamó que ésta abra pistas sobre el papel del Batallón 27 y del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
“Estos crímenes de lesa humanidad no son aislados, son las puntas del iceberg”, dijo al acusar al gobierno priísta como “experto en represión”, tras el encarcelamiento de varios líderes sociales, “mientras que criminales ocupan asientos en las instituciones”.
Asimismo, criticó de manera vehemente tanto las reformas estructurales que llevó a cabo el gobierno de Peña Nieto en sus primeros dos años de mandato, como la política “asistencialista” que alimenta la corrupción, pasando por el fracaso de la política en materia de seguridad, ya que “territorios completos se encuentran a merced de criminales, y los encargados de brindar seguridad son los que extorsionan, matan y desaparecen”.
En Guerrero, alertó, la consigna es: “¡No a las elecciones! Votar, es votar por el crimen organizado, y no habrá elecciones aunque el gobernadorcillo y el secretario de Gobernación lo aseguren”, advirtió otro padre de familia al llamar a los habitantes de los demás estados a sumarse al “boicot electoral”.
El apoyo de sindicalistas
Fueron cinco marchas en total, aunque en esta ocasión a la protesta se sumó la tradicional marcha anual del Frente Amplio Social y Unitario (FASU), formado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otros sindicatos.
En esta jornada, los padres propusieron dos encuentros para transformar la lucha social que mantienen desde el 26 de septiembre pasado en demandas que logren la transformación del país.
El ofrecimiento hecho por Melitón Ortega, realizado en el templete instalado en el Hemiciclo a Juárez por los sindicatos del FASU, fue que el 31 de enero se reúna la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa con las organizaciones sociales, a quienes invitó a “hacer un lado las diferencias” sobre la lucha y en la que denunció la intromisión de partidos políticos.
También solicitó que el 5 y 6 de febrero se lleve a cabo un encuentro con organizaciones sociales en el Congreso de Guerrero para discutir sobre la desaparición forzada en México “y poder estructurar este movimiento, porque ya basta de que esta clase política esté diciendo y haciendo lo que se le antoje”.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, junto con sus simpatizantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comenzaron a marchar desde las once de la mañana del Auditorio Nacional. Llegaron al Ángel de la Independencia, donde esperaron que dieran las cuatro de la tarde para iniciar otra movilización. En el Zócalo capitalino se juntarían con quienes partieron desde Taxqueña y con los que avanzaron desde la calzada Ignacio Zaragoza y los que salieron de Indios Verdes.
El contingente se detuvo sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Senado, donde varios oradores realizaron un mitin. Informaron que la marcha de Zaragoza había hecho una escala en la Cámara de Diputados, tomaron la avenida Eduardo Molina e hicieron diversos pronunciamientos.
Luego, en el Hemiciclo a Juárez, hubo más discursos de los padres. Los sindicalistas ni hicieron el intento de hablar. Incluso, los secretarios generales del STUNAM, Agustín Rodríguez, y de los Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, permanecieron debajo del templete.
“En esta Octava Jornada Nacional por Ayotzinapa es momento de participar y estar aquí. Iniciamos a las diez de la mañana desde cuatro puntos. El objetivo es venir a denunciar los engaños que el gobierno ha dicho, de que los estudiantes están muertos y que los padres ya no deben buscar a sus hijos. Eso hemos venido a denunciar. Ha dicho que un grupo criminal los tiene. Denunció el hallazgo de fosas clandestinas y que no son los estudiantes. ¿Quiénes son? También son seres humanos”, comentó Melitón.
Luego resaltó que en la búsqueda de sus hijos por Guerrero y otras entidades se les han acercado mujeres y hombres que tienen a un familiar desaparecido, y que sufren tan sólo de pensar qué le estarán haciendo a sus parientes. “Es doloroso tener un hijo desaparecido”, sentenció y resaltó la importancia del apoyo internacional a su lucha.
“Por eso estamos aquí, para que nunca más sucedan estos hechos. Los estudiantes eran inocentes, pobres, indígenas. Ser estudiante en este país es un delito. Se pretende sembrar el terror en la mente de la sociedad. ¿En qué país estamos?, donde el gobierno no dice nada ante la desaparición de personas, pero sí cuándo nos movilizamos”, acusó.
Después siguieron su camino rumbo al Zócalo capitalino, donde se juntaron los demás contingentes, del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) o del Congreso Popular. Mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, quienes juntos corearon: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” o exigían la renuncia de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Otro padre de familia reclamó que no aceptaría la muerte de los muchachos. Criticó al gobierno federal por propalar su olvido después de las vacaciones de fin de año. “Este movimiento es pacífico y va a llegar a las últimas consecuencias”, indicó y agregó que su lucha buscará la transformación profunda del país.
“Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia caminaremos con el pueblo hasta lograr la transformación de México y lucharemos hasta la presentación con vida de nuestros compañeros”, sentenció.
Por la noche, el GDF destacó que unas 15 mil personas participaron de forma pacífica en las diferentes movilizaciones llevadas a cabo este lunes a partir las diez de la mañana.
Durante las marchas que partieron de las estaciones del metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, acotó en un boletín, “sólo algunas pintas fueron realizadas por los manifestantes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y ROSALÍA VERGARA.
The Economist creyó que el presidente Peña había abierto la puerta hacia el camino de un prolongado periodo de desarrollo con las reformas estructurales: vio the Mexican moment.
No se percató de que, en efecto, se trataría de un momento en su sentido literal. Las aparentemente eufóricas élites extranjeras y mexicanas se desinflaron al ver que el moment duró un suspiro.
La misma publicación dio rápidamente un giro y lanzó una áspera y enérgica puntilla al futuro del régimen del presidente Peña diciendo que EPN no entiende que no entiende. La ruda expresión significa que todo terminó para el burel. Según The Economist, el proyecto ha fenecido. Si no sabe que no entiende el problema que tiene enfrente, no hay nada qué hacer (desde Los Pinos).
El Presidente y una parte acaso aún significativa de las élites políticas creen que sus objetivos todavía pueden alcanzarse. Parece que una parte que se reduce rápidamente de las élites económicas ya no están seguras. La revista de negocios del fuerte Grupo Expansión ha escrito una serie de artículos críticos demandando un Estado de derecho.
Hay que leerlos para enterarnos de que los negocios requieren paz social. Uno de sus artículos se titula Hacer negocios entre robos, secuestros y extorsión; otro: Guerrero y siete estados más donde las empresas se desmoronan. En su artículo “2014: ¿el año en que terminó el Mexican moment?” se dice: “2014 se inició fuerte por las expectativas de las reformas estructurales.
El contexto prometía un futuro positivo, bautizado como Mexican moment. A final de año todo cambió y los expertos señalaron que esa euforia sólo constituyó una propaganda que ya quedó diluida por los problemas estructurales que México no ha conseguido resolver”.
Probablemente las élites económicas beneficiarias del proyecto del Presidente habrían estado en posición de alargar su paciencia. Pero he aquí que Ayotzinapa trepó al escenario.
La revista Punto de Vista de San Luis Potosí salió a preguntar: “Con un pulido trabajo de promoción, el presidente Enrique Peña Nieto construyó durante sus primeros años en Los Pinos el ‘momento mexicano’ y se ganó elogios en Estados Unidos. Las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, y la crisis de seguridad que desató la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han golpeado la credibilidad y la fortaleza de su gobierno y sacudido la confianza de los inversores... El gobierno ha quedado mal parado y no ha encontrado una manera efectiva, proactiva, para responder, dijo Shannon O’Neil, investigadora para América Latina del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores)”, organización estadunidense no partidista, dedicada a la política exterior, fundada en 1921.
El manejo “en Iguala ha sido desastroso. Pero el escándalo por el posible tráfico de influencias del Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, que financió la compra de casas del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de la primera dama, Angélica Rivera, es distinto porque el gobierno es responsable directo. Es la primera vez que a un Presidente en ejercicio se le cuestiona por posible tráfico de influencias y corrupción. Eso es bueno, porque estamos ante un nuevo México, pero no sabemos qué pasa en un país cuando a un Presidente se le cuestiona de esa manera…; Duncan Wood, director del Instituto de México en el Centro Wilson, de Washington, observó que los inversores extranjeros sabían ya de los problemas con la seguridad de los ciudadanos en México. Ahora, dijo, se muestran preocupados por cuestiones como la transparencia de los contratos, el respeto a la ley y la corrupción. Esto se está convirtiendo en una luz roja para muchas empresas”, opinó.
He ahí un botón de muestra de las élites económicas. Pero la cólera y las tensiones sociales de grandes masas de cientos de miles de menesterosos se combina no sólo con las exigencias de horrores, como Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya, sino que eso mismo tuvo la virtud de quitar de encima de miles y miles de pobres (acaso millones), la losa del miedo a las fuerzas represivas. El México de los menesterosos callados no existe más. Al comenzar a alzar la voz quedó desvelado que las instituciones parecen de gelatina. Unas cuantas medidas a nivel municipal y una comisión nacional anticorrupción que navega en el flogisto y no más.
El México de la exclusión sin fin y creciente, no va más. Parece claro que las élites políticas no saben qué hacer con un México vuelto indignación en ebullición creciente. Un nuevo pacto social, una redistribución social del poder; un abatimiento drástico, profundo, de la desigualdad; un punto final a la vida extremadamente inicua en que las élites dominantes han mantenido a las grandes mayorías de los mexicanos, sin lo cual no habrá futuro para México, es ineludible. Tiempo ha llegado en que si no es la sensibilidad, que sea la conveniencia por lo que las élites se pongan a pensar (¿piensan?) y se sienten a la mesa con todas las representaciones del pueblo. ¿No entienden que es preciso entender que unos pocos millonarios y millones de parias juntos no hacen una nación?
Una república socialdemócrata en serio cabe en la globalización; que no nos digan que no se puede; ¡claro que se puede!, a poco no…; hablo de la construcción de un proceso social que se encamine en esa dirección; ahí pueden surgir los Pablos Iglesias o los Alexis Tsipras.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ BLANCO.
La Profepa clausuró el proyecto comercial Dragon Mart. Las multas por el daño ambiental causado ascienden a 22 millones de pesos.
Tal como en los cuentos de hadas, el dragón que llega y destroza todo a su paso, al final tiene que ser aniquilado.
Ayer, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue la encargada de enterrar la espada al proyecto Dragon Mart, el cual pretendía ser el más grande distribuidor de mercancías chinas en Latinoamérica.
La dependencia Federal determinó que el predio “El Tucán”, en Quintana Roo -sobre el que se asienta el proyecto- se encuentra en un ecosistema costero, por lo que requiere de autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y estudios de impacto ambiental.
En conferencia de prensa, el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, detalló que el proyecto turístico ha devastado 149 hectáreas en Cancún.
Además, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo, y se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, de especies manglares y a especies animales.
Haro Bélchez dijo que a la empresa desarrolladora se la han aplicado multas por 21 millones de pesos por las afectaciones y que se ha presentado denuncia penal ante la PGR por delitos ambientales y violación de uso de suelo.
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
“El gobierno de la República promueve la inversión sustentable. La que genera desarrollo económico, empleos bien pagados, bienestar a nuestras comunidades y respeto al medio ambiente”, dijo Sánchez.
Sin embargo, pocas horas después del anuncio del Gobierno Federal, el dragón aún parecía vivo.
Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que la clausura no significaba la cancelación definitiva del proyecto, pues los procedimientos iniciados por Profepa aún se encuentran pendientes de resolución judicial definitiva.
“Teníamos una suspensión definitiva, pero Profepa argumentó en el juicio que inspeccionaron nuevamente el predio porque se lo ordenó un juez, entonces se sobresee el amparo, entonces la clausura es simplemente una consecuencia de forma, el fondo del asunto sigue en litigio y se llevará por lo menos unos 10 meses más”, indicó López Rodríguez para El Economista.
En respuesta, Haro Bélchez precisó en una entrevista radiofónica que todas las decisiones y actos de la autoridad son impugnables, pero existen las pruebas suficientes para que ningún juez pudiera revocar esta decisión.
Un proyecto que no termina
Anunciado con bombo y platillo desde marzo de 2011, el ambicioso plan para construir el centro de exposiciones estuvo acorralado desde el principio.
El proyecto prometió desarrollar 192 hectáreas. Invertir más de 200 millones de dólares en un conjunto comercial de estilo oriental con pabellones mercantiles sobre una extensión de 120 mil metros cuadrados.
Tendría naves industriales, 3 mil locales y bodegas, además de una zona inmobiliaria de 60 hectáreas con mil 250 casas y conjuntos habitacionales, que darían cobijo a cerca de 3 mil familias que vendrían de China a trabajar en el lugar.
Desde su presentación, organizaciones ecologistas señalaron que el lugar era completamente incompatible con este tipo de mega-proyectos, dado que en los alrededores existen grandes extensiones de arrecife y manglar de gran fragilidad ecológica.
“Consideramos que un proyecto de tal magnitud, que tendrá severas implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, debe ser evaluado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Federación y también por la Secretaría de Gobernación, pues explícitamente conlleva una inmigración masiva de ciudadanos chinos a territorio nacional”, sentenció la organización ambientalista Voces Unidas de Puerto Morelos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también alzó la voz.
“La economía de los casi 5 mil habitantes del poblado de Puerto Morelos y su área de influencia, depende de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, ya que un alto porcentaje de la población se dedica a la pesca, al turismo y a la investigación sobre el ambiente marino, las cuales están estrechamente influenciadas por la salud del ecosistema”, detalló en un comunicado dado a conocer en diciembre del 2012.
Agregó que aunado a los impactos ecológicos, permitir la construcción del Dragón Mart en Quintana Roo traería consecuencias económicas desastrosas para la industria nacional.
“Sería como ‘darle el tiro de gracia’ a las ya de por sí afectadas industrias mexicanas por la invasión de productos chinos a nuestros mercados”.
Días después, la misma organización denunció haber sido intimidados por la empresa que promueve el proyecto comercial Dragon Mart Cancún para que rectificaran sus declaraciones.
“Dragon Mart busca equivocadamente intimidar a nuestra organización la cual no busca más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental, así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente”, declaró Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda.
El dragón desleal
Pero el Dragon Mart no solo incomodó a los ambientalista, los empresarios también se sumaron a la oleada de
En abril del 2014, la revista Forbes publicó un comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el que se advertía que el megaproyecto representaba una amenaza para el empleo en México.
“La mayoría de productos que llegan de China están subsidiados, contienen una baja calidad y un alto grado de margen de dumping que les permite reexportarlas, lo que se traduciría en una triangulación arancelaria”, detalló la Canacintra.
Destacó que era preocupante que un proyecto de este tipo se instalara en el país más aún cuando la balanza comercial está inclinada hacia ellos.
Además, solicitó a la Secretaría de Economía una revisión sobre los efectos económicos que el proyecto Dragon Mart traería consigo al comercio mexicano.
El monstruo chino
>> 2007
El exgobernador Félix González Canto expropia los terrenos -propiedad del gobierno de Quintana Roo- y los vende al proyecto.
>> 22 de marzo de 2011
Félix González Canto y el presidente de Chinamex y Dragon Mart Cancún, Hao Feng firman el acuerdo legal para la instalación del proyecto.
>> 18 de diciembre de 2012
Empresarios piden la revisión exhaustiva de los permisos para la instalación del complejo comercial Dragon Mart en Cancún. En un comunicado se oponen firmemente a las prácticas desleales de comercio.
>> 23 de abril 2013
Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Cancún, anuncia que le fue negada la licencia de construcción al proyecto Dragon Mart Cancún.
>> 28 de agosto de 2013
El megaproyecto de inversión chino-mexicano Dragon Mart Cancún recibe la autorización definitiva para iniciar su construcción.
>> 23 de enero 2014
Inicia la construcción del complejo y la venta de locales pese a no tener los permisos federales.
>> 21 de abril 2014
El Senado de la República solicitó a la Semarnat determinar el procedimiento para evaluar el impacto ambiental que tendría en Cancún el proyecto.
>> 14 de mayo de 2014
La Profepa determina que el centro comercial Dragon Mart debe cumplir con la normatividad federal vigente, debido a que el terreno donde se construye pertenece a su jurisdicción.
>> 15 de agosto de 2014
La Profepa multa al proyecto Dragon Mart con 7 millones 233 mil pesos por carecer de autorización de impacto ambiental y dañar ecosistemas costeros.
>> 12 de septiembre de 2014
La Profepa impune una nueva multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos, y la aplicación de medidas de remediación y restauración por 11 millones 888 mil 951 pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
El Gobierno ahora podrá revisar las llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, así como las búsquedas en Internet de los mexicanos.
Tal pareciera que el Gobierno federal quiere emular lo realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos programas de espionaje fueron revelados en 2013 por su excontratista Edward Snowden.
Y es que durante los próximos días, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan ciertas dependencias de seguridad, informó Reforma ayer.
Los comisionados del IFT votarán la Propuesta de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, de la cual el diario afirma tener una copia.
En dicho documento se indica que, entre los datos de sus clientes que las empresas de telecomunicaciones deberán conservar, están las direcciones IP de sus usuarios, que permiten identificar la actividad en Internet de estos.
Estos lineamientos, señala Reforma, son para poner en práctica los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establece que las compañías del sector atenderán las solicitudes de información que realicen las “autoridades competentes”.
Sin embargo, no se especifica qué autoridades podrían solicitar el espionaje.
Viola derechos
En 2014, cuando se discutía la reforma de telecomunicaciones, expertos advirtieron que la censura, invasiones a la privacidad y medidas de colaboración con la justicia que establece la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el Ejecutivo, viola los derechos humanos y pone a México al nivel de países como Venezuela, Turquía o Ucrania.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: BERNHARD BUNTRU.
Ciudad de México, 26 de enero: Policías federales vestidos de civil participaron hoy en el seguimiento de las marchas de inconformidad por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes cumples cuatro meses ausentes.
Al finalizar las protestas en el Zócalo capitalino, los efectivos se reunieron con sus compañeros antimotines uniformados y dejaron el centro del Distrito Federal a bordo de camiones de líneas comerciales de pasajeros, entre estas de Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) que se estacionaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
En las mismas calles, entre estas Corregidora Josefa Ortíz de Domínguez, decenas de policías del Distrito Federal abordaron camionetas de la Secretaria de Gobierno cuyo titular, Héctor Serrano, ha sido señalado de infiltrar agentes capitalinos vestidos de civil en las manifestaciones, incluidas las ocurridas en demanda de la presentación con vida de los alumnos normalistas, como la ocurrida hoy.
Organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, Artículo 19, una de estas, han denunciado que el uso de policías no identificables vulnera las facultades de las personas para identificar en todo momento a las autoridades y favorece la violación de garantías y la impunidad en el uso no justificado de la fuerza pública.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1230678.
MÉXICO, D.F: No disminuye la conmoción, mucho menos el coraje, pero este 26 de enero, a cuatro meses de los sucesos de Iguala, Guerrero, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se dan el permiso de mencionar los nombres de sus hijos. No son números. Son personas.
“Manuel. Te amo. Donde quiera que estés, te vamos a encontrar”, dice Mario César y despierta la consigna general en el Zócalo: “¡No están solos! ¡No están solos!”.
“Te amo Jorge. Y te extraño”, se le quebró la voz a Epifanio Álvarez, el mismo que recuerda y le reclama a Peña Nieto sus palabras para “superar” la tragedia: “¿Ustedes superarían el dolor de un hijo desaparecido?”.
Carmelita Cruz, que ha acudido a todas las fosas encontradas en los alrededores de Iguala y Cocula, Guerrero, criticó las “búsquedas simuladas” de la PGR y del Ejército. “A mi hijo, Jorge, sólo le quiero decir que lo quiero mucho”, afirmó.
El Zócalo está triste pero no cansado ni pierde su enojo cuando Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, increpó directamente al Ejército: “fueron militares quienes les robaron sus celulares. Fueron militares quienes los golpearon. ¿Por qué se olvidaron que también ellos son del pueblo?”, acusó.
A nombre de los padres de 43 desaparecidos y de los normalistas sobrevivientes, De la Cruz exigió investigar al Ejército, al exgobernador Angel Aguirre que, en el colmo del cinismo, promueve a su hijo como candidato a alcalde de Acapulco, por las siglas del PRD.
Y en clara advertencia sobre la situación en Guerrero, en pleno año electoral, De la Cruz subrayó que no permitirán los comicios en la entidad bajo las condiciones actuales.
Acto seguido, citó el artículo 39 constitucional, tan socorrido ahora para decir que el “poder emana del pueblo y es del pueblo”:
“Votar, es votar por el crimen organizado” en Guerrero, advirtió De la Cruz, pero también reclamó a Peña Nieto que no haya investigado ni sancionado al exgobernador Aguirre.
En toda la explanada volvió a escucharse el grito de “¡Fuera Peña, Fuera Peña!” y se siguieron con “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
“Peña Nieto ha dejado de ser el presidente para nosotros”, remató De la Cruz en claro reproche al abandono del primer mandatario frente a su compromiso de hace tres meses con los padres.
Este día, en Atlacomulco, su tierra natal, Peña ni siquiera hizo mención a los cuatro meses del conflicto desatado en Iguala.
La multiplicidad de los contingentes
No son las decenas de miles que marcharon el 20 de noviembre pasado, pero sí muchos miles más de los que se esperaban en el primer mes de 2015, tras varias semanas sin convocar, con las universidades en periodo vacacional, y los contingentes sociales dispersos.
La marcha de este 26 de enero conjugó a los jóvenes del Politécnico con los de la UAM, las facultades de la UNAM, las preparatorias, más las escuelas privadas (la Ibero la más grande), pero también con los movimientos sociales recientes, como las enfermeras, los médicos, los demandantes de vivienda y contingentes sindicales.
El de telefonistas desplegó enormes pancartas vinculando a Ayotzinapa con sus demandas salariales y el incumplimiento de las promesas de la reforma en telecomunicaciones.
Los que se atribuyen ser anarquistas estuvieron menos visibles y aislados que en las anteriores manifestaciones. Hasta las 20:00 horas no se registró algún incidente con ellos o con algunos otros grupos.
“¡Ayotzi, aguanta, la Iglesia se levanta!”, coreaba un contingente de comunidades eclesiales, comprometidos con las luchas sociales que lanzaron “fueras” a Onésimo Cepeda, el obispo de Ecatepec.
A no pocos metros de ellos, unos jóvenes de la UAM coreaban algo más psicodélico: “¡Hongo, peyote y mariguana, en lucha la Metropolitana!”, mientras los chavos Ibero cantaban a Mercedes Sosa.
Guitarras y mandolinas se combinaron con instrumentos prehispánicos, con consignas contra Peña Nieto y una más que atravesó los cuatro puntos cardinales de donde partió la movilización: “¡Fue el Estado!”, “¡Fue el Estado!”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció que 92 municipios del país siguen sin reportar el destino de cerca de 4 mil millones de pesos que recibieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el ejercicio fiscal 2014.
En rueda de prensa, Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, destacó que a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal obliga a los ayuntamientos a reportar los proyectos en los que invierten los recursos, 92 de los 2 mil 461 municipios del país incumplieron con esa responsabilidad.
El funcionario federal también resaltó que se invirtieron casi 51 mil millones de pesos, de los que no se reportaron más de 4 mil millones el año pasado.
También consideró que no registrar el gasto “es el camino lógico para llegar a una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues si un municipio no te informa en qué se está gastando su dinero, o puede ser un descuido o que algo venga mal”.
El titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la dependencia, Juan Manuel López, detalló que los municipios incumplidos pertenecen, destacadamente, a Oaxaca, la entidad que gobierna Gabino Cué.
Los recursos del FAIS son coordinados entre los gobiernos municipales, estatales y federal para localidades con población en pobreza extrema, en muy alto y alto rezago social, y a zonas de atención prioritaria.
Además, los recursos deben orientarse a abatir carencias sociales en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos y alimentación.
Juan Carlos Lastiri presumió que, gracias a la coordinación entre Sedesol y los gobiernos locales, ahora se da seguimiento de 93 mil 711 proyectos registrados en mil 832 municipios, los cuales utilizan recursos del FAIS.
Asimismo, aseguró que 79% de más de 100 mil proyectos de infraestructura se destinan a mejorar indicadores de pobreza como calidad de la vivienda y servicios básicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dijo preocupada por las reiteradas violaciones a derechos humanos de periodistas y defensores, especialmente en Veracruz y también informó que observará las investigaciones sobre el asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo.
En un comunicado, el organismo autónomo indicó que tras la aparición de un cuerpo que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, probablemente corresponda al del periodista Moisés Sánchez, enviaron un grupo de visitadores con el fin de que se compruebe el resultado de las investigaciones.
La CNDH también informó que se mantendrá en contacto con las procuraduría Genera de la República (PGR) y la estatal (PGJE) hasta el final de los peritajes.
La dependencia también expresó su preocupación por las reiteradas violaciones a derechos fundamentales de periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente en el estado de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte de Ochoa.
La noche de ayer, el Procurador estatal, Luis Ángel Bravo, dijo en conferencia de prensa que el periodista Moisés Sánchez, desaparecido por 23 días, fue asesinado el mismo día que un grupo de hombres armados lo secuestró, el 2 de enero.
Moisés Sánchez fue asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del Alcalde de Medellín.
La PGJE de Veracruz informó que pedirá al Congreso del estado el desafuero del Edil panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad por el asesinato de Moisés.
Sánchez se convirtió en el onceavo periodista muerto en Veracruz durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
Este mismo día, Jorge Sánchez, hijo del periodista, no reconoció que el cuerpo hallado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz sea el de su padre.
“No me es suficiente porque he visto el cuerpo y no se parece. Dudo que sea él por ciertos rasgos muy marcados”, dijo en entrevista para Noticias MVS y pidió que otra instancia, como la Procuraduría General de la República (PGR), lo identifique.
Pero la PGR no ha querido, siquiera, atraer el caso. Y no es la primera vez que el hijo ruega a esa instancia que intervenga.
Afirmó que no quiere que por esta información dejen de buscar a su padre o pongan en riesgo su vida. Insistió que el cuerpo que le presentaron “tiene ciertas características [que] no coinciden”. Por ello, Jorge Sánchez solicitó una prueba de ADN e indicó que la Procuraduría General de la República ya tiene su perfil genético.
El hijo del periodista también aclaró que la información que le han dado es austera, informal y verbalmente “no me saben responder”, denunció.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1230370.
En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es preciso exigir que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre y al Ejército, plantean los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, y el Miguel Agustín Pro, en un informe dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Padres de los normalistas desaparecidos viajarán a Ginebra, Suiza, donde el 2 y 3 de febrero será evaluado el Estado mexicano por el Comité en su octava sesión.
El vocero de los padres de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, consideró que en la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el Estado va a decir que sus hijos están muertos.
Para desmentir al gobierno, precisó que los padres Hilda Aguileño y Bernabé Abraján irán con una abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a la sede del Comité de Contra la Desaparición forzada, en Ginebra, Suiza. “Estamos seguros que van a decir que todo esta bien, que lo de Ayotzinapa está arreglado”.
Subrayó que mientras no exista una evidencia científica del destino de los estudiantes detenidos-desaparecidos por policías municipales en Iguala, para sus padres están vivos y seguirán exigiendo su presentación a las autoridades.
Para su participación, los cuatro organismos que representan a las víctimas presentaron el 8 de enero un informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el que solicitan al Comité de la ONU que “realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.
Sostienen que “la desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”.
Solicitan “al Comité contra la Desaparición Forzada distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que, en primera instancia, reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención” Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El informe, de 22 páginas, expone los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y después analiza la actuación del Estado mexicano frente al problema de la desaparición forzada, y concluye que “la crisis de desapariciones sigue siendo soslayada por el Estado”.
Sobre la exigencia de que se investigue la participación del Ejército en los hechos, los cuatro organismos no gubernamentales explican: “Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las Fuerzas Armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las Fuerzas Armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad”.
La exigencia de que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre es parte del planteamiento de que las investigaciones “no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto. Aunque es contundente la identificación de Alexander Mora Venancio, todavía hay 42 estudiantes desaparecidos. La hipótesis oficial postulada por la PGR aún no puede considerarse plenamente consolidada”.
En esa parte del informe señala que “la investigación sobre la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas ni siquiera ha iniciado. Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el Presidente Municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex Gobernador de Guerrero y a otros funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.
El informe da cuenta de los hechos del 26 y 27 de septiembre, cuando policías de Iguala atacaron a balazos a estudiantes que regresaban a la Normal de Ayotzinapa en tres autobuses que habían tomado en esa ciudad y después de haber colectado dinero para sus actividades.
Un primer ataque a balazos ocurrió a las 21:00 horas, cuando los policías de Iguala comenzaron a disparar ráfagas desde distintas posiciones, cayó herido el estudiante Aldo Gutiérrez Solano que se encuentra con muerte cerebral; los policías no permitieron que los normalistas lo levantaran para darle atención médica.
Explican que durante el primer ataque hubo estudiantes detenidos, y después la policía de Iguala y ninguna autoridad reconoció que tuviera estudiantes detenidos: “los estudiantes que se encontraban en el autobús que ocupaba la posición trasera fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos”.
“Concluida esta primera balacera, los policías del Estado mexicano se llevaron detenidos a un número indeterminado de estudiantes en las patrullas”.
Después de la primera balacera algunos estudiantes se reorganizaron en el mismo lugar, y cerca de las 24 horas dieron una improvisada conferencia de prensa cuando repentinamente se acercó una camioneta de la que descendieron varias personas con armas largas, que dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes.
El saldo de esta segunda agresión fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, además de cinco personas heridas gravemente.
“La agresión duró alrededor de 15 minutos. Los estudiantes, profesores, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar empezaron a correr en diferentes direcciones y varios de ellos se refugiaron en casas particulares. En el caso de Edgar Andrés Vargas, el joven estudiante fue ingresado por sus compañeros a una clínica particular cerca del lugar de los hechos, donde a los 10 minutos llegaron elementos del Ejército mexicano que con violencia encañonaron y desalojaron a los muchachos”.
Señala que el gobierno federal, ante la presión nacional e internacional, intervino tardíamente en el caso, el 5 de octubre inició la averiguación, y los primeros diez días, que son fundamentales para esclarecer las desapariciones, las investigaciones quedaron en manos de autoridades estatales que son incapaces o están coludidas en el crimen.
El 7 de noviembre la PGR dio a conocer avances de sus investigaciones centradas en la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron asesinados por sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos, a quienes los entregaron policías de Iguala y de Cocula, y que fueron incinerados en el basurero de Cocula y los restos arrojados en bolsas al río.
Los padres de los desaparecidos y sus representantes exponen en el informe sus cuestionamientos a esta hipótesis de la PGR.
Cuestiona que el fundamento de la PGR son las declaraciones de tres presuntos autores materiales que presentan inconsistencias, y no pruebas científicas. “Sus declaraciones no generan certeza total de que en el basurero de Cocula hayan estado los 43 estudiantes ni de que, la noche de los eventos, todos los jóvenes hayan sido detenidos a la misma hora y hayan permanecido juntos, siempre en el mismo lugar. Tampoco es posible ignorar que en un caso de esta envergadura la verdad no puede surgir sólo de testimonios; menos cuando en México los patrones documentados de coacción contra las personas detenidas y la persistencia de un sistema de justicia escrito y opaco redundan en la poca fiabilidad de las declaraciones rendidas ante el ministerio público”.
Dice que un evento fundamental para esclarecer lo ocurrido no ha sido explicado: el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala. La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.
Otra falla importante de la PGR es que ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2015/1229585.
Capturan al presunto "asesino confeso", quien asegura que el chofer y escolta del alcalde de Medellín le pidió "un favor muy especial" de parte del presidente municipal: desaparecer a Moisés.
Moisés Sánchez Cerezo se convirtió en el periodista número 16 que es asesinado en Veracruz desde el año 2000.
Su cuerpo fue encontrado el pasado sábado; Moisés fue “levantado” desde el pasado 2 de enero y, según la investigación oficial, fue asesinado ese mismo día.
El procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, reportó el domingo la captura del presunto asesino confeso, Clemente Noé Rodríguez Martínez, un ex policía municipal, quien dijo que el asesinato fue “por encargo” de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes.
“Rodríguez Martínez fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que solicitaba su presentación, ante quien reconoció, en presencia de su abogado defensor y en pleno respeto de sus derechos humanos, haber participado junto con otras 5 personas, en la sustracción de José Moisés Sánchez Cerezo, de su domicilio en la localidad del Tejar, municipio de Medellín, el pasado 2 de enero, dándole muerte ese mismo día, de forma inmediata a la privación de su libertad… La muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo del chofer del alcalde de Medellín, a cambio esto de protección policial para que su banda pudiera realizar la venta de droga en ese municipio, sin problema alguno”, expuso el procurador en conferencia de prensa.
El detenido confesó que el chofer y escolta personal del alcalde le pidió “si le podía hacer un favor muy especial… diciéndome que le comentó (el alcalde) que tenía que desaparecer una persona, de nombre Moisés Sánchez”.
Comunicado íntegro de la Procuraduría de Veracruz:
Detiene PGJ al asesino confeso de Moisés Sánchez Cerezo
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Luis Ángel Bravo Contreras, informó que la madrugada de este sábado fue localizado el cuerpo del ciudadano José Moisés Sánchez Cerezo, quien fuera sustraído el pasado 02 de enero por desconocidos que irrumpieron en su domicilio en la comunidad El Tejar, municipio de Medellín.
Con motivo de estos hechos se abrió la Investigación Ministerial 01/E/2015, y después de intensas indagatorias se ubicó a Clemente Noé Rodríguez Martínez, quien había sido integrante de la extinta Policía Intermunicipal, quien confesó en presencia de su abogado defensor y en pleno respeto de sus derechos, haber participado junto con otras cinco personas en estos hechos, y haber dado muerte a Sánchez Cerezo, el mismo día 02 de enero, de forma inmediata a la privación de su libertad.
El Procurador informó que Rodríguez Martínez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, quien permanece arraigado por disposición judicial para determinar la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo.
Los otros imputados fueron identificados por Noé Rodríguez Martínez como “El Harry”, “El Chelo”, “El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos”, a quienes declaró que conoce solamente por sus apodos, con excepción del último a quien refiere como José Luis Olmos, quien fuera también miembro de la desparecida Policía Intermunicipal.
Bravo Contreras señaló que dados los elementos probatorios, la PGJ solicitará a la LXIII Legislatura del Estado el juicio de procedencia en contra de Omar Cruz Reyes, Presidente Municipal de Medellín, en virtud de que goza de fuero constitucional.
La investigación continúa su curso hasta la detención de todos los implicados en este caso. En su momento, la PGJ informará de los avances y resultados de la misma.
Con la muerte de Moisés Sánchez, en la administración de Javier Duarte han sido asesinados once periodistas; ningún caso ha sido aclarado. Antes de Moisés Sánchez, de 2010 a la fecha, las víctimas fueron: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino y Gregorio Jiménez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Dudo que sea él, por ciertos rasgos marcados... no se parece", aseguró Jorge, quien pidió a la PGR que confirme o descarte si el cuerpo encontrado, el sábado, es su padre.
Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, manifestó sus dudas sobre que el cuerpo encontrado el sábado por las autoridades de Veracruz corresponda a su padre.
“Yo he visto el cuerpo que mencionan, y yo dudo que sea él, ciertas características no coinciden“, dijo este lunes, en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
“Solicité una prueba de ADN, ya en la PGR tienen nuestro perfil genético para que descarten o confirmen lo que el Procurador (de Veracruz) menciona. Hasta el momento, yo vi el cuerpo que dicen y no lo reconozco como que sea él“, afirmó.
El hijo refirió que, junto con un equipo de abogados, “estamos analizando inconsistencias… del procurador” Luis Ángel Bravo.
Jorge mencionó que cuando el funcionario exponía el domingo lo que presuntamente habría ocurrido con su padre, él todavía no veía el cuerpo.
“No me mostraron ropa alguna, nada más el cuerpo” – indicó – desconozco si haya ropa”.
Sobre la “confronta” de una huella que hizo la Procuraduría de Veracruz, considero que “no es suficiente”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Refuta las acusaciones del diputado Ricardo Monreal.
El gobierno de Puebla negó que haya contratado o establecido una relación laboral con el Grupo Higa, para la construcción del Museo Internacional Barroco.
En una carta dirigida a este portal de noticias, refutó las acusaciones del diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien acusó al gobierno de Puebla de beneficiar a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa.
“La información respecto al Museo Internacional Barroco al que el Diputado liga con el Grupo Higa, es nuevamente falsa. Esta administración en ningún momento ha contratado sus servicios o establecido una relación laboral con el mismo”, aseveró.
El gobierno estatal indicó: “Rechazamos categóricamente la información del Diputado Monreal. Son declaraciones falsas y sin ningún sustento, que sólo buscan el desprestigio y la calumnia”.
Monreal indicó que Hinojosa Cantú habría recibido contratos por 26 mil millones de pesos, a lo que el gobierno poblano precisó que: “Tal es la desinformación del legislador, que el monto de 26 mil millones de pesos que asegura se han otorgado, excede la inversión total en materia de infraestructura en el Estado, la cual asciende a 20 mil 343 millones de pesos, lo que comprueba que el Diputado miente”.
Carta del gobierno de Puebla:
Carta Aristegui Noticias.docx by Aristegui Noticias
La semana pasada, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro anunció que propondrá investigar los contratos multimillonarios que el empresario Armando Hinojosa Cantú, contratista privilegiado del actual gobierno federal, ha recibido del gobierno poblano.
“Armando Hinojosa no sólo es uno de los principales beneficiarios de la obra pública que realiza el gobierno federal, también se beneficia de las obras realizadas en Puebla, y aún no sabemos en cuántos estados más”, comentó el diputado Ricardo Monreal Ávila.
Según Monreal, Higa “ha ganado contratos por un monto de 26 mil 212 millones de pesos, lo que representa el 34 por ciento del presupuesto de la entidad, y el 600 por ciento del gasto anualizado de la capital poblana”; lo anterior ha sido rechazado por el gobierno de Puebla.
El diario Reforma publicó, en diciembre pasado, que existe un contrato valuado en más de 7,000 millones de pesos, que obtuvo Concretos y Obra Civil del Pacífico, la cual es filial de Grupo Higa.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
