MÉXICO, D.F: El exjefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard pidió comparecer ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro.
En una carta dirigida al diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de dicha comisión, Ebrard expresó su disposición a comparecer por las fallas en dicha línea del Metro.
“No debe haber impunidad y para ello es indispensable tener todos los elementos de información. Me pongo de nuevo a disposición de esa Comisión para ese propósito”, escribió Ebrard.
Aparte, en su cuenta de la red Twitter, Ebrard publicó esta mañana: “Siempre he dado la cara por mis actos, estoy solicitando a la comisión de la diputados línea 12 me cite . No impunidad, no uso electoral”.
En septiembre pasado, la empresa francesa Systra presentó un informe técnico en el que concluye que tanto la administración de Ebrard como la de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, son responsables de las fallas en la mencionada línea.
Entre los defectos que presenta el proyecto se encuentran la incompatibilidad del tren con la vía, insuficiencias en la calidad de los materiales y errores en el mantenimiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Alejandro Encinas, senador de la república y ex jefe de gobierno capitalino, aseguró que el PRD -partido del cual es fundador- vive una de las peores crisis políticas de su historia, derivada, no de las diferencias en cuanto a la conducción del instituto sino por la eminente penetración de la delincuencia organizada en sus filas.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el militante de izquierda, afirmó que ante los hechos de Ayotzinapa, el PRD no ha tenido una respuesta clara que ayude a esclarecer el caso y por el contrario, en lugar de abonar voluntades para resolver el tema, la dirigencia apuesta por el desgaste y olvido del caso.
Al respecto, señaló que la crisis no es un asunto exclusivo del PRD, pues subrayó, alcanza al Estado mexicano, a sus instituciones, a los órganos de representación popular y al resto de los partidos políticos.
En tal sentido, manifestó que el país se encuentra inmerso en una “narco-crisis”, pues explicó, los poderes de la unión, los distintos órdenes de gobierno, las instituciones policiacas y las propias fuerzas armadas, han sido penetradas por miembros del narcotráfico y la delincuencia organizada.
“Lamentablemente, el PRD aparece hoy ante los hechos de Iguala, como un partido que forma parte de la descomposición de las instituciones y de ser un partido que enfrentó graves violaciones a los derechos humanos, como en la guerra sucia, hoy se presenta como parte del problema; pasó de ser víctima a victimario”, comentó.
Por otro lado, aseguró que la dirigencia del PRD es parte del problema que ha llevado al partido a la crisis, pues argumentó, las viejas corrientes de opinión se transformaron en grupos de interés. Asimismo, demandó que parte de la militancia del PRD ha entrado en un estilo de autoconsumo, en donde se “ven sólo el ombligo”.
El ex candidato a la gubernatura del Estado de México, expresó que existe un divorcio entre la dirigencia del PRD y la base partidaria, ya que, explicó, la condición para desarrollarse dentro del partido se centra en la obligación de pertenecer a una corriente o estar en un grado de subordinación considerable e incondicional con la dirigencia.
Asimismo, dijo que con el caso de Iguala y Abarca, quedaron en evidencia prácticas como la venta de candidaturas y la postulación de delincuentes. En este sentido, dijo que la mentalidad de ganar a como dé lugar y acumular dinero para las campañas no importando su procedencia, han llevado a caer en esta actitud.
En lo referente a su renuncia del PRD, añadió que se vio impulsada por la actitud tomada por la dirección general en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas. De igual manera, argumentó que no podía ser cómplice de la dirigencia, ya que cuando no hay voluntad de cambio, no basta con denunciar las omisiones y es necesario emprender otros caminos. “Actitudes como: sus dudas para asumir que había responsabilidad del gobierno estatal y municipal en el caso; también el hecho de mantener en el cargo a Ángel Aguirre a pesar de la evidente omisión del mandatario estatal; así como no deslindar responsabilidades de los señalamientos hechos por la PGR”, sentenció.
“La descomposición del PRD fue paulatina”
En palabras de Encinas, la descomposición del PRD se puede vislumbrar en una serie de sucesos vividos al interior del partido.
Como uno de los puntos, destaca lo ocurrido durante el proceso de elección de la dirigencia nacional en 2008, en donde el Estado, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial, participó en la resolución final y otorgó la victoria a Jesús Ortega, perteneciente a la corriente “Nueva izquierda”. “Esta decisión, no fue tomada por los militantes, fue una resolución de un órgano federal”, manifestó.
De igual forma, ubicó a las alianzas realizadas por el PRD con partidos opositores, como el PAN y la firma del Pacto por México, como una de las causas que llevarán al PRD a una crisis.
“En 2011, durante la campaña a gobernador se presentó la idea de ir en alianza con el PAN , misma a la que me opuse, pues de haberse realizado, hubiera representado una fractura para las izquierdas, lo cual repercutiría en busca de ir en conjunto PRD, PT y Movimiento Ciudadano por la presidencia en 2012; en lo que respecta al Pacto por México, el tiempo ha dado la razón que fue un error firmarlo, pues lo único que se consiguió fue legitimar un proyecto de nación que no refleja las aspiraciones de la izquierda”, señaló.
Añadió, que la dirigencia encabezada por miembros de la corriente “Nueva Izquierda”, apuesta por tener el control pleno del partido, sin disidencias. Además, comentó que la visión del proyecto de los dirigentes va en contra de lo que debería representar la izquierda. “Su visión se mueve en la idea de una izquierda colaboradora con el poder, la cual está desdibujando el perfil del partido, al grado de no saber a qué sector pretende representar”, explicó.
Refundar las izquierdas
El legislador, manifestó que ante su salida del PRD, tomará una posición en aras de contribuir a concientizar a la sociedad y la clase política de la crisis que atraviesa México. Asimismo, emprenderá esfuerzos para reagrupar a la izquierda y fortalecer su papel de cara a los comicios de 2018.
Dijo que en las elecciones de junio próximo, la izquierda tendrá una misión importante, pues se enfrentará a un escenario en donde 4 partidos se disputarán el mismo sector del electorado. Comentó que debido al nivel de descontento generalizado de la población, se presentarán cifras altas de abstencionismo.
En cuanto a la participación de Morena, aseguró que este partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá buena respuesta en los comicios a celebrarse en unos meses y confió que el registro de este partido sirva como punto para congregar a las izquierdas. Añadió, que regiones como el centro y el sur, con tradición de izquierda será en donde el apoyo a esta nueva organización se reflejará en mayor medida. “Morena se convertirá en un referente político, va creciendo, y la respuesta del electorado será de apoyo. Sin embargo no basta y si queremos como izquierda disputar el 2018, debemos someternos a una reflexión profunda y empezar un proceso de unificación”, dijo.
Agregó, que está consciente de la poca disponibilidad de entablar una alianza con el núcleo que lidera al PRD, no obstante, confió en contar con vastos sectores, cuadros medios, algunos dirigentes nacionales y la base perredista en aras de una rearticulación de las izquierdas y las fuerzas progresistas “para avanzar en el proceso de unificación y construir una alternativa viable que tenga credibilidad, porque hoy nadie cree en estos políticos”.
Al cuestionársele de su futura militancia en Morena, dijo que es la institución con la cual tiene mayor identidad política, por lo cual no descarta la posibilidad de unirse en un futuro. “Decidí no ir a Morena para no interferir en su proceso actual, apenas se están acomodando; además que no quería que se mal interpretara mi adición (… ) Seguiremos en la política. Debemos hacer la reflexión sobre la necesidad de cambiar, debemos recuperar el sentido común, el vínculo con las causas sociales”, apuntó.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EDGAR ROSAS.
Las cosas no pintan bien para Enrique Peña Nieto. Después de desenmascarar que el pasado año su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron casas por parte del Grupo Higa, contratista del gobierno, hoy también se sabe, gracias a un reporte del Wall Street Journal, que el mismísimo Peña Nieto adquirió, en 2005, una casa con otra compañía que había hecho negocios con el gobierno.
No se está hablando de teorías de conspiración o escándalos sin bases, esto es un conflicto de intereses. Es la corrupción que está en los niveles más altos del gobierno. Los hechos son los siguientes: Peña, Rivera y Videgaray pagaron, o están pagando, casas que fueron financiadas por compañías que recibieron millones en dinero público.
Se entiende que en estos momentos muchos mexicanos se estén preguntando; ¿algunos contratos de gobierno eran adjudicados como intercambio por estas casas?, ¿se las vendieron con descuentos?, ¿los tratos preferenciales eran intercambiados por favores?, ¿la venta de estas casas realmente estaba financiada en las tasas de mercado?
De acuerdo a los datos del Wall Street Journal el mexiquense compró una casa de descanso, en un exclusivo club de golf, en Ixtapan de la Sal por la cantidad de 372,000 dólares, esto fue semanas antes de convertirse en gobernador del Estado de México. Tras eso de 2005 a 2011 la compañía que le vendió la casa, liderada por Roberto San Román Widerkehr, ha ganado más de 100 millones de dólares en contratos con el gobierno de México. Además desde que Peña se hizo con el cargo federal San Román ha ganado 11 contratos federales, algunos con valor de 40 millones de dólares.
Eso no es todo. El hijo de San Román, Roberto San Román Dunne, aparentemente se encargó de ser el padrino de primera comunión de la hija de Peña, Paulina Peña. De esta manera uno de los beneficiarios de los contratos multimillonarios del gobierno es compadre de Peña Nieto. Esto sería otro acto de cinismo y corrupción; no se puede tener contratos directos con personas que sean cercanas a familiares (compadres o allegados).
A su vez ambas partes han negado que haya favores o beneficios especiales producto de su relación.
De cualquier manera ese no es el único problema; el dinero con el que se pagó, la millonaria propiedad, ¿de dónde salió? Si Peña Nieto ha dicho con anterioridad que no es millonario, entonces ¿cómo hizo un servidor público para permitirse semejante gasto?
Tres casas, tres conflictos de intereses. No es una coincidencia, es el reflejo de un patrón de acciones que ocurren en los círculos más privados de poder de Peña. De cualquier manera la administración no parece interesarse en investigarse a sí misma y el Congreso también se nota desinteresado en hacer alguna investigación al respecto. Y cómo ser de otra manera si se trata de la persona que tiene el poder suficiente para solapar cualquier acto ilícito, sería difícil que se moridera la mano que da de comer.
Pero ¿qué pasaría si un investigador independiente se encargara de desenmascarar la corrupción de Peña Nieto? No le quedaría de otra al mexiquense más que resignarse y aceptar el delito. Esto podría explicar la presión que está ejerciendo el gobierno a la prensa para detener cualquier indicio de investigación dentro de este rubro.
Momentos como estos nos hacen recordar al espíritu indomable del periodista Julio Scherer, recientemente acaecido, que alguna vez escribió: “Nuestra tarea no es complacer al presidente o servir al gobierno”. Además de recomendar a los periodistas no identificar al presidente como la patria. De hecho el destino de México es mucho más importante que el presidente.
Mientras tanto Peña Nieto prefiere ocultar su cabeza, cual avestruz, en el suelo. No da entrevistas acerca de estos problemas y conflictos de interés, además de parecer que sólo puede hablar con un teleprompter y no improvisar ya que todo eso haría las cosas peor.
Desafortunadamente Enrique Peña Nieto no tiene idea ni dimensiona los daños que está haciendo, a su país, su gobierno y su reputación.
Este escándalo ha terminado por hacer que pierda la poca credibilidad que le quedaba, además de quedarse sin autoridad moral. ¿Cómo se tienen los escrúpulos de exigir a los mexicanos que luchen contra la corrupción cuando él ni siquiera lo puede hacer con su propio hogar?
Posiblemente México carezca de una cabeza capaz de guiar a todo el organismo, pero, en ocasiones, con muerte cerebral el cerebro sigue latiendo y el corazón mexicano ha despertado con cada ciudadano que no está dispuesto a tolerar el cinismo, abuso y corrupción de aquellos que juraron utopías con tal de ganar un voto, México no tolera más y la ebullición está muy cercana.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: EL titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insistió en que el Ejército mexicano no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Murillo Karam argumentó así por qué la dependencia no citó a miembros del Ejército durante la investigación del caso: “No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un sólo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen fueron, revisaron y se fueron”.
Insistió que en la investigación de la PGR “no hay nadie que los acuse de nada, absolutamente nada” a los miembros del Ejército.
En entrevista con Grupo Fórmula, Murillo Karam aclaró que la investigación del caso no ha sido concluida: “Dije que no había terminado la averiguación, que estaba abierta”.
Ayer, el funcionario ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que los 43 normalistas fueron calcinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aunque la Contraloría General del DF encontró que varios de ellos sí cometieron irregularidades en el proceso de construcción de la Línea 12, exservidores públicos no pueden ser sancionados porque ya pasaron más de tres años de estos hechos.
A siete años de que el consorcio ICA-ALSTOM y CARSO ganó la licitación para construir la Línea 12 del Metro, un grupo de exservidores públicos del sexenio de Marcelo Ebrard, acusados de cometer irregularidades en la asignación del millonario contrato, argumentaron ante la Contraloría General que prescribió la facultad para que la autoridad los sancione.
En dicho proceso, ventilado en el expediente CG DGAJR DRS 00243/2011, el entonces contador mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó se iniciara procedimiento administrativo en contra de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Obras, a los que se les acusó de diversas irregularidades que presuntamente fueron cometidas desde el 2008, fecha en que se entregó el millonario contrato para la construcción de Línea 12.
En la lista de los exservidores públicos cuestionados aparecen: Pedro Servando Delgado Gamboa, Sotero Díaz Silva, José Pascual Pérez Santoyo, Fermín Salazar Hernández, Fernando Arturo Taboada, Gustavo Cruz Villa Franco, Héctor David Martínez, Enrique Baker Díaz, Carlos Raúl Cruz Neri y Carlos García Rayón, todos adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse).
Todos fueron llamados a rendir cuentas por hechos del 2008 posiblemente constitutivos de delito, que se desprendieron de la auditoría a la obra pública AOPE/104/08, practicada a la Sobse en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del Gobierno del DF.
Aunque a cada uno de estos exservidores públicos se les atribuyeron conductas anómalas especificas, el tema que se ventiló en general fue que durante la licitación pública internacional para adjudicar el Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado, y que se entregó a ICA-Carso y Alstom por un monto de 19 millones 538 mil 500 pesos, no garantizaron a la administración pública del DF que fuera el que ofreciera las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.
Según la acusación, se “debió contar con un presupuesto de referencia de la obra pública por contratar”, “omitiendo presentar la documentación suficiente y fehaciente que acredite que dicho importe es el costo real correspondiente a los trabajos comprendidos para el Proyecto Integral de construcción de la Línea 12”.
Irregularidad probada… y no hay sanción
Una vez que la dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General inició el procedimiento administrativo, y este grupo de empleados del DF fueron llamados a cuentas, todos recurrieron a la estrategia jurídica de argumentar la prescripción.
Pedro Servando Delgado Gamboa, uno de los personajes clave de la construcción de la Línea 12, alegó lo siguiente:
“Como se puede alegar el último evento ocurrió el 17 de junio de 2008, por lo que han transcurrido 3 años y 261 días a la fecha de la notificación, es decir MÁS DE TRES AÑOS y por lo tanto han prescrito las facultades sancionadoras de la autoridad en el presente procedimiento administrativo”.
La Contraloría lo reconoció, y aunque se acreditó que Pedro Servando Delgado Gamboa incurrió en dos de las irregularidades que se le imputan, prescribieron las facultades de la Dirección de Responsabilidades para sancionar al ciudadano.
Al respeto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (a la que se acogió este grupo de funcionarios), en su artículo 78 estipula que las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el DF.
En caso de que exceda el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado.
Otro de los casos es el de José Pascual Pérez Santoyo. Al desempeñarse como subdirector de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras para el Transporte omitió revisar la documentación soporte, y pese a ello los aprobó y autorizó aún cuando no se especificaba quién los había elaborado.
“Tampoco presentó documentación soporte que justifique por qué en dicha actualización del presupuesto de referencia se aplicaron diferentes criterios para la actualización de los costos tanto para la obra civil, relacionada con la construcción del cajón en los intertramos y las estaciones, como para las instalaciones, equipos y sistemas; ni presentaron documentación soporte que justifique la aplicación de dos tipos de paridades peso-dólar americano (8.00 y 11.00) utilizadas para la actualización de costos”.
Igual que su compañero Delgado, este exservidor se cobijó con el recurso de prescripción.
Así ocurrió con el resto, la Contraloría General admitió que por estos hechos relacionados con el millonario contrato de construcción, no podía fincar responsabilidad por haber transcurrido mucho tiempo.
Con el tiempo a favor
La resolución de este caso, emitida el pasado septiembre del 2014, es ejemplo de que más allá de las estridentes multas y de las inhabilitaciones anunciadas por el excontralor Hiram Almeida, hoy secretario de Seguridad Pública del DF, la última palabra no se ha dicho.
El tiempo, juega a favor de muchos de los colaboradores del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, quienes al paso de los años ven diluida la posibilidad de enfrentar cargos serios por las irregularidades cometidas durante su participación en la Línea Dorada. La obra que, más allá de los escándalos, sigue parcialmente inhabilitada.
Cuestionados y perdonados
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios del DF señalados de irregularidades en el proceso de Línea 12:
> Pedro Servando Delgado Gamboa
> Sotero Díaz Silva
> José Pascual Pérez Santoyo
> Fermín Salazar Hernández
> Fernando Arturo Taboada
> Gustavo Cruz Villa Franco
> Héctor David Martínez
> Enrique Baker Díaz
> Carlos Raúl Cruz Neri
> Carlos García Rayón
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La percepción ciudadana de inseguridad, el reacomodo de células del crimen organizado y el reclutamiento de menores en los cárteles, serán temas obligados para los candidatos a la gubernatura de Nuevo León.
El discurso de mejorar la seguridad será clave en el escenario electoral de los precandidatos.
Y es que este tema ya se asoma vagamente en el mensaje entre los precandidatos rumbo a las elecciones del 7 de junio.
Si bien la administración de Rodrigo Medina contuvo parcialmente la ola de delitos relacionados con el crimen organizado, la presencia de estos grupos podría resurgir con el cambio de mandatario.
Motivo por el cual se convertirá en un reto para el sucesor de Medina.
Un desafío que enfrentará el próximo mandatario estatal será consolidar a Fuerza Civil, corporación policial que en poco tiempo ha generado confianza entre la ciudadanía nuevoleonesa.
Además, continuar con la coordinación de Fuerza Civil con todas las policías municipales, que ha resultado un punto destacable en materia de seguridad y alcanzó a contener, en gran medida, los embates del crimen organizado.
Sobre todo en robo de autos, plagios y ejecuciones, que de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría de Justicia estatal han disminuido de manera importante en la entidad.
Este buen desempeño de las policías municipales y Fuerza Civil ocasionó que los patrullajes del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal en el área metropolitana disminuyeran considerablemente. La participación de las fuerzas armadas ha venido a la baja, en las calles y avenidas principales. Su presencia ha sido mínima.
Analizar los controles de confianza
Evaluar la eficiencia de los exámenes de Control y Confianza será un tema importante.
El escándalo del exescolta de la alcaldesa con licencia, Margarita Arellanes, ligado al crimen organizado, abrió el debate sobre la credibilidad de estas pruebas.
Organismos civiles expresaron la necesidad de revisar los exámenes que aplica el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec).
Mencionaron que, si bien las pruebas han resultado efectivas, aplicar cambios para mejorar siempre serán bienvenidos.
El exdirector del Instituto Estatal de Seguridad, Martín Treviño Sosa, sugirió que es necesario que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública revise el proceso con el que el exescolta aprobó las pruebas de confianza.
Siguen ejecuciones
Las ejecuciones se continúan perpetrando, aunque en menor impacto.
Y es que la lucha por los puntos de venta de droga en bares mantuvo en alerta a las autoridades policiacas en todo el 2014.
Incluso, el pasado 22 de diciembre del 2014, tres empleados del Bar RE fueron ejecutados por miembros del grupo de Los Zetas, por supuestamente brindar protección a integrantes del Cártel del Golfo en la venta de droga.
La Procuraduría de Justicia de Nuevo León difundió fotografías de los agresores del antro, que en su mayoría eran jóvenes con armas largas. Recientemente se atraparon a 22 miembros de Los Zetas, siete de ellos ligados con este crimen.
“Lo que ellos sospechaban, Los Zetas son los perpetradores de este hecho, y lo que sospechaban es que el grupo contrario estaba tratando de vender droga en este bar y no se les había permitido. Los Zetas tenían la sospecha de que había otro grupo adentro trabajando vendiendo droga”, señaló Adrián de la Garza, en ese momento procurador del estado y hoy precandidato a la alcaldía de Monterrey.
En los primeros días del año, un hombre que salía del Bar El Internacional fue ejecutado. Este antro ha sido el escenario de constantes ataques y centro de venta de droga.
El crimen se reorganiza
Reporte Indigo documentó una reorganización de cárteles de la droga, que se gesta de manera cautelosa en colonias de alta incidencia delictiva y de adicciones en el área metropolitana.
Estas organizaciones delictivas establecieron un plan de reclutar jóvenes para crear nuevos métodos en la distribución de droga, operación y vigilancia.
Habitantes de estos sectores vulnerables aseguran que es imposible que las autoridades estatales ignoren la situación, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey.
“‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina, aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo.
Explican que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes, para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos.Incluso están instalando casas de seguridad en los sectores, revelan habitantes de las colonias.
La reorganización en Nuevo León es de manera discreta, pues, dicen los residentes, los cárteles no quieren llamar la atención de las autoridades estatales.
Esto tiene en la zozobra a decenas de jóvenes, por el miedo al reclutamiento obligado.
Y es que estos menores han vivido en carne propia la traición que conlleva entrar a una organización criminal: sus familiares nunca volvieron y otros fueron asesinados.
Reporte Indigo tomó testimonio a varios jóvenes en colonias con carencia de vigilancia y con entorno de drogadicción.
Revelaron cómo la reorganización de estos grupos está brotando poco a poco.
“Con los Zetas estaba bien gacho… porque te reclutaban y a veces te mataban para no pagarte o no te pagaban, y te hacen trabajar a la fuerza”, explicó Orlando, un joven de una colonia visitada por Reporte Indigo.
Por revisar
> Pruebas de control y confianza
Con la detención del escolta de la alcaldesa Margarita Arellanes, organizaciones civiles sugieren analizar las pruebas de control y confianza que aplica el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec).
> Evitar ejecuciones
Reforzar los patrullajes en colonias de alto riesgo delincuencial en el área metropolitana, para evitar balaceras por ejecuciones, ya que aún continúa perpetrándose este delito.
> Zona rural
Municipios como Anáhuac y Pesquería no cuentan con patrullas y elementos de la Policía. Aunque el Estado señala que está Fuerza Civil, en un recorrido de Reporte Indigo no se encontró presencia de uniformados de esta corporación.
> Cárteles de la droga
Contener la operación de estos grupos será fundamental para el próximo gobernador, pues existe presencia de estas organizaciones que intentan volver a operar en la entidad.
> Reclutamiento de jóvenes
Activar programas de desarrollo social en sectores vulnerables, para evitar que los menores regios se involucren con el crimen organizado. Especialistas señalan que este es antídoto para rescatar a los jóvenes de actividades delictivas.
> Coordinación policial
La coordinación de la policía municipal con la estatal ha arrojado bueno dividendos en el combate a la inseguridad en el área metropolitana, esto ha ocasionado que el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Marina se vayan retirando de las calles.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
MEXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reiteró su versión inicial acerca de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos. “Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.
En rueda de prensa Murillo Karam, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo que la versión inicial se reforzó tras la detención el jueves 15 de Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.
Rodríguez Salgado, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, estaba a cargo de la protección del municipio guerrerense para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.
La célula estaba conformada por una docena de “halcones” o informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona.
Después de los hechos en Iguala, “El Terco” cruzó a Estados Unidos de manera ilegal, pero fue detectado por Migración y devuelto al estado de Morelos, en donde fue detenido.
Calificada por Zerón de Lucio como una detención “clave” dentro de la investigación, porque según testimonios de los detenidos “El Cepillo” fue quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas y porque él mismo corroboró los hechos narrados previamente por sus cómplices.
Antes, Murillo Karam destacó que a la fecha hay 99 personas detenidas, 385 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos; además, se realizaron 16 cateos encontrando diversos indicios, como una bodega con 54 mil cartuchos.
También aclaró que la investigación del caso Ayotzinapa continuará hasta detener a todos los implicados y aplicarles las penas más altas, tanto a los autores intelectuales como materiales.
El titular de la PGR subrayó que las indagatorias se han realizado con apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos para castigar de manera ejemplar a los responsables, ya que por ningún motivo estos hechos pueden volver a repetirse.
Incluso, refrendó que no existe evidencia alguna de la participación de elementos del Ejército en los hechos de Ayotzinapa, ocurridos el 26 de septiembre pasado.
No obstante, Murillo Karam aclaró que hasta el momento la PGR no cuenta con alguna evidencia que relacione a los normalistas de Ayotzinapa con algún grupo delictivo.
En su turno, Tomás Zerón de Lucio destacó que hasta el momento se han realizado 487 dictámenes periciales, que incluyen pruebas químicas, biológicas, balísticas, fotográficas, de antropología y retratos hablados, que dan cuenta de la manera en que ocurrieron los hechos en que perdieron la vida los estudiantes.
Asimismo, precisó que existen evidencias de que la incineración se realizó en un área que comprende 140 metros cuadrados y el fuego alcanzó temperaturas de hasta mil 600 grados centígrados, por lo que los restos quedaron totalmente carbonizados.
Luego dijo que hasta el momento suman 99 las personas detenidas por el caso Ayotzinapa, en cuya incineración de los jóvenes se utilizaron llantas, gasolina y diesel, entre otros objetos.
Hasta el momento, abundó, están seis órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y sostuvo que pedirán las penas más altas contra los responsables, las cuales pueden alcanzar hasta 140 años de prisión.
En la rueda de prensa se exhibió un video que da cuenta de las declaraciones de algunas de las personas detenidas, quienes han aportado datos que serán fundamentales para capturar a quienes aún se encuentran prófugos, dijo.
Los funcionarios recordaron que Rodríguez Salgado, sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, fue consignado en días pasados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
Por último, Murillo Karam señaló que “muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: A inicios del presente gobierno, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, convocó a los corresponsales de los principales medios extranjeros en México. Les ofreció información, interlocución y proyección del peñismo en Estados Unidos y Europa. En paralelo, hubo otra estrategia de publicidad y relaciones públicas con los medios, especialmente en Washington, a través del embajador mexicano.
La “luna de miel” duró con varios de ellos. Incluso, el término Mexican Moment –acuñado en Los Pinos– fue asumido por The Economist, la prestigiada revista británica que apenas la semana pasada acusó de “cínico” a Peña Nieto y le dio lecciones de moral y buena conducta en uno de los editoriales más duros contra la actual administración.
The Wall Street Journal, el buque insignia informativo de los grandes grupos financieros, operó como uno de los medios estadunidense que más apoyaron la reforma energética de Peña Nieto. En noviembre de 2013, un “trascendido” informativo presentado como nota exclusiva publicó que los negociadores de la apertura en el sector petrolero mexicano “también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”.
La nota, firmada por el reportero Juan Montes, informó que había una negociación entre el gobierno y “miembros importantes del PAN”, al margen de lo que en ese momento se negociaba en el Senado de la República, la cámara de origen para dictaminar la reforma energética.
Lo publicado en The Wall Street Journal se confirmó. En ese momento, ni Luis Videgaray ni Aurelio Nuño, ni los principales responsables de la estrategia de comunicación del peñismo consideraron al periódico como el demonio que es ahora.
Todo cambió a raíz de la matanza en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. La agencia estadunidense AP publicó los testimonios de testigos de la ejecución sumaria de 22 jóvenes en el pequeño y peligroso municipio del Estado de México. De ahí vinieron las versiones de Esquire y luego el vergonzoso giro de 180 grados en este episodio en el que comenzó el ocaso del Mexican Moment.
A Tlatlaya le sobrevino la tragedia de Iguala, el 26 y 27 de septiembre, el descubrimiento de decenas de fosas en los alrededores del municipio guerrerense, la pésima respuesta del gobierno de Peña Nieto a una crisis no sólo humanitaria sino sistémica. Iguala no fue lo mismo que Michoacán y mucho menos que Tlatlaya. La organización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y la movilización ciudadana en varias ciudades mexicanas, principalmente en el Distrito Federal, le dio una dimensión global al asunto.
Pasamos del Mexican Moment al Mexico Murder, término acuñado por The New York Times, periódico que publicó en la tercera semana de octubre de 2014 que el gobierno de Peña Nieto atravesaba por una crisis de respeto a los derechos humanos.
The Economist fue más duro en un artículo titulado “Cuando la crisis sale de control”, en el que relacionó las matanzas de Tlatlaya y la de Iguala y calificó de “apabullante” el número de crímenes no investigados por la Procuraduría mexicana.
The Washington Post describió la crisis de Ayotzinapa como “una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”.
El Post anticipó lo que sobrevendría en noviembre de 2014: las fosas de Guerrero “han destrozado la campaña de relaciones públicas de Peña Nieto para desviar la atención internacional hacia los fracasos en materia de seguridad”. México y Ayotzinapa volvieron a prenderse como focos rojos en toda la prensa internacional.
Desde los periódicos “aliados” como El País hasta revistas de prestigio europeo como Der Spiegel y cientos de agencias informativas, cadenas televisivas y, por supuesto, los medios digitales centraron su atención en la crisis de los 43 normalistas desaparecidos.
A la crisis de derechos humanos, procuración de justicia e inseguridad se le agregó el escándalo de la corrupción.
Las revelaciones de la “Casa Blanca”, de la “Casa Malinalco” (de Luis Videgaray) y de la “Casa Ixtapan de la Sal” (de Peña Nieto) tocaron el corazón del peñismo. Las crisis de Tlatlaya e Iguala no tuvieron la contundencia para relacionarlas directamente con el equipo de gobierno de Peña Nieto. Ambas crisis pusieron en duda su capacidad, no su rectitud.
Ahora, el tema “corrupción-Peña Nieto” se ha vuelto un tópico en la prensa anglosajona. Y no se trata –como piensa Videgaray– de un complot de los intereses afectados por las reformas peñistas (una manera alegórica de mencionar, sin decirlo, a grandes capitanes del capital como Carlos Slim, Germán Larrea y otros). Se trata de que rompieron un pacto de conducta y de trato con los mismos que lo apoyaron.
“Al gobierno de Peña Nieto le está costando mucho el acuerdo con los chinos”, afirmó una fuente del segundo círculo de Los Pinos. Pero más le está costando no entender que gobernar México en un contexto global no es gobernar Atlacomulco y el Estado de México, donde se pueden encubrir bajo las alfombras del silencio los grandes conflictos de interés.
“Ahora el gobierno mismo está manchado por el escándalo”, sentenció The Economist. Y ubicó a los dos principales personajes que están bajo su escrutinio: “Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, en cuya lista México aspira a entrar, el cuidarse las espaldas mutuamente como parece que lo han hecho con Grupo Higa resulta un comportamiento inaceptable”, apuntó The Economist.
La luna de miel se convirtió en tormenta perfecta con la prensa extranjera. Peña Nieto podrá evadir dar respuestas contundentes, pero no podrá frenar este círculo perverso de minimizar sin acciones contundentes si no entienden que no han entendido, para parafrasear a The Economist. No se trata de negar la tormenta sino de afrontarla con hechos, no con propaganda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Casi un año después del inicio de la investigación por fraude contra Amado Yáñez, la defensa del socio mayoritario de Oceanografía parece tener un as bajo la manga, que podría poner al empresario fuera de la cárcel.
Los días de Amado Yáñez en la cárcel parecen estar contados.
La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.
El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.
Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.
El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.
Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.
Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.
Un año de alegatos
Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank
El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.
El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.
El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.
La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.
En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.
Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.
Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.
El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.
Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.
De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.
“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.
Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.
Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.
La danza de los números
Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.
El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.
La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.
Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.
Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.
Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.
Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.
La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.
Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.
La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.
La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.
Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.
Se cae la inhabilitación
Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.
En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.
Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.
En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.
La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.
El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.
El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.
Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.
El hundimiento
1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.
4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
La ruta del navío
Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
MÉXICO, D.F: En un hecho sin precedente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), inició un procedimiento de imposición de sanciones contra Google México por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Además, ordenó a dicha empresa hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales de un particular.
Lo anterior luego de que la filial del gigante de las redes sociales ignorara la solicitud de un particular quien exigió su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.
Ante la falta de respuesta, el 9 de septiembre de 2014 el particular interpuso una solicitud de protección de derechos ante el Ifai.
Tres meses después, el 9 de diciembre, celebró una audiencia de conciliación solicitada por las partes, con el fin de conciliar sus intereses; sin embargo no hubo acuerdo y el Ifai acordó continuar con el procedimiento.
Google México argumentó que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., que tiene su domicilio en Estados Unidos y por ello no atendió la solicitud de ejercicio de derechos del particular.
Sin embargo, en el análisis del caso, el pleno del Ifai concluyó que Google México es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales y que de acuerdo con su objeto social, presta servicios de motor de búsqueda.
Además, indicó que Google México sí hace un tratamiento de datos personales cuando se coloca en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la Red y no acreditó que dicho servicio lo realiza o presta una empresa distinta.
Por ello el Ifai determinó iniciar un procedimiento de sanciones por posibles infracciones a la LFPDPPP.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN se prepara la discusión de una solicitud de expulsión que presentará Juan Molinar Horcasitas. En ella se acusa a Javier Lozano de atacar ‘sistemáticamente’ a la dirigencia del blanquiazul.
La guerra en el Partido Acción Nacional (PAN) entre maderistas y calderonistas podría alcanzar su clímax, de aprobarse una solicitud de expulsión en contra del senador Javier Lozano Alarcón por sus declaraciones vertidas en contra de Gustavo Madero, presidente nacional del blanquiazul.
En el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, máximo órgano de decisión del partido, se prepara la discusión de una solicitud de expulsión que presentará Juan Molinar Horcasitas, en la que se acusa a Lozano de atacar “sistemáticamente” a la dirigencia del blanquiazul.
En la solicitud, documento en poder de Reporte Índigo, Molinar Horcasitas argumenta que con sus declaraciones, Javier Lozano viola los estatutos del PAN que se obligó a cumplir cuando se afilió al partido y con ello causa un daño a ese instituto político.
“Pido se acuerde, por parte de esta Comisión Permanente, la expulsión del C. Javier Lozano Alarcón, senador de la República, debido a que de forma reiterada y con gravedad, en tiempos electorales y en tiempos no electorales a través de diversos medios, atacando (sic) de palabra las decisiones fundamentales de Acción Nacional, en particular en contra de la Dirigencia y de diversos planes y programas del Partido, pero nunca bajo los causes (sic) legales, electorales o medios internos para dirimir controversias”, expone el texto de la solicitud.
Molinar Horcasitas señala que Lozano nunca ha establecido una acción interna, como una queja o un recurso de inconformidad, para pronunciarse contra las decisiones tomadas por los órganos internos del partido.
“Todo lo ha hecho hacia el exterior, hacia lo público, queriendo dañar, presumiblemente con premeditación, la imagen del Partido Acción Nacional y de sus dirigentes, violando consecutivamente la obligación que estatutariamente adquirió como militante”, expone la solicitud de sanción.
Javier Lozano ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la decisión de Gustavo Madero de, primero, abandonar la presidencia nacional del partido para buscar la candidatura a una diputación federal y, después, de regresar a la dirección del PAN.
También ha expresado sus críticas por propuestas como el aumento al salario mínimo; y a decisiones partidarias, como negar una candidatura plurinonimal para una diputación federal a Margarita Zavala.
“Es una burla, me salí del partido de Madrazo para caer en el partido de Madero, es asqueroso”.
“Después de tantas heridas, se da el lujo de decir ‘me bajo’ y se va a buscar una plurinominal porque además es tan huevón que ni siquiera va por elección directa”.
“Luego va a querer ser coordinador de la bancada en San Lázaro, el candidato a la Presidencia y luego Papa; de veras, ya se le pasó la mano”, son algunas de las declaraciones de Javier Lozano por las que ahora Juan Molinar solicita su expulsión del blanquiazul.
Lozano es senador de la República por el PAN y representa al estado de Puebla.
Varios cargos
Antes de pertenecer a Acción Nacional, formó parte del PRI y ocupó varios cargos en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Incluso, fue vocero del tricolor y cuando Francisco Labastida fue candidato a la Presidencia de la República, en el 2000, Lozano buscaba una diputación federal.
En el 2005, Lozano renunció al PRI y para el 2006 ya formaba parte del gabinete presidencial de Felipe Calderón como secretario del Trabajo y Previsión Social. En el 2007 se afilió al PAN y en el 2012 se convirtió en senador por ese partido.
Lozano compartió un lugar en el gabinete presidencial de Felipe Calderón con Juan Molinar Horcasitas, quien fue director del IMSS y luego secretario de Comunicaciones y Transportes.
Sin embargo, en el 2011, Molinar rompió con Calderón y se unió al equipo de Gustavo Madero, de quien es ahora uno de sus colaboradores más cercanos. Hoy día es director de la Fundación Rafael Preciado y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN.
En la solicitud de expulsión, Molinar Horcasitas refiere que el asunto no debe ser visto como un asunto de libertad de expresión, sino desde el ámbito disciplinario y de lealtad al partido.
“El hoy Senador de la República ha llevado a cabo diversas manifestaciones de palabra que ponen en riesgo la buena fama de nuestro Partido, atacando de forma directa, ante los medios de comunicación y ante la sociedad mexicana, los principios y programas del Partido, así como a la Dirigencia Nacional”, expone el recurso.
Molinar destaca que, con su actitud y declaraciones, Lozano ha violado el artículo 12 de los Estatutos Generales del PAN, donde se obliga a salvaguardar “la buena fama pública del Partido, de sus dirigentes y de sus militantes” y “el ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido” se encuentra como supuesto para una sanción en el Reglamento de Aplicación de Sanciones de Acción Nacional.
En la solicitud, Molinar refiere que Javier Lozano ocupó un cargo en el gabinete presidencial del panista Felipe Calderón, es senador del PAN, fue considerado como aspirante a la candidatura del albiazul para la Presidencia de la República, lo que le da gran impacto a sus declaraciones.
“El ejercicio de esos niveles tan relevantes y la exposición a grandes audiencias, tanto en la comunidad panista como ante toda la sociedad mexicana, conllevan a que sus actividades y palabras tengan un gran impacto y relevancia ante la ciudadanía y, por tanto, los ataques realizados en contra del partido y su dirigencia resultan determinantes ante la opinión pública”, argumenta Molinar.
Como pruebas, Molinar presenta más de 25 notas periodísticas y entrevistas, con fechas entre junio del 2014 y enero del 2015, en las que se plasmaron las declaraciones de Lozano en contra de Gustavo Madero.
El documento refiere que Lozano ya fue amonestado el 3 de marzo del 2014 por el Comité Directivo Estatal de Puebla, estado que representa en el Congreso, por los ataques a la dirigencia nacional del partido.
Será la Comisión de Orden del PAN la que determine cuál es la sanción que podría imponer a Lozano a partir del proceso que se inicie, con la solicitud de Molinar Horcasitas.
Las acusaciones
Juan Molinar Horcasitas utiliza como argumento algunas frases dichas por Javier Lozano, con las que asegura que ataca “sistemáticamente” al partido:
“Es una burla, me salí del partido de Madrazo para caer en el partido de Madero, es asqueroso”.
“Después de tantas heridas, se da el lujo de decir ‘me bajo’ y se va a buscar una plurinominal porque además es tan huevón que ni siquiera va por elección directa”.
(Sobre Madero): “Vulgar, ambicioso, mezquino”.
“Se subió a un ladrillo y se mareó, es una ambición desmedida, se parece a Roberto Madrazo, así de ambicioso”.
“Luego va a querer ser coordinador de la bancada en San Lázaro, el candidato a la Presidencia y luego Papa; de veras, ya se le pasó la mano”.
“En serio regresa @GustavoMadero como Presidente y @RicardoAnayaC coordinará a @diputadospan? #PobrePAN y #PobrePaís. Ah, y #NoTienenMadre”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Burócratas de Atizapán se reparten bono de 44.6 millones de pesos del erario, a través de un “fideicomiso educativo”, supuestamente para apoyar la educación de sus hijos hasta la universidad.
Más de 40 millones del erario fueron repartidos entre 360 funcionarios de la Alcaldía de Atizapán, en Estado de México, a través de un “fideicomiso educativo”.
Según informó ayer Reforma, este bono fue entregado por la alcaldía “sin reglas de operación ni controles” durante siete meses del año pasado.
En total, los burócratas recibieron 44.6 millones de pesos; 17 mil 700 pesos mensuales cada uno.
Este fideicomiso, creado supuestamente para apoyar la educación de sus hijos hasta la universidad, lo recibieron el propio alcalde Pedro Rodríguez, 11 regidores y demás empleados del Gobierno local.
El problema es que los beneficiaros no necesitan comprobar gastos ni si tienen descendientes.
Es por eso que regidores como Luis Luna, que no tiene hijos, y Ana María Camacho, quien tiene hijos mayores de 30 años de edad, también reciben la bonificación, destacó el diario.
El Gobierno del Estado de México tendrá qué responder por qué se aprobó la conformación del fideicomiso en 2013.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
